Noticias Uruguayas 25 mayo 2019

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URUGUAY

CRÓNICA DE UNA INFAMIA

 
Desde su privatización el 19 de enero de 1995, la Compañía del Gas de Montevideo y junto a ella el servicio público de distribución de vienen sufriendo hasta ahora año tras año de paupérrimas gestiones que han desembocado en la actual situación de precariedad, aquí un resumen.
CRONOLOGÍA DE 24 AÑOS DE PRIVATIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE GAS NATURAL EN URUGUAY

1995 – El 19 de enero se concretaba la privatización de la Compañía del Gas por parte de los gobiernos de la coalición de derecha del Partido Nacional y el Partido Colorado (Luis Lacalle Herrera y Julio María Sanguinetti) en favor de la empresa GASEBA URUGUAY S.A. (consorcio integrado por GAZ DE FRANCE, PAN AMERICAN ENERGY y ACODIKE). GAZ DE FRANCE, con la mayoría de las acciones, era a la vez el operador técnico y responsable de la gestión.

La década de los noventa se inició con el anuncio de la coalición de gobierno de la intención de privatizar las empresas públicas, proceso que recibió un duro golpe cuando el 13 de diciembre de 1992 el pueblo uruguayo se pronunció en favor de mantener el patrimonio nacional. Lamentablemente la Compañía del Gas fue privatizada bajo el amparo del decreto ley 15.270 de la dictadura (1982) que modificó la ley 14.142 (que intervenía la compañía luego de la retirada de los ingleses en la década del 70), habilitando su concesión o venta. El semanario Brecha titulaba en su portada, «un globo de ensayo», refiriéndose a este proceso, manchado por denuncias de corrupción respecto al proceso licitatorio de acuerdo a un anónimo que llegó al sindicato y que fue motivo de una denuncia penal nunca investigada.

Esto ameritó la aprobación de una Comisión Investigadora en la cámara de diputados en 1994, a partir de un informe de la Comisión Pre-Investigadora conformada por los diputados Baltasar Prieto, Guillermo Stirling y Helios Sarthou.
Sin embargo, y por primera vez en la historia, nunca fue integrada como forma de amparar la licitación fraudulenta.

Las autoridades de la época afirmaban que la privatización se hacía para expandir el gas a todos los barrios de Montevideo, duplicar el número de usuarios y bajar la tarifa, para justificar la entrega de esta empresa al capital trasnacional. No va a ser como en Argentina decían. Nada de ello se cumplió, como sosteníamos los trabajadores.

Realizamos múltiples acciones para detener la privatización, llegando a la ocupación de la sede central de la Compañía, primer edificio público ocupado desde la recuperación democrática, una huelga de hambre y recolectamos firmas para una reforma constitucional que evitara cualquier tipo de privatización.
Llegamos a juntar 180.000 firmas pero no alcanzamos el número requerido.

1996 – En marzo se producen los primeros cuatro despidos de dirigentes sindicales. Luego de una huelga de hambre de más de 30 días se logró un acuerdo que implicaba el mantenimiento de los dirigentes en la plantilla por tres años pero con la prohibición de entrar a trabajar y poder reunirse con los representantes de la empresa.

Esta medida se tomó como respuesta a la actitud del sindicato de denunciar las falencias en la gestión de GAZ DE FRANCE, entre otras cosas su negativa a mantener la red de cañerías de hierro fundido y diversas fallas en la planta de producción del gas manufacturado. Incluso el Organismo Técnico de Contralor (OTC) que preveía el contrato de concesión para controlar a la concesionaria recién se conformó un año después debido a nuestras denuncias. Cuando se integró su capacidad técnica era intachable: un contador, un escribano y un abogado.

1996 – 1997
– El 7 de diciembre de 1996, un día antes del plebiscito de reforma constitucional que estableció el balotaje en Uruguay, se produce la «operación piraña»: se despide a 33 trabajadores del gas, entre ellos a toda la dirección sindical y delegados de sector. El conflicto se saldó en marzo de 1997, en el
marco de un conflicto generalizado de parte del PITCNT y la visita del presidente francés Jacques Chirac, con un acuerdo que reintegraba a 14 trabajadores, otorgaba retiro incentivado a 16 y dejaba a 3 dirigentes sindicales sin poder entrar a trabajar pero vinculados a la empresa hasta 1999.

