Publicado en: 4 enero, 2018

Noticias Uruguayas 3 enero 2018

Por Colectivo Noticias Uruguayas

URUGUAY: Senadores del FA manifestaron su “inmensa sorpresa” por sentencia de la SCJ // Heridas sin limpiar en Uruguay – Secuelas del terrorismo de Estado

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URUGUAY

Senadores del FA manifestaron su “inmensa sorpresa” por sentencia de la SCJ que declara inconstitucionalidad de ley 18.831

Después de la reunión que mantuvieron ayer con el presidente Tabaré Vázquez, los senadores del FA se reunieron y aprobaron una declaración que cuestiona el fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de setiembre de este año, que declara inconstitucionales los artículos 2 y 3 de la ley 18.831, que establece la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. El recurso de inconstitucionalidad llegó hasta la SCJ en el marco de una causa que investigaba torturas cometidas en 1972 en el Regimiento de Caballería Nº 5 de Tacuarembó, que involucraba a José Nino Gavazzo, entre otros militares indagados.
En la nota firmada ayer por la mayor parte de los senadores, la bancada expresa la “inmensa sorpresa” que generó la sentencia. “Al leerla sentimos que nuestra democracia se debilita, en tanto el máximo órgano de nuestro Poder Judicial deja abierto el camino de la impunidad impidiendo el de la justicia. Que los autores de crímenes brutales que nunca debieron haber sucedido al amparo del aparato estatal queden sin juzgar y, en caso de encontrarlos culpables, penarlos de acuerdo a la ley, no asume nuestro pasado reciente, desconoce los avances del derecho internacional de protección de derechos humanos y niega a las víctimas y sus familiares el amparo de la justicia”. La nota continúa: “Que desde esa altísima magistratura se concluya que los delitos de lesa humanidad en nuestro Uruguay no puedan ser juzgados contradice la elaboración que el mundo jurídico democrático ha hecho sobre la imprescriptibilidad de los delitos”, y añade: “Nos resistimos a creer que –desde el derecho– los delincuentes pueden encontrar las razones para no ser juzgados, a pesar de contar con todas las garantías que ninguno de los asesinados, torturados y desaparecidos tuvo nunca”. La declaración termina con un pedido a la SCJ: “Lo que pedimos es que se abra el camino del juicio y que ninguna razón pueda impedir la intervención de la justicia”.
La senadora Mónica Xavier comentó a la diaria que el tema se venía conversando entre los senadores en contactos informales, ya que desde que ocurrió “nos ha preocupado”. “Creíamos importante hacer esta declaración de parte de los senadores”, señaló,y aclaró que no se incluyó a los diputados por los ajustados tiempos de estas últimas semanas del año. La declaración fue apoyada por todos los sectores. Xavier advirtió que “siempre se puede tener opinión sobre lo que resuelve otro poder del Estado”, y recordó que también desde otros poderes “se hacen críticas al Parlamento sobre algunas producciones legislativas”.

Heridas sin limpiar en Uruguay

Secuelas del terrorismo de Estado

Unas doscientas causas por delitos de lesa humanidad permanecen impunes en Uruguay. Desde la vuelta a la democracia, sólo hay 13 sentencias definitivas. Las estrategias de dilación son tan efectivas que los represores mueren libres. Decenas de sobrevivientes brindaron su testimonio y sus pruebas en esta última década pensando que, con la llegada del Frente Amplio al poder, por fin verían la justicia, pero ésta sigue tuerta y, cuando tarda, no es justa. ¿Qué consecuencias deja narrar lo vivido a un pueblo que no oye?

