Publicado en: 28 junio, 2017

Noticias Uruguayas 27 junio 2016

Por Colectivo Noticias Uruguayas

Uruguay: Los civiles de la dictadura // Funcionarios judiciales ocuparon el edificio de Juan Carlos Gómez

Los aportes de Ernesto Che Guevara: Debates en torno a la transición socialista // Entrevista a Juan Martín Guevara (hermano del Che): “Ernesto es mi hermano de sangre y mi compañero de ideas” // Presidente Maduro solicitó al Poder Ciudadano y Judicial profundizar acciones contra el golpismo // EEUU busca legalizar la intervención en terceros países a través de la ONU // La Casa Blanca en venta: dinero y corrupción en la era Trump // Estado español: El comunismo andaluz empuja a Izquierda Unida (IU) hacia la confluencia con Podemos // CETA: Más de 300 organizaciones piden a los grupos parlamentos que voten ‘no’ al CETA // Uruguay: Los civiles de la dictadura // Funcionarios judiciales ocuparon el edificio de Juan Carlos Gómez

URUGUAY

Los civiles de la dictadura

  • Junio 24, 2017  – Esta nota fue publicada en el Semanario El Popular N° 230.-
Los civiles de la dictadura
Es un error común calificar al golpe de Estado y a la dictadura como militares. A la cuestión obvia de que el golpe lo dio, un civil, electo además por el Partido Colorado, Juan María Bordaberry, se suma que hubo cientos de civiles que apoyaron la dictadura, fueron su sustento técnico e ideológico y permitieron que el Estado fascista funcionara.
Cuando se habla de dictadura fascista, se hace justamente para categorizar con justeza lo que ocurrió en este país. Fue un golpe y un régimen sustentado por la oligarquía nacional, en especial por los representantes del capital financiero, el latifundio, los grandes capitales trasnacionales y los más retrógrados de los profesionales e intelectuales.
Eso se expresó en el apoyo al golpe de la Asociación Rural, la Asociación de Bancos, una parte no menor de las gremiales empresariales, por supuesto que la embajada de EEUU y los sectores más conservadores del Partido Colorado y el Partido Nacional.
EL POPULAR publica (1) un listado, incompleto por cierto, de 421 civiles que ocuparon cargos de confianza durante la dictadura: 74 en el Poder Ejecutivo, 113 del Consejo de Estado, 24 en el Poder Judicial, 16 en las Intendencias, 6 en la Corte Electoral, 35 en los Entes y los Servicios,  16 en los Bancos Estatales, 13 en la Enseñanza, 49 en la Universidad, 28 en el Cuerpo Diplomático y 47 en otras áreas del Estado.
Se reproduce casi textualmente un informe publicado en LA REPUBLICA el 28 de junio de 2000, que recogía a su vez, datos de investigaciones de Brecha, Zeta y Jaque.
Cabe señalar que, mediante la lucha de nuestro pueblo, la acción de la Justicia y la política desplegada por los dos gobiernos del Frente Amplio, hoy hay presos varios militares acusados de violaciones a los DDHH. Sin embargo, solo dos civiles fueron presos, por su participación en la dictadura: Juan María Bordaberry y Juan Carlos Blanco. Solamente el Sindicato Médico del Uruguay y la Udelar, realizaron cuestionamientos éticos y una depura-ción interna de los cuadros de la dictadura.
La mayoría de los civiles que se citan a continuación pertenecían o al Partido Colorado o al Partido Nacional, en ningún caso fueron expulsados de estas colectividades.
Son sintomáticos los casos de Etchegoyen, miembro del Directorio del Partido Nacional que pasó a presidir el primer Consejo de Estado de la Dictadura. O de Narancio, referente del diario El País, que pasó a ser el interventor de la Universidad. O de Danilo Arbilla, ex director de Búsqueda y hoy paladín de la libertad de prensa en nombre de las patronales de medios y de la SIP que fue director de información de la dictadura.
Nos pareció trascendente recordar o dar a conocer, para muchas uruguayos y uruguayos, estamos seguros que así será, la cara civil de la dictadura. De los que actuaron por convicción ideológica golpista y antidemocrática y de los oportunistas y arribistas, que nunca hubieran llegado por concurso a los cargos que detentaron, por el único mérito de ser serviles a una dictadura.
El Poder Ejecutivo
La dictadura tuvo cuatro presidentes: Juan María Bordaberry entre el 27 de junio de 1973 y el 12 de junio de 1976; Alberto Demicheli, entre el 12 de junio de 1976 y el 10 de setiembre de 1976; Aparicio Méndez, entre el 1 de octubre de 1976 y el 1 de setiembre de 1981 y Gregorio Alvarez entre el 1 de setiembre de 1981 y el 15 de febrero de 1985.
