Noticias Uruguayas 29 abril 2018

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URUGUAY

Los secretos mas oscuros de los archivos


En todas partes
Exiliados y familiares de presos fueron señalados, en 1981, como posibles blancos de represalias.


por Samuel Blixen

27 abril, 2018

El general Luis Vicente Queirolo ordenó tomar represalias con familiares de exiliados, en el marco de su enconada guerra con el general Gregorio Álvarez por el control del Ejército en vísperas de la apertura política.

Familiares de uruguayos que vivían en el exterior y que estaban requeridos por las autoridades militares fueron señalados en 1981 como posibles blancos de represalias para el caso de que se produjera un ataque a una unidad militar. A estar por los antecedentes (los fusilados de Soca, las ejecuciones en Argentina), es de suponer que la represalia incluía asesinatos y desapariciones forzadas. La orden fue emitida por el entonces comandante en jefe del ejército, general Luis Vicente Queirolo, y destinada al entonces director del Servicio de Información de Defensa (Sid), general Iván Paulós.

El Sid debía encargarse de planificar las represalias, cuya concreción recaería sobre el Departamento III (Operaciones) cuyo jefe, en aquella época, era el teniente coronel Gilberto Vázquez, hoy condenado por múltiples delitos de lesa humanidad. La orden de ejecutar represalias masivas fue emitida apenas 20 días después de que la Junta de Oficiales Generales resolviera la designación del general retirado Gregorio Álvarez como presidente de la República. Acciones drásticas contra civiles, independientemente de sus posturas o militancia política, como las ordenadas por el general Queirolo, inevitablemente complicarían el inicio del mandato de Álvarez.

UN TÉLEX CIFRADO.
La búsqueda de documentos de origen militar que registren las acciones y operativos contra personas y organizaciones políticas y sociales durante la dictadura ha sido hasta ahora infructuosa. Las colecciones de documentos incautados carecen de dichos registros, salvo algunas excepciones muy puntuales. Una de esas excepciones es un télex recibido a las 20 horas del 2 de junio de 1981 en la Mesa de Radio del Sid y dirigido al director, el general Paulós. El télex, “multicifrado número 15187/B”, fue emitido en la Mesa de Radio del Comando General del Ejército y trasmitido por los operadores soldado Ramírez y cabo Bica.

El texto establecía: “Información recibida día fecha del exterior comunica inminente atentado contra Eie (Escuela de Inteligencia del Ejército) caso de existir reacción se tomarán represalias con familiares en interior y exterior del país. Firmado: Cte J E (comandante en jefe del Ejército) (véase documento).
Según dicha información, el atentado sería contra el edificio del antiguo Centro General de Instrucción de Oficiales de Reserva (Cgior), donde funcionaba la Escuela de Inteligencia del Ejército. En junio de 1981, el director de la Eie era el coronel Alberto Mira, a su vez jefe de la Compañía de Contrainformación del Ejército.

El edificio de la calle Dante fue, a comienzos de los años ochenta, un centro clandestino de detención y torturas. Antes de la dictadura también había sido utilizado como lugar de reclusión de ciudadanos detenidos bajo el régimen de medidas prontas de seguridad. Y en 2007, la entonces ministra de Defensa Nacional, Azucena Berrutti, incautó, en las oficinas de la Escuela de Inteligencia, el armario con más de 1.200 rollos de microfilmaciones.

Su condición de centro clandestino fue confirmada en mayo de 2017 por el juez José María Gómez, cuando ordenó el procesamiento del coronel retirado Rodolfo Gregorio Álvarez Nieto, sobrino del ex dictador. El coronel Álvarez fue responsable de las torturas a que fue sometido el dirigente del Sunca Gerardo Riet, un militante del Pvp detenido en 1980 e interrogado y torturado en el ex Cgior antes de ser trasladado a otro centro clandestino en La Tablada.

El edificio de la calle Dante también albergaba a la Compañía de Contrainformaciones del Ejército, que dependía directamente del E 2 (Inteligencia) del Estado Mayor del Ejército. Comandada por el mayor Arturo C Aguirre, la compañía recluía en 1981 a varios detenidos, en especial del Partido Comunista (un militante de la construcción, de apellido Araújo, Manuel Pérez, también del PC, y un químico).

En un régimen especial permanecieron en la compañía, en aquellas fechas, dos prisioneros comunistas que habían colaborado en el Fusna (fusileros navales) en la llamada “computadora” (estructura de presos y de oficiales que analizaban las declaraciones de los detenidos y elaboraban informes sobre grupos políticos) y que habían sido liberados con la encomienda de organizar estructuras sindicales favorables al régimen.

