Noticias Uruguayas 4 marzo 2017

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Berta Cáceres – “Quieren dejar claro que en Honduras pueden matar a quien les dé la gana” // Revelan que asesinos de Berta Cáceres fueron entrenados en EEUU // Honduras: familiares y organizaciones sociales marchan para exigir justicia a un año del asesinato de Berta Cáceres // Estado español: Manifiesto por la organización de Mareas Blancas a favor de la Salud y la Sanidad Pública en Canarias // Chile: Huelga de Escondida toma fuerza: sindicatos mineros se suman a movilizaciones // Guardando las cenizas de la CUT // Uruguay: ADHIEREN AL PARO DE MUJERES Profesores de Montevideo pararán el 8 de marzo // Observatorio Luz Ibarburu y Colegio Médico del Uruguay rechazan amenazas del “Comando Barneix”

URUGUAY

ADHIEREN AL PARO DE MUJERES

Profesores de Montevideo pararán el 8 de marzo

Mar 2, 2017 | La Repùblica uy

El paro convocado para el próximo miércoles 8 de marzo por parte de varias organizaciones feministas para manifestarse en contra de los múltiples feminicidios que se registraron en las últimas semanas, tendrá la adhesión de la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria (ADES) de Montevideo.
En ese contexto, los profesores paralizarán sus actividades durante toda la jornada.
Recordemos que la Coordinadora de Femeninismo del Uruguay convoca a concentrarse en la Plaza Libertad a las 18 horas. Una de las consignas de esta movida es que “es una jornada de lucha, resistencia y movilización”, según dice el comunicado de la coordinadora.
Además, el PIT-CNT, que también se sumó a esta medida de lucha, sugiere paralizar actividades a partir de las 16 horas para acompañar la movilización.
Esto se da en el contexto de que en lo que va del año, seis mujeres murieron en manos de su pareja o ex pareja, al tiempo que otras dos muertes continúan en investigación judicial.
Desocuparon liceo del Cerro
En tanto, el núcleo sindical del liceo 70 del Cerro levantó en la tarde de ayer la ocupación que inició en la mañana de este miércoles.
La medida de lucha fue tomada por los docentes en reclamo de una respuesta por la superpoblación que estiman van a tener en 1º y 2º de Ciclo Básico.
Cada grupo tendrán más de 30 alumnos, pero los profesores pretenden que sean como máximo 25 para poder trabajar de una mejor manera.
Ante esto, Secundaria propuso trasladar a unos 25 alumnos al liceo 50, lo cual fue considerado “una falta de respeto” por parte del gremio, que piden más compromiso del CES.

Viernes 24 • Febrero • 2017

Jorge Ithurburu (d) y Jorge Tróccoli, en Roma. Foto: s/d de autor

Actor clave del juicio en Roma dice que Uruguay tardó en trabajar en conjunto con la Fiscalía

“Estoy orgulloso de lo que logramos hacer con ese juicio, estoy orgulloso de haber ofrecido a las familias querellantes abogados que trabajaron en forma gratuita y estoy orgulloso de cómo se armó el listado de los testigos”, dijo a la diaria Jorge Ithurburu, integrante de la Asociación 24 de Marzo, que en los últimos días estuvo en el centro de polémicas y cuestionamientos. Quisimos tratar de entender en profundidad las críticas que se hicieron a su rol en el juicio por el Plan Cóndor en Roma y su relación con la Fiscalía italiana y los familiares querellantes.