También hubo un presidente de transición, Rafael Adiego Bruno, que ocupó la primera magistratura durante los últimos 15 días de la dictadura.
Ocuparon la Secretaria de la Presidencia: Alvaro Pacheco Seré, Luis Vargas Garmendia y Angel María Scelza.
Un primer escalón de colaboradores civiles con la dictadura fueron los ministros. Aquí va una lista secretaria de Estado por secretaria de Estado.
El Ministerio del Interior, tuvo a su frente militares durante los 11 años y medio de dictadura, la militarización de la Policía, su integración a las Fuerzas Conjuntas y la utilización de esta como una fuerza de represión contra su propio pueblo, era un postulado central de la Doctrina de Seguridad Nacional y así se actuó. Los militares que ocuparon el cargo de Ministro del Interior fueron: Néstor Bolentini, Hugo Linares Brum, Manuel Núñez y Yamandú Trinidad.
Los titulares de Defensa Nacional fueron: Walter Ravenna y Justo M. Alonso. Los de Relaciones Exteriores: Juan Carlos Blanco, Alejandro Rovira, Adolfo Folle Martínez, Estanislao Valdés Otero y Carlos Maeso.
En Economía y Finanzas estuvieron: Moisés Cohen, Raúl Pazos, Alejandro Vegh Villegas, Valentín Arismendi, Walter Lusiardo, y nuevamente, Alejandro Vegh Villegas.
Los ministros de Ganadería y Agricultura fueron: Benito Medero, Héctor Albuquerque, Julio Aznárez, Estanislao Valdés Otero, Juan Carlos Cassou, Félix Zubillaga y Carlos Mattos Moglia.
En Trabajo y Seguridad Social estuvieron: José Enrique Etcheverry Stirling, Marcial Bugallo, Carlos Maeso y Luis Alberto Crisci (además del coronel Néstor Bolentini).
En Educación y Cultura: Edmundo Narancio, Daniel Darracq, Raquel Lombardo de Debetolazza, Juan Bautista Schroeder y Armando López Scavino.
En Industria y Energía: Luis Meyer, Adolfo Cardozo Guani, Francisco Tourreilles, Juan Chiarino Rossi y Felisberto Ginzo Gil.
En Salud Pública: Juan Bruno Iruleguy, Justo M. Alonso, Antonio Cañellas y Luis Givogre.
En Transporte y Comunicaciones y Turismo: Francisco Mario Ubillos (este ministerio se suprimió).
En Transporte y Obras Públicas: Eduardo Crispo Ayala y Eduardo Sampson.
En el Ministerio de Justicia, creado por la dictadura, estuvo como ministro inaugural Fernando Bayardo Bengoa y lo siguieron Julio César Espínola y César Frigerio.
Un segundo nivel de importancia de los cuadros civiles de la dictadura en el Poder Ejecutivo fueron las subsecretarias es decir los números dos políticos de cada ministerio. Esta lista, vale reiterarlo, no es completa, es la que se pudo rescatar y habrá que seguirla completando.
En el Ministerio del Interior: Roberto Augusto Neri, Luis Vargas Garmendia, y Jorge Amondarain Mendoza. En Defensa Nacional: Armando Chiarino Agurrire. En Relaciones Exteriores: Guido Michelin Salomón, Enrique Delfante, Julio César Lupinacci, Felisberto Ginzo Gil y Heber Arbouet. En Economía y Finanzas: Ernesto Rosso y Valentín Arismendi. En Ganadería y Agricultura: Lázar Gurevich, Juan Carlos Cassou y Tydeo Larre Borges. En Trabajo y Seguridad Social: Alfredo Baeza y Ramón Malvasio. En Educación y Cultura: Carlos Alberto Roca, Héctor Mario Artucio, Luis Antonio Menafra y Martín C. Martínez. En Industria y Energía: Elías Pérez. En Salud Pública: Mario Arcos Pérez, Jogen Nin Vivó y Luis Nicoletti Torchelo. En Justicia: José Calatayud Bosch, Heber Arbouet, Juan Pablo Shcroeder y Dante Barrios.
El Parlamento decorativo
En sustitución del Parlamento la dictadura nombró, como supuesto órgano legislativo, al Consejo de Estado. El primer Consejo de Estado fue designado por el dictador Juan María Bordaberry y entró en funciones el 19 de noviembre de 1973.
Luego y mediante un acta institucional, se creó el Consejo de la Nación, que integraban los 25 Consejeros de Estado y los 21 oficiales generales de las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Este órgano, emblemático de la nueva institucionalidad creada por la dictadura por su integración de civiles y militares, tenía entre sus cometidos designar a los Consejeros de Estado y ocupar las vacantes que se fueran produciendo.
