Noticias Uruguayas 3 abril 2015

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Naomi Klein: “Hay que fusionar las fuerzas antiausteridad contra el cambio climático” // La CIA intentó espiar los iPhones desde sus primeros días: The Intercept // 14.000 personas marchan en Tokio contra giro militarista // España: Preacuerdo de los soberanistas: independencia de Catalunya en 18 meses // Cuatro arrestados en Madrid en protesta contra detenciones de anarquistas // CGT:Cuando el Movimiento Libertario crece… El Estado Actúa // Canadá, Montréal: salvaje represión policiaca contra estudiantes // Venezuela:Fidel Castro participa en encuentro de solidaridad con Venezuela // MARTIN ALMADA: LA MEMORIA ES UN ESPACIO DE LUCHA POLITICA // Paraguay:Tensión por movilizaciones campesinas // Argentina:Contundente paro de la CGT y la CTA // Uruguay:Aratirí dejó de pagar y espera por el gobierno // La crisis del agua potable en Maldonado // PROBLEMAS CON LA REGASIFICADORA

 

URUGUAY
Se sigue constatando que la protesta social contra la megaminería y Aratirí en particular siempre tuvo razón a pesar de que el gobierno de Mujica los acusó de «poner palos en la rueda», supuestamente al «progreso».
Los ambientalistas tienen la intención de seguir recolectando firmas para que se vote en referéndum la prohibición de la minería a cielo abierto porque consideran igualmente negativo el nuevo proyecto. Rechazan el plan de cierre presentado por Aratirí, advierten por la posible contaminación del aire y aducen que la minería no es una actividad para zonas de pradera. «No hay remediación posible para una zona que se dedicó a la minería», considera Viñas. Sostiene también que el viento esparcirá el mineral extraído que quedará en las denominadas «pilas de estériles» y eso puede ser nocivo.

