Publicado en: 23 septiembre, 2017

Noticias Uruguayas 22 septiembre 2017

Por Colectivo Noticias Uruguayas

Uruguay: EL SINDICALISTA TIENE “REPAROS” SOBRE EL EMPRENDIMIENTO Andrade: “No voy como dirigente comunista a la negociación con UPM”

EN DIRECTO | Catalunya: Miles de personas piden la libertad de los cargos detenidos frente al TSJCat // El Constitucional impone multas por primera vez en su historia por la desobediencia en Cataluña (una multa diaria de 12.000 euros) // El PSOE trata de boicotear la mesa de diálogo de Unidos Podemos sobre Catalunya // Teresa Rodríguez resucita la “soberanía popular andaluza” al amparo del 1-O catalán // España 2017: cerco a la libertad ideológica // Uruguay:EL SINDICALISTA TIENE “REPAROS” SOBRE EL EMPRENDIMIENTO Andrade: “No voy como dirigente comunista a la negociación con UPM”

 

URUGUAY
El secretario general del sindicato de la Construcción y exdiputado comunista Óscar Andrade aseguró en radio El Espectador que si bien, como dirigente del Partido Comunista, tiene algunos reparos sobre la nueva planta de UPM, concretamente en lo ambiental y las exoneraciones, va a las negociaciones como dirigente del Sunca y a buscar que el proyecto se haga en las mejores condiciones para los trabajadores.
“Nosotros no participamos de la negociación UPM con el gobierno. No participamos de la negociación en el sentido de si esto es o no zona franca, de qué tasa impositiva, de qué exoneraciones, de qué infraestructura el gobierno le resuelve a UPM. Y puedo tener opinión en algunas cosas. En la mayoría tengo una opinión en contra. A mí si me dejás, casi que todas tengo opinión en contra.

EL SINDICALISTA TIENE “REPAROS” SOBRE EL EMPRENDIMIENTO

Andrade: “No voy como dirigente comunista a la negociación con UPM”

EL SINDICALISTA TIENE "REPAROS" SOBRE EL EMPRENDIMIENTOAndrade: “No voy como dirigente comunista a la negociación con UPM”El secretario general del sindicato de la Construcción y exdiputado comunista Óscar Andrade aseguró en radio El Espectador que si bien, como dirigente del Partido Comunista, tiene algunos reparos sobre la nueva planta de UPM, concretamente en lo ambiental y las exoneraciones, va a las negociaciones como dirigente del Sunca y a buscar que el proyecto se haga en las mejores condiciones para los trabajadores.
“Nosotros no participamos de la negociación UPM con el gobierno. No participamos de la negociación en el sentido de si esto es o no zona franca, de qué tasa impositiva, de qué exoneraciones, de qué infraestructura el gobierno le resuelve a UPM. Y puedo tener opinión en algunas cosas. En la mayoría tengo una opinión en contra. A mí si me dejás, casi que todas tengo opinión en contra.
Me molesta que sea zona franca, me molesta que tengamos que hacer infraestructura. De la misma forma en la que me molesta que se haga un shopping y no una obra de vivienda. Ahora, ¿no defiendo los intereses de los trabajadores que van a trabajar en el shopping? ¿No negocio con el tipo que construye el shopping?”, se preguntó.
“En una inversión de este tipo es así: cuanto más pueda sacar el Estado mejor, cuanto más pueda tributar mejor, cuantos mayores controles medioambientales tenga, mejor. En este plano nosotros tenemos una opinión política pero no somos el jugador que está en la negociación para defender esas cosas: es el gobierno”, añadió.
“En lo sindical y laboral, (nuestro objetivo) es que la obra se haga en condiciones seguras, que los trabajadores tengan condiciones de alojamiento seguras, que se respete la categoría, que se respete la formación profesional y que tengan las mejores condiciones de trabajo adentro” dijo el secretario general del SUNCA.
“Si UPM y las empresas que trabajan ahí cumplen la normativa laboral, respetan los propósitos que están colocados ahí en materia de participación de mano de obra nacional, formación, servicios de seguridad, seguramente la conflictividad sea baja. El problema es que después en la cancha eso se da o no se da”.
Se viene el llamado
Siguiendo en tema, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, dijo que el proyecto del ferrocarril central está muy avanzado e informó que ha tenido unas 40 entrevistas con posibles interesados.
El secretario de Estado aclaró en radio Uruguay que aún no está terminado el pliego del llamado internacional – el que estará listo en las primeras semanas de octubre- pero que se mantiene la fecha prevista para el inicio de obras: 2018.
“Interesados hay muchos, afortunadamente”, dijo Rossi pero aclaró que serán las respuestas al llamado lo que efectivamente marcará el grado de interés.

