Noticias Uruguayas 28 mayo 2019

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Tirabuzones de doble hélice

El debate del Senado sobre las venias para la destitución de cuatro generales, que no logró los 18 votos necesarios, dejó en claro qué cosas defienden algunos representantes de la oposición y cómo, a las primeras de cambio, resucitan viejos temas no saldados: el pacto del Club Naval y la ley de caducidad, madres de todas las impunidades y complicidades.
por Samuel Blixen
17 mayo, 2019

Fantasmas que sobrevuelan incansables desde un pasado terrorífico, demonios que inquietan conciencias, arpías exhumadas para cobrar cuentas y señalar culpables: un aquelarre dominó el recinto parlamentario, la historia se desplegó en tirabuzones de doble hélice, la política recobró por un momento su discutible encanto y los senadores parecieron perder la habitual condición brumosa, toda una sorpresa; incluso los insultos gratuitos, los gestos sobreactuados y los lugares comunes de legisladores irrecuperables en su mediocridad fueron contrapuntos bienvenidos. Por una vez, el Frente Amplio no pudo imponer su criterio, pero salió ganador, no así el presidente Tabaré Vázquez, que fue vapuleado más que jinete en doma.
Las venias para el pase a retiro obligatorio de cuatro generales no obtuvieron los tres quintos de componentes del cuerpo, el martes 14, porque la totalidad de la oposición prefirió mantener en sus cargos a Claudio Romano, Carlos Sequeira, Alejandro Salaberry y Gustavo Fajardo, integrantes de los tribunales de honor y de alzada que juzgaron la conducta de José Gavazzo, Jorge Silveira y Luis Maurente, y no consideraron un deshonor la comisión de 28 asesinatos. Con esta decisión, los cuatro generales continuarán en actividad y en sus destinos, cobrando sus sueldos –al menos, hasta el momento–, aunque no cuentan con la confianza del comandante supremo de las Fuerzas Armadas ni con la del ministro de Defensa.
Cuando terminó la sesión, pasadas las 14 horas (había comenzado a las 9.30), y la senadora Constanza Moreira reclamó votación nominal y se efectuó el recuento nombre por nombre, el pedido del Poder Ejecutivo ganó por un voto, 16 a 15, pero no logró reclutar los otros dos necesarios para alcanzar las mayorías especiales: no hubo argumento que doblegara una determinación política disfrazada con ropajes jurídicos. Al finalizar, el sitio web del Senado registraba 158 usuarios que siguieron la discusión por Youtube, testigos privilegiados de un debate que la historia registrará, con el inevitable desplume de detalles, como el momento en que un grupo de senadores secuestró la verticalidad de mando del jefe supremo de los militares y dio un inequívoco mensaje a las futuras generaciones de oficiales: la impunidad que vos matáis goza de buena salud.
ARGUMENTOS Y SOFISMAS. Todo lo demás fue gimnasia dialéctica, de la buena y de la mala. A partir del informe en mayoría del frenteamplista Rubén Martínez Huelmo, la discusión basculó entre el reclamo del Senado de “lealtad institucional” y el reclamo de la oposición de que los generales pudieran defenderse en la Comisión de Defensa. O sobre el carácter inconstitucional de la norma en que el Ejecutivo sustentó su pedido al Parlamento. O sobre la actitud presidencial de traspasar la responsabilidad al Parlamento para encubrir el hecho de que había homologado el fallo del tribunal por el que solicitaba el pase a retiro obligatorio de los generales que lo habían emitido (lo que estimuló una ingeniosidad: “Al presidente se le quemó el asado y lo quiso disimular incendiando la casa”). O sobre la controversia, que podría haber sido eterna, sobre si los generales comunicaron la existencia de la confesión de José Gavazzo al comandante Guido Manini Ríos, y si este se lo comunicó al ministro, y si este lo enteró al presidente Vázquez, y si el secretario Miguel Toma escondió el expediente durante todo un mes, lo que impulsó al senador blanco Jorge Larrañaga a denunciar: “¡Y Toma fue a Roma, en una audiencia por el Plan Cóndor y por Gavazzo!”, episodio que condenó enfáticamente con un argumento de peso: “¡Increíble, fantástico!”, y ráfagas de acusaciones: “El FA está utilizando a las Fuerzas Armadas (Ffaa) como un trapo de piso. Vázquez ha sido un mal comandante en jefe de las Ffaa. Ha sido prescindente en materia de derechos humanos. Los generales han quedado ensartados en la estaca”. El blanco Javier García dio una vuelta de tuerca al afirmar: “La responsabilidad es de Vázquez y de Toma”, lo que indujo al frenteamplista Rafael Michelini a recordar que él fue crítico con Vázquez y que inmediatamente reclamó la renuncia del secretario Toma: “Pero ahora, acá, el problema no es Vázquez, es el Senado, que debe decidir si los generales se quedan o se van. Si quieren, inicien los mecanismos para un juicio político del presidente. Pero, ahora, ¿pueden esos generales seguir vistiendo el uniforme?”.
