Publicado en: 1 junio, 2015

Noticias Uruguayas 31 mayo 2015

Por Colectivo Noticias Uruguayas

Uruguay:La metamorfosis por Samuel Blixen // Jorge Vázquez se distanció de Huidobro // El camino tortuoso de la verdad por Rafael Bayce // Dos ex ministros de Mujica contra el TISA // Tercer fallo que obliga a liberar información sobre minera Aratirí

España, Ada Colau: Barcelona y Madrid consolidarán un “eje de revolución democrática” // Iglesias: España necesita una verdadera democracia, vivienda y educación // España autoriza despliegue de 2200 soldados de EEUU en la base Morón y aprueba la presencia permanente de tropas de EE.UU. // Monumental pitada al himno español en el Camp Nou // Grecia: FMI ve posible la salida de Grecia de la zona euro // Grecia busca unirse al Banco de Desarrollo del BRICS // Solidaridad con Grecia por Boaventura de Sousa Santos // Uruguay:La metamorfosis por Samuel Blixen // Jorge Vázquez se distanció de Huidobro // El camino tortuoso de la verdad por Rafael Bayce // Dos ex ministros de Mujica contra el TISA // Tercer fallo que obliga a liberar información sobre minera Aratirí

 

URUGUAY

Publicado en el Blog El Muerto

Caminamos juntos por Ayotzinapa


Caravana 43 llegó a Montevideo. Gráfico de Gabriel “Saracho”
Carbajales

Cientos de personas participaron de la marcha convocada por la  Caravana 43 Sudamérica, compuesta por compañeros y familiares de los estudiantes desaparecidos en el estado de Guerrero, México. La marcha partió desde la Plaza Independencia y se dirigió hasta la Embajada de México en un intento de “globalizar la resistencia” contra el “narco gobierno” y sus “crímenes de Estado”.

La Caravana 43 Sudamérica partió a principios de mayo en una recorrida por Córdoba, Rosario y Buenos Aires, concretando su tercera edición.

Paraninfo de la Universidad

Paraninfo de la Universidad

Caravana por los 43 normalistas de Ayotzinapa

Marcha.org.ar / Foto: Uruguay por Ayotzinapa

Del 16 de mayo al 12 de junio, familiares de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y sobrevivientes de la noche trágica del 26 de septiembre del año 2014, realizan una caravana por algunos países de Sudamérica denominada “Caravana Sudamérica 43”. La intención de los familiares es seguir difundiendo su lucha en busca de verdad y justicia.

A casi ocho meses de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en la ciudad de Iguala, México, algunos familiares comenzaron una gira por varias ciudades de Brasil, Uruguay y Argentina para dar cuenta del estado de los Derechos Humanos en ese país. Algunas de las consignas de la caravana son, la aparición con vida y el total esclarecimiento del caso, el cual ha dado muchos giros y con conclusiones poco claras para los familiares.

La primera parada de la caravana se realizó del 16 al 18 de mayo en Córdoba, la segunda del 20 al 22 del mismo mes en Rosario. Por su parte, el turno de Buenos Aires será del 23 al 26.

Las actividades planeadas para la visita a Buenos Aires será una conferencia de prensa inaugural en el Espacio Pañuelos en Rebeldía el sábado 23 de mayo a las 18 hs., siguiendo el lunes 25 a las 11 con un encuentro con Pueblos Originarios en el acampe QOPIWINI, culminando la gira el 26 del mismo mes con una concentración en la Embajada de México con una conferencia de prensa a las 10 y movilización del Obelisco a Cancillería a las 13. Por último, habrá otra disertación en Aula Magna de la facultad de Ingeniería a las 20 hs. El cierre de las jornadas coincide con los ocho meses desde la desaparición de los 43 estudiantes.

La gira continua del 28 al 31 de mayo en Montevideo, del 1 al 4 de junio en Sao Paulo, del 5 al 8 de junio en Porto Alegre, finalizando esta primera gira en Rio de Janeiro del 9 al 12 de junio.

La noche que no debió

Entre la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 del año pasado el alcalde José Luis Abarca Velazquez del Partido de la Revolución Democratica (PRD) y su esposa María de los Angeles Pineda daban una fiesta del Desarrollo Integral de la FamiliaI (DIF) del cual ella era directora, para celebrar los logros obtenidos. En los planes de la pareja estaba lanzar en ese mismo evento la candidatura de la esposa del alcalde, ya que él mismo finalizaría su mandato en 2015.

Esa noche ocurre el primer hecho violento. Los estudiante habían llegado a la ciudad de Iguala para manifestarse ya que la tradición de las escuelas normalistas es de lucha. Ayotzinapa tiene una historia combativa. La Escuela Normal Rural Isidro Burgo se fundó en marzo de 1926 con la ayuda del pueblo y con el objetivo de dar educación y protección a los hijos de campesinos de las zonas más pobres de Guerrero. Los docentes de estas escuelas tienen una visión combativa y enfrentada al Estado. Sus manifestaciones nunca son violentas y en este caso puntual los estudiantes sustrajeron autobuses de la terminal para luego devolverlos. Esta era la primera salida de los estudiantes. Su intención era acercarse al lugar donde se realizaría la fiesta del DIF, razón por la cual fueron interceptados por la policía a tres cuadras de la central camionera y donde la misma abrió fuego sobre los estudiantes hiriendo gravemente a Aldo Gutiérrez Solano y asesinando a Daniel Solís Gallardo. El resto de los estudiantes fueron llevados, asesinados, quemados. Sus cuerpos, pertenencias y ropas, picados y metidos en bolsas que luego arrojaron al río San Juan. Estas son conclusiones de la investigación judicial realizada por el Estado, del que los familiares descreen absolutamente. Para las familias el saldo es de cinco heridos, seis muertos y 43 desaparecidos.

Bajo consignas como “Vivos se los llevaron, Vivos los queremos” y “Fue el Estado” el reclamo y el grito de justicia de estos familiares recorrieron el mundo. Su lucha se transformó en un símbolo y sus 43 hijos, en semilla de resistencia y dignidad. Retiradas violaciones a los Derechos Humanos, la violencia mezclada entre política y narcotráfico, son algunas de las denuncias que vienen aparejadas con esta terrible historia.

En el último fin de semana un candidato a alcalde del estado de Michoacán y un aspirante a concejal de un municipio en Tabasco fueron asesinados a balazos, en campaña por las elecciones regionales el próximo 7 de junio. El Estado a través de al fiscalía confirmó el asesinato de Enrique Hernandez, candidato a la alcaldía de Yurécuaro por el partido de centroizquierda Morena. Las autoridades informaron que el candidato a alcalde murió en el lugar del ataque y que otras tres personas fueron trasladadas a un hospital con heridas. El mencionado candidato a concejal por el Partido Revolucionario Institucional aspiraba a llegar a postularse por el municipio de Huimanguillo, y fue asesinado en la puerta de su casa. Se supone que esta seguidilla de asesinatos políticos está relacionada con el narcotráfico, el crimen organizado y la complicidad del Estado Mexicano.


La metamorfosis

Las causas de un giro de 180 grados en la actitud del ministro de Defensa sobre los derechos humanos son un misterio, más allá de su folclórico histrionismo.

Fernández Huidobro. Foto: Alejandro Arigón .

por Samuel Blixen

Brecha, Montevideo, 29-5-2015

http://brecha.com.uy/

Era casi una leyenda que acunaban los tupamaros clandestinos, esa especie de simbiosis (relación estrecha de organismos de diferentes especies, en este caso política) entre Raúl Sendic y Eleuterio Fernández Huidobro: el Bebe, retraído, acaso tímido, de pocas palabras, aportaba una sólida formación y una intuición inusual para analizar la coyuntura; el Ñato, exuberante, extrovertido, irreverente; el Bebe imponiendo los fundamentos ideológicos y estratégicos, el Ñato aportando destellos de genialidades. Ambos llegaron a formar, en ocasiones, un equipo aceitado que produjo los más importantes documentos internos de la guerrilla urbana y que daba fluidez a una dirección con una especial condicionante, ser colectiva en la clandestinidad.

