Publicado en: 4 noviembre, 2018

Noticias Uruguayas 3 noviembre 2018

Por Colectivo Noticias Uruguayas

URUGUAY: Sindicato del Gas decide tomar control obrero de MontevideoGas // Roger Waters en Montevideo

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URUGUAY
Trabajadores del gas llegan a 17 días de huelga de hambre

Petrobras no da respuesta y no descartan control obrero

El gobierno presentó una propuesta, el Pit-Cnt llevó adelante un paro con movilización y los funcionarios realizan una huelga de hambre. Sin embargo, Petrobras no da respuestas y sigue adelante con los envíos al seguro de paro y las demandas contra el Estado. Para el sindicato, la política de la empresa refleja los cambios en la sociedad brasileña tras el derrocamiento de Dilma Rousseff.

2 noviembre, 2018 – CARAS Y CARETAS
Al tiempo que los tres empleados de Montevideo Gas llegan a los 17 días de huelga de hambre, Petrobras -propietaria de la empresa- no ha dado señales de acceder al diálogo pese a las gestiones del Poder Ejecutivo al respecto y el paro realizado el jueves por el Pit-Cnt. La firma brasileña desconoció los convenios firmados con el sindicato y envió al seguro por desempleo a una parte considerable de su personal. Lleva adelante dos demandas contra el Estado uruguayo alegando que este no ha generado las condiciones para hacer viable el negocio del gas por cañería en la Área Metropolitana.
En la plaza Independencia tres trabajadores mantienen una huelga de hambre, controlada por profesionales del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), en un intento por tratar de torcer la decisión de la empresa. Si no hay avances en los próximos días, la Unión Autónoma de Empleados y Obreros del Gas (Uaeogas) tiene la decisión tomada de pasar a ocupar las instalaciones y mantener el servicio bajo control obrero.
“Llegamos a 17 días de huelga y no hemos tenido ningún contacto con Montevideo Gas”, dijo a Caras y Caretas Alejandro Acosta, de la directiva de Uaeogas. Recordó que la empresa dio a conocer días pasados un comunicado que “contiene medias verdades y para nosotros lo importante es que se acepte una base de negociación como la propuesta por el Poder Ejecutivo y que permita avanzar. Es una base de solución aunque no es la solución total, pero permite salir con algo medio firme que tenga que ver con respetar los puestos de trabajo y a su vez cumplir el resto. La idea es esa. Petrobras lo único que ha planteado públicamente es que le parece que no es para tanto denunciar los convenios y mandar a la gente al seguro de paro. Fue su respuesta a la propuesta que le hizo el Poder Ejecutivo; no sólo le dijo que no a los trabajadores”.
Dicha propuesta contemplaba beneficios para solventar la situación económica de Montevideo Gas, la que fue rechazada.
“Hay ahorros”
Indicó Acosta que eso se relaciona con otro aspecto que tiene que ver con que el sindicato ha planteado que la empresa tiene ahorros que hasta el momento no ha querido considerar: “Está ahorrando con no reponer puestos de trabajo de compañeros que se están jubilando mediante retiros incentivados, tenemos el salario congelado. Pero como si todo eso no existiera, es difícil plantearse una negociación en la que una parte de la realidad que afecta lo económico, cuando la empresa dice que su objetivo es ese, no está siendo considerada”.
Recordó Acosta que el origen del conflicto se sitúa en un cambio en la actitud política de Petrobras a partir de 2016, “después de destituir a Dilma Rousseff”. Eso implicó que Petrobras “asumiera dentro de la estrategia neoliberal del gobierno de [Michel] Temer un cambio en su posicionamiento respecto a Uruguay y sus trabajadores. Respecto al país inició dos demandas arbitrales contra el Estado por US$ 170 millones por cada una de sus empresas: Conecta, que es la distribuidora de gas natural en el interior, y Montevideo Gas. En esa perspectiva encaminó sus relaciones con Uruguay”.
“Los contratos de concesión establecen que hay un mecanismo para dirimir la interpretación de los mismos. Esto es, los tribunales arbitrales”, señaló. En el caso de Conecta se estableció que fuera el Ciadi -el mismo que dirimió el juicio de las tabacaleras contra Uruguay-, y en el caso de Montevideo Gas, que fuera un tribunal regido por la normativa nacional. “Si uno lo lee en sentido estricto, se está hablando de interpretación en la concesión del contrato, lo que es aprovechado por Petrobras para establecer las demandas económicas”.
