Publicado en: 1 febrero, 2018

Noticias uruguayas 31 enero 2018

Por Colectivo Noticias Uruguayas

URUGUAY: Reclaman a Vázquez investigar amenazas del Comando Barneix

Se cumplen 50 años de la foto que destapó el horror de la guerra de Vietnam // La Guerra del Pueblo en Vietnam del Sur por Le Duan // Lumumba: 57 años años después de su asesinato a manos del colonialismo // “La nueva estrategia del Pentágono aumentará el riesgo de que estalle una guerra nuclear” // “El fraude no es el bitcóin, sino el dólar”: John McAfee habla del futuro del dinero digital // HONDURAS: Entre la diplomacia y la represión JOH se impone en la presidencia // CRÓNICA DE LA TOMADURA DE PELO DE LA POSESIÓN DICTATORIAL // Entre emboscadas y rechazo a nuevo mandato de JOH miles de manifestantes desafiaron el miedo // Terminó la insurrección y los coroneles vuelven a sus cuarteles // “Hernández maneja el narcotráfico desde la presidencia de Honduras”: Nasralla // URUGUAY: Reclaman a Vázquez investigar amenazas del Comando Barneix

URUGUAY

 

Reclaman a Vázquez investigar amenazas del Comando Barneix

Hace un año 13 personas fueron amenazadas de muerte pero la investigación no avanza.
martes 30 de enero de 2018 – CARAS Y CARETAS
Un grupo de abogados y defensores de los derechos humanos elevó una carta al presidente Tabaré Vázquez reclamando se investiguen las amenazas de muerte contra varios investigadores realizadas por el autodenominado Comando Barneix.
Recuerdan que entre fines de enero y comienzos de febrero de 2017 el referido comando amenazó de muerte “a 13 personas, tanto uruguayas como extranjeras, de destacada trayectoria y compromiso con los derechos humanos y la lucha contra la impunidad por los crímenes de la dictadura en Uruguay”.
Exigin que el Estado, “y específicamente el Poder Judicial”, lleven a adelante “una investigación exhaustiva de la amenaza y sus responsables”. Al mismo tiempo reclaman que “se exploren todas las posibles pistas y caminos investigativos adicionales y complementarios, indagando con qué tipo de apoyos o conexiones puede contar el llamado Comando Barneix, las posibles vinculaciones con ciertos sectores de las Fuerzas Armadas, quiénes en Uruguay tienen acceso a la tecnología que permitiría enviar dichas amenazas cubriendo tan eficazmente sus rastros, etc”.
La carta está firmada por Federico Álvarez Petraglia, Pablo Chargoñia, Juan Errandonea, Mirtha Guianze, Belela Herrera, Louis Joinet, Jair Krischke y Francesca Lessa.
Texto completo de la nota:
29 de enero de 2018
Sr. Presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez,
Autoridades políticas y judiciales de la República Oriental del Uruguay
Nos dirigimos a Ustedes en nuestra calidad de defensores/as de derechos humanos que hace exactamente un año recibieron amenazas de muerte por parte del autodenominado Comando General Pedro Barneix.
Como es de público conocimiento, a través de varios correos electrónicos que fueron enviados entre fines de enero y comienzo de febrero de 2017, dicho Comando amenazó de muerte a 13 personas, tanto uruguayas como extranjeras, de destacada trayectoria y compromiso con los derechos humanos y la lucha contra la impunidad por los crímenes de la dictadura en Uruguay.
Los correos afirmaban que no se iba aceptar ningún suicidio más “por injustos procesamientos” y que “por cada suicidio de ahora en más” se iban a matar a tres “elegidos azarosamente” de la lista de 13 personas. La carta terminaba diciendo que además tenían varias personas más en la mira, “cuyos domicilios y hábitos” ya tenían relevados.
La amenaza de muerte ha sido condenada por innumerables organismos nacionales e internacionales, como por ejemplo la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), el Observatorio Luz Ibarburu, los Fiscales Generales del MERCOSUR, el Colegio de Abogados de Uruguay, Amnistía Internacional Uruguay , France Amerique Latine, Dónde Están Uruguay, la Asociación de ex preso políticos chilenos en Francia, the Washington Office on Latin America (WOLA), the Center for Justice and International Law (CEJIL), y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Cabe recordar que hasta este momento ningún representante del Estado uruguayo ha condenado y/o rechazado esta amenaza de forma pública y contundente. Tampoco ningún representante estatal apareció frente a la CIDH en fecha 25 de mayo de 2017, en una audiencia convocada por la Comisión para tratar específicamente la situación de la amenaza y de la justicia en Uruguay. La ausencia de Uruguay fue calificada por la misma CIDH como “preocupante”.
Cuando se cumple un año de tan lamentable acontecimiento, escribimos esta carta abierta para denunciar la falta, hasta la fecha, de cualquier avance satisfactorio en la investigación de los hechos y la identificación de los responsables. La investigación judicial, en nuestra opinión, ha sido insuficiente y limitada, y no ha arrojado ningún avance significativo que pudiera aportar resultados concretos. Resaltamos además que tampoco se ha tomado ninguna medida efectiva de protección en favor de las personas amenazadas.
En los casos específicos de los amenazados de nacionalidad extranjera, subrayamos cómo su posibilidad de viajar al Uruguay ha sido directamente restringida. La investigadora Francesca Lessa, en particular, quien estaba llevando adelante un proyecto de investigación académica en Uruguay, tuvo que abandonar el país, ya que tanto la Universidad de Oxford como la Embajada Italiana consideraban que no se daban las condiciones de seguridad e integridad física para continuar con su trabajo ahí.
Lamentablemente, esta amenaza no es un hecho aislado sino ya es parte de un patrón alarmante de eventos que han venido ocurriendo en el Uruguay en los últimos años en contra de periodistas, operadores judiciales, defensores de derechos humanos, y antropólogos forenses. Recordamos, por ejemplo, como durante la Semana de Turismo de 2016, el Grupo de Investigación en Antropología Forense de la Universidad de la República fue víctima de un robo en su laboratorio, junto con amenazas en contra de sus integrantes.
Posteriormente, en octubre de 2017, ocurrieron por lo menos dos intentos de robo y el ingreso de personas no autorizadas a predios donde los antropólogos estaban realizando excavaciones en búsqueda de los cuerpos de detenidos desaparecidos, en el Batallón 13 y el Grupo de Artillería Antiaérea N°1.
Finalmente recordamos como el Fiscal Jorge Díaz, ya amenazado por el Comando Barneix, fue nuevamente amenazado de muerte el 18 de noviembre de 2017, por un llamado telefónico de un llamado Comando de Restauración Nacional, quien afirmó que el Fiscal iba “a morir en la calle”.
Todos estos hechos siguen aún impunes.
Exigimos que el Estado uruguayo, y específicamente el Poder Judicial, realicen de una vez una investigación exhaustiva de la amenaza y sus responsables, que se exploren todas las posibles pistas y caminos investigativos adicionales y complementarios, indagando con qué tipo de apoyos o conexiones puede contar el llamado Comando Barneix, las posibles vinculaciones con ciertos sectores de las Fuerzas Armadas, quiénes en Uruguay tienen acceso a la tecnología que permitiría enviar dichas amenazas cubriendo tan eficazmente sus rastros, etc.
Sabemos que se usaron diferentes procedimientos en cada uno de los emails (tres) a los que nosotros tuvimos acceso, demostrando la sofisticación y complejidad de la amenaza. Pero, a esa sofisticación y complejidad, la investigación judicial responde con lo que vemos como falta de adecuada estrategia.
El año 2017 estuvo signado por el casi nulo avance de las investigaciones por crímenes de la dictadura: solo hubo un nuevo procesamiento -cuando en realidad existen más de 35 pedidos de procesamiento- y la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad aún no entró en funciones a muchos meses de su creación.
Estamos sumamente preocupados con esta situación de impunidad en el Uruguay que ya no abarca solamente los delitos del pasado reciente, sino también los del presente: amenazar de muerte constituye un delito bajo el Código Penal uruguayo.
La Corte Interamericana ha resaltado en muchas oportunidades como los estados tienen “la obligación de combatir” la impunidad “por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos” (Caso Bulacio Vs. Argentina, Sentencia de 18 de septiembre de 2003).
Parece propicio, señor Presidente, Autoridades políticas y judiciales de la República Oriental del Uruguay, reflexionar seriamente sobre las palabras del sacerdote Luis “Perico” Pérez Aguirre, fundador de SERPAJ Uruguay:
Triste sería conservar para siempre en nuestra memoria colectiva el hecho fatal de que nos hemos convertido en pueblos pusilánimes doblegados por abyectas amenazas de algunos militares que obligan a olvidar y dejar impunes a los criminales. Sería insoportable convivir para siempre con la propia vergüenza y la dignidad perdidas. La paz, que siempre es fruto de la justicia restablecida, se volvería una ilusión inalcanzable y nostalgiosa.
Con nuestros mayores respetos,
Federico Álvarez Petraglia, Pablo Chargoñia, Juan Errandonea, Mirtha Guianze, Belela Herrera, Louis Joinet, Jair Krischke y Francesca Lessa.

