Noticias Uruguayas 24 abril 2015

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URUGUAY

El TISA en la mira de la justicia

por Antonio Elías
Publicado en el Semanario “Voces”, Montevideo, el 23 de abril de 2015.
ALAI AMLATINA, 23/04/2015.-  “Sí el colapso que los condicionamientos provenientes de un poder económico multinacionalizado… no consigue superarse, el espacio de la política socio-económica del Estado quedara acotado en desmedro de derechos primarios de los seres humanos, arrasados por el furor lucrativo y transgresor de la globalización económica.” (1)

En los análisis que hemos realizado hasta el momento sobre el TISA el hincapié fundamental estuvo en las características del acuerdo, los procedimientos utilizados por el gobierno y los impactos económicos. En esta nota se fundamentan las graves implicancias de este acuerdo sobre la democracia y la soberanía nacional desde un punto de vista jurídico.

En efecto, el 13 de abril el Ministerio Público, a través del Fiscal  Enrique Viana pidió  el diligenciamiento de una medida preparatoria, previa a deducir eventual demanda en defensa de la Soberanía Nacional y la República contra el Ministerio de Relaciones Exteriores por su participación en las negociaciones del Trade in Services Agreement (TISA). (2)

Dice el fiscal que en dicho acuerdo participan una pluralidad de Estados en equívoca conjunción con poderosos intereses económicos y financieros de grandes corporaciones privadas fuera de la potestad de las naciones. La negociación de este acuerdo se realiza en forma secreta lo que la vuelve “en primer lugar, antidemocrática y que consentir la confidencialidad de la negociación de un Acuerdo como el TISA, es reconocer de antemano su antijuridicidad, por aquello que solo se oculta lo que avergüenza o lo que daña a otros”.

En cuanto al contenido del acuerdo, destaca que las cláusulas de blindaje, de estabilidad, de seguridad jurídica o de congelamiento del Derecho y también las cláusulas de prórroga de jurisdicción “entrañaría para la República Oriental del Uruguay múltiples condicionamientos de la voluntad de sus Tres Poderes…significaría permitir el atentado contra la Soberanía Nacional y la República y con más la violación del axioma de igualdad ante la ley.”

Destaca el Fiscal en su escrito: “que la Soberanía Nacional y la República no consisten en que los servicios de ANCAP, UTE u OSE sigan siendo estatales. Mucho antes que eso, que un Estado-Nación sea tal, soberano y republicano, presupone que ese Estado siempre pueda decidir libremente sobre su destino, sin ataduras o condicionamientos ajenos. Todo lo contrario a ello es que, con el propósito que sea, un Estado anticipadamente entregue las decisiones cruciales de sus Tres Poderes a un poder privado extranjero y anacional. Eso ocurre con Acuerdos como el del TISA”.

En la demanda se afirma que el TISA es “una expresión más de neocolonialismo y de deconstrucción de los Estados-Nación.” Ante la gravedad de estas circunstancias, y con la finalidad de obtener conocimiento cabal de qué es lo que realmente está haciendo el Poder Ejecutivo el fiscal pidió se intime al Ministerio de Relaciones Exteriores a que en un plazo de diez días informe detalladamente acerca de las acciones realizadas respecto al TISA con la incorporación de todos los antecedentes administrativos que posea. Esta medida se toma como paso previo a un eventual proceso “tendiente a evitar que tales bienes sagrados”, como la soberanía nacional y la democracia, “devengan menoscabados en forma antijurídica e irremediable.”

La Constitución dispone que la República será siempre libre e independiente de todo poder extranjero, que jamás será patrimonio de personas, que la Soberanía en toda su plenitud existe radicalmente en la Nación, que la Nación adopta para su Gobierno la forma democrática republicana, y que la soberanía será ejercida directamente por el Cuerpo Electoral e indirectamente por los Poderes representativos que establece la Constitución conforme a las reglas expresadas en la misma (arts. 1º a 4º y 82).