El colorado Pedro Bordaberry defendió la propuesta de que los generales concurran al Parlamento para dar explicaciones sobre el fallo del Tribunal de Honor y consideró que la negativa del ministro José Bayardi era una prueba de que “no quieren que se sepa la verdad”. El senador frenteamplista Yerú Pardiñas recordó que los partidos de la oposición nunca propusieron citar a militares “para que explicaran qué hicieron en el pasado”. El senador independiente Pablo Mieres, que dijo estar dispuesto a votar con las dos manos la destitución de los generales si esta se fundamenta en que el tribunal no consideró un deshonor cometer 28 asesinatos, se preguntó: “¿Qué hacemos con el Poder Ejecutivo, que firmó la homologación del fallo?”. Sobre la circunstancia de que esa homologación recién se conociera cuando un periodista reveló la existencia del fallo, afirmó: “El ocultamiento del Poder Ejecutivo es tan grave como el fallo mismo”. Después de que el senador frenteamplista Juan Castillo argumentara que la destitución de los generales era una señal de “convicción democrática”, su compañero de bancada partidaria Miguel Vasallo concluyó que la postura de la oposición de no votar las venias de destitución “es una política de Poncio Pilatos”.
VIEJAS CUENTAS. Pero a cierta altura de la sesión se produjo un cric, un salto en el engranaje que articulaba la discusión predecible, por más que la supuesta controversia jurídica estaba salpicada en demasía por los ataques al presidente de la República. Como bien advirtió la senadora Constanza Moreira, en el trasfondo de la discusión se estaban confrontando dos políticas sobre la impunidad. El nacionalista Alberto Heber recogió el guante y, en una ofensiva de menor a mayor, comenzó diciendo que “si hubiera habido otra fundamentación, habría otra discusión” (pero no confirmó que en ese caso votaría las venias); estableció que la culpa estaba en el Ejecutivo, no en los tribunales de honor, y que “los generales no estuvieron omisos”. Casi sin transición, cambió el eje de la discusión: “El Club Naval fue el comienzo de la impunidad”. Y, ante la afirmación de que el Partido Nacional dio sus votos, en 1986, para la ley de Caducidad, causa primera de la impunidad, aumentó la apuesta: “El Frente Amplio no tuvo lealtad con el pacto del Club Naval”. Aludiendo al senador Michelini, cuyo cuestionamiento a la oposición exhibió una dosis alta de vehemencia (“si no fuera por el FA, los militares y policías asesinos estarían caminando por la calle”), sentenció: “Ustedes nos reprochan la ley (de caducidad), y nosotros les reprochamos que pactaran con asesinos y torturadores”. Con la misma vehemencia que su colega frenteamplista, Heber señaló: “Nosotros nunca nos pusimos el uniforme, como lo hizo el ministro Eleuterio Fernández Huidobro, y no hubo nunca ninguna crítica. Son de teflón, no se les pega nada”.
La reacción fue automática. La senadora Moreira respondió: “No tenemos nada que ver con las prácticas políticas que instalaron la impunidad”. Martínez Huelmo complementó: “Estamos en el mismo lugar que hace 40 años”. El frenteamplista Saúl Aristimuño pronosticó: “La impunidad está ganando otro partido”. La senadora Mónica Xavier rechazó que se vincule al FA con un pacto para la impunidad y recordó que, coherentemente, en 1986 la coalición votó en contra de la caducidad. El senador Vasallo dedujo que la política de la oposición defiende unas Fuerzas Armadas que no incorporan el espíritu republicano. Y el frenteamplista Marcos Otheguy reconoció: “Nos faltó decisión política para avanzar en materia de derechos humanos”, pero puntualizó: “La responsabilidad primera es con los familiares de las víctimas; los que votaron la caducidad (tienen) más (responsabilidad). Hay una responsabilidad en la democratización de las Ffaa, pero algunos (tienen) más (responsabilidad) que otros”.
