Publicado en: 24 septiembre, 2017

Noticias Uruguayas 23 septiembre 2017

Por Colectivo Noticias Uruguayas

Uruguay: Empleados amenazan con ocupar sucursales del BROU

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URUGUAY

Empleados amenazan con ocupar sucursales del BROU

Los empleados del Banco República podrían además dejar de asistir a capacitaciones y de cubrir horas extras si la entidad no responde a un ámbito de negociación solicitado al Ministerio de Trabajo.

Foto: aebu.org.uy

Foto: aebu.org.uy

El directorio del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) tomó finalmente la decisión de fusionar cuatro sucursales en Montevideo y reducir los horarios a tres días por semana en tres agencias del interior. Lo anterior entra en conflicto con las demandas de la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU), quienes exigían que no se cerrara ninguna sede y que no se redujeran horarios, en pro de la conservación de puestos de trabajo.
En un principio, el BROU tenía planeado el cierre de 12 sucursales pero, tratando de acercarse a lo que solicitaban los empleados bancarios, redujeron el número a cuatro, aún sin llegar a un lugar común de acuerdos. Por ahora, las sucursales fusionadas son: la de Sayago con la de Paso de Molino, y la de Mercado Modelo con la de Unión. En el interior pasarán a horario reducido las siguientes sedes: Solís de Mataojo y José Pedro Varela (Lavalleja), Aiguá (Maldonado), Colonia Miguelete (Colonia) y Rafael Perazza (San José).
Durante la conferencia de prensa realizada el día de ayer, el representante de AEBU por la banca oficial, Matías Arbizu, recordó que enviaron una nota al Ministerio de Trabajo solicitando un ámbito de negociación tripartito, en el que establecieron un plazo de 10 días para recibir respuesta por parte del banco. De no haber contestación, los agremiados dejarán de asistir a clases de capacitación laboral y de cubrir horas extras.

Firmas y ocupación

AEBU recogió unas 15.000 firmas que fueron entregadas al despacho del presidente de la República, Tabaré Vázquez, las cuales fueron colectadas “en defensa de la banca oficial y del Banco República”, y aseguran que tendrán otra tanda para entregar pronto.
En la localidad de Jose Enrique Rodó, Soriano, pobladores y empleados se concentran hoy jueves a las 13 horas para manifestar el rechazo al cierre parcial de sucursales y la baja a la categoría de las dependencias.
Más agresiva será la acción si el banco continúa con el cierre parcial o total de alguna agencia. Ante tal posible escenario los empleados agrupados en AEBU procederán con ocupación de los locales.

AEBU contra la inclusión financiera

De acuerdo con lo afirmado en un texto aprobado por mayoría en la asamblea de AEBU del pasado sábado, el Gobierno promueve “privatizaciones” en el sector bancario “que de manera constante y continua avanzan precarizando el empleo, aplicando el ajuste sobre los trabajadores, y dando de ganar a las empresas privadas, bajo el falso argumento de la baja de costos”.
En el mismo documento pusieron en tela de duda la aplicación de la ley de inclusión financiera, apuntando a que se trata de una “necesidad de los bancos de captar nuevos depósitos para realizar su negocio, y de facilitar su colocación de créditos al consumo, minimizando su propio riesgo”. Los sectores más radicales consideran equivocada la decisión del Ejecutivo de impulsar los medios electrónicos como “camino” para “solucionar la pobreza del mundo”. “Como si los trabajadores pudieran vivir sin techo y sin ingresos dignos pero resguardados por tener una tarjeta de débito y una cuenta bancaria”, concluyeron.

 


Presidente de la ARU dijo que “la elevada regulación laboral vigente implica rigideces que atentan contra la productividad”