La nuca de Ivonne Klingler se eriza cuando escucha pasos a lo lejos. ¿Son ellos? “Nos llevó más de treinta años decir lo que nos habían hecho. El mundo está al revés: ya no puedo bailar cumbia, la ponían a volumen bien alto para torturarme.” Pasaron seis años desde la denuncia por violencia sexual como forma de tortura sistemática durante el terrorismo de Estado. En este período ya murieron tres compañeras, tres denunciantes.
“Hablar es sanador, pero también removedor.” Lo dice Lucía Arzuaga, con voz suave y segura. Es una de las 28 denunciantes y mira a la cámara para el spot de la reciente campaña “No hay derecho”, que enfatiza la falta de justicia en causas de lesa humanidad. Detrás tiene los muros grises y resquebrajados de la ex cárcel de Miguelete.
Si no se tramita, el trauma se dilata volviéndose situación traumática, profundizada por el aquí-no-ha-pasado-nada o, lo que es peor, esto ya pasó. La impunidad y el olvido, que a veces parecen sinónimos, producen efectos negativos en aquellas personas directamente afectadas, pero también generan un daño psicosocial incalculable, considerando que no hay estadísticas oficiales sobre las víctimas y que la reparación dista mucho de ser integral (véase recuadro “Reparación en pedacitos”).
Para procesar y denunciar lo ocurrido, para dejar de ser marionetas de los represores, la reconstrucción de las historias personales y de la historia colectiva ha sido iniciativa de las víctimas, mediante talleres de memoria o literarios, psicodrama y terapias grupales e individuales.
Estados depresivos, ataques de pánico, dolencias físicas, conflictos familiares conforman “constelaciones sintomáticas” (1) en el espacio sideral donde deambula una persona que sobrevivió al despojo de su identidad y fue sometida a torturas aberrantes.

Dar testimonio en tiempos que parecían menos difíciles, tres décadas después y con el gobierno de izquierda tan deseado, podría haber habilitado un clima social que por fin escuchara y luchara por justicia. Con esporádicos intentos y sin grandes recursos destinados a políticas públicas de memoria, aquí seguimos.

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Nos buscamos la manera de sobrevivir, en colectivo. Nosotras. Nos juntamos. Por los compañeros. Por la lucha. Hacemos grupo. Nos narramos. Otra vez bordar, pero ahora palabras. En prisión bordé “Libertad” en armenio y bordo ahora ese encierro de desnudez y humillación. Cuento, recuerdo, me atraganto. Lo digo firme, otra habla bajito y temblorosa. No estoy segura de querer encontrarme con esa que fui. No me arrepiento de haber sido guerrillera. Eso es por lo que me detuvieron, no por ser mujer. Pero lo que nos hicieron tuvo características especiales por mi género, aunque a los varones también los violaron, pero de eso no se habla.

Penetración con objetos. El juez no entiende que eso es violación. Desnudez forzada: el juez tampoco comprende que eso es violencia sexual. El tipo de traje y corbata, que debe fallar a favor o en contra, me pregunta si me confundí, que yo le estoy diciendo que me llevaron a la Casa de Punta Gorda, pero antes le dije que vivía en otro barrio.
Puta, sucia, muda, loca. A veces me siento así. El delirio sólo se frena rodeados de afecto.
Después hay que volver. A la casa. A los hijos. A la vida. Dejar de ser espectro. Pero la capucha, aunque te la corras, la seguís cargando en la espalda.

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La espalda hecha añicos de Néstor Nieves. Plantón, caballete, gancho, en las antiguas oficinas de hacendados de La Tablada Nacional. La risa como escudo, provocación y resistencia. Allí donde hubo tanta muerte ¿cómo proyectar la memoria? Primero, resguardar el lugar para seguir buscando los cuerpos de Óscar Tassino, de Félix Ortiz, de Miguel Mato.(2) Mientras, este 22 de noviembre a las cinco de la tarde inaugurará una placa recordatoria de los horrores allí padecidos. Luego seguirá dando testimonio y construyendo memoria.

La intuición de Irma Correa la llevó hasta La Tablada, suponiendo que allí podía estar su marido. Todavía no hay respuestas, aunque se las exigieron a la Comisión para la Paz, pidiendo que les digan quiénes habían declarado que Mato pasó por allí.
Verónica Mato, su hija, cumplió 41 años el sábado pasado. El último recuerdo que tiene de su padre es cuando le regaló una bicicleta el Día de Reyes de 1982. Veintitrés días después lo secuestraron y desde entonces es una figura poética, dice ella, un desaparecido, algo que anda por ahí. Años de terapia en el Servicio de Rehabilitación Social (Sersoc) la ayudaron a construir su identidad como “hija de”. Ahora, mientras mira a Néstor Nieves y otros que conversan en un descanso de la grabación de los spots, piensa: “Ellos están vivos y podrían ser mi padre. Los veo heridos”.

Verónica nunca ha ido al último lugar donde fue visto vivo su padre. “El día que iba a ir a conocer La Tablada me vino un dolor de cabeza insoportable que me paralizó”, dice.