 


Instalan placa de la Memoria en Regimiento de Caballería Nº 8 de Cerro Largo

La Comisión de Reparación del Ministerio de Educación y Cultura instaló una nueva placa de la memoria, esta vez en el Regimiento de Caballería Nº 8 en Melo, Cerro Largo, ex centro de detención clandestino donde se cometieron actos de tortura y crímenes durante la dictadura militar.

Caballeria-8
La Comisión de Reparación y organizaciones de derechos humanos participaron este martes 19 de setiembre de la instalación de una placa de la memoria, en el Regimiento de Caballería Nº 8 en Melo, Cerro Largo, en el marco de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Ley Nº 18.596.
El evento estuvo encabezado por el presidente de la Comisión de Reparación, Nicolás Pons.
Dicho acto de reparación estuvo rodeado de polémicas entre la Asociación de ex Presos Políticos del Uruguay CRYSOL y el intendente de Cerro Largo, Sergio Botana.
CRYSOL había solicitado por correo, al jefe de gobierno departamental de Cerro Largo, si autorizaba a una delegación que asistiría a la ceremonia a pernoctar en el gimnasio municipal.
Botana respondió de inmediato a CRYSOL con una misiva escrita a mano, en la cual le comunicaba a la organización que si bien no tenía inconvenientes en que pernoctaran en el gimnasio, de dodos modos consideraba que la colocación de la placa es “una ofensa gratuita al Ejército”.
Botana argumentó que tuvo una militancia “grande contra la dictadura”, integró la Comisión Nacional contra la Ley de Caducidad, y defiende el ejercicio de los derechos humanos.
También recordó que el Partido Nacional, al cual pertenece, “no pactó con la dictadura, al no asistir al Pacto del Club Naval”, pero entiende que “a nadie le gusta que ir todos los días a su lugar de trabajo y que se lo recuerde como un centro de tortura”.
“No me parece la mejor forma de hacer la paz entre los orientales”, sentenció Botana.
Por su parte, CRYSOL respondió al intendente de Cerro Largo que le agradecen por la autorización para que los integrantes del grupo de social pernoctaran en el gimnasio municipal, pero recordaron que la tortura es una práctica “aberrante que merece siempre la más enérgica condena”.
“En el mundo, entre las naciones civilizadas, su empleo no admite justificaciones de ninguna clase. En nuestro país, la Ley 18.026, con el voto unánime de los parlamentarios de todo el sistema político, así lo consagró. La tortura degrada a quien la ordena, a quien la aplica y también a quien la tolera”, sentenció CRYSOL a través de una misiva dirigida a Botana y que lleva la firma de Gastón Grisoni, presidente, y Enrique Chalar, secretario de la organización.

 


 

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 Movilización de trabajadores públicos. Foto: Santiago Mazzarovich (archivo, junio de 2015)

AFFUR evaluará esta mañana si ocupa edificio central de la Udelar; rector presentó propuesta para destrabar conflicto

El plenario federal de la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República (AFFUR) resolvió ocupar hoy el edificio central de la Universidad de la República (Udelar), donde funcionan la Facultad de Derecho y las oficinas del rectorado. La medida sería entre las 15.00 y las 22.00, por el “estancamiento” de la negociación colectiva en la institución. “AFFUR está exigiendo en este momento una negociación colectiva en el marco de la legislación nacional, que se realice en un ámbito de respeto mutuo de las partes y que implique verdadero diálogo (escuchar e intercambiar) para facilitar y construir acuerdos. Creemos que es inconducente e inapropiado un ambiente en el que parte importante de la representación Institucional se niega a discutir o se resiste a acordar”, señalan desde AFFUR, en referencia al prorrector de Gestión Administrativa, Gustavo Giachetto. La negociación con el prorrector “ha sido difícil, por no decir imposible, y le ha faltado el respeto a nuestros delegados”, argumenta el gremio, situación que ha denunciado ante la Dirección Nacional de Trabajo y la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados.
El viernes hubo una reunión con el actual director de Trabajo, Jorge Mesa, y ayer representantes de los funcionarios de la Udelar se reunieron con la delegación institucional de la institución educativa, encuentro en el que les transmitieron una propuesta del rector, Roberto Markarian, “para destrabar el tema de la negociación colectiva”.
Según explicó Daniel Olivera, dirigente de AFFUR, la delegación propuso comenzar a discutir la distribución de los fondos destinados a incrementos salariales que se incluyeron en la Rendición de Cuentas, que se terminarán de votar en los próximos días en el Senado, en un ámbito conducido directamente por el rector. “El tema presupuestal lo ha manejado tradicionalmente él”, explicó Olivera, que agregó que “se nos solicitó el gesto de dejar en suspenso la medida de ocupación”. El dirigente informó que para discutir esta propuesta, un plenario federal de AFFUR se reunirá hoy, a partir de las 9.00; “va a analizar si se toma como positiva o si se toma otro tipo de resolución”, añadió.
Para Olivera la propuesta de ayer es “una señal del rector, de destrabar la situación, a raíz de gestiones del director de Trabajo y de la Comisión de Legislación del Trabajo”, y comentó que además se adoptó el compromiso de hacer la primera reunión en el marco de ese ámbito esta semana. La Mesa Ejecutiva de AFFUR, informó Olivera, propondrá al plenario “dar una señal y dejar las medidas de mañana en suspenso, y ver cómo se procesa en general la negociación colectiva”. De todas formas, el dirigente aseguró que lo presupuestal “vendría a ser lo más urgente, pero tenemos muchísimos temas en agenda de la negociación colectiva en los que por esta situación con el prorrector no se han podido avanzar, como la discusión sobre la capacitación, Bienestar Universitario o los concursos”.

