Publicado en: 28 octubre, 2015

Noticias Uruguayas 28 octubre 2015

Por Colectivo Noticias Uruguayas

Uruguay: ¡AY, LORD ACTON! por Hoenir Sarthou // La Guardia Republicana, la Naturaleza del Frente Amplio y la Nueva Democracia por Ricardo Viscardi // Los charrúas reclaman al Estado 2.000 hectáreas

La ONU aprueba por 191 votos a favor una resolución que exige levantar el bloqueo de EE.UU. a Cuba // Correos electrónicos filtrados del jefe de la CIA revelan documentos sobre Irán y las torturas // Estado español: Llaman a llenar las calles de Bilbo el 28 de Noviembre por la Amnistia // Las Marchas de la Dignidad recuerdan que las elecciones no acabarán con los problemas de la gente // Podemos convierte el derecho a decidir en uno de los cinco ejes de su campaña // Chile:La historia de un frentista: Tito Tricot: “Sin la lucha armada contra la dictadura todo hubiese sido peor”// Irrumpe el CIUS: Una nueva fuerza sindical clasista en la movilización y en el debate // Argentina: Nieta recuperada 117 se reunió con sus abuelas // Uruguay: ¡AY, LORD ACTON! por Hoenir Sarthou // La Guardia Republicana, la Naturaleza del Frente Amplio y la Nueva Democracia por Ricardo Viscardi // Los charrúas reclaman al Estado 2.000 hectáreas

URUGUAY

URUGUAY: EN MOMENTOS QUE EL PROGRESISMO CRIOLLO HACE AGUA POR DEBAJO DE LA LÍNEA DE FLOTACIÓN, LAS ACTITUDES AUTORITARIAS E INTOLERANTES HACIA LA DISIDENCIA, TIENEN EL OBJETIVO DE PRESIONAR A LOS PUSILÁNIMES PARA QUE CIERREN FILAS ENTORNO AL GOBIERNO. CREEN FORTALECER SU FELIGRESÍA, PERO EN REALIDAD SE ESTÁN EMBARCANDO EN UN PROCESO DE DESCOMPOSICIÓN. – Jorge Zabalza

INDISCIPLINA PARTIDARIA, la columna de Hoenir Sarthou: ¡AY, LORD ACTON!

publicado a la‎(s)‎ 22 oct. 2015 15:27 por Semanario Voces

Hoy escribo por encargo. Alfredo quería poner en tapa –creo- algo relativo al poder y a los cargos a los que el poder suele ir adherido (o tal vez entendí mal y era sobre el poder adhesivo de ciertos cargos, de los que cuesta despegarse). Bueno, como sea, la cuestión es que el tema de hoy es el poder.

Uno dice “poder” e inmediatamente le zumba en la oreja (cual mosca inglesa) la frase del aristócrata e historiador inglés, Lord John Acton: “El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Hermosa frase, redondita, simétrica, casi capicúa. Las frases sentenciosas y categóricas, sobre todo si son breves y bien construidas, tienen un poder de convicción casi hipnótico. Y ésta lo tiene. Uno la oye y siente que está de acuerdo. Aunque, claro, presenta algunos problemas. El principal es que sugiere corolarios no necesariamente ciertos. Por ejemplo, uno podría pensar que, si el poder absoluto corrompe absolutamente, el poder relativo corrompe relativamente. Y eso no es cierto. Conozco a algunos individuos con un poder muy relativo que son absolutamente corruptos. También podría llevar a pensar que la falta absoluta de poder es una garantía contra la corrupción. Y eso tampoco es cierto. Conozco a individuos sin ningún poder, carentes de toda relevancia social, que sin embargo están dispuestos a hacer cualquier cosa a cambio de muy poco, a veces por una simple sonrisa o una palmadita en la espalda dadas por los que sí tienen poder. Por último, tendría que pensarlo bastante, pero creo poder recordar incluso algún caso de personas con mucho poder que no fueron corruptas.

Pero dejemos de lado toda esa hojarasca. El bueno de Lord Acton sí dijo algo importante. Ligó al poder con la corrupción. Nos advirtió, de manera breve, hermosa y elocuente, sobre la potencialidad de corrupción que acecha al poder, sobre todo cuando el poder es mucho y –agrego yo- se extiende por mucho tiempo. Lástima que en el Uruguay no se lo haya tenido en cuenta cuando se le dio por tercera vez consecutiva la mayoría parlamentaria –la mayoría absoluta- al partido de gobierno. Hoy muchos se arrepienten. Es que “el poder absoluto…”

Basta con abrir un diario, ver un noticiero, navegar en las redes sociales o escuchar las conversaciones en el ómnibus, para imaginar en el aire el índice admonitorio de Lord Acton y oír una voz shakepeareana que nos dice: “El poder absoluto corrompe absolutamente”. Entonces, PLUNA, el INAU, ANCAP, la deserción liceal, las cárceles, los hospitales psiquiátricos, los índices de criminalidad, la contaminación del agua, las tierras devastadas por la ahora devaluada soja, la deuda pública de decenas de millones de dólares, la regasificadora y sus costosos misterios, los cargos de confianza, los contratos secretos, las AFAP que tragan millones y pagarán miserias, la bancarización que empezará a sentirse a fin de año, las exoneraciones tributarias a las grandes empresas y los impuestos voraces a los sueldos, la burocracia, la corrupción administrativa y los recortes presupuestales que empiezan por los medicamentos, se entienden mejor: “El poder tiende a corromper, y el poder absoluto…”.

Hay una imagen vulgar de la corrupción ligada al poder: la del gobernante o funcionario venal que se embolsa una coima o se apropia de bienes públicos. Es la imagen clásica de la corrupción. Pero no es la única, y quizá no sea la más dañina.

En su más recto sentido, “corromper” es degradar la naturaleza de una cosa o sustancia. Pienso en eso cuando veo que se pretende cumplir funciones públicas sin estar capacitado para cumplirlas; cuando se ocupa un cargo sin tener noción de qué hacer en él, salvo usufructuar sueldo, oficina, poder, secretaría, auto, chofer y exposición en la prensa; cuando ni dados vuelta de cabeza se les cae a ciertos jerarcas una idea y sólo son capaces de murmurar como “mantra” expresiones del tipo: “nuestra fuerza política”, “el plenario aun no se ha pronunciado”, “el Uruguay de los cambios”, “a la derecha le duele”, “el pueblo frenteamplista”, “vamos a escuchar a nuestros compañeros”, “yo defiendo a mi presidente y a mi gobierno”, “profundizar los cambios” y “gobierno progresista”.

Dicen que las aguas que más se corrompen son las estancadas. ¿Cuánto hace que la supuesta “izquierda” gobernante no plantea una idea removedora? Creo recordar cuál fue la última y quién la dijo. Fue Pepe Mujica, que recorrió el mundo asombrando gringos con la idea de renunciar al consumo enloquecido del capitalismo salvaje y vivir una vida más auténtica. No es que haya inventado la pólvora, pero al menos era una idea. Lástima que, al mismo tiempo, su gobierno bancarizó al país, incentivó el crédito al consumo, extranjerizó la tierra, acogió y le perdonó impuestos a toda clase de empresas depredadoras de la naturaleza, desprotegió áreas verdes, protegió a empresarios delincuentes y nos endeudó a todos hasta las orejas. Ah, me olvidaba, de paso, Mujica, personalmente, hizo pelota a la institucionalidad y alentó el resentimiento social todo lo que pudo.