Argumentó problemas de liquidez ante grupo de productores

Aratirí dejó de pagar y espera por el gobierno

Aunque el Parlamento le dio plazo hasta noviembre al gobierno para negociar un contrato con la minera Aratirí, más dudas aparecen sobre la viabilidad del proyecto de la empresa que informó el mes pasado a los productores de la zona donde planea extraer hierro que no les pagará más los derechos de servidumbre de paso y los cánones porque en este momento carece de liquidez.
Los yacimientos de Valentines fueron descubiertos hace más de 50 años.
JUAN PABLO CORREA jue abr 2 2015  El País uy
De hecho, pagos que ya debería haber hecho no los hizo. En el proyecto de Aratirí había depositado grandes esperanzas el anterior gobierno para dinamizar una zona deprimida del este del país, pero cada vez su concreción aparece más difícil.
El anuncio fue hecho en una reunión realizada en el Club Democrático de la localidad de Cerro Chato por la gerente general de Aratirí, Helga Chulepín, a una veintena de productores. La empresa planteó dos alternativas a los productores: o que le inicien un juicio o que aguarden hasta la terminación de las negociaciones entre el gobierno para firmar un contrato que permita la extracción del hierro. Hasta que eso no ocurra, no cobrarían.
Ruben Barrera, productor de Durazno en la Octava Sección, participó en la reunión y dijo a El País que hay al menos 70 productores involucrados en la situación.
La empresa argumenta que como no ha podido comenzar a trabajar no cuenta con recursos, pero para Barrera «un contrato es un contrato» y debería ser cumplido.
«Estoy pensando pero el juicio sería la última opción», dijo Barrera. Explicó que lo que llama la atención a los productores es que los montos adeudados no deberían representar un problema para una empresa del porte de Aratirí.
Los productores no dieron una respuesta a la empresa con la que habría una nueva reunión después de Semana Santa. Entre ellos no hay unanimidad respecto a qué pasos dar porque también son diferentes los acuerdos que cada uno tenía con la minera. La posibilidad de realizar juicios genera dudas por lo elevado su costo. Los productores en su mayoría son pequeños y medianos. Barrera es escéptico respecto al proyecto. «Siempre lo vi muy lejos. Yo no dejé de hacer cosas e invertir en mi campo y no me puse nervioso», señaló.
Gustavo Sclavo es propietario del establecimiento en Florida donde está la mina Morochos (una de las cinco que planeaba explotar Aratirí ). Sclavo dijo a El País que la empresa siempre había pagado pero ahora aduce no tener liquidez. «Ya no nos asombra nada ni de parte de la empresa ni de parte del Estado», señaló. Sclavo comentó que la actividad de Aratirí en su predio le generó diversas dificultades, como tener que cambiar las porteras porque el personal de la empresa las dejaba abiertas, y tener que establecer un camino para los vehículos que transitaban por diferentes lugares cada día y le afectaban las pasturas. Sclavo dijo que a esta altura espera que el proyecto no se concrete porque si la empresa extrae hierro deberá abandonar su establecimiento ganadero en el que quedará un gran agujero. Los productores en la zona son en general ganaderos y ninguno sobrepasa las 1.000 hectáreas, señaló. La zona este del departamento de Durazno tiene además la alternativa de la producción forestal.
La desconfianza ante la empresa alcanza también al sindicato metalúrgico (Untmra) al que pertenecen los empleados de Aratirí. El dirigente sindical Francisco da Silva, dijo a El País que 90 de los trabajadores de la firma están en el seguro de paro y solamente cinco realizan algunas tareas de mantenimiento en la zona. La situación preocupa porque su seguro de paro vence en junio y plantearán en los próximos días su situación al ministro de Trabajo, Ernesto Murro. Más de 30 mujeres están percibiendo el seguro de paro. La situación es preocupante, además, porque la zona en la que iba a funcionar Aratirí está deprimida, no tiene industrias ni posibilidades laborales y los indicadores sociales son «nefastos», agregó.
Sclavo reconoció que en la zona se había generado expectativa entre los jóvenes por el impacto de Aratirí desde el punto de vista de la creación de empleo. «No hay una UTU cerca. Los comercios tienen poca variedad de productos. No hay industrias. La ruta 7 está en mal estado», agregó el productor para ilustrar el rezago de la zona.
Manuel López, secretario del Interior de la Untmra, señaló a El País que el sindicato mantendrá reuniones este mes con la ministrada de Industria, Carolina Cosse, para analizar la situación y confía en que se extenderán los seguros de desempleo. El sindicato metalúrgico está dispuesto a estudiar alternativas aunque incluyan la extracción de cantidades de hierro inferiores a lo originalmente planeado, porque entiende que el precio internacional del hierro está muy deprimido y la rentabilidad del proyecto es hoy dudosa. La Untmra dará su posición oficial sobre la situación el 21 de abril.
Efectivamente, el hierro es uno de los productos que más ha declinado en el actual ciclo bajista de los «commodities». El precio «spot» se derrumbó ayer y acumula un retroceso de más de 10% en lo que va de la semana. Ayer retrocedió 3,9% y terminó en US$ 49 la tonelada. Aratirí siempre ha dicho que necesita, para hacer rentable su producción, que la tonelada ronde los US$ 100. Es que el consumo de acero (fabricado con hierro) en China, ha caído. Ese país importa más del 70% del hierro del mundo pero sus compras cayeron el año pasado por primera vez desde 1995. Esa caída coincidió con una abundante oferta. El hierro perdió 47% en 2014 y casi 30% en lo que va de 2015.
Así, la producción mundial se concentra en pocas empresas y se han cerrado minas de menos rendimiento o donde los costos de extracción son altos. Se trata de un mineral relativamente abundante en el mundo. El principal yacimiento uruguayo está en Valentines aunque también se lo encuentra en Rivera (ver nota aparte).
En cualquier caso, de concretarse, el proyecto de Aratirí tendría un porte muy inferior al originalmente previsto. Se suponía, en un primer momento, que implicaría la exportación de 18 millones de toneladas anuales de hierro. Pero el último plan que presentó al gobierno del expresidente José Mujica preveía la exportación de solamente 1,5 millones de toneladas anuales. Y ya no se embarcaría en las costas de Rocha a donde llegaría a través de un ducto sino que saldría por el puerto de Montevideo. No está claro de qué forma llegaría el mineral porque la infraestructura ferroviaria no está en condiciones para soportarlo. Desde que asumió el nuevo gobierno, ningún funcionario ha hecho consideraciones sobre el proyecto Aratirí aunque, como candidato, el presidente Tabaré Vázquez siempre se manifestó favorable a la minería de gran porte a cielo abierto.

Grupo Zamin Ferrous con problemas en Brasil.

Aratirí (del grupo Zamin Ferrous del magnate indio Pramod Agarwal) está en dificultades también en Brasil, donde suspendió su producción en una mina del estado de Amapá (norte del país). Anglo Ferrous, empresa que le vendió el yacimiento en US$ 270 millones, dijo que nunca utilizó el dinero que se le entregó para reparar el puerto de Santana, donde se embarcaba el hierro y que quedó inutilizado por un derrumbe en 2013.
Agarwal fundó su empresa en 2005 y tiene miles de millones de dólares. Su proyecto original en Uruguay suponía la extracción de hierro durante 20 años y la creación de 1.300 puestos de trabajo directos y 10.000 indirectos. La empresa aseguraba que invertiría US$ 3.000 millones. En la mina de Las Palmas en Durazno (la más grande de las que planeaba explotar) iba a producir el 50% del hierro.

