Publicado en: 22 noviembre, 2015

Noticias Uruguayas 22 noviembre 2015

Por Colectivo Noticias Uruguayas

Uruguay: Trabajadores azucareros de UTAA en huelga de hambre por Reforma Agraria // Fiscal pide procesamiento por torturas para “Charleta” Gundelzoph, el otro Amodio // Aratirí sigue ocupada

La explosión atómica que nadie vio: ¿por qué la nueva bomba nuclear de EE.UU. le debe importar? // Tamara Bunke Bíder: ‘Tania la Guerrillera’ // Paso a paso: cómo EE.UU. creó al Estado Islámico // IGNACIO RAMONET: “No hay que tolerar la pérdida de libertades..” // España: La Catalunya de Mas: 300 mil alumnos y alumnas de 3 a 16 años viviendo bajo el umbral de la pobreza // “La derrota de Hitler permitió a Franco enterrar los muertos… y las deudas” // Venezuela:Injerencias de EEUU colocan a Venezuela en el ojo del huracán // Haití: Ocho candidatos presidenciales denuncian fraude electoral // Agentina: “La puja se da entre dos frentes electorales de derecha” // Rigane – CTA: “No hay ninguna alternativa que represente los intereses de los trabajadores” // Uruguay: Trabajadores azucareros de UTAA en huelga de hambre por Reforma Agraria // Fiscal pide procesamiento por torturas para “Charleta” Gundelzoph, el otro Amodio // Aratirí sigue ocupada

 

URUGUAY

PELUDOS: Trabajadores azucareros de Bella Unión realizan
huelga de hambre en reclamo de una política real de Reforma Agraria

Cuatro trabajadores de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA) realizan una huelga de hambre y unas 30 familias aguardan una respuesta del Instituto Nacional de Colonización (INC) a sus planteos de una Reforma Agraria.

22 de noviembre de 2015 a las 01:18 hs Actualizado a las 01:29 hs LR 21

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El sábado 14 de noviembre UTAA ocupó tierras del Instituto Nacional de Colonización (INC) en Bella Unión para reclamar la puesta en práctica de una política real de Reforma Agraria.
En tal sentido, reclaman un política que “beneficie a todos los trabajadores del país que quieran acceder a la tierra y hacerla producir”.
El INC denunció ante la policía la ocupación del campo ubicado en el kilómetro 613 de la ruta 3.
A su vez, la presidencia de INC se negó a entablar cualquier tipo de negociación mientras se mantuviera la medida.
Una vez que los militantes de UTAA flexibilizaron la ocupación, instalándose en la entrada del predio, el INC aceptó realizar una ronda de negociaciones que tendría lugar entre los días 23 y 24 de noviembre en Bella Unión, informó el gremio.
En virtud de que en el diálogo telefónico con los dirigentes de UTAA la presidenta del INC “no se mostró dispuesta a poner sobre la mesa de negociaciones aspectos esenciales de la propuesta de Reforma Agraria planteada por el sindicato”, la organización ha decidido “intensificar” las medidas de lucha.

Huelga de hambre

En tal sentido, el pasado jueves 19 de noviembre cuatro militantes de UTAA iniciaron una huelga de hambre, con el objetivo de “sensibilizar al gobierno y la opinión pública sobre las propuestas del sindicato”.
La huelga de hambre lleva más 40 horas y cuenta con acompañamiento de personal médico.
Asimismo, unas 30 familias continúan instaladas en la entrada del predio del INC aguardando el inicio de las negociaciones.
Los trabajadores anuncian que en los próximos días adoptarán nuevas medidas de lucha en favor de la Reforma Agraria.

La Reforma Agraria

La UTAA plantea la puesta en práctica de un experimento piloto de Reforma Agraria.
En tal sentido, proponen la asignación de 200 hectáreas del Instituto Nacional de Colonización, en zona adecuada, a la práctica de horticultura, ganadería, actividad granjera y lechería.
Las tierras destinadas a la implantación de la unidad productiva diversificada deberán estar “contempladas por un régimen extraordinario de colonización que exonere a los protagonistas del pago del arrendamiento por un período mínimo de cinco años”.
También reclaman el cumplimiento del acuerdo firmado en el 2012 entre el INC y la UTAA para que las tierras disponibles en la región abarcada por el complejo Sucro-Alcoholero “sean asignadas a los miembros de la Comisión de Tierras del Sindicato”.
El gremio pide crear un espacio de “articulación interinstitucional que genere las condiciones logísticas, técnicas y financieras necesarias a la instalación y el desarrollo de la unidad productiva diversificada”.
“Este es el espacio adecuado para discutir todos los puntos de la propuesta formulada por la Comisión de Tierras de UTAA”, indican los sindicalistas.
En un primer momento se sugiere que el referido espacio esté integrado por las siguientes organizaciones sindicales, actores sociales y organismos del Estado: “Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA); protagonistas de la unidad productiva diversificada; Instituto Nacional de Colonización (INC); Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP); Instituto Nacional del Cooperativismo (INACOOP); Ministerio de Desarrollo Social (MIDES); Universidad de la República (UDELAR)”.
Asimismo, la UTAA pide, para defender las experiencias actuales de acceso a la tierra, “la suspensión de todas las intimaciones al desalojo enviadas por el Instituto Nacional de Colonización a los productores de la Colonia Raúl Sendic Antonaccio y renegociación generosa de las deudas”.

