Publicado en: 1 octubre, 2015

Noticias Uruguayas 30 septiembre 2015

Por Colectivo Noticias Uruguayas

Uruguay:Jueza procesó a cinco personas que participaron en la desocupación del Codicen. // Roger Rodríguez aportó documentación en Roma

“Operación Rey Desnudo” en Bolivia confirma temores de Evo por AMY GOODMAN // Presencia militar de EE.UU. en América Latina por Emir Sader // “EEUU está preparando una segunda Operación Cóndor en América Latina” // Raúl Castro exige que se devuelva a Cuba “el territorio ilegalmente ocupado de Guantánamo” // Putin explica el porqué del desplome de la URSS sigue siendo una gran tragedia // Dick Cheney: Estado Islámico fue creado por Administración Obama // España: La CUP planea hablar “con todos” para negociar “políticas concretas” y un candidato alternativo a Mas // “Unas elecciones no pueden sustituir a un referéndum” – Joan Giner (candidato Catalunya Sí que es Pot) // México: Las Victorias de Ayotzinapa // Argentina: “El Estado se construyó sobre un genocidio” // El papel del Estado en debate // Uruguay:Jueza procesó a cinco personas que participaron en la desocupación del Codicen. // Roger Rodríguez aportó documentación en Roma

 

URUGUAY
Dossier del Blog El Muerto

El desinforme publicado

Fotos de Mazzarovich
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Cortocicuito institucional 

 Un informe oficial de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) respaldó el accionar policial en el desalojo del local central del CODICEN ocupado por estudiantes, y atribuyó el origen de la violencia a grupos de personas apostados en el exterior.
Sin embargo, el documento no fue consultado ni avalado por la totalidad de los miembros de la dirección de la INDDH

La redacción del cuestionado informe, publicado en la pagina web del organismo (www.inddhh.gub.uy) es atribuida al presidente de la INDDHH, Juan Faroppa.

En la noche del 22 de setiembre, tras cuatro días de ocupación del Consejo Directivo Central (CODICEN) por parte de gremios estudiantiles, se montó un operativo policial para desalojar el edificio ubicado en Av. Libertador. La policía accedió al lugar y procedió a la desocupación de los estudiantes. La situación se volvió violenta, dejando un saldo de 12 detenidos y varios heridos entre civiles y policías.
La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), publicó en su página oficial el 25 de setiembre, un informe sobre los incidentes en el edificio del CODICEN. El día anterior al procedimiento de desalojo, la INDDHH recibió un llamado del abogado del CODICEN, en nombre de su presidente, para invitar a la Institución a participar como “observadora del procedimiento” en el caso de que se produjera la desocupación, según lo expresó el informe. El presidente de la Institución, Juan Alfonso Faroppa, accedió a la propuesta, pero con la condición de participar exclusivamente como observadora, “y nunca mediadora o negociadora”.
Faroppa se hizo presente en el edificio en la noche que la policía procedía a actuar, para observar cómo se desarrollaban las acciones. En base a las observaciones que realizó la INDDHH representada por su presidente, se realizó el informe. (Véase texto completo de la publicación).

En el documento se concluye que “objetivamente no existió, por parte de las fuerzas policiales, un uso sistemático, masivo e intencional de la fuerza abusivo y/o excesivo”. Y agrega que “la respuesta policial, por parte de la Guardia Republicana fue, en general, proporcional al nivel de agresión generado por algunos manifestantes”.