–¿Cómo empieza su compromiso con los derechos humanos?
-Soy argentino y llegué a Italia en 1980, durante la dictadura en mi país. Empecé a militar en la Liga Internacional por el Derecho y la Liberación de los Pueblos, organismo fundado por Lelio Basso que tradicionalmente se había ocupado de la solidaridad hacia los latinoamericanos. En 1987 empezamos a tratar el tema de los juicios a los militares responsables de violaciones a los derechos humanos en casos de desaparecidos italianos durante las dictaduras de los 70 y 80, cuando se aprobó en Argentina la Ley de Obediencia Debida. En ese entonces empezaron a trabajar con nosotros, gratuitamente, los abogados Marcello Gentili [parte civil para la chilena María Paz Venturelli en el juicio por el Plan Cóndor] y Gaetano Pecorella, quien luego fue sustituido por Giancarlo Maniga [que en el juicio representó siempre a Aurora Meloni]. Comenzó un período muy largo en el que intentamos abrir juicios para los desaparecidos de origen italiano; fue muy complicado, hasta que en 1998 asumió el caso un fiscal de Roma, Francesco Caporale, y se empezó a prosperar. En 1998 fue detenido en Londres [Augusto] Pinochet y se instaló un clima favorable de colaboración entre fiscalías de varios países. En ese entonces vivía en Milán y era un empleado municipal, luego me dieron un traslado a Roma para trabajar en la Comisión de Derechos Humanos de la Presidencia. En 1999, junto a Maniga y Gentili, decidimos actuar con dos denuncias: una por la ESMA [Escuela Superior de Mecánica de la Armada de Argentina], por tres italianos, contra cinco militares, y otra, que llevó solo Maniga, por el Plan Cóndor. Ayudé a Maniga a redactar la denuncia, concertamos una audiencia con el fiscal Giancarlo Capaldo para presentarla y logramos que vinieran los familiares. En el 2000 conseguimos las condenas de siete militares argentinos.
–Ese es el inicio del juicio por el Plan Cóndor, cuando presentaron una denuncia seis mujeres: Claudia Allegrini, Luz Ibarburu, María Bellizzi, Cristina Mihura, Aurora Meloni y Martha Gatti.
-Exactamente. Yo en ese momento era el intérprete de los familiares que no hablaban italiano. Ese fue un período muy corto porque Maniga fue sustituido por Paolo Sodani y, dado que yo colaboraba con Maniga, seguí solo el juicio por la ESMA. Mientras tanto, en 1998 también se había abierto en Roma un juicio contra Pinochet por los delitos de víctimas italianas en Chile. Se había presentado un chileno de Bologna, pero el juicio no prosperó porque ese chileno había obtenido la ciudadanía italiana, estaba vivo y denunciaba por delitos de tortura que en Italia no están codificados. Entonces Capaldo se encontraba con un juicio oficialmente abierto, y autorizado por el ministro, pero sin víctimas. Empezó a investigar, viajó a Argentina y logramos concertar un encuentro con familias chilenas en el consulado de Buenos Aires, y así entraron los casos chilenos. A esa altura, el juicio por el Plan Cóndor lo seguía Cristina Mihura, y yo seguía el juicio a Pinochet, que en ese momento eran dos juicios separados. Son unificados por Capaldo en 2007 cuando él pide la orden de custodia cautelar en contra de 140 personas. Yo seguía, como siempre, la parte chilena y la de los argentinos. Entre 2007 y 2013 el trabajo fue sobre todo de comunicaciones judiciales entre los países y se tardó mucho por problemas burocráticos. La investigación estaba cerrada. En cambio, siguió el juicio por la ESMA que terminó en 2009 con la confirmación de las condenas en Casación.
–En 2013 empiezan las audiencias preliminares, y es ahí que se nombran los abogados. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué usted recibió el poder de algunos familiares?
-En primer lugar, era necesario definir las partes y muchos no tenían abogado. Algunos acordaron con Maniga, a quien ya conocían, y otros me dieron el poder a mí porque yo era la garantía de que ellos no tenían contrato con los abogados; yo era la garantía de la relación de patrocinio gratuito entre los abogados y las familias. Los únicos costos que cubrimos para esos abogados fueron los de traslado y hoteles para quienes viajaban de otras partes de Italia. Mientras tanto, en 2009, había nacido la Asociación 24 de Marzo y para cubrir esos gastos presentamos un proyecto a la Iglesia Valdense, que nos otorgó 25.000 euros, que fueron utilizados para gastos de transporte y estadía de 15 abogados. Los pasajes se sacaban en una agencia misionera, BBC Services, y se entregaban a los abogados, a los que vivían fuera de Roma, que son Maniga, Gentili, Nicola Brigida y Andrea Speranzoni. Utilizamos tres hoteles en Roma: la