Mira los videos:

 

Fiscal pide procesamiento por torturas

para “Charleta” Gundelzoph, el otro Amodio

Noviembre 21, 2015 13:21 – El Observador
Ana María Telechea acusa al delator comunista de torturar a varios exmilitantes durante la dictadura
Jorge “Charleta” Gundelzoph en la revista Galería

La fiscal Ana María Telechea pidió el procesamiento de Jorge Gundelzoph, apodado “Charleta”, por el delito de tortura.

Según explicó la fiscal a El Observador, el pedido se enmarca en una causa en la que “muchos” denunciantes afirman haber sido torturados por Gundelzoph en el edificio donde funcionaba la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), de las calles Maldonado y Paraguay, donde hoy funciona la Interpol.

El “Charleta” es un exmilitante comunista que, según los testimonios, colaboró de manera salvaje con los represores. En la causa judicial por la que fue apresado el exdictador Gregorio Alvarez, Guldenzoph es mencionado como partícipe en las torturas a Ary Severo Barreto quien fue desaparecido por la dictadura.

“Es una causa con muchas personas lo sindican a él -entre otros- como torturadores”, dijo Telechea. Según la fiscal, a él lo lograron encontrar pero a los otros denunciados aún no.

Guldenzoph ya declaró en esa causa, que está a cargo de la jueza Blanca Riero, y aseguró que nunca torturó.
La información sobre el pedido de procesamiento por parte de Telechea fue difundida por el periodista Roger Rodríguez en su cuenta de la red social Facebook.
El “joven muy elegante y correcto” que se paseaba por 18 de Julio delatando gente, era, según sus excompañeros, un sádico que, incluso, violó a una detenida porque no le había dado corte cuando militaban juntos. El ya fallecido dirigente comunista Gonzalo Carámbula recordó que en sus andanzas Gundelzoph se sentía tan seguro e impune que “disfrutaba” quitándole la capucha a los prisioneros para que, por unos segundos, reconocieran a su verdugo.
El Espectador recordó en agosto, que Gundelzoph fue acusado en el Parlamento en 1985 por el entonces senador Germán Araújo de haber participado en esas sesiones de tortura por las que ahora la fiscal Telechea pretende procesarlo.
Vea aquí la denuncia de Araújo, recordada por El Espectador este año.

Sociales

Cuando el exmilitante tupamaro Héctor Amodio Pérez volvió a Uruguay y fue sometido a la Justicia, varios dirigentes de izquierda recordaron a Gundelzoph –y a otros delatores como Ariel Ricci y Mario Píriz Budes- al excomunista se lo vio incluso en revistas de sociales.
Flanqueado por dos señoras, “el Charleta” Gundelzoph aparece sonriente en la edición del 3 de setiembre de la revista Galería de Búsqueda, retratado en el ágape de una boutique de Pocitos (vea foto).
Imputado por torturas

Fiscalía pidió el procesamiento de “El Charleta”

La fiscal Ana María Tellechea solicitó el procesamiento con prisión, por el delito de tortura, del ex militante comunista Jorge Gundelzoph.
  justicia
Caras y Caretas – nov 21,2015
La fiscal Ana María Tellechea solicitó, en las últimas horas, el procesamiento con prisión del ex militante comunista Jorge “El Charleta” Gundelzoph, por reiterados delitos de tortura durante la dictadura, según informó el periodista Roger Rodríguez, a través de su sitio en Facebook.
La representante del Ministerio Público solicitó el enjuiciamiento de Gundelzoph por los actos de tortura contra ex militantes del Partido Comunista del Uruguay (PCU), en el edificio donde funcionaba la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), de las calles Maldonado y Paraguay, donde actualmente funciona la sede de la Dirección General de Crimen Organizado e Interpol.
La jueza Penal de 9º Turno, Blanca Rieiro, investiga la denuncia por torturas impulsada por varios militantes comunistas, quienes vincularon a Gundelzoph y otras personas en las torturas que ocurrieron en esa dependencias policiales. El “Charleta” declaró ante la Sede y negó las denuncias en su contra.
Sin embargo, la fiscal valoró que el cúmulo de pruebas incorporadas en la causa, en particular los decenas de testimonios que lo vinculan con estos actos ilícitos, eran suficientes para solicitar su enjuiciamiento con prisión. Ahora, la jueza Rieiro deberá volver a citar a Gundelzpoh de forma de cumplir con la audiencia ratificatoria, prevista en el artículo 126 del CPP, y posteriormente adoptar resolución en la causa.
Gundelzoph fue considerado como un “traidor” por el PCU, ya que fue un colaborador estrecho de los servicios represivos antes y durante la dictadura. Por este motivo, el “Charleta” fue citado a declarar en varias causas, donde se lo mencionó como participe de los actos de tortura contra Ary Severo Barreto, desaparecido durante la última dictadura. Asimismo, su testimonio permitió confirmar la presencia de militares uruguayos en actos represivos en la República Argentina.
Las denuncias contra Gundelzoph no son actuales: en 1985, tras el retorno de la democracia, el entonces senador Germán Araújo acusó al ex militante comunista de participar en sesiones de tortura de sus antiguos compañeros. Estos testimonios referían a que Gundelzoph actuaba con sadismo en esta sesiones, y que llegó a violar a una detenida. Incluso, se señala que actuaba con total impunidad, y que “disfrutaba” quitándole la capucha a los prisioneros para que, por unos segundos, reconocieran a su verdugo, según una crónica del diario El Observador.
Tras el retorno de la democracia, Gundelzoph estableció un estrecho vínculo con la Secta Moon, y tuvo una activa participación en varios medios de comunicación. En particular, Gundelzoph fue un estrecho colaborador y editoralista del diario Últimas Noticias, hoy desaparecido.

