Publicado en: 25 mayo, 2017

Noticias Uruguayas 25 mayo 2017

Por Colectivo Noticias Uruguayas

Uruguay: Aumentó el desempleo en marzo, se ubicó en 9%. En las mujeres llegó a 11,5% // PIT-CNT define características de movilización y paro del miércoles 21 de Junio // La escalada del terror por Samuel Blixen

Orígenes y vigencia del pensamiento político de Fidel por Fernando Martínez Heredia // Venezuela: Endosar a Maduro crímenes de lesa humanidad cometidos por la oposición venezolana: como en Libia, ¿la intervención está servida? // Guatemala: Campesinos e indígenas exigen la renuncia de Jimmy Morales // Brasil: En protesta contra el gobierno, #OcupaBrasília reúne más de 150 mil personas // Forças Armadas cercam Planalto; ministro da Defesa anuncia chegada de novas tropas // Temer reprime con el ejército a las protestas // Temer envía al Ejército a las calles contra protestas // TV Globo reconoce que divulgó información falsa sobre cuentas extranjeras de Lula y Dilma // Uruguay: Aumentó el desempleo en marzo, se ubicó en 9%. En las mujeres llegó a 11,5% // PIT-CNT define características de movilización y paro del miércoles 21 de Junio // La escalada del terror por Samuel Blixen

URUGUAY

Aumentó el desempleo en marzo, se ubicó en 9%. En las mujeres llegó a 11,5%

La tasa de desempleo aumentó en marzo con respecto al mes inmediato anterior, al pasar de 8,2% a 9% en todo el país. En el caso de las mujeres la cifra se ubicó en 11,5%, mientras que en los hombres fue de 6,9%

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El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) presentó este miércoles 24 de mayo su informe mensual sobre “Actividad, empleo y desempleo”.
El período de referencia sobre el cual se brinda información corresponde a marzo y al primer trimestre de 2017.
En tal sentido, según el INE, la tasa de desempleo en marzo para el total del país se ubicó en 9%,un valor superior al de febrero (8,2%) y también con respecto a marzo de 2016 cuando fue 8%.
En Montevideo, en marzo de 2017, el desempleo se estimó en 10,1% y en el interior del país en 8,2%.
En cuanto al desempleo por sexo para el total del país, en los hombres se ubicó en marzo en 6,9%, y en las mujeres alcanzó al 11,5%.
Asimismo, en el estudio estadístico se hace referencia al trimestre enero-marzo.
En dicho período, la estimación puntual de la tasa de desempleo se estimó en 8,5%, valor superior en 1% al calculado para el trimestre octubre-diciembre (7,5%), y 6 décimas con respecto a igual período de 2016 (7,9%).
La apertura de este indicador por grandes áreas geográficas permite indicar que mientras en Montevideo la estimación puntual del desempleo fue de 8,6% en el interior alcanzó el 8,4%.
En el trimestre enero-marzo para el desempleo se ubicó en 6,9% en los hombres y en 10,4% para las mujeres.
Los porcentajes de desempleo entre las personas de 14 a 24 años de edad son superiores a la del resto de los tramos considerados. Entre los más jóvenes la tasa específica de desempleo alcanzó el 25,9%, entre los de 25 a  39 años se ubicó en 7,4%, entre los de 40 a 60 años en 4% y de 61 años y más 2,4%. Esta situación se da independientemente al sexo que se considere.

Actividad y empleo en marzo

Por otro lado, en el informe del INE se indica que en marzo la estimación puntual de la tasa de actividad para todo el Uruguay se ubicó en  63,7%, valor superior al estimado en el mes anterior (63,4%) e inferior al calculado para el mismo período del año 2016 (64,6%).
La tasa de empleo en marzo se ubicó en 58%, lo que marca una diferencia de 0,2 puntos porcentuales con respecto al mes anterior (58,2%) y de 1,4 puntos porcentuales con el calculado para similar período de 2016 (59,4%).
En Montevideo, la estimación puntual de la tasa de empleo se estimó en 59,7%, en tanto para el interior en 56,8%.
Las variables consideradas para estudiar las condiciones de la población ocupada, muestran los siguientes valores en marzo de 2017: “Subempleo 9,2%, No registro a la seguridad social 26,4 %; Empleo sin restricciones 71,1%”.