Fuentes allegadas a SdR expresaron que hay molestias dentro de la INDDHH porque la publicación del informe no representa directamente a la misma y no fue producto de un consenso. En comunicación con Mirtha Guianze, directora de la INDDHH, que se encuentra en Brasilia, la ex fiscal penal informó a SdR que, por el momento, no va hacer comentarios sobre el informe, ya que no sabe quién autorizó a publicarlo. Por su parte, Juan Raúl Ferreira, director de la INDDHH, pidió que se le respetara su posición de no dar declaraciones. Juan Faroppa no pudo ser ubicado por SdR para confrontar estas versiones que cuestionan el carácter oficial de la publicación.
En distintos círculos, gremiales, estudiantiles, políticos, causó asombro el tono del informe de la INDDHH, y las conclusiones del observador, cuando otras versiones, con nuevos detalles de los hechos, cuestionaron seriamente la versión policial, que el comunicado hace suyo en algunos aspectos, como el origen de los incidentes, o la ausencia de brutalidad policial en el interior del local al comienzo del desalojo. El abogado que representa a los estudiante, él mismo víctima de agresión policial, c afirma que Faroppa no sólo observó sino que también medió y negoció. (VéaseAlgo más que un observador)
Valentina Caredio /Diego Coumas




Los incidentes generados durante el desalojo del edificio del Consejo Directivo Central (CODICEN), llevado a cabo el martes 22 de setiembre, produjeron discrepancias entre las partes involucradas. La función de observadora por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), fue cuestionada por parte de Pablo Ghirardo, abogado de los estudiantes, quien también objetó la ausencia del cuerpo político durante el operativo policial.
El desinforme publicado
El INDDHH publicó el 25 de setiembre un informe, en calidad de observadora, sobre los incidentes ocurridos en las oficinas del CODICEN y sus alrededores. La Administración Nacional de la Educación Pública (ANEP) y el Ministerio del Interior le propusieron días antes participar como observadora en el caso que se concretara el desalojo. La INDDHH aceptó la propuesta con la condición de no ser mediadora ni negociadora. Juan Faroppa, presidente de la Institución, fue quien concurrió al lugar para ejercer la función propuesta. Consultado el abogado de los estudiantes, Pablo Ghirardo, sobre la presencia de Faroppa como observador, expresó que no solo desarrolló esa función sino que también actuó como mediador. “No es muy de observador imparcial una persona que es pedida justamente por una de las partes”, sostuvo el abogado, y agregó que el presidente de la INDDHH traspasó las funciones de mero observador ya que en las horas previas al desalojo, fue quien llevó a cabo las negociaciones.
El inspector Perdomo, el inspector Ferreira, el comisario Acosta y Juan Faroppa llegaron al edificio del CODICEN a las 19.30 hs. del martes 22 con la orden de desalojo firmada por el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, en la que el Ministerio del Interior solicitaba el procedimiento. Ghirardo recibió el documento y la propuesta por parte del presidente de la INDDHH de mediar una mesa de negociación para desocupar las oficinas que no fueran del CODICEN, a cambio de una instancia de negociación en el Ministerio de Trabajo (MTSS) con la presencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El abogado se dirigió hacia los estudiantes y por amplia mayoría decidieron en Asamblea aceptar la negociación, confirmó Ghirardo. El abogado le transmitió la decisión a los inspectores y al observador, y se abrió un impasse de 40 minutos. Fue Faroppa quien se dirigió al Ghirardo para comunicarle que no se llegó a la negociación y minutos después se procedió a la intervención policial.
Desatados los incidentes en el exterior, Faroppa y Ghirardo se dispusieron a salir del edificio. Ya en la calle, el abogado de los estudiantes fue agredido por la Guardia Republicana frente al presidente de la INDDHH. En el informe publicado por la Institución se manifestó que “la respuesta policial, por parte de la Guardia Republicana fue, en general, proporcional al nivel de agresión generado por algunos manifestantes”. Sin embargo Ghirardo no agredió a la policía, sino que estaba “tratando de calmar los ánimos”, y expresó que “cuando es agredido hasta el abogado, la gente piensa `acá está todo jugado´”.
Falta de claridad política
El sábado 19 de setiembre, cuando se procedió a sitiar el edificio por parte de la policía, y en la noche del martes 22 del mismo mes, durante el desalojo, no se presentaron en el lugar ni el secretariado del PIT-CNT ni algún integrante del cuerpo político, afirmó Ghirardo. Y añadió que “es inédito que los desalojos se den sin presencia política. La policía nacional no está preparada para negociar en un conflicto social, no es su función. Quienes tienen esa función son las autoridades del Poder Ejecutivo, las autoridades del Poder Legislativo, que no lo hicieron”.
El día anterior al desalojo se hicieron presentes en el edificio cuatro parlamentarios oficialistas, Ivonne Passada, Constanza Moreira, Gonzalo Civila y Sebastián Sabini, comprometiéndose con los estudiantes que “en caso de un desalojo, ellos iban a estar allí”. Sin embargo al momento del operativo policial no se hicieron presentes. La senadora Ivonne Passada se comunicó repetidas veces con Ghirardo durante los cinco días de ocupación. “Casualmente ella me llamaba cuarenta minutos antes de que apareciera la policía en el CODICEN, lo hizo el sábado y lo volvió a hacer el martes, lo cual me preocupa más. Una vez puede ser casualidad, ya dos veces no puede ser”, manifestó el abogado. Y expresó su preocupación por la ausencia del poder político, ya que fue quien resolvió el procedimiento y no se hizo presente. ”En ningún momento fueron claros, el único que fue claro fue Juan Faroppa que dijo `no se llegó a la negociación´”, agregó.
Valentina Caredio / Diego Coumas