Casa Valdense, el hotel Napoleón y el hotel Lancelot, que además, hospedó gratuitamente a algunos familiares. Yo no toqué dinero: pedí una financiación a la Banca Ética, sobre la base del proyecto Valdense, y trabajé con ese dinero que, al final, fue cubierto con la donación valdense. El otro mecanismo que utilizamos fue el de poner varios abogados para los mismos casos, nombrando abogados romanos que no tenían ningún costo de traslado y estadía, para evitar gastos excesivos. Si un abogado no podía seguir una audiencia debido a problemas de trabajo, siempre había otro que estaba en la sala preguntando a los testigos y siguiendo el desarrollo del caso. Estoy muy satisfecho con la colaboración que nació entre los abogados, también entre abogados de diferentes estudios legales. Traté de involucrar en el juicio no sólo a viejos abogados con los que ya colaboraba desde hace tiempo, sino también abogadas que estaban interesadas en derechos humanos y jóvenes, para que crezca una nueva generación de abogados comprometidos; para Marta Lucisano, Martina Felicori y Andrea Ramadori fue la primera vez en una corte de Asís. Estoy muy orgulloso de esa pluralidad.
–¿Cómo se decidió el listado de los testigos?
-Yo no firmo nada porque no soy abogado. Tengo una licenciatura en Ciencias Políticas y una maestría en Derechos Humanos. Con los familiares había un acuerdo: las familias no iban a pagar abogado, no iban a pagar el viaje a Roma y tampoco lo iban a hacer para sus testigos. Entonces fue un proceso muy complejo, en el que participaron diferentes actores. Las familias y sus asesores fueron en primera instancia los que sugirieron testigos. Así se armó el primer listado para cada caso, que luego los abogados compartieron con la Fiscalía, que a la vez tenía su listado. Se eligió un mecanismo de colaboración y se realizaron, a fines de 2014 y comienzo de 2015, reuniones formales e informales con ese objetivo. La Fiscalía pidió la lista a los abogados querellantes antes del 20 de enero de 2015, para poder tener el tiempo de trabajar y para que todos pudieran presentar su listado antes de la fecha límite, que era el 4 de febrero. El Frente Amplio no compartió su listado con la Fiscalía, y Uruguay lo hizo a último momento, en la mañana del 4 de febrero. La Fiscalía aceptó entre 80% y 90% de los testigos propuestos por los abogados querellantes, pagando de esa manera los pasajes y la estadía de los testigos. Además, la Fiscalía renunció a unos testigos en favor de la Presidencia de Italia, que se hizo cargo de los gastos. Otro tema que se presentó fue lo de la ubicación de algunos testigos, ya que habían transcurrido muchísimos años de los hechos y de las denuncias. Para superar ese problema, la Fiscalía inició relaciones con el Ministerio del Interior de Chile, con la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina y con otras instituciones de derechos humanos, públicas y privadas, de las naciones involucradas, con el objetivo de ubicar testigos, conseguir material, documentos y pruebas. Colaboré en esa tarea por mi conocimiento del idioma. Eso ayudó a establecer relaciones con los gobiernos. Con Uruguay no se logró tener una relación directa entre Fiscalía e instituciones, porque a todos los pedidos se contestaba: “Hablen con el abogado de Uruguay”. Cuando se armó la lista de testigos de Uruguay, Capaldo, por una relación de conocimiento que tenía con Mirtha Guianze, le pidió ayuda a ella para integrar informaciones. En todo caso, los otros países lograron trabajar directamente con la Fiscalía, pero Uruguay, por lo menos hasta octubre de 2016, cuando vino [el secretario de la Presidencia], Miguel Ángel Toma, a reunirse con Capaldo y Tiziana Cugini, no tomó parte de ese trabajo colectivo. De hecho, no sé qué pasó, pero Uruguay quedó aislado y se generó cierto malestar.
–¿Cuál fue su rol en ese juicio?
-Además de todo lo que ya conté, lo que hice fue realizar llamadas para ubicar testigos y mantener vivos los contactos con las familias; también me ocupé de los testigos, de asegurarme de que llegaran, de que se encontraran en el hotel y de que tuvieran una reunión con sus abogados la noche anterior a la declaración. Hice todo esto porque tenía un compromiso moral con esas personas, que habían sido contactadas por mi intermedio. Además, tenía que asegurarme de que el testimonio iba a salir bien. Eso me costó 34 días de vacaciones, y, en cierto punto, cuando terminó la parte del juicio de la que me había ocupado, no fui más al Aula. Mi perspectiva es la de la sociedad civil, mis interlocutores son los familiares de las víctimas y las organizaciones de derechos humanos.

