Noticias Uruguayas 21 marzo 2017

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Trump dejará sin cobertura médica en EEUU a 24 millones de personas // Decadencia imperial y una mirada desde abajo por Paul Walder // Avanza el ‘Calexit’, el proyecto independentista de California // Estado español – EUSKAL HERRIA: Los representantes de la sociedad civil anuncian que procederán al desarme de ETA para el 8 de abril // ETA entregará las armas el 8 de abril // Otegi espera que no haya «obstáculos» ni tampoco «sobresaltos» // Chile: Nicolás Grau, del Frente Amplio: “No se pueden hacer cambios sociales grandes si no se tiene el apoyo de una mayoría” // Argentina: Educaciòn, 21 y 22 de marzo, paro nacional de 48 horas y Marcha Federal Educativa // Uruguay: El Gobierno de Felipe González sobornó a policías uruguayos para perseguir a miembros de ETA

 

URUGUAY

El Gobierno de Felipe González sobornó a policías uruguayos para perseguir a miembros de ETA

Un periodista de Uruguay revela documentos sobre las “donaciones” en armas y en dólares que realizó el exsecretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera. También hubo acuerdos millonarios en materia de cooperación. El objetivo: controlar, espiar y detener a la comunidad vasca en el país sudamericano, entre los que figuraban amenazados por el GAL
Policías uruguayos en una imagen de archivo.
Policías uruguayos en una imagen de archivo.
BILBAO.- “Ya me enteré de su accidente. Espero que tanto usted como sus amigos estén bien. Hay que tener cuidado. Mucho cuidado”. Hace algunos años un informante de la Policía uruguaya se dirigía de esa forma a un periodista de ese país que había vivido una temporada en Donostia. Una noche, el coche en el que viajaba junto a personas del ámbito abertzale se dio de frente contra otro vehículo en una carretera del interior de Gipuzkoa. Pocos meses después, cuando el accidentado se encontraba de regreso en Uruguay, aquel tipo misterioso le hizo saber que conocía todos sus movimientos. Algunos no se sorprendieron: en la Casa Vasca de Montevideo ya habían visto a ese individuo en varias ocasiones.

Esta anécdota –confirmada a Público por su protagonista- es apenas un ejemplo de lo que ocurría en el entorno de las instituciones y colectivos vascos de Uruguay. Desde finales de los años ochenta, una larga lista de individuos “curiosos” desfilaron por sus instalaciones, se hicieron amigos de sus directivos… y obtuvieron datos que acababan en Madrid. Así funcionaba una nutrida red de “colaboradores” de la Policía española que se dedicaba a “monitorear” las actividades de la diáspora vasca en el país del ex presidente José “Pepe” Mujica, quien también tiene raíces familiares en Euskadi.

“Vera hizo entrega a la Policía uruguaya de una donación de 4 mil revólveres, pero no solicitó la captura de los vascos”
Las anécdotas –y sospechas- de los últimos años acaban de ser confirmadas por el semanario Brecha, una veterana publicación de la izquierda uruguaya. Según relata el prestigioso periodista Samuel Blixen, el Gobierno de Felipe González pagó “generosos sobornos a los principales jerarcas de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) de la Policía” de ese país sudamericano. Su denuncia está amparada por documentos de la Inteligencia militar de Uruguay hasta ahora desconocidos. De acuerdo al artículo escrito por Blixen, el ex secretario de Estado de Seguridad en el Gobierno de González, Rafael Vera –quien posteriormente fue condenado por su pertenencia al GAL-, estuvo al frente de esa trama.

“En la cúspide de su arbitrariedad prepotente, hija de una actitud que después lo llevaría a la cárcel, Rafael Vera, niño mimado del Partido Socialista Obrero Español, desembarcó su arrogancia en Montevideo, un día de julio de 1989, en su calidad de secretario de Estado de seguridad del gobierno de España. Traía unos videos y muchas pesetas”, señala el periodista en su crónica. Por entonces, el objetivo de Felipe González era perseguir a un grupo de 15 refugiados vascos que vivían en Uruguay y que tenían diferentes grados de vinculación con el movimiento abertzale. Algunos habían pertenecido a ETA. Otros no. Lo que sí les unía era el miedo a ser atrapados por el GAL, que ya había mostrado sus virtudes asesinas.
De acuerdo a la documentación recogida por la publicación uruguaya, la Dirección General de Información de Defensa de ese país había llegado a un acuerdo con los exiliados: “mientras no intervinieran en asuntos internos de Uruguay, y se dedicaran exclusivamente a trabajar para vivir, se haría la vista gorda sobre la documentación que habían obtenido mediante una ‘inscripción tardía’”. “De hecho, tenían documentos auténticos, pero sus nombres y apellidos eran falsos, inventados; la documentación falsa-real incluía a hombres, mujeres y niños –apunta Blixen-. El acuerdo entre la Inteligencia militar uruguaya y los refugiados vascos funcionó hasta mayo de 1992, pero éstos estuvieron sometidos a una estricta vigilancia”.

