Publicado en: 21 febrero, 2018

Noticias Uruguayas 21 febrero 2018

Por Colectivo Noticias Uruguayas

URUGUAY: La larga e impune “agonía” del criminal coronel Ernesto Avelino Ramas Pereira por Roger Rodríguez // Larrañaga quiere militares en la calle para combatir el delito // Salle pide que Vázquez declare medidas prontas de seguridad

EUSKAL HERRIA: Euskadi se mantiene como el lugar con más presencia policial de la UE pese al fin de ETA // Tribunal Europeo de Derechos Humanos: condena a España por torturar a los etarras de la T-4 // La abogada de los etarras Portu y Sarasola: “Hay una política de impunidad de la tortura en el Estado” // Los policías que torturaron hasta la muerte a Joxe Arregi nunca fueron apartados de sus cargos // Los gobiernos de PP y PSOE se negaron a investigar las torturas en Euskadi // El Gobierno Vasco interpela a los “poderes del Estado” por cuatro mil casos de torturas // González y Aznar pagaron a países de África y América Latina a cambio de controlar a deportados de ETA // URUGUAY: La larga e impune “agonía” del criminal coronel Ernesto Avelino Ramas Pereira por Roger Rodríguez // Larrañaga quiere militares en la calle para combatir el delito // Salle pide que Vázquez declare medidas prontas de seguridad

 

URUGUAY

La larga e impune “agonía” del criminal coronel Ernesto Avelino Ramas Pereira

por Roger Rodríguez

sábado, 17 de febrero de 2018

El facebook del grupo Vecinos por la Memoria, donde la esposa de Ramas se burla y desafía a que encuentren a su esposo.

Su esposa se burló de grupos de DDHH y los desafió a buscar al torturador quien viajó a Montevideo para exámenes clínicos.

Reproducimos el artículo del periodista Roger Rodríguez originalmente publicado el pasado 26 de enero sobre el supuesto régimen de prisión domiciliaria del torturador de la dictadura Ernesto Ramas y las provocaciones de su esposa Rosa Margarita en las redes sociales. Se ha confirmado que Ernesto Ramas volvió a su casa luego de realizarse exámenes médicos en Montevideo.

El criminal de lesa humanidad coronel (r) Ernesto Avelino Ramas Pereira había abandonado el chalet “Rosemar” de Piriápolis donde debía cumplir prisión domiciliaria por una condena de 25 años de cárcel y los vecinos temían que hubiera fugado luego de sendos posteos en Facebook de su esposa, Rosa Margarita Gaetan González, quien se ríe de las organizaciones de derechos humanos: “no me jodan”… “no vive más acá”, “si quieren búsquenlo jajajajaja”, pero se encontraba en Montevideo para realizarse exámenes clínicos.

Ernesto Ramas fue arrestado el 8 de mayo de 2006 y desde entonces permaneció en el Hospital Militar por “razones de salud”, en una supuesta agonía que le ha permitido eludir siquiera una noche en una celda, a pesar de recibir el 26 de marzo de 2009 una condena a 25 años de cárcel por 28 delitos de homicidio muy especialmente agravados en reiteración real, cometidos en los años de la dictadura militar uruguaya (1973-1985).

El 27 de octubre de 2011 volvió a ser procesado por el homicidio particularmente agravado de María Claudia García de Gelman, nuera del poeta Juan Gelman, y por la sustracción de menor y supresión de estado civil de su hija, Macarena Gelman, hoy diputada nacional; pero desde el 24 de diciembre de 2015, dado su “grave estado de salud”, se le otorgó la prisión domiciliaria en el chalet donde hasta hace una semana habitaba en la ciudad de Piriápolis.

Entre los delitos por los que aún se le indaga, se incluye la desaparición de Washington Barrios en 1974, se presume que estuvo implicado en el caso de los Fusilados de Soca ese mismo año, que participó en el secuestro y desaparición de militantes del PCU en 1975 y en la desaparición de uruguayos secuestrados en Argentina y trasladados a Uruguay donde fueron ejecutados y, probablemente, enterrados en una fosa común.

Los posteos de Rosa Margarita

La esposa de Ramas, Rosa Margarita Gaetán González, publicó sendos posteos de Facebook en los que afirmaba que el torturador ya no vivía en Piriápolis: “Hoy es el día todos con el campo en Durazno muchachos se acabó lo que se daba búsquen a dónde ir a vivir y Vecinos por la Memoria de Piriápolis no me jodan más el Coronel Ramas no vive más acá jajajaja”, escribió en su muro el pasado 23 de enero a las 10.44 horas.