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Nieves todavía teme a la electricidad y, entre los recuerdos que fluyen sobre las torturas padecidas durante su desaparición forzada en La Tablada y los cuatro años preso, dice chistes: cuenta que cuando lo metían en agua, para picanearlo, “me ponían sal y les faltaba vinagre para hacerme ensalada”. No le festejamos el chiste. Lo miramos y escuchamos en silencio. Sus ojos se ponen llorosos, como los de su compañero Javier Tassino, hermano de Óscar, que también sufrió la prisión política. Ambos se quiebran un poco, bajan la mirada cuando hablan de sus hijos, de los reclamos que les han hecho por esos años de abandono. Tassino se excusa ante quien lo mira fijo: “Lo hicimos porque pensábamos que íbamos a darles un mundo mejor. Pero pasaron hambre, perdimos todo lo que teníamos”.

La nieta de Tassino es quien obliga a la familia a recordar. Tiene 12 años, pero desde chiquita pregunta por el señor de la foto que su abuelo Javier tiene en su escritorio. Es el tío abuelo Óscar, de quien han rescatado casetes que le enviaba desde la clandestinidad a su otro hermano que vivía en Venezuela, cartas que le mandó a Javier entre el 75 y 77, el diario que Óscar escribió y que esta nieta terminó, escribiendo en las últimas hojas un pensamiento precioso que su tía Karina leyó en la presentación del libro Las palabras guardadas (Taller Ex Presar, 2017).
“Es bravo tener a una persona tanto tiempo sin la verdad. Es monstruoso que no quieran compartir lo que saben”, dice Karina, que se pregunta desde hace 40 años dónde está su papá y qué hicieron con él, mientras recuerda cómo le dibujaba a su hermano algunos Superman y otros héroes para que jugara y luego los guardase en la bolsa de Los Justicieros. “Cuando volvió la democracia pensamos que mi papá iba a aparecer.”
Karina sabe que el informe que le entregó la Comisión para la Paz miente porque dice que su papá se suicidó cuando fue “sin custodia” al baño, algo imposible en un centro de represión. “La falta de verdad no te deja cerrar lo que pasó, y en tu cabeza sigue siempre esa imagen, como una nebulosa.”

“¿Cómo obtenés una sociedad más justa sin justicia?”, pregunta Karina, educada en la solidaridad y el amor de su familia, en especial de su tía, que durante cuatro años la llevó a visitar a su mamá Disnarda Flores, primero en el Fusna, luego en el penal. En junio del 76 la encontraron en el Fusna; estaba desaparecida desde noviembre del 75. La niña entraba sola y se encontraba con su madre vendada y apuntada por armas. Karina luego tuvo hepatitis y desde entonces siempre anduvo muy sensible del hígado. Desde 2013 comenzó a participar del taller Ex Presar y está más aliviada de esos dolores. Antes no podía hablar. Escribir es su terapia. Dos años después colaboró en la producción de la exposición Ausencias, (3) que para ella significó poner el cuerpo, además de la palabra.

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Javier Tassino conoce el silencio de la muerte y la valentía de señalar al asesino de Álvaro Albi en Coraceros. Todavía hay quienes insisten en que ahí no hubo detenidos, pero Javier estuvo allí, y allí levantó su venda para ver quién había matado a su compañero. Dice que no le quedaron secuelas, aunque al rato recuerda el simulacro de fusilamiento un 29 de julio, en pelotas. Había caído con impermeable, bufanda y rompevientos. Al rato estaba desnudo. “No tengo secuelas, pero cuando hay apenas algo de frío me tengo que abrigar enseguida o me pongo horrible.”