La seguridad jurídica selectiva que exige este acuerdo: “vulnera la esencia de un Estado republicano y es violatoria del también republicano axioma de igualad ante la ley (arts. 8º y 9º Const.).” Destaca, además, que: “el incumplimiento de las obligaciones a las que se somete el Estado en Acuerdos como el TISA entrañan compensaciones o indemnizaciones tan elevadas que lo colocan en la insolvencia y por tanto tornan imposible que el Estado se desligue del sojuzgamiento consentido”.

Como muy bien señala el Fiscal “El concepto de seguridad es como el de libertad. Cuando se les da en demasía a unos inevitablemente se les quita en demasía a otros. (…) No se está ante una mera distorsión de una suerte de igualdad distributiva. Es la directa vulneración del principio de igualdad ante la ley (art. 8º)”. Dado que “Se le otorgan seguridades jurídicas a ciertas Corporaciones Privadas (…) en detrimento de la seguridad del resto de la ciudadanía; todo lo opuesto a una República y a una Democracia”.

Al respecto destaca que: “con las cláusulas de congelamiento del Derecho se está consintiendo una obligación negativa, de no hacer, una renuncia o abstención, de no legislar contra los intereses económico-financieros de determinadas Corporaciones Anacionales Privadas. Se abdica de lo irrenunciable, se renuncia a la Soberanía Legislativa.”

Por último, se cuestionan las cláusulas de prórroga de jurisdicción que para el caso de conflicto con el Estado en todo lo que versa este acuerdo, se habilita el apartamiento del Juez Nacional y del Derecho Nacional. Dice el Fiscal: “Su previsión significa un subjetivo menosprecio por la imparcialidad de la Justicia nacional. Se engendra una fuga de la Justicia Nacional en privilegio de empresas privadas extranjeras. Con ello, también se engendra una fuga del Derecho Nacional y la adopción de un Derecho Anacional, de corte mercantil y de raíz no democrática, también en favor de empresas privadas extranjeras”.

Este pedido del fiscal fue respondido favorablemente el 17 de abril por la jueza Mónica Besio, la cual  intimó al Ministerio de Relaciones Exteriores a que éste brinde un informe sobre los detalles de las negociaciones del gobierno para sumarse al Acuerdo de Comercio de Servicios (Trade in Services Agreement, TISA), quién tendrá diez días para pronunciarse.

Luego de cubierta esta instancia judicial quizás se sabrán cuáles son los compromisos que implicó para el Estado uruguayo el ingreso a las negociaciones del TISA, en particular: a) si no se ha tomado ninguna medida irreversible y el país podrá retirarse inmediatamente de estas negociaciones sin ningún costo; b) sí, por el contrario, existen condicionamientos y disposiciones que inhiben la libre salida de esta negociación.

Es posible, también, que el Poder Ejecutivo declare reservada determinada información, lo que ya ha ocurrido en otras oportunidades, aplicando un criterio restrictivo contrario al principio general que es el acceso a toda la información que se encuentre en poder de una entidad pública. Sí este fuera el caso se confirmaría el ocultamiento y el secretismo denunciado. Ningún gobernante debería olvidar que la transparencia es inherente a la democracia e implica el derecho a saber, el derecho a controlar y el derecho a ser sujeto – no simple espectador – en la vida pública.

Notas:
(1) BIDART CAMPOS, GERMAN J. – LA CONSTITUCION QUE DURA, Ediar, 2004, págs. 203-204.
(2) Este artículo se basa en el escrito presentado por el Fiscal Enrique Viana en el Expediente 2 – 13648/2015.

– Antonio Elías es Director del Instituto de Estudios Sindicales Universindo Rodríguez (INESUR), miembro de la REDIU.

Publicado en el Semanario “Voces”, Montevideo, el 23 de abril de 2015.