Los gráficos de Gabriel “Saracho” Carbajales

Concentración de ADES Montevideo, ayer, frente al juzgado de Bartolomé Mitre. Foto: Pablo Vignali

Concentración de ADES Montevideo, ayer, frente al juzgado de Bartolomé Mitre. Foto: Pablo Vignali

Relatos salvajes

Jueza procesó a cinco personas que participaron en la desocupación del Codicen.
El fallo dictado anoche por la jueza Ana de Salterain es sin prisión y por “atentado agravado”, contra cinco personas que participaron el martes en la desocupación del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Entre ellos está el dirigente del sindicato del taxi Ary Wiedemann, que fue conducido a declarar mientras acompañaba la manifestación frente al juzgado de Bartolomé Mitre. Más temprano, el Ministerio de Interior divulgó un video sobre la desocupación del Codicen para avalar la versión de que no hubo violencia por parte de la Policía dentro de la sede, y más tarde la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria (ADES) de Montevideo, que hoy para durante todo el día, informó que presentó una denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH).

La sala de conferencias del Ministerio del Interior (MI) estaba llena: había tres televisores, casi diez cámaras, una decena de periodistas, legisladores y miembros del Poder Ejecutivo, todos mirando al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, al subdirector nacional de Policía, Raúl Perdomo, y al ministro del Interior, Eduardo Bonomi. La conferencia de ayer de tarde fue para asegurar que no hubo abuso policial durante la desocupación del Codicen y difundir un video que registra lo sucedido dentro del edificio, filmado por cámaras GoPro que los policías del Grupo de Respuesta Táctica (GRT) de la Jefatura de Policía de Montevideo llevaban prendidas en sus chalecos. Según Bonomi, lo que sí hubo fue una artimaña mediática de Pablo Ghirardo, abogado de varios de los detenidos durante el operativo, que acusó al MI de ser autor de “hechos crueles y humillantes, que son el eje del delito de tortura”, pero no presentó denuncia penal. Debido al “sometimiento de la Policía al escarnio público”, Bonomi anunció que denunciará al abogado por difamación e injurias: “Miente descaradamente”, apuntó.
El ministro dijo que el GRT actuó porque “la ocupación se transformó en impedir el acceso a otras oficinas”, y que ahora, con estas nuevas imágenes “de forma suficiente se puede comparar lo que se dice con lo que pasó”. El video difundido no muestra agresión explícita alguna de ninguna de las dos partes. Bonomi aseguró que cuando el GRT ingresó “no había nadie”, y que por ende “no pudo haber ningún empujón”. En ese sentido, dijo que se llegó al “ridículo de la defensa de una ocupación que no existía” y que pensó “que había quedado claro [que las personas que se ven en el video formando una cadena para impedir el ingreso de la Policía a una de las salas del Codicen] estaban ocultando que no había nadie. Era una excusa”.
Bonomi agregó que decir que “lo que pasó en el pasado es lo que pasó el martes es mentirles a los jóvenes […]. Ojalá los interrogatorios de 1972, 1973, 1974, 1975, 1976 se hubieran filmado”. “Es una enorme mentira”, dijo y aseguró que “esto es lo más regular que hay, y es como hay que actuar”.
Respecto del informe de la INDDHH que se divulgó el viernes 25 -que respalda la actuación del MI pero también asegura que hubo “casos puntuales” en los que se utilizó innecesariamente la fuerza, concretamente en el caso de Ghirardo-, el ministro dijo que no descarta que haya habido abuso, “pero hay que buscarlo, y yo no he visto”.