INDISCIPLINA PARTIDARIA, la columna de Hoenir Sarthou:

Asesinos en París

publicado a la‎(s)‎ 18 nov. 2015 12:54 por Semanario Voces   [ actualizado el 18 nov. 2015 12:55 ]

Escribir sobre los atentados en París es pisar terreno resbaladizo. Las sensibilidades están a flor de piel. Si uno recuerda que antes de esas muertes hubo cientos de miles de muertes en territorios árabes, no faltará quien se indigne. Y si sólo recuerda las muertes recientes en París, se indignarán otros.
Por eso, aunque todas las muertes sean terribles, no voy a lamentarlas aquí. ¿De qué serviría? Tampoco haré juicios morales. ¿Para qué sirve condenar en el papel  los asesinatos?
Quizá sea mejor intentar identificar a los verdaderos asesinos, a los de París, Libia, Siria e Irak. Aunque para ello haya que dar un pequeño rodeo.    
UN BUEN CONSEJO
Henry Kissinger es un personaje tan despreciable como sorprendente. Alemán nacionalizado estadounidense, fue Secretario de Estado de los presidentes Nixon y Ford, le puso fin a la guerra de Vietnam, recibió el premio Nobel de la paz, fue ideólogo del “Plan Cóndor” y de los golpes de Estado en Chile, Argentina y Uruguay, y todavía le sobró tiempo para dirigir a varias corporaciones y organizar el fútbol profesional en los EEUU. El juez Baltasar Garzón ha intentado procesarlo y se le ha exigido que devolviera el premio Nobel, pero hasta ahora ha eludido las dos cosas.
Allá por 1991, cuando George Bush (padre) invadió por primera vez a Irak, Kissinger escribió un brillante artículo periodístico en el que analizó los límites de la invasión. Dijo que los EEUU no podían derrocar a Sadam Hussein, porque para hacerlo tendrían que destruir a Irak y eso dejaría sin contrapeso a Irán y descompensaría el delicado equilibrio de fuerzas de Oriente medio, lo que traería problemas a los EEUU. En aquél momento, la invasión se detuvo sin derribar a Hussein.
Años después, George Bush (hijo) y Barak Obama cumplieron la ambición de Bush (padre). Con el pretexto de las Torres Gemelas, además de invadir Afganistán, derrocaron a Hussein y, para ello, como vaticinó Kissinger, destruyeron a Irak y a cualquier posible equilibrio de fuerzas en la región. Después, con la entusiasta colaboración de los gobiernos de la OTAN, derrocaron y mataron a Kadafi en Libia, bombardearon a Siria y promovieron revoluciones y levantamientos en casi todos los países de la zona.
Desde entonces, los países occidentales han recibido los efectos del “terrorismo islámico”. Las Torres Gemelas en Nueva York, atentados en Londres, en Madrid, y dos veces en París. Sin embargo,  nunca ha sido destruido un blanco militar, ni una instalación estratégica, ni ha muerto un presidente o líder político occidental.
¿Qué pasó en los años que median entre la primera, tímida, invasión a Irak y éste presente de invasiones y atentados generalizados? ¿Cómo un “halcón” de la política estadounidense, como Henry Kissinger, puede parecer una prudente “paloma” comparado con los actuales gobernantes estadounidenses y europeos?
EL PEQUEÑO Y SUCIO SECRETO
El análisis de Kissinger sobre la primera invasión a Irak es el de un político, el de un hombre de Estado. Más allá de su criminalidad, el Kissinger de hace veinticinco años seguía pensando en función de los intereses de los Estados Unidos. Y no sólo él, ya que Bush (padre) fue frenado en  1991. Quizá buena parte de la dirigencia política estadounidense, al igual que Kissinger, seguía pensando la política internacional desde la óptica de los intereses de su país.
El secreto –el pequeño y sucio secreto- es que en los EEUU y en Europa ya no deciden los políticos. Basta ver cómo se resolvió la crisis financiera de 2008, transfiriendo recursos públicos a los mismos banqueros que se habían fundido especulando y defraudando, para percibir que el poder real lo ejercen otros, en ese caso los banqueros. Y basta ver el gasto enorme (también de dinero de los contribuyentes) hecho para llevar la guerra y controlar el petróleo o el gas en los países árabes, para advertir que, además del omnipresente capital financiero, los beneficiarios son las compañías petroleras y la industria del armamento y la tecnología militar. Para esas corporaciones, dislocar al mundo no es un problema si eso sirve a sus intereses.