Esa cooperación sufrió un quiebre definitivo a mediados de 1972, en plena derrota militar de los tupamaros. El cuartel del Batallón Florida, en el Buceo, fue el centro de un proceso de negociaciones con características inusitadas: prisioneros que salían del encierro para establecer contactos con los dirigentes en la clandestinidad, dirigentes empeñosamente buscados (Sendic) que ingresaban al cuartel para discutir con sus compañeros presos. Justificado en el hecho (real) de que al menos se atenuaría la tortura sistemática, el diálogo entre prisioneros y oficiales pronto derivó a otro plano cuando los oficiales pusieron como condición la rendición incondicional con entrega de armas. Fernández Huidobro apoyó la propuesta y en sus salidas del cuartel, acompañado del capitán Carlos Calcagno, fundamentó ante sus compañeros las ventajas tácticas. Sendic se opuso terminantemente, pero en lugar de una negativa condicionó la entrega de armas a un tercero (la Iglesia Católica) a la aceptación de un programa de medidas económicas y políticas para la superación de las causas que promovieron el enfrentamiento armado. La contrapropuesta provocó división entre los oficiales jóvenes de menor rango involucrados en las negociaciones, pero el estado de asamblea –que se extendía a otros cuarteles– fue cortado de raíz cuando los altos mandos rechazaron de plano el programa político. (Pero unos meses después los mandos utilizaron cínicamente las propuestas en los comunicados 4 y 7 de febrero de 1973, en el primer escalón del golpe, como engañabobos, tal como confesara más tarde el general Abdón Raimúndez.)

Ya en el segundo piso de la cárcel de Libertad, Sendic reprochó duramente a Fernández Huidobro por haber dado trámite al planteo de rendición incondicional de los militares, y ese cuestionamiento se mantuvo, después de una década larga de encierro como rehenes de la dictadura, cuando en 1985, tras la liberación, se produjo la rea­grupación de los tupamaros en la legalidad.

En aquellas diferencias puede estar el origen de los cambios radicales en la conducta política del hoy ministro de Defensa Nacional. Raúl Sendic mantuvo, hasta su muerte en 1989, una postura intransigente frente a los violadores de los derechos humanos y los responsables del terrorismo de Estado. Como Fernández Huidobro, Sendic jerarquizaba la responsabilidad de personajes civiles en su carácter de cómplices de los militares y de ideólogos de la dictadura. Pero a diferencia de aquél, éste no diluía la culpabilidad militar por el hecho de compartir responsabilidades y manifestó siempre un sentimiento de repugnancia por aquellos que, aunque fueran, en todo caso, simple mano ejecutora, cometieron las mayores atrocidades. Fernández Huidobro, en cambio, acentúa la responsabilidad civil para amparar a sus amigos militares.

¿De dónde proviene esa amistad? Comienza en el Batallón Florida, producto de aquellos intercambios que, a pretexto de una discusión sobre el papel de las oligarquías y la utilización de la “mano de obra militar” para la defensa de los intereses, derivó en las negociaciones para la superación de “la guerra”. Los intercambios se multiplicaron a lo largo de los años en la rotación por los diferentes cuarteles del Interior, donde Fernández Huidobro, aislado, y con un precario contacto con sus dos compañeros de encierro, aceptó la continuación del intercambio, que a veces se disfrazaba de interrogatorio y a veces era un simple diálogo entre combatientes. En una situación similar, Sendic se negó sistemáticamente a aceptar el intercambio, y los únicos diálogos se redujeron a salvajes torturas, so pretexto de interrogatorios.

Hay quienes explican la conducta del ministro como expresión de un “síndrome de Estocolmo”, la identificación del prisionero con sus carceleros; otros simplemente afirman que “el Ñato se quebró”. Con la salvedad de que se trata de un documento de origen militar, que puede o no reflejar la verdad, un informe interno del Ocoa de 1978 consigna tramos de una conversación mantenida por los interrogadores con el Ñato, por entonces recluido en los calabozos del cuartel de Paso de los Toros, en la que éste habría aportado valoraciones sobre tupamaros refugiados en el exterior. Por ese documento, Julio Marenales calificó a Fernández Huidobro de “traidor”, y el Ñato nunca desmintió el contenido de ese informe.

Cualquiera de las dos hipótesis resultan insuficientes para explicar la colaboración de Fernández Huidobro con los militares a lo largo de los años: como dirigente del Movimiento de Participación Popular, y como legislador integrante de la Comisión de Defensa Nacional del Senado, Fernández Huidobro mantuvo sistemáticos contactos con los mandos militares, pero también con aquellos oficiales, en actividad o en retiro, integrantes de la logia Tenientes de Artigas.

En ocasión en que la justicia chilena solicitó la extradición de tres oficiales, Tomás Casella, Eduardo Radaelli y Wellington Sarli, involucrados en el secuestro y asesinato del químico chileno Eugenio Berríos, para impedir que testificaran en el juicio por el asesinato del ex canciller Orlando Letelier, Fernández Huidobro argumentó que la entrega a los magistrados del país andino sería un acto de ensañamiento por tratarse de militares, “un plan cóndor al revés”, y que los oficiales acusados serían “presos políticos”. Casella y Washington Sarli eran integrantes de la logia Tenientes de Artigas.

Con el paso del tiempo, el hoy ministro subió la apuesta en la defensa de los militares acusados de delitos de lesa humanidad: “Existen sectores que quieren justicia, además de verdad. Quieren castigar a los culpables de las violaciones de derechos humanos. Yo no lo acepto”, afirmó en un programa periodístico de Teledoce. Fue a raíz de la publicación de un documento atribuido a Fernández y a varios militares de los Tenientes de Artigas, un proyecto de pacto para “cerrar definitivamente las heridas del pasado”, elaborado en 1989, y que consagraba la “teoría de los dos demonios”. Fernández Huidobro confirmó que él y José Mujica “siempre” tuvieron diálogos y encuentros con los militares, pero negó la autoría del documento. En 2011 Fernández Huidobro renunció a su banca de senador, discrepando con el Frente Amplio por el proyecto interpretativo de la ley de caducidad, argumentando que el pueblo ya se había pronunciado en dos plebiscitos. En ese mismo año el ministro de Defensa públicamente discrepó con el fallo de la justicia que procesó a Miguel Dalmao, general en actividad, por el asesinato de Nibia Sabalsagaray. “Es inocente”, dijo, quizás induciendo al presidente Mujica a dar un paso insólito, visitar al general procesado en su lugar de reclusión. También es parte de la defensa de los militares la carta que escribió “a quien corresponda” afirmando que el coronel retirado Juan Carlos Gómez, procesado por la muerte de Roberto Gomensoro, también era inocente. La carta facilitó el desplazamiento de los magistrados que se disponían a condenar a Gómez, y alentó la liberación del procesado.

Estos y otros ejemplos confirman la determinación del ministro de respaldar la postura de los militares que enfrentan acusaciones por violaciones a los derechos humanos. Los insultos y groserías contra militantes y organizaciones de derechos humanos pueden atribuirse a una forma de ser estimulada por el enojo. Pero la coherencia de su postura a lo largo de los años, edificando la teoría de los dos demonios, debe tener una explicación todavía oculta.

Enviado por Julio Néstor Sosa Benia

“Si asumes que no hay esperanza, garantizas que no habrá esperanza. Si
asumes que hay un instinto hacia la libertad, que hay oportunidades para
cambiar las cosas, entonces hay una posibilidad de que puedas contribuir
para hacer un mundo mejor. Esa es tu alternativa”. — Noam Chomsky

 

Jorge Vázquez se distanció de Huidobro

Y el tiempo no borró

Montevideo Portal

“El punto final es cuando los uruguayos sepan qué fue lo que pasó”, afirmó el subsecretario del Interior, Jorge Vázquez , quien agregó que “no es un grupo de resentidos” los que reclaman conocer la verdad sobre la dictadura.

El subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, se distanció de las declaraciones del ministro de Defensa, señalando que “no es un grupo de resentidos” los que buscan saber qué pasó en la dictadura con los detenidos desaparecidos.

“No quiero interpretar al ministro de Defensa, que el ministro de Defensa defienda sus palabras. Creo que en Uruguay siguen sucediendo cosas que en mi opinión personal, no deben suceder. Primero hay gente que sigue sosteniendo que la doctrina de la defensa nacional y el terrorismo de Estado dan resultado. El que se haya aplicado la desaparición forzosa en Uruguay en otros países de la región fue una política deliberada para generar miedo, terror y para profundizar las dictaduras en los países de latinoamerica”, afirmó.

“Es lamentable que cuando el Uruguay está transitando por un período democrático, de mayor participación, de mayor apertura, donde al Uruguay económicamente le va bien, donde tenemos un bajo índice de desocupación, donde estamos haciendo determinadas cosas para recuperar gente, todavía haya gente que oculte información y mantenga un número importante de familiares sumidos en la duda de qué pasó con su familia”, agregó.