Cuando el debate prometía ahondar en las peculiaridades de dos episodios del pasado reciente que siguen condicionando la política nacional e impidiendo que la sociedad acceda a una conciencia real de la forma en que se procesó la transición a la democracia, intervino el senador blanco Pablo Iturralde: “La culpa es de los tupamaros”. Y entonces el debate retomó el nivel habitual de la confrontación parlamentaria. El colorado Germán Coutinho propuso reinstalar la Comisión para la Paz del ex presidente Jorge Batlle (la que hizo suyas las mentiras de algunos oficiales sobre la incineración de los cuerpos de los desaparecidos y su dispersión en el mar). Y el frenteamplista Carlos Baráibar reclamó saber quién le entregó las actas al periodista Leonardo Haberkorn, para así montar “un operativo de poner al FA contra las Ffaa”, que, en su opinión, se revierte con un gran acuerdo nacional: “Un acuerdo de todos los partidos, y con las Ffaa, para discutir qué Ffaa queremos”. Como dijo el contralmirante Hugo Márquez, aquel comandante de la Armada durante la dictadura: “Dimos un giro de 360 grados”.“Es muy grave el mensaje dado por el Senado”

A cuatro días de la Marcha del Silencio, Familiares difundió un comunicado de prensa con duras apreciaciones sobre la actuación del Senado en el tratamiento de las venias de destitución de cuatro generales, sobre los criterios de la Presidencia en el episodio del tribunal de honor a tres terroristas de Estado, y sobre la pervivencia en los mandos del Ejército de concepciones desarrolladas durante la dictadura.
Al convocar a la marcha –“por sobre todas las cosas un abrazo a todos nuestros desaparecidos (…) una demostración de solidaridad con quienes sufrieron y aún sufren la barbarie del terrorismo de Estado”–, Familiares analizó el resultado de la sesión del Senado del miércoles 15: “Lamentamos hondamente tener que denunciar a los senadores que pusieron sus rencillas electorales por encima de lo que su investidura les reclama, que es la defensa de la institucionalidad democrática con acciones y expresiones que la fortalezcan y no con eufemismos que los conviertan en cómplices de un pasado doloroso”.
A la vez denuncian “la poca transparencia que tuvo este proceso por parte de todos los implicados, incluida la Presidencia. Nunca avalaremos ni justificaremos los pactos silenciosos y la poca decisión política con que se han movido todos los partidos que se han sucedido en el gobierno. Pero esto no justifica proteger a los militares artífices de este veredicto(del tribunal de honor).
Al calificar como “muy grave” el mensaje del Senado, el comunicado afirma: “Los generales que estos días expresaron su mentalidad golpista, que avalaron con sus fallos de los tribunales de honor los gravísimos delitos de Gavazzo, Silveira y Maurente, no deben bajo ningún concepto integrar y menos aun conducir las Fuerzas Armadas”.
Esos mismos generales, hay que subrayar, ratificaron sus posturas al denunciar ante juzgados penales al periodista Gabriel Pereyra por difamación e injurias contra la institución militar. El periodista había calificado de “cobardes y atorrantes”las declaraciones del comandante en jefe del Ejército, Claudio Feola, al negarse a repudiar las desapariciones durante la dictadura, porque “no están confirmadas”.Lo insólito, que se suma al cúmulo de exabruptos de las ultimas horas, es que la denuncia no fue personal, sino de toda la institución.


Enrique Rubio: «La responsabilidad es institucional de las FFAA y no de un criminal»

Documento conecta a Gavazzo, el SID y la Junta de Comandantes

Un «parte» de Información elaborado por el Departamento III del SID y fechado el 30 de enero de 1978, que rescata una conferencia dictada por el jefe de dicho Departamento, el Tte. Cnel. (R) José Nino Gavazzo, el 22 de diciembre de ese año, demuestra el vínculo que mantenía el ex represor con la máxima jerarquía de los mandos de la época y confirma los operativos de represión del Fusna (Fusileros Navales) en las dos orillas contra los GAU.
El documento (ver recuadro) es consecuencia del pedido de información realizado por Graciela Borelli al Grupo de Verdad y Justicia por su hermano Raúl Borelli, desaparecido en la República Argentina. La solicitud fue cursada en 2017 y la respuesta de la Secretaría de Derechos Humanos se conoció en marzo de 2018.
