Noticias Uruguayas 4 diciembre 2016
URUGUAY
“Seremos como el Che”
por Clara Aldrighi
A partir de 1975 decenas de tupamaros exiliados combatieron con los movimientos guerrilleros de Nicaragua, El Salvador, Colombia, Venezuela y Chile. Impregnados de un fuerte sentimiento de pertenencia a la “patria latinoamericana”, se incorporaron con naturalidad a las luchas armadas del continente.
¿Qué los empujó a emprender ese camino, cuando se les ofrecían otras posibilidades igualmente válidas, que en definitiva fueron preferidas por los uruguayos exiliados? La mayoría de los militantes del Mln, el Partido Comunista, el Pvp y demás organizaciones de opositores a la dictadura privilegiaron la denuncia antidictatorial desplegada en el marco de la legalidad. En el plano personal resolvieron estudiar, trabajar, adquirir competencias profesionales, formar una familia, echar raíces después de tanto andar.
En realidad, junto con las convicciones políticas, el diapasón que dio el la a este conjunto de uruguayos insurgentes fue Cuba. O más precisamente el fervor internacionalista y el adiestramiento militar recibidos en la isla. Meses o años de instrucción exigente, adquiriendo conocimientos especializados y destrezas que trataron de poner en práctica al servicio de la revolución.
En las zonas boscosas y las colinas de El Taburete, del Regimiento Cero, decenas de tupamaros, bajo la dirección de expertos militares –algunos de trayectoria mítica, como Benigno, compañero del Che en Bolivia–, compartieron meses o años de preparación militar. Se sentían a gusto en esa vida dura y austera de las unidades militares y las tropas especiales, en las casas de seguridad donde recibían instrucción.
Hubo, no obstante, numerosos tupamaros que sin haber estado en Cuba igualmente se enrolaron en las guerrillas latinoamericanas. Entre otros el médico Hermes Mata, quien después de pasar diez años en el penal de Libertad se incorporó a la guerrilla salvadoreña. Hasta 1990 formó parte de un destacamento con funciones médicas, participando en los combates de primera línea, pese a tener más de 50 años. El obrero de La Teja Eduardo Rosado, exiliado en París, se trasladó a Cuba en 1981 para recibir instrucción y alistarse en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln). En 1983 murió en combate en Morazán. Marcos Conteris viajó a Nicaragua desde Venezuela para colaborar con el proceso sandinista. Solicitó con insistencia que le permitieran enrolarse en los batallones de voluntarios que luchaban contra las fuerzas de la “contra”. Murió en 1985 en una emboscada junto a decenas de nicaragüenses. Carlos Modernell y Antonio Vulcano se instalaron en 1976 en Colombia, donde murieron combatiendo por el M-19. En Venezuela, “Marta” realizó hasta 1984 operativos para financiar a la guerrilla salvadoreña. En 1980 Wilder César dirigió con Rosemberg Pabón el comando del M-19 que tomó la embajada dominicana en Bogotá. “Gerardo” vivió con falsa identidad durante diez años en Chile, Perú, México y Bolivia, realizando actividades conspirativas para el Mir chileno y Cuba.
En el primer semestre de 1979 unos cincuenta tupamaros provenientes de Cuba lucharon en Nicaragua junto a las tropas sandinistas en la ofensiva que condujo al derrocamiento de Anastasio Somoza. Se ganaron el aprecio de los dirigentes sandinistas y reafirmaron la confianza que inspiraban a los dirigentes cubanos.
REAGAN Y LA CONTRARREVOLUCIÓN. Cuando el republicano Ronald Reagan llegó a la Casa Blanca, en enero de 1981, la política de Estados Unidos hacia América Central dio un giro en relación con la impulsada por su predecesor, James Carter. Los países cuyos gobiernos encarnaban, a juicio de Reagan, la amenaza comunista en la región y debían ser desestabilizados eran Cuba, Nicaragua y Granada. La ofensiva estadounidense contra los tres determinó la llamada “centroamericanización de la Guerra Fría”.