La empresa, con la connivencia de la coalición blanquicolorada, apostaba a destruir a la organización sindical que era el único actor que fiscalizaba su gestión. Tiempo después se intentó complementar esta política creando un sindicato amarillo, la AFGAS, convocando su reunión constitutiva mediante un comunicado emitido en la oficina de Recursos Humanos, liderada por Víctor Petrissans (en ese momento diputado suplente de la lista 250 de Gandini – Partido Nacional). El saldo de estos duros enfrentamientos fue 7 dirigentes sindicales con el despido pospuesto pero ganando tiempo para poder seguir dando la batalla.

1999 – Comienza a hablarse públicamente de la llegada del gas natural como el gran revulsivo de la matriz energética. Al mismo tiempo aparece el primer balance de la privatización.

La combinación de tercerizaciones, retiros incentivados y ausencia total de controles oficiales provocan la pérdida de más de la mitad de los puestos de trabajo (pasamos de 476 trabajadores a poco menos de 200), se abre el «coto de caza» para los instaladores matriculados que llegan a colocar medidores de gas y provocar fugas en los sitios de medidores, cobrando precios excesivos a los usuarios, mientras que el informe del OTC al entonces diputado Carlos Pita sostenía que en cuatro años habían 2 muertos, 5 intoxicados y 10 accidentes por fugas de gas en las cañerías de la red de la calle.

Ese informe surgió con motivo de que un amigo del diputado había sido víctima de una explosión por acumulación de gas en su zapatería, ubicada en un sótano en la calle Yi. Sin ser usuario de gas éste migró desde una fuga en la red y se acumuló en su negocio, cuando prendió una garrafa para calentar el agua para el mate sufrió el accidente.

Esta información se hacía pública en el marco de una medida de encadenamiento a la embajada de Francia durante 9 días, que se cerró con una resolución de la Junta Departamental de Montevideo exhortando a la Intendencia a realizar cateos en la red para identificar su estado.

Cuando estos se hicieron por parte del Servicio de Instalaciones Mecánicas se descubrió, mediante análisis metalográfico, que las cañerías estaban sumamente deterioradas. Incluso en uno de los puntos del cateo, en la Plaza Independencia, se descubrió una pérdida.
En este año quedaban despedidos los 7 dirigentes sindicales, con operativos represivos con la fuerza de coraceros como respuesta a la movilización donde el PITCNT y los trabajadores del gas solicitaban el reintegro de los compañeros.

2002 – Se concreta la entrada del gas natural a Uruguay desde Argentina, y comienza la conversión a dicho combustible del servicio en Montevideo. Desde la segunda mitad de los noventa los trabajadores denunciábamos que el «esquema del negocio» se montaba sobre bases falsas asentadas en la decisión de los organismos multilaterales de crédito y los gobiernos de la región de privatizar los servicios públicos.

Argentina iba a ser la gran exportadora de gas natural a la región (Chile y el sur de Brasil) y estos países los mercados consumidores. Uruguay quedaba en el tránsito entre Argentina y Brasil por ello formamos parte del esquema. Se sostenía que el primero tenía reservas por 30 años, pero eso era solo considerando el consumo interno con las reservas probadas que había descubierto YPF, ya que las multinacionales no invirtieron en nuevas exploraciones.

El gobierno liberal de derecha de Jorge Batlle sostenía que el gas natural iba a ser el 25% de la matriz energética, toda una revolución. Cuando nosotros, en función de información recibida de técnicos argentinos, demostrábamos que iba a ser un fracaso nos acusaron de ser «terroristas» que queríamos perjudicar el negocio y por eso mentíamos. Tres años después se comprobó que nuestras afirmaciones eran veraces, Argentina solo nos suministra un consumo mínimo a precios 10 o 15 veces mayor.

En 2005 se terminó la producción de gas manufacturado en nuestra planta y se suplantó completamente por gas natural importado desde Argentina. Por tanto perdimos totalmente cualquier independencia.

La coalición del Partido Nacional y el Partido Colorado a través de sus gobiernos fue la directa responsable de dejarnos en absoluta dependencia de Argentina.