Horas antes de esta conferencia de prensa, el Consejo de Ministros respaldó totalmente la actuación del MI durante la desocupación. Según señala un comunicado de Presidencia, se recibió un “pormenorizado” informe sobre los hechos y el desempeño policial, que da garantías de que no fue necesario el uso de la fuerza para lograr la desocupación porque “no se pudo constatar presencia alguna de estudiantes en el edificio al momento del ingreso” del GRT, ni tras la inspección realizada posteriormente en todo el edificio, tal como aseguró Bonomi de tarde.
Otra versión
Apenas terminó de hablar Bonomi, comenzó otra conferencia de prensa. ADES Montevideo informó que ayer presentó una denuncia ante la INDDHH por “el conjunto de hechos irregulares ocurridos a partir del desalojo del Codicen (condiciones de detención, procedimiento policial, citaciones al juzgado, entre otras)”, según el texto presentado. El presidente de ADES, Emiliano Mandacen, aseguró que se reunieron “con parte del Consejo Directivo” de la INDDHH (en particular con Juan Raúl Ferreira y Mirtha Guianze, según pudo saber la diaria) y que se enteraron de que “las declaraciones de Juan Faroppa sobre los hechos en el Codicen corren por cuenta de él”. Mandacen se refirió al informe de esa institución en el que se basa el MI y explicó que no se trata de una posición tomada por su Consejo Directivo, que recién hoy tratará lo ocurrido en el Codicen.
El dirigente sindical también denunció “la criminalización de la protesta” y consideró “inadmisible” que se trate de “encubrir la represión brutal que sufrieron estudiantes y trabajadores tratando de adjudicarles eso a determinados grupos y localizando el conflicto en éstos”. En referencia a las detenciones que se realizaron ayer mientras se desarrollaba una manifestación en apoyo de quienes había sido citados a declarar en el juzgado, el dirigente dijo que “no se están dando las garantías” a los trabajadores citados y repudió el intento de detención de un estudiante universitario “herido” en el desalojo del Codicen, por parte de personas de particular, en un auto particular, que “no se identificaron” y no tenían orden judicial. Este intento de detención fue resistido por el estudiante y por varios manifestantes. Mandacen también expresó su preocupación por “cómo se ha desviado” la problemática que dio origen al conflicto, que es el reclamo por más presupuesto para la educación.
Por su parte, el dirigente Julio Moreira exigió que el MI ponga en conocimiento público “todas la imágenes” tomadas en el desalojo del Codicen y no imágenes editadas “a su conveniencia”. ADES sostiene que hubo diversos grados de violencia policial contra los estudiantes que estaban dentro de la sede, como cánticos, amenazas de que no verían más a sus padres, golpes y plantones. Mandacen calificó a la Guardia Republicana de “Policía militarizada”. ADES comunicó que hoy parará por 24 horas y se reunirá en asamblea a las 15.00 para que “el conjunto de los compañeros decida cómo continuar”.
Poco después se conocieron los procesamientos sin prisión por el delito de “atentado agravado” de cinco personas que participaron en los hechos del martes en las afueras del Codicen.
La presidencia y el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT condenaron “el mecanismo por el cual se detuvo y se intentó detener a un conjunto de militantes” ayer, y exigieron que “no debe ser práctica en el Uruguay ni judicializar ni criminalizar la protesta social o el conflicto”. El comunicado expresa, además, “solidaridad con los gremios estudiantiles y compañeros que están siendo víctimas de la judicialización y estigmatización”, y anuncia “grandes movilizaciones” en defensa de la educación pública.
Angelina De los Santos Luis Rómboli / La Diaria

Noticias de ayer

Roger Rodríguez aportó documentación en Roma para probar articulación del Plan Cóndor.