URL de este artículo: http://www.alainet.org/es/articulo/169156

Caso Julio Castro

La vuelta de la obediencia debida

SCJ legitimó argumentos del Tribunal de Apelaciones: detención de Julio Castro no tuvo las características de un secuestro.
abr 23, 2015 CARAS Y CARETAS
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) confirmó la absolución del ex policía Ricardo Zabala, imputado en 2012 como “cómplice” del homicidio muy especialmente agravado del maestro Julio Castro, tras considerar que, en la casación penal, está impedida de efectuar una valoración de la prueba. De esta forma, el máximo órgano del Poder Judicial validó la tesis de “obediencia debida” esgrimida por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal (TAP) de 4º Turno, para disponer la absolución del policía.
En mayo de 2014, el TAP revocó el fallo del juez Penal de 1º Turno, Juan Carlos Fernández Lecchini, y dispuso la absolución de Zabala al considerar que la imputación en su contra “carece por completo de prueba incriminatoria” y que el policía actuó por órdenes de su superior, quien le manifestó que el maestro estaba requerido por la Justicia Militar y le brindó los datos exactos sobre sus movimientos habituales.
Ese fallo fue apelado por la fiscal María de los Ángeles Caamiño, quien fustigó las valoraciones que realizó la Sala en torno al hecho. Caamiño afirmó que en su rol de funcionario público Zabala procedió a la “detención ilegal (secuestro)” de Castro, admitió que no estaba uniformado, que no le mostró orden alguna de la Justicia Militar, que le obligó a agacharse en el vehículo y que lo trasladó a un centro de detención clandestino, donde fue entregado a oficiales del SID para su interrogatorio (donde se obtenía la información en base a tortura) y posteriormente ejecutado.
Asimismo, Caamiño fustigó la idea de “obediencia debida” utilizada por el TAP para exonerar a Zabala, en cuanto la misma “no es admitida en el ámbito de los delitos contra la humanidad”, al tiempo que, al amparo del artículo 29 del Código Penal, la misma no puede considerarse como un eximente de responsabilidad ya que “el enjuiciado no actuó en el marco de sus atribuciones funcionales estrictas ”.
Sin embargo, la SCJ desestimó los argumentos al afirmar que “la revalorización de la plataforma fáctica resulta exiliada de la casación penal ”. “La casación debe circunscribirse exclusivamente a las cuestiones de orden jurídico. En materia penal los aspectos fácticos y la valoración de la prueba no constituyen motivo de casación”, señaló la mayoría, en cita de jurisprudencia propia, según el fallo al que accedió Caras y Caretas Portal.
De esta forma, la Corte dejó asentado como un hecho probado que Zabala “cumplió la orden recibida de su jerarca (Juan Antonio) Rodríguez Buratti, que implicó la detención de Julio Castro”. Asimismo, “la referida detención se llevó a cabo sin violencia, ni física ni moral, no generando alarma alguna. Tal hecho no tuvo las características de un secuestro, pues no se verificó en absoluto la violencia inherente a una situación de privación de libertad de tal naturaleza”.
Posteriormente a la detención, Zabala recibió la orden de trasladar al maestro a la “Casona” de Millán, donde fue recibido por Rodríguez Buratti, quien le ordenó que regresara al SID. Zabala alegó que no tenía conocimiento de la información de inteligencia en torno a Castro y que no sabía que sería asesinado. “En ese marco fáctico, inmodificable en esta etapa, la mayoría que conforma esta decisión entiende que la tarea de subsunción jurídica efectuada por la Sala resulta ajustada a derecho.”, concluyó la Corte.
Fallo con discordia
El fallo fue resultado por mayoría de 4 a 1, con la discordia del ministro Ricardo Pérez Manrique. El magistrado consideró que la Corte está facultada para valorar la legalidad de la valoración de la prueba que realiza un Tribunal. En este sentido, Pérez Manrique afirma que la tesis esgrimida por el TAP “de modo alguno se compadece con la verdad material en cuanto a cómo se produjeron los hechos.”.
“Si bien es posible hacer una lectura parcial de los hechos como realiza el Tribunal y formular algunos ejemplos que mostrarían lo disparatado de asignar al aprehensor las consecuencias del ulterior trato recibido por la persona detenida: tortura y eventualmente muerte, entiendo que el caso debe ser analizado en el contexto en que se desarrolló”, argumentó.
”Si bien la denominada lucha antisubversiva fue responsabilidad de los mandos militares, la propia presencia de Zabala en el SID, oficial de alta graduación, demuestra que alguna injerencia debía tener en el cumplimiento de los objetivos de dicho servicio”. “ Es más, se le confía la detención de una persona con cierta notoriedad –maestro, periodista– que estaba en contacto con integrantes del Cuerpo Diplomático acreditado en la República y con importantes relaciones a nivel internacional. Lo que por su naturaleza significaba para el gobierno de facto un serio problema al exponer sus excesos y arbitrariedades en el ámbito internacional ”.
En este sentido, “La detención no fue aislado o un hecho fortuito, respondió a un operativo por el que fuera posteriormente felicitado por el Jefe del Servicio”. “Todo eso Zabala lo conocía, admite que cumplía órdenes directas de su Jefe –Rodríguez Buratti– aunque en realidad era Gavazzo. Ese jefe le indica que debe conducir al detenido a un centro clandestino de detención”.
“Ese solo hecho a mi entender es demostrativo de que Zabala conocía para que era conducido Castro, obtener información a cualquier precio”. “De allí que no se puede a esta etapa de los procedimientos sostener que no existe prueba alguna incriminatoria del resultado muerte con la acción del indagado ”, señaló Pérez Manrique.
Asimismo, el ministro expresó dijo coincidir en cuanto a que “no puede invocarse la obediencia debida como causal de justificación”, y señala que la misma “es invocada en refuerzo de la ausencia de prueba, lo que es indicativo en sí de la necesidad de fortalecer un argumento de difícil sostenimiento autónomo”.
“Claramente no puede invocar obediencia debida un oficial de jerarquía, preparado especialmente en tareas de inteligencia, no olvidar que su origen en la Policía es ‘Narcóticos’ y que nadie puede pensar que desconocía la esencia ilícita de la denominada ‘guerra antisubversiva’ llevada adelante por un Estado en el que se había disuelto el Parlamento y suprimido las garantías constitucionales.”, concluyó.
Acceda al fallo de la Suprema Corte de Justicia: Sentencia SCJ – Caso Julio Castro