Pero hubo una consecuencia más. Al deteriorado estado de las cañerías de hierro fundido se sumó que fueron hechas para un gas «húmedo» como el manufacturado. El gas natural «seco» llevó a que las juntas de las cañerías perdieran. Por tanto el 40% del gas que provenía de Argentina se fugaba al aire.
Esta denuncia también fue caracterizada como «una gran mentira de gente resentida». En 2006 Gaz de France reconoció que decíamos la verdad cuando traspasó el contrato a PETROBRAS.

2005 – Luego de 9 años de luchas continuas, y en el marco de una huelga de hambre y ocupación, el sindicato logra el reintegro de los dirigentes sindicales despedidos y el reconocimiento de la organización sindical de forma plena. El nuevo contexto político a partir del primer gobierno del Dr. Tabaré Vázquez, con un MTSS que dejó de ser cómplice de GAZ DE FRANCE, junto a la férrea y denodada voluntad de pelea de los trabajadores permitió este hecho histórico.

2006 – Los trabajadores del gas comenzamos a plantear la necesidad dec onstruir una Regasificadora como suministro alternativo a Argentina, transformar la matriz energética, fomentar el desarrollo productivo, elevar el nivel de vida de la población y crear puestos de trabajo genuinos.

La Regasificadora sería un componente esencial para terminar de dar sustento a la matriz energética, tanto como respaldo a la generación eléctrica (ya que los molinos no pueden cumplir tal función en caso de déficit hídrico prolongado que afecte la generación hidráulica) como valor agregado en sí mismo al posibilitar tener un combustible barato para las industrias, comercios y usuarios residenciales. Incluso en el presente el millón de BTU (unidad térmica británica) de gas natural licuado ha bajado de U$S 13 a U$S 5-6, por lo que la rentabilidad de la regasificadora ha aumentado.

Por otra parte es la única opción en el corto plazo para superar las dos trabas principales del gas natural en Uruguay, volumen y precio. Respecto al primero ya indicamos más arriba que Argentina nos pasa hasta 300.000 m3 por día debido a que su actual estado es de importadora neta de gas natural (sea desde Bolivia por ductos o gas natural licuado que gasifica en dos plantas regasificadoras) debido que su producción propia no le alcanza. El reservorio en Vaca Muerta, uno de los más grandes del mundo, está recién en fase de exploración y va a demorar no menos de 10 años ponerlo en producción mediante la tan cuestionada técnica del fracking por su impacto medioambiental, con una inversión multimillonaria.

Respecto al precio Argentina nos cobró en los meses de mayor consumo (junio – agosto de 2018) alrededor de U$S 18 el millón de BTU1, ya que nos factura de base el precio del GAS OIL. Tener gas natural regasificado a 10 dólares el millón de BTU iba a posibilitar una potencial rebaja sustancial de tarifas y costos.
Para poner un solo ejemplo de lo que significaría para la industria.

Cabe destacar que debido a acuerdos políticos de intercambio de energía con Argentina dicho país, pese a que por protocolo técnico debería cortar toda exportación cuando debe suspender el suministro interno a las industrias, no nos corta el fluido.

Este análisis implicaba la existencia de dos alternativas, o seguíamos dependiendo de las condiciones que se planteen en Argentina o se instalaba una Regasificadora que nos daba soberanía energética, apuntalaba el desarrollo productivo nacional y elevaba la calidad de vida de la población, incluyendo una rebaja sustancial del costo energético.2 Lamentablemente esta opción ha quedado descartada a comienzos del 2018 luego de varios intentos por parte del Gobierno del Frente Amplio, incluyendo el fracaso de la opción de que SHELL se hiciera cargo de construir y operar la planta.

2006 – PETROBRAS asume el control del paquete mayoritario de acciones de GASEBA, a la que en poco tiempo cambiará de nombre fantasía por MontevideoGas (actualmente PETROBRAS es la dueña absoluta de las acciones de la distribuidora de gas natural).

Bajo la administración del compañero Lula se produjo la renovación total de la red de hierro fundido, que como expresamos más arriba perdía por fugas el 40% del gas que se compraba en Argentina, y se pudo reconstruir un esquema de relaciones laborales que, más allá de las diferencias, fue consolidando la posibilidad de mejorar el servicio de gas al usuario reforzando con personal áreas estratégicas de la empresa, la recuperación de derechos de los trabajadores y la elevación de su nivel de vida.
Incluso se avanzó en un acuerdo para asociarse con la empresa petrolera estatal uruguaya ANCAP para gestionar el gas natural, firmándose un pre contrato en 2013.