Policías uruguayos en una imagen de archivo.
Policías uruguayos en una imagen de archivo.

“Hay bastante dinero”

Según esos documentos, “Vera hizo entrega a la Policía uruguaya de una donación de 4 mil revólveres, pero no solicitó la captura de los vascos”. “A Uruguay le llegaría el turno después que México expulsara a un etarra y Venezuela hiciera lo propio”, señala el semanario. Para conseguirlo, el gobierno de González tiró de cartera: “De acuerdo a lo expresado, hay bastante dinero para volcar en la operación de ETA”, señalaba un informante policial apodado “Diego” en un informe fechado el 21 de agosto de 1989. Allí consta que uno de los policías que trabajaban para los servicios secretos españoles llegó a recibir el ofrecimiento de un sueldo de 300 euros al mes a cambio de vigilar a un exiliado vasco.

“Se volcaron todos los medios a esta operación, porque hay un importante aliciente económico de parte de los españoles. Esto ha creado discusiones a nivel del personal ya que no hay acuerdo entre quienes se reparte las cantidades disponibles”, señalaba el agente identificado como “Fabián” en uno de los documentos divulgados por Blixen. “Fabián explicó que todo aquel dinero era ‘guita extra’ y que hubo un ‘gran puterío’ por el reparto, ‘son 13 sueldos y agrégale un viaje de tanto en tanto para un jefe de grupo’”, subrayaba.

Créditos millonarios

Además de pagar a policías, el Gobierno del PSOE también supo conquistar al por entonces presidente de Uruguay, el conservador Luis Alberto Lacalle. “El 8 de abril de 1992, el presidente Luis Alberto Lacalle llegó de visita a España donde firmó un acuerdo por el cual el Gobierno de Felipe González le concedía a Uruguay un crédito superior a los 30 mil millones de pesetas, unos 300 millones de dólares. Cinco semanas después, el 15 de mayo, la policía irrumpió en el local del restaurante La Trainera y en sucesivos allanamientos en siete viviendas detuvo a 30 personas, entre ellos cuatro menores de edad”. “Dos días después, 13 ciudadanos vascos eran procesados, y en los calabozos de la DNII eran interrogados por el comisario antiterrorista español Carlos Fuentes”, recuerda el artículo publicado por Brecha.

Según consta en otros documentos recogidos por Público, el Gobierno español consiguió que policías de este país participasen en los interrogatorios realizados a los vascos capturados en Montevideo. En un acta de la DNII uruguaya del 15 de mayo de 1992, consta que al menos uno de los agentes que interrogó a Josu Lariz –uno de los detenidos en aquella operación- utilizaba un lenguaje propio del castellano que se habla en España. “No conozco policías (uruguayos) tan castizos que hablen en segunda persona del plural. Eso demuestra que había policías españoles”, denunció algunos años después el parlamentario del Frente Amplio –coalición de izquierdas que hoy está en el Gobierno- Guillermo Chifflet.
Dos años después, el presidente Lacalle volvió a mostrar su “compromiso” con el ejecutivo de Felipe González: a pesar de lo estipulado por la normativa uruguaya en materia de asilo, el mandatario de aquel país aceptó el pedido de extradición que Madrid había formulado contra ocho refugiados vascos. Tres de ellos se pusieron en huelga de hambre y tuvieron que ser hospitalizados, lo que despertó una amplia movilización popular. El 24 de agosto de 1994, la Policía al mando del entonces ministro de Interior, Ángel María Gianola, cargó contra la multitud que protestaba fuera del Hospital Filtro y mató a dos jóvenes de 18 y 24 años de edad. Ocho años más tarde, el Gobierno de José María Aznar condecoró a Gianola con la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. Era una cuestión de gratitud.

DICTADURA MILITAR

Figuras de todo el mundo apoyan a uruguayos amenazados por grupo dictatorial

En una carta manifestaron su apoyo y solidaridad con el conjunto de 13 personas uruguayas y extranjeras que fueron amenazadas de muerte el pasado 28 de enero por el «Comando Gral. Pedro Barneix»
EFE lun mar 20 2017 17:30 – El Paìs uy

Un colectivo de 155 investigadores, intelectuales y periodistas de diversos países expresó este lunes en una carta dirigida al presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, su apoyo a las personas que fueron amenazadas por trabajar para la defensa de los derechos humanos en causas de la dictadura uruguaya (1973-1985).
En la carta, los firmantes manifestaron su apoyo y solidaridad con el conjunto de 13 personas uruguayas y extranjeras que fueron amenazadas de muerte el pasado 28 de enero por el «Comando Gral. Pedro Barneix», un colectivo anónimo presuntamente vinculado con la dictadura uruguaya.