“Señores jueces y señores del jurado, recorrí 15.000 kilómetros, traje documentos oficiales y quisiera entregarlos. Para nosotros, que no hemos tenido justicia en Uruguay, la acumulación de informaciones, aunque eso no sea un juicio histórico, es importante. […] Insisto en que me dejen entregar documentos para que en un lugar del mundo exista toda la información que demuestre que Andrés Humberto Bellizzi es una víctima de crímenes de lesa humanidad”. El periodista Roger Rodríguez afirmó esto ante la jueza de la III Corte d’Assise de Roma, Evelina Canale, a cargo del juicio que investiga la coordinación represiva del Plan Cóndor en Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil, Bolivia y Argentina.
La apelación del periodista uruguayo imprimió un giro al juicio que después de más de dos horas de testimonio se había trancado en un forcejeo entre la Corte, la fiscalía y las partes, justamente sobre la adquisición de ulterior documentación. Al regreso en Aula tras un receso, la Corte se mostró más dispuesta y accedió a aceptar los documentos. Rodríguez refirió que, sobre la base de investigaciones que él hizo, Bellizzi fue condenado a desaparecer ya en 1974 cuando participó, el 2 de junio, en un acto público de denuncia y resistencia a la dictadura uruguaya en Buenos Aires. Los 101 asistentes fueron detenidos en una operación conjunta entre argentinos y uruguayos, y todos fueron fichados, como demuestra un documento que fue entregado a la Corte. “Ese operativo, llamado Operación Gris, determinó la producción de un informe que fue entregado al SID -Servicio de Inteligencia y Defensa-. Además de los nombres y referencias personales de los detenidos, había una lista de panfletos encontrados en el lugar. Ese registro se convirtió en un elenco de seguimiento de futuras víctimas del Cóndor”, contó el periodista, que leyó los nombres de uruguayos incluidos en la lista y luego desaparecidos, entre ellos Daniel Banfi y Juan Pablo Recagno, víctimas del presente juicio. Y continuó: “Todo hace entender que Bellizzi, secuestrado en abril de 1977, fue llevado, junto a su compañero de trabajo Jorge Goncálvez Busconi, al centro de detención ‘Club Atlético’, que en ese entonces funcionaba como base del Cóndor. Anoche me conecté con Hugo García Rivas, un desertor del Ejército uruguayo que escribió un libro, ‘Confesiones de un torturador’; me proporcionó los nombres de los uruguayos que operaban en el ‘Club Atlético’ en la época de la detención de Bellizzi: Carlos Calcagno, Armando Méndez, Eduardo Ramos, Glauco Yannone, Eduardo Ferro y Vicente Alaniz. Éstas son la personas responsables de la desaparición de Bellizzi. Están vivos, no como Contreras que en este juicio es el único citado para la muerte de Bellizzi, y podrían ser enjuiciados. García Rivas me dijo que está a disposición de la Corte para llevar aquí su testimonio”.
Rodríguez explicó cómo el nombre del capitán Jorge Tróccoli, acusado en este juicio, surgió a raíz de una entrevista en 1996 en la revista Posdata en la cual dos informantes indicaban a Tróccoli y Juan Carlos Lacerbeau como responsables de acciones de inteligencia y como jefes de la tortura a un grupo de militantes de los Grupos de Acción Unificada (GAU) en 1977. “Además de la documentación que certifica la presencia de Tróccoli en Buenos Aires en los días del operativo en contra de los GAU, traje documentos que demuestran la presencia de Tróccoli en Puerto Belgrano, donde operaba un centro clandestino de detención”, siguió Rodríguez. “Es un legajo personal de Tróccoli donde consta su traslado y se documenta su asignación durante los años 1978-1979 a la base Belgrano”, afirmó el periodista.Las preguntas sobre Tróccoli involucraron a otro de los imputados en el juicio, Ricardo Chávez, que, según explicó Rodríguez, estaba a cargo de la logística del Fusna (unidad de Fusileros Navales) en 1977-1978, en el mismo momento en que se realizaba la represión en contra de los GAU. El abogado de Chávez, Riccardo Brigazzi, trató de demostrar que su defendido desconocía los hechos; Rodríguez sugirió que el militar “se presente delante de la Corte a aportar su testimonio”.
El aporte del periodista fue fundamental también para explicar el funcionamiento del Plan Cóndor: “El sistema de espionaje tenía un mecanismo de cables codificados. Entre ellos se llamaban Cóndor 1-2-3-4-5. Encontramos el documento que descifra el código, que es simplemente alfabético: Argentina es 1 y Uruguay es 5. Cuando un sospechoso era detenido en un país extranjero se informaba el país al que pertenecía. Luego se armaba una operación y viajaban oficiales del país de pertenencia del sospechoso que participaban en la captura operada por la Policía local. Los nativos interrogaban y los locales se ocupaban de la custodia. Los niños venían repartidos como botín de guerra y se intercambiaban en diferentes países para hacer más difícil encontrarlos. Sobre la desaparición había una regla: ‘cada uno se hace cargo de su propia basura’, según lo que me contó una fuente reservada. Eso explica el traslado de prisioneros”.
En conversación con la diaria Rodríguez subrayó: “La estrategia del fiscal Capaldo era la de hacer un juicio a la coordinación política del Plan Cóndor, pero la Corte parece más inclinada a un juicio criminal y no político. Además, los responsables políticos están desapareciendo por razones de edad y sería necesario enjuiciar a los autores materiales de los hechos, que son más jóvenes”. Rodríguez sostuvo que hay que “proteger y hacer público” el juicio que se está llevando adelante en Roma, porque “también la verdad es una forma de justicia”.
Nadia Angelucci desde Roma, Italia / La Diaria