2016 – Se concreta la destitución ilegítima de la Ex – Presidenta Dilma Rousseff y comienza un cambio en la política de PETROBRAS hacia Uruguay, en el marco de las políticas neoliberales de “shock” del gobierno encabezado por Temer contra el pueblo brasilero.

Dicha política no solo incluye un creciente deterioro en las relaciones laborales sino que se va instalando una política de desinterés por una gestión de calidad del servicio público lo que se expresa en una profundización de la pérdida de usuarios.

2017 – Se termina de consolidar la nueva política de PETROBRAS con el establecimiento de dos demandas arbitrales totalmente infundadas contra el Estado uruguayo por U$S 170.000.000, luego que el Poder Ejecutivo resolviera ejecutar la garantía asociada al pago del canon anual que no se pagaba a cabalidad por la empresa petrolera brasilera y que acumulaba casi U$S 7.000.000 de deuda.

Demandas infundadas porque se le reclama al Estado que no aseguró las condiciones para que la rentabilidad de la distribución de gas natural cuando en ningún lugar del contrato de concesión se establece que es aquel el que tiene que asegurar volumen o precio a la concesionaria, sino que se establecieron contratos con proveedores privados en Argentina hasta marzo de 2017.
En ese contexto la empresa procede a enviar a los primeros 25 trabajadores al seguro de paro, de un total de 51 (un 20% de la plantilla total), la congelación de salarios y el retiro de varias partidas laborales, así como la tercerización de áreas de trabajo como la atención telefónica de emergencia.

Luego de un duro conflicto, que incluye una huelga de hambre de 15 días, se logran suspender hasta el 30 de junio del 2018 los seguros de paro, pero se establece la congelación de los salarios y la aceptación parcial de reestructuras.
El tiempo de espera estaba asociado a la concreción o no de la regasificadora.

2018 – En febrero de este año se anuncia por parte del Poder Ejecutivo que la Regasificadora no va a realizarse por lo menos en unos años. La actitud de PERTROBRAS de desentenderse del Servicio Público de Gas Natural por cañería termina de consolidarse, la pérdida de usuarios continúa mes a mes (llegando a los 6.000 en forma acumulada), no hay planes comerciales ni de inversión. El único objetivo es ganar las demandas arbitrales y por ello toda la estrategia se reduce a generar las mejores condiciones para ello.

Una parte sustancial de la misma es el ataque a los trabajadores. En junio de este año el presidente de PETROBRAS URUGUAY, José Carrinho, reitera al Ministro de Trabajo y Seguridad Social que las distribuidoras de gas controladas por la multinacional deberían cerrar, pero que mientras eso no sucede deben proceder a un drástico recorte en materia laboral: seguros de paro, supresión de sectores de actividad, congelación salarial y denuncia unilateral de la mayoría de los convenios colectivos: (estabilidad laboral3, capacitación, subrogaciones, fueros sindicales, etc.).

A fines de agosto en una negociación tripartita en el Ministerio de Trabajo la empresa reafirma que enviará parte del personal al seguro de paro a partir de octubre, congelará los salarios y denunciará los convenios colectivos.

Si bien accede a tener un “mes de negociación” a pedido del gobierno, reitera que estas medidas son inevitables. Los trabajadores presentamos undocumento fundamentando el hecho de que la prestación del servicio al usuario requiere, para cumplir con niveles de calidad mínimos y con obligaciones contractuales y normativas de los organismos de contralor, de todo el personal actual.

El 28 de setiembre el Poder Ejecutivo presenta a PETROBRAS dos iniciativas económicas que redundaban en un ahorro monetario de U$S 400.000 a cambio de que no hubiera seguros de paro o despidos. En la primera semana de octubre la empresa primero contestó de hecho al enviar al seguro de paro a 21 trabajadores, tercerizando sectores enteros de actividad, y la denuncia unilateral de los convenios colectivos firmados con la empresa.

Luego procedió a formalizar su rechazo a procesar una salida negociada sobre la base de la propuesta del Poder Ejecutivo en una negociación tripartita. Lo cual es una flagrante contradicción con la propia solicitud de la empresa de que se produjeran este tipo de iniciativa para no tener que proceder a despidos o seguros de desempleo.