Vázquez dijo que se tiene que decir “todo lo que se tiene que decir”, para que el país conozca la verdad: “no estamos pensando en venganza ni en ajustes de cuenta, sino en que los uruguayos tienen el derecho de saber qué fue lo que pasó. Y los familiares tienen el derecho de saber dónde están sus familiares desaparecidos. En Uruguay desaparecieron padres, niños, mujeres embarazadas, y lo debemos saber para que este fenómeno no se repita. Lamento muchísimo algunas manifestaciones que se dieron en las últimas horas donde alguien dice que es un grupo de resentidos que están atrás de la verdad. Acá hay un país que está atrás de la verdad, no son un grupo de resentidos, no están buscando justicia por mano propia, están buscando Justicia, saber qué pasó con sus hijos, con sus nietos, con sus padres, eso están buscando saber”.

El subsecretario dijo que se trata de “los sentimientos más profundos del ser humano”. “No puede haber alguna persona que diga qué me dan a cambio de esto. A cambio de eso no se da nada, es la dignidad humana. Y qué nos van a dar a cambio, esto no tiene nada a cambio, esto tiene verdad, justicia, eso es lo que el pueblo uruguayo necesita. Cuando uno dice ‘yo no sé nada pero hay gente que sabe’ y no lo dice, está siendo cómplice de los que no lo dicen. En Uruguay hay mucha gente que sabe de estas cosas. Generan mucha más indignación las expresiones actuales de algún ex jerarca militar que lo que estaba reclamando el día 20 la gente en la calle que lo único que quería saber era la verdad acerca de lo que pasaba”.

Consultado sobre si será posible alcanzar un “punto final”, Vázquez respondió: “El punto final es cuando los uruguayos sepan qué fue lo que pasó y nos dejemos de pavadas entre unos y otros, si esto fue una guerra o no fue una guerra. Si acá hubo perdedores o ganadores. Acá el único que está perdiendo es el pueblo uruguayo, que tiene la responsabilidad, la obligación moral y el derecho a saber qué fue lo que pasó”

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Banderas de Líber

Carta abierta a Tabaré Vázquez
28.May.2015

Querido Tabaré:

En 10 años hemos cambiado el Uruguay para mejor: su economía, su equidad, su distribución del ingreso, su producción, su inserción internacional, su democracia, sus organizaciones sociales, etc. Lo ha logrado el frenteamplismo, nuestro Frente Amplio, sus gobiernos y los orientales. Nadie mejor que tú para conocer estos cambios, desde que tu primera presidencia los inició en el plano nacional y tu primera intendencia lo hizo en el plano departamental.

Es por ello que nuestro pueblo nos ha renovado el crédito por tercera vez consecutiva y con mayorías parlamentarias, al tiempo que nos ha respaldado para llegar a 6 gobiernos departamentales.

La confianza -como bien sabes- es, también y fundamentalmente, el fruto de décadas de trabajo desinteresado, sacrificado de millares de militantes políticos y sociales (no exclusiva pero sí fundamentalmente de izquierda) que pacientemente regaron esa planta aún a costa de su vida, libertad, exilio, destitución, etc. Sin esa historia de desprendimiento, de fraternidad, de unidad, de aciertos políticos, pero también de dolor, persecución y muerte este hoy de realizaciones y esperanzas, no existiría.

Motiva este diálogo, justamente, preservar los sueños frenteamplistas y orientales de desarrollo con inclusión que no pueden desgajarse del reclamo por verdad y justicia. Sabido es que los pueblos que olvidan y no honran su historia y sus mártires, no construyen un futuro venturoso. Contrariamente la derecha sostiene que no se debe ‘tener los ojos en la nuca’ y que ‘hay que dar vuelta la página’ olvidando o falseando el pasado. Festejamos, por tanto, tu reciente iniciativa de la constitución de la Comisión por Verdad y Justicia. Confiamos que será un instrumento más para dar respuestas a los familiares de desaparecidos, al pueblo todo, pero -por sobre todas las cosas- para sepultar definitivamente la cultura de la impunidad.

Contrarían ese reclamo, ese sentimiento, esa iniciativa, las reiteradas declaraciones ofensivas del actual Ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro. Van exactamente en dirección opuesta al Programa del Frente Amplio y de los más caros anhelos de las mayorías nacionales, como lo evidencian declaraciones de dirigentes y organizaciones sociales y políticas frenteamplistas y no frenteamplistas. A contrario sensu, solo tienen soporte en protagonistas de la dictadura fascista y representantes políticos de la derecha.

El Sr. Fernández Huidobro no para de agredir a todo movimiento por verdad y justicia, incluso a los frenteamplistas y deshonra -por esta vía- la memoria de nuestros mártires y la lucha del pueblo uruguayo contra la dictadura y por la restauración de la democracia.

El Sr. Fernández Huidobro dice que ‘los milicos lo aman’, intentando ofender así a las Fuerzas Armadas de nuestro país que -seguro estoy- no se sienten representadas por la impunidad.

El Sr. Fernández Huidobro no sólo no representa la alta investidura que tú le conferiste como Presidente de la República en representación de la ciudadanía, sino que ya no representa al Frente Amplio.

El Sr. Fernández Huidobro debiera renunciar a su cargo o, en su defecto, debe ser cesado en beneficio de la unidad del Frente Amplio, del pueblo oriental y como contribución a desterrar la cultura de la impunidad.

Dicho esto, sin menoscabo de la potestad del Presidente de la República de nombrar y cesar a sus ministros sin injerencia del partido político al que pertenece. Comprendemos que de no ser así, la permanencia de los ministros dependería de la fuerza política y no de la institucionalidad lo que obviamente contradice elementales normas de un Estado de Derecho.

Invocamos el final de tu discurso de asunción: “No nos dejen solos”, para contestarte que confiamos en tu capacidad, en tu hombría de bien, en tu coraje (mil veces demostrado), en tu liderazgo político y que somos tozudamente “obreros de la construcción de la patria del futuro” al servicio del frenteamplismo, del Frente Amplio, de tu gobierno y del pueblo oriental. Estamos firmemente a tu lado.

También invocamos ese final de discurso, para decirte que hay ‘compañías’ que nos hacen daño, mucho daño.

Un abrazo unitario, afectuoso y frenteamplista

BANDERAS DE LÍBER

Nacional – MINISTRO DE DEFENSA

Movilización en la Torre Ejecutiva contra Huidobro

Militantes autoconvocados se movilizarán el lunes en la sede del Poder Ejecutivo y pedirán a Vázquez el cese del secretario de Estado

30.05.2015,  Texto:El Observador

  • Eleuterio Fernández Huidobro.

El rechazo al ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, que en los últimos días generó debate entre varios sectores frenteamplistas que reclaman su remoción, tendrá el lunes una manifestación pública frente a la Torre Ejecutiva.
Las Redes Frenteamplistas (grupo de militantes autoorganizados) convocaron para el lunes a las 17.30 a una manifestación frente a la sede del Poder Ejecutivo, instancia en la que, anuncian, entregarán al presidente Tabaré Vázquez una nota pidiéndole que destituya al ministro.
El enfrentamiento entre el ministro de Defensa y las organizaciones de derechos humanos viene de larga de data, pero en las últimas semanas tuvo sus episodios más virulentos.
Fernández Huidobro calificó de “enfermitos” a los integrantes de esos grupos, a quienes acusa de “estigmatizar” a las Fuerzas Armadas. Antes, en una polémica similar que tuvo lugar a fin de año, tildó de “imbéciles” a los integrantes del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj).
Las organizaciones de derechos humanos advierten falta de colaboración del ministro en materia de las investigaciones para esclarecer crímenes registrados durante la dictadura. “Las acusaciones imperantes se propinan de forma genérica, sin conocer la particularidad de los pedidos de la Justicia, carecen por tanto del manejo de la información pertinente”, escribió esta semana el ministro a quien el expresidente José Mujica puso en el cargo en el que fue ratificado por Vázquez.
El viernes 22, la Mesa Política del Frente Amplio se pronunció sobre la situación y emitió una declaración en la que sostuvo que “no comparte” sus dichos ni tampoco estos “representan” a la coalición de izquierda.
Además, el Frente Amplio también ratificó que “la búsqueda de verdad y justicia sobre el pasado reciente, los detenidos desaparecidos y todos los actos de terrorismo de Estado son una prioridad indeclinable para la fuerza política”.