 


 

Mesa Representativa del PIT-CNT define características de movilización y paro del miércoles 21 de Junio

23May
AFUSEC
Marcelo Abdala, Secretario General del PIT-CNT, le informó al Portal que el Secretariado Ejecutivo resolvió impulsar la realización de un paro de 9 a 13 horas en el área metropolitana el miércoles 21 de junio. Para definir las características de la movilización y dar la discusión del paro se reunirá el miércoles 7 de junio en la sede de la central, ubicada en Jackson 1283, a partir de las 10 horas la Mesa Representativa Nacional Ampliada (MRNA).

El dirigente de la central obrera destacó que la propuesta de llevar adelante el paro con movilización “es una resolución política e integral y que apunta a tomar la iniciativa del movimiento obrero en una serie de reivindicaciones claves. En primer lugar definimos una plataforma, la cual se puede enriquecer. Planteamos la necesidad de que funcione el ámbito de negociación tripartito a fin de generar trabajo de calidad; tomamos en cuenta las perspectivas de inversión pública y privada; el sistema de compras públicas; y la formación profesional”.
Abdala agregó que también “reclamamos que el movimiento sindical sea un actor relevante a la hora de la discusión Presupuestal. En este sentido, teniendo en cuenta la realidad, nos vamos a mover para que el Presupuesto tenga conexión con los objetivos del desarrollo nacional y que el sistema político pueda elaborar un Presupuesto que tome en cuenta: la educación; el Sistema Nacional de Cuidado; la vivienda; la salud; entre otros puntos”.
A estos planteos se le suma la defensa de la ley de negociación colectiva y el reclamo de más avances legislativos a través de leyes que contemplen lo social y lo laboral. “Todo esto está enfrentado a la queja de las patronales ante la OIT en rechazo de la negociación colectiva y el derecho a huelga. Lo que se debe tener presente que la negociación colectiva en el mundo del trabajo es un elemento más de la democracia, ya que permite asociar el crecimiento al desarrollo de la vida de los trabajadores. Además, beneficia a las grandes mayorías nacionales ya que, a modo de ejemplo, los jubilados ajustan por el Índice Medio de Salario (IMS). Por esta razón vuelvo a repetir que la queja de la patronal le hace mal al país, es irresponsable y va en contra de las grandes mayorías del pueblo”.
Próximas reuniones
El PIT-CNT ya resolvió realizar el jueves 1° de junio un encuentro de Direcciones Nacionales; el miércoles 7 de junio se reunirá la MRNA para definir si el miércoles 21 de junio se lleva adelante una medida de carácter nacional, la cual incluye un paro de 9 a 13 horas en el área metropolitana.


Paro de judiciales contra la violencia y en repudio del homicidio de trabajadora

23May

AFUSEC

En el marco del paro de 24 horas de los trabajadores del Poder Judicial por el asesinato de la alguacil Susana Odriozola, la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay se pronunció en favor de la reflexión ciudadana contra la violencia. El paro se desarrolla con el mantenimiento de algunos servicios mediante guardia gremial y es “en rechazo y repudio” del homicidio de la trabajadora judicial de San José.

