Publicado en: 28 junio, 2018

Noticias Uruguayas 27 junio 2018

Por Colectivo Noticias Uruguayas

URUGUAY: Otro 27 de junio y sigue la impunidad // ZUR: Impunidades // Ministerios y servicios descentralizados paran 24 horas el jueves

¿Ha comenzado una nueva guerra civil en EE.UU.? // Trump pide devoluciones en caliente de migrantes en EEUU // Protestas en todo EE.UU. exigen la reunificación de familias inmigrantes y la abolición del Servicio de Inmigración // Siete señales de que la Uniòn Europea vuelve al borde de una crisis migratoria (y Trump como factor agravante) // ARGENTINA: Alto acatamiento al paro nacional Todo parado contra el ajuste // “No vamos a abandonar la calle” // Con críticas al gobierno y a la CGT, el sindicalismo combativo cerró el paro activo con un acto en el Obelisco // CTA A: El Paro es contundente y se siente en todo el país // Paro General Activo De Isasi: “Fuimos capaces de parir desde abajo este paro histórico contra el ajuste” // Araujo: “Esto tiene que ser el inicio de un Plan de Lucha” // URUGUAY: Otro 27 de junio y sigue la impunidad // ZUR: Impunidades // Ministerios y servicios descentralizados paran 24 horas el jueves

 

 

