Publicado en: 26 mayo, 2017

Noticias Uruguayas 26 mayo 2017

Por Colectivo Noticias Uruguayas

Uruguay: Ex presidentes serían llamados a declarar por espionaje en democracia // El círculo por Daniel Gatti // SANDRO SOBA por Jorge Zabalza // Qué cosita! por Samuel Blixen

El nuevo plan de intervención de EEUU en el Caribe // Puerto Rico: “La unidad es la que nos empoderará” // Venezuela: Movilización tricolor desbordó ayer las calles de Caracas en apoyo a la Constituyente // Brasil: Brasilia. CUT celebra ‘maior marcha da história’ // Temer tuvo que dar marcha atrás y levantó la orden de intervención a las Fuerzas Armadas // Temer podría ser destituido el 6 de junio // Argentina: Judiciales bonaerenses vuelven a parar por 48 horas // CONADUH: vamos al paro nacional el 29 de Mayo // PRT: El camino hacia un sindicalismo revolucionario // Uruguay: Ex presidentes serían llamados a declarar por espionaje en democracia // El círculo por Daniel Gatti // SANDRO SOBA por Jorge Zabalza // Qué cosita! por Samuel Blixen

URUGUAY
Por: Nicolás Silva

La Comisión de la Cámara de Representantes que investiga el espionaje una vez terminada la dictadura, evaluará llamar a declarar a los presidentes que asumieron a partir de 1985. Así lo propondrá el diputado frenteamplista, Gerardo Núñez a la Comisión investigadora que preside. Además se llegó a un acuerdo con la Universidad de la República para el análisis técnico del “Archivo Berrutti”.
La formación de la Comisión Investigadora fue en noviembre de 2016 a consecuencia de la divulgación del llamado “archivo Castiglioni” que dejó en evidencia la impunidad con la que militares continuaron realizando espionaje después de la dictadura. El archivo en cuestión tiene documentos oficiales, notas de Elmar Castiglioni (coronel fallecido) y registros de seguimiento y espionaje a dirigentes, partidos políticos y organizaciones, el cual está en manos del Poder Judicial y no así de la Comisión.
Lo que si ese encuentra en poder de la Comisión son los archivos Berrutti, que constan de documentos encontrados por la exministra de Defensa y están en análisis, siendo de los cuales creen los diputados que Castiglioni rescataba datos para el archivo que armó.
La semana anterior fueron llamados a declarar por parte de la Comisión los ex ministros Raúl Iturria y Antonio Marchesano, de Defensa e Interior respectivamente, quienes señalaron desconocer el espionaje de los servicios de inteligencia. Continuarán las convocatorias a exministros de ambos entes, donde Yamandú Fau y Juan Andrés Ramírez serían los próximos en declarar.
Gerardo Núñez, diputado frenteamplista e integrante de la Comisión de Investigadora, confirmó a La República que le planteará a sus pares que, además de los exministros, sean convocados a declarar los presidentes por el archivo Berrutti. Si bien aún no definió si serán llamados los máximos gobernantes desde el final de la dictadura a la fecha, esto será lo más probable, buscándose si ellos estaban enterados del espionaje en cuestión.
Convenio con Universidad
La cantidad de documentos que fueron microfilmados ronda el “millón”, por lo que tal volumen requiere de un análisis técnico que la Comisiónde forma independiente no puede cubrir. “La Cámara de Diputados, a pedido de la Comisión, generó un convenio con la Universidad de la República para que se haga un análisis en profundidad y se pueda facilitar la interpretación de los documentos”, dijo a La República Luis Puig, diputado freteamplista.
Si bien las declaraciones que han realizado los exministros sacar a relucir la autonomía con la que se habrían manejado los servicios de inteligencia, “lo que más me llama la atención es la falta de control de quienes ejercían los ministerios. En la medida que nos decían que desconocían esa situación”, comentó el integrante del PVP.
Al respecto del espionaje a la sede del Frente Amplio, si bien los primeros documentos analizados hablan de 1998, Puig estima que “hubo un largo periodo de tiempo” donde el espionaje a la sede del FA fue llevado a cabo, así como a políticos, partidos y organizaciones.
Especto al archivo Castiglioni, que posee el Poder Judicial, el mismo fue solicitado y aún no lo tiene la Comisión Investigadora. De igual forma se solicitó al menos los temas en cuestión para investigar, pero tampoco se han facilitado.
Reserva
Hubo un compromiso de reserva entre la Comisión y la Cámara de Representantes con el fin de que no trascienda información respecto a las víctimas de espionaje por parte de los servicios de inteligencia.
“Tenemos que mantener en reserva a quienes los sufrieron”, dijo Puig, asegurando que esas personas “fueron avasalladas, hay que cuidar su intimidad y demás por el acto de espionaje”. “Nosotros queremos plantear la investigación sobre los que expiaron, no sobre los que fueron víctimas. Tenemos mucho camino por delante, pero creemos que estomas ante un hecho de mucha gravedad”, comentó.
Prórroga
La Comisión Investigadora le solicitó a la Cámara prorrogar su actividad hasta el 8 de diciembre de este año debido a la gran cantidad de documentos que cuenta el archivo Berruti. “En la medida que no se logre abordar la situación habría una nueva prorroga”, comentó Luis Puig.


