Noticias Uruguayas 21 noviembre 2016

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URUGUAY

Viernes 18 • Noviembre • 2016
Ocupación de Impresora Polo, ayer. Foto: Federico Gutiérrez
Ocupación de Impresora Polo, ayer. Foto: Federico Gutiérrez

Trabajadores ocupan Impresora Polo porque la empresa debe salarios y retenciones

Desde el martes, 45 trabajadores afiliados al Sindicato de Artes Gráficas (SAG) ocupan la Impresora Polo. La empresa les debe el sueldo de octubre a los 80 trabajadores y, según explicó a la diaria Manuel Cabrera, directivo del SAG, adeuda las retenciones de los últimos tres meses, entre ellas descuentos de alquileres a Anda y pensiones alimenticias. La ocupación se decidió “después de tres meses de pasar por la misma situación”, señaló Cabrera, que dijo que luego de sucesivos reclamos lograron cobrar agosto y setiembre. Mañana está fijada una nueva audiencia en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), cuya intermediación hasta ahora no ha dado frutos.
Cabrera acusó que “el asunto este se arrastra desde la época en que estaba la secta Moon”, antigua propietaria de la empresa, y que “ha quedado un gerente que no ha podido dar una solución financiera y de sostenimiento”. Se refería a Gabriel Velázquez, ex gerente y actual director ejecutivo del Grupo U. El Grupo U, liderado por Pablo Scottelaro, es propietario de Impresora Polo, Canal U, la mañana de CX 30, 1010 AM e Info Rami, entre otros medios de comunicación.
La empresa edita actualmente el diario La República y uno de sus fuertes son las impresiones del Centro de Información Oficial (Impo), toda el área de folletería. “Dicen que tienen problemas de capital de giro, que están trabajando muy al día y no pueden cumplir con todo porque dependen de la producción, pero los trabajadores hicieron el adelanto poniendo su jornal durante un mes y tampoco han podido solucionar el problema”, dijo Cabrera.
El dirigente insistió en que “el problema financiero lo están volcando a que se hagan los trabajos, pero sin cobrar; es muy difícil trabajar así cuando es una imprenta netamente comercial; ellos hablan de un proyecto, pero no podemos sostener un proyecto de esta manera”, expresó. “Es una de las imprentas que tienen más trabajo”, añadió, y explicó que el trabajo supera al número de empleados.
En el local funcionan, además, la revista Caras y Caretas, Canal U y la editorial Shop News. Cabrera indicó que se permite el ingreso a los trabajadores de esos otros emprendimientos; la imprenta es lo único que está paralizado, y La República se imprime en otro lugar.
Consultado por la diaria, Scotellaro respondió: “Estamos con un problema financiero y estamos tratando de buscar las soluciones, tenemos cinco días de atraso” en el pago de sueldos. En cuanto a las causas de la situación, sostuvo: “Básicamente es porque también tenemos gente que nos debe a nosotros; por ejemplo, La República nos está debiendo casi 300.000 dólares, y eso nos ha afectado”.
Aunque en su currículum Scotellaro figura como presidente de Impresora Polo, se excusó de dar mayores detalles porque quienes están dirigiendo la empresa “son básicamente el gerente Gabriel Velázquez y Álvaro Rodríguez”. “Yo estoy al frente de Canal U”, aclaró, aunque ahora, con “la crisis”, tiene una mayor intervención. En cuanto a la deuda de las retenciones, reconoció que se le debe a Anda, pero comentó que se le pagó gran parte y que hoy se hará otra entrega, con la que “se estaría prácticamente al día”.

En cuanto a las soluciones, Scotellaro reafirmó que están “buscando capital, que alguna gente apueste al proyecto, buscando alguna solución financiera, y obviamente que estamos del lado de los trabajadores, tratando de salir todos juntos”. Si bien para hoy está fijada una nueva instancia en la Dinatra, Scotellaro comentó que la negociación fundamentalmente se da “en conversación directa con el SAG”, y se mostró esperanzado de que se destrabe el conflicto. Lamentó que “cuando se para o se ocupa la fuente de trabajo, tanto el emprendimiento como los trabajadores se complican, porque no tenés cómo generar recursos y tenés la maquinaria parada. Entonces estamos tratando de hacer milagros, de ver cómo surge algún tipo de financiación para salir adelante”.