El camino tortuoso de la verdad

por Rafael Bayce

may 30, 2015 CARAS Y CARETAS

La polémica acerca de los caminos para hacer justicia, investigar y satisfacer psíquica e ideológicamente a víctimas, victimarios, sospechosos y poseedores de información ha sido comprensiblemente larga y probablemente lo seguirá siendo. Porque la diversidad de los puntos de vista es enorme y porque las asimetrías entre los actores enfrentados pueden cambiar hasta con la variación de las coyunturas que los mismos actores van viviendo durante el conflicto. De todos modos, y aunque sea casi imposible sustraerse a la fuerte emocionalidad y coloración político-ideológica de los asuntos en juego, tratemos de levantar la mira para ver algunos aspectos poco tocados de esos asuntos y de su trayectoria temporal, con la intención de intentar escapar en algo a la agria polarización que monopoliza el tratamiento del tema y procurar ver desde otra óptica.

Entre la justicia y la venganza

Está perfectamente sustentada la petición de “verdad y justicia” en los casos de desaparición de detenidos políticos en Uruguay. Hay una necesidad humana de elaborar el duelo por un ser querido, que debe incluir la presencialidad de restos materiales de los fallecidos y alguna clase de narrativa bien fundada del fallecimiento.

La petición de “verdad” no es sólo la aplicación a instancias concretas de una sana aspiración abstracta; es una necesidad psicosocial de quienes viven situaciones como esta. Por lo tanto, es procedente su solicitud y la movilización que pueda agilizar su búsqueda. Lo mismo ocurre con la “justicia”. Penal y socialmente, cuando hay sospecha o casi certidumbre de la comisión de ilícitos, la justicia en la dilucidación de esos asuntos es sociolegalmente deseable y legítimamente requerible.

En el caso de los desaparecidos en tiempos de dictadura cívico-militar, o en sus alrededores cronológicos, son claramente procedentes estos reclamos, sobre todo por la fundada sospecha de que inicialmente hubo ocultamiento políticamente motivado, corporativamente alentado y comprensible como natural intento de eludir responsabilidades legales, personales o de terceros apreciados, por la comisión de ilegalidades. Nada que decir sobre marchas del silencio y tantas otras formas de marcar posición y exigencias sobre “verdad y justicia”, aunque tendremos matices respecto de algunas manifestaciones particulares.

Desde el otro lado del mostrador se dice que los reclamos son nada más que una simple sed de venganza que se viste de derecho a “verdad y justicia” para ganarse el favor de las mayorías no directamente afectadas y poner a los sospechables en peor situación social frente a la opinión pública. Eso tiene algo de cierto. Pero, aunque no sea enternecedora ni elogiable, la sed de venganza acumulada por la sospecha de muerte, tortura, detenciones ilegales sobre seres queridos, potenciada por el paso del tiempo y las movilizaciones vividas, es más que comprensible por empatía fácil de experimentar. Es disculpable, aunque no elogiable ni necesariamente conducente a mejores resultados. Por otra parte, la crítica a la posible sed de venganza no puede anular los derechos a “verdad y justicia”, aun en casos en que la indignación lleve a hechos y dichos cuestionables.

Escraches y otras medidas similares

Los escraches a militares, civiles y autoridades judiciales o ministeriales tienen consecuencias ambivalentes. Por un lado, drenan emociones y hacen catarsis colectiva de tensiones y sufrimientos íntimos, a la vez que producen, como cualquier ritual humano, un aumento de la solidaridad de quienes las viven; galvanizan la unidad del ‘nosotros’. Por otro lado, excitan la solidaridad interna y galvanizan la unidad de esos ‘otros’ a quienes señalan públicamente; los habilitan a descalificar a los sedientos de verdad y justicia como irracionales y antisociales, lo que puede erosionar la opinión de terceros no polarizados.

La funcionalidad y utilidad de los escraches es por lo menos dudosa: si bien fortalece el ‘nosotros’, generando solidaridad por las vivencias colectivas extremas compartidas, produce el mismo fenómeno entre los escrachados. Pero hay otra consideración, nada menor para evaluar, en cuanto a las consecuencias de los escraches: es bien posible que una de las mejores armas de las que se pueda disponer para acercarse a la verdad y a la justicia sea la acumulación del sentimiento de culpa de los culpables o de los que tienen información sobre hechos ilegales o monstruosos de los que se ha sido testigo o de los que se sabe algo. La acumulación del sentimiento de culpabilidad hace mucha fuerza para llevar a confesiones, tanto a nivel íntimo como a nivel judicial; una de las racionalidades de la confesión católica, como del diván del psicoanalista, está en la necesidad de catarsis y limpieza que devienen de la confesión, aún más si está acompañada de un ‘perdón’ a cargo de alguien calificado. Pues bien, escraches y similares interrumpen la acumulación de culpabilidad de responsables y testigos, disminuyen el carácter de víctimas y débiles a apoyar en su sufrimiento y debilidad, y consolidan la unión y racionalidad del secreto. En otras palabras, esos actos cavan y profundizan ambas trincheras, la ‘nuestra’ y la de los ‘otros’, debilitando culpabilidades de los otros y afectando la inclinación de terceros a simpatizar por alguna de las trincheras. En cambio, actos como las marchas silenciosas nivelan trincheras: aumentan las culpabilidades y atraen a terceros.

El Ñato en el ojo de la tormenta

El principal problema al analizar las reacciones generadas por dichos del ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, es la falta de sustento de ambas partes, tanto de sus defensas como de los ataques. Por un lado, quienes señalan que el Ñato y los suyos obstaculizan la búsqueda de la verdad y la justicia no proporcionan datos precisos sobre el tema, oportunidad ni hechos que puedan hacer cerciorables esos dichos. Por otro lado, tampoco el ministro sustenta sus insultos con ninguna evidencia a su favor que pudiera convencer a terceros neutrales o ávidos por argumentos y hechos para tomar posición.

Tenga las razones que pudiera tener el ministro al criticar la índole de algunas de las fuentes de financiamiento de algunas ONG nacionales que trabajan por la verdad y la justicia, y la limpieza moral de muchos de quienes luchan por ellos, el lenguaje utilizado es inadecuado, poco preciso argumentalmente y quizá merecedor de cuestionamientos no sólo morales sino hasta jurídicos. Porque tratar a las ONG de ‘mentirosos’ y de ‘enfermitos y enfermitas’ si no se dispone de datos de apoyo contundentes para esos dichos, pronunciados en público, a cargo de un ministro de Estado y en programas de llegada masiva, perfectamente podría ser encuadrado en los delitos de injuria y difamación, con agravantes por la investidura de quien emite esos epítetos.

Otro detalle a tener en cuenta es que cualquier conjunto de instituciones que trabajan para objetivos comunes, en el devenir del desarrollo de sus tareas, contrata funcionarios que no necesariamente comparten los fines de los pioneros o dirigentes de las instituciones de las que forman parte. El Estado y los gobiernos son uno de los mejores ejemplos de eso. De modo que no se les puede pedir ni la heroicidad ni la unidimensionalidad que pueden sostener y exhibir los dirigentes y los pioneros. En cualquier burocracia, y las burocracias son inevitablemente crecientes maneras de administrar masas racionalmente en urbes masivas, densas y múltiples, hay algo de ‘curro’ en comparación con el fundamentalismo limpio de pioneros y fundadores, Pero eso no sólo pasa en las ONG, sino también, y más que nada, en estados, gobiernos y grandes empresas.

De todos modos modo, cualquier profesional, experimentado o vocacional, tiende a aplicar conceptualizaciones, diagnósticos y terapias no sólo ni fundamentalmente con el fin de beneficiarse económicamente, sino como legítima inclinación a ver la realidad con los lentes que se tienen puestos para verla. Que eso puede llevar a excesos de febril corporativismo puede ser cierto. Pero no es el Ministerio de Defensa ni el contexto de las Fuerzas Armadas el mejor lugar para denunciar negociados y corporativismos, por aquel viejo asunto de no ver la paja en el ojo ajeno si se ignora la viga en el propio.

Finalmente, es bien posible una justificación, por la coyuntura diversa de equilibrio de poder que se vivía en los diversos momentos históricos, del voto amarillo, de la ley de caducidad, de la Comisión para la Paz y, ahora, del Grupo por la Verdad y la Justicia. Y no sólo se deben sus diferencias a las ideologías diversas de los actores principales que los impulsaron. Volviendo al punto anteriormente anotado, la Comisión para la Paz se beneficiaría más de la acumulación de culpabilidad, mientras que la del novel Grupo por la Verdad y la Justicia recaería más en su potencialidad vinculante por mediación de la justicia formal, judicial, como producto de sus averiguaciones. Puede ser necesaria, y hasta conveniente, pero cavará trincheras, sin duda. Y eso hay que saberlo, para calibrar su peso en el panorama total de la evolución de los asuntos de desaparecidos, verdad, paz, justicia y derechos humanos que estén involucrados.