Unos minutos después de que la banda de la Fuerza Aérea se retirara tocando La Cumparsita, el presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), el veterinario Pablo Zerbino Vanrell, se aprestó a clausurar la 112ª Exposición Rural del Prado con el tradicional discurso de cierre. Luego contestaría las críticas de la ARU al ministro interino de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech.
Zerbino comenzó pegándole a “la bancarización obligatoria para el agro”, una medida que se logró postergar, “lo que relega pero no elimina la preocupación para cuando la exigencia se formalice”. Después repasó el rol de la ARU en la negociación colectiva: “Participamos en la negociación de los Consejos de Salarios. Luego de muchas idas y venidas y tras largas e infructuosas reuniones, los productores quedamos en minoría. Al no permitírsenos incluir en el acta de trabajo la posición defendida, nos retiramos de la mesa de negociación sin firmar el convenio”.
Zerbino dijo que el gobierno “distribuyó la bonanza a través de los programas sociales, lo que fue oportuno, pero también aumentando fuertemente el tamaño del Estado. Ahora la bonanza se acabó y deshacer esas políticas es muy difícil. Si esta década nos deja una enseñanza, es que deberíamos aprender de Chile, que en las buenas ahorra para poder aguantar en las malas”.
El presidente de la ARU observó que si bien la economía continúa creciendo, “aumentó el desempleo desde 2013”, y criticó “el peso salarial”, que los “obliga al no deseado recorte de mano de obra que lleva a una menor rentabilidad”. También afirmó que “la elevada regulación laboral vigente implica rigideces y aumento de costos que atentan contra la productividad en todos los sectores”. Esta regulación, sostuvo, “dista mucho de los cambios que se observan en el mercado de trabajo a nivel mundial, con mayor flexibilidad en el manejo de horarios, horas extras y negociación salarial”.
Para Zerbino, la solución pasa por “exportar varias veces más de lo que lo hacemos”. Pidió, parafraseando a José Mujica: “Competitividad, competitividad, competitividad. Tres veces. Bien claro”. “La falta de competitividad es la causa de la carestía para vivir y producir en Uruguay y también la causa de la migración”, agregó. “El gobierno debe trabajar más sobre la pobreza y no tanto sobre la distribución. La riqueza antes de repartirla hay que generarla. La riqueza se genera con el trabajo de las empresas privadas, que son las que generan recursos genuinos, y con las empresas estatales al servicio del sector productivo, y no viceversa. La pobreza se combate con educación, con trabajo que eleva la autoestima y recupera los valores éticos y morales que se han ido perdiendo paulatinamente, llevando a una creciente inseguridad en toda la población”, señaló.
A su turno, Benech dijo que si bien el país produce ahora alimentos para 28 millones de personas, el objetivo es alcanzar a 50 millones. Agregó que en el gobierno “hay un equipo que trabaja con una agenda” que marca el rumbo de las políticas, y repasó el programa del Frente Amplio en la materia. Afirmó que se han mantenido operativos más de 139 mercados para la carne y 51 para los lácteos, e informó de varios mercados en los que se trabaja para exportar arroz, trigo, sorgo, manzanas y cítricos, y que se completó toda la información requerida para abrir el mercado japonés para la carne sin hueso.

 

 


 

COMCOSUR INFORMA INTENDENTE MARTÍNEZ MANTIENE “SISTEMA BENGOA” Y TRIBUNAL OBSERVA PAGOS MILLONARIOS

El mecanismo ideado por el jerarca condenado por la Justicia en 2007 sigue vigente. ICM SA es un legado de aquellos días: aún le alquila 100 tragamonedas al Casino Parque Hotel y cobra millones.

Pablo Alfano /Sudestada /13.09.2017

El intendente Daniel Martínez renovó, desde junio de 2017 a mayo de 2018, una vieja contratación con la empresa ICM SA a la que le alquila 100 máquinas tragamonedas para el casino del Parque Hotel, por un total de 29.280.000 de pesos, IVA incluido.

Esta decisión fue observada por el Tribunal de Cuentas de la República (TC) y forma parte de una larga lista de señalamientos que la comuna ha recibido en su contrato con ICM SA. Desde 2013 y sumando el dinero que percibirá hasta 2018 la empresa cobrará a la Intendencia de Montevideo un total de 127.856.868 pesos (aproximadamente 4,4 millones de dólares) a pesar de las sucesivas observaciones del organismo de contralor.

Esta empresa, presidida por Juan Pedro Crisci, hace negocios con la Intendencia desde principios de los 2000, cuando comenzó a integrar la nómina de empresas que el entonces director de Casinos, Juan Carlos Bengoa, incluyó en su sistema de arrendamiento de slots.

La política de arrendamiento, en lugar de la compra de las máquinas tragamonedas, culminó con pérdidas multimillonarias en las salas municipales y el procesamiento con prisión de Bengoa (quien ocupaba la Dirección General de Casinos desde 2005) y de sus ex asesores Orestes González Braida (entonces Director Nacional de Loterías y Quinielas), José Luis Antúnez, y Gustavo Dalmonte, y el empresario Felipe Ruiz.

Lo que en su momento se denominó el “sistema Bengoa” quedó reflejado en el auto de procesamiento, dictado por la jueza penal Fanny Canessa, el 20 de diciembre de 2007, cuando señaló que “Bengoa para lograr imponer su sistema de arrendamiento de slots al grupo de empresarios que él conocía perfectamente, dándole a cada uno un porcentaje diferente de la utilidad, sin ningún fundamento serio de sus actos como no sea beneficiarlos, aun a costa del daño efectuado al Estado cuya cuantificación exacta se determinará oportunamente, pero que sin duda existió”.