URUGUAY

Uruguay: otro 27 de junio y sigue la impunidad

REPUBLICAMOS – 27.06.2015 – Puchero News

“NO ES DICTADURA” fue la portada de la emblemática revista uruguaya Marcha, que así titulaba su edición a tres días del golpe de Estado de 27 de junio de 1973.  Más abajo, en la misma tapa, se reproducía el Decreto completo de disolución del Parlamento.
El golpe de estado cívico-militar fue liderado por el presidente del Partido Colorado -Juan María Bordaberry y las Fuerzas Armadas.
Ese mismo 27 de junio de 1973, los trabajadores y la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) empezaron la Huelga General más larga de la historia del país. Duró 15 días.
El 30 de junio, el dictador y sus cómplices ilegalizaron la CNT. Un año después, en noviembre de 1974, la dictadura cerró Marcha. En sus páginas, habían escrito intelectuales como Jorge Luis Borges, Rodolfo Walsh, Eduardo Galeano y Mario Benedetti. Por su calidad, los ejemplares de la revista fueron literalmente arrebatados por el público argentino en los años 60.
Una historia de terror La sangrienta dictadura uruguaya permaneció en el poder hasta 1985. En esos doce años, el régimen uruguayo se convirtió en el mayor verdugo de sus ciudadanos, torturando, asesinando, encarcelando y aterrorizando.
Muestra “Poéticas del Silencio”, mayo 2015: El ex dictador Álvarez rodeado de fotos de detenidos desaparecidos. Foto: F. Lessa
Uruguay se transformó en una gran cárcel: en 1976 tenía el índice más alto de prisioneros políticos por cantidad de habitantes de América del Sur y posiblemente del mundo entero.Eduardo Galeano escribió al respecto: “Durante los doce años de la dictadura militar, Libertad fue nada más que el nombre de una plaza y una cárcel… estaban presos todos, salvo los carceleros y los desterrados: tres millones de presos… A uno de cada ochenta uruguayos le ataron una capucha en la cabeza; pero capuchas invisibles cubrieron también a los demás uruguayos, condenados al aislamiento y a la incomunicación, aunque se salvasen de la tortura. El miedo y el silencio fueron convertidos en modos de vida obligatorios”.
Junto con Argentina y Chile, Uruguay fue uno de los países más activos del terror transnacional conocido como “Plan Cóndor”, cuyas garras recorrieron toda Sudamérica. Centenares de uruguayos exiliados en Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Bolivia fueron secuestrados y desaparecidos.
192 desaparecidos209 asesinatos políticos250,000 exiliadosmás de 6,000  detenidosmiles de hombres y mujeres torturados3 niños desaparecidos
Este es el legado sangriento de la dictadura uruguaya.
Shopping Punta Carretas construido en 1994, fue una prisión durante la dictadura. Foto: F. Lessa
Unos aparecidos y otros impunes A treinta años del retorno de la democracia, la mayoría de esos crímenes aún siguen impunes.   La impunidad con la que se cometieron esos horrores en los años 70 se institucionalizó en 1986 cuando el parlamento democrático sancionó la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Una ley de nombre largo y rebuscado con un simple objetivo: dejar en el silencio las atrocidades cometidas por el estado uruguayo. A pesar de los innumerables esfuerzos de los militantes y de la sociedad civil tanto a nivel nacional, regional e internacional, la impunidad prevaleció durante 15 años. “Ni verdad, ni justicia” pareciera haber sido la fórmula de los tres gobiernos uruguayos entre 1985 y 2000. Hasta 1999, políticos como el ex Presidente Julio María Sanguinetti podían afirmar a la prensa que “en Uruguay no desapareció ningún niño”. Pero esas mentiras se hacían insostenibles. Gracias a la labor incansable de los sobrevivientes, sus familiares, las ONG, la central sindical y algunos jueces y fiscales comprometidos se llegó en 2002 al primer procesamiento en el país. El acusado fue el ex canciller Juan Carlos Blanco por la desaparición de la maestra Elena Quinteros en 1976.
Museo de la Memoria de Montevideo. Foto: F. Lessa
También en 2002, Sara Méndez pudo encontrar a su hijo Simón, que tenía apenas veinte días  cuando ambos fueron secuestrados en Buenos Aires en 1976 bajo el Plan Cóndor.  En 2000, había aparecido en Montevideo Macarena Gelman -nieta del famosos poeta argentino Juan Gelman. Su mamá, Maria Claudia, había sido llevada a Montevideo desde Buenos Aires a finales de 1976. Dio a luz en la ciudad charrúa y luego fue asesinada. Su hija Macarena fue apropiada ilegalmente por un policía.
Estas historias no sólo evidencian que en Uruguay habían desaparecido niños, sino también demuestra la existencia de la coordinación de terrorismo de estado entre los países.El hallazgo del cuerpo de Julio Castro, secuestrado en 1977, torturado y asesinado de un disparo en la nuca, desveló otra mentira: los desaparecidos no fueron ningún “exceso”.Según datos del Observatorio Luz Ibarburu, hasta hoy la justicia uruguaya ha condenado 16 personas por los crímenes de la dictadura, dos fallecieron.Sólo  6 de las más de 250 causas abiertas en el país tienen sentencia firme. Por el contrario, en Chile 281 de los agentes procesados están condenados con sentencia firme y en Argentina 43 de las 142 sentencias desde 2006 son firmes.
Democrático pero no tanto Algo está fallando en Uruguay. En una sociedad democrática son inadmisibles la falta de investigación y la continua impunidad avalada por líderes políticos con nombre y apellido: el ex Presidente Mujica, el actual Ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro, ministros de la Suprema Corte de Justicia e integrantes del poder judicial autorizan -sin brindar explicación alguna- salidas transitorias para personas condenadas por delitos de lesa humanidad.  La semana pasada fue el caso de José Gavazzo, un reo que cometió 28 homicidios.
Marcha del Silencio, mayo 2015, Montevideo. Foto: Martha Passeggi
Uruguay es un país halagado por la comunidad mundial por sus políticas progresistas en temas como las drogas, el aborto, la religión y algunas cuestiones de derechos humanos.
Sin embargo, incumple sistemáticamente con sus obligaciones internacionales y regionales en lo que refiere a la búsqueda de la verdad y  la sanción a los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
En este nuevo 27 de junio -aniversario del golpe- es imperativo homenajear a los sobrevivientes y los familiares de las víctimas que, a lo largo de estos cuarenta años junto a otros sectores de la sociedad, siguen pidiendo verdad y justicia.
Urge que el gobierno uruguayo atienda los reclamos y deje de fomentar la impunidad de los crímenes cometidos en un pasado reciente.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó en 2011 a Uruguay por el caso Gelman y determinó que la Ley de Caducidad no tiene efectos jurídicos sobre los crímenes de lesa humanidad. Wilder Tayler, Secretario General de la Comisión Internacional de Juristas, declaró: “Uruguay…no debe aceptar un legado de impunidad, silencio e ignorancia para las víctimas de la dictadura militar.”