Si hacer política en grande es sembrar ideas, gobernar es crear institucionalidad, traducir y afianzar en normas y en instituciones esas ideas. Si no se entiende eso, no se hace política ni se gobierna. Se hace politiquería y se empollan cargos públicos. La ausencia de proyecto es a la política lo que el estancamiento para las aguas: causa de degradación.

Ahora estamos en el tercer gobierno frenteamplista y allí está Tabaré Vázquez, en la Presidencia, hierático, callado, esperando. ¿Qué espera? Probablemente que el desprestigio galopante que acecha a la burocracia frenteamplista la vuelva más dócil y la impulse a clamar por lo que él puede dar: una voz de mando y una mano dura, autoritaria. Otro que espera por “el poder absoluto”.

Una lectura apresurada de este artículo puede hacer creer que su tesis es que nuestros males, como sociedad, provienen de los gobiernos del Frente Amplio. Pero leerlo así sería un error.

Es al revés. Los gobiernos del Frente Amplio, y los gobiernos colorados y blancos que los precedieron, son o fueron así porque nuestra sociedad –nosotros- somos como somos o nos hemos convertido en lo que somos. Porque los gobiernos no hacen a las sociedades. Las sociedades hacen a los gobiernos a su imagen y semejanza.

Una república, una democracia, necesitan ciudadanos. Y nosotros, desde hace muchos años, no actuamos como ciudadanos. Somos hinchas de fútbol, funcionarios públicos, titulares de derechos, dueños de tarjetas de crédito, integrantes de una corporación o de una minoría sexual, beneficiarios del MIDES, paseantes de los shoppings, adictos al mate o a la marihuana, viajeros frecuentes, comedores de asado, público de Tinelli y de Petinatti, compradores de pilchas, de motos, o de autos 0K, a lo sumo votantes quinquenales (a veces fanáticos, como si se tratara de Nacional o de Peñarol) de algún partido político.

No nos comportamos como ciudadanos. Esa es la cuestión. Elegimos gobernantes como se elige al administrador de un edificio en propiedad horizontal. Para que se ocupe de los problemas comunes mientras que nosotros nos dedicamos a nuestros asuntos privados.

A no engañarnos, ese es el modelo de individuo que propone el mercado global. Por eso nos gobiernan, en vez de autogobernarnos.

Sin embargo, ningún gobierno, ningún partido político, ningún interés, salvo en las dictaduras más atroces, puede hacer aquello que una ciudadanía informada y activa no quiere que se haga. Ese es el verdadero poder. El que difícilmente puede corromperse. Pero, ¿qué sabemos los uruguayos de nuestra economía, de nuestra enseñanza, de nuestras leyes? ¿Qué control ejercemos sobre los tratados internacionales que suscribe nuestro país y aprueban nuestros legisladores? ¿De qué nos informa nuestra prensa? ¿Para qué nos prepara nuestra enseñanza?

Yo querría terminar este artículo con un “Happy end”, una frase feliz y esperanzadora que nos permitiera confiar y dormir tranquilos. Pero lo cierro con dos interrogantes que creo civilizatorias, más que meramente políticas.

¿Es razonable pensar en un retorno-recreación de la idea de ciudadanía?

¿Hay otra alternativa?

Constanza Moreira, en su banca del Senado. Foto: Sandro Pereyra (archivo, marzo de 2015 )

Sin cuartel

La senadora del Frente Amplio (FA) Constanza Moreira (Casa Grande) publicó ayer una columna en la que opina que en la situación actual de restricciones “tiene sentido oponer el aumento presupuestal en seguridad o defensa con el que demandan las políticas sociales” y debatir “las dimensiones y la necesidad de las Fuerzas Armadas [FFAA]”. Moreira expresa que éstas consumen entre 2% y 3% del Producto Interno Bruto (PIB) y que el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) “es la segunda cartera más rica del país”, después del Ministerio del Interior. “Tiene un presupuesto cinco veces mayor al de casi cualquier otro ministerio. Es un ministerio rico, no pobre, con poder, con recursos, con personal”, sostiene. La senadora añade que las FFAA son “mucho más grandes” que en los años 60, y que la dictadura las “fortaleció en funciones, recursos y poder decisorio”. “Además de haber pagado poco y mal por los crímenes de lesa humanidad -y eso es materia aparte- y poco o nada por sus delitos económicos y sus apropiaciones indebidas de bienes públicos y privados, funciones enteras del Estado quedaron bajo su órbita”, dice. Moreira advierte que el gasto en defensa de Uruguay con respecto al PIB “es superior al de Brasil, Venezuela o Argentina”, y critica al MDN por ser el único ministerio que no eleva un presupuesto “por programa” lo que impide “evaluar si hay muchos o pocos militares, o si los hay muchos en el Ejército y pocos en la Marina”. Agrega que “la tasa de efectivos per cápita en el Uruguay es de 0,71% sobre el total de población, el doble del promedio latinoamericano” y superior a la de Colombia, “que es de las más altas del mundo”, por lo que “nadie en su sano juicio puede afirmar que el número de efectivos militares en Uruguay es escaso”. Propone que si las FFAA quieren pagar mejor a los efectivos, deberán renunciar “a cubrir vacantes” y comprometerse a redistribuir “gastos entre las armas” y a “reestructurar la carrera funcional”.


También fue citado el general del aire (r) José Bonilla

Rosadilla declara ante la Justicia

El ex ministro de Defensa Nacional fue citado para declarar, como “testigo”, en el marco de una investigación por presuntos actos ilícitos perpetrados en la Armada Nacional.