A LA SUPREMA CORTE

Judiciales presentarán un recurso contra el artículo 15

20Sep

AFUSEC

Plantearán la inconstitucionalidad; se decidirá en asamblea en octubre.

Concretada la aprobación del artículo 15 de la Rendición de Cuentas que habilita la posibilidad de postergar el pago por parte del Estado de las sentencias judiciales en su contra, la Asociación de Funcionarios Judiciales que tiene un reclamo de larga data que a esta altura llega a US$ 70 millones, se apresta a realizar una acción de inconstitucionalidad contra la norma.
Ayer el Comité Ejecutivo del sindicato recibió un informe legal de sus asesores que enfatiza la inconstitucionalidad del ar-tículo. El comité propondrá a la asamblea del sindicato que se realizará en los primeros días de octubre, llevar adelante la acción de inconstitucionalidad, adelantó a El País el nuevo secretario general del gremio, Richard Ascurrein. La asamblea seguramente aprobará llevar adelante la acción. El sindicato ya tiene una sentencia judicial a su favor.
El reclamo de los judiciales es de larga data. Se origina en la aprobación en 2010 de un “enganche” entre los incrementos salariales de los funcionarios, los ministros de la Suprema Corte de Justicia y los ministros de Estado. Ascurrein se quejó de que “sigue la incertidumbre y queda supeditada a la voluntad de un poder del Estado el cumplimiento de una sentencia”. “Eso es lo más grave, no solo por nuestro conflicto actual sino por lo que implica ante cualquier situación de reclamo al Estado. Esto afecta a cualquier funcionario o a cualquier persona que tenga un reclamo contra el Estado”, dijo.
“Notamos una intención de no cumplir con los funcionarios judiciales que nos encontramos sin incremento del salario real desde 2011 siempre con la promesa de que “si ustedes ganan el juicio van a tener el incremento”. Salió la sentencia y siguen sucediéndose artículos y normas que impiden que se cumpla con la misma”, agregó.
El sindicato emitió un comunicado ayer en el que señaló que sigue en conflicto y responsabiliza al Poder Ejecutivo ante su eventual agravamiento.
El artículo cuestionado determina que “el Poder Ejecutivo podrá comprometer gastos de funcionamiento o inversiones sin que exista crédito disponible, cuando se trate de cumplimiento de sentencias judiciales, laudos arbitrales, o situaciones derivadas de lo establecido en los artículos 24 y 25 de la Constitución de la República”.
Sin embargo, agrega que “no obstante, cuando los montos a que refiera la condena sean sentencias laborales, civiles o de cualquier otra naturale- za, transacción homologada o laudo arbitral, excedan de 75.000.000 unidades indexadas, el Poder Ejecutivo podrá hacer uso de la facultad establecida precedentemente o proponer las previsiones correspondientes en la próxima instancia presupuestal, a fin de atender el pago de las erogaciones resultantes. Una vez aprobado el Presupuesto o la Rendición de Cuentas en su caso, con las previsiones referidas, la cancelación del crédito se realizará dentro del ejercicio siguiente”, especifica.
Argumentos jurídicos.
Los asesores del sindicato elaboraron un informe en el que señalan que “lo cierto es que el Poder Ejecutivo se arroga la facultad de cumplir con las sentencias de condena en su contra mediante un mecanismo que perjudica al acreedor laboral, violentando los más elementales principios constitucionales”.
“Una vez propuesto el crédito por el Poder Ejecutivo, este debe ser aprobado en el Presupuesto o la Rendición de Cuentas en su caso, con las previsiones referidas, de tal forma que la cancelación del crédito se realice dentro del ejercicio siguiente. Es decir, que aún cumpliendo y haciendo uso de la facultad establecida en el inciso segundo, el PE deberá esperar la aprobación parlamentaria del crédito para poder cumplirlo”, explican los asesores Roberto Rinaldi y Fernando Abdala. Si bien consideran que el artículo 15 representa una mejora respecto al derogado 733 de la ley 19.355 igualmente entienden que la disposición de la Rendición de Cuentas tiene “una evidente inconstitucionalidad”.
El artículo 15 quedó firme porque el oficialismo logró el apoyo del diputado colorado Fernando Amado. El resto de la oposición lo rechazó por considerarlo inconstitucional.
Ascurrein dijo que la situación afecta a trabajadores con salarios sumergidos y que si se les pagase el salario de la manera que el sindicato entiende que sería la correcta, corresponderían $ 2.500 a cada uno de los 3.600 involucrados. Con respecto a la deuda de US$ 70 millones, dijo Ascurrein, “siempre estuvimos abiertos al diálogo para negociar la forma de pago”. “Ellos reiteran que la voluntad de pago existe pero los años pasan. Llevamos casi siete años con este problema y lo que ha habido son normas que han llevado el tema hacia adelante”, acusó el sindicalista. En la asamblea también se analizarán otras medidas de protesta y no se descarta ninguna, señaló.
Por otro lado, dos grupos de funcionarios (unos 1.800 de ellos con patrocinio del sindicato) presentaron una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El artículo de la Rendición de Cuentas ha sido cuestionado por muchos expertos. Por ejemplo, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, consideró que “es inconstitucional de acá a la China”.
En febrero pasado la asamblea de trabajadores judiciales rechazó una oferta de pago parcial que le había hecho el gobierno. A comienzos de año la deuda rondaba los US$ 40 millones. El propio presidente Tabaré Vázquez exhortó al sindicato a aceptar la propuesta de pago. El gobierno ya llegó a acuerdos con los fiscales, defensores de oficios y jueces y les pagó las deudas vinculadas con el “enganche”.
El 15 de marzo la dirigencia del gremio judicial se reunió con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, a quien le planteó la posibilidad de que el gobierno accediera a la actualización salarial del 21,6% que reclaman los trabajadores, y a que la deuda generada en los años que lleva el reclamo fuera negociada en una instancia posterior. Murro adujo en ese momento que la oferta rechazada por el sindicato implicaba el pago de US$ 100 millones durante tres años a 5.000 funcionarios. “Es mucha plata en cualquier parte del mundo. La propuesta era muy seria”, dijo entonces Murro.
El gobierno había ofrecido una actualización de 15,76% retroactiva a diciembre de 2012.
Hay escaso margen fiscal.
En una charla hace algunas semanas con militantes frenteamplistas el diputado del sector oficialista Liga Federal, Sergio Mier, reconoció que si el gobierno pagaba lo que adeuda a los judiciales se complicaba el cumplimiento de objetivos presupuestarios previstos para el año próximo. El déficit fiscal se ubica hoy en 3,6% del Producto Interno Bruto y el margen de maniobra del gobierno es bastante limitado.
En febrero de 2016 una sentencia judicial estableció que los salarios de los judiciales debían adecuarse en un 21,6% a futuro, pero la sentencia jamás se cumplió y, con el artículo 15, el gobierno obtuvo una forma de posponer el cumplimiento por ahora. En un momento el gobierno ofreció pagar el 70% de la deuda pero 1.543 judiciales votaron en contra de la propuesta en febrero.