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CIDH recibe hoy al Observatorio Luz Ibarburu en audiencia

25 • mayo • 2017 –  Luis Rómboli 
El lunes 22 comenzó, por primera vez en Buenos Aires, el 162º Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se extenderá hasta mañana. El organismo está recibiendo en audiencias públicas a diversas organizaciones de la sociedad civil relacionadas con la defensa de los derechos humanos de Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Por cuestiones protocolares, no se tratan en audiencia temas del país anfitrión, aunque los integrantes de la CIDH aprovechan para reunirse con organizaciones y autoridades de gobierno del país que los recibe.
Hoy hay dos audiencias sobre Uruguay. En la titulada “Independencia judicial en Uruguay”, entre las 10.15 y las 11.15, la CIDH recibirá a un conjunto de organizaciones entre las que están el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, el Servicio Paz y Justicia, la asociación de ex presos políticos Crysol, Infancia y Adolescencia Ciudadana, Cotidiano Mujer, el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay, Mujer y Salud en Uruguay y Proderechos, entre otras. Estas organizaciones expondrán sobre el proceso de selección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). En seguida, entre las 11.30 y las 12.30, en la audiencia denominada “Operadores de justicia y defensores de derechos humanos en el contexto de la justicia transicional en Uruguay”, la CIDH recibirá al Observatorio Luz Ibarburu, que expondrá sobre el “empantanamiento” de las causas judiciales vinculadas a los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura cívico-militar (ver la diaria del 13/05/2017).
En las audiencias, la CIDH escucha durante 20 minutos la exposición de los que solicitaron la intervención, y luego el Estado tiene el mismo tiempo para presentar su posición sobre el tema. Finalmente, los integrantes de la CIDH pueden hacer preguntas sobre las exposiciones.
Con aviso
Sin embargo, el Estado uruguayo no estará presente hoy en las audiencias de la CIDH, confirmaron a la diaria fuentes de la propia comisión y del gobierno uruguayo. En la audiencia sobre el proceso de selección de los ministros de la SCJ, tanto el Poder Legislativo como la SCJ desistieron de participar y harán llegar una respuesta por escrito, informaron fuentes de gobierno. Para la audiencia sobre la actuación judicial en los casos de violaciones a los derechos humanos en la última dictadura, ni el Grupo de Trabajo Verdad y Justicia ni la SCJ designaron representantes para asistir a la audiencia, y también en este caso habrá una respuesta del Estado por escrito. Fuentes de la CIDH evaluaron que la actitud del Estado uruguayo es “un escándalo”, y la compararon con la que adoptó el presidente estadounidense Donald Trump cuando se negó a que representantes de su gobierno asistieran a una audiencia por temas migratorios.
En cambio, el Estado sí estará presente en la audiencia del viernes de mañana, la tercera y última que involucra a Uruguay, sobre la demora en la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual; estarán presentes representantes de la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones y del Ministerio de Industria, Energía y Minería.
El Observatorio Luz Ibarburu decidió que su coordinador ejecutivo, Raúl Olivera, y el coordinador del equipo jurídico, el abogado Pablo Chargoñia, redactaran un documento que será leído hoy durante los 20 minutos con los que va a contar la organización para exponer sus planteos sobre la situación de los procesos judiciales contra responsables de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. El Observatorio argumenta que existe “empantanamiento” de las causas basándose en las fechas de los procesamientos y de las sentencias de condena al pequeño grupo de militares y civiles uruguayos que ha pasado por juzgados y unidades penitenciarias.
Argentina y Chile
Un informe titulado “Estado procesal de agentes y civiles vinculados en causas de violaciones de derechos humanos. Nómina histórica hasta noviembre de 2015”, elaborado por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior de Chile, establece que en ese país había 495 procesados, 216 acusados, 180 con sentencia de primera instancia, 130 con sentencia de segunda instancia y 344 ejecutoriadas, lo que suma un total de 1.373 agentes.
En tanto, en Argentina, y según “El estado de las causas por delitos de lesa humanidad en Argentina – Datos actualizados al 1 de marzo de 2016”, informe estadístico elaborado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal y la Procuraduría General de la Nación de Argentina, establece que hasta esa fecha había 526 “causas activas, en las que son actualmente o fueron alguna vez investigados 2.354 imputados”. “Otras 227 causas que fueron acumuladas a expedientes principales, en algunos casos ‘megacausas’, en alguna instancia de la investigación”, agrega el informe.
Las estadísticas señalan que 31% de los imputados fueron sentenciados (28% condenados y 3% absueltos) en el marco de 156 sentencias dictadas en todo el territorio de Argentina, y en cuanto a las 370 causas que aún no han obtenido sentencia, 876 imputados fueron procesados, a 132 se les “dictó falta de mérito”, 28 fueron sobreseídos, 26 fueron indagados recientemente y 250 denunciados-imputados por su presunta participación en delitos de lesa humanidad. Por otra parte, fallecieron o fueron declarados incapaces 255 imputados y otros 57 están prófugos de la Justicia, uno de ellos después de ser condenado.

El círculo


Sandro Soba, hijo de Adalberto Soba, militante desaparecido durante el Gobierno militar, presentaron el 24 de abril una denuncia contra Mermot, actual presidente del Círculo Militar, “por apología de torturas y amenazas a la Justicia”

De Sandro Soba: Hoy es una tarde donde la verdad como la justicia siguen ausentes: las mentiras y la vanalización de las tortura en dictadura nos trata de ganar la cabeza. Lo que ellos llaman exceso fue tortura, como claramente lo dijo el fiscal y presunto inmediatamente la apelación. Arriba los que luchan y si no hay justicia, habrá condena social .

por Daniel Gatti – 14 de mayo 2017

Sandro Soba, que hoy tiene 47 años, tenía 8, su hermano Leonardo 6 y su hermana Tania 3, cuando en la tarde del 26 de setiembre de 1976 una banda de militares argentinos y uruguayos invadieron su vivienda en la localidad de Haedo, en la provincia de Buenos Aires.