EL LARGO BRAZO DE LA REPRESIÓN.
Es necesario consignar que nunca se produjo, en 1981 ni en los años siguientes, un atentado contra la Eie. Ninguno de los militantes exiliados que permanecieron en el exterior, consultados para este informe, recordó alguna noticia sobre un supuesto plan de atentado a la Eie. Hasta el momento no se hallaron otras referencias sobre la orden dictada por el comandante Queirolo.

El documento, no obstante, sugiere que la información fue obtenida en el exterior, por algún infiltrado entre los numerosos grupos de exiliados que en aquel entonces vivían en Europa y en América, especialmente en México, Colombia, Brasil y Argentina. Por la forma en que la inteligencia militar registraba los resultados de los interrogatorios, parece sensato descartar que la información del atentado haya sido proporcionada por algún detenido en Uruguay.

Asimismo, la consigna de aplicar represalias a familiares “en el exterior y en el país” hace suponer que los organismos represivos de la dictadura tenían capacidad de operar en Europa y en países americanos, más allá de Argentina, Brasil y Paraguay, donde la participación uruguaya en el Cóndor fue intensa. En Brasil, la Compañía de Contrainformaciones realizó un operativo comando en Porto Alegre contra militantes del Pvp, y el Sid mantuvo durante años vigilancia de personas vinculadas al Partido Nacional. En Argentina, el Sid mantuvo estructuras logísticas permanentes (casas, vehículos, centros de interrogatorios), así como oficiales que permanecían por meses operando en distintas ciudades. En Paraguay, la detención de dos exiliados uruguayos (Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana, Pvp) a comienzos de 1977 reveló la permanencia en Asunción de un oficial de Contrainformaciones (el entonces coronel Carlos Calcagno, procesado en 2010 por la desaparición forzada de ambos militantes) como parte de la estructura del Cóndor; entre sus potestades, además de la coordinación, estaban las de interrogar y torturar a detenidos.

La estrecha colaboración entre los aparatos de inteligencia de Argentina y Uruguay, consolidada a partir del golpe de Estado de 1976, se estrechó más aun cuando en 1977 las detenciones y extradiciones clandestinas se multiplicaron en ambos sentidos, interviniendo no sólo los ejércitos, sino también los organismos navales. Diversas referencias señalan que los represores uruguayos que pretendían mantener una vigilancia sobre los grupos de exiliados en diversas capitales europeas se apoyaron en el “Centro Piloto” que a fines de 1977 instaló la Armada argentina en París, para la vigilancia y persecución de militantes montoneros.

No es descabellado suponer que en 1981 la inteligencia uruguaya tuviera un relevamiento de exiliados uruguayos en Europa, y de sus familiares. En ese trabajo de relevamiento también colaboraban funcionarios diplomáticos de las embajadas uruguayas, según se desprende de los informes que habitualmente llegaban al Departamento II (Exterior) del Sid y al E II (Inteligencia del Estado Mayor), del que dependían todos los agregados militares de las embajadas uruguayas.

El interés de la inteligencia militar por los militantes de los diferentes grupos políticos que habían logrado eludir la cacería masiva y que permanecían libres en el exterior quedó confirmado por los extensos interrogatorios sobre el tema a que fueron sometidos algunos de los nueve rehenes varones del Mln y algunas de las 11 rehenes mujeres. En total llegó a haber 20 prisioneros rehenes de los militares, cuya vida dependía de que no se produjeran acciones guerrilleras o atentados en el país.

En esos interrogatorios, comandados por el general Alfonso Feola y el general Gregorio Álvarez, se pretendía elaborar un “perfil” de los principales exiliados tupamaros que mantenían en el exterior la pretensión de retornar al país para enfrentar a la dictadura. Un documento firmado por Álvarez, como jefe de la región de Ejército 4, y que fuera “filtrado” por fuentes militares, detalla los interrogatorios a Eleuterio Fernández Huidobro. El general Feola, por su parte, comandó un interrogatorio a Raúl Sendic, que se prolongó por cinco horas.