El secretario general de la AFJU, Eduardo Silveira, explicó al Portal que como trabajadores se sienten en la necesidad de “acompañar el dolor” de la familia y compañeros de trabajo.
El caso de Odriozola llamó la atención inmediata de la AFJU porque además de ser alguacil era hermana de una jueza “por eso también rápidamente sacamos el comunicado en el que adelantamos que hoy nos concentraríamos frente a la Suprema Corte de Justicia” agregó Silveira.
Según explicó el dirigente de la AFJU, “la actividad del funcionario judicial no se limita a quedarse sentado en una oficina, por ejemplo, los alguaciles son quienes representan al juez en la calle, cuando el juez decreta un lanzamiento, desocupación o lo que sea, quien lo lleva es el alguacil, como era el caso de esta compañera asesinada”. En este sentido, destacó que “muchas veces la gente no entiende el rol del trabajador que es ser alguacil, y hay que explicarle con mucha paciencia y algo de psicología, cuál es nuestro trabajo”.  Silveira reconoció que “si bien no todo el mundo reacciona de igual manera, es una tarea compleja”. De acuerdo a la realidad laboral de estos trabajadores judiciales, el dirigente dijo que se han producido algunos casos de violencia hacia ellos, “por lo que está bueno como sindicato que denunciemos nuestra preocupación, no admitimos violencia hacia ningún trabajador de ningún sector”.
Consultado sobre casos de violencia que se han experimentado dentro de juzgados con desacatos y actitudes violentas, especialmente en los juzgados de familia especializados que atienden las denuncias por violencia doméstica, el secretario general de la AFJU dijo que existen “con cierta frecuencia pero no estoy diciendo con esto que seamos víctimas de algo generalizado, pero simplemente se han dado algunos casos aislados, éste de San José particularmente es muy significativo y en función de ello, y como forma de evitar que en el futuro se produzcan hechos similares creemos que es importante denunciarlo”. Silveira agregó que “si los sindicatos paramos por temas salariales o cuestiones económicas nos parece que cuando está en juego la vida de un trabajador también nos tenemos que sensibilizar en algo que es reivindicar la vida, el respeto al trabajo, por la gente y las personas”.
Sobre el dictamen judicial sobre el caso Odriozola, el secretario general explicó que la primera lectura de lo sucedido fue focalizar en lo extraño del caso. “Nos pareció muy raro todo y en función de eso se actuó y se emitió el comunicado el día sábado y se concurrió a San José al sepelio de nuestra compañera; por todo ello fue que se propuso esta medida que estamos desarrollando en el día de hoy a modo de reflexión”.

Contexto

La AFJU se había pronunciado el pasado fin de semana en relación al homicidio de Susana Odriozola señalando que “el móvil no fue un robo, pues se le disparó en forma mortal sin tocar sus pertenencias”. Entonces, se convocó al paro de 24 horas de la presente jornada y a la concentración frente a la SCJ “llevando una flor cada uno en homenaje a la compañera”.

 


Hoy se reúne el sindicato del gas por situación de Petrobras

La Unión Autónoma de Obreros y Empleados de la Compañía del Gas informó que hoy a las 11.00 hará una Asamblea General de carácter “grave y urgente” en su local sindical, ubicado en Convención 1131, entre Maldonado y Durazno. El motivo es la profundización de la “grave situación que atraviesa el servicio público de gas natural con motivo de la, a esta altura, insostenible gestión de MontevideoGas y Conecta por parte de Petrobras”.
En el comunicado se señala que “el no pago del canon anual llevó a que luego de mucho tiempo se acumulara una deuda” de 6.831.968 dólares, “por lo que el Poder Ejecutivo decidió cobrar la garantía depositada por la empresa para tal fin, que alcanza un monto” de 3.000.000 de dólares. Para seguir con la concesión debe reponer una garantía de igual monto, que tampoco alcanzará, explican.