No se puede afirmar que el atentado contra las Torres Gemelas, o los ocurridos en Madrid, Londres o París, fueran de conocimiento previo de los presidentes de los respectivos países. Pero sí que, en estos asuntos, nada es lo que parece. Porque, para un presidente, los atentados en territorio propio deberían constituir un fracaso inexcusable. Sobre todo si fueran consecuencia de sus propias decisiones. Sin embargo, nos hemos acostumbrado a que presidentes como Bush (hijo) y como Hollande, pocos después de los atentados, salgan por televisión postulándose para héroes, anunciando que intensificarán los bombardeos o invadirán un nuevo país
 ¿Qué es el Estado Islámico? ¿Quién lo financia? ¿Quién le da dinero, le compra petróleo y le vende armas? ¿Quién lo utiliza para intentar derribar al gobierno sirio de Bachar al-Asad?
Son, curiosamente, los “aliados de Occidente”, Arabia Saudita, Israel, Turquía. Los fanáticos musulmanes del “EI” utilizan armas estadounidense y francesas. No sería extraño que las víctimas parisinas hubiesen pagado con sus impuestos las balas que los mataron.  
El Estado Islámico, con sus atentados y decapitaciones a cuchillo cuidadosamente filmadas, oficia como un “cuco” repugnante, útil para justificar la intervención de las potencias occidentales. ¿Cómo explicar, si no, que haya crecido en soldados y en territorio pese a ser, en teoría, sistemáticamente atacado por los EEUU y por las potencias de la OTAN?
AJEDREZ
Siria es hoy el tablero de una compleja partida de ajedrez, en la que también juega Rusia. Gas, petróleo, gasoductos, estratégico acceso al Mediterráneo, y el de por sí formidable negocio de la guerra (pagada con fondos aportados por los ciudadanos), son algunos de los factores que explican el fenómeno, más allá de los conflictos religiosos.
Como en toda partida de ajedrez, hay piezas y peones sacrificables. Es muy probable que el Estado Islámico se vuelva inconveniente en poco tiempo y, como pasó con Bin Laden y Al Qaeda, sea sustituido por otro ogro asustador.  Y es posible que las vidas de los europeos y estadounidenses estén siendo consideradas también como fichas prescindibles, necesarias para alimentar el odio y justificar guerra.  
La pregunta es, ¿a quién le sirve la guerra? Y, también, ¿a quién no le sirve?
Sin duda, a los ciudadanos europeos no les sirve. Los pone en riesgo y les cuesta fortunas que pasan a manos de la industria militar y de quienes la financian. Sin embargo, es probable que, enardecidos por los ataques y por la incesante propaganda sobre la crueldad del Estado Islámico, los europeos terminen respaldando a los políticos que hagan los discursos más xenófobos, belicistas y liberticidas, con lo que el negocio y el poder de los inversores de la guerra, los verdaderos asesinos, se redondeará.
GUERRA EN EL DICCIONARIO
La guerra tiene además otro frente: el del lenguaje mediático. Un universo paralelo, en el que el término “terrorismo” equivale a “musulmán”, pero no sirve para describir a un montón de aviones europeos o estadounidenses bombardeando ciudades y matando niños. Un universo en el que es posible afirmar que los atentados en París “iniciaron la guerra”, olvidando que Francia viene bombardeando a Siria e Iraq desde hace mucho.
Es un extraño universo en el que la “primavera árabe”, cuando se somete a elecciones, produce aplastantes mayorías de fundamentalismo islámico, y la “oposición pacífica y democrática” (esa que “se convoca por celular y simpatiza con Occidente”)se transmuta en hordas de mercenarios o de fanáticos armados hasta los dientes, como la que linchó a Kadafi luego de que la aviación francesa destruyó el convoy en el que el líder libio huía.
Un universo en el que el Consejo de Seguridad de la ONU está integrado por los mismos países que bombardean sin autorización de la ONU.
En síntesis, un universo en el que nada es lo que se nos dice que es, y en el que el escepticismo y la desconfianza son la única forma de evitar la manipulación.
¿TÍTERE DE SEGUNDA MANO?
En ese contexto, Uruguay se jacta de ser aceptado en el Consejo de Seguridad de la ONU.
¿Tiene alguna chance de modificar los planes de los cinco países que controlan e integran en forma permanente el Consejo?
La respuesta es obvia. Lo que hará será legitimar los planes de esa media decena de gobiernos, que a su vez obedecen a intereses económicos que ya no pertenecen ni son controlados por ningún Estado. O sea, un títere de segunda mano.

Cuando la realidad del poder es absolutamente perversa, la lucidez y la distancia son el único camino digno. Lástima que las declaraciones del Canciller, en París, anuncien otro camino.     