Esto motivó una nueva huelga de hambre entre el 16 de octubre y el 9 de noviembre, con acciones solidarias de varios sindicatos, organizaciones sociales, políticas, religiosas (con el apoyo explícito del Cardenal Daniel Sturla) y culturales. Incluyendo un paro general parcial del PITCNT con una inmensa movilización de 30.000 personas y un acto frente a PETROBRAS que contó con la presencia de representantes de sindicatos de la energía de Paraguay, Brasil y Argentina.

El 9 de noviembre se logró alcanzar un acuerdo que reintegraba a los compañeros al término de dos meses de seguro de paro y establecía dos mesas de negociación, una laboral y otra con el Ministerio de Industria, Energía y Minería sobre las condiciones de prestación del servicio público de distribución de gas natural. Ambas debían funcionar hasta el 31 de diciembre de 2018.

El año terminó sin mayores avances, los convenios siguieron denunciados, y arribamos a 19 meses de salarios y algunas partidas de carácter salarial congelados.

2019 – El año comienza con la asunción del nuevo presidente de corte fascista y política económica estrictamente neoliberal, Jair Bolsonaro. Lo que lleva a la reafirmación de parte de PETROBRAS de su estrategia, aumentando la conflictividad en todos los planos. Sigue planteando la “necesidad” de abatir la masa salarial, sea por la vía de la congelación de salarios o despidos. A través de diferentes mecanismos logra reducir 30 puestos de trabajo al no reponer los lugares de quienes se han ido jubilando en los últimos dos años, pero sigue sosteniendo que “aún no alcanza”.

A fines de enero se vota por los representantes del Estado y los trabajadores un nuevo convenio salarial en el Consejo de Salarios que establece aumentos mínimos. Como debía aplicarse el pago retroactivo de 6 meses primero el MTSS y luego los trabajadores propusimos no cobrarlo entero sino solo 3 meses como forma de que la empresa se sumara al acuerdo. PETROBRAS lo rechazó rotundamente.

El 11 de marzo la multinacional envía 20 trabajadores al seguro de paro, el tercer envió masivo en poco más de un años, y a principios del mes siguiente le suma el anuncio de 37 despidos directos, aún sin concretar, implicando la eliminación de sectores enteros de actividad como tomaconsumos, distribuidores de facturas, atención telefónica de emergencias, parcialmente la propia guardia de emergencia y la afectación sustancial de otros, junto a la aplicación masiva de terecerizaciones. Todo esto implica la eliminación del 25% del personal, aunque se anuncia solo como un “paliativo” que no impedirá más reducción del personal hasta llegar al “óptimo” de 50 trabajadores, es decir pretende eliminar dos tercios de los puestos de trabajo.

En el ínterin se hizo público el laudo arbitral del CIADI por la demanda arbitral que inició PETROBRAS respecto a CONECTA (la empresa que distribuye gas natural en algunos departamentos del interior del país y que gestiona la multinacional). El mismo confirmó una vez más que se quiere retirar del Uruguay con millones de dólares bajo el brazo.

Más allá de que el tribunal desestimó la solicitud, lo primero que pidió fue que naquel declarara “que la República Oriental del Uruguay incumplió el Contrato de Concesión de forma grave y reiterada” y al mismo tiempo que la empresa “tiene derecho a terminar inmediatamente el Contrato de Concesión, renunciando a la Concesión” (página 62 del Laudo Final). A la vez que solicitó que se condenara al Estado a compensarla por “las pérdidas y daños generados por sus incumplimientos (…) en una suma no inferior a US$ 57,07 millones, más los daños que se continúen generando en el futuro e intereses” (página 62 del Laudo)

El mismo pedido, aunque a un tribunal arbitral nacional, está solicitando para MontevideoGas. Pero en función del antecedente generado en CONECTA las partes involucradas prevén un fallo adverso similar.

El 3 de abril la empresa rechazó una propuesta del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, tendiente a darle solución transitoria al conflicto. La misma implicaba el reintegro de los compañeros en el seguro de paro al 1 de mayo y la conformación de una comisión tripartita para alcanzar una reestructura laboral con fecha máxima de funcionamiento al 31 de mayo. El sindicato la aceptó y PETROBRA la rechazó.