DESDE QUE, EN EL SIGLO XIX, EL TRATADO “DE LA FAROLA” REGALÓ PARTE DEL TERRITORIO NACIONAL AL BRASIL, EL TISA ES EL ACUERDO INTERNACIONAL MÁS LESIVO Y ENTREGUISTA FIRMADO POR EL URUGUAY. MUJICA ES EL RESPONSABLE DE HABER DADO LOS PASOS QUE NOS SOMETEN A LA VOLUNTAD DE LAS CORPORACIONES TRANSNACIONALES. ¿HASTA CUÁNDO SEGUIRÁ IMPUNE ESTE ARTISTA DEL DOBLE DISCURSO Y LA HIPOCRESÍA? – Jorge Zabalza

Cancillería respondió a grupos que se oponen a que Uruguay negocie

El gobierno choca con sectores del Frente en defensa del TISA

El gobierno salió ayer a retrucar a sus propios compañeros de parti-do que cuestionan que Uruguay negocie el Trade in Services Agreement (TISA), lo que indica que percibe que todo lo vinculado a ese acuerdo internacional seguramente derivará en las próximas semanas en una batalla política en la interna del Frente Amplio y que debe hacer un esfuerzo por explicar las eventuales ventajas del acuerdo.

El ministro de Economía y el canciller son partidarios de que Uruguay negocie por el TISA.

JUAN PABLO CORREAsáb may 30 2015 El País uy

El Ministerio de Relaciones Exteriores difundió en su página web un documento que apunta claramente a rebatir los argumentos que utilizaron 24 personalidades vinculadas a la izquierda en una carta difundida la semana pasada, en la que advirtieron de los riesgos que conllevaría el TISA.
Los sindicalistas Marcelo Abdala, Fernando Gambera, Fernando Pereira y Joselo López; los exministros Roberto Kreimerman, José Díaz y Daniel Olesker; los exlegisladores Roberto Conde y Alberto Couriel; los diputados Roberto Chiazzaro y Alejandro Sánchez; el exrector de la Universidad de la República, Rodrigo Arocena; el historiador Gerardo Caetano y el economista José Manuel Quijano, son algunos de los firmantes de la carta.
Una síntesis del documento de la Cancillería fue publicada en la página web de la Presidencia de la República. Como anexo al documento, la Cancillería incluyó una síntesis de los borradores del acuerdo aprobados el 24 de abril. Evidentemente, el gobierno apunta a desmontar las acusaciones de “secretismo” que hacen los opositores al acuerdo.
A nivel internacional, ese presunto “secretismo” se ha visto perforado por algunas filtraciones. La organización Wikileaks, por ejemplo, filtró el anexo relativo a los servicios financieros, que exponía propuestas de Estados Unidos para desregular aun más ese sector. También se filtró una propuesta del Representante de Comercio de Estados Unidos en materia de comercio electrónico, transferencia de tecnología y flujos transfronterizos de datos.
Las negociaciones por el TISA son impulsadas por integrantes de la Organización Mundial del Comercio (OMC), frustrados por la lentitud de las conversaciones de liberalización de la ronda de Doha. Los países que quieran incorporarse al entendimiento luego de que esté firmado, podrán hacerlo. Los negociadores tienen la esperanza de que, una vez lo haya firmado una cantidad suficiente de estados, pueda pasar a ser considerado un acuerdo de la OMC. Los suscriptores no podrán reintroducir trabas al comercio.

Potenciales ventajas.

En la introducción al documento el gobierno destaca que el TISA puede traer importantes oportunidades de negocios a sectores como los servicios globales de exportación, la logística, el turismo y la moderna economía digital (en particular el sofwtare).
“Los servicios tienen una importancia cada vez mayor en la economía internacional y son esenciales para Uruguay. En Uruguay los servicios representan más del 67% del Producto Interno Bruto (PIB) y el 79% del empleo. En concreto, las exportaciones de servicios equivalen al 6% del PIB”, recuerda el documento. “El TISA presenta un importante desafío de negociación para Uruguay, no exento de dificultades en determinados sectores”, valora.
Uruguay deberá hacer una primera oferta tentativa en julio cuando participe de otra ronda negociadora en Ginebra. Ya se han realizado 12 rondas.
Si se incluye a Uruguay, en el acuerdo participan otros 24 países y territorios: Australia, Canadá, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Chile, Estados Unidos, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, México, Noruega, Nueva Zelanda, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Suiza, Taiwán, Turquía y la Unión Europea. En abril de 2015 la isla de Mauricio solicitó ingresar al grupo de negociación. En septiembre lo hizo China, aunque Estados Unidos sería renuente a aceptarla por la fuerte competencia que puede representar.
Casi todos los países ya han presentado sus ofertas. Los países que todavía no lo han hecho son Paraguay, Panamá y Uruguay. En la región, Brasil no ha querido integrarse a las conversaciones.
Las ofertas se presentan bajo el paraguas de algunos grandes temas que son: Regulación Doméstica, Transparencia, Movimiento de Personas, Telecomunicaciones y Comercio Electrónico, Servicios Financieros, Transporte Marítimo, Servicios Profesionales, Correo Competitivo, Servicios Aéreos, Servicios Energéticos, Subsidios y Transporte de Carga por Carretera. El objetivo del acuerdo es ampliar el alcance y las normas del Acuerdo General sobre el Comercios de Servicios adoptado en el seno de la OMC.

Saliendo al cruce.

El gobierno aclara que el TISA “no afecta a la capacidad de los Estados para regular libremente sus mercados de servicios” y, por lo tanto, “no modifica las normas que deben cumplir todos los proveedores, tanto nacionales como extranjeros, en ámbitos como la protección de los derechos de los trabajadores y la protección del medio ambiente o de la salud y la seguridad de las personas”.
El gobierno, claramente consciente de cuáles son los temas relevantes para la izquierda, recuerda que Estados Unidos y la Unión Europea (protagonistas principales de la negociación en curso) explícitamente establecieron que el acuerdo no impedirá que los gobiernos brinden directamente servicios en áreas como el suministro de agua, la educación, la salud y los servicios sociales.
El TISA tampoco exigirá a los gobiernos privatizar servicios o impedir que expandan las áreas de suministro de servicios al público. Y no modifica las normas que deben cumplir todos los proveedores, tanto nacionales como extranjeros en materia de protección de los derechos de los trabajadores y del medio ambiente, la salud y la seguridad de las personas.
El documento explica también que las obligaciones que contraiga Uruguay serán aplicables únicamente a los sectores que sean incluidos en las listas de compromisos (denominada “lista positiva”).
En lo que se refiere a la concesión de Trato Nacional a proveedores extranjeros, las obligaciones que eventualmente se asuman, se aplicarían de manera horizontal a todos los sectores y modos de suministro. En este caso, el gobierno deberá especificar cuáles son los servicios, actividades o leyes que no estarán sujetos a esta norma (“lista negativa”). Y los países que decidan no asumir un compromiso de acceso a los mercados, conservarán su capacidad para cerrar el sector a la competencia en el futuro, por ejemplo mediante la imposición de un monopolio.
Se considera que el objetivo de las conversaciones que se realizarán en julio es definir el alcance que tendrá el acuerdo finalmente e identificar cuáles son los temas que pueden trabar los asuntos que están bajo discusión.

Contrapunto por el TISA.

EN CONTRA…

Participantes.

El diputado socialista Roberto Chiazzaro argumenta que es un error que Uruguay comience a negociar un acuerdo de este tipo en solitario y destaca que Brasil optó por no integrarse a las tratativas.

Motivos.

Los opositores al TISA creen que el acuerdo es impulsado, tras bambalinas, por las grandes transnacionales que no han logrado recuperar su rentabilidad tras la crisis financiera de 2008.

Diferendos.

Preocupa a los opositores que las controversias que afecten a Uruguay sean dirimidas en órganos arbitrales como el Ciadi, perteneciente al Banco Mundial, que suelen fallar a favor de los países ricos.
upúblicos. El sindicalista de COFE, Joselo López, consideró que si bien el TISA puede no traer privatizaciones afectará a las empresas públicas porque las expondrá a la competencia de las compañías multinacionales.
usalvaguardas.
Quienes cuestionan el TISA echan en falta cláusulas de salvaguarda que sí existen en los acuerdos de la OMC y dicen que debilita las preferencias vigentes para las empresas locales, en, por ejemplo, licitaciones.

A FAVOR…

Oportunidad.