El exembajador de Uruguay en la Organización de Estados Americanos (OEA), Milton Romani, quien se encuentra en la lista de firmantes, declaró hoy a Efe que, como ciudadano y «luchador» por los derechos humanos, considera que las amenazas deben seguir siendo indagadas para que los culpables no queden «impunes».

«Conozco a la mayoría de los amenazados, ya expresé mi solidaridad con ellos, y estoy solicitando junto a otros que se investigue el tema, si bien tengo entendido que el Estado ya investiga el caso», apuntó Romani.

Entre los que suscriben el documento se encuentran, además, individuos provenientes de más de 15 países, entre ellos de Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, España, Francia, México, Noruega y Reino Unido, que, al igual que los amenazados, trabajan, en muchos casos para la defensa de los derechos humanos.

«Es absolutamente inaceptable y en todo sentido repudiable que defensores de los derechos humanos y académicos, tanto uruguayos como extranjeros, sean sometidos a amenazas de esta índole, provenientes de individuos y organizaciones más o menos ocultas que persisten, aún hoy, en defender el terrorismo de Estado», indica el documento.

A través de la carta, dirigida hoy a Vázquez, el colectivo apunta que aún no ha habido «avances sustantivos» en la investigación para hallar a los autores de las amenazas y reclama al Gobierno uruguayo que actúe al respecto.

«Exigimos que el Estado uruguayo, a través de sus representantes, exprese su más firme condena ante estas nuevas amenazas, que los poderes competentes las investiguen seria y efectivamente para dar con sus responsables, y que se aplique la ley como corresponde en un Estado de derecho, ya que de acuerdo con la legislación uruguaya la amenaza constituye un delito», expresa la carta.

Además, el colectivo hace eco de la petición formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado uruguayo garantice seguridad a las personas amenazadas en su derecho «a vivir en democracia en un clima libre de amenazas».

Los firmantes añaden a su vez que este hecho no es aislado dado que durante el 2016, un Grupo de Investigación en Antropología Forense de la Universidad de la República de Uruguay fue víctima de un robo en su laboratorio y sus integrantes fueron también amenazados.

A través de un correo electrónico difundido con la plataforma Tor, que protege la identidad del emisor y dificulta su localización, 13 personas recibieron amenazas de muerte por parte del comando Barneix, en homenaje a un militar fallecido de la dictadura uruguaya.

Concretamente, el general retirado Pedro Barneix se suicidó en septiembre de 2015 cuando la Policía arribó a su domicilio de Montevideo para detenerlo por orden judicial, ya que era uno de los acusados del asesinato de un comerciante comunista en 1974.

¿Qué ves cuando me ves? Pobreza, juventud y violencia en la periferia montevideana

Martín Delgado Cultelli

Hace unas semanas los vecinos de El Apero, en Villa Colón, se levantaron en protesta ante la violencia policial hacia un joven del barrio. La criminalización de las juventudes de barrios de la periferia montevideana representa una constante que se viene dando hace un par de años.