Profesores de Montevideo tendrán dos semanas para participar en elecciones de su sindicato

Desde mañana y hasta el sábado 3 de junio se realizarán las elecciones de autoridades de la filial de Montevideo de la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria (ADES Montevideo). Este año se presentan tres listas, pero no serán las mismas que lo hicieron en las elecciones de 2015. Repetirán la 1 y la 1996 (que actualmente tienen tres y dos cargos en la Comisión Directiva, respectivamente, de un total de siete miembros), pero no se presentará la 68 (que tiene los dos cargos restantes, entre ellos el de Julio Moreira, secretario general del gremio). En cambio, aparecerá por primera vez la 1871, una nueva agrupación, denominada Comuna Pedagógica, integrada por militantes del sindicato que no pertenecían a ninguna otra corriente. Por primera vez, la comisión electoral organizó la elección en dos semanas; se podrá votar en varios liceos y también en el local sindical (hay un calendario con lugares y horarios en adesmontevideo.uy).
Las tres agrupaciones se manifiestan en contra de la “mercantilización” de la educación y de la implementación de contratos de participación público-privada (PPP) en la educación, reclaman un salario de ingreso de media canasta familiar (36.000 pesos) y que se reconozcan las horas de trabajo no presenciales que tienen los docentes. También piden que se llegue a 6% del Producto Interno Bruto para la educación, la construcción de centros educativos y la creación de cargos. Se plantea algún matiz, por ejemplo, en la cantidad máxima de estudiantes por grupo: la lista 1 plantea que los grupos deberían tener un máximo de 25 estudiantes, mientras que la 1996 baja el tope a 20. Además, la lista 1 plantea trabajar por una bonificación de 50% en el boleto para los docentes.
Pero quizá la mayor diferencia sea táctica. La lista 1 presenta como primer candidato a la Comisión Directiva a Alejandro Sosa, y entre sus integrantes se encuentra Emiliano Mandacen, presidente de ADES desde hace seis años -que en esta elección es candidato a integrar la Comisión Fiscal-, y Néstor Pereyra, ex integrante del Consejo Directivo Central (Codicen) en representación docente. En su presentación aseguran que se proponen fortalecer el sindicato “como parte del PIT-CNT y el bloque democrático radical de los cambios”. En la plataforma se afirma que la lista no comparte “la concepción de que luchar es igual a tomar ciertas medidas, como el paro ante cualquier circunstancia y la huelga casi como fin en sí mismo, como si avanzar en la educación pública y los derechos de los trabajadores supusiera exclusivamente un problema de qué medida se adopta y cuánto se puede sostener”. La lista propone pasar “a la ofensiva con la propuesta política-educativa de enseñanza media” de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria.
En cambio, la lista 1996, que encabeza el actual integrante de la directiva Luis Martínez, focaliza su propuesta en el marco de las movilizaciones por la Rendición de Cuentas, y asegura que en esta etapa se deberá “extremar nuestro esfuerzo militante, ganar las calles, desafiar la represión y el conformismo y ligarnos al pueblo trabajador”. A la vez, defiende la “independencia sindical” y reivindica que en estos años “no hemos vacilado en proponer, llevar adelante y acompañar hasta las últimas consecuencias las medidas de lucha aprobadas por el sindicato, en defensa de la educación pública y estatal”.
Por su parte, la lista 1871, que es encabezada por Soledad Roselli, pide en su presentación evitar “interrogantes dicotómicos” como “¿Huelga sí? ¿Huelga no?”, y en cambio, propone construir un plan de lucha que “no descarte ni impulse a priori ninguna medida”, aunque asegura que la huelga “constituye una herramienta fundamental de la clase trabajadora”.
Mandacen explicó que ADES tiene más de 5.000 afiliados y que cerca de 4.000 están habilitados para votar.

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La escalada del terror

Foto Aurelio González

La agresión terrorista de la dictadura alcanzó a lo largo de 1976 un nuevo nivel de criminalidad cuando a los delitos de lesa humanidad los represores sumaron dos innovaciones: las extradiciones clandestinas masivas, y los asesinatos masivos. Los crímenes del 20 de mayo, ordenados por el Cosena, pretendieron abortar cualquier proyecto de salida política.
por Samuel Blixen