Tampoco dice tener secuelas Baldemar Taroco, aunque su médica le diga que tiene la espalda “hecha pelota” y su esposa le diga que él “se traga todo” lo que le pasó, a diferencia de ella, que hizo terapia.
Ana María Reyes se cansó de ver cadáveres en los cuarteles buscando a su marido, Néstor Nieves, quien ahora sube la escalera de la redacción tomado de un bastón alto como él. Estuvo ocho años clandestino, durante ese lapso engendraron cuatro hijos: un varón, que tenía 7 cuando secuestraron a su papá, una niña de 4, y mellizas paridas en el Saint Bois cinco meses antes de la caída. Ana María parió sola las tres veces. Al recuperar la libertad, Nieves estudió y se recibió de médico, aunque el camino no fue fácil. Su hijo mayor es psicomotricista, otra de sus hijas trabaja en una guardería. Tras conflictos, desmayos, forcejeos, destratos, hace seis años decidieron hacer terapia familiar. Dicen que les hizo bien reunirse. “Fue una cosa interesante. Nuestros hijos hablaron por primera vez”, dice Néstor.
Hay hijas jóvenes, nacidas después de la dictadura con mucho esfuerzo de sus padres por recomponer el matrimonio y apostar a seguir juntos, que buscan respuestas, relatos, detalles, y no los encuentran porque sus madres y sus padres no quieren contar. “La violencia extrema puede producir que las personas queden como cargadas y con temor a herir a los demás. Las detenidas conocieron la parte más horrorosa del ser humano: peligroso, destructivo, salvaje, lo que hace dudar de la condición humana y ataca la confianza en el otro y en sí mismo. Ese contacto con lo más descarnado genera una coraza”, explica la psicóloga María Celia Robaina. “También es cierto que la gente, en general, no quiere saber lo que pasó. Todos queremos creer que el mundo en el que vivimos es previsible”, agrega esta mujer que, desde chiquita, escucha los problemas de los presos. Su mamá y dos de sus seis hermanos fueron presos políticos. Como era menudita, a los 15 años María Celia parecía de 12: hasta esa edad pudo ingresar como niña a las visitas, y por eso podía entrar y sacar información del penal.
Ex integrante del Sersoc, luego de la Cooperativa de Salud Mental y Derechos Humanos y actual funcionaria de la Inddhh, Robaina realizó, junto con la trabajadora social Alba Pastorini, un acompañamiento psicosocial, entre 2010 y 2013, al grupo de ex presas políticas que presentaron la denuncia por violencia sexual.
Hablar es sanador, pero también riesgoso si no se tiene contención, advierte. “Es importante contar con un espacio grupal sólido, de confianza, donde poder decir lo que no se había contado nunca, ese dolor recóndito, callado, apretado.” La psicóloga destaca que esa experiencia sigue dando frutos porque varias denunciantes siguen involucradas en temas de memoria, verdad, justicia y reparación.

Declarar es “poner algo de alivio en una tensión tan fuerte, es decir: ‘Yo guardé este silencio mucho tiempo, ahora lo dije y le paso el peso a la justicia para que se haga cargo. Fui tratada por la justicia militar como alguien despreciable’. Declarar ante la justicia las hace salir del lugar desubjetivante de la tortura, las empodera como ciudadanas que construyen democracia. Ahora bien, cuando ese sistema democrático no responde, hablar deja un saldo negativo en quienes brindan su testimonio. Para hacerlo tuvieron que enfrentar muchos obstáculos, hablar con sus hijos, con sus parejas, se expusieron ante la prensa. Es necesario que el Estado uruguayo se haga cargo, investigue, brinde una serie de dispositivos de acompañamiento psicosocial para reparar de manera integral a las víctimas y haya justicia, que no deje impunes las causas”, añade Robaina.

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Mabel Fleitas mira la puerta-ventana. Detrás de la cortina se dibujan sombras, se oyen voces, pero su mirada se desvía hacia la derecha. Al terminar la entrevista confiesa: “Si entraba alguien estoy segura de que me paraba de un salto, como en el cuartel”.