En el documento, Gavazzo informa a la Junta de Comandantes, sobre un presunto error de apreciación en cuanto al vínculo entre un líder montonero detenido en Uruguay y los GAU.
Se desprende que los operativos en Montevideo contra ese sector de izquierda «tienen en su origen una Cédula de Identidad uruguaya que portaba el sedicioso detenido en Colonia y que iba a ser destinada a su esposa instalada con sus hijos en nuestra capital, que pertenecía a una integrante de los GAU» (ver recuadro).
Para el ex senador del Frente Amplio Enrique Rubio, ex integrante de los GAU (Grupos de Acción Unificadora), el documento «prueba» el accionar del Fusna en las dos orillas y el conocimiento que tenía Gavazzo de «todas las operaciones».
«Es la evidencia más palmaria del vínculo con la máxima jerarquía de mandos que tenía Gavazzo en todas sus operaciones», según afirmó a LA REPÚBLICA. «El problema medular no es solamente la responsabilidad de un criminal como es Gavazzo sino que es institucional».
Lo de la cédula, apunta Rubio, fue en realidad una «casualidad trágica». «Un argentino que pertenecía a los Montoneros, venía con la cédula de identidad de su compañera en Uruguay y es detenido en la frontera. Eso permite una operación donde ella vivía.
Ella era hermana de un integrante de los GAU en Montevideo. Los GAU era un grupo importante que había sobrevivido a las distintas olas represivas y que estaba haciendo acciones pacíficas, de propaganda y demás, contra la dictadura. Pero fue el disparador de una represión salvaje ‘operativizada’ por el Fusna.
Esta fue la situación. Porque ellos aparentemente concluyen como que han hecho el descubrimiento de una organización existente en Uruguay y que podía haber estado vinculada a los montoneros. Después se dan cuenta que esto es una casualidad que simplemente tenía un vínculo familiar.
Pero la represión fue salvaje en el Fusna, llevó al procesamiento de una cantidad muy grande de compañeros de los GAU en Montevideo, y como ellos a su vez estaban vinculados a los que habían huido a Argentina entonces se hizo un operativo acá y allá. Acá terminó en tortura y prisión.
El operativo allá en conjunto con las fuerzas argentina, terminó en tortura y desaparición. Los 18 desaparecidos en Argentina son producto de esta acción». «En realidad, lo que hace Gavazzo es clarificarle a la Junta de Comandantes en Jefe de que el vínculo entre la persona que había sido detenida en Colonia con los GAU era inexistente. El control que tenía Gavazzo era total. El SID dependía directamente de la Junta de Comandantes. La parte central del SID era el Departamento III que dirigía Gavazzo».
Rubio entiende que aun «estamos muy lejos en materia de verdad» y también «muy lejos sobre los detenidos desaparecidos». «Uno espera, por ejemplo, que la ruptura parcial de la grieta, en la Omertá que revelaron las actas de los Tribunales de Honor del Ejército, donde aparecieron acusaciones de unos contra otros, y la documentación desclasificada de Estados Unidos, enviada a Argentina donde sin duda va a haber mucha información sobre Uruguay, uno espera que todo esto permita avanzar en materia de verdad.
Pero, en última instancia, quienes tienen la responsabilidad de decir la verdad son las Fuerzas Armadas», agregó. «Pero últimamente, hay un problema que ha emergido con absoluta nitidez y ha sorprendido a la sociedad uruguaya que tiene que ver con la democracia: esto es, mandos militares que tienen el mismo encuadre ideológico conceptual, etc. que tenían en la época de la dictadura.
Eso lo revelaron los fallos y las actas de los Tribunales de Honor. Ese es un problema muy fuerte de institucionalidad democrática. Y Gavazzo, un personaje que justifica la tortura abiertamente, diagnosticado incluso por algún psicólogo, es parte de un sistema. No apuntemos solamente a la personalidad psicopática de Gavazzo sino al problema de fondo. Acá hay un problema institucional de las FFAA. En realidad, este documento demuestra que la inserción institucional de Gavazzo era de máximo nivel. O sea que esto estaba en conocimiento de los Comandantes de las FFAA».