Absolvieron a Ricardo Zabala

Aprendizaje

El policía que detuvo y envió a un centro de torturas al maestro Julio Castro fue absuelto este miércoles por la Suprema Corte de Justicia, al considerar que no existe prueba de su participación en el asesinato.

Foto: Montevideo Portal/Pablo Méndez

El policía Ricardo Zabala, quien admitió haber detenido y trasladado al maestro Julio Castro a un centro de torturas ubicado de en la calle Millán 4269, fue absuelto por la Suprema Corte de Justicia, al considerar que no existían pruebas que lo vincularan con el homicidio, delito por el que fue procesado en marzo de 2012.

En mayo del año pasado, el Tribunal de Apelaciones había dado la libertad al procesado, por considerar la inconstitucionalidad de la ley 18831. Pero la decisión que ahora toma la SCJ no tiene que ver con ese argumento, sino que contrapone la argumentación del juez Juan Carlos Fernández Lecchini para considerarlo responsable como cómplice de homicidio muy especialmente agravado.

«Cuando Zabala ingresó al SID sabía que se integraba a la lucha contra la subversión, desde las Fuerzas Conjuntas. Y sabía que la lucha no era limpia. (…) Zabala, eventualmente, sabía que colaboraba a una privación antijurídica de libertad, a unas lesiones personales que debieran calificarse de torturas y aun a una muerte. Él sabía que ejercía actividad preparatoria, eventualmente sabía que aportaba a una situación ilícita que podía ser la más grave: la muerte», señala el fallo que insiste en que Zabala contribuyó con la llamada lucha contra la subversión sabiendo que la guerra era sucia”, señala el fallo del juez Fernández Lecchini.