El nuevo presidente buscó quebrar el alineamiento de Nicaragua con el bloque comunista, alejarla de la influencia soviética y restaurar la hegemonía estadou-nidense, aparentemente afectada en el hemisferio y en todo el planeta por la política de distensión impulsada por Carter. Al mismo tiempo realizaba acciones encubiertas y aplicaba todo tipo de presiones y sanciones diplomáticas y comerciales a los tres países considerados enemigos. En octubre de 1983 invadió Granada; en mayo de 1985 aplicó el embargo comercial contra Nicaragua y financió y sostuvo a las fuerzas de la contra que desataron en 1981 la guerra civil en ese país, e intensificó la contrainsurgencia en El Salvador y Guatemala.
LA ALIANZA CUBANO-NICARAGÜENSE. Después de la victoria sandinista los cubanos incrementaron el número de sus expertos en Nicaragua. Llegó numeroso personal militar, de seguridad y civil. A la cabeza del recién creado servicio de inteligencia sandinista fue designado el cubano Renán Montero. El destacamento cubano en Nicaragua tuvo entre sus dirigentes a Arnaldo Ochoa y los mellizos De la Guardia: Antonio se dedicaba a operaciones ilegales, Patricio a las tropas especiales. Manuel Piñeiro desde La Habana coordinaba las acciones clandestinas de los grupos insurgentes latinoamericanos.
En este contexto los tupamaros cumplieron importantes funciones de organización e instrucción militar. Algunos fueron destinados a la reconstrucción de instituciones civiles. Entre ellos “Juanita”, que proyectó y dirigió la reforma del sistema penitenciario. “Zapata” fue durante décadas instructor de las fuerzas armadas nicaragüenses. Juan José Puente, oriundo de La Teja, trabajó con Renán Montero en contrainteligencia. Fue uno de sus principales colaboradores y coordinó la red de uruguayos que apoyaban a Nicaragua y las guerrillas centroamericanas.
Alfredo Caramella y Víctor Manuel Posada se incorporaron en los primeros años del régimen sandinista al pelotón de demoliciones y voladuras del Batallón de Ingeniería Militar. El oficial que los comandaba, Carlos Arturo Jiménez, en su libro de memorias (Nosotros no le decíamos presidente, 2004) recuerda con admiración el talento de Posada.
El enfrentamiento con la contra nicaragüense adoptó formas abiertas de guerra regular o irregular, junto con otras encubiertas de inteligencia y contrainteligencia. En la guerra regular se destacó “Ramiro”, que operó durante varios años en la frontera con Honduras. Otros tupamaros fueron enviados a Costa Rica, Panamá y Honduras, donde condujeron una vida aparentemente común. En realidad eran parte de una compleja trama de inteligencia cuyos hilos conducían a Nicaragua y Cuba. Se ocupaban de comunicaciones en clave, escuchas clandestinas, infiltración en ambientes enemigos, obtención de valiosas informaciones o arriesgadas operaciones de sabotaje y represalia.
GUERRAS DE BAJA INTENSIDAD. Absortos en la complejidad de su militancia, los protagonistas uruguayos no se detenían a pensar que eran también soldados de la Guerra Fría, de la contienda que enfrentaba a Estados Unidos con la Unión Soviética, y que en América se expresaba en guerras de baja intensidad: insurrecciones, guerrillas, golpes de Estado, políticas de pro y contrainsurgencia. Participaban del enfrentamiento global que movilizaba ejércitos y recursos financieros, democracias y dictaduras, pueblos e ideas. En sus recuerdos asoma intermitentemente el desafío planetario de las superpotencias: “Usábamos cañones chinos obtenidos por los cubanos en Angola”; “los instructores nicaragüenses del Frente Sandinista se adiestraban en Vietnam”; “peleábamos contra la contra, asesorada por militares argentinos, israelíes y estadounidenses”.
Hasta que en 1990, sin el amparo que le brindaba la Unión Soviética, Cuba perdió también su principal aliado en la región. El sandinismo fue derrotado en las elecciones presidenciales. Las nuevas condiciones obligaron a retornar a su país a numerosos asesores cubanos. Lo mismo ocurrió en Angola y El Salvador, donde los acuerdos de paz pusieron fin (en Angola provisoriamente) a las guerras civiles en las que Cuba intervenía.
Clara Aldrighi es historiadora. Su libro La izquierda armada. Ideología, ética e identidad en el Mln-Tupamaros acaba de ser reeditado por Mastergraf.