El primer Consejo de Estado, el designado por el dictador Bordaberry, tuvo la siguiente integración: doctor Martín Recaredo Etchegoyen (presidente), doctora Aurora Alvarez de Silva Ledesma, Gladys Freire de Addiego, María Luisa Coolighan Sanguinetti, doctor Alberto Demichelli, doctor Aparicio Méndez, doctor Hamlet Reyes, doctor Emilio Siemens Amaro, doctor Julio César Espínola, José Antonio Varela, Jesús Rubio, doctor Daniel Rodríguez Larreta, Juan Rodríguez López, doctor Mario Arcos Pérez, Rodolfo Saccone, doctor Alfredo Lamaison, doctor Mario Gaggero, arquitecto Raúl Clerc, doctor José Francisco Franca, doctor Osvaldo Soriano, doctor Enrique Viana Reyes, Alfredo Cardoso Arrarte, ingeniero Eduardo Praderi, ingeniero Mario Jorge Coppetti y Jorge Spangenberg.
El 1º de setiembre de 1976 se procesó la primera renovación importante del Consejo de Estado y quedó así: doctor Hamlet Reyes (presidente), doctora Aurora Alvarez de Silva Ledesma, doctor Mario Arcos Pérez, ingeniero Mario Jorge Coppetti, doctor Julio César Espínola, doctor José Francisco Franca, doctor Mario Gaggero, ingeniero Eduardo Praderi, doctor Daniel Rodríguez Larreta, doctor Osvaldo Soriano, doctor Enrique Viana Reyes, doctro Jorge Laborde Bercianos, doctor Martín C. Martínez, doctor Willy Patocchi, profesora Blanca Amorós De León de Dutra, profesor José Carlos Brun Cardoso, doctor Marcial Bugallo, ingeniero Eduardo Crispo Ayala, doctor José Enrique Etcheverry Stirling, ingeniero químico Bertrand Gruss, doctor Rafael Ravera Giuria, contador Pedro P. Rivero, contador Alberto Rodríguez Marghieri, ingeniero agrónomo Jorge Seré del Campo e ingeniero Alejandro Vegh Villegas.
Quienes figuran en los primeros 11 lugares de la lista integraban el Consejo de Estado desde su creación y permanecieron en esta segunda versión; los 3 siguientes se habían incorporado antes de noviembre de 1976 y fueron avalados, los 11 restantes fueron designados en esa fecha. El Consejo de la Nación debía designar 5 suplentes, pero sólo logro acuerdo para designar a 3, que fueron: el profesor José Luis Vadora Rozier, Edgardo Héctor Abell y el doctor Buenaventura Caviglia Cámpora.
Un año después, en 1977, dejaron sus cargos Mario Gaggero, Blanca Amorós de León de Dutra, Osvaldo Soriano y José Etheverry Stirling. Ocuparon esas plazas: José Luis Vadora Rozier, Buenaventura Caviglia Cámpora y el arquitecto Gustavo Nicolich.
El Consejo de la Nación designó 5 suplentes, esta vez se pusieron de acuerdo, y fueron distinguidos con el cargo: el profesor Batutista Etcheverry Baggio y los doctores Francisco Paternó, Carlos Maeso, Orlando Benia Comas y Raimundo Abella.
Cuando el teniente general Gregorio Alvarez asume como dictador se vuelve a renovar el Consejo de Estado. A través del acta institucional 11, del 28 de julio de 1981, se aumentó el número de 25 a 35. De la integración inicial de 8 años antes solo quedaron Hamlet Reyes y  Eduardo Praderi . Mantuvieron sus cargos en la institucionalidad fascista Marcial Bugallo y Federico García Capurro. Todos los demás, que acompañaron el ascenso al poder de Gregorio Alvarez, eran nuevos: la nueva camada de colaboracionistas de la represión y el terrorismo de Estado.
Entre los nuevos había intendentes de la dictadura, pertenecientes al Partido Colorado y el Partido Nacional, como Belvisi, Benachín, González y Gutiérrez; otros eran militares retirados, como Bolentini y Bendahan e incluso había algunos que habían sido parlamentarios antes del Golpe, como Craviotto y Cérsosimo, ambos del Partido Colorado.
La nómina completa del Consejo de Estado que acompañó a Gregorio Alvarez es la siguiente: Hamlet Reyes (presidente), doctor Marcial Bugallo, doctor Federico García Capurro, ingeniero Eduardo Praderi, arquitecto Walter Belvisi, Norberto Bernachín, Gervasio González, ingeniero agrónomo Adolfo Gutiérrez, coronel Néstor Bolentini, escribano Pedro W. Cersósimo, profesor Wilsno Craviotto, brigadier general Raúl Bendahan, Alberto Aguiar, Hugo Amondarain, Fernando Assucao, Bernardo Barrán, Daniel Barreiro, Domingo Burgueño Miguel, Juan J. Burgos, Eduardo Carrera Hughes, Rodolfo Ciganda, Luis A. Crisci, Waldemar Cuadri, Alfredo De Castro, Milton de los Santos, doctor Eduardo Esteva, doctor Juan Santana Etcheverrito, Antonio Gabito Barrios, escribano Manuel Gastelumendi, doctor Carlos A. Gelpi, Alfonso Greissing, Irma Lamana, profesor Ricardo Milessi, Genaro Perinetti García y Ruben Riani.
