Publicado en: 23 noviembre, 2016

Noticias Uruguayas 23 noviembre 2016

Por Colectivo Noticias Uruguayas

Uruguay: Todos los partidos acompañarán investigadora por espionaje militar // Tróccoli fue tratado en Italia “como un ser humano” y que “él no hizo lo mismo con sus víctimas”

Chile: Comunidades preparan asamblea constituyente mapuche // Empresa vinculada a proyecto hidroeléctrico en Cunco es expulsada del territorio Mapuche de Werere // Pailahueque: Obstrucción y hostigamiento policial militarizado // EE.UU.: Trump valora situar a “Perro rabioso” al frente del Pentágono // Estado español: “Que no nos jodan la vida”: IU lanza una campaña para combatir la precariedad laboral // Un estudio de 1970 muestra que sólo el 20,8% de los españoles quería una monarquía “después de Franco” // Uruguay: Todos los partidos acompañarán investigadora por espionaje militar // Tróccoli fue tratado en Italia “como un ser humano” y que “él no hizo lo mismo con sus víctimas”

URUGUAY

Lunes 21 • Noviembre • 2016
Luis Puig. Foto: Pablo Vignali (archivo, octubre de 2015)
Luis Puig. Foto: Pablo Vignali (archivo, octubre de 2015)