QUEIROLO, EL TENIENTE DE ARTIGAS.
El general Luis Vicente Queirolo era agregado militar en Washington cuando el flamante gobierno de James Carter confirmó, en marzo de 1977, la suspensión de la ayuda militar a Uruguay por las graves violaciones a los derechos humanos; la protección enmienda parlamentaria había sido impulsada por el congresista Edward Koch. La dictadura atribuía dicha iniciativa a la campaña de denuncias que formulaban permanentemente Wilson Ferreira Aldunate y su hijo Juan Raúl. Este último reveló que, por esas fechas, el Fbi lo entrevistó para informarle que iba a estar bajo protección. Lo mismo fue informado por Scotland Yard a Wilson Ferreira, que permanecía en su apartamento de Londres. Documentos desclasificados del Departamento de Estado (la cancillería de Estados Unidos) confirman que Wilson Ferreira “llegó a estar en la mirilla de un francotirador”. Juan Raúl Ferreira contó en Radio Uruguay que no le dieron ninguna explicación ni detalles, cuando el Fbi le informó que se desactivaba.

Muy poco antes el Sid (con la aprobación de la Junta de Comandantes) había dado luz verde a un proyecto de asesinato del congresista Koch. A tales efectos se había decidido que José Gavazzo y José A Fons, ambos oficiales del Sid, fueran designados como agregados militares en Washington, uno en la embajada y otro en la Junta Interamericana de Defensa. Las denuncias ante la Cia y el Fbi formuladas por Patricia Derian, funcionaria designada por Carter para asuntos de derechos humanos de su gobierno, impidió que el Departamento de Estado aprobara el estatus diplomático para Gavazzo y Fons. Antes de que terminara el año 1977, el general Queirolo debió retornar a Montevideo porque fue declarado persona no grata.

Mano derecha del general Esteban Cristi, fundador de la logia Tenientes de Artigas, Queirolo participó activamente en los prolegómenos del golpe de Estado, en febrero de 1973, y fue uno de los impulsores de los famosos comunicados 4 y 7 que, en su opinión, fueron una maniobra para que sectores de la izquierda “tragaran el anzuelo” sobre una supuesta orientación “peruanista” en los mandos (véase entrevista en Estado de guerra, de Alfonso Lessa). Cuando el Ejército se zambulló de lleno en la represión, Queirolo fue jefe del Ocoa como coronel, pasó a ser segundo jefe de la Región Militar número 1, y después suplantó a Ramón Trabal en la dirección del Sid; siguió en la inteligencia cuando fue ascendido a general.

En el segundo semestre de 1974 la inteligencia militar se centró en Argentina, en la represión de los grupos del Mln que participaban, junto con el Mir chileno y el Erp argentino, en la Junta Coordinadora Revolucionaria. Hubo numerosas detenciones, muertes y desapariciones, y cinco militantes tupamaros, más un exiliado de filiación blanca, fueron trasladados clandestinamente a Montevideo en noviembre de ese año.

María de los Ángeles Corbo, Héctor Brum, Graciela Estefanell, Mirtha Hernández, Floreal García y Julio Abreu fueron torturados en la casa de Punta Gorda (el “infierno chico”) hasta el 20 de diciembre, fecha en que los cuerpos de los cinco primeros aparecieron, acribillados a balazos, en la banquina de la ruta 70, en el cruce con la ruta 9, cerca de la localidad de Soca. El brutal asesinato fue una represalia por la muerte, en París, del coronel Trabal, ocurrido el 19 de diciembre, y se presume que dicha represalia fue también una advertencia para los grupos que operaban en Argentina. El general Queirolo era en esas fechas jefe del Estado Mayor del Ejército.

Otra represalia se registró en 1976 en Buenos Aires: en Automotores Orletti, base de operaciones del plan Cóndor, permanecían secuestrados, junto con otros refugiados uruguayos, los dirigentes sindicales León Duarte y Gerardo Gatti (Pvp). Los mayores Gavazzo y Cordero pretendieron canjear por dinero a los sindicalistas, impulsando gestiones ante organizaciones sindicales europeas. El fracaso del chantaje terminó con la desaparición de ambos prisioneros.

Queirolo heredó el encono que el general Cristi profesaba por el general Álvarez, quien en 1976 fue el principal oponente a la propuesta de Juan María Bordaberry de establecer un sistema fascista de organización. Cristi y Queirolo apoyaban la idea de suprimir definitivamente los partidos políticos. En ese contexto se produjeron los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo, William Whitelaw y Manuel Liberoff. En 1976 Queirolo, como jefe del Estado Mayor, estaba a cargo del E 2 (Inteligencia).