Junto a sus tres hermanas y otros 20 adolescentes fueron detenidos en abril del 75 en el cuartel de Treinta y Tres. Todos eran militantes de la Ujc (Unión de juventudes Comunistas) Pasaron hasta junio allí, luego fueron enviados a dependencias del Consejo del Niño en Montevideo, o a la cárcel, si habían cumplido 18 años. “Si ya éramos pobres, salimos extremadamente pobres, sin la posibilidad de estudiar entre el 77 y el 79, porque se nos prohibía entrar en cualquier centro educativo, ni participar en clubes sociales o plazas de deportes.” Dolor, desarraigo. Insilio y exilio. Intentar rearmarse una y otra vez. Buscar al compañero. Buscar papeles: en Relaciones Exteriores, en el Inau (Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay), noticias, comunicados que la mencionan y que prueban que le pasó lo que le pasó. Juntar papeles y querer tirarlos todos en la puerta de la Presidencia y gritar: “¡¿Qué parte no entendieron?!”. Armar un archivo, el cuerpo de la prueba. Poner el cuerpo dando testimonio, acompañando a compañeros, escuchando a los adolescentes que tienen la misma edad que tuvo y dicen, al colocar la placa en el liceo al que fue, que ellos no quieren una dictadura. Repararnos. Estudiar bibliotecología, terminar algo para que la vida no quede trunca y no ganen ellos.
“Hice terapia diez años, después de un día en que me cayó la ficha de que la culpa me había calado. La negación es la manera de hacerte fuerte, habiendo pasado por descréditos sobre nuestro relato por parte del pueblo e incluso de algunos compañeros y de las propias familias –que no fue mi caso–. Un comunicado infame del Comando General del Ejército, reproducido por los principales diarios del país, nos marcó a fuego en el pueblo y en la capital. Fuimos inoculados con penicilina por supuestas enfermedades venéreas, aunque la mayoría éramos vírgenes todavía, apenas empezábamos a tener noviecitos. Sufrimos abusos sexuales y exámenes genitales sin consentimiento ni guantes por parte del médico que luego le ordenó a una de las detenidas una revisación mensual estando libre, perpetuando su tortura física y psicológica. Murió denunciado e impune.”
Perdieron piezas dentales por golpizas, por estrés, por mala alimentación. O comen sano y hacen ejercicio pero tienen el colesterol alto. ¿De dónde viene este estrés maldito? Varios integraron al miedo como compañero de por vida.

“Nos costó entender que tenemos que hablar –dice Klingler–. A esta altura hay que meter el dedo en la llaga, hace mucho daño ocultar. Eso, en este momento, es proteger este tipo de prácticas destructivas del otro. Las heridas siguen abiertas y no van a cicatrizar si no logramos una correcta visión de las cosas.”

Azul Curdo
Brecha

Notas

1) Eatip, Gtnm-RJ, Cintras, Sersoc, Daño transgeneracional. Consecuencias de la represión política en el Cono Sur. Santiago, 2009.
2) “Parar para seguir”, Brecha, 3-XI-17.
3) “Ese agujero”, Brecha, 29-V-17.

 

Reparación en pedacitos

En diciembre de 2005 el doctor Ricardo Elena elaboró el informe “Fundamentos para una ley compensadora y jubilatoria de los sometidos a prisión prolongada y tortura (Ppt)” en Uruguay, que fue entregado por Crysol a los legisladores como insumo para la ley reparatoria. Se explica que el estrés causado por Ppt produce inmunodepresión y enfermedades de todo tipo: infecciosas, degenerativas, neoplásicas y psíquicas. “Hay un aumento de la frecuencia de enfermedades y de muertes, y menor expectativa de vida de los sometidos a Ppt que los no sometidos a esta agresión.”

Sólo considerando algunos de los casos consultados para esta nota, de los 50 denunciantes en la causa Boiso Lanza, cinco murieron: cuatro por cáncer, el restante por problemas cardíacos. De los 20 denunciantes por la causa de Treinta y Tres murieron cuatro: dos por problemas cardiovasculares, los otros fallecieron antes de los 40 años, en la indigencia. Tres de las 28 denunciantes por violencia sexual fallecieron de cáncer. Otras víctimas y familiares sufren problemas respiratorios o mal de Parkinson, ataques de pánico, miedo a la oscuridad, pesadillas con la tortura o insomnio por los recuerdos.
La Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo de Estado fue creada para atender a las personas amparadas por la ley 18.033 y/o la ley 18.596, a sus hijos y nietos, con derecho a recibir en forma gratuita y vitalicia la asistencia psicológica, psiquiátrica, odontológica y far
Sin embargo, los distintos entrevistados señalaron que no alcanza, que el servicio se rige bajo una concepción médica, poco afín a terapias de otro tipo, y que queda restringida a Montevideo.
Por otra parte, no se contempla acompañamiento ni apoyo terapéutico antes, durante y después de declarar en las causas –como sí ocurre en Argentina–, aunque un proyecto de este tipo fue presentado a Javier Miranda cuando ocupaba la Dirección de Derechos Humanos del Mec (Ministerio de Educación y Cultura) e incluso llegó a Graciela Jorge cuando dirigía la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, pero se les respondió que no había recursos para implementarlo.