 


Inicio

Impunidades

Zur / Foto: Aurelio González
Ante un nuevo aniversario del golpe de Estado consultamos a las organizaciones de derechos humanos en relación a los obstáculos, avances y desafíos de la lucha por Verdad y Justicia.
El 27 de junio se cumplen 43 años del comienzo de la última dictadura cívico-militar uruguaya. ¿Cuáles han sido los avances y obstáculos principales para lograr Verdad y Justicia en la última década? ¿Cuáles son los desafíos para las organizaciones que luchan por los derechos humanos? ¿Qué relación hay entre el mantenimiento de la impunidad y hechos como el robo ocurrido en el GIAF? Responden el Observatorio Luz Ibarburu, la Mesa Permanente Contra la Impunidad, Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos y Comisión para la Memoria de los Fusilados de Soca.
 
Raúl Olivera Alfaro.
Observatorio Luz Ibarburu 
¿Cuáles han sido los avances y obstáculos principales para lograr Verdad y Justicia en la última década?
Dentro de los principales avances se encuentra el haber logrado el procesamiento y/o condena de algunos responsables de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar, a pesar de la falta de voluntad política y colaboración del Estado. Como principal obstáculo, claramente ha sido la ausencia en el Estado de una política de persecución criminal a los responsables.
¿Cuáles son los desafíos para las organizaciones y movimientos sociales que luchan por los derechos humanos, para mantener en el horizonte inmediato el reclamo por Verdad y Justicia en relación a los crímenes de la dictadura?
El desafío de las organizaciones es lograr que el Estado cumpla en tiempo y forma con sus obligaciones de acuerdo a las normas del derecho interno e internacional y lograr que las nuevas generaciones continúen reclamando verdad y justicia.
¿Qué relación hay entre el mantenimiento de la impunidad y hechos como el robo ocurrido en el GIAF? ¿Qué opina sobre como respondieron las autoridades frente a este suceso en particular?
Los hechos relacionados con el robo y las amenazas como el sufrido por el GIAF son parte de las políticas de amedrentamiento propias del Terrorismo de Estado, son su continuidad en regímenes de democracia. El Estado al igual que en otras áreas no tiene los reflejos adecuados de acuerdo a la gravedad de estos hechos.
Sobre el Observatorio Luz Ibarburu
El Observatorio Luz Ibarburu es una red de organizaciones sociales del Uruguay que tiene como finalidad dar seguimiento a los procesos de justicia, en relación a las denuncias penales por violaciones a los derechos humanos durante el Terrorismo de Estado, y democratizar el acceso a la información sobre las mismas. Brega por el cumplimiento de las políticas públicas que debe implementar el Estado, de acuerdo a lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia Gelman, realizando asimismo, el seguimiento de la totalidad de las denuncias radicadas en las sedes penales uruguayas en torno a esta materia. Además realiza el patrocinio de causas penales mediante su equipo jurídico.
 