Frente a ello decidimos llevar a cabo una medida con pocos antecedentes en Uruguay, ocupar las instalaciones de MontevideoGas y establecer el control obrero de la gestión de la misma desplazando a la multinacional de la misma, a la vez que exigir el retiro de PETROBRAS de la concesión debido a los perjuicios que le está trayendo al país, los usuarios y la fuente de trabajo. A esta altura ya llegamos a tener 7.000 usuarios menos, por lo que de seguir al frente del servicio terminaremos con la destrucción del mismo.

La Justicia Civil, ante el recurso de amparo presentado por la multinacional, prohibió realizar dicha medida debido a que afecta la propiedad privada y la libertad de la empresa. Es decir, el derecho de la propiedad privada está por encima del derecho del servicio público y del derecho al trabajo. Resolvimos aplicar igualmente la medida dada la extrema gravedad de la situación que atravesamos, y a pesar de las amenazas de denuncias penales que profirió PETROBRAS a cada trabajador.

El 25 de abril, a la hora 06:00, concretamos el control obrero, que duró hasta las 18:30 de ese día, momento en que fuimos desalojados mediante orden judicial, pero habiendo tenido una gran repercusión en la opinión pública del Uruguay donde se estableció claramente el carácter del problema acuciante que se vive en el gas natural. También se expresó toda la solidaridad del PITCNT, a través de la presencia constante de su Secretario General, y de varios gremios de la actividad pública y privada, así como de vecinos y estudiantes.

El 27 de abril se produce un nuevo hecho que confirma la voluntad de retiro del país de PETROBRAS. Su presidente ejecutivo, Roberto Castello Branco, anunció que, en el marco de la venta de 40.000 millones de dólares en activos y la disminución de 4.500 puestos de trabajo en el propio Brasil, la empresa abandonará las 88 estaciones de servicio de combustible en Uruguay, y el comienzo de negociaciones con el gobierno para acordar la salida de la distribución del gas natural por cañería.

Sin embargo, esto no ha desembocado en dejar de insistir con seguros de paro y despidos. Por lo que la situación que se abre es claramente una necesidad de intervención directa del Poder Ejecutivo del Uruguay a través del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Dicha cartera, es la que jurídica y políticamente tiene la responsabilidad de velar por la continuidad y calidad del servicio público.

La intervención que reclamamos tiene el objetivo de establecer como condición de las negociaciones para el retiro ordenado de PETROBRAS la protección de los usuarios y la fuente laboral como una unidad común. En una empresa que brinda servicios y que ha pasado de 205 trabajadores a 164 en dos años debido al plan de retiro de los trabajadores jubilables ya no hay espacio de seguir reduciendo sin terminar de jaquear el correcto servicio al usuario, el que continuará yéndose de a centenares por mes debido a la baja de la calidad del mismo, en un círculo vicioso que no se detendrá.

Lamentablemente el Ministerio ha mostrado una actitud totalmente prescindente de su responsabilidad, aduciendo que “ni puede ni va a hacer nada” porque la empresa privada tiene el derecho de echar a quien quiera, desconociendo las obligaciones emanadas del Contrato de Concesión. El 30 de abril nos vimos obligados a instalar la tercera huelga de hambre pero frente a dicha cartera ministerial exigiendo un cambio de actitud en el gobierno.

La central única de trabajadores, PITCNT, ha dejado claro en el acto del 1º de Mayo que no se mantendrá ajena a este conflicto y en caso de haber despidos iba a resolver medidas de lucha en solidaridad, cosa que efectivamente hizo. El Frente Amplio, partido de gobierno, ha optado por intervenir directamente ante el Poder Ejecutivo en la búsqueda de soluciones, sin que se hayan producido resultados concretos hasta ahora.

El conflicto se ha agravado con el despido de 7 compañeros que estaban en el seguro de paro y la confirmación por parte de PETROBRAS ante el Presidente (Fernando Pereira) y el Secretario General (Marcelo Abdala) del PITCNT que no solo no iba a echar para atrás con esos despidos sino que necesitaba reducir el costo laboral equivalente a 23 puestos de trabajo más.

El lunes 13 de mayo, el órgano máximo de decisión del movimiento sindical, la Mesa Representativa, ha votado por la unanimidad de los 44 miembros un paro general parcial de 09:00 a 13:00 para el miércoles 22 de mayo, con una movilización hasta la sede de MontevideoGas – Grupo Petrobras en Plaza Independencia donde se realizará un acto en repudio a la acción de la multinacional y se entregará una misiva al presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez que establece la visión de los trabajadores uruguayos respecto na las características que debe asumir en lo inmediato una posible solución.