El gobierno propone que despidos se paguen en 4 cuotas

Aratirí sigue ocupada y la minera responde el lunes

Los trabajadores de Aratirí decidieron en una asamblea realizada el jueves de noche mantener la ocupación de las oficinas de la empresa en la localidad de Valentines y aceptaron una propuesta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para cobrar sus despidos en cuotas.
En la próxima semana vendrán inversores indios para reavivar el proyecto.
JUAN PABLO CORREA – 21 nov 2015 – El País uy
La empresa quedó en responder el lunes o el martes a la propuesta del ministerio. De acuerdo con esa propuesta, los trabajadores cobrarían en la próxima semana el 50% de sus despidos. Percibirían un 20% en cada uno de los dos meses siguientes y el 10% en el último, detalló a El País el dirigente del sindicato de la empresa, Francisco da Silva, que consideró “un avance” la idea del ministerio. El sindicato calcula que Aratirí debe pagar US$ 700.000 en despidos.
Las oficinas son ocupadas por unos 95 trabajadores que están recibiendo apoyo de los pobladores del lugar que les acercan alimentos no perecederos, dijo da Silva. La ocupación se produjo luego de que se labrara un acta notarial. Los trabajadores cobraron varios años seguro de paro y plantean que se conforme un registro para que en el caso de que finalmente comience la extracción de hierro en la zona se contrate a las personas que estén en esa lista.
El sindicato decidió esta semana ocupar las instalaciones porque entendía que los despidos deberían haberse pagado el miércoles Fuentes de la empresa adujeron que el problema no es de dinero y que el pago no se realizó porque sus autoridades querían estar presentes y llegarán recién en la próxima semana a Uruguay.
De todas formas, ya es un hecho que la hoy accionista de Aratirí (Zamin Ferrous de la India) no estará en condiciones de firmar un contrato de explotación el próximo 24, fecha límite establecida por el Parlamento para que se llegue a un acuerdo. A partir de esa fecha, Zamin Ferrous tendría un plazo de 90 días para presentar a otro grupo interesado. En caso de que se presente otro interesado comenzaría a correr otro plazo de 120 días para que se llegue a un entendimiento. Las fuentes de la empresa dijeron que seguramente ese inversor será otro grupo indio, Aurum Ventures, que actualmente negocia con Zamin Ferrous.
La página web de Aurum Ventures indica que fue fundado por el inversionista Ashish Deora en 1999. Deora planeaba venir a Uruguay por estos días. Su división de minería se llama Aurum Earth y tiene permisos de explotación de carbón en Mozambique y de oro en Tanzania. También tiene oficinas en Singapur y en la India. De la página no se desprende que el grupo indio esté extrayendo metales en ningún país del mundo. Aurum sí tiene en marcha un proyecto de energía solar en el estado indio de Gujarat.
Las fuentes dijeron que no sería un inconveniente la presentación de garantías de mantenimiento de oferta pero reconocieron que continúa pendiente la autorización ambiental previa que debe dar la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama). La empresa presentó el año pasado un estudio de impacto ambiental de su proyecto de explotar cinco minas de hierro en las cercanías de Valentines y Cerro Chato que la Dinama todavía está estudiando.
El proyecto de Aratirí ha tenido múltiples idas y venidas y varias veces pareció que se estaba por firmar durante el gobierno del ex presidente José Mujica que le había asignado gran importancia para dinamizar la zona centro-este del país.
La fuerte caída que ha tenido el precio del hierro parece haber tenido también incidencia para el enfriamiento de las tratativas entre el gobierno y los inversores.

Ambientalistas siguen alertas contra minería.

El movimiento Uruguay Libre, que quiere prohibir la minería metalífera a cielo abierto en Uruguay, advirtió que seguirá en campaña contra el proyecto Aratirí. Raúl Viñas, uno de sus referentes, dijo que “hemos demostrado y nadie ha podido siquiera discutirlo, que esa explotación no dejaría beneficios económicos al país, no generaría desarrollo y solo crearía una limitada oferta de trabajo altamente insalubre y por un lapso de menos de 15 años, dejando grandes pasivos ambientales”.