Susana Escudero.
Mesa Permanente Contra la Impunidad
¿Cuáles han sido los avances y obstáculos principales para lograr Verdad y Justicia en la última década?
Los avances han estado pautados por los frutos del trabajo de las décadas anteriores en el sentido de haber generado una conciencia amplia sobre la temática, lo que se ve reflejado en la multiplicidad de organizaciones que se hacen cargo del tema como la FEUU, el PIT-CNT, en el surgimiento de espacios y organismos como el Observatorio Luz Ibarburu, que ocupa un lugar fundamental al coordinar esfuerzos legales de seguimiento y asistencia. En definitiva en haber cimentado -a través de ese trabajo mencionado- una conciencia social cada vez más amplia y profunda que se refleja en actividades prácticas. Los obstáculos han estado pautados por las complicidades del sistema político todo y de los diversos gobiernos. En la necesidad por mantener un esquema acordado en el Pacto del Club Naval para mantener el status quo a nivel social; cuyas manifestaciones más expuestas han sido -por ejemplo- el afianzar las aristas más reaccionarias del sistema de justicia estatal, eliminando las posturas disidentes, como en el caso del traslado de  la jueza Motta, o promocionando la aceptación social de las  FFAA a través de la gestión de los distintos ministros, en especial Fernández Huidobro, amparando e incluso defendiendo -a nivel social, económico y fundamentalmente político- a los torturadores, al tiempo que se criminaliza la protesta social y se opera para retardar juicios y castigos e impedir iniciativas que conduzcan a la verdad, por ejemplo la apertura total y pública de archivos o los recursos para el GIAF (por ejemplo los contratos, infraestructura, etc.).
¿Cuáles son los desafíos para las organizaciones y movimientos sociales que luchan por los derechos humanos, para mantener en el horizonte inmediato el reclamo por Verdad y Justicia en relación a los crímenes de la dictadura?
El desafío fundamental pasa por ser capaces de mantener la lucha por Verdad, Memoria y Justicia como eje ideológico y práctico de los sectores populares, fundamentalmente de las nuevas generaciones. Y más allá de lo que se pueda lograr a nivel de lo institucional, como componente de la vida social de todos/as nosotros/as, para que se comprenda como necesidad a todos los niveles que la lucha contra la impunidad no sólo atañe a una circunstancia específica de la historia, sino que se vincula en nuestro presente en la necesidad de justicia a todos los niveles: político, económico y social. En ese sentido, lograr que el tema esté presente en la educación (empezando por la primaria y en todo el sistema educativo), en las agendas sociales y políticas, entendiendo que la impunidad generada por el acuerdo del sistema político con la dictadura y sus asesinos y torturadores es la que ampara hoy toda la serie de violaciones a los derechos (sociales, laborales e individuales) que se manifiestan por ejemplo en los asesinatos de mujeres y niños, la tortura en los centros de reclusión de menores o en las cárceles, o el maltrato y el abuso de  quienes se encuentran en situación vulnerable.
¿Qué relación hay entre el mantenimiento de la impunidad y hechos como el robo ocurrido en el GIAF? ¿Qué opina sobre como respondieron las autoridades frente a este suceso en particular? 
En el marco de la impunidad y el amparo político que tiene, el robo al GIAF es un emergente de que los impunes siguen activos, operan y no dejarán de actuar a menos que la movilización y la acción de los sectores populares lo impida. Por ello la importancia de mantener el alerta y la movilización constante en todas las formas posibles, desde las vinculadas a lo legal, a la reivindicación y el rescate de la memoria histórica, los señalamientos y escraches a los responsables del Terrorismo de Estado, (militares y civiles) y el análisis y reflexión que vincule todo esto con lo que pasa hoy. En la dirección de resistir los discursos y esfuerzos oficiales para convertir la lucha por verdad y justicia en un ajuste de cuentas con el pasado reciente, y trabajar para que se comprenda que son una necesidad del presente, pero por sobre todo, en una premisa imprescindible que reivindique a los/as luchadores/as asesinados/as, desaparecidos/as, torturados/as y perseguidos/as en su real dimensión humana, como compañeros/as que peleaban por una sociedad de justicia, solidaridad e igualdad como única garantía de futuro digno para todos y todas.
 
Sobre la Mesa Permanente Contra la Impunidad
Somos un conjunto de organizaciones y militantes políticos, sindicales y sociales, comprometidos en la lucha por memoria verdad y justicia. Exigimos juicio y castigo, a militares y civiles que cometieron crímenes en la última dictadura cívico- militar, ocurrida en este país y todas las que se planificaron en todo el Cono Sur. Las cuales, a pesar de los años y los cambios que se han dado, permanecen impunes. Esta injusticia sostiene sin ninguna duda nuestra bandera. No nos identificamos con partido político alguno.
Estamos decididos a llevar adelante esta lucha bajo tres principios básicos: rescatar la memoria de los hombres y mujeres que desde distintos partidos políticos y organizaciones sociales y sindicales fueron víctimas de cárcel, tortura, desaparición y muerte en la última dictadura, hacer justicia y reparar a las víctimas.
En ese marco, desde nuestro surgimiento en el año 2010 hemos realizado diferentes actividades, como la colocación de placas de la memoria, generado instancias de formación e intercambio (por ejemplo con el juez Baltasar Garzón) y hemos trabajado y participado coordinando con otras organizaciones de DDHH en distintas instancias y contamos con el apoyo de organizaciones como el PIT CNT, ADUR y FANCAP.
 