 


CONSEJOS DE SALARIOS

Protestas en 50 súper el fin de semana

El sindicato del comercio Fuecys volverá a tomar medidas para distorsionar el funcionamiento de supermercados de todas las cadenas el fin de semana: en este caso se planea afectar al menos a 50 locales en todo el país, dijo a El País el secretario de Organización del gremio, Carlos Baiz. Además hoy habrá movilizaciones en algunas tiendas del shopping NuevoCentro.
18 nov 2016 – El País uy
Los consejos de salarios de los supermercados y las tiendas son quizás los más importantes que hoy siguen bloqueados y por eso el sindicato planea las acciones para afectar la operativa de los establecimientos. Otros consejos como el de almacenes mayoristas también están bloqueados y ayer se cancelaron varias reuniones de negociación previstas.
El sindicato insiste en el punto central de su plataforma que es un salario mínimo nominal de $ 20.000 para los supermercados y comercios. Si bien en algunos casos hay empresas que individualmente están dispuestas a acceder a ese salario mínimo, el sindicato quiere acordar con las gremiales representativas de todas ellas y no aisladamente.
El 31 de octubre Fuecys se levantó de la mesa de diálogo y desde entonces no se han realizado contactos entre empresas y sindicatos «ni formales ni informales», dijo el dirigente de Fuecys, Ismael Fuentes. El sindicalista cree que la decisión del gobierno de permitir los correctivos anuales por inflación es «muy, muy importante pero avisó que la mayoría de los grupos más importantes están lejos» de acordar.
Luego de que se llegase a un acuerdo en el sector de la construcción, supermercados y tiendas son los dos grandes sectores de referencia que no han firmado un convenio salarial.
Fuecys también pretende reducir la semana laboral, eliminar las partidas por presentismo e incorporarlas al salario y subir los denominados «quebrantos de caja». En los supermercados trabajan unas 40.000 personas que el Pit-Cnt sostiene que perciben salarios demasiado bajos. La postura de la central es que las cadenas de supermercados siguen abriendo locales y que el sector mantiene el empleo por lo que no se puede aducir que está en problemas. Los supermercados quieren que el sector se auto clasifique como «en problemas» durante el primero de los dos años de vigencia del convenio y que en el segundo sea considerado en «situación intermedia» en los ajustes salariales a aplicar.
En el grupo de negociación de las tiendas están involucradas unas 20.000 personas cuyo salario mínimo está en $16.000.

Judiciales en estado de alerta “ante avasallamiento del Estado”

18Nov

AFUSEC

Cientos de trabajadores judiciales se concentraron hoy miércoles 16 en la Plaza Libertad y luego marcharon hasta el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) donde se informó que se declaraban en estado alerta “ante el avasallamiento del Estado, el desconocimiento de los derechos de los trabajadores y el incumplimiento de la sentencia judicial”.
judiciales
A medida que los funcionarios marchaban con sus banderas y reclamos se iban sumando más personas. La certeza del “justo reclamo” es muy sentida por los trabajadores y la larga lucha en varios ámbitos, incluido el judicial, finalmente dio sus frutos: se reconoció la deuda.
Se recordó durante el acto que el 30 de marzo del corriente se dio a conocer una sentencia, luego de todo un proceso de liquidación y de estudio, del Juzgado Civil. Este escrito fue enviado al MEF y en el mismo se solicitaba el depósito de los haberes adeudados a los trabajadores del poder judicial.

“Desde esa fecha hasta ahora ninguna autoridad de gobierno nos ha comunicado nada sobre el pago de esa deuda. Por eso afirmamos que  las sentencias judiciales deben cumplirse. Basta de dilatorias”, le informó al Portal Carlos Fessler, Secretario General de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU)”.

PROCLAMA

“Los trabajadores judiciales recorrimos un largo camino en nuestra pretensión de que se cumpla con lo dispuesto por ley.

Actuamos con enorme paciencia y responsabilidad por la importancia social de las tareas que desempeñamos, evitando generar perjuicios a la población, en particular a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.

En el año 2010, el Parlamento incluyó en el Presupuesto Nacional, la equiparación de las remuneraciones de los Ministros con la de los Senadores de la República. Esta decisión determinó el incremento salarial de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia y por las normas que regulan la escala salarial del Poder Judicial, el aumento de sueldos para todos sus funcionarios.

Posiblemente la ley votada por los parlamentarios tuviera como único objetivo beneficiar a algunos Ministros y cargos de confianza. Quizás fue así, pero también llevó justicia para los trabajadores de uno de los sectores más rezagados del Estado en materia salarial.

Cuando el sistema político, incapaz de resolver sus conflictos recurre al Poder Judicial, cuando se votan códigos y normas que pretenden soluciones casi mágicas a los problemas sociales y de seguridad, sin la asignación de los recursos necesarios, es el propio Estado que promulgando leyes inconstitucionales busca dilatar el cumplimiento de las sentencias judiciales socavando el estado de Derecho.

Desde de abril de 2011, el gobierno nacional, a través de sus representantes en el Parlamento, aprobó un conjunto de normas inconstitucionales desconociendo los derechos de los trabajadores del Estado, en particular de los judiciales.