Caras y Caretas oct 26 2015
El ex ministro de Defensa Nacional, Luis Rosadilla, y el ex comandante en Jefe de la Fuerza Aérea (FAU), general del aire (r) José Bonilla, comparecerán este martes ante la Justicia Especializada en Crimen Organizado, en el marco de la indagatoria penal por la utilización de vales de combustible para la obtención de fondos para la Armada Nacional.
El juez Especializado en Crimen Organizado de 1º Turno, Nestor Valetti, dispuso la citación de Rosadilla y Bonilla, de forma de contrastar la versión aportada por varios de los ex comandantes en Jefe de la Armada en relación al conocimiento del mando civil y los restantes comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas sobre el manejo de los vales, según indicaron fuentes judiciales a Caras y Caretas Portal.
La investigación encabezada por el juez Valetti y el fiscal Gilberto Rodríguez refiere a una denuncia por el presunto canje irregular de vales de combustible por parte del Comando General de la Armada. La investigación permitió certificar que estos canjes se efectuaban en una estación de servicio, propiedad de un ex marino.
Por este hecho, la Justicia interrogó a los ex comandantes en Jefe de la Armada, los contralmirantes Oscar Debali, Hugo Viglietti y Alberto Caramés. Los oficiales afirmaron que este canje de vales de combustible era una práctica habitual para obtener fondos para el funcionamiento de la fuerza de mar, que “el alto mando” conocía las maniobras y que también se realizaban en las otras fuerzas. Además, insistieron en que esta conversión de vales en dinero no era un mecanismo para obtener un beneficio personal y que era una práctica que se realizaba desde hacia varios años.
Incluso, Debali declaró que, en su momento, mantuvo una reunión con Rosadilla, Bonilla (entonces al frente de la Fuerza Aérea) y el comandante en Jefe del Ejército, general (r) Jorge Rosales, en las que informó que procedería a realizar un canje de vales para financiar la salida al exterior de una misión de la Armada. “Su testimonio procura determinar que era un práctica habitual, que apuntaba a la continuidad operativa de la fuerza y que fue autorizada en forma implícita y explícita por el mando”, señalaron las fuentes.
Ante esto, el juez Valetti dispuso la citación de los principales referentes del Ministerio de Defensa y de los demás integrante del comando de las Fuerzas Armadas, de forma de dilucidar la veracidad de estos dichos. En este marco, Rosales confirmó que estas prácticas se hacían con el objetivo de cumplir con las finalidades preestablecidas por la fuerza, en el ámbito de sus atribuciones, dijeron las fuentes. “Lo dijo con naturalidad”, agregaron.
En este marco, la Justicia deberá dilucidar si los actos efectuados por los oficiales de la Armada implicaron un beneficio económico particular y/o un perjuicio económico para la Administración, y si los oficiales incurrieron en los delitos de “fraude” o “abuso innominado de funciones”. Por este hecho, la Justicia centra el foco en la actuación de Debali, Caramés y otros altos oficiales de la Armada Nacional.


En el Frente Amplio proponen controlar más el “aparato represivo” del Estado

Por Leonardo Pereyra

Octubre 12, 2015 05:00 – El Observador

Dirigentes comunistas, socialistas y del PVP advierten que sigue siendo peligroso

N.Garrido
Durante los 12 años de la dictadura, y aún antes y después, las fuerzas represivas del Estado se ensañaron más que nada con militantes, dirigentes o simples votantes de la izquierda quienes fueron a parar a la cárcel, al exilio o a ese lugar aún más lúgubre que es el de los desaparecidos.
Por eso no resulta tan extraño que, a pesar del tiempo transcurrido, los grupos del Frente Amplio más perjudicados por esos golpes sospechen de los uniformes y consideren que el aparato represivo sigue mostrando su peor cara y, aunque no parezca, es una amenaza para la democracia.

Es así que el Partido Comunista, el Partido Por la Victoria del Pueblo –grupos que suman la mayor cantidad de desaparecidos– y el Partido Socialista impulsan una discusión interna en el Frente Amplio acerca del rol que deben jugar las fuerzas que tienen el monopolio de las tareas de seguridad y de represión.
El asunto pasó a estar nuevamente en la agenda de esos sectores luego de que en el Presupuesto Nacional se propuso pasar la Policía Caminera a la órbita de la represiva Guardia Republicana.
El PC, el PS y el PVP, más la Liga Federal y el Ir, pidieron libertad para votar en contra de ese artículo pero la mayoría del Frente Amplio les aplicó la disciplina partidaria.
Esos grupos que se rebelan contra la decisión del ministro del Interior, Eduardo Bonomi (MPP), coinciden acerca de que la Guardia Republicana es una típica fuerza de choque que nada tiene que ver con la tarea preventiva y de control de la Caminera. Es decir, la medida, según esos grupos del Frente Amplio, le da más poder a un aparato típicamente represivo.
El diputado comunista Gerardo Núñez dijo a El Observador que si no se encara una tarea “democratizadora” de las Fuerzas Armadas y de la Policía, se corre el riesgo de que se formen “sectores antidemocráticos que se opongan a los cambios”.

“A veces algunos sectores de izquierda caen en la ingenuidad de creer que, ahora que estamos en el gobierno, esas fuerzas que conducimos nos van a obedecer de por vida”, agregó Nuñez.

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El parlamentario consideró necesario impartir cursos de Derechos Humanos entre los efectivos militares y policiales. “Muchas de las fuerzas represivas fueron formadas desde el extranjero en el marco de la doctrina de la seguridad nacional. Eso todavía está presente”, dijo el dirigente comunista.
En tanto, el diputado socialista Gonzalo Civila declaró el jueves 8 en El Observador TV que el Frente Amplio necesariamente tiene que discutir sobre el futuro de los aparatos represivos.
“Esto no quiere decir que no existan, pero deben tener un fuerte control político y social.
Nuestro concepto de la convivencia y de la seguridad no pasa por el fortalecimiento de los aparatos represivos en sí”, agregó Civila.
Por su parte, el diputado del PVP Luis Puig consideró “una utopía pensar que la sola administración de la fuerza de izquierda cambia la característica de los cuerpos represivos”.
“Ni las Fuerzas Armadas ni la Policía se han democratizado. No ha habido una autocrítica. ¿Qué pasa con la actitud de los militares retirados que siguen lanzando amenazas? ¿Hasta qué punto los mandos actuales tienen una actitud distinta a sus predecesores? Siguen mintiendo y ocultando información.

La izquierda no puede practicar la política de avestruz, y debe debatir sobre todo esto”, dijo Puig a El Observador.

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Luego de los hechos ocurridos durante la desocupación de Codicen por parte de la Guardia Republicana, el sector estudiantil del MPP mostró una actitud diferente a la de los dirigentes más adultos.
Expeditivos, los jóvenes liderados por José Mujica consideraron que “las fuerzas que reprimen compañeros deben ser eliminadas de nuestra sociedad”.


haciendo historia

Los polémicos archivos de la dictadura

En el tercer piso de la galería Caubarrere, en el Centro de Montevideo, funciona la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente. En la puerta hay solo un rótulo que dice Presidencia de la República. Al entrar, dos guardias detrás de un mostrador.