El anuncio también fue escrito por la señora Gaetán González en la propia página facebook “Piriápolis – Vecinos por la Memoria” creada por activistas locales el 30 de julio de 2017 en el marco de una serie de actividades en favor de los derechos humanos en Uruguay: “Les quedó claro el Coronel Ramas no vive más en Rosemar si quieren búsquenlo jajajajaja”, desafió la esposa del torturador.

La prisión domiciliaria del coronel Ramas fue concedida por el juez ejecutor Martín Gesto, quien aceptó los informes médicos de la Cruz Roja (cuya filial en Uruguay fue intervenida por manejos dolosos), del forense Guido Berro y de una junta médica con tres profesionales del Poder Judicial, a pesar de la oposición que sobre el beneficio expresó el Fiscal de Corte, Jorge Díaz. La mujer de Ramas llegó a hacer una denuncia penal ante un “escrache” realizado ante el chalet “Rosemar” en diciembre, pero la justicia no inició acciones.

Luego de otorgado el confinamiento en su chalet de Piriápolis, donde no se le pudo colocar una tobillera electrónica por “falta de señal” y hay versiones de lugareños sobre que habría sido visto en alguna playa cercana “mojando sus pies en el mar”, el expediente sobre Ramas pasó a la órbita de la justicia de Maldonado y su contralor quedó bajo la jurisdicción del juzgado de San Carlos, que la semana pasada habría autorizado el viaje del represor a Montevideo para hacerse exámenes clínicos en el Hospital Militar.

Un tordillo al comando de la OCOA

Ernesto Avelino Rama Pereira, alias “Oscar 1”, alias “El Tordillo”, alias “El Gallego”, alias “Puñales”, nació el 7 de febrero de 1936 y su cédula de idantidad tiene el número 707.695-5; ingresó al Ejército el 1° de marzo de 1955, en el Arma de Infantería, y entre el 15 de enero y el 1° de junio de 1962, realizó el curso de “Motor Officer” en la temible Escuela de las Américas en Panamá (SOA), donde se entrenaron los principales represores del continente.

Hasta 1963 estuvo en el Batallón de Infantería 11 (Minas). Como capitán, en 1964 pasa al Servicio de Material y Armamento y en 1972 se desempeña como S2 (inteligencia) en el Batallón de Infantería N° 1, donde se le sindica como uno de los principales torturadores de la dictadura. Desde 1975 actúa como comandante de la Oficina Coordinadora de Operaciones Antisubversivas (OCOA), donde obtuvo el alias de “Oscar 1” y comanda el centro de represión “300 Carlos” del Batallón de Infantería N° 13, donde se produjeron múltiples desapariciones.

En 1976, era uno de los “valpardos” que operaba en la Base Valparaíso, donde fue vista con vida por última vez la joven argentina María Claudia García de Gelman. Rama sería uno de los que dispuso su desaparición y conoce el lugar donde fue enterrada luego de su asesinato. En los años siguientes, cumplió funciones en el centro de torturas de La Tablada y entre 1980 y 1984 fue asignado al Servicio de Material y Armamento, hasta 1985, cuando con la reinstitucionalización del país se desempeñaba en el Comando General del Ejército.

Su extradición fue pedida desde Argentina por el juez Daniel Rafecas por su responsabilidad en la desaparición de María Claudia Gelman, pero permaneció en Uruguay ya que el 11 de setiembre de 2006, cuatro meses después de su arresto, fue procesado junto a la patota de represores del Servicio de Información y Defensa (SID) y la OCOA. De confirmarse una fuga o traslado de domicilio no autorizado, Ramas podría perder sus beneficios y debería pasar, finalmente, a la cárcel común o una prisión especial junto a otros criminales de la dictadura.

Roger Rodríguez

Corte Suprema uruguaya falla a favor de la impunidad

viernes, 16 de febrero de 2018

Declaró inconstitucional la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar.

Se trata de la causa que investiga la desaparición de Eduardo Pérez Silveira. El máximo tribunal uruguayo volvió a fallar declarando inconstitucional los artículos de la norma interpretativa aprobada en 2011, por la cual no se computaría “plazo alguno, procesal, de prescripción o de caducidad, en el período comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 y la vigencia de esta ley, para los delitos” cometidos “en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985”.

Este es el segundo fallo a favor de los represores de la dictadura, luego que en setiembre la Corte Suprema emitiera la misma resolución en la causa que investigaba casos de tortura en Tacuarembó.