En total fueron Consejeros de Estado de la dictadura 113 hombres y mujeres. En la etapa final de la dictadura ingresaron al Consejo de Estado en diferentes momentos: el doctor Jorge Amondarain Mendoza, la doctora María Ruth Andrade de Ochoa, el doctor Enrique Arocena Olivera, el doctor Dardo Casas del Río, Alberto del Pino Borrallo, Luis O. Dini, Juan P. Ferreira, profesor Werther Martínez, doctor Miguel Pereira Serra, doctor Cesalino Silveira, Armando Barhaburu Bagalciague, Jorge Borlandelli, Gilver Cagnone, Francisco Cantou, Eduardo  Galagorri Bruche, contralmirante ® Víctor González Ibargoyen, Antonio Guerra, Hugo Manini Ríos, Julio César Michelli, Pablo Millor, Daniel Ordoñez, Víctor Otriz, Miguel Peirano, doctor Ricardo Reily Salaverry, Emilio Sader, Nelson Simonetti, Atanasildo Viera y Ariel Villar.
La Justicia secuestrada
Con el acta institucional Nº 8 se creó el Ministerio de Justicia y se suprimió, por completo, la independencia del Poder Judicial. Esta ya se había recortado y vulnerado al darle potestad a los Tribunales Militares para juzgar a civiles en el marco de la represión, durante los gobiernos de Partido Colorado, encabezados por Jorge Pacheco Areco y Juan María Bordaberry.
Para entender algunas cosas del presente y la importancia que le dio la dictadura a la penetración al sistema de Justicia baste recordar las declaraciones de quien fuera Ministro de Justicia de la dictadura, Rafael Adieggo Bruno, quién dijo luego de recuperada la democracia, que “de los 190 jueces, de paz, penales y de los tribunales de apelaciones, 180 fueron designados o ascendieron durante el régimen de facto” (Revista Jaque, 26 de junio de 1985).
Durante la dictadura los jueces, al asumir, debían jurar respeto a las Actas Institucionales y no sólo a la Constitución.
En una lista obligatoriamente parcial, que debe hacerse más exhaustiva, cabe recordar que de los actuales 5 miembros de la Suprema Corte de Justicia 4 ingresaron al Poder Judicial durante la dictadura, publicamos los nombres de la Corte de Justicia de la dictadura y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
En la Corte de Justicia (la dictadura le sacó el nombre de Suprema) estuvieron en 1977: Francisco Jas Marcora, Rómulo Vago, Carlos H. Dubra, José Pedro Gatto de Souza y Sabino Dante Sabini. En 1984 sus integrantes eran: Rafael Addiego Bruno, José Pedro Gatto de Souza, Ramiro López Rivas Sara Fons de Genta y Juan José Silva Delgado. Integraron en otros momentos de la dictadura la Corte Suprema de Justicia: Eric Colombo y Enrique V. Frigerio.
En 1977 integraban el Tribunal de lo Contecioso Administrativo: Miguel Fernández Viqueira, César Canessa Etcheverry, Alberto Reyes Terra, Ramiro López Rivas y  Victor Maestro Toletti. En 1984 estaba compuesto por: Víctor Maestro Toletti, Orlando Olmedo, Francisco D´Angelo, Héctor Clavijo y José Julio Folle. También lo integró en otros momentos  Hilda Moltedo de Espíndola.
Los intendentes de la dictadura
La dictadura reservó para sus coroneles el preciado botín de las intendencias intervenidas. Pero los civiles colaboradores también obtuvieron participación y más de 15 fueron designados para este codiciado cargo, que permitía acceso a recursos y manejo de cuotas de poder.
Todos los civiles que se desempeñaron como intendentes de la dictadura fueron blancos y colorados. En Montevideo estuvieron los doctores Víctor Rachetti y Juan Carlos Paysée. En Artigas, Basilio Bargato; en Canelones, Gervasio González; en Cerro Largo, Juan José Burgos; en Flores, Pedro Ramos Mañé; en Lavalleja, Juan Salaberry Olascoaga y Oribe Pereyra Parada; en Paysandú, Walter Belvisi; en Rivera, Ariel Pereyra y Adolfo Gutiérrez; en Rocha, Milton de los Santos; en Salto, Néstor Minutti; en San José; Juan Chiruchi; en Tacuarembó, Norberto Bernachín y en Treinta y Tres, Ruben Silveira Zuolaga.
Corte Electoral, ¿para qué?
Una Corte Electoral en una dictadura no es un organismo con mucho uso, salvo para controlar y por supuesto, para beneficiarse de un cargo, un sueldo y las prebendas de ser funcionarios del régimen. En la Corte Electoral estuvieron: Nicolás Storace Arrosa (presidente interventor), Camilo Pereyra Urueña y Nelson Vicens Alegre
(1) – Esta nota fue publicada en el Semanario El Popular N° 230.- Puede acceder a la edición N° 230 haciendo click aquí