En 1979 la Junta de Oficiales del Ejército era el campo de batalla entre los tenientes de Artigas y los oficiales que apoyaban a Álvarez. Al momento de pasar a retiro, y con la aspiración de llegar a presidente, Álvarez se aseguró de que la Junta de Oficiales tuviera mayoría a su favor. En la dura negociación por cuatro ascensos a general, debió aceptar que Queirolo (que también aspiraba a la presidencia) fuera designado comandante del Ejército.

Tras el aplastante triunfo del No en el plebiscito de 1980, Queirolo tenía el control de la Junta, pero con los incidentes de corrupción en el generalato, Álvarez retomó el control de la mayoría, que le permitió asegurar su candidatura a la presidencia; no obstante, no logró controlar la inteligencia, en manos de Paulós.

Al ser anunciada la apertura política, el comandante Queirolo hizo una advertencia pública: “Las Fuerzas Armadas van a seguir jugando el mismo papel que juegan actualmente. En este momento están coparticipando en el poder. Y van a seguir coparticipando en el poder”. Se oponía así a la intención de Álvarez de ejercer un “presidencialismo total”. Queirolo, por el contrario, quería transformar la Junta, integrada por 25 oficiales generales (un virtual colegiado durante ocho años), en una junta de seguridad nacional, que sería una especie de “supervisor último de las autoridades elegidas por voto popular”.

 


 

 

Es en este complejo contexto que Queirolo emite la orden de tomar represalias con familiares.

Este 1º de mayo el asesinato impune de Reyes se convierte en un reclamo de justicia

PORTAL PIT-CNT
El próximo martes los proletarios del mundo, en especial los uruguayos, conmemoran el Día Internacional de los Trabajadores, en recuerdo de los mártires de Chicago, las movilizaciones llevadas adelante por la clase obrera y las conquistas logradas hasta el momento. Durante este día de reflexión y compromiso de lucha por una sociedad más justa y solidaria, el PIT-CNT convoca a la población a concentrarse a partir de las 10 horas en la Plaza 1º de Mayo.
En estas instancias de homenaje a los mártires obreros recordamos parte de las palabras de August Spies (alemán, 31 años, periodista): “Pueden sentenciarme a muerte, honorable juez, pero al menos que se sepa en Illinois que ocho hombres fueron sentenciados a muerte por creer en un bienestar futuro, por no perder la fe en el triunfo de la libertad y la justicia”.
Cuando cada 1º de mayo se renueva en el mundo el recuerdo a los muertos y presos sindicales, en esta opotunidad el Observatorio Luz Ibarburu elaboró un detallado informe en recuerdo del asesinato de Jorge Emilio Reyes (1955-1980), que continúa impune, y que publicamos a continuación.

Un obrero asesinado

Temprano en la mañana del 1º de mayo de 1980 un grupo de trabajadores de Nordex conversaba frente a la empresa antes de empezar el turno. Entre ellos estaba Jorge Emilio Reyes. Era electricista y acababa de cumplir 25 años. Una hora después, lo derribó una bala militar mientras estaba trabajando dentro de la planta con un compañero. El caso tuvo un rápido tratamiento en la justicia militar y se archivó sin más. Casi cuarenta años después, el asesinato de Reyes sigue impune.
Aquel fue un día difícil. Por primera vez desde el golpe de Estado la dictadura ordenó trasladar el feriado del Día de los Trabajadores para el 5 de mayo. En repudio al decreto que deliberadamente desconocía la histórica tradición del movimiento obrero internacional de no trabajar en la fecha, sindicatos como el SUNCA decidieron parar. Otros, en cambio, entre los que se contaban los metalúrgicos de Nordex, frenaron el primer impulso de plegarse a los obreros de la construcción.
No tenían fuerza ni capacidad para hacer frente a la represión que les caería encima si paraban y, sobre todo, querían preservar la frágil organización sindical que con riesgo estaban levantando. A desgano y después de haberle anunciado a los patrones que esa jornada harían lo menos posible, conversaron unos minutos frente al portón de la empresa, compartieron un mate y entraron a trabajar.