Álvaro Rico: “Nunca nos han condicionado”

PAULA BARQUET / GONZALO TERRA. dom oct 25 2015 04:18 – El País uy

La oficina está conformada por varias salas pequeñas, y tres de ellas contienen buena parte de la historia de la dictadura. Conforman el “archivo de la secretaría”, una figura que se creó en 2011 y recién ahora se está terminando de saber qué contiene.
La primera sala está destinada al ingreso de nueva documentación. Allí, donde el aire acondicionado sale frío, hay varias cajas en el piso y decenas de carpetas de cartón sobre una mesita. Está trancada con llave. Una segunda sala se dedica al tratamiento documental. “Denuncias”, “Testimonios”, “Legajos”, anuncian las etiquetas en cajas y carpetas organizadas en estantes. Tres archivólogos, que conocen en profundidad el contenido, sacan, miran, guardan. Uno de ellos transcribe a la computadora el legajo de un militar. Dicen que es un trabajo “lindo”, pero aclaran que “la descripción técnica de la tortura no es para cualquiera”. La tercera sala es el depósito. Lo que hay allí ya fue leído, procesado e incorporado a la historia oficial. Buena parte de las carpetas tienen la sigla LDD: legajo de desaparecido.
El principal logro de Isabel Wschebor en los siete meses que lleva a cargo de esa secretaría fue realizar un inventario de toda la documentación que hay allí. Una parte todavía se usa a nivel administrativo y judicial; otra parte ya no. Wschebor, una historiadora con formación en archivos, se propuso “poner la casa en orden” y “generar un sistema para que no se vuelva a desordenar”. Hoy dice sonriente que “la casa está empezando a estar ordenada”.
Sin embargo, todavía no tiene claro qué porcentaje de la documentación sobre la dictadura está allí, en su archivo, y qué tanto está fuera. Lo que se sabe es que hasta el momento han aparecido 24 archivos, 11 de ellos estatales. Parte de la información reside en el Archivo General de la Nación, parte en el Ministerio del Interior, otro tanto en el de Relaciones Exteriores, y así por decenas. Wschebor ha procurado tener copias de varios de ellos.
En estos 10 años de búsqueda de información sobre desaparecidos, los documentos encontrados han sido millones, la forma de procesarlos ha sido más bien artesanal, y las personas involucradas en ese trabajo han variado. ¿Con qué criterio? Con el de quien ha descubierto el archivo.
Sucedió, por ejemplo, cuando en febrero de 2006 la ministra Azucena Berruti encontró, en base a una denuncia anónima, 1.140 microfilmaciones de la Inteligencia militar en el exCGIOR, una escuela de contra inteligencia. En ese entonces, la ministra Berrutti acudió al lugar y lacró la habitación en la que aparecieron los materiales. Se negó a abrir los archivos y puso a dos personas de su confianza a trabajar en la digitalización de la información. Las personas eran María del Carmen Martínez (integrante de Familiares de Desaparecidos y detenida en el centro clandestino Orletti) y Jorge Tiscornia, un ex tupamaro que estuvo preso en el Penal de Libertad entre 1972 y 1985, conocido por haber escrito “el almanaque más grande del mundo” durante su reclusión.
Berruti los nombró por designación directa, sin concurso previo y a través de un contrato de obra por dos años. La oposición sacó chispas por este tema. El Partido Nacional reclamó tener representantes o veedores independientes, pero no tuvo eco. Berruti argumentaba que había muchas mentiras en las microfilmaciones, por lo que la tarea era solo para entendidos.
En ese entonces ya se había formado el equipo de historiadores de la Udelar, creado justamente para la investigación histórica de la dictadura. Álvaro Rico, hoy decano de la Facultad de Humanidades, era el coordinador del grupo y hoy es el supervisor. Sin embargo, los historiadores recién accedieron a la información -no a toda, pero sí a buena parte- años después, cuando el siguiente ministro, José Bayardi, resolvió dejar las microfilmaciones digitalizadas en el Archivo General de la Nación.
-¿No correspondía que ustedes hicieran ese análisis?
Sentado en el despacho del decanato, Rico piensa y se queda en silencio.
-Uno podría pensar que perfectamente ese archivo, revisado en un ámbito tan reservado, pudo ser depurado- se le insiste, y entonces el decano se sincera.
-Sí, podés pensarlo. Hay una cuota de voluntad reservada a los jerarcas. Después las cosas se encauzan a partir de la legislación o de un criterio más armónico y general para todos los organismos.
La legislación que menciona es un conjunto de tres leyes que refieren al tema: la de protección de datos personales y acción de “habeas data”, la de derecho de acceso a la información pública y la que crea el Sistema Nacional de Archivos. Las tres se aprobaron en 2008.
Si bien ninguna describe qué hacer si aparece un archivo (y menos aun referido a la dictadura), la última de las tres le da al Archivo General de la Nación (AGN) la rectoría del sistema.
Podría suponerse que desde la aprobación de esa norma, el AGN pasó a ocuparse de leer y analizar los siguientes archivos que aparecieron, pero no fue así. En 2012, por ejemplo, se descubrieron en el museo MAPI, ex sede de Defensa, 60 cajas con fichas que en un primer momento todos atribuyeron a la época de la dictadura. El director del museo, Facundo de Almeida, llamó a la Intendencia y allí resolvieron dar cuenta al equipo de Rico. Durante meses dos historiadores estudiaron el material en una sala cerrada del MAPI. Escribanos municipales hicieron un inventario. Al final resultó que los documentos no revelaban nada sobre desaparecidos ni asesinatos políticos. Y el AGN no intervino en el proceso.
Ahora volvió a suceder. El viernes 2 de octubre, tras una denuncia del secretario de Derechos Humanos, Javier Miranda, la Justicia allanó la casa del coronel recién fallecido Elmar Castiglioni, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia. Se presume que allí hay información que puede llegar a aclarar la muerte de Fernando Miranda, padre de Javier. Hace más de 20 días que las 60 cajas incautadas por la jueza Beatriz Larrieu están, según supo El País, en un limbo institucional, a la espera de que la jueza y el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, resuelvan quién debe abrirlas (ver más información en el recuadro).
A Wschebor, una mujer sonriente y de voz dulce, se le ensombrece la cara cuando se le pregunta sobre las “garantías” en caso de que un nuevo archivo -el de Castiglioni u otros que puedan aparecer- contenga información que involucre o perjudique a personas que hoy están en la función pública. Primero pide “no fantasear con información que no se conoce” (“habría que volver a leer a Freud, porque la capacidad de imaginar es inimaginable”). Segundo, advierte que la desclasificación viene después del tratamiento judicial o administrativo, y que dependerá de ciertos “plazos precaucionales”, que en Uruguay son 30 años desde el momento de la producción del documento. A su juicio, “la información sobre personas que están en actividad hoy debe estar reservada”.
Y cuando se le insiste sobre cómo pueden estar tranquilos los uruguayos de que no se esconderá nada sobre personas en el poder, su respuesta es: “Nosotros damos garantías desde nuestra jerarquía administrativa”. Si llega documentación nueva a la secretaría -como ha llegado cantidad en estos meses, según afirmó-, sus palabras son dos, y a ellas se aferra: “¡Al archivo!”. Y ahí, quienes tienen el cometido de analizar en primer lugar las características de la información son, de acuerdo al protocolo de la secretaría, funcionarios de Presidencia. Para Wschebor, esa debe ser garantía suficiente, porque son personas en servicio público. “Es tan frágil la institucionalidad en Uruguay en este tema, que entramos en especulaciones de las que hay que salir”, concluye.
Para el senador Javier García, a quien le preocupa el asunto desde aquel hallazgo en el exCGIOR, es necesario que haya un marco legal sobre cómo proceder en la desclasificación de documentos, tal como sugiere la Unesco. “El Ejecutivo de entonces ya manejaba el tema a su criterio y sin garantías para nadie. Ahora, lo de Castiglioni refuerza el reclamo que estoy haciendo: debe haber una ley con garantías necesarias para las partes involucradas”, advirtió García. “Me preocupa que solo esté involucrada gente afín al gobierno. Estamos hablando de archivos que pueden tener pesquisas, nombres. Estamos hablando de posibles funcionarios públicos hoy”, planteó.