Ignacio Errandonea.
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos
¿Cuáles han sido los avances y obstáculos principales para lograr Verdad y Justicia en la última década?
Referente a los avances, podemos mencionar el resultado de las excavaciones llevadas a cabo por el GIAF, con el resultado de los hallazgos de los restos de cuatro compañeros detenidos desaparecidos (Ubagésner Cháves Sosa, Fernando Miranda, Ricardo Blanco y Julio Castro). El principal obstáculo es la falta de voluntad y decisión política de quebrar el silencio de los militares y la falta de sinceramiento y colaboración de la Institución Militar toda.
¿Cuáles son los desafíos para las organizaciones y movimientos sociales que luchan por los derechos humanos, para mantener en el horizonte inmediato el reclamo por Verdad y Justicia en relación a los crímenes de la dictadura?
Uno de los principales desafíos es cómo lograr incidir sobre los tres poderes del Estado para que cumplan con sus obligaciones.
¿Qué relación hay entre el mantenimiento de la impunidad y hechos como el robo ocurrido en el GIAF? ¿Qué opina sobre como respondieron las autoridades frente a este suceso en particular? 
La impunidad que se mantiene desde la dictadura cívico-militar es lo que ha permitido que hoy ocurran hechos como este lamentable atentado contra el laboratorio del GIAF y otras amenazas recibidas anteriormente hacia las personas que trabajan sobre el tema. Impunidad que se manifiesta además en el no reconocimiento de los crímenes aberrantes cometidos por la Institución Militar y que se les permita actuar en la sociedad como si nada hubiera pasado y se llegue a invitarlos en un diálogo social del cual están excluidos constitucionalmente y sobre todo moralmente. Sobre la actuación de las autoridades frente al robo al GIAF, podemos decir que la situación actual del expediente judicial lo dice todo, es decir, se encuentra en foja cero.
 
Sobre Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos
Somos un grupo de madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos que desde los años 70 nos empezamos a juntar para buscarlos, aún con la esperanza de encontrarlos vivos. Provenimos de diferentes vertientes marcadas por la dictadura y el exilio. Algunos permanecimos en Uruguay, otros comenzamos nuestra búsqueda en Argentina y otros en Europa y Centroamérica. Desde la apertura democrática caminamos juntos respetando la diversidad de pensamientos que nos caracteriza pero unidos en torno a nuestros principales objetivos: Verdad, justicia, memoria y nunca más.
 