Señales

Ejecutivo trasladó que habrá “flexibilidad” al aplicar lineamientos de negociación colectiva.

A casi un mes de que culmine el plazo previsto para la sexta ronda de negociación colectiva, ayer se reunió el Consejo Superior Tripartito de los Consejos de Salarios para evaluar la ronda. Por el Poder Ejecutivo, el director de Trabajo, Juan Castillo, trasladó ante los delegados de los empleadores y de los trabajadores “nuestra preocupación, no exagerada, pero tampoco distraída, porque a 60 días de negociaciones tenemos un solo acuerdo firmado [el de la salud privada]”, comentó a la diaria. Si bien el gobierno se negó a modificar los lineamientos establecidos, Castillo buscó “dar señales a los distintos grupos de que los contenidos con los que se ha firmado el acuerdo de la salud privada es una cuestión a tener en cuenta, que son admitidos por el Ejecutivo”. El jerarca explicó que las variables en ese acuerdo apuntan a la “periodicidad en cuanto a los correctivos, aunque no se llega al año como querían los trabajadores, y que dan cuenta del “margen de flexibilidad” que tiene previsto el Poder Ejecutivo respecto de las pautas establecidas. El acuerdo contiene una cláusula en los primeros seis meses del convenio si la inflación supera el 6%. “Allí se procederá a la posibilidad de adelantar la aplicación de los correctivos previstos a los 24 meses hasta empatar la inflación real”, indica un informe de la Federación Uruguaya de la Salud.
“Hubo un movimiento de flexibilidad por parte del Poder Ejecutivo”, evaluó el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, quien, si bien dijo que en relación con las críticas realizadas a los lineamientos esta postura “es insuficiente, no deja de ser un elemento positivo”.
La Diaria
Representantes de trabajadores y de empresarios antes del Consejo Superior de Salarios en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.Foto: Santiago Mazzarovich (archivo, junio de 2015)

Representantes de trabajadores y de empresarios antes del Consejo Superior de Salarios en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.Foto: Santiago Mazzarovich (archivo, junio de 2015)

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