Aplausos y gritos de hurra

Mario Hugo Chaves, a quien los compañeros llaman “Chelo”, evoca la escena callejera que antecede al asesinato de Reyes: “…siempre entrábamos unos minutos antes pero ese día como que se dio una cosa especial y lo primero que notamos fue dos camionetas del Ejército, una en cada esquina de la planta de Rondeau” (1). En efecto, como parte del vasto operativo de vigilancia que la dictadura desplegó para controlar el acatamiento al decreto, el Batallón de Ingenieros número 1 envió tres unidades de seis hombres cada una a patrullar la zona (2). En una de ellas iba como chofer al hombre que mató a Reyes, el soldado Luis Alberto Morales Godoy, integrante de la Compañía antisubversiva del Batallón de Ingenieros número 1.
“Siempre en la entrada se armaba una especie de bullicio, mate, bizcochos, bromas y cachadas. En una se entran a reír por un cuento y enseguida pasó la camioneta en tono amenazante, con las metralletas apuntando hacia la planta y mirándonos en una actitud muy fuerte”, relata “Chelo”.
Lo que sucedió casi enseguida puede explicarse por el ambiente de tensión extrema que se instala con un operativo de control y vigilancia del porte que ese día el Ejército y la Policía en lanzaron en Montevideo. Para la patrulla que “Chelo” y sus compañeros vieron pasar frente a Nordex, la charla y las risas de los trabajadores eran un acto sospechoso o una amenaza que justificaba el pedido de refuerzos. Tras la muerte de Reyes el hombre estaba al frente de la ella, el alférez Juan Ariel Aguilar, declaró al juez militar que mientras recorría la zona escuchó “gritos de hurra y aplausos por lo que procedió a hacer un pasaje de reconocimiento por el lugar de donde venían los gritos”. Inmediatamente mandó un mensaje de radio pidiendo apoyo a una unidad militar y mientras esta llegaba decidió entrar a la planta custodiado por Morales y el sargento Luis Manzoni Torentino. El capataz de la empresa lo tranquilizó asegurándole que todo el personal estaba trabajando y que la rueda de mate y el alboroto de la conversación que había visto afuera era “cosa de todos los días”.
Al salir Aguilar se encontró con la unidad que había pedido: el teniente primero W. Sarli del equipo “Simón” que el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) mandó a Nordex. Sarli le ordenó que volviera a la empresa y pidiera la lista completa de los trabajadores presentes. La declaración de Aguilar sobre las medidas de seguridad que tomaron para entrar a la planta por segunda vez revela que la actitud y el ánimo con que regresaron había cambiado. Aguilar ordenó vehículo estacionara frente a la fachada y que tres soldados armados cubrieran la entrada apostados detrás los árboles de la vereda opuesta. Después se encaminó hacia el local escoltado por Manzoni y Morales, responsables de “brindarle seguridad a vista directa”. Más que el ingreso a una fábrica para hacerse con un documento de la administración el dispositivo parece el de un comando que va a internarse en campo enemigo.

Control, represión y propaganda

Los documentos recabados por el Equipo de Historiadores de la Universidad de la República permiten aproximarse al clima social en que se produjo la muerte de Reyes y conocer la amplitud del operativo ejecutado ese día (3). Un informe del jefe de la Sección GAMMA de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), el conocido represor y capitán de la Guardia de Granaderos Ricardo Medina, da cuenta de las más de cuarenta empresas públicas y privadas de Montevideo a las que la dictadura pidió datos a fin de tener un balance exacto del ausentismo y el nombre de los hombres y mujeres que faltaron al trabajo. Entre las empresas que debieron entregar la lista de personal hay bancos, firmas de la industria textil, tabacaleras, de la bebida, pesqueras, metalúrgicas, compañías de transporte colectivo, liceos hospitales. En algunos casos, Medina anota que las tareas se cumplieron en forma normal y en otros señala un ausentismo que va del 4 al 80%. Como si se tratara de un escrutinio electoral, el capitán le anuncia a su superior que luego de ese primer informe, que recoge datos parciales del turno matutino “hasta la hora 15:00”, entregará otro, que será terminado a las 18:00. La vigilancia de la jornada también se extendió a las misas y reuniones que ese día se celebraron en la Catedral, en la Iglesia del Cordón y el templo metodista de la calle Constituyente, entre otros. Como resultado de las volanteadas, servicios religiosos y paros parciales que hubo ese día la jornada terminó con cientos de detenidos que en su mayoría fueron a parar al Centro General de Instrucción para Oficiales de Reserva (CGIOR).
El traslado del feriado del Primero de Mayo fue un ensayo para medir el estado de ánimo y la respuesta de las organizaciones sindicales en un momento clave del cronograma político aprobado por la Junta de oficiales generales. Estaba previsto que en noviembre de ese año se plebiscitara la reforma de la Constitución que daría al régimen la legalidad de la que carecía. El respaldo del voto ciudadano transformaría los actos de gobierno impuestos por la fuerza luego del golpe de Estado en disposiciones con rango constitucional: allanamientos nocturnos, justicia militar para civiles y reglamentación del derecho de huelga, entre otras medidas de anulación de las libertades individuales.
La combinación de control, represión y propaganda que fue una constante de la forma de gobierno del terrorismo de Estado, tuvo un particular despliegue ese año. En marzo la DINARP empezó la campaña “Quien elige no recordar su pasado está condenado a repetirlo”, con fotos que mostraban el caos y la violencia causada por la llamada sedición. A fines de abril, casi en simultaneidad con el traslado del feriado del 1º de Mayo, el Batallón de Infantería número 9 de Fray Bentos, con el apoyo de la DNII, desembarcó en la colonia San Javier. El operativo terminó con decenas de presos, torturados y procesados por la justicia militar, entre ellos el médico Vladimir Roslik. Y en noviembre, días antes del plebiscito, el general Julio César Rapela anunció que se había descubierto una conspiración subversiva en el Penal de Libertad, donde estaba la mayoría de los presos políticos.