 DISTINTAS VISIONES.

José Amorín – Senador colorado.

“El artículo 15 es el más difícil de digerir porque es groseramente inconstitucional. Cualquiera puede decir lo que quiere. Todos sabemos que este artículo va a ser declarado inconstitucional. Va en contra de la separación de poderes. Lo que hace este gobierno es chicanear a los funcionarios judiciales. Eso está claro”, sostuvo el senador colorado José Amorín Batlle.
Charles Carrera – Senador del MPP.
“No se está diciendo que el Estado no vaya a pagar. La lectura correcta de la Constitución habilita la solución propuesta. No está en juego el Estado de Derecho sino todo lo contrario. Es un herramienta para retrasar el pago y eso es posible en un Estado de Derecho”, dijo el senador del MPP que sustituyó a la ahora vicepresidenta Lucía Topolansky.
Pablo Mieres – Senador del Partido Independiente.
Para el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, el artículo 15 “es muy grave” porque implica que el gobierno “le quiere pasar por arriba” a la separación de poderes, “algo sustancial en el Estado de Derecho”. En declaraciones a Canal 12, el senador señaló que hay una “denegatoria de justicia” para los trabajadores judiciales y recordó que ya fue declarada inconstitucional una normativa similar.
http://www.elpais.com.uy/informacion/judiciales-presentaran-recurso-articulo.html

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