20 Mayo, 2016  Edición 1591, Especial 1976

Por enero de 1976 Juan María Bordaberry tuvo un espasmo ideológico que meses después le costó la Presidencia de la República. Fue un impulso estéril y poco meditado, como aquella convocatoria del verano de 1973 que aspiraba a reunir al pueblo en la plaza Independencia para revitalizar su mando. Al llamado respondieron 16 personas, más los periodistas. El vacío de pueblo, cuando pretendía sofrenar los desplantes de generales y coroneles, obviamente lo arrojó en brazos de los mismos militares. El presidente-estanciero estaba decidido a mantenerse a cualquier costo en el cargo, que había ganado con el 22,81 por ciento de los votos como candidato más votado de los seis postulantes del Partido Colorado. Que “el pueblo” estuviera algo “confuso” se infiere del hecho de que el Partido Nacional perdió aquellas elecciones de 1971 por una fracción mínima, 0,77 por ciento. Con un alto grado de pragmatismo, Bordaberry sustituyó al pueblo por soldados y concurrió a los cuarteles de la Fuerza Aérea en Boiso Lanza para decir que sí a todo lo que emanara de los altos mandos.
De hecho, Bordaberry estaba en casi todo de acuerdo con la voluntad de los militares que, como un jovencito que aprende a conducir un auto, avanzaban a las sacudidas en la administración del país y del terror. El presidente constitucional y sus generales custodios coincidían sin fisuras en la concepción económica que uniformizaba a todo el continente en un neoliberalismo salvaje, y no tenían reparos en aceptar la formula importada según la cual había que cortar de raíz cualquier elemento social que provocara una distorsión en el comportamiento fluido del mercado, fuera aquél sindicalistas, políticos o guerrilleros. El ingeniero Alejandro Végh Villegas, que ya había actuado en el gabinete de Jorge Pacheco Areco, se incorporó al de Bordaberry en 1974 para impulsar una receta que nadie osaría contradecir.
Bordaberry vivía en la gloria codeándose con el chileno Augusto Pinochet, con el paraguayo Alfredo Stroessner, con el brasileño Ernesto Geisel, con el argentino Jorge Rafael Videla, y participando –con menos poder que sus colegas– en la trasnacionalización de la represión, el Plan Cóndor, que antes de ser bautizado ya había sobrevolado las fronteras. Pero aquel hombre que encarnaba una excepción envidiable, la “bordaberrización”, es decir, la dictadura militar con un presidente constitucional, no supo contenerse: seguramente con tanto acto patriótico y tanto abrazo trasnacional olvidó la precariedad de su situación, creyó que gobernaba, confundió la apariencia con la realidad y en enero de 1976 le entregó a los mandos militares un documento que plasmaba su más íntimo pensamiento sobre el Uruguay del futuro.
A los generales, que venían imponiendo la orientalidad a punta de picana, se les pararon los pelos de punta: Bordaberry –que siempre mantuvo su vínculo con el carlismo español– proponía un sistema corporativo de organización social e institucional que sustituyera al viejo sistema electoral y representativo. En pocas palabras: proponía un régimen fascista que eliminara los partidos políticos, a los tradicionales y al advenedizo; no lo decía, pero se reservaba para él el papel de Duce, seguramente bendecido por el Opus Dei.
Fue así que el 12 de junio de 1976 “invitaron” a Bordaberry a retirarse de la Presidencia, en función de dos discrepancias sustanciales con la propuesta fascista: los partidos políticos tradicionales cumplían un rol esencial en la vida de la nación (aunque estaban prohibidos, y lo seguirían hasta 1984); y dos, el voto popular era auténtica expresión de la soberanía (aunque “el soberano” sería convocado recién en 1984).