Tiro en el pecho

Carlos Pírez Sosa era uno de los encargados de hacer el último control de los autos que se armaban en Nordex. Antes de ponerlos a circular se los sometía a una prueba para comprobar el comportamiento de los frenos, que consistía en acelerar y frenar el vehículo bruscamente. Pírez trabajaba solo al final de la línea de montaje pero ese día se le sumó Reyes para reparar la radio del Peugeot 504 que debían entregar. De pronto, en la planta sonó un estampido que los trabajadores creyeron provenía de una manguera de aire que hubiera reventado. Dice “Chelo”: “En ese momento abre la puerta Jorge Reyes y sale agarrando el pecho. Era un compañero muy ‘payaso’ y nosotros pensamos que estaba bromeando y le pegamos el grito ‘¡Jorge, no jodas que están los milicos ahí!’ No… era que ya tenía un balazo en el pecho. Corrimos dos o tres compañeros, cuando le abrimos la camisa tenía un agujero del lado derecho, sobre el hombro. […] Ya vimos que era una cosa bastante jodida”.
Lo cargaron en un auto y se lo llevaron al Banco de Seguros donde llegó muerto. “Después de ahí hubo como unos minutos de silencio, todos sabíamos en nuestro interior que estaba muerto. No lo habíamos confirmado pero sabíamos por la magnitud de la herida. Y lo que hicimos ahí fue tratar de calmar a algunos compañeros […] que querían arremeter contra los milicos”. A partir de ese momento el teniente Sarli de la OCOA tomó el control de la operación.
Se reunieron espontáneamente en asamblea y se repartieron las tareas: avisar y apoyar a los padres y a la familia, y ayudar a la organización del velatorio y el entierro. La Sección GAMMA de la DNII siguió todos los movimientos: registró en detalle quiénes fueron al Banco de Seguros, visitaron a la familia, estuvieron en el velatorio y asistieron al entierro.
Al fin de la tarde trasladaron el cuerpo al Hospital Militar donde le hicieron la autopsia. El parte del médico José A. Mautone establece como causa de muerte la hemorragia aguda provocada por una bala que se fragmentó en esquirlas, le entró por el cuello cerca del esternón y le perforó la aorta (4).

Sigue la vigilancia

Los compañeros querían cargar el féretro a pulso hasta el cementerio pero se lo prohibieron. Para asegurarse de que no habría cortejo, ni movilización, la carroza salió disparada de la sala de velatorio y se adelantó sola hasta el Cementerio del Norte. “Agarró 8 de Octubre, no respetó semáforos, nada. Cuando llegamos al cementerio la carroza hacía rato que estaba en el lugar de los tubulares”, dice “Chelo”.
Al cumplirse el primer aniversario de la muerte, los trabajadores de Nordex mandaron hacer una placa de recordación para colocarla en la tumba pero al llegar al cementerio se encontraron con una guardia policial. Según el testimonio de Chelo la Policía les cortó el paso y les dijo que el que intentara entrar corría riesgo de vida.
Un informe de la DNII del 1º de mayo de 1981 da cuenta de la vigilancia que dispusieron para la jornada. El parte informa que unas cuarenta personas llegaron al cementerio y que a todas se las despidió. Registraron el número de matrícula de autos y motos de los participantes y mandaron pedir sus antecedentes políticos.