«Dos, tres, o más vuelos»
Rubio (es autor junto a Martín Ponce de León del libro «Los GAU, Una Historia del pasado reciente (1967-1985) Vivencias y recuerdos, Ed. Banda Oriental, año 2018) sostiene que «hay evidencia de que no solo hubo un primer y un segundo vuelo». «Hubo otros traslados, no sé si fueron vuelos o no». «Yo puedo mencionar un conjunto de casos que afectaron a miembros de los GAU».
Entre ellos, mencionó el de los padres de los desaparecidos, Julio D´Elía y de su esposa, desaparecidos en Argentina en diciembre de 1977. Ellos tienen una entrevista con el primer secretario de la Embajada de EEUU y con otro funcionario, quienes les informan que habían recibido información del Fusna sobre que su hijo y su nuera habían sido trasladados a Uruguay y que estaban muertos».
«Pero no es el único caso. Acá, en los interrogatorios del Fusna, se manejaban actas de interrogatorios a compañeros que después desaparecieron en Argentina. Y hay testimonios de argentinos sobrevivientes, que mencionan que hubo por lo menos cinco detenidos en Banfield que fueron traslados a Uruguay junto a otras personas. En las propias actas de los Tribunales de Honor se incluyen documentos sobre un tercer vuelo».
Por otra parte, agregó, «hay fichas de la Armada en las que, en el caso de Gustavo Raúl Arce Viera, hay una ficha de la Armada en la que consta que dos días antes había desaparecido de Argentina». O sea, agrega Rubio, la represión en ambas orillas «formaba parte de un solo operativo, la interconexión era muy fuerte. Era un operativo en los dos países: traían y llevaban gente», agregó.
Para Rubio, «esto no ha sido esclarecido». En realidad, sostiene «hay pruebas de por lo menos dos vuelos hechos en Pluna, y está el listado de migración por el cual Jorge Tróccoli viaja en diciembre de 1977 a Argentina cuando arrancan los operativos contra los GAU que terminan en desapariciones en Argentina.
«Pero no viaja él solo, viajan con él dos oficiales que nunca han sido citados a declarar: Ricardo Dupont y José Uriarte. Y después, cuando se produce la desaparición del último de los GAU, el 16 de mayo de 1978, hay un viaje a Argentina de otro oficial del Fusna, que es Jorge Jaunsolo que viajó junto con otro oficial Juan Carlos Larcebeau, éste último sí fue procesado».
Qué eran los GAU
Los Grupos de Acción Unificadora (GAU) fueron un movimiento de izquierda uruguayo a inicios de la década de 1970, ya desaparecido. Los GAU fueron fundadores del Frente Amplio (1967-1985). Nacieron durante la época del pachequismo, dándole continuidad a otros pequeños grupos de izquierda que habían sido ilegalizados. No realizaron operaciones armadas, pero sí formaban parte de la llamada «tendencia combativa» a nivel de gremios.
La cédula que desató la represión
«JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA
Departamento III- Planes- Operaciones- Enlace
PARTE DE INFORMACIÓN Nº 06/97810
Montevideo, 30 de enero de 1978
MOTIVO: Aclaración sobre información inexacta llegada a éste Servicio
EVAL.: A- 1
TEXTO: Acorde a lo informado en Parte Especial de Información Nº 246/77, se hace saber que la información contenida en el mismo es inexacta en virtud de:
1º) La persona detenida en Colonia que era responsable de la columna norte de Buenos Aires, no venía a hacer contactos con elementos de los GAU (Grupos de Acción Unificadora), ya que el mismo se encontraba radicado en Montevideo, desde tiempo antes de su detención según lo ordenado por la dirección de su movimiento y acorde a lo informado por éste Servicio en la Conferencia que se llevó a cabo en Comando General del Ejército el jueves 22 de diciembre próximo pasado.
2º) Los procedimientos efectuados contra los GAU en la ciudad de Montevideo, tienen en su origen una Cédula de Identidad uruguaya que portaba el sedicioso detenido en Colonia y que iba a ser destinada a su esposa instalada con sus hijos en nuestra capital, que pertenecía a una integrante de los GAU, según se pudo constar al efectuarse un procedimiento en su domicilio.
3º) La lista de requeridos que se menciona, nace de los procedimientos realizados en Montevideo, contra el grupo en momentos que se encontraba colaborando personal de la Armada Argentina en relación con el detenido Jefe Montonero.
El Jefe del Departamento III (P.O.E.)
Tte. Cnel. José N. Gavazzo [Firma]
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