Sostiene Petrobras que el Estado uruguayo no le ha dado las condiciones para hacer el negocio de la concesión. “Ahora, eso está determinado por dos variables que no tienen nada que ver con ninguna obligación contractual ni de los pliegos de licitación en ninguna de las dos empresas por parte del Estado, que son el volumen del gas que llega y el precio del mismo”, agregó. Precisó que se trata de una cuestión establecida “primero en un arreglo entre privados, importación directa desde Argentina, en la que el Estado no tenía ninguna intervención. Y después de 2017, cuando vencieron esos contratos, fue Ancap la que se hizo cargo de la importación del gas. La realidad es que los gobiernos blanquicolorados nos dejaron interconectados con una única cuenta de suministro que fue Argentina y, por lo tanto, ella impone sus condiciones. Ahora, por ejemplo, en el contrato que se logró firmar -que si no se hacía, no había suministro de materia prima; entonces, ni siquiera había empresa- se estableció que en los meses de junio, julio y agosto, que son los de mayor consumo, en vez de cobrar el precio normal del gas natural licuado cobran el precio del gasoil, que es más caro porque sus centrales térmicas se quedan sin gas natural para generar electricidad. Eso surgió a último momento y el gobierno uruguayo le tuvo que decir que sí porque, si no, no se hacía el contrato”.
Cuestión de precio
Simultáneamente con el impuesto a las importaciones “también cayó en la volada el gas natural. No son cosas que maneje el Poder Ejecutivo, como determinado volumen o precio de gas y ni siquiera hay una obligación contractual en este sentido. Entonces Petrobras se agarra de su poder económico para demandar al Estado y acá US$ 170 millones es mucha plata. Es un montón de escuelas, de liceos, de hospitales, de rutas, de cualquier inversión. Es un ataque al bolsillo de los uruguayos porque eso se lo van a sacar al pueblo uruguayo porque el Estado no tiene un fondo para pagar”.
Es en ese marco que Petrobras “decidió elevar la confrontación con los trabajadores porque les sirve a su estrategia. Generó más confrontación. Se trata de generar conflictividad con el Poder Ejecutivo para sumar hechos a esa demanda. Lo que han resuelto es intentar reducir los puestos de trabajo, desconocer la negociación colectiva, denunciaron los convenios colectivos. Antes de que se produjera todo esto, nosotros les planteamos la posibilidad de poder discutir la reorganización de la empresa para colocar a los trabajadores en las áreas que se estime más conveniente, tener un plan comercial, un plan de inversiones. Nada de eso fue aceptado”.
“Lo que vemos es que la empresa dice que tiene argumentos económicos para proceder a los seguros de paro, eventualmente despidos, como le dijo a los legisladores del Frente Amplio, y a la vez denuncia los convenios, entre otros, el que indica que ante cualquier reestructura, cambio de mercado o introducción de tecnología, los trabajadores van a ser capacitados y relocalizados en otra área si su sector se ve afectado por alguna de estas variables”, precisó.
“Sostienen que hay problemas de mercado, necesidad de relocalizar trabajadores, entonces hay que aplicar ese convenio. Entonces, si ellos lo denuncian, por algo será que lo hacen. Alguna intención tienen”, sentenció Acosta.
Menos usuarios
Petrobras “ha venido perdiendo usuarios por el mal servicio”, explicó. Y puso como ejemplo que “a los factores que nos vuelven menos competitivos que otras energías se les suma un servicio que no apuesta a conservar al usuario. Se cobran precios altos por trabajos como reparar pequeñas pérdidas. O no se ofrecen soluciones si hay pérdidas en la cañería; a pesar de contar con los medios técnicos para solucionarlos, nunca se utilizaron. Se reduce el personal, por lo tanto es menor la calidad del servicio y eso llevó a que haya 6.500 usuarios menos que hace tres o cuatro años. Estamos hablando de casi 20% de pérdida. Y se siguen yendo entre 80 y 100 usuarios por mes”.
Para Uaeogas, esa ecuación “hace que de seguir esta sangría, en algún momento capaz que esto no tiene más perspectiva. Mientras Petrobras trata de sacar adelante lo que quiere, las demandas contra el Estado, lo único que se va produciendo es que el servicio público de gas natural se va deteriorando cada vez más y, entre otras cosas, los que quedamos como parte de ese daño, sin puestos de trabajo, los salarios congelados y la perspectiva de no tener ningún convenio que logre más o menos encuadrar las relaciones laborales”.
“Eso está desatando esta conflictividad. La huelga de hambre no está instalada porque mandaron a algunos trabajadores al seguro. Está instalada porque cuando se plantearon iniciativas económicas por parte del Poder Ejecutivo para ayudar a que no hubiera seguros de paro y establecer una negociación, la empresa dijo que no. Entonces no es un problema económico lo que le importa a la empresa, es otro tipo de estrategia, más política. Más vinculada a las demandas. Por eso instalamos la huelga de hambre, porque teníamos que dar una respuesta pesada y profunda a esa actitud”.
Preguntas sin respuesta
“Se necesita que el Poder Ejecutivo se plantee cómo va a seguir con este sector”, precisó Acosta, y agregó: “En lo inmediato hay posibilidad de que tome alguna otra iniciativa que favorezca la negociación”.
La decisión de los trabajadores es que si esta situación continúa, “no nos va a quedar otra alternativa que pasar a la siguiente medida que tenemos resuelta, que es la ocupación con control obrero de la empresa y la gestión de la misma por parte de los trabajadores”.
“En este marco habría que discutir si amerita que Petrobras siga al frente de la concesión o no”, sentenció.