No hay delito

La intervención de la justicia militar fue breve y estuvo dirigida al rápido archivo del expediente. El único civil que declaró ante el juez sumariante fue Pírez, el conductor del auto, hoy fallecido, a quien “Chelo” dice que se lo llevaron encapuchado de la planta. El resto son militares: Aguilar, Morales, Manzoni y los soldados de Primera Francisco Clever Alarcón, Hebert Jacinto Vidal y Manuel Guedes.
El soldado Morales que Peugeot se dirigía a la salida, que dio tres veces la voz de alto y que como el auto no se detuvo, disparó desde muy corta distancia. Afirmó que el vehículo terminó estacionado a un metro de él. El resto de los militares respaldó su versión, incluyendo a Aguilar, jefe de la patrulla, que dijo que Morales estaba al interior de la planta “a efectos de evitar la salida de personal” (ver pag 25/26 PDF). Pírez, en cambio, es el único de los declarantes a quien el juez sumariante no le preguntó si Morales había dado la voz de alto.
Días después todos ratificaron la declaración, esta vez ante el juez militar coronel Alfredo Ramírez. El coronel también citó a Pírez pero él tampoco le preguntó si Morales había dado la voz de alto. En lugar de ello insistió con preguntas y consideraciones tendientes a desplazar la responsabilidad del hecho a una supuesta imprudencia suya: le pidió que explicara por qué antes de empezar la prueba de frenos no había tenido la precaución de alertar al personal militar, y también si no le había resultado obvio que a los soldados verían como algo anormal que un vehículo acelerara bruscamente hacia la salida.
Ramírez también citó a otros cinco trabajadores de Nordex. Ninguno de ellos declaró haber escuchado a Morales dar la voz de alto aunque este dijo que lo había hecho reiteradas veces antes de disparar. El armador Mario Estévez Mondutay recibió en los brazos a Reyes cuando salió herido de muerte del auto. Por él se sabe el motivo de los hurras y aplausos que tanto habían preocupado a la patrulla militar: iban dirigidos a una pareja que salía de la casa de citas que había frente a la planta. Aunque el coronel Ramírez no se lo preguntó, Estévez se atrevió a hacer una precisión: “Quiero aclarar que el integrante de las FF.CC. no hizo ademán alguno ni habló dirigiéndose al conductor del coche, cosas que si hubiera hecho, nosotros los hubiéramos sentido”. También agregó que Morales no se encontraba en la línea de trayectoria del auto sino al costado.
El fiscal coronel aviador Eliseo Cheloni pidió el archivo del expediente considerando que no surgía prueba de que Morales hubiese incurrido en delito militar. Cheloni también decidió pedir al Servicio de Información de Defensa (SID) los antecedentes de Pírez. Finalmente, el 10 de setiembre de 1980 el coronel Ramírez ordenó archivar la causa.

Reyes en la memoria

Es poco lo que se sabe de Reyes: que era buen trabajador, que se distinguía por el sentido del humor, que no tenía militancia política y que su mujer estaba embarazada. La gestión de sus compañeros logró que Nordex le siguiera pagando el sueldo a la familia, al menos durante un tiempo. La madre murió un mes después que el hijo y luego la mujer se mudó al Interior. A partir de ese momento les perdieron el rastro.
En el local sindical de la UNTMRA hay una placa con su nombre y también en la planta de la empresa Nordex, en la calle César Mayo Gutiérrez. Pero no hay imágenes suyas, a excepción de las fotos que acompañan la autopsia. Un rostro joven, de pelo oscuro. Un cuerpo delgado, perforado por una bala.
“Chelo” dice que su muerte fue un gran golpe para todos pero que también les dio fuerza para avanzar en la organización del sindicato: “Lo hablamos mucho, seguimos manteniendo las reuniones y esa estructura que teníamos. Empezó a llegar mucha información del exterior, por un canal o por otro, gente que viajaba. En aquel momento se votaba el SI o el NO, circulaban volantes, se nombraba en los volantes a Jorge Reyes”.
En octubre de 2011, en el marco de las Jornadas ciudadanas de denuncia de delitos de lesa humanidad, con base a la información de la Investigación Histórica sobre la Dictadura y el Terrorismo de Estado en el Uruguay (1973-1985) se presentó denuncia por la muerte de Reyes ante la seccional 12 de Policía.
En 2016, la UNTMRA pidió al Observatorio Luz Ibarburu que patrocinara la causa, en la que –hasta el momento- hay tres indagados, entre los que se encuentran Aguilar Cazco y Morales Godoy La estrategia de sus defensores ha sido, como en todos los casos, argumentar que la muerte de Reyes no fue un delito de lesa humanidad y que prescribió.
Entre marzo de 2015 y diciembre de 2016 la causa estuvo paralizada mientras la defensa de los indagados tramitaba los pedidos de prescripción e inconstitucionalidad, en varias instancias hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia. Rechazados estos planteos, en marzo del pasado año el juez los llamó a indagatoria que recién se efectivizó cuatro meses después. Aguilar reconoció que comandaba la patrulla, que salió porque era 1° de mayo y para “mantener el orden” y explicó que Morales tenía orden de dar la voz de alto y si que si el auto no se detenía, debía disparar. Insistió en que “fue una imprudencia del chofer de Nordex” hacer esa maniobra “cuando había un soldado armado”. Morales coincidió en que Aguilar le había dado la orden de quedarse en el portón y “que no saliera nadie de la empresa” y reconoció haber disparado de frente al auto donde había dos personas a escasos metros. “Si no paraba lo iba a dejar pasar”, dijo, como única explicación, para su acto.
Ningún obrero podía abandonar el puesto de trabajo ese 1° de mayo. Esa fue la razón por la cual Morales, siguiendo órdenes de Aguilar, disparó la bala que asesinó a Reyes.