El gobierno argumenta que es mejor estar en las conversaciones que no hacerlo y recibir un acuerdo cerrado. Y destaca que los actores más relevantes del comercio de servicios están discutiendo el TISA.

Beneficios.

El gobierno y la Cámara Uruguaya de Software enfatizan los beneficios que el Tisa traería para ese sector y para otros como los servicios globales, los profesionales, la logística y el turismo.

OMC.

El documento que la cancillería difundió no hace referencia a los temas arbitrales pero enfatiza que todos los participantes en las tratativas son integrantes de la Organización Mundial del Comercio.

Lista.

El gobierno dice que tiene la posibilidad de presentar una lista “negativa” y resguardar a sectores de la competencia. Los monopolios estatales, como el agua, la telefonía básica y la refinación no serán afectados.

Abrirse.

Los partidarios del acuerdo entienden que un país pequeño como Uruguay necesita abrirse al mundo y aseguran que el Estado conservaría la potestad de proteger los sectores que defina.

DEBATE INTERNO.

El PCU y algunos socialistas en contra.

El presidente Tabaré Vázquez se enteró luego de asumir que el gobierno anterior había dado pasos para sumar a Uruguay a las conversaciones del TISA y prometió un estudio cuidadoso y una ronda de información y consultas con el Frente Amplio. El secretariado del Frente Amplio ya recibió a los ministros de Transporte, Víctor Rossi, y de Turismo, Liliam Kechichian, para analizar el punto. También participó del encuentro Gabriel Papa, asesor del Ministerio de Economía.
En el Frente Amplio aseguran que no hay prisa por tomar decisiones. Varios dirigentes socialistas se oponen a las conversaciones y el Partido Comunista lo hace en bloque. En el Movimiento de Participación Popular la situación es más compleja porque uno de sus diputados, Alejandro Sánchez, firmó una carta en contra del TISA, pero el hecho es que las conversaciones fueron comenzadas por el gobierno que presidía José Mujica, líder del sector. Mujica incluso cuestionó un paro que se realizó en contra del TISA. El excanciller emepepista Luis Almagro aseguró que no hubo secretismo en la incorporación de Uruguay a la negociación. El astorismo apoya la negociación.
Sin embargo, la central sindical, cuyos dirigentes en su gran mayoría simpatizan con el oficialismo, tiene una postura de tajante oposición al TISA. De hecho, esa posición de rechazo ya ha sido incorporada a la plataforma de la central.
En la oposición no se han escuchado voces contrarias, lo que hace que el gobierno tenga problemas hacia adentro para obtener apoyo y no hacia afuera. Personalidades independientes de izquierda también se pronunciaron en contra de la negociación.
El Pit-Cnt tiene algunas preocupaciones vinculadas, por ejemplo, a una mayor apertura del sector de las telecomunicaciones.
Es cierto que la Unión Europea ya dejó claro que quisiera que se eliminen los topes que las normativas locales puedan tener a la propiedad por extranjeros de acciones de empresas de telecomunicaciones.
Los europeos también plantearon que si una empresa de servicios establece una subsidiaria en otro país firmante del TISA puede llevar a ese estado personal propio para asegurar una adecuada conducción de su filial.
La Unión Europea aseguró que no quiere, como consecuencia de un eventual acuerdo, comprometer la calidad de los servicios públicos de salud de los países.

Acuerdo de comercio de servicios

Dos ex ministros de Mujica contra el TISA

Cincuenta personas, entre las que se encuentran dos ex ministros del gobierno de José Mujica, intelectuales, legisladores e incluso músicos, firmaron una declaración en la cual expresan su rechazo al TISA.

may 22, 2015 CARAS Y CARETAS

La misiva, que fue publicada en el semanario Brecha, explica que el objetivo es expresar su preocupación”respecto a la participación uruguaya en las negociaciones par el acuerdo denominardo TISA (acuerdo en comercio de servicios), sobre las que hemos podido obtener información fragmentada y tardía”.

“Este último señalamiento no resulta un aspecto menor a propósito del involucramiento del país en negociaciones de tan extraordinaria implicancia estratégica y ajenas a las garantías mínimas que ofrece la negociación multilateral”, agrega el comunicado.

Los firmantes expresaron su intranquilidad respecto a la “concesión de trato nacional a las empresas extranjeras (salvo casos de excepción expresa) con la consiguiente eliminación de las prioridades a las empresas nacionales en general, públicas o privadas y a las pequeñas y micro empresas”.

A su vez, agregaron que una consecuencia del TISA será el “debilitamiento de la protección a los trabajadores y trabajadoras y el retroceso del Estado -con el menoscabo de sus empresas públicas- como motor del desarrollo. El TISA no reconoce las profundas asimetrías entre los países -no contempla el trato especial y diferenciado- y trastoca la claúsula de salvaguardia, que tradicionalmente ampara a un Estado ante el exceso de importaciones en un sector, atándola a eventuales desequilibrios en la balanza de pagos, que quedan sujetos al monitoreo del FMI, volviéndose, en definitiva, un amparo para el país exportador”.

En la carta condenan también la “naturaleza secreta de las negociacines” y “la falta de información y participación de las y los ciudadanos”, en lo que configura para ellos una verdadera “práctica antidemocrática”.

También destacaron que “Uruguay tiene poco para ganar en este acuerdo y mucho para perder” entre otras cosas porque “se pone en juego la autonomía de las políticas públicas en las más diversas áreas”.

Finalmente, solicitan que se realice un debate público “genuino y profundo” sobre lo que refiere al TISA, “para lo que resulta imprescindible la postergación de la presentación de la lista de oferta uruguaya, lo que implicaría la aceptación de condicionamientos y restricciones contrarios a la defensa de los intereses nacionales”.

Entre los firmantes se encuentran los ex ministros Daniel Olesker y Roberto Kreimerman; la diputada Macarena Gelman; el músico Gabriel Peluffo, el presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Sánchez y la senadora, Constanza Moreira; entre otros.

Las ideas no se venden

Un debate ideológico: el TISA rompe cabezas

Hace quince años un ministro ruso llegó a Uruguay y lo dejó claro: “En el comercio no tenemos ideología”. En Uruguay el debate sigue instalado. Un tema complejo como la negociación global de los servicios asume un perfil político y lo técnico pasa a un segundo plano.

J.P. CORREA / G. TERRA

dom may 24 2015 El País uy

El músico Jorge Schellemberg, actual director de la Sala Zitarrosa, admitió a El País que no es profundo su conocimiento sobre el Acuerdo Internacional de Servicios (TISA, por sus siglas en inglés) que se negocia en Ginebra y del que Uruguay participa, pero esta semana firmó una declaración en su contra porque “el texto me llegó a través de gente conocida y me pareció interesante apoyar un espacio de reflexión sobre el tema”.
La declaración, que entiende que el TISA será “peligroso” para el desarrollo del Uruguay, fue firmada por políticos como los ex ministros Roberto Kreimerman y Daniel Olesker, intelectuales como el historiador Gerardo Caetano y artistas como Schellemberg.
Para el contador Bruno Gilli, socio de CPA Ferrere, la mayoría de los firmantes que se oponen al TISA “nunca hizo una boleta ni salió a romperse el alma para vender servicios en el mundo”, por lo que “su opinión es poco relevante”.
“Se definen como un grupo de uruguayos preocupados por el país, ¿y los que vendemos servicios en el exterior qué somos? ¿Funcionales a Obama? ¿A la OCDE? ¿No nos importa el Uruguay? No todo puede ser ideologizado”, manifestó a El País.
El presidente de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI), Carlos Caetano, recordó que “la Unión Soviética ya no existe” y que “la única manera de crecer es abrirnos al mundo”.
Pero la polémica sobre el tema no es un patrimonio uruguayo. Por estos días los docentes de Nueva Zelanda alzaron la voz y denunciaron que su país pretende liberalizar en el TISA su educación, lo que, afirman, según la prensa de ese país, limitará su capacidad regulatoria, pondrá dicha área a merced de privatizaciones y bajará la calidad de la docencia.
Lo cierto es que la publicación de la carta abierta avivó un debate que el Pit-Cnt había instalado semanas atrás, cuando sus cuestionamientos al TISA formaron parte de la plataforma de su primer paro general parcial en este gobierno. En la izquierda hay quienes dicen, aunque por lo bajo, que el TISA es hoy para los “ortodoxos” lo que en el pasado fue el Fondo Monetario Internacional o el imperialismo yanqui, esos fantasmas que los gobiernos del Frente Amplio exorcizaron hace rato.
El TISA se negocia en Ginebra y apunta a liberalizar el sector servicios, tal vez el más preciado de la economía global. De la discusión participan Australia, Canadá, Chile, Taiwán, la Unión Europea (28 países), Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, Nueva Zelanda, Noruega, la República de Corea, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Perú, Turquía, Estados Unidos, Pakistán y Paraguay. Uruguay se sumó en 2013 y participó de dos reuniones. No obstante, el TISA avanza a velocidad crucero, tiempos a los que la diplomacia local no está acostumbrada. La próxima reunión será en julio, y en muchos aspectos las partes ya han tomado posición.