Nadia Angelucci desde Roma, Italia

Viernes 24 • Febrero • 2017

Observatorio Luz Ibarburu y Colegio Médico del Uruguay rechazan amenazas del “Comando Barneix”

El Observatorio Luz Ibarburu emitió ayer un comunicado en el que manifiesta su categórico repudio ante las amenazas, a varias personas, del autodenominado “Comando Gral. Pedro Barneix”. Aseguran que “esa acción intimidatoria lamentablemente no es una novedad en la vida democrática del país”, como tampoco es una novedad “la incapacidad de las autoridades competentes para esclarecer y establecer las responsabilidades que correspondan”. Así lo demuestran la impunidad de los atentados con explosivos de 1990 a un diputado [Hugo Cores] y al estudio de un ex presidente [Julio María Sanguinetti]; el robo y la amenaza al GIAF [Grupo de Investigación en Arqueología Forense del Uruguay]; la actuación ilegal de los servicios de inteligencia en democracia, entre otros”. El Observatorio expresa su solidaridad con todas las personas amenazadas y exige a quienes “tienen responsabilidades en las instituciones del Estado una acción eficaz y ejemplarizante de acuerdo a la gravedad de dichas conductas criminales, antidemocráticas y desestabilizadoras”.
La lucha contra la impunidad de las violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura son un “deber ético, jurídico y humanitario”, afirma.
El Observatorio Luz Ibarburu da su respaldo a todas las iniciativas, de diversas organizaciones de la sociedad civil, que tiendan “a un cambio en la práctica parlamentaria que dé transparencia y participación en torno al proceso de elección y designación de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia [SCJ]”. En el comunicado señalan que la opacidad del sistema penal uruguayo “no debería ser aumentada por las prácticas de secretismo en las que en la esfera parlamentaria se tratan y resuelven aspectos tan importantes para la salvaguarda de los derechos de la ciudadanía”. Denuncian una falta de conocimiento por parte de la ciudadanía de las designaciones en el Poder Judicial y piden que la población acceda a los fundamentos de las decisiones.
El Colegio Médico del Uruguay también expresó su profundo rechazo a las amenazas del “Comando Barneix”, en un comunicado difundido el lunes. El texto expresa su solidaridad con las personas amenazadas, entre las que se encuentra el asesor jurídico e integrante del Consejo Nacional del Colegio Médico del Uruguay, doctor Juan Errandonea.
Respaldan, además, “las actuaciones realizadas en la defensa de los derechos humanos y las medidas que conduzcan a los responsables de las mencionadas amenazas ante la Justicia”.
El viernes 17 de febrero, el semanario Brecha difundió una serie de amenazas del denominado “Comando Barneix”. Este grupo envió un mensaje utilizando la plataforma de navegación Tor, en el que afirma que “el suicidio del general Pedro Barneix no quedará impune, no se aceptará ningún suicidio más por injustos procesamientos. Por cada suicidio de ahora en más, mataremos a tres elegidos azarosamente de la siguiente lista”. En esa lista figuran el ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez; el fiscal de Corte, Jorge Díaz; la integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo Mirtha Guianze; la ex vicecanciller Belela Herrera; los abogados Pablo Chargoñia, Federico Álvarez Petraglia, Juan Errandonea, Juan Fagúndez, Hebe Martínez Burlé y Óscar López Goldaracena; el activista brasileño Jair Kirshke y el jurista francés Louis Joinet. El caso quedó en manos de la fiscal Mónica Ferrero y la jueza Julia Staricco.
Viernes 03 • Marzo • 2017