A los fondos de la casa funcionaba una imprenta, de lo poco que quedaba en pie del ya diezmado Pvp. Su padre Adalberto trabajaba en ella y en el local estaban ese día otros dos militantes de ese partido. Muchos años después, por algunas fotografías que le mostraron durante un juicio en Argentina, Sandro los reconocería como Juan Pablo Errandonea y Raúl Tejera. A Juan Pablo, que apenas llegaba a los 20, lo identificó por sus grandes lentes, que fue lo primero que le partieron los milicos cuando arrasaron con la casa; y a Tejera lo ubicó como “el compañero más grande que estaba allí. Le golpearon la cara contra el marco de la puerta y me acuerdo bien de cómo sangraba”, dice. Esa tarde de hace 39 años a los Soba les llevaron un regalo. Así se lo anunciaron los militares a la madre de Sandro, María Elena Laguna. “Venga a ver lo que le trajimos”, le dijeron, y la llevaron al fondo de la casa. Envuelto en una frazada, desnudo, ensangrentado y empapado, allí estaba Adalberto Soba. Sandro también lo vio porque corrió detrás de la madre. “Me acuerdo de la vieja gritando ‘miren lo que le hicieron’, y discutiendo con los milicos. Me acuerdo del viejo reventado, con signos de picana, totalmente torturado. Me acuerdo de mis hermanos llorando, de Leonardo pidiendo leche y llorando.” Se acuerda de que en determinado momento, para calmarlos, los milicos de la patota les dieron helados. Vieron pasar por la calle a un heladero y les compraron varios. Casi que los obligaron a tomarlos.
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Adalberto Soba, “Plomito”, había sido detenido en la calle pocas horas antes, en la mañana del 26 de setiembre, junto a Alberto “Pocho” Mechoso, dirigente del Pvp. Había nacido 32 años antes, era de La Teja, trabajador “friyero”, de los frigoríficos, y textil. Había pasado por las diversas estructuras “de masas” de la Federación Anarquista Uruguaya y por su brazo armado, la Opr 33. En 1973, como muchos otros militantes de esa organización “requeridos” por las Fuerzas Conjuntas, partió hacia Buenos Aires, acompañado por su familia. Dos años después participó en el congreso fundacional del Pvp. “Sólo él militaba. Mi madre no, mi viejo le había dicho que era mejor que no lo hiciera, por su seguridad y por la nuestra”, cuenta Sandro. Dice que del padre recuerda imágenes sueltas, “como fotografías”. Las últimas son las de aquella tarde en su casa de Haedo y de poco después, en Automotores Orletti, donde los llevó la patota comandada por José Nino Gavazzo y en la que también estaba, entre otros, Manuel Cordero. “Yo no me acuerdo de las caras de ellos, las bloqueé, supongo, pero mi vieja los reconoció por las fotos. Con Gavazzo se gritó muchas veces.”
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Al chupadero clandestino del barrio de Flores, pegado a las vías del ferrocarril, los llevaron de inmediato a Adalberto, a María Elena, a Sandro, a Leonardo, a Tania, a Juan Pablo Errandonea, a Raúl Tejera. A María Elena y a los tres niños los tiraron en un cuadrado de autos, en la planta baja del local. Se les juntaron luego los hermanos Anatole y Victoria Julien Grisonas, él de 3 años, ella de 1, cuyos padres, Roger y Victoria, habían sido secuestrados el mismo 26. “Los Julien estuvieron un solo día. Eran bastante más chicos, y lloraban mucho.” Sandro recuerda la cortina metálica del local, la escalera de madera, un tanque, recuerda el sonido del ferrocarril y sobre todo los gritos que venían del piso de arriba. “Un día –o una noche, no te dabas cuenta del tiempo allí– me escabullí hacia el primer piso, los milicos no me vieron y me tiré por la escalera. Había una puerta entreabierta y vi a cantidad de gente semidesnuda, todos sentados contra la pared. Después más nada, supongo que alguno de los milicos me habrá agarrado y me habrá bajado. No sé, pero de esa foto no me olvido, de los compañeros tirados contra la pared, del estado en que estaban.”
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Unos días después Gavazzo le comunica a María Elena que ella y sus hijos van a ser llevados a Montevideo. “La veo todavía a ella gritando y protestando, diciéndole que no nos íbamos nada si antes no veíamos a mi viejo. No sé cuánto tiempo habrá pasado así, discutiendo con ellos. Al final Gavazzo accedió y nos trajeron al viejo.” Sandro guarda esa última y terrorífica “fotografía” de él con Adalberto grabada en la retina. “Habremos estado unas dos horas juntos. El viejo casi no podía hablar, le salía pus de los ojos, tenía heridas en todo el cuerpo, pedía agua todo el tiempo.” Algunas cosas le pudo decir Adalberto a su hijo: que estudiara, que ayudara a su madre y a sus hermanitos, que él era el mayor. Sandro lo tomó como “un mandato”.
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Sandro llegó a Montevideo junto a sus hermanos y su madre. Los trajeron Gavazzo y Ricardo Arab, en un vuelo comercial de Pluna. De ese viaje recuerda la rampa del avión y poco más. Del aeropuerto de Carrasco los llevaron a la casona clandestina de Punta Gorda, por un par de días, quizá tres. Una noche a él y a Tania los dejaron en la casa de su bisabuela materna. “Hicieron sonar las palmas delante de la puerta, y cuando salió mi bisabuela los milicos se fueron.”
Su madre y su hermano llegaron a la casa un día después. “Leonardo no podía despegarse de la vieja. Se pasaba llorando”, dice Sandro, y piensa que tal vez fue eso, los llantos de su hermano, los que salvaron a María Elena. Y que si a ellos mismos no los mataron, sobre todo en Buenos Aires, fue por su edad. “Éramos demasiado chicos para que nos hicieran algo”, cree.
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En el mismo avión que trajo de vuelta a los Soba iban también Alberto Mechoso, hijo de “Pocho”, de 6 años, su hermana Beatriz, apenas mayor, y la madre de ambos, Beatriz Castellonese. Gavazzo y Arab se hicieron pasar por maridos de las dos mujeres. Alberto ha testimoniado varias veces que Gavazzo lo amenazó allí mismo con matarlo si “contaba algo”. “Decía que confiaba en que mi madre no hablara nunca, pero que no tenía confianza en nosotros, en los niños. Decía que yo era igual que mi viejo.” Alberto se despidió de su padre en otra casa de militantes del Pvp copada por la banda de secuestradores a la que él, Beatriz y su madre fueron llevados por los militares. Tirado en una cama, torturado y sin fuerzas, Pocho le dijo a su hijo sustancialmente lo mismo que Adalberto a Sandro: que cuidara de su hermana y de su madre, que estudiara y trabajara, que fuera buen tipo.
El cuerpo de Alberto Mechoso Méndez apareció fondeado en un tonel con cemento en Buenos Aires, junto al de Marcelo Gelman, hijo del poeta Juan Gelman. Fue identificado en 2012 y simbólicamente enterrado en el Cerro.
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—¿Quedaron en banda cuando los dejaron en lo de tu bisabuela?
—Prácticamente sí. No teníamos un mango, mi vieja tuvo que salir a laburar prácticamente enseguida. Pero lo peor no fue eso.
Acaso lo peor fue el silencio que rodeó a los Soba durante años. El que imponía “la situación” –la dictadura– y el que se autoimponían la madre y la bisabuela.