ENVIADO POR NESTOR DURANTE

 


CONFLICTIVIDAD SINDICAL

Funcionarios judiciales ocuparon el edificio de Juan Carlos Gómez

Además mantienen un paro parcial en otros siete edificios, en el marco del reclamo por el pago de una deuda de US$ 40 millones.
Judiciales ocupan el edificio de Juan Carlos Gómez. Foto: AFJU.
lun jun 26 2017 12:23 – El Paìs uy
Tal como había informado El País en su edición del 24 de junio, la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) comenzó a realizar paros y ocupaciones sorpresivas, en el marco de las protestas por el incumplimiento del gobierno a pagar una deuda laboral de US$ 40 millones y en rechazo a una supuesta omisión del Poder Ejecutivo en designar a un fiscal que intervenga en una acción de inconstitucionalidad promovida por funcionarios judiciales contra el artículo 733 de la Ley de Presupuesto.
Esta mañana, el sindicato de judiciales informó que se está ocupando el edificio de los Juzgados Letrados Penales de Montevideo, ubicado en Juan Carlos Gómez 1236.
Si no puede ver el mapa, haga click aquí.
Además realizarán un paro parcial en el horario comprendido entre las 14:30 y las 16:30 horas en siete oficinas cercanas a las Ciudad Vieja: Bartolomé Mitre 1275; 25 de Mayo 523; Misiones 1469, Zabala 1367, las defensorías Penal y de Adolescentes y Archivo Penal.

La norma por la que los judiciales promueven su inconstitucionalidad condiciona el pago de las sentencias judiciales ejecutoriadas a la disponibilidad de recursos y a futuras instancias presupuestales. El gobierno debe pagar a 3.800 judiciales una deuda laboral que ronda los US$ 40 millones. El incumplimiento se arrastra desde 2012.