El último vestigio de las elecciones de 1971 quedó eliminado con la destitución de Bordaberry, desmonte que él mismo había comenzado en junio de 1973 al firmar el decreto de disolución de las cámaras. En su fascismo de biblioteca, aquel admirador de Franco no advirtió que con su propuesta había otorgado a los militares la carta que les permitiría mantener el apoyo de los políticos, los que permanecieron en el Consejo de Estado y los que explotaban vías discretas de contacto extraoficial. De esa forma, con la hegemonía de la voluntad militar, 1976 se convirtió en el apogeo del aquelarre del terror.
CORTAR DE RAÍZ. De todos los colaboradores de Bordaberry, el que más influencia tenía (junto con el canciller Juan Carlos Blanco) era el ministro de Hacienda, Végh Villegas. A diferencia de Juan Carlos Blanco, Végh no compartía los sueños fascistas de Bordaberry, porque creía en la evangelización del capital trasnacional. Y advertía, además, que la espiral terrorista seguiría ascendiendo, a menos que, con el pretexto constitucional, se convocara a elecciones en noviembre de 1976, según el cronograma legal. Sus contactos con políticos de partidos tradicionales que permanecían en el país, y con dirigentes políticos exiliados en Buenos Aires, sondeando la posibilidad de impulsar una salida, apresuraron algunos planes de los generales: los asesinatos de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz (y probablemente el de Wilson Ferreira Aldunate) fueron aprobados en abril de 1976, en una reunión del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), de la que participaron los miembros de la Junta de Comandantes y algunos ministros.
La medida tenía como objeto abortar cualquier esperanza de una transición con llamado a elecciones nacionales. Los tres políticos exiliados (y en especial Michelini, por su pasado colorado) eran capaces de concentrar las adhesiones necesarias para una transición. Con su muerte se descabezaba a la verdadera oposición y a la vez se sepultaba cualquier riesgo.
La decisión de asesinar a los exiliados notorios (que cumplía además con el objetivo de cortar de raíz una actividad de denuncia de las atrocidades de la dictadura que se expandía por todo el mundo y que amenazaba con cortar el apoyo y la ayuda financiera de Estados Unidos) contaba con el respaldo de la flamante dictadura militar argentina, aunque la represión contra uruguayos exiliados en Argentina había tenido un importante sostén en la presidencia de Isabelita Perón.
Con el respaldo de los aparatos de inteligencia y de seguridad se planificaron varios secuestros, algunos de los cuales no revelaron, al principio, el papel que jugaban en el esquema. El 13 de mayo secuestraron de su casa en Buenos Aires a Rosario Barredo y William Whitelaw; el 18 de mayo intentaron secuestrar a Wilson Ferreira; esa misma madrugada secuestraron a Michelini y a Héctor Gutiérrez Ruiz; y el 19 de mayo secuestraron a Benjamín Liberoff. En todos los casos operaron comandos argentinos y uruguayos. Los secuestros de Barredo y Whitelaw, ex tupamaros, persiguieron el objetivo de señalar a Michelini y a Gutiérrez Ruiz como “sediciosos”; de ahí que sus cuerpos aparecieran junto a los de los dos políticos en un mismo auto. Liberoff, que había sido expulsado de Uruguay por la dictadura, permanece desaparecido, aunque testimonios indican que estuvo prisionero en Automotores Orletti.
La responsabilidad de los más importantes jerarcas de la dictadura uruguaya en los asesinatos consumados y frustrados de mayo de 1976 en Buenos Aires fue sospechada un día antes de la aparición de los cadáveres cuando, a pedido de Wilson Ferreira, asilado en la embajada de Austria, el dirigente radical Raúl Alfonsín (quien después sería presidente de Argentina) habló con el ministro del Interior argentino, general Albano Harguindeguy. El ministro le confirmó a Alfonsín que el gobierno uruguayo los reclamaba porque “cometían desastres y desórdenes”, y “eran subversivos”. Pero fue en la década del 90 cuando el entonces senador blanco Alberto Zumarán confirmó que la decisión del Cosena, de asesinar a los políticos exiliados, fue revelada al arzobispo de Montevideo, Carlos Partelli, por un participante de aquella reunión, el brigadier Dante Paladini, entonces comandante de la Fuerza Aérea.