Ferroviarios ocupan Taller Diésel de AFE en rechazo a despido de trabajadores

La Unión Ferroviaria decidió ocupar desde este lunes 29 de enero las instalaciones del Taller Diésel de AFE, ubicado en Aparicio Saravia, en rechazo al despido de cuatro funcionarios pertenecientes al sindicato.

afe-trenes-uruguay

El prosecretario general de la Unión Ferroviaria, Ricardo Cajigas, informó en las últimas horas sobre la decisión del sindicato.
En declaraciones al Portal del PIT-CNT, el dirigente gremial expresó que la situación del sector “es compleja”.
Cajigas dijo que los despidos “casualmente  ocurrieron cuando los trabajadores de Servicios Logísticos Ferroviarios se sindicalizaron”.
“Nosotros no queríamos culpabilizar a los trabajadores por las decisiones y errores del gobierno en este proceso. Les ofrecimos que se afiliaran y así lo hizo el 100% de los funcionarios” dijo.
También cuestionó que los despidos se concretaron “mediante telegramas en los que se alegaban razones de una supuesta reestructura”.
“Si ese hubiera sido el verdadero motivo y no la sindicalización de los trabajadores, se debería haber formado una mesa de negociación”, manifestó el dirigente gremial.

Desconocimiento

Agregó que el presidente de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE), Wilfredo Rodríguez, demostró que “ni siquiera conoce los talleres, porque se refirió al marcado de tarjeta de los trabajadores despedidos”.  Sin embargo, “en los talleres no se marcan tarjetas porque hace tiempo el control se realiza con huella digital, pero el presidente de AFE parece desconocerlo”.
Cajigas también cuestionó la actitud del presidente  Rodríguez, por su “doble condición de estar a los dos lados del mostrador”.
“Se debe mirar frente a un espejo para negociar con él mismo” ironizó el dirigente sindical.
La Unión Ferroviaria había denunciado penalmente a Rodríguez, por “difamación e injurias”.
A raíz de todo ello, el sindicato ocupa el Taller Diesel de Aparicio Saravia y espera el acompañamiento de la medida a través de demostraciones de “solidaridad características de los sindicatos y federaciones del PIT-CNT”, dijo.

 

-->
COLABORA CON KAOS