Ambientalistas ven maniobra para retener derechos mineros.

Para los ambientalistas el proyecto reducido de Aratirí es una maniobra para conservar los derechos mineros un tiempo más. Según Raúl Viñas, uno de los dirigentes del movimiento que quiere prohibir la minería a cielo abierto en Uruguay, la empresa terminará presentando un proyecto escrito —todavía no lo ha hecho— para ganar tiempo. Incluso podría estar apostando a, con un proyecto más pequeño, quedar por fuera de las disposiciones de la ley de minería y así buscar una extensión de sus derechos. Esperaría que se revierta la tendencia a la baja en el precio del hierro, algo que por el momento no parece probable.
Los ambientalistas tienen la intención de seguir recolectando firmas para que se vote en referéndum la prohibición de la minería a cielo abierto porque consideran igualmente negativo el nuevo proyecto. Rechazan el plan de cierre presentado por Aratirí, advierten por la posible contaminación del aire y aducen que la minería no es una actividad para zonas de pradera. «No hay remediación posible para una zona que se dedicó a la minería», considera Viñas. Sostiene también que el viento esparcirá el mineral extraído que quedará en las denominadas «pilas de estériles» y eso puede ser nocivo.
El 21 de marzo en el club Democrático de Cerro Chato los militantes contra la minería presentaron 1.000 firmas contra Aratirí y festejaron cinco años de manifestaciones. Cerro Chato y Valentines, sumados, tienen menos de 3.500 habitantes.

Se hunde otro de los megaproyectos presentados como golpes de efecto medíaticos a pesar de todos los riesgos y de las advertencias y protestas de los vecinos y de los movimientos ciudadanos
PROBLEMAS CON LA REGASIFICADORA

Otra vez Gaz de France

La obra de la regasificadora en Puntas de Sayago atraviesa serias dificultades: con el retiro de la constructora brasileña OAS, 700 trabajadores quedaron sin empleo. La empresa adjudicataria, GDF (Gaz de France) asociada con Suez, dice que no se retirará, pero con cada retraso en las obras crece la preocupación de los trabajadores.