Wschebor: “La información sobre personas en actividad debe ser reservada”. Foto: F. Ponzetto

Piezas de un puzzle.

Cuando se conformó el equipo de historiadores, en 2005, el único archivo de la dictadura con el que se contaba era documentación reunida entre 2000 y 2003 por la Comisión para la Paz. Eran esencialmente legajos de los detenidos desaparecidos, combinados con testimonios y notas periodísticas.
“Cuando empezamos, pensamos que ese era el único archivo y que el resto había sido quemado o destruido. Pero luego empezaron a aparecer”, dijo Rico.
Desde entonces, equipos de 8 o 9 personas en promedio -lo conveniado entre Udelar y Presidencia-, sobre todo estudiantes avanzados o grados 1 y 2, han leído millones de documentos en busca de pequeñas piezas del puzzle de la historia. Aunque han permitido reconstruir el contexto, hasta ahora ninguno de los archivos ha revelado datos sobre dónde están los desaparecidos. Pero si tienen en cuenta cómo empezaron y lo que han avanzado, ellos no pierden la esperanza.
“Durante más de dos años, y en forma artesanal, tres personas trabajamos en la Dirección Nacional de Migración, revisando libros sobre entradas y salidas de 18 puntos cardinales, hoja por hoja, buscando algún represor o alguna víctima que hubieran usado su nombre original para entrar o salir de Uruguay”, contó Rico. ¿El resultado? “Muy modesto”. Se reconstruyó el viaje legal de dos familias solamente.
El trabajo de los historiadores también ha tenido, en ocasiones, cierta cuota de resistencia. Rico recuerda el tiempo que les llevó flexibilizar las condiciones de acceso al archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, y cómo debieron aprender de a poco la “jerga” con la que nombrar algunos documentos. En otros casos el esfuerzo ha sido más bien físico, como cuando revisaron un archivo de 300.000 fichas clínicas de Sanidad Militar en un una sala que Rico describe como “insalubre”, y de la que “había que salir a respirar cada tanto”.
Sobre lo “artesanal” de la tarea, y sobre lo escaso de los recursos, todos están de acuerdo. Y cuando se indaga sobre la causa del aparente divorcio entre el discurso oficial, los reclamos de verdad de unos y otros, y las condiciones de trabajo, la respuesta apunta, también, a un mismo lugar: la debilidad institucional.
Pablo Chargoña, abogado de Familiares de Detenidos Desaparecidos, entiende que existe en el Estado una gran “atomización” en materia de cuidado de los archivos de la dictadura. Para él, no se ha invertido lo suficiente en recursos humanos y capacitación para su estudio. “Falta coordinación y ese es un problema adicional. Hay un ejercicio funcional muy disperso y nos preocupa”, dijo. No obstante, elogió la nueva gestión y la intención de hacer un registro. “Hay una actitud diferente”, dice cuando compara a Wschebor con su antecesora, Graciela Jorge. “Con ella no teníamos contacto. No adjudico intenciones, pero hay un cambio de actitud frente a la tarea”, advirtió.
El exministro de Defensa, José Bayardi, sostiene que hay problemas institucionales a la hora de manejar los archivos de la dictadura. “Todo debería estar centralizado y el lugar natural para esto es el Archivo General de la Nación”, opinó.
Wschebor discrepa: para ella, es entendible que cada institución conserve su archivo. “Hay muchas cosas de la historia de las instituciones que no terminan o empiezan el 27 de junio de 1973”, dijo. A su juicio, lo importante es que existan protocolos comunes entre todos los que manejan archivos con información relativa al período. “En eso estamos”, aseguró. Han empezado a hacer reuniones periódicas.
En la secretaría que dirige trabajan 12 personas. Aunque sienten que son pocos, se han propuesto “dar antes de reclamar”. Un pizarrón de su oficina contiene una lista de tareas pendientes: “Hoy no tenemos la tecnología que precisamos”, dice en una parte. “Red: necesitamos mejorar”, alega en otra. Y también: “Mejorar el tema contactos de la secretaría”.
Wschebor también es crítica respecto a la institucionalidad, pero en otro sentido. Ella reclama que se implemente la ley del Sistema Nacional de Archivos y que se generen lugares para albergar documentación, algo que a su entender es una “urgencia de todo el país”. Más importante, aun, que la decisión de cómo procesarla.

Presidencia elige historiadores para leer el archivo Castiglioni

Hace más de 20 días que la jueza Beatriz Larrieu incautó unas 60 cajas del domicilio del excoronel Elmar Castiglioni, material que posiblemente contenga información sobre la dictadura. Sin embargo, hasta ahora no se ha resuelto quiénes leerán y procesarán la documentación.
En una resolución con fecha 9 de octubre, Larrieu dispone que “dicho análisis sea llevado a cabo por técnicos en la materia que actuarán bajo la más estricta reserva en calidad de peritos”. Y resuelve que se designe para el cumplimiento de esa tarea al Archivo Judicial de expedientes Provenientes de la Justicia Militar (Ajprojumi), coordinado por Elba Rama. A su vez, solicita que “la Secretaría de Presidencia se sirva disponer la participación de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente mediante la designación de dos historiadores de dicha secretaría, coordinando con Ajprojumi y a disposición de la sede”.
Es decir, Larrieu no se despoja del archivo, e indica una coordinación entre el archivo judicial y la Secretaría de Presidencia. Según supo El País, el interlocutor de Presidencia en estos temas es el prosecretario, Juan Andrés Roballo. Y hasta el momento Roballo no se ha comunicado ni con la directora de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, Isabel Wschebor, ni con el encargado del equipo de historiadores de Udelar, Álvaro Rico.
Otra polémica se ha desatado en torno al “archivo Castiglioni”, y responde a los motivos por los que demoraron tanto en incautarlo.
-¿Se podría pensar que se esperó a la muerte de Castiglioni para ir a buscar las archivos?
-Sí, es una posibilidad que hayan esperado a que se muriera. Es una lectura posible de los hechos porque no está claro cuál ha sido el procedimiento para ir a buscar esa información, responde Pablo Chargoña, abogado de Familiares de Detenidos de Desaparecidos y otras organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos.
Chargoña sostiene que el Poder Ejecutivo tenía conocimiento de la existencia del archivo Castiglioni desde 2008, pero los sucesivos ministros de Defensa estuvieron omisos hasta su fallecimiento. Sin embargo, el exministro de Defensa, José Bayardi, niega haber tenido conocimiento del tema cuando asumió la titularidad del ministerio el 3 de marzo de 2008. “Nunca supe que antes de que yo asumiera se hubiera llevado adelante una operación de contra inteligencia y que se haya dado con esos archivos. Nunca nadie me lo comunicó”, dijo Bayardi a El País. Agregó que se ha tejido “una novela” en torno al tema y su participación. “Yo no tranqué nada”, insistió.
Chargoña dijo que a las organizaciones que representa han llegado versiones sobre otros archivos en domicilios particulares de militares, y Rico entiende que es una posibilidad real. Bayardi, si bien dice no tener información al respecto, considera que por las características de la dictadura resulta difícil que así sea. “Si ocurrió, no creo que haya formado parte de una orden institucional de robar u ocultar archivos. Fue una dictadura burocrática que dejaba todo por escrito”, explicó.
Sobre los archivos de Castiglioni, Bayardi entiende que su incautación es “muy importante” aunque debe ser analizada “con cuidado” porque se trata de una colección de un particular que operó en el área de inteligencia y “conoce muy bien todos estos operativos, por lo que podría haber información plantada”. “Quien lea esto debe tener experiencia y saber de inteligencia para distinguir lo real de lo falso. Esto parece ser la obra de alguien obsesionado con la inteligencia”, advirtió.
Rico contó que en estos 10 años de trabajo les ha tocado “periciar” documentos. “Ya hemos desarrollado cierta capacidad de establecer por lo menos dudas, o directamente decir ‘son apócrifos’ porque tienen sellos que imitan cierta unidad militar o firma. La dictadura mentía, escondía o disimulaba fuentes de información”, aseguró.
Chargoña espera que los archivos Castiglioni tengan un tratamiento adecuado. “Hay muchos problemas con la dispersión de información y el acceso a ella porque si quisiéramos pedir algo, no sabemos cómo hacerlo. Las organizaciones de derechos humanos hoy no saben qué tipo de información tiene la Secretaria de Derechos Humanos para el Pasado Reciente. Estamos a ciegas”, dijo.