Todos los partidos acompañarán investigadora por espionaje militar

El Frente Amplio presentará hoy formalmente ante el presidente de la Cámara de Representantes, Gerardo Amarilla, la solicitud para conformar una comisión investigadora del espionaje militar en democracia revelado por el archivo del coronel retirado, Elmar Castiglioni. El semanario Brecha accedió a documentos del archivo que prueban el espionaje a partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales y medios de comunicación en democracia. Entre los vigilados hay figuras relevantes de todos los partidos, como el actual presidente Tabaré Vázquez, los ex presidentes Jorge Batlle y Julio María Sanguinetti, y el dirigente histórico del Partido Nacional Wilson Ferreira Aldunate.
El diputado denunciante será el frenteamplista Luis Puig, que presentará hoy un documento de 150 páginas con las notas de prensa e informes de la historiadora Isabel Wschebor y del decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Álvaro Rico. Ambos oficiaron como peritos para la Justicia en el análisis del material del archivo Castiglioni, en el marco de la causa que investiga la desaparición forzada y asesinato en dictadura de Fernando Miranda.
Puig explicó que la denuncia se presenta “ante la presunción fundada de que en plena democracia los militares estaban llevando adelante operaciones clandestinas de espionaje a dirigentes políticos” y que existía “un ejército de infiltrados amparado por dineros públicos para armar todo un entramado de control y espionaje sobre aspectos fundamentales de la democracia”. El diputado frenteamplista consideró que es fundamental establecer las responsabilidades y llegar a determinar quiénes dictaron las órdenes y quiénes las ejecutaron, así como si estas operaciones de espionaje se detuvieron o continúan hoy. Remarcó que este tema “no debe ser preocupación exclusiva de las fuerzas de izquierda” sino “del conjunto de actores de la democracia”, de modo de dar “un mensaje muy claro de que no se van a permitir este tipo de acciones que atentan contra la democracia” y de que “no se está dispuesto a consagrar una nueva impunidad”.
La bancada del Frente Amplio (FA) resolvió acompañar la instalación de la investigadora, pese a la postura contraria del sector mayoritario de la coalición de izquierda, el Movimiento de Participación Popular (MPP). El Partido Colorado (PC), el Partido Nacional (PN) y el Partido Independiente también votarán a favor de conformar la investigadora. “El PN va a acompañar la propuesta. Parece claro que la situación lo justifica; está de por medio la institucionalidad del país. La eventualidad de que los servicios de inteligencia hayan funcionado de manera ilegítima, espiando a figuras públicas en forma contraria a las normas jurídicas y la ley es de por sí grave y está bien que se investigue”, señaló el diputado del PN Pablo Abdala.
El PC, en tanto, si bien resolverá formalmente sobre el tema cuando conozca la denuncia, acordó “de manera informal que está dispuesto a acompañar la investigadora”, dijo el diputado Conrado Rodríguez. “Todos los partidos políticos han estado a favor de investigar estos supuestos espionajes en democracia. De comprobarse, habrá que ver quiénes fueron los responsables”, afirmó Rodríguez.
Daniel Bianchi, Daniel Peña y Guillermo Facello, legisladores que abandonaron sus respectivos partidos para encolumnarse tras el líder del “Partido de la Gente”, Edgardo Novick, se reunirán hoy para definir su posición sobre este tema. Bianchi, electo por el Partido Colorado, dijo que no tiene una postura definida y aguardará a la instancia de hoy. Peña, electo por el PN, expresó su visión “positiva” sobre las investigadoras. “En general tengo a priori la posición de que todo lo que se quiera investigar se investigue, y que exista la menor cantidad de dudas al respecto. Pero estamos empezando a funcionar como bancada y seguramente lo resolvamos mañana [por hoy]”, aclaró. En cambio, el diputado electo por el PC Guillermo Facello mantiene su postura contraria a conformar una investigadora por este tema. “Mi posición personal es no acompañar esta investigación porque no tiene ningún sentido estar removiendo cosas del pasado cuando el FA se niega a investigar cosas del presente y sobre temas que le interesan mucho más a la gente que esto”, sostuvo.
Este jueves, en sesión especial, la Cámara de Representantes resolverá si habilita la investigadora.
Radiografía de un pensamiento
En el documento elaborado por Isabel Wschebor que será incluido en la denuncia y al que accedió la diaria, denominado “Informe de recomendaciones sobre el destino del archivo incautado”, la historiadora sostiene que el archivo constituye “un testimonio único en relación a las formas de reorganización de la inteligencia militar en un contexto de restauración de la democracia en el país”. De los documentos del archivo se desprende la “preocupación” de los militares “por establecer los estrictos mecanismos de reserva en relación a las acciones de ocultamiento sobre los crímenes cometidos en el período de facto”. “Una de las principales preocupaciones en dicho sentido, está asociada a la posible presencia de individuos adscriptos a organizaciones políticas como el Partido Comunista Uruguayo, buscando de este modo limitar, a la interna de la corporación militar, la presencia de individuos con ideologías políticas que pudiesen contrarrestar un proceso de silenciamiento en relación a las acciones del campo militar en el período inmediatamente anterior al restablecimiento pleno de la democracia”, indica Wschebor.
La historiadora detalla que el archivo contiene documentos personales de Castiglioni, fallecido en 2015, que refieren a sus tareas de inteligencia y estrategia militar; documentos de la vida privada del militar, como cartas o tarjetas personales; correspondencia; relevamiento de prensa, en particular una selección de entrevistas a Julio María Sanguinetti y al exministro de Defensa del gobierno de Luis Alberto Lacalle, Mariano Brito, donde ambos refieren a la necesidad de preservar la estabilidad de las Fuerzas Armadas, y expedientes de organismos de Inteligencia del Ministerio de Defensa Nacional referidos a asuntos diversos.
En el archivo hay un expediente relativo a la maestra desaparecida Elena Quinteros, cuya información ya fue procesada por los historiadores que trabajaron en convenio con Presidencia, así como una carpeta de seguimiento a Macarena Gelman tiempo después de haber sido identificada, señala el informe. También hay documentación “significativamente más voluminosa” que la que se conocía hasta el momento sobre las denuncias del ex soldado Sergio Ramón Pintado Otero, quien testificó en la causa de Quinteros. Wschebor señala que estos expedientes deberían ser cotejados con la documentación existente en el archivo de la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado, donde Castiglioni ejerció como director, “a los efectos de comprobar si se trata de expedientes del organismo que fueron extraídos por él durante su función pública”, y si podía realizar investigaciones sobre personas sin una orden judicial.
Castiglioni también guardaba documentación sobre la masonería en Uruguay y en Argentina.
Wschebor recomienda reproducir “las informaciones que pueden ser consideradas probatorias de crímenes de lesa humanidad en dictadura” y entregarlas a la unidad especializada de la fiscalía que trabaja en el tema, así como transferir “de manera integral” el acervo al Archivo General de la Nación e inventariarlo. Luego, señala la historiadora, sería conveniente iniciar un proceso de desclasificación de los archivos para la investigación. Wschebor remarca que más allá del uso que le dé la Justicia al archivo, este debe ser abordado “desde diferentes enfoques y ciencias sociales, porque constituye el primer fondo documental integral que permite estudiar la mirada militar sobre el período de la transición”.

Preocupación actual

Los documentos del archivo Castiglioni permiten concluir que el coronel retirado estaba preocupado por la posibilidad de que OSE realizara obras en la zona del Grupo de Artillería de Defensa Antiaérea Nº 1, en Canelones, sujeto actualmente a medidas cautelares por el Juzgado de Pando porque se presume que allí podrían estar enterrados los cuerpos de cinco detenidos desaparecidos. En esa zona se están realizando excavaciones, y el viernes 18 la Justicia resolvió ampliar el área de excavación, al constatarse “algunas anomalías en el terreno que no serían naturales”, explicó el abogado Óscar López Goldaracena, quien en 2008 recibió de forma anónima un croquis señalando enterramientos en ese lugar.