CONFLICTO: Gremio decide tomar control obrero de MontevideoGas

La asamblea general de la Unión Autónoma de Obreros y Empleados del Gas (Uaoegas), realizada en la mañana de este viernes 2 de noviembre, facultó a su comisión directiva instaurar el control obrero de MontevideoGas.
La medida fue tras la última propuesta de Petrobras que prevé el envío al seguro de paro de 60 trabajadores.
La misma prevé la ocupación de los locales de la empresa y el desplazamiento de sus autoridades.
Asimismo, la determinación dependerá de la respuesta que el Poder Ejecutivo dé al documento entregado por Petrobras en las últimas horas.
Entre sus argumentaciones, el sindicato señala que “no queda otra interpretación que la empresa multinacional intenta impedir cualquier salida negociada e imponer sus condiciones al Uruguay, a nuestro gobierno y al movimiento sindical. Por ello, de
nuestra parte no merece otra valoración que el más absoluto rechazo a esta postura, que implica pretender nuestra rendición incondicional”.
Además, desde la Uaoegas, se agradeció la solidaridad de todas las figuras públicas que ha visitado la carpa donde tres trabajadores se encuentran llevando a cabo una huelga de hambre, que hoy entra en su día 19.
Al respecto, adelantaron que se hará presente el próximo lunes el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, para interiorizarse de la situación del conflicto, del estado de salud de los huelguistas y ponerse a la orden para intermediar en la búsqueda de una salida al conflicto, informó a LA REPÚBLICA el dirigente sindical Alejandro Acosta.
Visita y solidaridad europea este sábado
Además, informó el sindicalista que este sábado visitará -a partir de las 11hs- la carpa ubicada en la Plaza Independencia, el eurodiputado Stelios Kouloglou, a fin de interiorizarse de la situación y ver acciones solidarias.
Este irá acompañado del activista de DD.HH. y asesor del EuroParlamento Paul Emile Dupret.

 


Solicitud de ingreso de contingente militar norteamericano a Uruguay genera polémicas

El Ejecutivo solicitó autorización al Parlamento para el ingreso al país de aeronaves de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y hasta 400 militares y civiles con la finalidad de brindar seguridad y apoyo logístico al presidente Donald Trump, uno de los mandatarios que participará de la cumbre del G-20 en Argentina. Pero la decisión ha generado diversas polémicas en ámbitos políticos y sindicales.

Foto: Comando Central de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos.
Foto: Comando Central de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos.
G-20 03 de noviembre de 2018, 00:13hs – LR21
Presidencia de la República, a través de los ministerios de Defensa Nacional y Relaciones Exteriores remitió al Parlamento un proyecto de Ley por el cual manifiesta que la Oficina de Cooperación de Defensa de la Embajada de los Estados Unidos de América, en virtud de la realización en la ciudad de Buenos Aires,  los días 30 de noviembre y 1º de diciembre, de la Cumbre de Líderes del Grupo G-20, ha solicitado autorización para el ingreso a territorio nacional de ocho aeronaves de la Fuerza Aérea y de hasta 400 personas, con la finalidad de brindar apoyo logístico y seguridad a su delegación en la citada Cumbre.
“Dada la importancia de la Cumbre y la perentoriedad de los plazos para su realización, se solicita autorización para el ingreso al país de tropas de otros países participantes, que así lo requieran expresamente al Poder Ejecutivo, debiendo hacerlo dentro de los mismos plazos autorizados para los Estados Unidos de América”, manifiesta el gobierno en su exposición de motivos.

Polémicas

Sin embargo, el planteo ha generado diversos reparos desde distintos sectores.
El presidente de la Comisión de Defensa del Senado, el nacionalista Javier García dijo a LARED21 que la Constitución de la República es muy precisa en referencia a que el ingreso de fuerzas extranjeras debe recibir aprobación de la Asamblea General.
“Dijimos que no hay problema para autorizar el ingreso de material bélico y contingente militar y civil, tal como lo solicitan los Estados Unidos, porque es muy específico”, dijo el legislador.
Sin embargo, García advirtió que el gobierno también pide autorización por si “otros países solicitan lo mismo”.
Ante ello, el legislador blanco advirtió que el problema radica en la “autorización genérica”, ya que debe establecerse en forma detallada qué país realiza el pedido, qué cantidad de tropas y materiales se solicita ingresar.
“Es decir, no puede haber un cheque en blanco para que el Poder Ejecutivo autorice por sí y ante sí, el ingreso de tropas”, cuestionó.
Por otro lado, García convocará al Parlamento al ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, a efectos de que detalle las medidas de seguridad que tomará Uruguay “en virtud de que en Buenos Aires estarán concentrados los presidentes y jefes de gobierno de los principales países del mundo y significará un cuidado grande desde el punto de vista de la seguridad, para prevenir atentados, algo que está realizando Argentina”.
“Queremos conocer los pasos qué está dando Uruguay en materia de seguridad”, dijo

“Que vigilen de otro lugar”

Pero los cuestionamientos no solo provinieron desde el sector político. En efecto, el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, aseguró que está “absolutamente en contra de esta iniciativa”.
Dijo que realizará un planteo especial durante el próximo Secretariado Ejecutivo de la central de trabajadores.
“En Argentina habrá movilizaciones importantes, si quieren que monitoreen desde otro lugar”, sentenció Abdala.
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