Los asesinatos de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Barredo, Withelow y Liberoff abrieron las compuertas de la represión trasnacional y también las puertas de Automotores Orletti, el centro clandestino de detención usado por el Plan Cóndor. Pero en Uruguay, 1976 fue la culminación de un pico represivo que había comenzado en 1975 contra tupamaros en Argentina, con el Operativo Conejo, una emboscada de militantes recién llegados de Buenos Aires; y con la Operación Morgan contra el Partido Comunista y a lo largo de 1976 contra la Ujc. La oleada de 1976 comprendió también la desaparición de dos militantes del Pcr en Buenos Aires; la detención y asesinato de Hugo Méndez, dirigente de los Gau, también en Buenos Aires, en junio, y la muerte de la militante tupamara Norma Scópice en noviembre de 1976.
Un capítulo aparte es la represión, en Argentina y Uruguay, desatada contra el Partido por la Victoria del Pueblo (Pvp) en 1976, que incorpora dos nuevos fenómenos del terrorismo de Estado: las extradiciones clandestinas de grupos grandes desde Argentina y las desapariciones masivas de prisioneros. Cuando en junio de 1976 la maestra Elena Quinteros, militante del Pvp, era secuestrada en los predios de la embajada de Venezuela, interrogada y torturada en el llamado Infierno Grande, en predios del Batallón 13 de Infantería, y finalmente asesinada, en Argentina cerca de 30 militantes del Pvp eran sistemáticamente torturados en Automotores Orletti. Después de fracasadas las gestiones de los oficiales uruguayos que operaban en Orletti, que pretendieron extorsionar a organizaciones sindicales de Europa para canjear por dinero a León Duarte y Gerardo Gatti, dirigentes de la Cnt, 23 militantes del Pvp fueron trasladados clandestinamente a Montevideo en lo que se llamó el “primer vuelo”. Los extraditados conservaron la vida, porque los mandos militares necesitaban “mostrarlos” ante la prensa extranjera como guerrilleros que invadían el país, en un esfuerzo por mantener la ayuda militar y financiera estadounidense, que el congresista Edward Koch amenazaba con retirar mediante una enmienda parlamentaria, a raíz de las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos. (A imagen y semejanza del asesinato de ex canciller Orlando Letelier a manos de la Dina chilena, el Sid uruguayo proyectó el asesinato del congresista Koch; el mayor José Nino Gavazzo debía trasladarse a Washington para perpetrarlo, pero el Departamento de Estado nunca otorgó la venia diplomática para que Gavazzo se incorporara a la embajada de nuestro país como agregado militar.)
Una segunda extradición clandestina masiva de prisioneros del Pvp se verificó en octubre de 1976. Pero los 27 integrantes de ese “segundo vuelo”, a diferencia de la extradición anterior, nunca más aparecieron; fueron asesinados en Uruguay y sus cuerpos enterrados en cementerios clandestinos.
El horror de aquel 1976 culminó con la desaparición definitiva de María Claudia García de Gelman, la joven argentina que fue traída a Uruguay en el segundo vuelo (aunque no tenía ninguna vinculación con alguna organización uruguaya) a los solos efectos de robarle el bebé que daría a luz un mes después. 1976 fue también el año de la apropiación de niños (además de Macarena, Simón Riquelo, los hermanos Julien, y el robo de los tres hijos de Rosario Barredo (Gabriela, hija del militante del Mln abatido en 1972 Gabriel Schroeder, y María Victoria y Máximo, hijos de su segundo esposo, William Whitelaw, abortado por la corajuda intervención del abuelo, Juan Pablo Schroeder; véase entrevista y carta en páginas 6 y 7).
Tanto el robo de menores como las extorsiones, el hurto de dinero, las torturas salvajes, las violaciones a prisioneras, las ejecuciones sumarias y las desapariciones no eran novedad para los represores uruguayos, pero se multiplicaron después de que tomaron a los argentinos como modelo.

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