CIDH condenó amenazas contra operadores judiciales; Observatorio Luz Ibarburu ya había pedido audiencia por los hechos

El Observatorio Luz Ibarburu, una institución que da seguimiento a las denuncias penales por violaciones a los derechos humanos, cursó el miércoles al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pablo Abrão, “una solicitud de audiencia temática sobre las amenazas a activistas y abogados defensores de los derechos humanos, y la situación general de la Justicia transicional vinculada al cumplimiento de la Sentencia Gelman vs Uruguay”, según informó la organización en un comunicado. “De resolverse favorablemente dicha solicitud”, la audiencia con la CIDH “se efectuará en el próximo período de sesiones de mayo de 2017 que tendrá lugar en Buenos Aires”, indica el texto. El Observatorio aclara al final que horas después de presentada la solicitud “se conoció una declaración de la CIDH condenando las amenazas y reclamando su esclarecimiento”. Autoridades del Poder Ejecutivo y operadores judiciales vinculados a las causas sobre delitos de lesa humanidad fueron amenazados por correo electrónico con mensajes firmados por el Comando General Pedro Barneix, que debe su nombre al militar que se suicidó tras enterarse de su procesamiento por el homicidio de Aldo Perrini. La CIDH condenó las amenazas y reclamó al Estado uruguayo “adoptar medidas urgentes a fin de asegurar la seguridad de los operadores de justicia”. “La CIDH toma nota del inicio de investigaciones judiciales sobre estas amenazas y espera que se establezcan las responsabilidades materiales e intelectuales que correspondan y que se sancione a esos responsables de manera efectiva. Si el Estado no garantiza la seguridad de sus operadores de justicia […] el ejercicio de la función jurisdiccional puede ser gravemente afectada, frustrando el acceso a la Justicia para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos perpetradas durante la dictadura”, establece la comisión de la Organización de Estados Americanos.

MOVIMENTO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS/Brasil INFORMA

https://www.pagina12.com.ar/22604-la-busqueda-de-justicia-bajo-amenaza

PÀGINA 12 – Por Gustavo Veiga
En Uruguay, el autodenominado Comando Barneix amenazó de muerte a defensores de derechos humanos

La búsqueda de justicia bajo amenaza
El comando que lleva el apellido de un general que se suicidó difundió este mensaje: “Por cada suicidio de ahora en más, mataremos a tres elegidos azarosamente de la siguiente lista”, entre funcionarios y activistas de DD.HH.

La calma ciudadana de Uruguay se vio alterada hace un par de semanas por el autodenominado Comando Barneix. El grupo lleva el apellido de un general del ejército que se suicidó en 2015 cuando lo estaban por indagar por presuntas violaciones a los derechos humanos. Su irrupción en público llegó acompañada por la amenaza de muerte a 13 personas. En la lista están el actual ministro de Defensa, Jorge Menéndez, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, varios abogados, el prestigioso jurista francés Louis Joinet y el presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos brasileño (MJDH), Jair Krischke, entre otros. Este último, consultado por PáginaI12, respondió sobre el hecho: “Esta gente no tiene límites. Son los huérfanos de Eleuterio Fernández Huidobro, el ex ministro de Defensa que los protegía. Él murió en agosto del año pasado y el viceministro que lo sucedió, quien tiene otra postura sobre las violaciones a los derechos humanos, por algo está en la lista de los amenazados”.

El Comando Barneix todo indica que sería un grupúsculo de militares y servicios de inteligencia, difundió su intimidación por medio de la red Tor, un sistema que permite navegar en Internet sin ser detectado. El texto con la amenaza que difundió el semanario Brecha decía que “por cada suicidio de ahora en más, mataremos a tres elegidos azarosamente de la siguiente lista”. Y agregaba 13 nombres.

Ahí estaban Menéndez, Díaz, Joinet, Krischke, la ex vicecanciller María Bernabela Herrera Sanguinetti, la ex fiscal Mirtha Guianze, los abogados Oscar Goldaracena, Pablo Chargoñía, Juan Errandonea, Federico Alvarez Petraglia, Juan Fagúndez y Hebe Martínez Burlé y la italiana Francesca Lessa, investigadora de la Universidad de Oxford.