El 26 de junio pasado la administración Martínez decidió volver a renovar el contrato para el alquiler de 100 máquinas tragamonedas a ICM SA entre junio de 2017 a mayo de 2018 por un monto total de 29.280.000, IVA incluido. Esta resolución fue observada por el Tribunal de Cuentas, según documentación a la que accedió Sudestada, y se debió a que el contrato anterior había vencido el 31 de diciembre de 2016.

Para subsanar esto, Martínez había firmado otra resolución el 29 de mayo donde resolvió ampliar nuevamente la contratación de ICM SA para el período comprendido entre enero y mayo de 2017 por un total de 12.319.268 de pesos, IVA incluido.

El 7 de enero de 2016 el Tribunal de Cuentas ya había señalado en que el contrato con ICM SA derivaba de “un procedimiento cuyo gasto fue observado por motivos insubsanables” y volvió a observar la decisión de la comuna.

El intendente Martínez -en diciembre de 2015, y siguiendo los pasos de su antecesora Ana Olivera- volvió a adjudicar a la empresa ICM SA el arrendamiento, desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre de 2016, de 100 máquinas tragamonedas por 34.257.600 pesos, IVA incluido.
En junio de 2013 la intendenta Ana Olivera había resuelto contratar en forma directa a las empresas ICM SA y Famostar SA para arrendar 150 máquinas tragamonedas por el equivalente al 26% más IVA de la utilidad bruta por mes de cada slots y por el plazo de un año, para el casino del Parque Hotel, hoy el único en manos municipales, luego de la concesión de la sala de juegos del Hotel Carrasco.

Además, decidió contratar, también a ICM SA, para el arrendamiento del sistema TITO durante un año por el equivalente al 4% más IVA de los equipos que utilizan este método que permite al apostador introducir dinero en las tragamonedas. TITO es la sigla del sistema informático Tiquet in – Tiquet out que permite que se utilicen “tokens” (monedas o billetes) hasta cierta suma de dinero y luego el apostador debe desembolsar su dinero directamente a través de esta vía.

Un mes después, en julio de 2013, el Tribunal de Cuentas observó el gasto con el argumento de que no existía “la causal de excepción invocada” para esta contratación y porque no había “disponibilidad suficiente en el rubro de imputación contable”. De todas formas, la Intendencia de Montevideo reiteró el gasto.

En aquella época las autoridades municipales ajustaban detalles para la mudanza del casino Parque Hotel a la emblemática Casa de Andalucía, ubicada enfrente al viejo edificio que pasó a ser la sede del Parlamento del Mercosur (Parlasur).

La mudanza implicaba algunos cambios en la operativa de la sala de juegos y una de ellas era reducir la cantidad de máquinas tragamonedas. En setiembre de 2014 la intendenta Olivera convalidó el alquiler de 100 slots a ICM SA para el Parque Hotel. El contrato establecía que desde el 1° de agosto de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2015, la empresa cobraría 15 millones de pesos durante 2014 IVA incluido y otros 27 millones de pesos por el alquiler de slots durante el año 2015.

Una vez más, el Tribunal de Cuentas observó el gasto ya que este contrato derivaba de “un procedimiento observado por razones insubsanables” y “por falta de disponibilidad en el rubro de imputación”. La administración Olivera hizo caso omiso al señalamiento del órgano de contralor y siguió adelante con el arrendamiento de las tragamonedas. Y pasadas las elecciones municipales, Martínez siguió en la misma línea de contratación.

La intendencia de Montevideo registró en el último año un descenso de las ganancias en su sala de juego y el director del área Hugo Gandoglia atribuyó el hecho al “azar” que determinó el aumento de la suerte de los apostadores.

Según explicó Gandoglia, el casino del Parque Hotel tuvo en 2015 una ganancia de 87 millones de pesos mientras que en 2016 bajó a poco más de 57 millones. “Con respecto a la reducción en el resultado de la actividad de los slots voy a decir que efectivamente es inferior a la de 2015, pero sin embargo el monto de lo apostado no es inferior al del 2015, sino por el contrario, es superior. Estas cifras no las registra el presupuesto. Estamos hablando de una actividad en la que el azar también existe. Lo que no ingresó a las arcas de la Intendencia está en poder del público”, explicó Gandoglia, citado por el diario El País.

Al igual que en los tiempos de Bengoa, la estrategia de la Intendencia para superar el momento difícil de la sala de juego es el arrendamiento de nuevas máquinas tragamonedas. El director de Desarrollo Económico Óscar Curutchet dijo que en 2018 se invertirán 15 millones de pesos en slots
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Pablo Alfano /Sudestada
COMCOSUR INFORMA Nº 1843 – 19/09/2017

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