En la mañana del lunes 1º de agosto de 1977, tres integrantes del Servicio de Información de Defensa llegaron vestidos de particular a la esquina de Rivera y Soca en un Volkswagen, estacionaron detrás de la camioneta Indio amarilla que pertenecía a Castro y esperaron un rato la llegada del maestro, escuchando música en el auto. Cuando lo vieron acercarse hacia la camioneta, se bajaron, lo obligaron a entrar al Volkswagen y arrancaron.

El soldado de primera Julio César Barboza viajaba con Castro en el asiento trasero y conducía el oficial principal Ricardo Zabala, que le gritaba a Barboza que hiciera agachar a Castro para que no lo vieran, pero Castro se quejaba de un dolor en la zona renal que le impedía agacharse. Se dirigían al centro clandestino de Millán y Loreto Gomensoro.

“Cuando llegamos ahí lo ayudé a bajar del auto y lo ayudé a bajar los escalones a un lugar que era como una especie de subsuelo-recuerda Barboza- no llegaba a ser un sótano porque la casa era una casa elevada y quedó allí parado el hombre, esa fue la última vez que lo vi”, señaló Barboza en una entrevista publicada en el libro En Cuanto Venga Julio.

“Me encontraba en las oficinas de la sede del SID de Luis A. de Herrera y Monte Caseros, y en momentos que iba saliendo el Oficial Principal Zabala (oficial de la Policía en comisión en el SID, de 28 años), siento que dice a un superior: “Me llevo a Barboza”, y dirigiéndose a mí me dice: “vení, vení”. Me fui con él. Iba también otro soldado cuyo nombre no recuerdo. Yo por supuesto no pregunté ni dónde ni para qué, supuse que tendríamos un seguimiento, una vigilancia o algo por el estilo.

En un vehículo nos dirigimos hasta Rivera y Soca donde estacionamos y aguardamos. No sabía que estábamos esperando para detener a una persona. De pronto vino una persona mayor, entre 55 y 60 años, avanzada calvicie, de poco pelo, canoso, usaba lentes, bajo, no puedo asegurar pero me parece que vestía saco marrón.

Entonces se bajó Zabala y me dijo: “bajate, bajate”, lo cual hice, lomismo que el otro soldado. En forma rápida vi que con discreción se le ponía uno de cada lado e inmediatamente lo trajeron al vehículo. El hombre al principio se sorprendió pero no opuso ningún tipo de resistencia. Fue introducido a la parte trasera del coche, donde también me ubiqué yo, oficiando de custodio. Al volante iba el Oficial Principal Zabala que me insultaba por no hacer agachar suficientemente al detenido. Yo estaba casi paralizado, nunca había participado en nada de esto.

El detenido se quejaba de alguna dolencia, probablemente en la región renal, que le impedía agacharse. Me dijo que tenía problemas de salud que no podía agacharse mucho. El hombre no parecía sorprendido, sino resignado. Seguimos andando en el coche y yo sentía que todos los ojos del país estaban puestos en mí, aunque la gente que andaba por la calle ni siquiera se debía haber dado cuenta. El otro soldado nos siguió, conduciendo la camioneta Indio de color amarillo y negro, perteneciente a la persona detenida. Nos dirigimos a la cárcel de la calle Millán y Loreto Gomensoro donde lo dejamos. Allí también fue conducida la camioneta. Desconozco el destino posterior de ambos”, señaló Barboza.