PUBLICADO el Domingo 29 de marzo, 2015 en Caras y Caretas

Por Belén Riguetti

Las obras de la regasificadora en Puntas de Sayago, están trancadas desde que se rescindió el contrato entre la brasileña OAS y el consorcio conformado por GDF Suez y la compañía japonesa Marubeni. Por ese motivo, 700 trabajadores del Sunca están en el seguro de paro. La constructora se encargaba de obras en los muelles y la escollera.
Caras y Caretas entrevistó a Washington Beltrán y a Alejandro Acosta, integrantes de la Unión Autónoma de Obreros y Empleados de la Compañía del Gas, para saber cuál es la visión del sindicato sobre el futuro del emprendimiento.
Ambos sindicalistas coincidieron en que, para que las empresas trasnacionales operen en Uruguay, es necesario un fuerte control del Estado. Esto implica la aprobación de un proyecto de ley que establezca las reglas de juego. En la administración pasada, el Ejecutivo elevó un proyecto que obtuvo media sanción en Diputados, y luego quedó en la nada, por las objeciones que puso el sindicato y por discrepancias internas en el gobierno.
La regasificadora es un proyecto que impulsaron los trabajadores, pero en 2013, cuando se supo qué empresas ganaron la licitación realizada por Gas Sayago, se prendieron las luces de alarma. Es que GDF es una vieja conocida de Uruguay: Gaz de France.
“Las iniciativas de Gaz de France a nivel internacional fueron cuestionadas. En Uruguay, desde 1995 a 2005, sufrimos en carne propia una gran represión antisindical”, dijo Beltrán.
La historia se inició en la década de los noventa, cuando se decidió privatizar la antigua Compañía del Gas. En 1994, Gaseba Uruguay SA -Grupo Gaz de France-, resultaría adjudicataria del servicio para Montevideo y la zona metropolitana.
Grupo Gaz de France “trajo perjuicios enormes a los trabajadores y a los usuarios. Lo que estaba previsto en el pliego de condiciones no se cumplió: no se desarrolló la empresa, se dispararon las tarifas, se inició una dependencia con Argentina por el gasoducto Cruz del Sur y se eliminó el gas manufacturado. Quedamos presos de un único mercado: el argentino. Por eso se dispararon los precios, porque no tenían [los argentinos] reservas para abastecer a su propio país y menos al nuestro. Todo eso fue un caos. En 2005 se fueron. Pretendieron destrozar nuestro sindicato, echaron a la dirección de nuestro gremio por el simple hecho de defender los intereses de los trabajadores y denunciar, ante los organismos del Estado, que no se estaba cumpliendo en forma mínima lo previsto”, recordó Beltrán.
Acosta dijo que esta fue una decisión tomada en forma intencional por los gobiernos blancos y colorados. La idea era tener una única interconexión de gas natural con Argentina, se suponía que iba a ser la proveedora a la región y las empresas privatizadas en Brasil, Chile y Uruguay iban a ser las grandes consumidoras. “Ese esquema se cayó porque no había reserva de gas para esa exportación. Ahora tenemos un gas caro, que alcanza en forma firme sólo a los usuarios residenciales y comerciales. A las industrias se les corta el gas cuando llega el invierno, la única alternativa es tener una regasificadora”.
En 2006, y después de esa serie irregularidades, la brasileña Petrobras compró Gaseba, que pasó a llamarse MontevideoGas.
Hoy “Petrobras está negociando con Ancap para retirarse del país y de MontevideoGas”, aseguró Washington Beltrán. De esa forma, Ancap obtendría el cien por ciento del paquete accionario.
“Exigimos que Petrobras se vaya porque la gestión es desastrosa, queremos que se recupere la gestión pública Estatal”, agregó Alejandro Acosta.
En una resolución de principios de 2015, la Asamblea Conjunta de Sindicatos de la Energía de Uruguay señaló que los componentes fundamentales del sector deben ser “considerados un servicio público estatal”
“Lo que pasó con la obra de la regasificadora es la crónica de una muerte anunciada. Ya sabíamos quiénes eran los actores, nosotros pusimos un alerta sobre la mesa. Como trabajadores de la energía, y desde la propia Pit-Cnt, se cuestionó que fuera adjudicada una obra de esta magnitud a algunas de las empresas que tienen tan triste historia en nuestro país”, dijo Beltrán.
Para el sindicalista, el problema responde a que las trasnacionales, sobre todo en sectores estratégicos, no vienen a hacer ninguna inversión que quede en el país, sino que vienen a “sacar réditos”.
“Esto ha quedado demostrado no sólo con la privatización de la Compañía del Gas. Petrobras, con todos los problemas de corrupción que tiene a nivel internacional, ha retirado todas sus inversiones, y Uruguay no es la excepción. Todo se relaciona con el futuro de la regasificadora. Nosotros presumimos que los operadores a los que les fue adjudicada la obra, entre ellos Gaz de France, han tenido problemas con la contratación de OAS por las dificultades vinculadas a Brasil”, afirmó.
Por su parte, Acosta señaló que en su momento manifestaron que el Estado tenía que hacer un fuerte control sobre Gaz de France-Suez, ya que había que evitar que se repitieran experiencias anteriores.