  1. Entrevista de Ariel Soto a Mario Hugo Chaves, hecha en Montevideo en 2009.
  2. Relación del servicio de patrulla del día firmada por el Jefe del Batallón de Ingenieros número 1 teniente coronel Dieter R. Kellner y el segundo jefe mayor Raúl Naranja. En expediente del Juzgado Militar de Instrucción de Tercer Turno, causa 24/80, 7 de mayo de 1980, juez militar coronel Alfredo Ramírez.En Archivo Judicial de Expedientes Provenientes de la Justicia Militar (AJPROJUMI).
  3. Universidad de la República. “Investigación histórica sobre la Dictadura y el Terrorismo de Estado en el Uruguay (1973-1985)”, Montevideo, FHCE-CSIC, Tomo I, págs. 543 a 546.
  4. En AJPROJUMI.

Se adjunta folleto en PDF del Observatorio Luz Ibarburu:


 

Homenaje a Raúl Sendic en cementerio de La Teja

Homenaje a Raúl Sendic en cementerio de La Teja
PORTAL PIT-CNT
Con motivo de recordarse el 29 aniversario de la muerte de Raúl Sendic, organizador de sindicatos en el interior del país y referente del gremio azucarero, la organización Solar Raúl Sendic convoca a la población en general a concentrarse mañana sábado 28 de abril, a partir de la hora 11, en el cementerio de La Teja. «Con este sencillo y emotivo homenaje se procura mantener en el recuerdo la vigencia del luchador social y político», indicaron los organizadores.
Al cumplirse el 16 de marzo de 2017 el aniversario del nacimiento de Sendic, Nicolás “Colacho” Esteves, dirigente histórico de la Unión de Trabajadores  Azucareros de Artigas (UTAA), recordó en el Portal la trayectoria sindical y política de quien liderara en la década del ´60 la organización obrera del sector rural y se convirtiera en uno más de la organización gremial. Subrayó que Raúl se destacó en el movimiento sindical por “su compromiso y participación permanente en las luchas y huelgas que llevaron adelante los trabajadores, era un trabajador más. En Bella Unión muchos en lugar de decir sindicato decían sendicato”, contó a modo de anécdota.
“Sendic era un hombre que pensaba y que le daba respuestas a los trabajadores a la hora de hacer sus reclamos inmediatos. Pero también impulsaba a la clase obrera a conquistar un mundo distinto. En la lucha por la tierra quedó claro y UTAA tomo con fuerza esa idea. Desde el punto de vista de la organización fue un referente de la horizontalidad, de la participación y de la confianza del obrero que tenía a su lado. Eso le dio la posibilidad a un sindicato como UTAA, un sindicato rural que está perdido en un punto bien aislado del Uruguay, poder sobrevivir a lo largo de muchos años. No sólo generaba confianza, sino que confiaba en los trabajadores y se apoyaba en ellos. En su etapa política siempre tenía más confianza en los compañeros trabajadores y eso determinó que muchos compañeros rurales se sumaran a la lucha política. Lo cierto es que Raúl fue un luchador por una sociedad socialista”, dijo de forma categórica Esteves.
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