La Guardia Republicana, la Naturaleza del Frente Amplio y la Nueva Democracia

por Ricardo Viscardi
2a quincena, septiembre 2015
Pareciera que nuestro título reúne cosas disímiles, pero quizás la mera descripción de la concentración de protesta del miércoles 23 de setiembre por la noche, ante la sede del CODICEN1, sirva de apretada síntesis metafórica. Se dió cita un gran número (alrededor de 5.000) de jóvenes, muy pocos mayores, casi exclusivamente banderas estudiantiles de distintos centros educativos, ninguna bandera del Frente Amplio ni de las organizaciones que componen la coalición. Tampoco apareció la Guardia Republicana, posiblemente concentrada en el interior del edificio del CODICEN, donde la noche anterior se habían producido incidentes a raíz del desalojo policial, que continuaron en los alrededores, como lo atestiguan múltiples registros.

La Guardia Repúblicana vela por la conservación del orden público, los estudiantes condenan al gobierno del Frente Amplio, la Nueva Democracia parece añorar cierto ordenpúblico. El gobierno y algunos voceros del Frente Amplio2 sacrifican un chivo expiatorio en torno a grupúsculos de extraordinaria irradiación. Alentada desde la propia “izquierda” que no quisiera ver en el gobierno, la prensa neoliberal sube la apuesta criminalizando a los estudiantes.3 Los argumentos son los mismos que esgrimía la gran prensa bajo el pachequismo: los estudiantes son utilizados por subversivos que desvían sus intenciones.Tales demonios habrían motivado la Ley de Presupuesto que pauperiza la educación, al tiempo que mantiene al empresariado a salvo de una pérdida impositiva del margen de ganancia, habrían entrado en posesión del cuerpo de los estudiantes que ocuparon el CODICEN e incluso quizás estén detrás de las movilizaciones estudiantiles chilenas, que desde 2006 obedecen a un escenario análogo. Mujica perdió al traidor Amodio, que carga con todas las culpas del pasado pero ya no, una vez entre rejas, con las futuras. Para compensar esa pérdida el Frente Amplio lanza a la arena circense de los medios a Irma Leites, que seguramente el gobierno se cuidará de no privar de libertad, para que siga llevando la atención de las cámaras hacia el “eje del mal” (todo lo que mediáticamente no le convenga a la “fuerza política”).

Rancière señala sin ambigüedades que el planteo republicano es antidemocrático.4 Sin duda la denominación “Guardia Republicana”, vinculada ante todo al orden público, no dejaríade movilizar ese criterio, sobre todo de cara al “Palo Amplio”5 blandido bajo obediencia frenteamplista, amplitud del garrote incluida. Se condena el republicanismo en razón de losmárgenes del discurso: la democracia es incondicional, todo orden previo (republicano, económico, mundial) no puede sino oponerse, obstaculizar y finalmente reprimir cierta habilitación al límite, o si se quiere, como lo dice Derrida, impedir que la marca llegue a escritura.6

La Naturaleza, toda naturaleza como tal, no puede ser sino una forma de Orden, ahora perceptible cuando “naturalizar” se ha convertido, en el idioma de nuestro naciente siglo, en sinónimo de justificar como antecedente lo que debiera cundir como explicación. De ahí que sostener, como lo hace la Red de Economistas de Izquierda, que existe una “Naturaleza del Frente Amplio”,7 se asemeja en el contexto de tal afirmación -por parte de quienes cuestionaron el TISA que intentó, además, instalar el mismo Frente Amplio- a unaexpresión de deseos incumplidos. Tal “Naturaleza del Frente Amplio” obra como naturalización de una mención de origen que nadie puede identificar con el presupuestoregresivo para la educación, con la exoneración sistématica al gran capital transnacional en las zonas francas (más de tres mil millones de dólares por año), ni con un desalojo de estudiantes por la fuerza. Ya hemos visto, desde ese punto de vista según el cual “la izquierda está en el Frente Amplio” el destino del planteo de un “gobierno en disputa”: fortalecer por la nula alternativa el planteo económico que aplaude toda la derecha, bajo el lema “vieron: es lo único que se puede hacer”.

La acepción posible de una “Naturaleza del Frente Amplio” supera, por su propia radicalidad conceptual, la ilusa apelación a un “gobierno en disputa” y se plantea desde la perspectiva de “un país en disputa”. Sin hacer ahora la digresión que cabe en torno a la constitución histórica del Frente Amplio y su evolución posterior, cabe desde ya señalar quela reivindicación de una condición ¿natural quizás? de los estados-nación8 parece más un voto piadoso que una atinada percepción de los acontecimientos. Para empezar porque bajo el gobierno del Frente Amplio, el Uruguay opera como Estado violando la soberanía de otro, en particular manteniendo la fuerza de intervención en Haití. No se sabe de otra renuncia de frenteamplistas a su banca, desde que Chifflet presentó la suya9 ante la intervención en aquel país. La Red de Economistas de Izquierda conoce bien todos los episodios, desde el agradecimiento expresado formalmente por el presidente de la transnacional Botnia a un presidente de Estado frenteamplista, en razón de la protecciónobtenida contra un movimiento social, sin olvidar el “tren que pasa una única vez” (hacia Bush) o el decreto de esencialidad aplicada a un movimiento reivindicativo del magisterio, que demuestran que no estamos ante un Estado-nación que preserve la integridad del “país”.