“Las empresas multinacionales que ganan licitaciones, como la de la regasificadora, no se hacen cargo de la construcción. En este caso se optó por darle a OAS el trabajo, pero no sabemos de qué forma se realizó ese proceso”, enfatizó Acosta.
OAS había trabajado en Uruguay en la renovación de la red de hierro fundido de MontevideoGas.
El problema de OAS
Según dijo Acosta, el problema de la empresa brasileña es que no cuenta con la experiencia técnica necesaria. “Los pilotes que se colocaron no se corresponden con las características técnicas que debe tener esa escollera, que está a dos kilómetros y medio entrando en el Río de la Plata. Aparentemente OAS no tenía experiencia en este tipo de obras, siempre trabajaban en tierra. A lo mejor eso explica por qué el gasoducto en tierra (contrato directo entre OAS y Gas Sayago) no tiene dificultades. El asunto es que hay multas que se le aplicarían a Gaz de France-Suez por los retrasos, pero, en concreto, la rapidez para realizar las obras se ve afectada. No sabemos cuándo se va a terminar el conjunto de la obra”, dijo.
Sobre la finalización de esta parte de la obra manifestó: “Con las autoridades anteriores ya se había planteado que no se iba a poder inaugurar hasta setiembre de este año. Ahora los tiempos se van a extender más. Creemos que la regasificadora es la única alternativa viable para que el gas natural deje de ser un elemento residual de la matriz energética y pase a ser un elemento importante, no sólo para generar energía eléctrica sino para el consumo industrial, comercial y residencial. Hoy estamos pagando los costos de la opción equivocada. A pesar de que Gaz de France reafirmó que va a continuar en el proyecto, nos preocupa la demora. Todo tiempo que se dilata es una posibilidad de que el proyecto quede por el camino. Si eso sucediera, se perdería la alternativa de la matriz energética con el gas natural”.
Marco regulatorio del gas natural
Según comentaron los sindicalistas, ni Gas Sayago ni el Ministerio de Industria, Energía y Minería tienen herramientas legales para presionar a GDF.
“Siempre sucede que el privado, por un motivo o otro, necesita el control férreo del Estado”, dijo Acosta. Para eso se está trabajando en un proyecto de marco regulatorio para el gas.
Durante el gobierno de José Mujica se elaboró un texto, con el cual los trabajadores no estuvieron de acuerdo porque les daba privilegios absolutos a los privados.
Beltrán dijo que “se votó entre gallos y mediasnoches en el Parlamento. Fue una ley que envió el Ejecutivo y en siete días se le dio el visto bueno en la Cámara de Representantes y pasó al Senado. Cuando descubrimos eso, como trabajadores, lo denunciamos. Era una manera de incurrir nuevamente en un episodio que le hizo mucho daño a nuestro país: darles a los privados [el negocio] sin ningún tipo de limitaciones. Se supone que debía ser algo que diversificara el paquete energético, que promoviera el desarrollo del gas natural, que llegara al aparato productivo y a los usuarios, y que sirviera para que los trabajadores se puedieran capacitar; por esto ocupamos la planta de MontevideoGas y logramos avances con el ex ministro Roberto Kreimerman. El nuevo texto fue elaborado, pero sectores del oficialismo como Asamblea Uruguay y el FLS (Frente Liber Seregni) no lo votaban, querían que quedara igual. Como vino la etapa de transición de un gobierno hacia el otro, se logró encajonar. Y ahora el peligro es inminente, no sabemos si se va a repetir esa misma concepción, donde aparentemente se les resuelve todo a los privados. Las empresas públicas son estratégicas, de alguna manera pueden posibilitar mejores condiciones de desarrollo para el país, pueden ser sustentables y debe manejar un servicio público el propio Estado. Eso es lo que pretendemos nosotros y es lo que está en discusión”.
Acosta también manifestó su preocupación: “El proyecto que obtuvo media sanción en Diputados, ingresó el 3 de setiembre de 2014 a la Comisión de Industria y el 16 de setiembre ya estaba en la Cámara. La mayoría de los diputados no tenía ni idea de lo que estaba votando. A través de ese proyecto se entregaba, por la vía de la autorización del Poder Ejecutivo, la gestión de la importación, exportación y distribución al privado. En el ámbito energético, cuando habla de privados se habla de capitales trasnacionales. No hay capitales nacionales que puedan operar en ese volumen. También promovía el monopolio, porque nadie va a tender tres o cuatro caños por la calle para ver quién se conecta por esa red. El Estado invertía 2 mil millones de dólares en el proyecto de la regasificación, pero le daba a un privado la llave del negocio”.
Acosta dijo que hubo una interna en el gobierno, “una especie de enfrentamiento con el vicepresidente Danilo Astori y no se mandó nada, se abortó aprobar el viejo proyecto pero no se envió uno nuevo. Ahora estamos en tratativas con las autoridades actuales para redactar un nuevo proyecto. Queremos que quede expresado en negro sobre blanco que el Estado tenga el monopolio de todo lo relacionado con el gas natural, a través de UTE y de Ancap”.