Todos tienen en común su compromiso con la continuidad de las causas por violaciones a los derechos humanos.

Menéndez anunció en enero pasado la reactivación de los llamados tribunales de Honor para militares procesados de la dictadura (1973-1985) y la aplicación del artículo 25 de la Constitución que autoriza al Estado a ir contra ellos en caso de dolo. Para Krischke, el ministro de Defensa adoptó una posición diferente a la de su antecesor, el ex tupamaro Fernández Huidobro, quien cuando era ministro de José Pepe Mujica dijo que el reclamo de familiares de desaparecidos, “se está transformando en un negocio”, y que había “mucho dinero en juego”. Una mutación de pensamiento que derivó en críticas muy duras de sus ex compañeros de militancia, los organismos de derechos humanos y generó serios conflictos políticos en el Frente Amplio. Cuadro relevante de Tupamaros en los años 60 y 70, preso político de la dictadura en condiciones extremas, el ex jefe guerrillero había acercado posiciones con sus enemigos de antaño.

Krischke piensa que apareció en la lista por su labor antes y durante el juicio contra el ex coronel uruguayo Manuel Cordero Piacentini. En mayo de 2016, el militar fue condenado en Buenos Aires a 25 años de prisión por varias desapariciones en el marco del Plan Cóndor. El presidente del MJDH con sede en Porto Alegre declaró en el juicio y cumplió un papel clave para detectar al genocida en Brasil, quien había sido extraditado a la Argentina en 2010. El referente de los Derechos Humanos dice: “es la primera vez que recibí amenazas por la prensa” y agrega que el Comando Barneix “es gente muy peligrosa, sobre todo porque usó el sistema TOR sin dejar señales”.

El buscador de militares acusados por violaciones a los derechos humanos encontró a Cordero y explica que hay otro como él que continúa prófugo en su país. Se trata del uruguayo cel. Pedro Antonio Mato Narbondo. “Este tipo nació en Rivera, se jubiló y cruzó la frontera que es una calle que la separa de Santana do Livramento. Su madre es brasileña, tomó la partida de nacimiento de ella, la suya y pidió la ciudadanía en mi país”.

En el mensaje amenazante contra las 13 personas se sostiene que “el suicidio del general Pedro Barneix no quedará impune, no se aceptará ningún suicidio más por injustos procesamientos”. El militar tomó la trágica decisión en septiembre de 2015. La Justicia uruguaya lo investigaba por el asesinato de Aldo Perrini, un joven militante de izquierda de Colonia, que murió camino a Montevideo luego de ser torturado. El hecho había ocurrido en el batallón de infantería Nº 4, en 1974.

Barneix ocupó cargos de relevancia durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez. El comandante en jefe del Ejército, Angel Bertolotti, lo recomendó junto al general Carlos Díazpara para integrar una comisión que investigara el destino de los detenidos desaparecidos. Sus resultados fueron cuestionados por organismos de Derechos Humanos uruguayos. El militar había rechazado siempre las imputaciones que recibía. Y presentó el pedido de prescripción de la causa por la muerte de Perrini que la Corte Suprema uruguaya rechazó.

Cuando se percató que debía presentarse en un juzgado para declarar, sacó un arma de fuego en su casa y se disparó un tiro. La fiscalía había pedido su procesamiento. En Uruguay un comando tomó su nombre para repartir amenazas de muerte. Su propósito está más claro que su origen, aún desconocido. Pretende condicionar e intimidar a quienes presenten denuncias en la Justicia por los crímenes de la dictadura. En marzo del año pasado hubo un robo de documentación en la sede del Grupo de Investigación en Arqueología Forense (GIAF) que busca restos de desaparecidos y marcaron las direcciones de sus miembros en un mapa. Nadie se atribuyó el hecho. Las recientes amenazas del Comando Barneix dan un indicio para relacionar ambos delitos.

ENVIADO POR JORGE ZABALZA

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