La democracia representativa podía encontrar en el Estado-nación la legitimidad de un Orden, propio incluso a la Naturaleza social, cuando la cohesión orgánica -es decir la autoconservación como un todo de un Orden- se sustentaba en una estructura -es decir una forma- de país. Esa forma ha descaecido desde la Segunda Guerra mundial, a partir de la tecnología atómica que -disuasión mediante- sustenta todo Orden Mundial en el artefacto, es decir en una potencia de determinación humana que por serlo es forzosamente, como decía Nietzsche, “demasiado humana”. El mundo de la mundialidad de las materias primas, la industria pesada y la lucha de clases ha cedido paso, tecnología mediante, a los flujos transfronterizos, las bases mundiales de datos y la virtualización de la economía.10 El declive inexorable de los estados-nación no es efecto ni de la maldad ni de la bondad intrínseca de elencos partidarios -frenteamplistas u otros, sino en cuanto la organicidad de la naturaleza social -es decir una condición cíclica y por lo tanto predecible de los procesos- ha desaparecido, barrida por la contingencia enunciativa del vínculo a distancia. ¿Cómo subsistiría un vínculo orgánico no-presencial? Marramao lo ha sostenido brillantemente: la globalización es simbólica -una puesta en común de la contingencia humana, no económica.11

Por eso hubo en el Uruguay, desde los 80′, Restauración y no “Nueva Democracia”. Justamente Restauración no se vinculaba, en La República de Platón,12 con la idea de una vigencia de “el país batllista”, más allá de las diferentes formas que hubiera tomado, sino con el simulacro de tal retorno al “orden democrático tradicional del país”. ¿No oimos todos aquel tan anhelado como nostálgico regreso de “Como el Uruguay no hay” que culminaría en la vocinglería mediática de “el presidente más pobre del mundo”? El Frente Amplio, la izquierda en su conjunto y la universidad jugaron en el Uruguay el juego de ese simulacro y hubo Restauración y no “Nueva Democracia”,13 porque ningún agente público en quantumrelevante planteó la caducidad -no de la pretención punitiva del Estado- sino de la representación estatal como efecto de democracia. Ningún Estado-nación es hoy fuente de democracia, porque refleja forzosamente un status-quo mundial sostenido en el propio desarrollo tecnológico, que como tal “técnica de la inteligencia” se mofa de las fronteras -sobre todo naturales- de país. Conviene recordar que efectos democráticos tales como el indigenismo (por ejemplo en Bolivia), se autodenominan “multinacionales”.

Sostener que una “Nueva Democracia” se abre paso por la “nueva agenda de derechos”, sin dejar en claro que tanto los movimientos sociales como la habilitación de libertades se abren paso, ante todo, contra la normativa republicana, conlleva la edulcoración de la transgresión. Equivale a decir que no habrá quiebre entre el poder instalado y la reivindicación rupturista, de forma que la democracia avanzará por una vía gradual y funcional. Habría que explicárselo a los estudiantes hospitalizados tras la represión del Día del Maestro.

El contragobierno sostiene, por el contrario, que el gobierno no puede ejercerse en base tecnológica sin una vinculación mediática generalizada, que arruina forzosamente la condición soberana del emisor, en cuanto sólo se puede incrementar la difusión -sobre todo a distancia- a condición de debilitar la personalidad -es decir la presencialidad a sí propio- del mensaje. Lejos de proponer una erradicación del gobierno, el contragobierno mina sus bases de credibilidad, en cuanto sostiene que la soberanía es insostenible como tal en contexto tecnológico, devolviéndole fracaso a cambio de golpes, incluso bajo forma deGuardia Republicana, Naturaleza del Frente Amplio o Nueva Democracia.

1Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (Primaria, Secundaria y Técnica) del Uruguay.
2“Frenteamplistas tildan de “fascistas” a los grupos ultras” El Observador (23/09/15)http://www.elobservador.com.uy/frenteamplistas-tildan-fascistas-los-grupos-ultra-n680015
3“Vandalismo en el parlamento en “defensa” de la educación” El Observador (24/09/15)http://www.elobservador.com.uy/vandalismo-el-parlamento-defensa-la-educacion-n680318
4 Rancière, J. (2005) La haine de la démocratie, La Fabrique, Paris, pp. 76-77.
5Ver en este blog “El Palo Amplio: la Noche de la Nostalgia pachequista”http://ricardoviscardi.blogspot.com.uy/2015/08/elpalo-amplio-la-noche-de-la-nostalgia_24.html
6Derrida, J. (1972) Marges, Minuit, Paris, p. 381. Traducción al español enhttps://docs.google.com/file/d/0BzH20_Ds87woaENjQ1NLeEZVRVE/edit
7Red de Economistas de Izquierda, Voces (17/09/15) p. 2.
8Op.cit.
9Ver Viscardi, R. “Hipocrasía a la baja: cae la cotización de la bondad” (03/08/12) enDemocracia del Siglo XXI https://teodulolopezmelendez.wordpress.com/2012/08/03/hipocrasia-a-la-baja-cae-la-cotizacion-de-la-bondad/
10Wolton, D. (1992) Elogio del Gran Público, Gedisa, Barcelona, p.95.
11Sobre el pensamiento de Marramao: Viscardi, R. « Giacomo Marramao ¿una filosofía de la globalización? » en Reflexiones sobre el pensamiento italiano contemporáneo (2010) Trilce-Unión Latina-Nóesis, Montevideo, pp.55-67.
12Suplemento semanal del periódico La República, Montevideo, desde 1991 a 1993.
13“La “nueva democracia: tema de seminario académico” Radio Uruguay (13/04/15)http://www.mec.gub.uy/innovaportal/v/68102/50/mecweb/la-nueva-democracia-tema-de-seminario-academico?parentid=62683
Publicado por Ricardo Viscardi en 12:04


Los charrúas reclaman al Estado 2.000 hectáreas

27 oct . AFUSEC

PIDEN CEMENTERIOS INDÍGENAS Y TIERRAS AL NORTE DEL RÍO NEGRO

Con 2.000 hectáreas de campo y el control de todos los cementerios indígenas, “se terminan todos los problemas entre el Estado uruguayo y los descendientes de los charrúas”. Así lo afirmó a El País el vocero del Consejo de la Nación Charrúa (Conacha), Martín Delgado Cultelli.

El Consejo de la Nación Charrúa forma personas que se creen descendientes. Foto: N. Soto.

El activista charrúa sostiene que los reclamos del Conacha “tienen el respaldo de la comunidad internacional”, a través del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que fue firmado por el gobierno uruguayo (aunque aún no fue ratificado).
Uruguay, de hecho, es el único país de América del Sur que hasta ahora no lo ratificó.
El Consejo de la Nación Charrúa reinvindica, en particular, tierras de los departamentos de Salto y Tacuarembó donde habitaban los indígenas.
El artículo 26 del convenio dice: “Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido”, recuerda la organización.
Delgado Cultelli sostuvo que, con unas 2.000 hectáreas, quedarían conformes.