El menú.

El ministro de Economía, Danilo Astori, de la misma manera en que se ilusiona con firmar un acuerdo con la Unión Europea, expresa con cautela la necesidad de estar presente en la negociación del TISA. Argumenta, entre otras cosas, que es mejor “estar en la cocina” que recibir un plato “cocinado” y que Uruguay podría excluir los sectores que elija de la competencia externa. En esta postura es acompañado por el canciller Rodolfo Nin Novoa. El presidente Tabaré Vázquez, que se enteró que Uruguay había entrado en la negociación después de asumir, por ahora se ha limitado a prometer un análisis cuidadoso.
Uno de los firmantes de la declaración contra el TISA es el diputado socialista Roberto Chiazzaro, que fue asesor del ex canciller también socialista, Reinaldo Gargano, quien encabezó la oposición dentro del oficialismo al TLC con Estados Unidos. Chiazzaro interpreta el lanzamiento de las tratativas del TISA como un intento por parte de grandes empresas transnacionales por recuperar la rentabilidad que perdieron en la crisis de 2008 y las juzga peligrosas para un país pequeño. “Esto se hace fuera de la OMC, en otro ámbito. Lo único que se negocia son servicios y en secreto, y esto se hace así porque en general, cuando los pueblos conocen lo que se negocia, se oponen”, dijo el legislador a El País.
Para Caetano, de la CUTI, la “ideologización” del debate es “lo peor” que puede ocurrir porque “impedirá discutir el fondo del asunto”. “Este es un tema muy técnico y hay que darle la derecha a alguien, y los únicos que se prepararon para esto están en la Cancillería. Hay que dejarlos trabajar y al final del día ver si entrar al TISA nos sirve o no. Pero de nada ayudan los preconceptos. El mundo cambió, la Unión Soviética ya no existe”, manifestó.
Señaló que el sector de tecnologías de la información, que emplea a 11.000 trabajadores, tiene problemas para exportar y, por ejemplo, a Brasil no entra por el proteccionismo y las retenciones del 35%. “¿A eso le llaman Mercosur”, se preguntó.
También apuntó que hay empresas que se están instalando en otros países, como por ejemplo Chile, porque los tratados de libre comercio de ese país les dan ventajas comparativas muy tentadoras. “Plantean esto como una dicotomía, o nos entregamos al vil imperio o nos cerramos del todo. No es una cosa ni la otra”, consideró.
El sector exportó el año pasado por más de US$ 310 millones y, según Caetano, puede crecer hasta cinco veces en el corto plazo. “Para eso es fundamental abrirnos al mundo y vender más. En eso, el TISA puede ayudar”, estimó.

Regalados.

Para Chiazzaro, los riesgos le ganan a los beneficios. “No hay cláusulas de salvaguardia como sí hay en la OMC. No hay nada que regule las asimetrías. No vamos a negociar con un bloque, vamos en solitario, regalados. Es una locura que un pequeño país negocie solo. Además, se nos obligaría a aceptar todo lo que se haya negociado hasta ahora. Brasil, India y China no están”, advirtió el diputado.
Chiazzaro relativiza los beneficios que un acuerdo como el TISA podría traer para la industria del software. “Estados Unidos cobra tasas bajas para el software, del orden del 6%. ¿Vamos a poner tanto en riesgo por una ventaja no tan grande?”, inquirió. Chiazzaro cree que podría verse afectada la actividad de médicos, ingenieros, abogados y contadores. Dice que en muchos diferendos por inversiones no podría actuar la Justicia uruguaya sino organismos como el Ciadi (que en general fallan a favor de los países desarrollados) y que Estados Unidos ya planteó que Uruguay debe abrir su sector de las telecomunicaciones.
Caetano sostiene que su interés es “exportar más” y en eso no pesa ser blanco, colorado o frenteamplista. “Cayó el comunismo, los países se abrieron y mejoraron. Vamos a ver qué piden, y luego resolvemos. La negociación no puede estar condicionada por una disputa ideológica al interior de la fuerza de gobierno. Acá el problema no es el TISA, lo que debemos discutir es qué país queremos tener dentro de veinte años y el que se quiera jugar al mercado interno está en el horno”, dijo.

Hipocresía.

Gilli cuestiona la ausencia de argumentos técnicos de la declaración contra el TISA. “Son solo concepciones sobre cómo les gustaría que el mundo funcione. Pero ninguno de los firmantes vende servicios”, afirmó.
También señaló que todos los que se pronuncian en contra del acuerdo son “pro Mercosur” pero “no dicen que el noventa por ciento de las actas del bloque son secretas, no se quejan pero, además, ese no puede ser un argumento para entrar o salir de un acuerdo internacional”.
“El gran problema es que aquí se debate desde posiciones de poder y no por el bien común. Dicen que están en contra y no abren la puerta para ser convencidos. Yo no tengo posición tomada, tal vez el TISA no nos sirva, pero hay que discutirlo sin prejuicios”, agregó. Como vendedor de servicios, señala que Uruguay tiene problemas para acceder a mercados y no puede mostrarse cerrado al mundo.
“Uruguay tiene que ver cómo exporta más y para eso hay que abrirse, con un mercado interno de tres millones vamos al muere”, acotó.
Como ejemplo del “Uruguay cerrado” que describe, señala que hoy, un rector de Harvard no podría aspirar al mismo cargo en la Universidad de la República. “Hay que abrir la cabeza, así lo hicieron los países que más crecen. También hay mucha hipocresía. Muchos de los que firman defienden cerrarse pero después mandan a sus hijos a hacer postgrados afuera”, dijo.
Chiazzaro no suscribe que el Mercosur sea un factor de cierre de la economía uruguaya. “En 1999 el 60% de las exportaciones iban al Mercosur. Hoy va el 26%. Uruguay es una economía abierta que exporta a muchos destinos. Yo reconozco que el Mercosur no está en un buen momento, pero la ralentización es global. Y a donde exportamos valor agregado es a la región. ¿Le vamos a vender autos a Europa? Hasta que no cambie la matriz productiva estaremos sujetos al vaivén de los precios de los commodities”, opinó. Para Chiazzaro, tendría sentido quizás abrir más el mercado de los servicios a cambio de que los países más desarrollados abran su mercado a los competitivos productos agropecuarios de la región y desmonten sus subsidios, algo que hoy aparece como improbable.
Otro aspecto que preocupa a Chiazzaro es que el TISA implicaría que empresas internacionales se podrían beneficiar de inversiones hechas por empresas locales. Por ejemplo, Google podría acceder al uso del cable de fibra óptica que Antel con otros socios está instalando entre Miami y Montevideo a “un precio accesible y razonable”, según establecen los textos en negociación. “¿Quién establece lo que es un precio accesible y razonable?”, se preguntó el diputado socialista.
La oposición sindical también será dura. Joselo López, de la Confederación de Funcionarios del Estado (Cofe), dijo a El País que el TISA puede quitar márgenes de preferencia a las empresas locales en las compras públicas. Por otra parte, advirtió que “no se habla de privatización, pero a las empresas públicas se las expondrá a la competencia de las transnacionales”. “La Unión Europea, Estados Unidos, Australia no impulsan esto por el interés que puedan tener por el mercado uruguayo sino para meter una cuña en el Mercosur, vaya a saber a cambio de qué”, sostuvo. El TISA puede traer “un blindaje terrible” a las empresas internacionales que se escudarían en los arbitrajes internacionales”, afirmó López.

Por “choques” con las medidas gremiales adoptadas por los funcionarios

Director del zoo expulsado de Adeom

El director del Sistema Departamental Zoológico de Montevideo, Eduardo Tavares, fue expulsado de Adeom, informaron a El País fuentes sindicales. El gremio se ha enfrentado con el jerarca (que tiene jurisdicción sobre los parques de Villa Dolores, Lecocq y Punta Espinillo) por diferencias respecto a medidas sindicales.

Desde que se anunció el cierre por reformas, funcionarios quedaron enfrentados con director.