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Solidaridad del PIT-CNT con trabajadores de Lifan que ocupan planta industrial
AFUSEC
Marcelo Abdala y Gabriel Molina, Secretario General y Secretario de Comunicación respectivamente del PIT-CNT, visitaron hoy a los trabajadores de la empresa Lifan Motors que se encuentran ocupando las instalaciones de la planta en defensa de la fuente laboral y les manifestaron la solidaridad de la clase obrera ante esta difícil situación. Ruben Villafal, integrante del Comité de Base de Lifan y de la dirección de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (Untmra) le informó al Portal que desde el sábado se está ocupando la planta industrial ante “el desconocimiento de la empresa de la organización sindical”.
Recordó el dirigente de la Untmra que hace meses la dirección de la empresa está llevando adelante una “política de represión sindical sumamente violenta. A tal punto llega esta medida que no admite el reintegro del Seguro de Paro de un compañero sólo porque es un delegado sindical. A esto se le suma la disposición empresarial de que los trabajadores que pertenecen al gremio, que son el 80% de los 240 empleados, no son tenidos en cuenta a la hora de reintegrarlos a la planta industrial. Quienes ingresan nuevamente pertenecen al 20% que no está afiliado”.
Villafal destacó que la actitud represiva de los responsables de Lifan “se está manifestando desde hace tiempo y ello llevó a que el 3 de junio del corriente también se ocupara la planta industrial ante el despido arbitrario de cinco trabajadores. La preocupación hoy es que la empresa no da una respuesta que satisfaga los reclamos de los trabajadores a pesar de las propuestas que han surgido en los distintos ámbitos de negociación que se han llevado adelante en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y otros organismos”.
Ante esta situación los trabajadores seguirán ocupando la planta hasta que se cree un registro de las personas que pierdan su puesto y puedan ser tenidos en cuenta por otras empresas del sector.
La planta de Lifan está instalada en el kilómetro 38 de la Ruta 1. Desde su inauguración se presentaron problemas de mercado y ello derivó en el envío de personal al Seguro de Paro. La situación de inseguridad laboral ha sido constante entre el personal desde el inicio y por eso existe una gran preocupación por el futuro de los trabajadores que trabajan en esta planta automotriz.
Queremos saber
El primer frente tiene consecuencias imprevisibles incluso para las propias autoridades. El semanario Brecha publicó el viernes una nota en la que recuerda que en los archivos incautados en dependencias de una unidad de inteligencia militar ubicada en la calle Eduardo Víctor Haedo en 2006, cuando la ministra de Defensa Nacional era Azucena Berrutti, consta documentación oficial que da cuenta de un espionaje “institucional”. La nota menciona los números de rollos incautados en los que figura material de espionaje correspondiente a 1987, 1989, 1991 a 1998, y 2005. En el artículo se recuerda también que esta información está en Presidencia de la República y en el Archivo General de la Nación. Por otra parte, la comisión investigadora creada por el Parlamento comenzará a analizar también la documentación que surge del archivo incautado en la casa del coronel retirado, ya fallecido, Elmar Castiglioni, que contiene información relativa a actividades de espionaje llevadas a cabo en democracia.
Menéndez pidió el 12 de setiembre a los comandantes en jefe de las tres armas que le indicaran por escrito si existieron estas actividades de espionaje en democracia. La respuesta fue negativa en todos los casos. Pero la intención del ministro no era hacerse eco de esta versión, como pareció hacerlo cuando compareció en régimen de Comisión General al Parlamento, sino tener un documento escrito, firmado por los mandos, para luego reclamar responsabilidades en caso de que lo afirmado no sea cierto. “Yo he tenido la contestación a las preguntas que he realizado por escrito y que conservo para su oportunidad, determinándose por parte de las autoridades correspondientes en cada área que eso [el espionaje] no ha sido así. Pero obviamente la Justicia investigará, o de pronto se realizarán otras investigaciones. Nosotros desde el Ministerio de Defensa Nacional obviamente tomamos acciones que no hacemos de carácter público, y el futuro dirá qué es lo que ha ocurrido”, dijo ayer el ministro, tras asistir a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores. Remarcó que él nunca dijo que no había habido espionaje. “[Hemos tomado] acciones que han propendido a asegurar el funcionamiento de nuestro ministerio en el marco de la Constitución y de la ley, como no debe ser de otra manera. Hemos solicitado información que nos ha sido contestada bajo firma, con la responsabilidad que eso conlleva, pero en ningún momento este ministro ha dicho que ha existido o no ha existido ese tipo de actividad”, subrayó.