Crecí en el barrio Villa Colón, muy cerca del puente del arroyo Pantanoso, así que viví de cerca el proceso de gestación de El Apero. Comenzó con el asentamiento de unas familias en la costa del Pantanoso, en tierras inundables, una zona fiscal en la cual la gente no pagaba impuestos ni necesitaba comprar el terreno. No eran muchas familias y a pesar de ser víctimas de las inundaciones, podían tener un espacio donde levantar un rancho. A finales de los noventa, el intendente de Montevideo, Mariano Arana, mandó, con su plan de revitalización y gentrificación de la Ciudad Vieja, a decenas de familias de ese histórico barrio hacia la zona de Colón. Muchos se localizaron en El Apero. Posteriormente, en los años 2002 y 2003, el barrio se volvió gigantesco: cientos de familias que habían quedado arruinadas por la crisis económica fueron a vivir allí. Luego, como en muchos otros lugares, la llegada de la pasta base multiplicó la violencia en el barrio y ayudó a profundizar aún más el círculo vicioso de la pobreza, manteniendo a las familias en un callejón sin salida.
Los jóvenes fueron las principales víctimas de esta violencia constante. Por un lado, son el terreno en disputa de las distintas bandas de narcotráfico, ya que todo joven del barrio podía ser un adicto en potencia. Por otro, son los chivos expiatorios de la policía, en especial de la corrupta comisaría 22. Así, a la vez que servían para llenar las estadísticas del Ministerio del Interior, también servían para hacer “trabajos” para la policía.
Pero a pesar de la difícil situación del barrio, la gente quería salir de ese círculo vicioso. Es por eso que en el año 2004, El Apero votó masivamente al Frente Amplio, buscando una salida a su marginalidad. Sin embargo, este gobierno no los ha tratado mucho mejor. Si bien pudieron arreglar sus viviendas, tener servicios básicos (agua corriente, saneamiento, luz eléctrica) y mejorar un poco su calidad de vida, siguieron reproduciéndose las relaciones de marginalidad, en particular porque estos barrios periféricos son los últimos en recibir recursos o políticas públicas de importancia. Viniendo de Villa Colón siento la diferencia entre vivir en barrios céntricos y vivir en la periferia de la ciudad.
A este contexto se han sumado algunos hechos recientes de particular importancia. Los dichos de la conductora de televisión Victoria Rodríguez en el programa Esta Boca es Mía, así como el informe del mismo programa sobre el barrio Colón y sus zonas adyacentes, que lo ubican como el centro de la delincuencia montevideana, una región similar a Irak, contribuyeron con la estigmatización de esta parte de la ciudad. Para muchas personas lo dicho en Esta Boca es Mía es la verdad. Y para muchos políticos de la derecha estos barrios deben intervenirse policialmente con mano dura. Por supuesto que estas declaraciones indignaron a los vecinos: Colón, el Complejo América, Villa Colón y El Apero son también barrios obreros de gente digna y trabajadora, barrios donde muchos crían a sus hijos y sacan a sus familias adelante.
El discurso mediático sobre la delincuencia en Colón y adyacencias, así como en otros barrios montevideanos, ayudó a consolidar las políticas represivas del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, quien a la vez que desestructuró la red de corrupción de la comisaría 22 impuso el patrullaje de cuerpos de choque. Bonomi se inspira en el modelo brasileño de la BOPE, una policía militarizada que aunque anti-corrupta es totalmente fascista. En consecuencia, el gatillo fácil volvió a surgir en Montevideo. Desde 2013 hubo dos muertos en el barrio Marconi (un tercero estuvo en CTI pero no murió), uno en Santa Catalina, uno en el barrio Peñarol y uno en el boliche bailable Coyote en Reducto. A esto hay que agregar los casos de detenciones arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza en algunos disturbios de barras bravas. Cabe destacar que casi todos estos hechos sucedieron contra personas de menos de 25 años.
Actualmente, se piensa reubicar al asentamiento El Apero como parte del Plan Nacional de Relocalizaciones, con lo que se vuelve a repetir la historia de los años noventa con la Ciudad Vieja. Estos son los hechos que dan contexto a lo que relataré a continuación.
El lunes 20 de febrero los vecinos de El Apero cortaron la avenida Lezica, quemando llantas, cartón, basura y ramas de árboles. La protesta era contra la violencia policial hacia los jóvenes del barrio. En particular se denunciaba un hecho reciente: una patrulla del Programa de Alta Dedicación Operativa (más conocido como PADO) detuvo a un muchacho de 17 años que estaba fumando marihuana en el muro de su casa. Pese a que él les explicó que se trataba de su hogar, la policía lo tomó como un adicto que estaba vulnerando el derecho de propiedad de algún vecino. Se desconocen los detalles, pero los vecinos afirman que la policía llevó al joven al Monte de la Francesa (un parque muy arbolado y cercano al barrio), donde lo golpeó. Al parecer el joven recibió una paliza brutal por la que debió recibir atención médica. Fue en protesta por este hecho que los vecinos del barrio se movilizaron.
Cortaron Lezica a la altura de Ott y luego realizaron otro piquete sobre el puente del Pantanoso. La policía no tardó en llegar y disolver el bloqueo. Por el lado de Lezica y Ott llegaron cuerpos del PADO y la GRT y por el lado del puente llegaron tropas de la GEO y la GRT. Al mismo tiempo, se estableció un cerco perimetral que evitó que vecinos de otras partes se acercaran. La batalla duró como hasta las diez de la noche y contó con varios detenidos. Estos sucesos son sumamente similares a los ocurridos en el barrio Marconi en el invierno del 2016, pero sin muertos y en menor escala.
Lo peor es que nada de esto se dijo en casi ningún medio de prensa, con excepción de algunos periódicos barriales. Por eso la necesidad de esta nota. Si la violencia es invisibilizada, lo hechos quedarán en total impunidad y nada evitará que vuelvan a ocurrir
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