Lo que se dice que se pudrió todo y el pueblo como ratones de experimentos

Piden no bañarse en la laguna y miles de litros de agua se tiran a las calles

La crisis del agua potable en Maldonado golpea al turismo en feriado de Semana Santa

El alcalde de Punta del Este, Martín Laventure, advirtió sobre el impacto que pueda generar la mala calidad del agua en los visitantes que lleguen en las próximas horas al balneario.
Pocos días atrás unas 70 personas se manifestaron frente a OSE. Foto: Ricardo Figueredo.
MARCELO GALLARDOjue abr 2 2015 El País uy
«Sin duda, esto va a causar molestias en los visitantes. Más allá de la discusión, el inconveniente existe. Las explicaciones van a generar cierto grado de intranquilidad y habrá que ver cómo se irán solucionando los inconvenientes causados. Es algo muy delicado», indicó Laventure.
En muchos edificios de la zona con pocos apartamentos ocupados los tanques fueron llenados antes que se declarara la emergencia. Pero mientras se van vaciando, se comienzan a llenar con agua con problemas de olor y mal gusto. «A medida que vayan llegando los propietarios los tanques empezarán a recibir esta agua que tiene un gusto a porquería bárbaro. Tal como ocurre en mi casa, que desde hace días no se puede tomar», dijo el encargado de mantenimiento de una torre de la rambla Lorenzo Batlle Pacheco de Punta del Este.
«Esto servirá para generar una discusión a fondo sobre uno de los valores principales que teníamos y que ahora está en riesgo de perderse», agregó Laventure. En todo Maldonado se ha disparado en los últimos días la venta de filtros y de agua envasada.
«Ya sabemos que el agua no es potable por boca de los propios responsables del abastecimiento, más allá de que aseguran no provocará daños en la salud», indicó el alcalde.

No bañarse.

En las últimas horas, la comuna fernandina recomendó a la población no bañarse en la Laguna del Sauce. «De acuerdo al informe elaborado por los técnicos que realizan un monitoreo permanente del estado del agua de la laguna, existe un crecimiento inhabitual de elementos algares. Por esta razón, se recomienda a la población «evitar bañarse en la laguna», ya que las algas «podrían ocasionar irritación en la piel y en mucosas», sostiene el comunicado.

Purgas de agua.

En tanto, los técnicos de la Unidad de Gestión Desconcentrada de OSE Maldonado vienen realizando purgas en diversos puntos de las tuberías que abastecen de agua a la zona.
Al menos cinco purgas fueron ejecutadas entre el martes y el jueves en la península. Miles de metros cúbicos de agua potable, producida en la planta de Laguna del Sauce, corrían por las calles y veredas tanto de Punta del Este como en otros puntos del departamento.
La purga es un procedimiento habitual para limpiar las tuberías, a partir de verter agua producida a la vía pública.

Se vienen realizando purgas en diversos puntos de Maldonado.

Denuncia.

Una puja desatada entre dos empresas por la concesión del abasto municipal «Victoriano Suárez» de la ciudad de Pan de Azúcar dejó al descubierto un eventual problema de contaminación de la cuenca de la Laguna del Sauce.
El caso se relaciona con la licitación denominada «Explotación comercial e industrial del total de la planta de faena del Frigorífico Victoriano Suárez de Pan de Azúcar».
Semanas atrás, la intendenta Susana Hernández adjudicó la referida licitación a la firma Simply SA, la cual gestionó el matadero durante diez años.
La empresa Valegra SA, antes del feriado de Turismo, interpuso un recurso de reposición contra la referida resolución de la jefa comunal. A juicio de la competidora, la oferta de la empresa ganadora es menor en cuanta su propuesta desde el punto de vista ambiental, según el estudio legal que asesora a la reclamante.
El documento menciona delitos contra la salud pública y la responsabilidad incurrida por los jerarcas y funcionarios departamentales.

La población indignada.

Hace pocos días unas 70 personas se manifestaron frente a la Unidad Desconcentrada de OSE y luego ingresaron al edificio en protesta por el agua que tiene mal olor y gusto barroso. Llevaron botellas con agua que decían era de la canilla, pretendiendo que la bebieran los funcionarios de OSE.Ayer, la Intendencia de Maldonado recomendó no bañarse en la Laguna del Sauce, en tanto se vienen haciendo purgas para limpiar las cañerías del departamento, arrojando miles de litros de agua potable a las calles. Hay denuncias por vertidos contaminantes y se disparó el consumo de filtros y agua envasada.

Advertencia de OMS sobre el glifosato.

El 20 de marzo la Organización Municipal de la Salud (OMS) destapó una olla de grillos al elevar el riesgo de cáncer del herbicida más popular que se utiliza. «Nos preguntamos ¿hay evidencia de que el glifosato causa cáncer? y la respuesta es probablemente», explicó el coordinador del grupo de científicos que compiló la lista, Aaron Blair.
«Eso es diferente a afirmarlo categóricamente», recalcó el miembro de la Agencia Internacional para la Investigación sobre Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés). Según informó la BBC de Londres, luego de la publicación de la lista, la compañía Monsanto demandó una retractación de la OMS. Es que mucho del éxito comercial de Monsanto, una compañía valorada en más de US$ 15.000 millones, está basado en la venta de herbicidas basados en glifosato y cultivos genéticamente modificados para resistir al herbicida.
Según los ecologistas, el volumen de ventas de este producto a nivel mundial es equiparable al de la Coca Cola en el mercado de los refrescos.