La democracia vigilada

21Nov

AFUSEC

Este lunes la sede del PIT-CNT será el ámbito de análisis y discusión sobre la actuación de los servicios de inteligencia en un encuentro denominado “La democracia vigilada”.
democracia-vigilada
A las 18 horas de este lunes 21, figuras destacadas de la sociedad provenientes del Derecho, periodismo de investigación y DDHH, brindarán una charla en la sede central del PIT-CNT.
La responsable de la Secretaria de DDHH de la central, Fernanda Aguirre, adelantó al Portal que el encuentro es considerado por el PIT-CNT como “altamente relevante” por las características del panel y especialmente, el tema de los archivos revelados.
“Desde la Secretaría de DDHH del PIT-CNT entendemos que es de vital importancia no dejar pasar por alto hechos graves que atentan contra el ejercicio de actividades democráticas como lo son la actividad sindical y política”.
El encuentro del lunes 21 a las 18 horas, participarán como panelistas Samuel Blixen, “periodista comprometido que nos ha acercado este material”, Mirtha Guiaze, “exfiscal integrante de la Institución de DDHH”, Isabel Wschebor, “que entre otras cosas ha sido analista de parte de los archivos” y Pablo Chagoñia “como responsable del equipo jurídico del Observatorio Luz Ibarburu”. Según explicó Aguirre, el encuentro “La democracia vigilada” del próximo lunes, “es importante especialmente para que los trabajadores organizados nos interioricemos y encontremos elementos para tomar posición activa frente al avasallamiento de nuestros derechos por parte de las instituciones del Estado”. En este sentido, la integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT sostuvo que el Estado “debería velar por garantizar los derechos y no coartarlos, vigilándonos”.
Desde la Secretaria de DDHH de la central se entiende que “los hechos ilícitos que hay que juzgar no son solamente los del periodo de la dictadura, sino también los que se hayan ejercido en periodo democrático, como en principio ha quedado demostrado a la luz a través de estos documentos”.

Los gráficos de Gabriel “Saracho” Carbajales


Lunes 21 • Noviembre • 2016
Foto principal del artículo 'El abogado Ramadori dijo que Tróccoli fue tratado en Italia “como un ser humano” y que “él no hizo lo mismo con sus víctimas”'

El abogado Ramadori dijo que Tróccoli fue tratado en Italia “como un ser humano” y que “él no hizo lo mismo con sus víctimas”