Los gráficos de Gabriel “Saracho” Carbajales


Convocar a una constituyente implica pagar 260 salarios

FA instala debate sobre la reforma de la Constitución

La reforma constitucional está en la agenda del Frente Amplio. El próximo jueves la comisión de la coalición que estudia el tema elaborará un borrador de propuestas que serán consideradas en un Plenario Nacional que se realizará el 5 de diciembre.
Frente Amplio analiza eventual reforma de la Constitución. Foto: Marcelo Bonjour.
10 nov 2015 – El País uy
Entre los temas a incluir dentro de una reforma constitucional está la idea de modificar el sistema por el que se declara la inconstitucionalidad de las leyes. El senador Rafael Michelini (Nuevo Espacio) explicó que otros países tienen un sistema por el cual, a pedido del propio Parlamento, antes de que se apruebe la ley, la Suprema Corte da una opinión no vinculante. “Es un tema difícil, en el que no hay tradición, pero lo analizaremos”, opinó.
Además de los contenidos de una posible reforma, el Frente discute la vía para llevarla adelante. El Movimiento de Participación Popular (MPP), los socialistas, Casa Grande (sector de Constanza Moreira), la Vertiente Artiguista y el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) quieren convocar una Asamblea Nacional Constituyente.
El inciso C del artículo 331 de la Constitución prevé que el Poder Ejecutivo convoque a elecciones de convencionales (el doble del número total de legisladores) para integrar una Asamblea Nacional Constituyente que redactará la nueva Constitución que será sometida a plebiscito.
En los intercambios que se realizan dentro del Frente, se empieza a reconocer que este sistema puede generar dificultades, pese a que la mayoría de los sectores se inclinan por él, por considerarlo más democrático.
Convocar a una Asamblea Constituyente implica llamar a elecciones y contar con recursos suficientes como para pagar los salarios de 260 personas encargadas de redactar la nueva Constitución. Además, el trabajo podría insumir hasta dos años. En atención a esto, el Nuevo Espacio planteó como solución intermedia “separar” algunos de los contenidos de la reforma. De esta forma se podría alcanzar un consenso para promover un proyecto de reforma constitucional por medio del Parlamento. El representante de la Vertiente Artiguista en la comisión, Daoíz Uriarte, dijo a El País que su sector prefiere la convocatoria de una Asamblea Constituyente, pero admitió que “hay problemas de instrumentación práctica que son difíciles de solucionar”.
Uriarte señaló que uno de los aspectos a definir es si los convencionales serán pagos o no y cuánto ganarán; y a eso se suman los costos de convocar a una nueva elección nacional. “Desde el punto de vista práctico, hay aspectos que dificultan que el método para reformar la Constituyente sea la Convención Nacional, aunque nos parezca lo más adecuado”, opinó.
En la próxima semana, los sectores que componen el Frente Amplio deberán ponerse de acuerdo sobre cuál es la mejor manera para reformar la Constitución.