Consultado por El País el dirigente del sindicato de funcionarios judiciales, Sandino Schiavone, dijo la semana pasada que ocuparían lugares “emblemáticos” del Poder Judicial. “Esta medida se adopta porque en el juicio nuestro de inconstitucionalidad (contra el artículo 733), el gobierno no ha designado fiscales”, dijo Schiavone.

 


REFUGIADOS

Uno de los refugiados sirios se fue a Brasil: “No voy a volver a Uruguay”

Ibrahim Islhebli, integrante de una de las familias sirias refugiadas en Uruguay, se marchó a Brasil y desde allí espera llegar a su país. Expresó nuevamente su molestia con el gobierno uruguayo.
Los refugiados cuando estaban  acampando en Plaza Independencia. Foto: A. Colmegna
mar jun 20 2017 10:52 – El Paìs uy

Ibrahim Islhebli es integrante de una de las familias sirias refugiadas en Uruguay. Es uno de los que durante semanas acampó en la Plaza Independencia, frente a la Torre Ejecutiva de Presidencia, reclamando al gobierno ayuda para poder irse de Uruguay.

Según informa Montevideo Portal, el sirio logró irse a Brasil: trabaja por el momento en una tienda del Chuy, del lado brasilero, con un amigo. Dice que el dinero le rinde bien: “Gracias a Dios me da el dinero”, dijo, agregando que “nadie miente acá”. Esto lo dice porque sigue molesto con el gobierno uruguayo.

Ibrahim sostuvo: “Con los uruguayos no tengo problema, es con el programa”.

“No voy a volver nunca a Uruguay. Mi idea es volver luego a mi país. Aquí la gente me recibió muy bien, como algunos uruguayos, pero acá estoy más tranquilo”, sostuvo.

Ibrahim es uno de los refugiados que habla mejor el español, razón por la que ofició como vocero en muchas oportunidades de las familias sirias.

El refugiado dijo a Montevideo Portal que se marchó solo, su familia quedó por el momento en Uruguay. Dijo además, que no tuvo problemas a la hora de cruzar la frontera.

El programa de acogida de refugiados sirios se inició en la última parte del gobierno de José Mujica. En 2014, llegaron a Uruguay cinco familias en carácter de refugiados.

Su estadía en el país no ha sido fácil, y en varias oportunidades solicitaron irse por problemas de adaptación y dificultades económicas.

Sin embargo en las últimas semanas su situación parece haber comenzado a encaminarse: el gobierno buscó soluciones para que los jefes de cada hogar consigan trabajo para solventar su vida.

El secretario de Derechos Humanos, Nelson Villarreal, asistió hace unas semanas a la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Representantes para informar sobre la situación de las cinco familias que residen en Uruguay.

Según comentó Villarreal en la comisión parlamentaria, el costo total del programa para la atención de las familias sirias es de 2,3 millones de dólares. El jerarca comentó que hay una extensión del plan que se financiará con recursos ahorrados que se habían estimado, pero no fueron utilizados. Hay una diferencia de US$ 60 mil más que deberá agregar el Estado.


La primera cárcel privada en Uruguay representa una inversión de 120 millones de dólares

Uruguay tendrá en pocos meses su primera cárcel privada, y será la segunda más grande del país. El innovador negocio carcelario fue abordado durante un intercambio académico organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales. La discusión giró en torno a las políticas públicas de seguridad y el interés que incita la gestión de centros penitenciarios en base a lógicas empresariales.

Foto: Presidencia de la República.

Foto: Presidencia de la República.

En el debate, que tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Sociales, expusieron el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, el sociólogo Rafael Paternain, la psicóloga María Ana Folle, y el integrante del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) Mauro Tomasini.
El nuevo establecimiento carcelario es el primero en regirse por la Ley de Contratos de Participación Público-Privada (PPP), N° 18.786, promulgada en 2011, que autoriza la realización de obras de infraestructura y prestación de servicios.
La licitación pertenece al consorcio Sociedad Anónima Punta Rieles, conformado por las empresas Teyma, Abengoa, Inabensa y Goddard Catering Group. La inversión es de aproximadamente 120 millones de dólares, y será el primer caso en que una empresa privada prestará un servicio carcelario al Estado uruguayo. Lo hará durante 27 años y medio de contrato y, además de la infraestructura, el consorcio proveerá el servicio alimentario, de limpieza y lavandería.
El Estado, por su parte, se encargará tanto de la seguridad y administración, como del modelo de tratamiento de rehabilitación.