En la audiencia pública del juicio por la Operación Cóndor del 18 de noviembre se presentaron ante la Tercera Corte de Asís de Roma las declaraciones finales de los abogados Alessia Liistro, Alicia Mejía, Martina Felicori y Andrea Ramadori para los casos de siete desaparecidos: los uruguayos Célica Gómez, Aída Sanz, Elsa Fernández y Guillermo Sobrino, los ítaloargentinos Luis Stamponi y Horacio Campiglia y el ítalochileno Jaime Donato.
La abogada Alessia Liistro empezó su intervención con el caso de Célica Gómez, por cuyo secuestro y desaparición está acusado el marino uruguayo Jorge Néstor Tróccoli, en razón de su pertenencia al cuerpo de Fusileros Navales, de su rol de oficial de conexión con el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y del S2 del Fusna (Departamento de Inteligencia). Liistro evidenció la brutalidad de las operaciones que involucraron a Célica Gómez, que se inscriben en la gran ofensiva en contra de los Grupos de Acción Unificadora y del Partido Comunista Revolucionario (PCR), ofensiva que se volcó con violencia “sobre los militantes y sobre quienes tenían relaciones parentales, de amistad y de afecto hacia ellos”. La abogada mostró a la Corte las pruebas exhibidas durante las audiencias y enumeró los testimonios que permiten una reconstrucción de los acontecimientos que han llevado a la desaparición de Gómez. Célica fue secuestrada en Buenos Aires el 3 de enero de 1978 a las 17.30, cuando salía de su trabajo en la agencia de noticias Télam. Era hermana de Néstor Gómez, militante del PCR, refugiado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en París, y recibía cartas de él que luego entregaba a Carlos Cabezudo. Liistro recordó a la Corte el testimonio de Néstor Gómez, quien relató “todas las tentativas de encontrar a su hermana y de saber algo sobre su paradero” y rememoró el dolor que le impidió hablar de lo que descubrió años después, dejando ese relato a Ángel Gallero, otro militante del PCR, que vio a Célica en el centro de detención clandestino de La Tablada, en Montevideo. Liistro detalló el testimonio de Gallero, las torturas que él mismo sufrió y las reiteradas torturas y violaciones que soportó Célica. La abogada se dirigió a la Corte con una exhortación: “Hemos escuchado una cantidad impresionante de testimonios sobre torturas en este juicio y hemos aprendido a anestesiarnos respecto de eso. ¡Yo les pido que ahora se despierten!”. Liistro especificó los testimonios que prueban la responsabilidad de Tróccoli en la desaparición y el homicidio de la joven uruguaya: “Martín Ponce de León, quien en un documento, construido sobre la base de documentos oficiales y entregado a la Corte, esquematiza y cruza secuestros, víctimas y grupos de militancia con los viajes de Tróccoli a Argentina; Mirtha Guianze, quien aporta elementos definitivos para evaluar la responsabilidad de Tróccoli; Cristina Fynn, quien reconoció en Tróccoli a Federico, uno de sus torturadores y vio la cara de Tróccoli cuando le bajaron la venda para que firmara la confesión; Rosa Barreix, quien confirma el seudónimo de Tróccoli y cuenta que él le hablaba de los compañeros secuestrados en Buenos Aires; Roger Rodríguez, quien muestra un documento desclasificado en el que el embajador de Estados Unidos en Buenos Aires hace referencia al Departamento de Estado [de Estados Unidos] sobre un traslado de ciudadanos uruguayos de Buenos Aires a Montevideo: en el listado está el nombre de Célica”. En sus conclusiones, sobre la base de las pruebas presentadas, la abogada dejó constancia del secuestro de Célica, de su detención en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio conocido como Pozo de Banfield y en La Tablada, de la colaboración entre la marina uruguaya y la argentina, de los viajes de Tróccoli y de su rol como parte del S2, de las mismas palabras de Tróccoli con las que admitió haber utilizado la violencia para conseguir información. “De todo eso resulta evidente la responsabilidad de Tróccoli como autor moral y material del delito de secuestro, tortura y homicidio de Célica Gómez”, concluyó.
La abogada Liistro también hizo declaraciones finales sobre el caso de Luis Stamponi, militante del Ejercito de Liberación Nacional de Bolivia, detenido en ese país en 1976 y trasladado a Argentina, donde desapareció junto a su madre, Mafalda Corinaldesi, quien, tras enterarse de su secuestro, lo estaba buscando.
La abogada Alicia Mejía dejó el análisis puntual de los casos a sus colegas y se focalizó en el examen de la Operación Cóndor: “Creo que es necesario enmarcar todos esos acontecimientos en un ámbito histórico y político. América Latina es un continente que soportó una pesada influencia estadounidense en razón de intereses políticos y económicos”. Luego explicó la denominación “cóndor” mediante una analogía con el ave de rapiña que da nombre al plan de coordinación represiva: “El cóndor es un animal típico de América, un animal real, un ave de presa que vive en la parte más alta de las montañas y controla todo lo que sucede en los llanos. Desde allí identifica a su víctima, baja, la atrapa y la lleva a las alturas, donde la destruye completamente. Este es el nombre de una operación policial y es la imagen de lo que ocurrió en América Latina. Fue una operación puesta en marcha por el mismo Estado y, por lo tanto, más odiosa, ya que el Estado está llamado a proteger y defender a sus ciudadanos. Por eso se merece una condena ejemplar”.
Sobre el tema de las pruebas y de la evaluación de estas, que la Corte será llamada a verificar, focalizó su atención en la credibilidad de los testigos: “¿Qué intereses pueden tener, sino la verdad, personas que viajaron desde lugares lejanos para contar una realidad que vivieron en primera persona como familiares o como sobrevivientes? Es gente que fue víctima de acciones represivas, que experimentó la represión en su propia carne, y por eso tiene una credibilidad absoluta”. Mejía enumeró también la enorme cantidad de documentación oficial utilizada en el juicio, proveniente de archivos oficiales, de la desclasificación de material de diferentes agencias gubernamentales, y de informes elaborados por diferentes comisiones para la paz. Prosiguió: “La Operación Cóndor determinó la muerte de muchísimos ciudadanos; una de las consecuencias, además de la pérdida de individuos, es la desaparición de una generación entera de dirigentes políticos, de estudiantes, de profesores, de obreros, de religiosos. Se trata de la parte más sana de la sociedad, personas que tenían ideas y propuestas valiosas; se interrumpió el desarrollo social de la región entera”.
Para concluir su declaración, la abogada Mejía persistió en la responsabilidad de Tróccoli poniendo en duda las pruebas a su favor y los testigos que el imputado llevó a la audiencia: “Estamos hablando de viajes entre Uruguay y Argentina, países que son vecinos, separados por un río que, en ese entonces, se atravesaba en una hora y 40 minutos en barco. Un viaje que demoraba una hora de avión. La presencia de Tróccoli en Uruguay en las fiestas de Navidad no se puede justificar mediante declaraciones genéricas de sus familiares. Las fiestas de Navidad empiezan el 24 de diciembre; la operación en Argentina se desarrolló entre el 20 y el 22 de diciembre. Tróccoli pudo quedarse tranquilamente en Buenos Aires hasta el 22 de diciembre y comer panettone en Uruguay con su familia el 24. Las fotografías exhibidas son genéricas y no tienen una fecha; por lo tanto, no tienen validez como prueba”.
La abogada Martina Felicori presentó su alegato para el caso del ciudadano ítaloargentino Horacio Campiglia, dirigente de Montoneros secuestrado en Brasil en 1980 y trasladado a Argentina, donde se pierden sus rastros.
El abogado Andrea Ramadori habló sobre Aída Celia Sanz Fernández, Elsa Haydée Fernández Lanzani de Sanz y Guillermo Manuel Sobrino Berardi. “Son tres de la víctimas de la oleada represiva que se extendió entre diciembre de 1977 y enero de 1978, y trataré los casos conjuntamente para la contextualización de los acontecimientos y de la responsabilidad”. Ramadori reconstruyó las circunstancias del secuestro y de la desaparición de los tres; por medio de los testimonios escuchados, recompuso lo que vivieron en los calabozos del Pozo de Banfield. Relató el parto en cautiverio de Aída Sanz y subrayó la fuerza de esa mujer, que logró avisar a su compañero de encarcelamiento, Washington Rodríguez, de la presencia de 22 uruguayos en aquel lugar y le pidió que denunciara el hecho ante la ONU en caso de ser liberado. “Gracias a esa denuncia, que se cruza con los habeas corpus presentados por los familiares, hoy sabemos dónde fueron llevados esos ciudadanos y podemos imaginar lo que pasó con ellos”, dijo Ramadori. Para concluir, el abogado agradeció a la Corte subrayando la dificultad de ese proceso que pide un juicio sobre “hechos acontecidos en lugares lejanos y en tiempos lejanos”. “El compendio probatorio a cargo del imputado Tróccoli es notable, y creo que son inaceptables sus palabras, durante la declaración espontánea, sobre el maltrato recibido en la cárcel italiana de Regina Coeli. En Italia fue tratado como un ser humano; él no hizo lo mismo con sus víctimas”, finalizó.