REFUNDACIÒN COMUNISTA DE URUGUAY


Un repaso por lo que dejó la comisión investigadora sobre el espionaje en democracia

Los tranquilos días de enero son ideales para hacer evaluaciones de muchas de las cosas que pasaron el año pasado. El diputado del Frente Amplio (FA) Gerardo Núñez también hizo un balance; en su caso, de la investigación que lleva adelante la comisión que preside en la Cámara de Representantes, con uno de los nombres más largos que haya tenido una comisión parlamentaria: “Sobre los posibles actos de inteligencia de Estado, violatorios de la normativa legal y constitucional, llevados a cabo por personal policial o militar desde 1985 hasta la fecha”. Pero aun más extenso es el “archivo Berrutti”, la principal fuente de estudio de la comisión, que alberga cerca de tres millones de documentos. El archivo se denomina así, metonímicamente, porque fue encontrado en 2007 durante la gestión de la entonces ministra de Defensa Nacional, Azucena Berrutti, en un dependencia de su cartera. La comisión investigadora se creó en noviembre de 2016 e iba a funcionar hasta diciembre de 2017, pero se extendió por un semestre más.
“El balance es que en nuestro país claramente existió una práctica que se dio por lo menos desde 1968, que estuvo al servicio de la represión y el terrorismo de Estado. Además, una vez conquistada la democracia, las agencias de inteligencia siguieron operando prácticamente con el mismo formato con el que operaban en la dictadura”, señaló Núñez a la diaria. Además, resaltó que tanto las dependencias de inteligencia militar como policial ya en dictadura comenzaron a organizar un repliegue –luego de que el régimen perdiera el plebiscito constitucional de 1980– con el objetivo “de que se pudiera proteger la impunidad, persiguiendo a aquellos sectores sociales y partidos políticos que tienen una impronta por la defensa de los derechos humanos y contra el terrorismo de Estado”.
Entre ceja y ceja
El trabajo de la comisión investigadora tiene gira en torno a dos pilares. El primero es el análisis de los documentos y el segundo son los testimonios de los diversos responsables de las dependencias policiales y militares que comparecieron ante la comisión. El balance que Núñez hace de los testimonios no es tan contundente como el de los documentos. Lo calificó de “dispar”, ya que las declaraciones oscilaron entre quienes reconocieron de forma explícita el espionaje –unos pocos– y quienes ni siquiera se dignaron a darse una vuelta por el Palacio Legislativo –varios–. En el medio de ambos polos están los que asistieron pero aseguraron no saber nada –la mayoría–. Entre los elementos importantes para el análisis que destacó Núñez está el testimonio de Máximo Costa Rocha, ex jefe de la Dirección General de Información e Inteligencia del ministerio del Interior, quien reconoció que el gobierno del presidente Julio María Sanguinetti tenía interés en dar “seguimiento” al proceso que finalizó en el referéndum para derogar la ley de caducidad, el 16 de abril de 1989, que al final fue rechazado.
El presidente de la comisión investigadora subrayó que cuando se define que determinado asunto es de interés para un gobierno desde el punto de vista de la inteligencia militar o policial, “se transforma en una directiva operativa”. “Seguramente utilizaron fuentes abiertas, pero como se ha visto en el ‘archivo Berrutti’, también hay fuentes cerradas, sobre todo de inteligencia militar. Y hay menciones a labores que estaba haciendo inteligencia policial que también tenían que ver con fuentes cerradas; es decir, recolección de información que pasa por encima de aspectos constituciones, legales y normativos”, señaló Núñez, y acotó que no sabe si fue Sanguinetti quien dio la orden de “interesarse” por el proceso del referéndum, “pero está claro que su gobierno promovió este tipo de prácticas”. “En el ‘archivo Berrutti’ hay cientos de documentos de inteligencia militar que están focalizados en el trabajo del voto verde, la recolección de firmas y los procesos de discusión dentro de los partidos. Ahí se involucraba al FA, al Partido Nacional y al Partido Colorado. Tenían interés en conocer cómo se iban posicionando los distintos sectores dentro de cada uno de los partidos para armar su estrategia de contraofensiva sobre esta situación”, aseguró Núñez.
Por ejemplo, un documento del “archivo Berruti” de abril de 1987 –pocos meses después de que empezara la recolección de firmas para establecer la consulta popular– tiene como asunto “referéndum”, con el sello del Servicio de Información de las Fuerzas Armadas, y dice: “Se establece que por intermedio del movimiento sindical se llevan juntadas 75.000 firmas en Montevideo, cifra que se estiraría a 80.000 el primero de mayo”.
Además, Núñez citó un documento en el que un agente solicita a la dirección de inteligencia militar hojas para diagramar un volante, que tenía como idea central que, con o sin referéndum, no se iba a condenar a “los héroes de la patria”, refiriéndose a los militares.
“Ahí hay un claro ejemplo de cómo la inteligencia tuvo un rol de contrainteligencia. Fue una tarea que operó en el plano propagandístico y psicológico. Es decir, no fue solamente la recolección de información, sino que con ella operaban para generar un sentido y un estado de ánimo social”, aseguró el diputado, y agregó que a veces el espionaje servía para hacer “chantajes”: “Recolectaban tal información de tal dirigente de un partido y eso después, tal vez, se ponía a jugar para trabar determinados proyectos políticos”.
Entre los testimonios relevantes, Núñez también destacó el del contralmirante (r) Óscar Otero, quien estuvo al frente de la Dirección General de Información de Defensa entre mayo de 1995 y abril de 1996, durante el segundo gobierno de Sanguinetti. El militar retirado fue el más explícito, al reconocer no sólo el espionaje sino también que este se hacía “por costumbre”. Entre los documentos fechados en el período en el que Otero estuvo en el cargo se puede encontrar desde la lista de dirigentes del FA –con sus números de teléfono incluidos– que se reunieron con Fidel Castro cuando el líder cubano llegó a nuestro país en visita oficial, hasta infiltraciones en el Partido Colorado y en diversas asociaciones, como la de Maestros, Empleados Bancarios y Funcionarios de Pluna.
Así las cosas, como hay testimonios que involucran a los dos gobiernos de Sanguinetti, Núñez quiere citar al ex presidente colorado para que dé su testimonio ante la comisión, pero todavía no lo discutieron en la interna de la bancada del FA. No obstante, el diputado lo conversó informalmente con varios de sus compañeros y todos están de acuerdo. “Yo soy partidario de que tiene que participar y, seguramente, otros ex presidentes también, para que nos digan por qué se generaron este tipo de acciones, si existieron las directivas concretas, quién las dio y por qué motivos”, indicó el diputado.
la diaria se había contactado en setiembre con Sanguinetti, quien aseguró que su gobierno “nunca jamás” ordenó un espionaje “de nadie ni de nada”. Agregó que “cosas que pueden haber ocurrido ahí adentro habrán escapado a toda idea de contralor o de conducción política”, y que si hubiera tenido noticias sobre el espionaje “hubiera actuado”. Por último, señaló que está dispuesto a comparecer ante la comisión, pero que no cree posible que pueda agregar nada más de lo que le dijo a este medio.