Zabala nació el 18 de diciembre de 1949, fue ayudante de la Brigada de Investigaciones de Narcóticos desde allí pasó en comisión al SID el 14 de julio de 1976, volviendo a Narcóticos el 12 de agosto de 1977. Cuando Ricardo Zabala declaró ante el juez Fernández Lecchini, aceptó haber participado en el operativo el 1º de agosto, recordó la participación de Barboza pero dijo no recordar si había o no una tercera persona. Zabala dijo que al frente del SID estaba Rodríguez Buratti, quien dio la orden de detener a Julio Castro y que estaba esperando en la puerta de la Casona de Millán para recibirlo.

Para la detención de Julio Castro se le dio como referencia la esquina de Rivera y Ponce y la descripción de la camioneta Indio, ordenándosele que cuando tuviera a Castro lo comunicara por radio. Cuando lo hizo, le dieron la dirección de la Casona de Millán, y la orden de trasladarlo hasta allí. Zabala entregó a Castro y regresó a la sede del SID.

La defensa de Zabala-que estaba en manos de los abogados del Centro Militar-argumentó que su cliente no secuestró a Castro, sino que lo detuvo, que por su rango, no tenía gente a su cargo y que la detención la realizó porque se le comunicó que había una orden de la Justicia Militar.

Los restos del maestro Julio Castro fueron hallados el 21 de octubre de 2011 en el batallón 14 con un tiro en la cabeza y claras señales de tortura. Castro estaba siendo investigado por transmitir información sobre los crímenes de la dictadura al exterior del país y particularmente por ayudar a perseguidos a salir del país.

Castro nació en Florida en 1908. Fue militante de distintas asociaciones gremiales de maestros, y tuvo una destacada labor como pedagogo y periodista, desempeñándose en el semanario Marcha.

Tras ser detenido fue llevado a la casona de Millán donde fue torturado y luego ultimado de un balazo en el cráneo. Tenía 68 años.

Montevideo Portal | Pablo Méndez
@pablomendezmvd

 

DD.HH

Suprema Corte de Justicia absolvió a Ricardo Zabala acusado de cómplice del homicidio de Julio Castro

La Suprema Corte de Justicia confirmó la absolución del policía retirado Ricardo Zabala, quien había sido procesado en marzo de 2012 como “cómplice” del homicidio del maestro y periodista Julio Castro ocurrido en agosto de 1977.

23 de abril de 2015 a las 00:59 hs Actualizado a las 01:06 hs LR21

Cuando Zabala declaró ante el juez Fernández Lecchini, aceptó haber participado en el operativo de detención y traslado de Castro en 1977.

Por una mayoría de cuatro votos contra uno, el máximo órgano judicial confirmó la absolución de Zabala, quien había sido procesado en marzo de 2012 por el juez Juan Carlos Fernández Lecchini, como “cómplice” del homicidio del maestro Julio Castro, registrado en agosto de 1977.
En mayo de 2014 el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4º Turno había revocado el procesamiento de Zabala.
A raíz de ello, la fiscal María Camiño presentó un recurso de casación,  pero en las últimas horas la Suprema Corte de Justicia ratificó la absolución de Zabala.
El ministro de la Suprema Corte de Justicia Ricardo Pérez Manrique fue el único integrante, de los cinco componentes de la corporación, que se manifestó a favor de revocar el fallo absolutorio.
Pérez Manrique dijo, en declaraciones a El Observador, que “existen elementos de sobra para sostener la culpabilidad de Zabala”.
Agregó que el dictamen de la Corte de Justicia es “definitivo” y solo podría cambiar “en caso de que aparezcan nuevas pruebas, lo cual es prácticamente imposible”.