ANDRÉS LÓPEZ REILLYvie may 29 2015 El País uy

En enero, los funcionarios municipales manifestaron preocupación por no saber qué ocurrirá con las obras del zoológico de Villa Dolores, cuyo cierre dispuso la Intendencia de Montevideo el 4 de diciembre para realizar tareas de remodelación. “Como trabajadores nos tiene muy inquietos el hecho de no saber cuál es la obra ni cuáles son los planes para el zoológico”, dijo entonces el secretario general de Adeom, Aníbal Varela.
“En este momento el zoológico está cerrado porque la señora intendenta lo mandó cerrar, no por medidas gremiales como se manejó hace algunos días”, aclaró el dirigente de Adeom en referencia a la decisión de la jefa comunal, Ana Olivera, de cerrar temporalmente el predio al público.
Para resolver una expulsión de Adeom, son necesarios 10 de los 15 votos del Ejecutivo sindical. Con menos de 10 votos, solamente pueden resolverse suspensiones de hasta 6 meses. Si bien los estatutos de Adeom señalan que las expulsiones son por dos años, en general los expulsados “nunca vuelven”, indicaron las fuentes sindicales.
En 2012, la IMM presentó su proyecto de Sistema Departamental Zoológico, que comenzó a funcionar en 2013 con la integración del parque Lecocq y Villa Dolores bajo la misma dirección de Tavares.
En Villa Dolores trabajan 80 funcionarios para atender a más de 2.000 animales.

Villa Dolores.

Varela también había denunciado que las últimas tres administraciones municipales del Frente Amplio “no han invertido un peso” en el zoológico y que eso ha “desmembrado” su operativa.
Según Varela, la Intendencia inicialmente preveía destinar US$ 12 millones, luego US$ 4 millones y finalmente decidió invertir US$ 380.000 en las obras de Villa Dolores. “Las obras faraónicas que en primera instancia se habían planteado no existen”, cuestionó.
En diálogo con El País, Tavares aclaró poco después que los 380.000 dólares en realidad serán destinados a la primera de varias etapas de la obra.
“Unos US$ 12 millones puede ser la cifra para que Villa Dolores sea lo que debe ser. Es una inversión justificada. Vale la pena. Los uruguayos se merecen tener ese paseo en condiciones irreprochables”, anotó Tavares.
Tras el anuncio de la Intendencia de iniciar un plan de obras en el principal zoológico de la ciudad, que incluyó el cierre al público, los funcionarios resolvieron en asamblea rechazar la medida y anticiparon que no dejarían que ningún animal fuera trasladado. Entre los traslados previstos, está el envío de los dos tigres a un santuario de Estados Unidos, aunque los funcionarios del zoo aseguraron que “de acá no se moverá ni una paloma”.
Aun frente a esta postura de los trabajadores, la Intendencia de Montevideo se ha mantenido firme en su idea de trasladar algunos animales grandes hacia el Parque Lecocq.
En este último parque, Tavares ha debido enfrentar otro tipo de problemas: los “ataques de” grupos defensores de los animales que han ingresado para abrir jaulas y grafitear los muros.

La conducta de los afiliados.

Según el artículo 18° de los estatutos de Adeom, son causales de expulsión: “Primero: la conducta moral o gremialmente irresponsable, que dañe a la Asociación, graduándose la pena con atención a la gravedad de la falta, desde el apercibimiento hasta la expulsión; y segundo: la comisión de delitos comunes de carácter infamante cuando hubiere sentencia condenatoria”.

A UN MES DE LA ELECCIÓN.

Sindicato sigue sin presidente.

Se cumple hoy un mes de la elección de Adeom y el sindicato no ha definido aún los cargos de presidente, secretario general y secretario de finanzas. Ayer hubo una reunión del Ejecutivo sindical que pasó a cuarto intermedio hasta esta tarde, cuando podrían surgir novedades.
De acuerdo al resultado de la elección, los 15 cargos del Consejo Ejecutivo de Adeom serán cubiertos de la siguiente manera: cuatro por la lista 307 (la “ganadora”, con 884 votos); cuatro por la lista 2011 (que recibió 778 votos); dos por la nueva lista 1330 (411 votos); dos por la lista 1980 (que obtuvo 493 votos y perdió un cargo); uno por la lista 1974 del actual presidente Luis Almeida (343 votos); uno por la nueva lista 810 (291 votos), y uno por la lista 777 que debuta en el Ejecutivo sindical, con 179 votos. Ninguna lista obtuvo mayoría (ocho representantes en el Ejecutivo) como para poder definir por sí sola los cargos de conducción, por lo que desde hace días se están tejiendo alianzas para hacer las designaciones.
Fuentes de Adeom dijeron que la lista 307 de Aníbal Varela, por ser la más votada, podría conservar la Secretaría General.

Un juez le dio al Ministerio de Industria seis días para entregar el proyecto

Tercer fallo que obliga a liberar información sobre minera Aratirí

El juez letrado de Montevideo, Alejandro Martínez de las Heras, volvió a fallar esta semana en contra del Ministerio de Industria, Energía y Minería y le dio seis días para que libere la información hasta ahora reservada sobre el proyecto minero para extraer hierro de la empresa Aratirí.

 

sáb may 30 2015 El País uy

La información es reclamada por el movimiento Uruguay Libre que se opone a la minería metalífera a “cielo abierto”
El juez entiende que no son de recibo los argumentos que el ministerio esgrime para negarse a difundir la información, que básicamente se vincula con la condición comercial de los datos. Martínez de las Heras escribió que “amparar el planteo formulado (por el ministerio) supone dejar el cumplimiento del fallo al arbitrio unilateral de la demandada, circunstancia que atenta naturalmente contra el principio de tutela judicial efectiva y transforma a la sentencia ejecutoriada en una declaración meramente teórica e ineficaz”.
El ministerio pretendía mantener en reserva datos sobre, entre otros aspectos: la realización de pozos de sondeo, la clasificación de recursos minerales, la determinación de las reservas, la forma y dimensiones de la mina, el ritmo de producción, los equipos que se utilizan, las dimensiones de las voladuras, la cantidad de explosivos utilizada, la capacidad de las cintas transportadoras, las pilas de acopio de mineral, la programación de la explotación, el diseño y la operativa de la mina, la descripción de la planta industrial, el dimensionamiento de los equipos y la capacidad instalada de la planta que están relacionados con la cantidad de mineral a procesar y el ritmo de producción.
Martínez dice que “se trata de cuestiones que indudablemente implican y comprometen aspectos vinculados a información ambiental que no pueden comprenderse dentro de la excepción legal, pese a los esfuerzos interpretativos que al respecto se realicen”.
El magistrado considera que no es aceptable la “reclasificación” de la información que hizo la Unidad de Evaluación, Control y Gestión de Proyectos Mineros del Ministerio de Industria para intentar determinar qué parte de ella no debía difundirse.
“Resulta improcedente admitir en los términos planteados la referida reclasificación cumplida con posterioridad al dictado de las sentencias definitivas de primera y segunda instancia, por lo que debe ser entregada la totalidad de la información pendiente (…) y ello por cuanto, la propia reclasificación (…) comprende asuntos de clara repercusión ambiental cuyo conocimiento no admite sesgo ni cortapisa alguna en la posibilidad de acceso a la información pública relativa a los mismos impuesta en las sentencias en ejecución.”
El magistrado también le advierte al ministerio que “el cumplimiento efectivo de la sentencia dictada en autos aún se encuentra pendiente y no existen mayores dificultades interpretativas para efectivizar el citado cumplimiento”.
El juez señala que la propia ley de minería de gran porte (número 19.126, que establece el marco legal del proyecto de Aratirí) fija que no podrá ser considerada de carácter confidencial o reservada la información relacionada con los aspectos ambientales de esta iniciativa minera.
Los integrantes de Uruguay Libre dicen que la extracción de hierro sería ambientalmente dañina y que los volúmenes de extracción de hierro previstos son excesivos.

Un proyecto que está cada vez más en duda.

La empresa Aratirí pidió a partir de 2011 y en varias ocasiones que el Ministerio de Industria declarase reservados algunos aspectos de sus planes. La cartera accedió a ese pedido. El estudio de impacto sobre la iniciativa de Aratirí está siendo realizado por la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Pero pese a que el gobierno todavía no lo admite directamente, todo indica que el proyecto ha perdido impulso. La baja en el precio del hierro que llegó a 47% el año pasado llevó a que la compañía redimensionara sus planes y presentara al gobierno un proyecto mucho más pequeño que el original que supone la exportación del mineral por el puerto de Montevideo y ya no por la costa de Rocha. Primero planeaba exportar 18 millones de toneladas al año y ahora no más de 2 millones.

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