O acaso también, dice Sandro, el miedo a olvidar las imágenes que le quedaban de su padre. Sandro debió repetir cuarto de escuela, el año que cursó tras su llegada a Uruguay, porque se quedaba dormido en clase después del recreo. No podía seguir a la maestra, se perdía, porque de noche no pegaba un ojo: “Pensaba que si me dormía se me iban a ir las imágenes que guardaba del viejo”, esas últimas de la casa y de Orletti y también las otras, “las lindas”.
Cada hermano reaccionó de manera distinta. “Leonardo dice que no se acuerda de nada, pero en aquellos primeros tiempos cada vez que escuchaba una sirena, fuera de un patrullero o una ambulancia, salía corriendo y se encerraba. Estaba todo el tiempo aterrado. Mi hermana Tania vivió intentando olvidar. Nunca pudo creer en nadie, desconfiaba de todo y de todos.” Madre de cuatro hijos, Tania murió en 2006, a los 33 años, de un cáncer. Con diferencia de un par de días moría también Quica Salvia, la madre de Juan Pablo Errandonea, a los 80 y pico de años, una de las primeras “madres”. Quica no había encontrado a su hijo, como Tania no había encontrado a su padre. En otra entrevista, preguntado sobre esa coincidencia acaso banal, Sandro evocaba un círculo.
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Periódicamente, “los milicos le recordaban a mi vieja su presencia. Caían por casa en patrulleros o en autos particulares, la amenazaban, a veces la llevaban a Jefatura. Le metían miedo”. En ese tiempo ni María Elena ni su abuela les hablaban a los niños de lo que le pudo haber ocurrido a Adalberto. “Cuando preguntábamos nos decían que probablemente estuviera preso.” Con esa idea fue creciendo Sandro, y también Tania y Leonardo: que algún día, tal vez, cuando los presos fueran liberados, podrían reencontrarse con su padre. Nunca habló “del tema” con nadie, ni con sus amigos, ni en la escuela, ni en el liceo, ni en la Utu, ni con sus compañeros de trabajo.
El 14 de marzo de 1985 Sandro fue a apostarse a Luis Batlle Berres, a tres cuadras de su casa. Por la mañana comenzaban a liberar por tandas a los últimos presos políticos, y por esa calle pasaban los vehículos que los trasladaban y se apiñaba la gente para verlos pasar y saludarlos. Estuvo todo el día, y su padre no apareció. “Obviamente no estaba preso. Le preguntamos a mi vieja y nos dijo que tal vez hubiera quedado detenido en Buenos Aires. Yo allí empecé a dudar.” No era que su madre les mintiera, dice Sandro. No sabía. Lo empezó a saber cuando, ya en democracia, “escuchó testimonios, se conectó con compañeros, preguntó”.
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Se enteró, por ejemplo, de lo que en la jerga de los secuestradores significaba “traslado”. Y recordó que allá en Orletti un guardia le había comentado a otro sobre Adalberto: “Éste va para traslado”. “La vieja lo había tomado literalmente, pensaba que se lo habían llevado a otro lugar.”
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Una vez, en Argentina, Adalberto y María Elena discutieron sobre la posibilidad de exiliarse. Ya había caído el grueso de la dirección del Pvp, el clima era literalmente de terror y María Elena tenía un pariente que había logrado refugiarse en la embajada sueca. Adalberto lo descartó de plano, cuenta Sandro que le contó su madre. “Decía que no se iría mientras hubiera compañeros en manos de los milicos, y en todo caso que no se iría por la libre.”
No recuerda Sandro si fue por esos días o antes que cierta vez María Elena le descubrió a Adalberto la pastilla de cianuro que muchos militantes llevaban consigo. “El viejo le dijo que era de rigor, que había una consigna de evitarse sufrimientos en la tortura y no cantar a los compañeros, pero que él no la tomaría porque significaba dejarnos solos a nosotros. Y porque siempre estaba la posibilidad de la fuga.” Después de todo, el propio Plomito se había escabullido en las narices mismas de tiras y policías en 1970, en Montevideo, “haciéndose chiquito” en un ascensor de la Jefatura, filtrándose y escapando hacia la calle.1
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A pesar de no saber, de no tener conciencia todavía de que su padre era, él también, un desaparecido, Sandro participó desde muy chico, 10 u 11 años, en las caminatas que alrededor de la plaza Libertad hacían todos los viernes por la tarde, casi que en total soledad, las “viejas” de la asociación de Familiares. Se quedaba a un costado, junto a alguna conocida, y miraba.
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Sandro nunca pudo sostener el cartel con la foto de su padre en las marchas de los 20 de mayo. “Me pesa mucho tenerla en las manos. No porque sea pesada, claro.” La foto la llevó su madre. Y ahora, si no la lleva su hermano, deja que lo haga otro. Él marcha adelante.
Por un tiempo integró la agrupación Hijos. Era uno de los mayores, y fue allí que por primera vez planteó, entre “pares”, “lo que sentía, lo que me pasaba por la cabeza”. “Nunca fui a un psicólogo”, dice sonriendo y poniendo cara de “qué boludo”. Con sus hijos (tiene dos, hoy de 14 y 23 años) tampoco habla “directamente del tema. Ellos se fueron enterando por los diarios. Cuando me preguntan les contesto. Son cosas que te quedan ahí, no sabés si esas cosas dramáticas las podés contar. Yo no fui ni soy de sentarme y contarles. Preferí ayudarlos a que estudien, decirles que ayuden a su madre”, dice, casi que repitiendo las palabras de su propio padre.
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Ellos, sus hijos, piensa Sandro, “se tienen que preguntar por qué luchaban los que fueron desaparecidos. No se los puedo resolver yo, pero en esta sociedad, donde los políticos no han ayudado a construir esa memoria, se hace bravo. Hay una responsabilidad de todos los gobiernos en que no se haya sabido la verdad ni haya habido justicia. Hubo pequeños avances con los gobiernos del Frente Amplio, pero los mayores logros en este tema vinieron de los familiares o de las organizaciones sociales. O de sentencias internacionales”. Algunos “políticos”, recuerda, de este como de otros gobiernos, han incluso bloqueado las investigaciones, negándose a facilitar el acceso a los archivos, a los cuarteles para excavar. “No se ha logrado romper con esa impunidad. Apenas hay un puñado de militares en la cárcel y el resto allí está, por las calles. Cuando se habla de que el tema se resolverá cuando ‘los actores’ se mueran tampoco se ayuda en nada. Al contrario.”
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Sandro Soba trabaja actualmente en la secretaría de Deportes de la Intendencia de Montevideo. Se considera un militante social y desde hace unos años también un militante político, en el Pvp. “Un día hice el clic que me llevó de lo uno a lo otro”, cuenta. Cree que las marchas del 20 de mayo son la manifestación social y política más importante de este país, “constante, insistente”, pero le parece que con el tiempo debería ir cambiando de carácter. No tanto hacerse “ruidosa” (“el silencio es una de sus características y para modificar eso habría que convencer a mucha gente”), sino “abarcar  otros temas, abarcar los derechos humanos de hoy: la vivienda, la tierra, la alimentación, un salario digno. Para mí sería como cerrar el círculo”.