Los hechos

Zabala tuvo a su cargo la detención de Castro en la vía pública en agosto de 1977. Luego de ello lo traslado a un centro de detención clandestino ubicado en la calle Millán y Loreto Gomensoro.
Desde entonces, el maestro y periodista integró la lista de personas desaparecidas, hasta que en octubre de 2011 sus restos fueron encontrados en predios del Batallón N° 14 de Toledo.
La argumentación del juez Juan Carlos Fernández Lecchini quien consideró a Zabala como co-responsable del homicidio muy especialmente agravado de Castro establece que el policía “cuando ingresó al Servicio de Información y Defensa (SID) sabía que se integraba a la lucha contra la subversión, desde las Fuerzas Conjuntas”.
“Sabía que la lucha no era limpia. Zabala, eventualmente, sabía que colaboraba a una privación antijurídica de libertad, a unas lesiones personales que debieran calificarse de torturas y aun a una muerte. Él sabía que ejercía actividad preparatoria, eventualmente sabía que aportaba a una situación ilícita que podía ser la más grave: la muerte. Zabala contribuyó con la llamada ‘lucha contra la subversión’ sabiendo que la guerra era sucia”, indicó Fernández Lecchini en su fallo.

Cuando Zabala declaró ante el juez Fernández Lecchini, aceptó haber participado en el operativo de detención y traslado de Castro en 1977.
Hebe Castro, hija del maestro Julio Castro, con un manuscrito de su padre.Foto: Adrián Giudice, Presidencia (archivo, marzo de 2012)

Hebe Castro, hija del maestro Julio Castro, con un manuscrito de su padre.Foto: Adrián Giudice, Presidencia (archivo, marzo de 2012)

Cómplices

Suprema Corte absolvió a Ricardo Zabala, único procesado por homicidio del maestro Julio Castro.

La Suprema Corte de Justicia (SCJ), por cuatro votos a uno, falló a favor de la absolución de Ricardo Zabala, ex policía que formó parte del Servicio de Información de Defensa (SID) y había sido procesado en 2012 como “cómplice de homicidio especialmente agravado” en la causa que investiga el asesinato de Castro, ocurrido en agosto de 1977.
El voto disidente fue de Ricardo Pérez Manrique. En declaraciones a El Observador, el ministro sostuvo que a su criterio hay “elementos de sobra” para sostener el procesamiento de Zabala. Si bien “la resolución de la SCJ es definitiva”, podría variar “en caso de que aparezcan nuevas pruebas”, algo que consideró “prácticamente imposible”.
En diálogo con la diaria, Hebe, hija de Julio Castro, indicó que todavía no conocía los fundamentos del fallo de la SCJ. Esta decisión ratificó el fallo absolutorio del Tribunal de Apelaciones Penal de 4º Turno, que en mayo de 2014 había revocado el procesamiento de Zabala efectuado en marzo de 2012 por el juez Juan Carlos Fernández Lecchini. La fiscal María Camiño presentó un recurso de casación ante la Corporación, que finalmente ratificó este lunes la absolución del ex policía.
La hija del maestro y periodista cuyos restos fueron identificados en 2011 en una fosa del Batallón 14 de Toledo (Canelones) subrayó que el responsable de este crimen de lesa humanidad “no es sólo Zabala. Él fue un transportador, fue un ejecutor de órdenes, tan culpable como quien dio las órdenes”.
Para reconstruir esta cadena de responsabilidades y mandos, en abril de 2013 la familia Castro solicitó que el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) brinde información sobre “personal ejecutivo” del Batallón 14. Aunque esa información había sido pedida expresamente al ministro Eleuterio Fernández Huidobro mediante dos oficios judiciales presentados por la Fiscalía y por Fernández Lecchini, finalmente fue obtenida hace diez días por medio de un pedido de información pública que los deudos hicieron ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Mediante este recurso consiguieran que el equipo jurídico del MDN contestara y entregara información del predio militar donde fueron hallados los restos óseos del maestro. Hebe no quiso detallar el contenido de estos expedientes, aunque dijo que es material “difícil de evaluar”. “Es información que no está en el expediente judicial penal. Sobre esto estamos trabajando junto a mi abogada, mis hijas y mi sobrino”, añadió.
Con esta decisión del máximo tribunal, el caso queda, por el momento, en la impunidad. La sentencia causó rechazo entre organizaciones de derechos humanos. Desde el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) expresaron “vergüenza” ante la sentencia de la SCJ y aclararon: “No bajaremos los brazos, no dejaremos de marchar, no dejaremos de buscar a todos y cada uno de nuestros desaparecidos. No dejaremos de señalar y condenar a cada uno de los responsables de los delitos de lesa humanidad”.
Azul Cordo – La Diaria