El peso del aparato estatal, se puso al servicio de ese objetivo.

Esta situación, que no admitió espacios de diálogo por parte del gobierno, llevó a los trabajadores judiciales al único camino posible, confiar en la Justicia e iniciar una demanda contra el Estado, reclamando a la Suprema Corte de Justicia el cumplimiento de la ley.

A finales del 2014, el gobierno quiso imponer una “solución” legislativa, que fue declarada parcialmente inconstitucional en el año 2015. Esto abrió un espacio de trabajo que permitió la firma de un convenio con el Poder Ejecutivo, acordándose la conformación de un futuro  ámbito para la discusión y búsqueda de soluciones a los temas pendientes, lo que no se concretó.

En marzo de este año, el juicio llegó a su fin y los trabajadores obtuvimos una sentencia favorable a nuestro reclamo. El Estado fue condenado y tras una trabajosa liquidación, el pasado 28 de setiembre, el Juzgado Civil de 19° Turno, ordenó al Ministerio de Economía y Finanzas el depósito de los haberes de los reclamantes y el cumplimiento de la sentencia que también contiene una “condena a futuro”, disponiendo se proceda a la adecuación salarial establecida en la Ley de Presupuesto del año 2010.

La Suprema Corte de Justicia, en nota remitida al Ministro de Economía, solicitó los créditos necesarios para cumplir con lo ordenado en la sentencia.
Ante el silencio oficial, la Asociación de Funcionarios Judiciales, solicitó al Ministerio de Trabajo, se convoque al ámbito acordado, para que el Poder Ejecutivo se exprese sobre el cumplimiento de la sentencia judicial.

Dicha reunión tuvo lugar el pasado 20 de octubre, participando el Ministro de Trabajo por el Poder Ejecutivo, con la notoria ausencia del Ministerio de Economía. En la instancia, el Ministro escuchó el planteo de las gremiales y solicitó una nueva reunión en un plazo de 15 días ya que el Presidente de la República no se encontraba en el país.
Cuando la Justicia uruguaya es reconocida internacionalmente por su transparencia, ocupando el primer lugar en Latinoamérica, siendo esto motivo de orgullo para el país, el Poder Ejecutivo desconoce con su actitud el derecho y el valor de los trabajadores de la Justicia

En la tarde de ayer, y sin que nos llamara a sorpresa, tomamos conocimiento de que el Ministerio de Economía comunicó a la Suprema Corte de Justicia, que por tratarse de una sentencia que refiere a sumas derivadas de diferencias salariales, utilizará el procedimiento establecido en el art. 733.

El mismo artículo 733, que votado el año pasado en la ley de presupuesto, colocó al Estado como un deudor privilegiado que por su sola voluntad, desconociendo el principio de igualdad consagrado constitucionalmente y la separación de poderes,  puede determinar cuándo y cómo pagará a los trabajadores los derechos reconocidos por la Justicia.

El mismo artículo que hemos recurrido por inconstitucional y que la Central de Trabajadores denunció en la OIT por contravenir los más elementales derechos del trabajo

Esta práctica ha sido la constante en todo este proceso,  legislar para dilatar la justicia de nuestro reclamo.
Frente a esta situación: Los trabajadores judiciales nos declaramos en estado alerta ante el avasallamiento del Estado, el desconocimiento de los derechos de los trabajadores  y el incumplimiento de la sentencia judicial.
Las Sentencias judiciales deben cumplirse. Basta de dilatorias”.


Viernes 18 • Noviembre • 2016

Futuro incierto en conflicto de Tiempost

La promesa finalmente se hizo realidad y los cientos de trabajadores relacionados con Tiempost cobraron el dinero que la empresa les debía por motivo de retenciones judiciales y bancarias, descuentos de las cooperativas, meses de licencia y facturación de los tercerizados. La urgencia quedó laudada, pero los reclamos siguen vigentes. “Es una buena señal”, interpretó el dirigente Daniel Cañete, integrante de la Federación Uruguaya de Empleados del
Comercio y Servicios, quien de todas formas aclaró que la sensación de “incertidumbre” se mantiene a raíz de que aún no se sabe quién será el nuevo inversor del negocio. Entonces, la planta de Camino Cibils sigue ocupada, sin entrada ni salida de mercadería, mientras que los locales del interior están siendo prendados por la Justicia producto del deterioro financiero de la empresa.
Hay una audiencia en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social agendada para el lunes. En las últimas instancias la empresa se presentó con intermediarios y no se llegó a ninguna síntesis. Hasta ahora el único contacto de la empresa con los trabajadores es Rubens Martínez, que no es ni dueño ni inversor. No se conoce ningún posible desenlace de la situación por el momento.
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