Capacidad para 1.960 reclusos

Según expuso Petit, el proyecto está en obra desde mediados de 2015 y se espera que comience a funcionar en setiembre de este año.
La capacidad del centro penitenciario será para 1.960 personas privadas de libertad, en un predio de 25 hectáreas.
Por concepto de “hotelería” debe entenderse que el Estado abonará al consorcio, según expusieron los especialistas, un costo estimado de 670 pesos por día y por recluso, hasta que finalice el contrato.
En caso de que la cárcel se encuentre llena, el Estado debería pagar unos 18 millones de dólares anuales, que multiplicados por los veintisiete años y medio que dura el contrato, implican cerca de 500 millones dólares. Además, el acuerdo implica que de superarse la población carcelaria se incrementará el pago por parte del Estado a las empresas.
El sociólogo Rafael Paternain se basó en las experiencias de casos de cárceles privadas en Chile, México y Estados Unidos, para plantear que estos modelos carcelarios van “hacia una tendencia que focaliza al recluso como una mercancía. El sujeto pasa de ser un sujeto de depósito a obtener un nuevo estatus de revalorización económica, lo que implica pensar que la lógica de estas cárceles neoliberales supone que estas dos mil plazas se llenen de inmediato”.
Paternain agregó que “seguramente se presione hacia el hacinamiento, pues el Estado debe pagar sobrecostos o multas cuando se supere esta frontera (de 1.960 internos), lo que constituye un excelente negocio para los administradores de estos proyectos, tal como las tarjetas de crédito, que ganan con los atrasos. En la experiencia chilena siempre hubo sobrecostos por pasarse de la cantidad de plazas”.
Por otro lado, ilustró que, aunque no hubo una discusión de por medio, el sistema penitenciario necesitaba construir de manera rápida un nuevo establecimiento que diera respuesta a los problemas estructurales.
Petit reconoció esa “mala fama” de las experiencias en otros países de la región, pero también señaló que Uruguay está muy atrasado en el diseño arquitectónico de los centros carcelarios y el sistema en sí es muy pobre. Dijo que ante la preocupante cantidad de personas privadas de libertad y ante la situación en la que viven se precisan más centros carcelarios y, que si bien preferiría varios centros de menor tamaño, espera que esta apuesta funcione.
“El sistema carcelario no está contemplado dentro de la agenda y se encuentra por fuera de las políticas públicas. El Parlamento no contempla destinar dinero para cárceles que no tienen autonomía técnica para reclamar recursos necesarios”, dijo.
Asimismo, resaltó que en esta nueva cárcel se buscará un trato humano, rodeado de un alto contenido tecnológico, y que el rol del Estado será muy importante debiendo encargarse de la educación, la salud, el deporte, la ciudadanía y la cultura.

Una cárcel público-privada gestionada por un gobierno progresista

Por su parte, la psicóloga María Ana Folle revisó las opciones que brinda el abolicionismo penal para delitos menores, e ilustró el tema a través de casos de personas involucradas en el menudeo y comercio de drogas en los que, de recurrirse a medidas alternativas a la privación de libertad, podrían evitarse las situaciones de hacinamiento, violencia física y psicológica.
Folle no dejó pasar la oportunidad para atribuirle al Estado la responsabilidad concreta de las 36 muertes de internos durante el año pasado, y expresó que “todos debemos ser conscientes de que en medio de un contexto de neoliberalismo complejo se va a abrir una cárcel público-privada gestionada por un gobierno progresista”.
Planteó que todos los ciudadanos son susceptibles de ser víctimas de cualquier suceso fatal, y que “en esta era de humanitarismo quizás se pueda pensar desde nosotros, haciendo una inversión de ese lugar de la víctima, para ponernos en situación de sintonía con esa víctima, pero superando todas aquellas situaciones por las que esa persona está hoy en la cárcel”.
Mientras que Mauro Tomasini habló de lo mucho que cuesta relacionarse con personas privadas de libertad, lo cual debe ser revisado por los políticos, la academia y las organizaciones.
Además, criticó la falta de rehabilitación del sistema carcelario adulto, y dijo que “no hay un planteo serio. No hay acompañamiento posterior a la libertad del sujeto, no se sabe cómo se trabaja dentro de la cárcel, no hay un abordaje ni intervención. Antes de hablar de una nueva cárcel y cómo va a operar, es necesario definir esto”

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