Obviamente

Como todo el mundo, Sandro Soba tiene muletillas al hablar. Las suyas son los “mente”: totalmente, obligadamente. Y sobre todo obviamente. A lo largo de la charla la repitió infinidad de veces, tantas que llamó la atención. Porque si algo obvio hay en este tema es la ausencia absoluta de obviedad. La propia situación de entrevistador-entrevistado, en este caso, podría haber sido una antiobviedad. Podría haberse dado la inversa, que el uno fuera el otro y viceversa. Acaso en esa misma colchoneta infecta de Orletti en que a Sandro y a sus hermanos y a su madre les trajeron a Adalberto podría haber estado tirado, un mes antes, o dos, o algunas semanas, Gerardo Gatti. Con el mismo destino de traslado.

1.     Fugas, de Samuel Blixen, Montevideo, Trilce, 2004.


SANDRO SOBA por jorge zabalza (en memoria del Cacho Benia) publicado en VOCES

SANDRO SOBA

“Hoy es una tarde donde la verdad como la justicia siguen ausentes: las mentiras y la banalización de las tortura en dictadura nos trata de ganar la cabeza. Lo que ellos llaman exceso fue tortura, como claramente lo dijo el fiscal y presentó inmediatamente la apelación. Arriba los que luchan y si no hay justicia, habrá condena social”. Sandro Soba luego que Blanca Rieira interpetó la ley de modo de no encontrar razón alguna para procesar el general Mermot por apología de la tortura.

Si mal no recuerdo, medio siglo atrás nos enseñaban en Facultad que la conducta del hacedor de justicia traducía en acción la palabra de la ley, o sea, que hacer justicia es actuar conforme a lo prescrito por el derecho positivo. La justicia no es un valor abstracto sino una cuestión práctica; no es un principio etéreo, intangible o divino sino una forma de comportamiento humano, concreta, vulgar y silvestre.

Para Aristóteles era muy justo que unas personas nacieran para esclavos y las otras para ser sus amos, su sentido de justicia era el mismo que luego se convirtió en dogma de la iglesia católica y siglos después reglaría la conducta de los nazis. Sin embargo, no era el que tenían los violentamente reducidos a la esclavitud. Para ellos, justicia era la de Espartaco. El mundo cambia y los filósofos griegos ya no pueden boludear, paseando sus ocios por templos y plazas marmoladas para consumir el tiempo libre que robaban a los esclavos. Aunque salario mediante las mayorías siguen sometidas sutilmente al trabajo forzoso, hoy día nadie en el mundo puede creer que la esclavitud sea un acto de justicia. Ni el fiscal Zubía podría ser tan payaso de sostener semejante barbaridad.