El cuidado del incapaz

Críticas a proyecto que restringe la Fiscalía Civil

Un grupo de fiscales analiza interponer acciones de inconstitucionalidad contra la ley que elimina diversas competencias de la Fiscalía Civil. También alertan sobre aspectos del proyecto: alegan que desprotege a las personas declaradas incapaces.
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Por Mauricio Pérez
Caras y Caretas – nov 01, 2015
El proyecto de Presupuesto incluye un cambio relevante para el funcionamiento de la Justicia. El texto, que cuenta con media sanción de la Cámara de Representantes, promueve la limitación de las competencias de los fiscales en los procesos referidos a la órbita Civil y de Familia. Esto supone que a partir del 1º de enero de 2016 se restringirá la intervención de estos fiscales en áreas que son, hasta ahora, de su estricta competencia.
La amplia mayoría de los operadores judiciales (jueces, fiscales y abogados) señalan la necesidad de reformar el proceso civil y comparten la propuesta de limitar la intervención del Ministerio Público (MP) en litigios entre particulares. Sin embargo, un grupo de fiscales civiles cuestiona que se restrinja su intervención en asuntos de alta sensibilidad como, por ejemplo, los procesos por incapacidad.
Alegan que el proyecto a estudio del Parlamento implicará una disminución de los controles del Estado sobre los curadores designados judicialmente para custodiar a las personas declaradas como incapaces, y contraponen esta situación con el proceso de creación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que puso en la agenda del debate público la atención y el cuidado que la sociedad debe brindar a las personas con discapacidad o declaradas incapaces.
Además, cuestionan la decisión de impulsar este cambio en una ley de presupuesto, en el entendido de que no representa el “ámbito natural y adecuado” para debatir una reforma de estas características. Por este motivo, además de analizar la legalidad de la reforma, varios fiscales analizan interponer una acción de inconstitucionalidad contra la norma, por la supuesta violación de los artículos 214 y 216 de la Constitución de la República, que establecen claramente qué es lo que puede pedirse en una ley de presupuesto.
El rol del fiscal civil
En abril de 2012, al asumir su cargo como fiscal general, Jorge Díaz presentó algunas de las líneas de su gestión. En una conferencia de prensa, con el ex presidente José Mujica sentado a su lado, dijo que su objetivo era transformar el Ministerio Público. Díaz se refirió en esa oportunidad a impulsar la reforma del Código del Proceso Penal (CPP) y la separación de la Fiscalía de la órbita del Poder Ejecutivo. También se propuso trabajar en una reducción de las competencias de la Fiscalía Civil.
Con el paso del tiempo, y con base en grandes acuerdos políticos entre gobierno y oposición, los dos primeros objetivos se cumplieron. Sobre fines de 2014 el Parlamento aprobó la reforma del proceso penal y consagró un sistema acusatorio, oral y público, en el que los fiscales estarán a cargo de la investigación de los delitos. En agosto de 2015 se creó la Fiscalía General de la Nación (FGN) como un servicio descentralizado, fuera de la órbita del Poder Ejecutivo.
Ahora, en el marco del proyecto de ley de presupuesto, se impulsa la otra “gran reforma” en torno al rol institucional del MP: la eliminación de diversas competencias de la Fiscalía en materia Civil y de Familia, restringiendo su campo de actuación. El proyecto fue elaborado por la FGN y adoptado en la propuesta del gobierno.
La propuesta se sustancia en la necesidad de dotar a la Fiscalía de los recursos necesarios para la implementación del CPP y el Código Aduanero, en base a dos fuentes: el incremento de los recursos económicos propuestos y el redireccionamiento de los actuales, a partir de una fuerte redefinición de los cometidos asignados a la institución.
Por este motivo se apunta a “reducir la intervención preceptiva y necesaria de la Fiscalía en materia Civil y de Familia a un núcleo duro de asuntos, entendiéndose que en los restantes casos de asuntos que al Estado le interesa que no queden a la libre disponibilidad de las partes, basta la intervención judicial para la protección del orden público”.
Según el texto, esta medida implicará “múltiples” beneficios, entre ellos, “evitar la duplicidad de actuación estatal no técnicamente justificable en un gran número de procesos”, así como agilizar los procesos y reducir sus costos económicos. Así, “limitar el ámbito de actuación de la Fiscalía, lejos de debilitar a la institución, por el contrario, la fortalece, pues permitirá reforzar la cantidad de personal, la capacitación del mismo y la infraestructura en aquellos asuntos en los que se mantendrá su intervención preceptiva.
En este contexto, “no se propone dejar libradas las cuestiones indisponibles (como por ejemplo, el estado civil de las personas) a la voluntad de las partes, sino que propone limitar o reducir el número de autoridades estatales encargadas de velar por la vigilancia de las mismas”. De esta forma, se plantea que el MP intervenga como parte únicamente en los procesos relativos a intereses difusos, de nulidad de matrimonio, en litigios de pérdida, limitación o suspensión de la patria potestad, en el nombramiento de tutor y el nombramiento de curador, y como tercero en el proceso en casos relativos a violencia doméstica, de protección de los derechos amenazados o vulnerados de niñas, niños y adolescentes y en los procesos de inconstitucionalidad de las leyes. También se propone eliminar la actuación de la Fiscalía como “dictaminante técnico auxiliar” de la Justicia y la intervención de la FGN como asesor del Poder Ejecutivo y de la Suprema Corte de Justicia.
En una reciente entrevista con Caras y Caretas, Díaz afirmó que el actual proyecto habilitará la transformacion de cargos dentro de la FGN, de forma de redireccionar recursos humanos de acuerdo a los nuevos cometidos de la institución. Se prevé “la transformación de fiscalías civiles en fiscalías penales (tanto de adultos como de adolescentes), de violencia doméstica y de aduanas”, lo que fortalecerá estas áreas.
La protección al incapaz
El Código Civil considera como personas incapaces a “los impúberes, los dementes y las personas sordomudas que no puedan darse a entender por escrito ni mediante lengua de señas”. Se trata de personas que, por su edad, su estado mental o por una discapacidad física, no pueden valerse por sí mismas, en forma permanente o eventual. Para todos estos casos se establece la posibilidad de designar un tutor o curador que se encargue de su cuidado y del manejo de sus bienes.
La declaración de incapacidad de una persona se realiza por vía judicial, tanto a pedido de su familia como del MP. En este marco, la legislación establece que “los actos en que intervengan personas incapaces no producen ni aun obligaciones naturales y no admiten caución”. El cambio propuesto, entonces, “tiene sus riesgos”, ya que implicará una limitación en la actuación de los fiscales en los procesos de incapacidad, dijo un fiscal civil a Caras y Caretas.
Actualmente los fiscales intervienen “con relativa frecuencia” como promotores del proceso de incapacidad en casos en que “no existen familiares o personas que se puedan hacer cargo” del incapaz. “En estos casos nos presentamos mediante un escrito, en nuestra condición de protectores de los incapaces exponemos la situación de vulnerabilidad y solicitamos la iniciación del juicio. Con la nueva redacción, esa competencia la perderíamos, y no sabemos quién se encargaría de ello”, explicó.