UN FISCAL Y UN DIPUTADO

Viana: hay elementos para actuar

El fiscal Enrique Viana dijo que existen elementos técnicos y legales, para actuar ante la contaminación del agua y que el problema es «nada más que de voluntad».
Según FM Gente, el fiscal ubicó lo que pasa con la contaminación de fuentes de agua potable como una cadena de omisiones: el Estado se asocia a privados que contaminan y no ejerce controles ni impone límites; el Poder Judicial no interviene; los jueces no hacen lo que deben hacer y los ciudadanos no ejercen su ciudadanía y esperan que alguien les resuelva el problema.
«Uruguay está yendo por un camino opuesto al de las restricciones, las limitaciones, al derecho ambiental como un derecho de interés general por encima de intereses particulares», aseguró.
Viana ubicó que «la mayor parte de los cursos de agua del Uruguay, Río Uruguay, Río Negro, Río Santa Lucía, las lagunas, Laguna del Sauce, Laguna del Cisne que abastece de agua potable a la zona de Atlántida, La Floresta, y otras tantas, están sufriendo las consecuencias de la contaminación.

Pedido de informes a ministerios.

El diputado Nelson Rodríguez (Unión y Cambio) cursará en la próxima semana un pedido de informes a los ministerios de Salud Pública y Medio Ambiente.
El edil Alejandro Lussich, integrante del sector, recordó que el artículo 2516 del decreto 375/11 prohibe de forma indirecta o directa el suministro de agua no potable a la población. La norma establece que el MSP podrá autorizar excepciones temporales para el cumplimiento de los denominados «valores máximos permitidos».
Dicha solicitud deberá ser presentada al MSP adjuntando la información sobre las desviaciones detectadas. La misma deberá ser enviada al Mvotma y la Unidad Reguladora de Energía y Agua.
«El pedido de informes quiere establecer si la OSE se ajustó a lo que establece este decreto», agregó Lussich.
El edil recordó que el propio director de la Unidad de Gestión Desconcentrada de OSE, ingeniero Jorge Hourcade, sostuvo que el agua suministrada a la población no es potable pero que no representa un problema sanitario.

Por más que los gobiernos del FA hagan la buena letra, el implacable verdugo de los pueblos, el FMI, no perdona. Como lo demuestran con el «austericidio» en Europa. El FMI es el general de las salvajes agresiones al pueblo trabajador y población necesitada.

Organismo aconsejó además revisar exoneraciones al impuesto empresarial

El FMI sugirió bajar mínimo del IRPF; gobierno no lo acepta

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aconsejó al gobierno uruguayo una corrección fiscal mediante «una combinación de medidas» del lado de la recaudación y del gasto. El gobierno no lleva esas propuestas porque entiende que van en contra de su política en algún caso y porque podrían crear «incertidumbre» en los inversores.
Para el FMI más personas deberían pagar IRPF. Foto: Leonardo Carreño
mié abr 1 2015 El País uy
En ese sentido, el organismo sugirió «considerar» medidas como «la reducción del umbral mínimo de ingresos para el IRPF (Impuesto a la Renta de las Personas Físicas)». Esto es bajar el mínimo no imponible del tributo que es de $ 21.363. Según el Fondo «actualmente, sólo cerca del 35% de los empleados se estima que contribuyen» al IRPF.
A su vez, aconsejó «limitar las exoneraciones del IVA (estimadas en un 3% del Producto Interno Bruto —PIB—), y la revisión de las exoneraciones del impuesto a las empresas (que representan alrededor de 2% del PIB)», así como «la eliminación de aquellas que no son claramente propicias para el crecimiento a largo plazo».
Las recomendaciones están contenidas en el informe de la misión del FMI que estuvo en Uruguay entre el 1° y el 12 de diciembre de 2014 para auditar la economía uruguaya. Este tipo de revisiones son denominadas por «artículo 4°» y le corresponden a todos los países miembros del organismo aunque no tengan programa con él.
Para el organismo, además es necesario que el gobierno uruguayo mantenga «el crecimiento del gasto real por debajo del crecimiento del PIB real». Esto es que en 2016 el gasto real crezca 2% mientras la economía lo haría 2,7% según la estimación del Fondo.
«Esto contribuiría con dos tercios del ajuste recomendado en cuatro años» y el resto se daría con los cambios sugeridos en los tributos, añadió.
Según el Fondo de mantener las políticas fiscales «sin cambios» y de acuerdo a «las proyecciones macroeconómicas» de su staff, «el ratio de deuda neta se iría hacia arriba en el mediano plazo, acercándose a niveles menos confortables. Más aún, los shocks adversos al crecimiento, tasas de interés y el tipo de cambio podrían empeorar la dinámica de la deuda». Por eso, consideró que «el próximo Presupuesto es una oportunidad para restaurar una tendencia a la baja en la proporción de deuda pública respecto al PIB».
En el informe se sostuvo que «para ayudar a asegurar el cumplimiento de los objetivos de gasto» se podría «incorporar» una «regla numérica de gasto » en el Presupuesto. Así, «los objetivos de crecimiento del gasto real, se podrían convertir en un techo nominal de gasto para cada año del período» y «reducir» ese tope «con el tiempo si la desinflación avanza más rápido de lo esperado».

