Publicado en: 20 febrero, 2018

Noticias Uruguayas 20 febrero 2018

Por Colectivo Noticias Uruguayas

URUGUAY: Los argumentos de Salle y Viana contra el nuevo CPP // ¡Un Uruguay Natural es un Uruguay sin transgénicos!

ARGENTINA: Gran Marcha Azucarera: recorre los pueblos azucareros de Salta y Jujuy // 21F: apuestan a una masiva adhesión para consolidar un nuevo bloque sindical // La Agencia Federal de Inteligencia (AFI), ex SIDE, cerró sus cinco bases en el Gran Buenos Aires y planea abrir una en los EE.UU. // Defensa hizo una compra de “material bélico” y la declaró confidencial // Liliana Furio, hija de genocida: “No hay posiblidad alguna de reconciliación” // Histórico juicio por crímenes de lesa humanidad en Ford // URUGUAY: Los argumentos de Salle y Viana contra el nuevo CPP // ¡Un Uruguay Natural es un Uruguay sin transgénicos!

 

URUGUAY

El recurso de inconstitucionalidad

Los argumentos de Salle y Viana contra el nuevo CPP

Los abogados cuestionaron medio centenar de artículos del nuevo Código del Proceso Penal y reclamaron la inaplicabilidad de los mismos en la indagatoria penal contra el abogado Juan José Ayala