Denuncia.

A juicio del vocero del Consejo, la ratificación del convenio no ha prosperado, en parte, por las presiones que ha ejercido, entre otros, el antropólogo Daniel Vidart.
“Vidart tiene contactos en el gobierno y ha movido los hilos para frenar los reclamos. Este hombre hace mucho que nos critica con mucha falta de respeto. Es racista y con sus vínculos enlenteció el reconocimiento del Convenio 169”, dijo.
Los indigenistas presentaron ante la Institución Nacional de Derechos Humanos una denuncia por “discriminación racial y difamación” contra el antropólogo, quien días atrás realizó fuertes críticas a los reclamos de estas organizaciones.
El experto criticó a la delegación charrúa que participa en los Jogos Mundiales Indigenas que se desarrollan en Brasil. Dijo a El País y otros medios que los participantes “no son charrúas” ya que son un grupo de gente que vive separada y que “se reúne para ponerse plumas”.
Además, Vidart calificó las demandas de tierras, por parte de la Conacha, de viveza criolla.
“Vidart vio muchos charrúas en los medios y salió a hacer un ataque reaccionario. Somos descendientes de guerreros y no vamos a aceptar pasivamente estos insultos”, dijo Delgado a El País.

“Derecho sagrado”.

El convenio 169 otorga derechos territoriales y culturales a los pueblos originarios. Entre otros, prevé que la propiedad intelectual de los conocimientos sobre “medicina natural” o el uso de flora autóctona pertenezcan a las comunidades.
“Hay que reconocer que se cometieron crímenes de lesa humanidad contra el pueblo charrúa. Una forma de saldar la deuda histórica es devolviendo territorios sagrados. Los cementerios indígenas podrían ser un espacio de presErvación del patrimonio ancestral. Allí podrían vivir familias charrúas que se podrían dedicar a cuidar esos lugares”, afirmó el vocero.
En el Conacha creen que se podrían beneficiar unas 70.000 personas que en el último censo declararon ser descendientes indígenas. En los próximos días pedirán una entrevista al presidente Tabaré Vázquez para analizar el asunto.

Un árbol que hace espuma

El Convenio 169 de OIT prevé que se dará prioridad a la propiedad intelectual de los indígenas. Al respecto, el vocero de Conacha, Martín Delgado, ejemplificó que “los charrúas de Valle Edén usan hojas del árbol el Palo de Jabón (quillaja brasiliensis) que al ser agitadas generan espuma y pueden servir para lavar ropa.
http://www.elpais.com.uy/informacion/charruas-reclaman-hectareas.html

Acerca de estos anuncios

Comunicado de los colectivos de la ANP
———- Mensaje reenviado ———-
De: Defensa de la Tierra <asambleanacionalpermanente@gmail.com>
Fecha: 26 de octubre de 2015, 17:39
Asunto: Comunicado de los colectivos de la ANP
Para: Jorge Zabalza

Montevideo, 26 de octubre de 2015

Desde  la Coordinación de colectivos de la ANP denunciamos y repudiamos todas las acciones intimidatorias, represivas y de criminalización que el Estado ha descargado sobre las organizaciones sociales y compañero/as

Desde el discurso oficial, donde una mentira repetida mil veces parece convertirse en verdad, se intenta estigmatizar, aislar y criminalizar toda acción, todo pensamiento y opinión que cuestione las políticas de saqueo y entrega de nuestro territorio, así como toda disidencia con la planificación que reafirma el enriquecimiento de unos pocos a costa de los/as muchos y su empobrecimiento.

Hemos visto en estos días  el escenario armado para la criminalización, donde los hechos se deforman y retuercen a voluntad de los poderosos, y donde se  termina judicializando   la protesta, con compañero/as procesados en un circo de linchamiento mediático.

Manifestamos   nuestra solidaridad con todo/as quienes mantienen en alto sus sueños y siguen luchando, sin juicio de valor el ejercicio de la solidaridad  que es el escudo que construimos entre todo/as para protegernos de la violencia que ejerce el poder económico y político y que en algún momento podrá alcanzarnos.

Al igual que repudiamos la represión y la criminalización en el marco de la lucha por la educación, que alcanzó a algunos compañero/as de colectivos de la ANP, repudiamos el castigo que se ejerció  y ejerce  sobre funcionarios del estado que en forma sostenida denuncian del “modus operandi” de las multinacionales, que muestra sin lugar a dudas las complicidades y corrupciones de un estado comprometido con un modelo  que entrega nuestro presente y nuestro futuro al capital saqueador.

Videos: Resonando en Fénix 26-10-2015

Estimad@s, comparto dos videos con la audición Resonando del 26/10.

primera parte:

https://www.youtube.com/watch?v=avIeqGfC0Cw

segunda parte:

https://www.youtube.com/watch?v=y0UjsYQa62A

Saludos

Pablo


por asamblea

Mañana paran las cooperativas de ómnibus

Las cooperativas de transporte anunciaron que mañana miércoles realizarán un paro a partir de las 9 horas, ya que se reunirán en asamblea para analizar el avance de la negociación colectiva.

mar oct 27 2015 11:59 El País uy

Mañana miércoles las cooperativas de transporte realizarán un paro, ya que se reunirán en asamblea a las 11 horas para analizar el avance de las negociación colectiva.
Según informaron a El País fuentes de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott), el paro comenzará a las 9 horas y se extenderá hasta el fin de la asamblea entre los trabajadores agremiados.
Los servicios afectados serán los de los ómnibus urbanos y suburbanos de COETC, Raincoop y UCOT.
La ronda de negociación salarial avanza lentamente y se anunció que esta semana se firmarán los acuerdos correspondientes a los trabajadores del transporte urbano y suburbano que implicarán una mejora en las remuneraciones en términos reales de un 3% en un período de 30 meses. En estos dos subgrupos ya se firmaron preacuerdos, que serán discutidos por los trabajadores en la asamblea de mañana miércoles.

Los taxis trabajan “a reglamento”.

Los trabajadores del Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt) continúan con las medidas esta semana. Desde anoche, y hasta mañana siguen trabajando “a reglamento”, deteniendo las tareas “a partir de la media noche hasta las seis de la mañana”.
Las medidas que han tomado los trabajadores del taxi en las últimas semanas son en reclamo de la falta de avances que según ellos tienen las negociaciones salariales.
“Los trabajadores del taxímetro en el marco de la sexta ronda de Consejos de Salario nos hemos declarado en conflicto, a partir de no tener ningún tipo de avance en la sucesivas reuniones en la Dinatra (Dirección Nacional de Trabajo) en donde el sector empresarial no ha presentado ninguna propuesta que posibilite la negociación y no ha dado garantías de poder cumplir con las pautas mínimas planteadas por el poder ejecutivo, en tal sentido nos vemos obligados a profundizar el conflicto de cara a la culminación de esta sexta ronda en donde no existió negociación alguna ya que hubo desde un comienzo una voluntad política clara de no negociar”, señalaron días atrás en un comunicado.

 

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