María Elena Bicera y Ana Pereda.
Comisión para la Memoria de los Fusilados de Soca
¿Cuáles han sido los avances y obstáculos principales para lograr Verdad y Justicia en la última década?
Avances, muy pocos. Se designaron comisiones desde el 2000, “Comisión para la Paz”, “Secretaría de DDHH para el pasado reciente”, “Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia”, pero no se avanza en VERDAD y JUSTICIA. No hay voluntad política para juzgar a los que desde el Estado cometieron delitos de lesa humanidad durante la dictadura. Esos delitos no prescriben. Son muy pocos los criminales que han sido juzgados y condenados. Si los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial ) estuvieran de acuerdo en cumplir un objetivo común de verdad y justicia, no habría impunidad. Han pasado más de cuarenta años y el tiempo juega en contra. Se nos están yendo los familiares y los implicados. Los militares saben, no hablan, parece que tuvieran un pacto. Uno de ellos, Manuel Cordero, acaba de ser juzgado en Argentina y condenado a 27 años de prisión, en el “megajuicio” Plan Cóndor.  ¿Y acá en Uruguay? Él se fue del país, como lo hizo Tróccoli o como lo hizo Pedro Mato Narbondo, implicado en los asesinatos del Zelmar, “El Toba”, Rosario Barredo y William Whitelaw y en la desaparición del Dr. Manuel Liberoff.  Están todos fuera del país y muchos cobran mes a mes sus suculentas jubilaciones que les paga La Caja Militar, en definitiva el Estado uruguayo, esto es todos los uruguayos.
¿Cuáles son los desafíos para las organizaciones y movimientos sociales que luchan por los derechos humanos, para mantener en el horizonte inmediato el reclamo por Verdad y Justicia en relación a los crímenes de la Dictadura?
Seguir trabajando la Memoria, es fundamental y no sólo acá en Montevideo, en todo el país, ya que todo el Uruguay fue una gran cárcel. Los que estamos luchando por MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA lo seguimos haciendo porque NO HAY MAÑANA SIN AYER, hasta el Papa Francisco lo dice: “La memoria no se diluye ni olvida: memoria es fuente de paz y de futuro”. Y seguimos soñando con despertar un día y celebrar la noticia de que el Poder Ejecutivo dio la orden de que todos los poderes del Estado se pongan a trabajar para que los implicados en los crímenes, desapariciones, secuestros, en el período de la Dictadura, sean juzgados y cumplan la pena, en prisión, como corresponde.
¿Qué relación hay entre el mantenimiento de la impunidad y hechos como el robo ocurrido en el GIAF? ¿Qué opina sobre como respondieron las autoridades frente a este suceso en particular?
Esto es lo más claro. La impunidad de hoy, es producto de la impunidad de ayer. Se repite. No hubo respuesta de las autoridades. Qué, quién y  cómo ocurrieron los hechos, no se sabe nada. Como resultado de las investigaciones no se ha llegado a nada y el tiempo pasa.
 
Sobre la Comisión para la Memoria de los Fusilados de Soca
El 20 de diciembre de 1974, por TV, los responsables del gobierno de nuestro país comunicaron a los familiares y a todos los televidentes que habían aparecido cinco cuerpos en las cercanías de Soca, ¿qué sucedió? El Terrorismo de Estado imperaba y los criminales que lo llevaban adelante. Habían fusilado a tres  mujeres jóvenes, una de ellas embarazada, y a dos varones, también jóvenes, ellos eran: Graciela, Yolanda, María de los Ángeles, Floreal y Daniel, tres estudiantes y dos obreros uruguayos que vivían en el exilio en Buenos Aires. Los cinco fueron secuestrados el ocho de noviembre en Buenos Aires, mantenidos en tres lugares clandestinos de detención y trasladados a Montevideo, torturados permanentemente en ambos países. Desde su último lugar de detención, la Casona de Punta Gorda, fueron trasladados hasta una cuneta donde los acribillaron junto a un alambrado. Un sobreviviente, Julio, testimonió el  horror desde Buenos Aires hasta el último día en la Casona.
Nosotros, como familiares de dos de las víctimas, integramos la Comisión para la memoria de los fusilados de Soca, ésta se constituyó cuando vecinos de Canelones, de la zona de Capilla de Cela y sus alrededores, se enteraron de lo ocurrido y decidieron recuperar la memoria, comenzaron a trabajar, investigaron y pudieron saber dónde se había perpetrado el crimen. En 2008, entre todos, erigieron un memorial que recuerda a las víctimas y donde todos los 20 de diciembre, desde entonces, se les tributa un homenaje. La cuneta estaba en la Ruta 70 que hoy se denomina Camino de los Fusilados, dos placas en la plaza, frente al Liceo de Artigas, puestas una por Canelones y otra por Artigas, recuerdan a María de los Ángeles y a Daniel, matrimonio artiguense. Graciela fue homenajeada en Paysandú. En 2012, realizamos un acto en el Paraninfo de la Udelar en honor de los “5 que son 6”. En 2014, en el Salón Azul de la Intendencia de Montevideo, se realizó un encuentro internacional, uruguayo-argentinos, para recordarlos. Hoy seguimos trabajando por la memoria y seguimos la causa judicial de los cinco crímenes. Comenzó en 1974, este año hace 42 años, y continúa en el laberinto de impunidad de la justicia uruguaya.
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