Dijo que en caso de haber existido espionaje, se trata de “un hecho sumamente lamentable”. “Este ministerio, este ministro y su equipo de actuación se rigen por principios democráticos, aman la democracia, y creen que ella es el elemento fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad y nuestras generaciones futuras, y por lo tanto vamos a estar apegados a buscar la verdad, también la justicia, y a hacer que este Ministerio de Defensa Nacional sea un orgullo de funcionamiento institucional para nuestra República”, sentenció Menéndez.
Un factor no menor que contribuye a la molestia de los militares, además de la investigación en torno a las actividades de espionaje, es la aplicación de un impuesto a las jubilaciones militares más altas, que afectará a 8.000 en un universo de 40.000 retirados de las Fuerzas Armadas. Se trata de un gravamen transitorio hasta que esté pronto el proyecto de ley de reforma del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, que el gobierno planifica enviar en breve al Parlamento.
Ayer Menéndez asistió a comisión para responder las inquietudes de los legisladores sobre este tema. El ministro de Defensa Nacional aseguró que no hay mayor cantidad de retiros anticipados de militares por este motivo, y frente a los reclamos de inconstitucionalidad que realizan los retirados militares y los legisladores blancos y colorados, contestó que “las áreas del gobierno nacional que elaboraron el proyecto tienen sus servicios jurídicos y serán quienes tendrán que responder a este respecto”.
Las quejas de los militares también están enfocadas en los salarios que perciben y en los recursos humanos y materiales de los que disponen. Este fue el eje del discurso pronunciado en el Día de la Armada Nacional, el 15 de noviembre, por el comandante en jefe de esa fuerza, el almirante Leonardo Alonso, ante el presidente Tabaré Vázquez y Menéndez. En esa instancia, Alonso dijo, entre otras cosas, que “las misiones y las órdenes deben estar acompañadas de los medios necesarios para llevarlas a cabo, humanos y materiales”. “Es lo que reclamo a mis superiores”, manifestó el oficial superior.
Su discurso molestó al presidente Vázquez. Según publicó ayer el semanario Búsqueda, el presidente, en conversación con el ministro, decidió sancionar a Alonso mediante una amonestación escrita, que quedará en su legajo. En tanto, el martes de la semana pasada, el mismo día en que Menéndez concurría al Parlamento citado en régimen de comisión general, Alonso entregó una carta a la diaria en la que amenazaba con un juicio si el periódico no se rectificaba por una nota de humor que refería al mismo tema: su discurso en el Día de la Armada Nacional. Por este motivo, nuevamente se lo sancionó mediante una observación por escrito.
Ayer Menéndez confirmó la información publicada por el semamario Búsqueda, si bien aclaró que esta no partió del ministerio y que la cartera entiende que “las acciones desde el punto de vista correctivo y administrativo que toma el Ministerio de Defensa Nacional se mantienen en el nivel de la reserva que implica el manejo de las funciones dentro del ministerio”. “Los funcionarios que eventualmente reciben algún tipo de amonestación son funcionarios públicos que merecen, en la aplicación de estas acciones, la reserva”, insistió el ministro. El ministro de Defensa Nacional aclaró que las sanciones a Alonso no implican que “exista desconfianza en la valoración de las actividades” que realiza, porque el cargo de comandante en jefe “merece confianza desde el punto de vista político”. “Cuando la confianza se afecta, no deben existir en esos cargos. Pero mientras la confianza no se afecta, las funciones continúan, y lo otro son medidas de carácter administrativo que solamente tratan de reencauzar procedimientos que, como en cualquier área profesional, se desvían en algún momento de la normativa política que se trata de llevar adelante desde el ministerio correspondiente”, indicó Menéndez.
El ministro aclaró que no tuvo conocimiento del discurso del comandante en Jefe de la Armada Nacional antes de que este lo pronunciara, y según supo la diaria, el presidente Vázquez le pidió a Menéndez que a partir de ahora tome esa precaución para evitar este tipo de situaciones.