Al igual que en esa oportunidad la decisión de la Corte se tomó de manera dividida; con tres ministros a favor y dos en contra.

Eduardo Pérez Silveira fue un militante del MLN-Tupamaros que murió a consecuencias de las torturas recibidas luego de ser detenido en el año 1974. Su deceso se produjo en el Hospital Militar en mayo de ese año, pero su cuerpo nunca fue entregado a su familia.

La decisión de la Corte Suprema desconoce que durante la vigencia de la Ley de Caducidad las causas de derechos humanos por delitos y crímenes cometidos durante la dictadura no pudieron ser juzgadas por una decisión política fruto de la presión militar y los acuerdos de todo el régimen político de garantizar la impunidad para los delitos de lesa humanidad.

Esta resolución se suma a las distintas trabas que actúan para evitar justicia; desde causas que no avanzan y están paralizadas en los Juzgados hasta la falta de voluntad política de avanzar en el camino de la verdad, la justicia y el castigo a los culpables.

Hernán Yanes


Larrañaga quiere militares en la calle para combatir el delito

La iniciativa, que no es original, fue lanzada en medio de la conmoción por el asesinato de una trabajadora en La Blanqueada.
domingo 18 de febrero de 2018 – CARAS Y CARETAS
El senador Jorge Larrañaga insistió con la movilización de los militares para colaborar con la Policía. Seguramente influenciado con la orden de Michel Temer de dar intervención a las Fuerzas Armadas para “combatir al delito” en el estado de Rio de Janeiro aprovechó el momento para volver a marcar su perfil, ya bastante deteriorado en la interna partidaria.
Afirma el líder de Alianza Nacional en su cuenta de Facebook: “Estamos sitiados por la delincuencia, por el narcotráfico y por la violencia indiscriminada”, razón por la que reitera su postura “de utilizar militares para que ayuden a la policía”.
Larrañaga dice que hace ya 15 años que viene alertando sobre esta situación y que ha señalado reiteradas veces que “lo que se estaba viendo en países vecinos, si no se cambiaba la política de seguridad, inexorablemente nos iba a suceder”.
Recuerda el legislador blanco que ha realizado un sinfín de propuestas en las campañas electorales de 2004, 2009 y 2014, pero que el “rol de la oposición es, lamentablemente, acotado”.
“Soy partidario de medidas de fondo cómo lo he planteado y lo vuelvo a realizar. De utilizar militares para que ayuden a la policía, de mayores penas, de luchar barrio a barrio contra el narcotráfico y el delito para que la gente de bien, los honestos, no sean rehenes de los delincuentes y los narcos que hoy mandan y tienen territorio propio” dice Larrañaga.
“El gobierno debe reaccionar. Estamos sitiados por la delincuencia, por el narcotráfico y por la violencia indiscriminada”, reitera.
Finaliza con la conclusión de que “no hay más tiempo. No se puede mirar para el costado ni plantear medias tintas. Es tiempo de tener coraje y determinación. Nosotros seguiremos proponiendo y alertando para que los cambios necesarios, lleguen”.
Posteriormente en su cuenta de Twitter reiteró conceptos similares: “Soy partidario de utilizar militares ayudando a los policías, de aumentar penas, de hacer que se cumplan efectivamente y no sean perforadas por beneficios liberatorios. Estamos sitiados por los delincuentes. El Gobierno debe reaccionar. Hace años que lo venimos sosteniendo”.

Salle pide que Vázquez declare medidas prontas de seguridad

El abogado Gustavo Salle pidió hoy en su audición de radio Fénix que el presidente Tabaré Vázquez tome medidas prontas de seguridad para paliar la situación de inseguridad que entiende que vive el país, luego del asesinato de una trabajadora el sábado de un supermercado.
En su argumentación, Salle sostuvo que el gobierno tiene las herramientas constitucionales para asegurar la seguridad de la población, y dijo que la política económica del Frente Amplio, que es “continuadora” de la que llevó adelante la última dictadura militar, produjo esta brecha social que es la causante de estos crímenes. “Mentirosos. No le echen la culpa al pasado. Ustedes hace 15 años que están en el gobierno y profundizan las medidas de la dictadura militar”, disparó.
Sobre los criminales, dijo que se trata de personas “sin sentimientos”, y se privó de usar la palabra “animales”, para no “faltarle el respeto” a la “empatía” que muchos de estos han utilizado en el gobierno.
Respecto a las medidas prontas de seguridad, dijo que “está previsto en la Constitución de la República y van a querer endilgarnos con que somos miliqueros”, advirtio
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