Las que se resumen en:
1. Dejar sin efecto los actuales despidos y descartar otros futuros.
2. Establecer una comisión tripartita que acuerde una reestructura laboral con un plazo de funcionamiento adecuado a la transición hacia el retiro de PETROBRAS.
3. Todos los trabajadores con causal jubilatorio podrán optar por seguir trabajando o acordar el retiro voluntario individual con la empresa.

Esta propuesta fue contestada políticamente por la empresa en la mesa tripartita de negociación colectiva convocada por el MTSS el 14 de mayo. Fue clara y contundente al anunciar que en represalia por haber llevado a cabo el control obrero se aplicarán 53 suspensiones de 14 días con apercibimiento de despido y 4 despidos directos. Esto es, eleva la espiral de confrontación con el país mediante un lock out patronal que implica, junto a las demás medidas anunciadas, echar por tierra a 94 puestos de trabajo de 164 (el 60% de la plantilla laboral), lo que afectará seriamente al servicio público y sus usuarios ya que no puede haber seguridad de que pueda prestarse correctamente.

El viernes 17 de mayo se anunciaron que el lunes 20 comenzaban a ejecutarse los despidos y suspensiones. Lo que ha dejado en todas las áreas menos personal del necesario para prestar los servicios, incluso en los casos de reposición de gas a los hospitales y sanatorios (1 oficial de guardia debe estar para atender todo lo que se produzca de interrupción del suministro las 24 horas del día, un tercio de los tomaconsumos que provocará miles de facturas estimadas, un quinto de los telefonistas del call center que producirá que cientos de llamadas queden sin atenderse, etc.)

También implica una represión antisindical brutal, porque es un ataque directo a la propia continuidad de la organización ya que todos los involucrados en los despidos o semidespidos por el control obrero son miembros de la misma, dirigentes, delegados de sector y el activo militante.

Síntesis final…por ahora

La resolución de este largo y azaroso itinerario pautado por las consecuencias de las acciones de la empresa privada al frente de un servicio público y la connivencia o no de los diferentes gobiernos con ella tiene que ver en el mediano plazo con la asunción directa del servicio público por parte de éste. Sin embargo esto no parece probable de concretar en lo inmediato debido a los propios tiempos de la negociación entre las partes y a los debates que a todo nivel se generan respecto al futuro del servicio, más allá de que exista un marco jurídico ya creado que puede ser utilizado (ley 14.142).

Para la empresa está claro que o se la deja ir en lo inmediato o se la deja proceder a arrasar con los puestos de trabajo y la organización sindical. Esto no es más que la aplicación del más puro neoliberalismo del gobierno de Bolsonaro, que también encuentra una forma de generar el máximo de conflictividad posible con el Uruguay a través de una empresa aún controlada por el Estado brasilero.

En el cortísimo plazo urge resolver el problema de los puestos de trabajo, que están directamente vinculados a la capacidad de dar un correcto servicio al usuario de gas natural, para evitar la continuidad de la pérdida de los mismos. Lo que impone que el Gobierno establezca ante la multinacional que para acordar el deseado retiro de la concesión sin reclamaciones de una u otra parte deben desestimarse los despidos actuales y futuros y acordar una reestructura laboral.

Muchas variantes están sobre la mesa, desde la coyuntura regional con una contraofensiva del imperialismo yanqui que encuentra aliados en los gobiernos de la derecha restablecida, y por los que tanto hizo, incluyendo el fascismo de Bolsonaro, hasta el proceso político en Uruguay. Lo que se ha mantenido firme y unido ha sido el movimiento sindical en general, que ha resuelto enfrentar la política de aquel con relación a un sector energético reducido al día de hoy, pero que gracias a la lucha de los trabajadores adquiere una relevancia práctica y simbólica mucho más allá de ello.

El desafío es seguir convirtiendo dicha lucha en algo de carácter nacional y popular para que vastos sectores de la población puedan generar la suficiente correlación de fuerzas que permita al Poder Ejecutivo posicionar ante PETROBRAS una solución sin despidos ni eliminación de la organización sindical.

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