Lista de invitados 2018

La comisión investigadora extendió su trabajo hasta el 30 de junio de 2018, debido a que todavía está analizando el gran volumen de documentos del “archivo Berrutti”, e hizo un pedido al Ministerio del Interior para que se proporcionen todos los archivos de inteligencia policial, de forma de complementar la información. Además, todavía falta que comparezcan ante la comisión varios de los directores de inteligencia policial. Luego invitarán a los ex encargados de las direcciones de inteligencia de cada fuerza del ámbito militar, es decir, la Fuerza Aérea, la Armada Nacional y el Ejército; se trata de una veintena de personas. Por último, Núñez no descartó que también inviten a más personas del ámbito civil.

Arranquen sin mí

Juan A Zerpa, Daniel Legnani, Mario Aguerrondo y Francisco Wins, ex directores de inteligencia militar entre 1985 y 1999, no asistieron a la comisión en la fecha en que se los invitó. Núñez explicó que no fueron citados de vuelta ya que “por el tono de la respuesta” demostraron que “no tenían interés”. Por eso la Cámara de Representantes aprobó una declaración en la que cuestionó a los cuatro militares, ya que entendieron que su ausencia “constituye un impedimento formal para el análisis y la investigación”. “Esta actitud pretende desconocer al Parlamento y el cometido encomendado” a la comisión, “queriendo amputar la posibilidad de que el pueblo uruguayo conozca las razones de por qué se desarrolló Espionaje Militar en Democracia”, sentenció la declaración. En cambio, hasta el momento todos los ex jefes de inteligencia policial que fueron citados dieron respuestas positivas, indicó Ñúñez.

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