Respuesta.

En el informe, los técnicos del FMI incluyeron lo que respondieron los jerarcas del gobierno a sus planteos. Entre otros, los técnicos del Fondo se entrevistaron con los por entonces vicepresidente de la República, Danilo Astori y ministro de Economía, Mario Bergara y el presidente del Banco Central (BCU), Alberto Graña. También mantuvieron reuniones con «miembros del nuevo gobierno», que no había asumido a esa fecha.
Por un lado, los jerarcas rechazaron la posibilidad de bajar el mínimo del IRPF, ya que la política del gobierno va en sentido contrario con el proyecto de ley para separar el aguinaldo y el salario vacacional del sueldo en el cálculo del impuesto. El gobierno estima que 65.000 personas dejarán de pagar el IRPF con este proyecto.
Por otro lado, «las autoridades vieron limitadas posibilidades de reducción de las exoneraciones fiscales, que consideran están bien dirigidas», expresó el documento del FMI.
«Además, destacaron el éxito de los incentivos a la inversión en la atracción de Inversión Extranjera Directa y señalaron que la revisión de las exoneraciones del impuesto (a la renta empresarial) crearía incertidumbre y socavaría las perspectivas de inversión».
Las autoridades sí «coincidieron» con el FMI «en que sería deseable mantener estable la relación deuda neta/PIB durante el próximo período presupuestal de cinco años» y «señalaron que una estrategia política precisa se describirá en el próximo Presupuesto que se presentará al Parlamento en junio», indicó el documento.
Respecto al déficit fiscal que alcanza a 3,3% del PIB, los jerarcas de gobierno «hicieron hincapié en que una serie de proyectos de inversión ejecutado por las empresas públicas se completarán en el corto plazo, mejorando el balance del sector público».
Por último, «las autoridades subrayaron que su marco de política fiscal ya incorpora una regla de la deuda neta que establece un límite anual en el aumento anual de los pasivos netos del sector público consolidado» y «tomaron nota del argumento del staff (del FMI) de que una regla de (tope de) gasto implicaría ser menos procíclico que una regla de deuda neta», expresó.

Aconsejó que ajuste salarial sea nominal.

La misión del Fondo Monetario Internacional, encabezada por Oya Celasun (ver foto) hizo hincapié en que «llevar la inflación al punto medio del rango meta (esto es 5%) requiere un esfuerzo integral de desinflación», según el documento del organismo.
«La reciente caída de los precios del petróleo va a crear una excelente oportunidad para llevar la inflación más cerca de la meta» y un plan «para reducirla aún más, (…) debe incluir el mantenimiento de políticas macroeconómicas restrictivas, una estrategia para reducir la indexación de los salarios hacia atrás», entre otros, dijeron los técnicos del FMI que estuvieron en Uruguay entre el 1 y el 12 de diciembre de 2014.
«La reducción de la indexación de los salarios por inflación pasada es fundamental para disminuir la persistencia» de la suba de precios y «bajar el costo de la desinflación» ante lo cual, las pautas «del gobierno de fijación de salarios para las rondas de negociación de 2015 y 2016 deben únicamente recomendar contratos (de ajustes) nominales», sugirió el Fondo.
Los jerarcas del gobierno respondieron que «esperaban una tendencia a la baja de la inflación en el corto plazo, dada la orientación restrictiva de la política monetaria y el eventual traspaso de la caída de los precios del petróleo a precios minoristas» y «consideraron que la actual combinación de políticas es coherente con la reducción de la inflación y no consideran que la política fiscal tenga un efecto significativo sobre la inflación en este momento», dijo el documento del FMI.

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