Los actos de justicia se dan en dos momentos: en el primero, se aprueban las leyes, códigos y constituciones y en el segundo, se aplican las normas o se administra justicia. En el primer momento, los parlamentarios aprueban leyes en función de sus concepciones y puntos de vista políticos, que son los hegemónicos, o sea los de la clase social dominante. Lo político prima sobre lo jurídico, como dice algún sabio de boliche. Fue por esa razón que, poco después del 2005, los diputados y senadores progresistas aprobaron la ley que convirtió la ocupación de tierras en delito penal, una decisión política para proteger la propiedad privada de unos pocos. Cometer un acto legislativo tan injusto les provocó reordimientos y por eso, haciendo gala de fina hipocresía, aplauden contentos al gran rostrudo que defendió la propiedad social de la tierra y la reforma agraria en un acto en Brasil, bien lejos de donde votó sancionar con años de prisión a los que ocuparan tierras.

Primero se aprueba el paquete político-jurídico y luego se debe aplicarlo en concreto. Hubo momentos de la historia en que esa secuencia escalonaba leyes que favorecían a los muchos y un poder político que las aplicaba sin pusilanimidades. Fue así cuando José Artigas promulgó el Reglamento de Tierras de 1815 y lo aplicó repartiendo los latifundios expropiados sin indemnización. Fue un acto de justicia para los miles de beneficiarios del reparto y un acto de injusticia para los malos españoles y peores americanos dueños de las enormes estancias. También fue un acto popular de justicia cuando en aplicación de una ley aprobada por la Convención Nacional, los parisinos pasaron por la guillotina los cuellos de la familia real francesa. Acto lamentado como una injusticia por la nobleza feudal europea que se organizó en la Santa alianza para ver de restaurar el derecho divino a ser oprimidos por reyes. No hay vuelta, lo que es justicia para el pueblo, es injusticia para quienes lo someten y explotan.

Para absolver al general Mermot, la jueza Blanca Rieiro recurrió a los criterios de justicia esgrimidos por autores de los años ‘30, cuando se imponían las tesis jurídicas del fascismo. Por eso Blanca pudo distinguir torturas de apremios físicos, cómo si no fueran la misma cosa. Rieiro debería haber sufrido plantón durante una semana, haciéndose pichí en los calzones, con manoseos permanentes a su culo y tetas, para tener una idea práctica del apremio físico versión Mermot. Su forma de ver la justicia cosecha elogios y aplausos de los sectores comprometidos con la impunidad a la vez que es rechazada por quienes sentimos que en este país están ausentes la Verdad y la Justicia. Las víctimas ven la justicia con un color y los victimarios la ven sin color alguno, absolutamente negra. Blanca Rieiro eligió aplicar el sentido de justicia que protege a los impunes.

En cambio, cuando una jueza sostiene que se debe aplicar el derecho internacional a los crímenes de lesa humanidad, será implacablemente perseguida por los dueños del poder -civiles y militares- para que no practique sus interpretaciones, aunque ellas sean compartidas por la mitad de los ciudadanos que votaron en el 2009. En la misma dirección, para imponer el Olvido y el Perdón como práctica jurídica, fueron amenazados los abogados y personalidades defensores de los derechos humanos en el Uruguay. Quieren que se hagan amigos de los jueces de la impunidad, que no les den de qué quejarse. Usan su poder para presionar a quienes entienden que justicia es condenar a los criminales del terrorismo de Estado.

La retirada ordenada a los cuarteles en 1985, nos dejó sometidos a una doble tutela: la de inversores privilegiados con exoneraciones de impuestos, zonas francas y vías férreas para mejorar sus negocios y las de los mandos militares que cada tanto sacan su lengua viperina de la cesta para asustar a Tabaré Vázquez y a su ministro de defensa, Dr. Juan Vicente Chiarino.

El último 20 de mayo se salió otra vez a gritar en silencio que no queremos vivir más bajo tutela, que todos deben ser iguales ante la justicia y el derecho… en realidad, compañeras y compañeros, estamos pidiendo un imposible: el poder judicial, el derecho y el Estado siempre protegerán criminales de lesa humanidad y a inversores de cuello blanco, ¡¡es su razón de ser!! La democracia es tutelada o deja de ser burguesa y se transforma en poder popular. Esa es la realidad, pero nos entretenemos con apologías del onanismo mientras los impunidores hacen su agosto.

Alfredo, amigo mío, a menos que quisieras confirmar lo que ya sabes de antemano, realmente parece ocioso pregunta si la justicia es diferente para pobres y para ricos. Es terrible, pero no somos iguales ante los administradores del poder judicial. En la vida no somos iguales.

Jorge Zabalza


Qué cosita!

 

por Samuel Blixen
25 mayo 2017

No se vaya a creer que la inteligencia militar invierte la totalidad de sus esfuerzos en espiar a partidos políticos, sindicatos y centros religiosos. También mira para adentro, como revelan muchos documentos de los archivos militares. A continuación, botones de muestra.

PICA LA COLT. No bien se supo que, a finales de 1976, las Fuerzas Conjuntas habían terminado la oleada represiva conocida como Operación Morgan, incautando al Partido Comunista (Pcu) un voluminoso arsenal que incluía 66 rifles M16, la embajada de Estados Unidos en Uruguay manifestó un inocultable interés por determinar su procedencia. El M16 era la versión del AR-15 que la fábrica Colt fabricaba exclusivamente para el Pentágono y que había confrontado su poder de fuego y versatilidad con el soviético AKA-41 en la guerra de Vietnam. Una buena parte de los M16 incautados habían sido introducidos en Punta Piedras, en la costa fernandina, entre La Barra y Manantiales, trasbordados de un carguero ruso a una lancha, Aldabarán, a finales de los años sesenta. Esos rifles fueron distribuidos en casas de militantes del Pcu, que los escondieron durante años, hasta que el encargado de logística del aparato armado, el Pato Coirolo –considerado el Amodio del Pcu–, decidió entregar todos los “berretines” no bien fue detenido por oficiales del Sid (Servicio de Información de Defensa).