Próximas instancias

El martes 22 el sector de los trabajadores rurales tendrán otra instancia de negociación en el ámbito de los Consejos de Salarios. María Flores sostuvo al Portal que entienden que habrá que tener algo de luz en el camino “porque los trabajadores hemos negociado, hemos comprendido que hay que negociar, rebajamos la plataforma a la mitad, pero las ofertas que nos han puesto arriba de la mesa son irrisorias”. En este sentido, remarcó que “si esas son las propuestas entonces no nos hagan gastar plata en boletos ni perder tiempo ni días de trabajo y nos quedamos en el campo allá esperando que el Poder Ejecutivo laude”. Notoriamente molesta con la postura patronal, Flores dijo al Portal que “o nos vieron cara de descansados o de giles para que nos hagan una propuesta de quinientos pesos en dos partidas y con una serie de condicionantes para quinientos pesos!” subrayó.
Para la presidenta del Sutta, venir a participar de las conversaciones en los Consejos de Salarios implica plata. Pagar boletos, pasajes que rondan los 322 pesos desde Durazno hasta Montevideo más otro tanto de regreso. “Y encima un patrón te dice en la cara y no sé cómo no tienen vergüenza, frases del estilo te estoy dando 70 pesos por día para la comida, pero si me faltas un día de los 27 jornales, te lo descuento”.
Ante este complejo panorama, la posibilidad de movilizarse como lo hacen otros sindicatos, para los trabajadores rurales también es compleja dada la dispersión y en ocasiones, aislamiento de los unos y otros. “Y para traerlos a Montevideo hay que tener plata”. De todos modos desde el sindicato se está evaluando alguna acción concreta en coordinación con el PIT-CNT para denunciar la situación que afrontan los trabajadores rurales.

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