Además, los fiscales tienen la facultad de intervenir en la designación del curador interino y en todas aquellas cuestiones procesales y de fondo que se planteen durante estos procesos, así como antes de que se disponga la declaración de incapacidad, y en la designación del curador definitivo. “A partir de la modificación, intervendríamos sólo en la designación del curador definitivo, y no el resto del proceso”, explicó el fiscal.
Por último, el fiscal civil interviene en todas las cuestiones inherentes a estos procesos, tanto en la remoción del curador en caso de que incumpla con sus deberes como en las venias para enajenar o adquirir bienes, para contraer deudas, recibir herencias o donaciones, y en la autorización de viajes. También participa casi a diario en la aprobación de las rendiciones de cuentas del curador”, que, por ley, se hacen cada tres años –aunque en determinados casos se hace cada menos tiempo.
“Este es un control muy importante, desde que cuidamos no sólo del patrimonio del incapaz sino de su situación personal. Hay que tener presente que con la declaración de incapacidad y nombramiento del tutor finaliza el juicio en sí y con ello la designación de defensor, por lo que la suerte del incapaz queda al albur del curador. En otras palabras, ahora queda sin control de ningún tipo. Con la actual redacción, nada de eso lo hará el fiscal, y no se define quién se encargará, ya que, por esencia, no es tarea propia del juez”, expresó.
El fiscal consideró “atendible y necesario” que se promueva la revisión de la participación de los fiscales en materia Civil, para no dilapidar recursos y que no exista una intervención innecesaria en litigios entre privados en donde el Estado “no tiene nada que ver”. Sin embargo, “esto pudo y debió hacerse en una ley especial”, y no en el marco de la discusión presupuestal, afirmó.
Insistió asimismo en que el proyecto es contrario a la Ley Orgánica del MP, que otorga a los fiscales la responsabilidad de “representar y defender la causa pública en todos los asuntos en que pueda estar interesada”. Esa norma señala la responsabilidad de los fiscales de “actuar en todos los asuntos relativos a las personas e intereses de los menores, incapaces y ausentes, incumbiéndole en ese concepto los deberes que la ley le señale, y, expresamente, aquellos que derivan de la condición de protector Oficial de los menores e incapaces”.
Tema a estudio
La propuesta también estuvo a estudio del Instituto de Derecho Procesal de la Universidad de la República. Un informe elaborado por la doctora Selva Klett (ministra de Tribunal de Apelaciones), junto a los catedráticos Gabriel Valentin y Cecilia Baluga, consideró que el proyecto es “altamente positivo”, en cuanto “reduce la actuación de los fiscales en los procesos civiles a aquellos supuestos verdaderamente imprescindibles o relevantes”, y también que es “especialmente oportuno”, ya que permite la redistribución y focalización de los recursos humanos, en un contexto en que los fiscales pasarán a tener un rol relevante cuando se apruebe el nuevo CPP.
Sin embargo, “se entiende que además de los supuestos previstos en el proyecto resulta relevante mantener la participación del Ministerio Público en el proceso de incapacidad, pero en el rol de verdadero actor; y en los procesos relativos a menores que vulneran derechos, en los que la función requirente también debería atribuirse al Ministerio Público”, dice el informe al que accedió Caras y Caretas.
En este sentido, se señala, en base a datos de la FGN, que 50,2% de los dictámenes de los fiscales civiles en Montevideo refieren a procesos voluntarios (informaciones de vida y costumbres, inscripciones tardías, rectificación de partidas, reconstrucción de expedientes, procesos de segundas copias, entre otros). “Se trata –en su gran mayoría– de asuntos que podrían ser realizados por la Oficina Actuaria (del Juzgado) o, inclusive, en el ámbito administrativo. En esos casos realmente no debería requerirse la intervención de otro funcionario estatal a los efectos de realizar un nuevo control”.
Asimismo, 22,6% de esos dictámenes refieren a procesos contenciosos (los distintos tipos de divorcio, el irracional disenso, la posesión notoria de estado civil, las prescripciones), que son casos “en los cuales tampoco se justifica la intervención del Ministerio Público. Bastaría con la sola intervención de las partes asistidas con sus respectivos abogados y del tribunal como tercero imparcial”, señala el informe.
Tampoco sería relevante la intervención del MP en procesos sobre niños y adolescentes, ya que el Código de la Niñez y la Adolescencia y la Convención de los Derechos del Niño establecen que se les debe asignar un defensor particular.
“Se reconoce al niño como sujeto de derechos e intereses distintos de los adultos, y se consolida la presencia del defensor, quien, según las circunstancias, puede adquirir el rol de representante o curador. Por tanto, es éste quien debe asumir la defensa del niño en los casos en los que existe la posibilidad de recabar su opinión. Para ello, resultaría necesario fortalecer el cuerpo de defensores de los niños, que debería ser especialmente capacitado para cumplir con esta labor”, agrega el documento.
Sin embargo, “en el caso de la defensa de los intereses de los incapaces, resulta adecuada la intervención del Ministerio Público, considerando las eventuales irregularidades en las que pueden incurrir” quienes tienen la potestad de reclamar la incapacidad de una persona. Por este motivo, “a nuestro juicio, incluso, para el proceso de incapacidad, debería optarse por una estructura contenciosa entre el Ministerio Público como actor y el incapaz (representado por su defensor) como demandado.
El informe señala además la necesidad de que la Fiscalía intervenga en los casos en que es un niño quien “vulnera derechos de terceros, incluso de otros niños. “Si se trata de un niño que vulnera derechos, adquiere importancia la actuación del Ministerio Público, ya sea como parte o como tercero. A nuestro juicio, sería deseable su intervención como parte actora, de modo de definir claramente el rol requirente en ese proceso”, expresa el informe.
¿Sólo dos fiscalías civiles?
Las críticas al proyecto que suprime competencias de las fiscalías civiles también refiere a qué pasará con todos los magistrados y funcionarios que están asignados a esta materia. Esto porque con las escasas competencias asignadas, con sólo dos fiscalías “alcanza y sobra” para cumplir la demanda del servicio. “La pregunta es: ¿qué se va a hacer con el material humano?”, dijo el fiscal, en diálogo con Caras y Caretas. El magistrado explicó que se trata, en su mayoría, de personas mayores de 50 años, que en muchos casos dedicaron su vida a especializarse en esta área. “Esa gente, con tantos años en civil, ¿puede pasar de un día para el otro a penal, y para implementar el nuevo CPP?”. A eso se suma que el CPP recién comenzará a regir en febrero de 2017, pero la eliminación de las competencias de las fiscalías civiles entrará en vigor en enero de 2016. Por eso, a su entender, debería valorarse cómo se procesarán esos cambios, para evitar que muchos fiscales titulares y adjuntos queden “un año sin trabajo”

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