El parte especial de información número 179 del Estado Mayor del Ejército, rotulado como “secreto”, explicaba, el 15 de abril de 1977, que “esta oficina no tiene medios de obtener mayor información sobre cómo el Pcu obtuvo dichas armas”. No iban a ser más realistas que el rey: el agregado de Defensa de la embajada de Estados Unidos informaba que la Oficina de Identificación de Armas Militares había fracasado en el intento de “rastrear el origen de la corriente de rifles M-16 rescatados en Uruguay, en escondrijos”. De los 66 rifles, el Departamento de Defensa sólo pudo confirmar que siete de ellos se habían “perdido” en Vietnam. El resto debía atribuirse al departamento de contrabando de la Colt: “Las investigaciones revelaron que el fabricante había duplicado el número de serie en 2.578 rifles M-16”. (Documento 0066, rollo 576, “Archivo Berrutti”.)

PIOJOS SEDICIOSOS. El teniente coronel Marcelino Rodríguez, jefe del Departamento II del Estado Mayor del Ejército, ingresó la información proveniente del Departamento de Seguridad Militar del Ministerio de Defensa, originada el 23 de abril de 1977, dando a conocer que el hijo del soldado de primera Luis Augusto Costa fue expulsado de la escuela número 169 del Cerro, por la directora y maestra Dinora, aduciendo que el niño tenía “pediculosis”. El teniente coronel ordenó distribuir copias al Sid y al Estado Mayor Conjunto (Esmaco). (Documento 0114, rollo 576, “Archivo Berrutti”.)

¿PARA QUÉ? La Junta de Comandantes en Jefe, por intermedio del Servicio de Información de las Fuerzas Armadas (Siffaa) daba a conocer el 30 de noviembre de 1984, cinco días después de las elecciones nacionales que confirmaron la redemocratización, que quedaban sin efecto las requisitorias de 12 ciudadanos cuyas capturas habían sido solicitadas en años anteriores. Algunas, por prescripción del delito, otras por procesamientos, y hasta una por “haber regularizado su situación”. Entre los ciudadanos figura Miguel Ángel Ríos Casas, cuyo procesamiento fue dictado “de acuerdo a lo establecido por Oficio número 406/84, de fecha 20-XI-84 del Juzgado de Instrucción Militar de Cuarto Turno”. Ríos Casas fue herido de bala en un tiroteo ocurrido el 26 de diciembre de 1977 en la localidad de Laferrere, La Matanza, provincia de Buenos Aires. Fue visto por última vez en el centro clandestino “Pozo de Quilmes”, en abril-mayo de 1978, fecha en que se presume hubo un traslado clandestino a Uruguay de prisioneros secuestrados en Argentina. El 20 de noviembre de 1984 estaba definitivamente desaparecido. (Documento 0036, rollo 595, “Archivo Berrutti”.)

UN PREMIO AL MEJOR CORRUPTO. Un comunicado de la Guardia de Artigas denunciaba, a comienzos de 1994, los actos de corrupción del coronel Milton Gianola, a quien le atribuían “un pasar fastuoso”, debido a los beneficios obtenidos con la compra de equipos cuando era jefe del Departamento de Informática del Estado Mayor del Ejército, con la actualización de tanques M-41 mientras oficiaba como jefe de Logística, y en los negociados secundados por el empresario Svetogorsky, presidente de International Trade Consorcium (Itc) y realizados a través de Cambio Durán, “del que es accionista el coronel Gianola”. La Guardia de Artigas denunciaba que el teniente general Rebollo había sido puesto en conocimiento de los actos de corrupción, y que su sucesor, el teniente general Daniel García, también había ignorado la denuncia, designándolo para una misión en Mozambique.

El informe interno número 11 de la inteligencia militar confirmaba que el Cambio Val de Marne, propiedad de Sergio Durán Buedo, y el Cambio Durazno tuvieron al coronel Gianola como “cliente en calidad de jerarca de reparticiones militares”, e identificaba al coronel Alberto Loureiro como ejecutivo de la firma de Svetogorsky. (Documento 0063, Rollo 1423, “Archivo Berrutti”.)

PECADOS MENORES. Daniel Alejandro Bordón había sido agente de segunda en la comisaría 10, y en setiembre de 1994 hizo una solicitud de ingreso para trabajar en el Departamento III (Operaciones) de la Dirección General de Información de Defensa (Dgid). El estudio de seguridad correspondiente al aspirante resultó negativo, “ya que figura en una lista de probables firmantes al referéndum por la ley 15.848”. Por si fuera poco, extendiendo el estudio de seguridad a las referencias aportadas, resultó que su madre, su padre y su concubina “son todos afiliados al Pcu”. La solicitud fue denegada. (Documento 0295, Rollo 1423, “Achivo Berrutti”.)