Pit Cnt no va a detener la lucha contra el TISA, pese a gobierno progresista

23 abr

AFUSEC

Fernando Pereira, coordinador del Pit Cnt, hizo esta afirmación en el acto de hoy en el marco del paro parcial que realizan 18 sindicatos con el respaldo de la central obrera.

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En el acto de hoy en el marco del paro parcial de 18 sindicatos, con respaldo del Pit Cnt, Fernando Pereira, coordinador de la central obrera dijo que el Pit es “independientes pero no indiferente. No es lo mismo el gobierno de Lacalle o de Jorge Batlle a los gobierno progresistas, pero esto no quiere decir que no vamos a seguir peleando. Cómo vamos a detener la lucha contra el TISA, por el Fondes (Fondo para el Desarrollo)”.
Marcelo Abdala, coordinador del Pit Cnt, también se refirió al tratado internacional TISA (Trade in Services Agreement): “Nadie puede sostener que Uruguay va a hacer prosperar sus intereses y va a salir como una princesa del TISA. No se puede ser tan angelical y no entender que allí están las grandes corporaciones que fundieron al planeta en 2008″.
Agregó Abdala: “Ningún TISA. Uruguay no puede entrar en un boniato al servicio del gran capital y contra los intereses de los pueblos”.
En el acto están presentes la senadora frentista y candidata a intendente de Montevideo Lucía Topolansky y la otra candidata del Frente Amplio a intendente de la capital del país Virginia Cardozo.
Los sindicatos que paran son: la Untmra (Unión de Trabajadores del Metal y ramas Afines), el Sunca (Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos), el Congreso Obrero Textil (COT), Afutu (Asociación de Funcionarios de UTU), ATES, FTIL, Fancap, Foemya, Onodra, SIMA, Soima, STIC, Suav, Suntma, Suctra, Sutel, Uaoegas, UOC.
Pereira agregó en su discurso que apoyan “al Fondes y seguimos haciéndolo. No creemos que haya patrones que puedan gestionar mejor que los trabajadores. Estamos por ver volar los aviones de Alas Uruguay, un orgullo para el país”.
El coordinador del Pit Cnt afirmó que no ha “visto a ningún candidato a intendente con un acto como este”.
También habló del IRPF: “No es lo mismo un trabajador que paga IRPF y gana $ 30.000 que uno que gana $ 300.000″.
El Pit-Cnt quiere excluir a los “salarios gerenciales” del beneficio de liquidar por separado el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del vacacional y del aguinaldo.
Abdala agregó que la “movilización es por los puestos de trabajo, es por los trabajadores de Ecolat que vino, invirtió y un día se fue. Sabemos cómo funciona el capitalismo”.
Indicó que “no se puede ser mezquino ni amarrete en el seguro de paro para los trabajadores que lo precisen”.
En marzo pasado, Heber Figuerola, presidente de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, dijo a El País que estaba “la voluntad política de extender el seguro de paro” a los trabajadores de la empresa cerrada”. Sin embargo hasta ahora el Ministerio de Trabajo no se pronunció al respecto.
Abdala también mencionó a los 700 trabajadores del Sindicato Único de la Construcción (SUNCA) que quedaron sin trabajo por la obra de la regasificadora. Dijo que “se haga cargo quien se tenga que hacer cargo. Reclamamos un compromiso de las empresas y gubernamental de que sean nuevamente contratados para que terminen una cosa importante para el país”.

http://www.elpais.com.uy/informacion/pit-cnt-no-detener-lucha.html

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