La ex soldado de primera Andrea Volpi había dejado de trabajar en el Departamento IV de la inteligencia militar en febrero de 1994 por “rescisión de contrato”. Al mes siguiente había obtenido un nuevo empleo, pero a sus familiares sólo les comunicó el número de teléfono de su trabajo: 473665. Los familiares dedujeron que Andrea no quería decir dónde trabajaba. Pero la Dgi, que todo lo sabe, “habiéndose efectuado búsqueda en la guía de Antel”, pudo descubrir que el teléfono pertenecía al diario La República, y concluyó que Volpi no deseaba “mencionar o admitir que estaba trabajando en ese órgano de prensa”. Una discreta vigilancia comprobó que “la causante concurrió a esta sede de la dirección y se movilizó libremente por varias instalaciones, la planta alta, la plaza de armas y el costado del casino, donde trabaja su hermana”. “Interrogada en forma casual, al serle consultado dónde estaba trabajando, manifestó textualmente: en el Cambio Velso.” (Documento 1001, rollo 1540, “Archivo Berrutti”.)

Verónica Isabel Piloni Torres, soldado de primera, que trabajaba en el Centro de Procesamiento de Datos del Servicio Geográfico Militar, tuvo la mala idea de concurrir, junto con su esposo, al acto final del Encuentro Progresista, en noviembre de 1994, “portando banderas”. La inteligencia puede ser lerda pero siempre se manifiesta: en agosto de 1995 el Departamento I de la Dgid incorporó la mancha en el legajo. (Documento 1003, rollo 1540, “Archivo Berrutti”.)

Gustavo Coll de León, que en junio de 1995 prestaba servicios en la Fuerza Aérea Uruguaya como soldado de primera, “fue visto en un vehículo con adhesivos del FA”. (Documento 0463, rollo 1540, “Archivo Berrutti”.)

Para cuando el Departamento I de la Dgid obtuvo el estudio de seguridad de la aspirante Verónica Borges, ésta ya estaba trabajando en la Oficina de Personal del Departamento IV de la inteligencia militar desde hacía cinco meses. El estudio había revelado “aspectos negativos indirectos”, puesto que su esposo y dos de las personas aportadas como referencias eran probables firmantes del referéndum contra la ley de caducidad. La revelación no daba para la baja, pero se sugería que fuera “redistribuida a áreas de trabajo menos sensitivas” y que se considerara no renovar el contrato, una vez vencido. (Documento 0352, Rollo 1423, “Archivo Berrutti”.)

TRANSFERENCIAS. En setiembre de 1993, el Departamento III de la Dgid consignaba que “el viaje realizado por el comandante J A N a Suiza se encuadraría en la revisación de los fondos que la fuerza de mar tiene depositados para la reparación de buques. Se sabe que la cuenta fue cambiada de un banco de Londres a uno de Estados Unidos y finalmente a uno de Suiza. Se cree que la misma asciende a millones de dólares y que por el traspaso de fondos de tal magnitud existiría un premio remunerado, lo cual habría ido a recoger el comandante J A N ”. (Documento 0077, Rollo 1326, “Archivo Berrutti”.)


Trabajadores asumirán control de distribuidoras de Petrobras si la empresa se retira

La Unión Autónoma de Obreros y Empleados del Gas (UAOEGAS) advirtió que si la empresa Petrobras no repone la garantía en el plazo determinado por el contrato, los trabajadores tomarán el control obrero de las distribuidoras, MontevideoGas y Conecta, a fin de asegurar la continuidad de las empresas y el servicio que brinda.

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En virtud de que a fin de mayo caerá el contrato de concesión a Petrobras, la UAOEGAS resolvió, en asamblea, “tomar el control si no existe una rápida respuesta de la empresa”.
Asimismo, el sindicato reclama la intervención del Estado, “porque es la única forma de darle viabilidad en el largo plazo al servicio público de gas natural”.
El gremio entiende que la situación del servicio de distribución de gas natural en manos de Petrobras es “grave”, ya que el incumplimiento en el canon anual “llevó a que luego de mucho tiempo se acumulara una deuda de 6.8 millones de dólares, lo cual ha llevado al Poder Ejecutivo a cobrar la garantía”.
Asimismo, el sindicato asegura que “el monto del depósito que terminó en las arcas del Estado es de 3.000.000 de dólares, lo que implica que para seguir al frente de la concesión debe reponerse la garantía de igual monto, que nuevamente tampoco alcanzará para cubrir la otra parte de la deuda”.
“Al día de hoy Petrobras, mediante las dos empresas de distribución, no ha firmado los contratos de compra de gas natural con ANCAP, que por el acuerdo firmado con Energía Argentina S.A (ENARSA) es la que importa el fluido a partir de abril de este año. Esta situación pone en riesgo la continuidad del suministro, dado que solamente gracias a la buena voluntad del ente autónomo se sigue con el mismo”, indica la UAOEGAS.

En manos de Petrobras

El dirigente de la UAOEGAS, Alejandro Acosta, expresó que la responsabilidad de la continuidad o no de la empresa “está en manos de Petrobras”.
“El Poder Ejecutivo ya actuó cuando le cobró a la compañía la garantía que tenía depositada, de acuerdo a lo establecido en el contrato de concesión, por la falta de pago del canon establecido”, dijo Acosta según consignó el Portal del PIT-CNT.
Añadió que la empresa “ha generado una deuda de casi 7 millones de dólares”, y ello lleva a que el Poder Ejecutivo cobre la garantía de 3 millones de dólares y para que Petrobras siga al frente de la empresa debe depositar una nueva garantía”.
Si dicha garantía no se presenta antes de fin de mes “cae el contrato de concesión”.
“Este es el mayor problema que tenemos hoy, ya que si no se hace el depósito significa que pierde la concesión y 45.000 usuarios así como 250 trabajadores quedarán totalmente desprotegidos”, cuestionó.
Por lo que el sindicato reclama “la intervención del Estado”, y plantea en el corto plazo “mantener el suministro con control obrero porque no se puede dejar a 50.000 familias o empresas sin atención”.
Advirtió que la dirección de Petrobras “viene generando un clima de caos a fin de tener una excusa para retirarse del país”.

 

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