viernes 16 de febrero de 2018 – CARAS Y CARETAS

Los abogados Gustavo Salle y Enrique Viana (ex fiscal) presentaron un extenso escrito en el que se cuestionan 51 artículos del nuevo Código del Proceso Penal (CPP). Según expresa el escrito –al que accedió Caras y Caretas Portal– ese medio cententar de artículos violentan los preceptos de la Constitución de la República e implican un golpe a la separación de poderes y al Estado de Derecho. En este marco, la tesis de la inconstitucionalidad se fundamenta en tres bloques.
El primero, alega que “a los jueces se les usurpó el poder de instruir los crímenes; se les prohíbe investigar los hechos presuntamente delictivos, disponer de oficio prueba a su respecto, dirigir la indagatoria y averiguar la verdad material”. “Con ello, se viola la super garantía judicial prevista en los artículo 15 y 16 de la Constitución desde 1830, aquella que atribuye claramente que esa competencia funcional, ese deber-poder de instrucción, pertenece a los Jueces, ante la ocurrencia de todo hecho con apariencia de delito y en virtud de estar constitucionalmente investidos de independencia técnica e imparcialidad, justamente, por ser cada uno de ellos Poder Judicial”, señala el escrito.
En este punto, se afirma que la “ingeniería jurídica” montada a través de la legislación procura: “una desjudicialización del proceso penal, (con) la exclusión de los Jueces del conflicto penal; su contracara o contrapartida, una administrativización del proceso penal, y, por consecuencia, el regreso nostálgico de la justicia penal al Poder único del Rey, a las pesquisas secretas, al Estado Policial, comisarial y represivo; y finalmente, la privatización y la mercatilización de la justicia penal y la política por encima del Derecho, lo que permite conducirla hacia una selectividad premeditada, justicia penal para amigos, justicia penal para enemigos”.
Las distintas normas del nuevo CPP implica que a los jueces “les son arrancados aquellos deberes-poderes de instruir los crímenes, de dirigir la investigación criminal, de ejecutar todos los actos necesarios para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictuales, de obrar en la investigación criminal, de procurar la prueba de los hechos constitutivos del delito y sus circunstancias y, en definitiva, de averiguar la verdad material o real”.
“Lisa y llanamente, con el NCPP, queda abolido el Juez de Instrucción. De este modo, queda terminantemente prohibida toda prerrogativa judicial inquisitiva en el proceso penal. Es el real y espurio propósito de esta reforma encartada en el NCPP: impedir que los Jueces investiguen los crímenes. Y agregamos: impedir a toda costa que aquellos hombres y mujeres, en quienes radica el Poder Judicial, los Jueces, obrando bajo la garantía republicana de la independencia y de la imparcialidad, investiguen los crímenes y, en especial, impedir que investiguen los crímenes del poder real, público y privado”, argumentan los abogados.
Los otros bloques
El segundo bloque de inconstitucionalidades refiere a la creación de “una agencia gubernamental al mando de un solo director supremo, a quien se le cometió la monopólica instrucción de los crímenes en substitución de los jueces del Poder Judicial”. “De ese modo, este director supremo a través de dicha agencia, en definitiva, decide quién va preso y quién no en el Uruguay. Se trasmutó a las Fiscalías Letradas de la República en solo Fiscalía, llamada General, con fiscales delegados sometidos a instrucciones y directivas de un fiscal General o director supremo, en un régimen de unidad y jerarquía, disciplinado, vertical y proseletista”.
Así, “se otorgan poderes exorbitantes a ese director suprema de esa agencia política de gobierno, quien dicta, diseña y ejecuta política pública en materia criminal y a quien le permiten convertirse ‘en juez en su propia causa’, con ello, se acentúan, y a extremos constitucionalmente intolerables, la discrecionalidad, la desigualdad de las partes y la indefensión de los justiciables”, señala el escrito.
El argumento en este punto, es que “al eliminarse la independencia técnica individual de los Fiscales Letrados, a quienes se convierte en meros secretarios o amanuenses de un Fiscal general de esa agencia gubernamental, obteniendo éste el poder de manipular todas las decisiones del Poder Judicial en materia criminal, y, con esto, se violan los principios de igualdad de las partes en juicio, de inocencia, el derecho defensa y las prohibiciones de los juicios por comisión y del proselitismo de los funcionarios públicos en ocasión del desempeño de la función pública […] También se viola la soberanía legislativa, al habilitarse que el Director General de esa agencia gubernamental dicte y diseñe política pública en materia criminal”, dice.
En este punto, se afirma que “la Constitución no quiere un régimen de Fiscal General y fiscales delegados o agentes fiscales subordinados a ese Fiscal General. No quiere fiscales sometidos a instrucciones o directivas. No quiere fiscales delegados o agentes fiscales. Tampoco quiere fiscales coordinados ni trabajando en equipo o en unidades especializadas. Menos quiere que una entidad corporativa o una agencia gubernamental obre como una Fiscalía Única. Y todavía menos quiere que esa agencia dicte, diseñe y ejecute política pública imponiéndosela a los fiscales. En definitiva, al igual que prohíbe que los Jueces actúen en forma corporativa, en equipo o sometidos a subordinación jerárquica, repudia que el ejercicio del Ministerio Público sea desempeñado por miembros mancomunados, verticalizados o alineados bajo las órdenes de un Director Supremo.
El tercer bloque de inconstitucionalidad –según los abogados- refiere a todo el mecanismo de los procesos abreviados y de suspensión condicional del proceso, que reglamentan mecanismos para abreviar los procesos penales y evitar que estos lleguen a juicio oral. Según el recurso “se armó a ese director supremo de la agencia política del gobierno con la prerrogativa discrecional de eliminar el juicio criminal, privatizar el derecho penal (tornarlo negociable, mercantilizarlo), y a través de pactos o acuerdos extorsivos. Junto a ello, se establece la facultad de que se pueda decretar la prisión preventiva de un indagado sin la previa realización ante el juez de la prueba de la semiplena prueba de la comisión de un delito”.
Además, se estipula un plazo de un año, prorrogable por otro año para que la Fiscalía General deduzca acusación. También se derogaron los institutos objetivos de la libertad condicional y de la suspensión condicional de la pena. “Con todo esto, se pergeña la negociación en sede administrativa, a exclusiva iniciativa de la Fiscalía General y bajo la amenaza extorsiva o el chantaje ‘confesión por menos pena’. Se establece así un proceso penal comisarial, administrativo, discrecional, clasista, perverso e inmoral”, dicen.
“Al habilitarse los pactos en materia penal, se instaura un proceso penal clasista: ‘Tanto tienes para dar, tanta libertad te vamos a conceder’. Se hace desaparecer la obligatoriedad propia del Derecho Penal como un verdadero Derecho Público, no transable ni cedible. Se lo substituye por la negociación y la discrecionalidad de la agencia gubernamental Fiscalía General. Se elimina el debido juicio criminal y se lo substituye por un acuerdo inmoral y perverso entre esa agencia política de gobierno Fiscalía General y el indagado: en donde éste último es presionado a pactar, privado de su libertad, bajo la amenaza de un proceso más largo y todavía preso, y pacto frente al cual el Juez nada puede decir o hacer, más que homologarlo”, señala. De esta forma, “se agudiza el desequilibrio de partes: otorgándose la facultad latente de la extorsión o el chantaje a favor de la agencia gubernamental Fiscalía General (y) se aumenta gravemente la indefensión del indagado”.
“Con la sumatoria de inconstitucionalidades reseñadas, se monta una verdadera ingeniería jurídica por la cual se excluye a los Jueces del proceso y para terminar de hacer desaparecer al Poder Judicial como Poder. Se lo convierte en un elemento decorativo. Pasa a ser una mera administración subordinada a los designios de un Director Supremo de una agencia del Gobierno de turno. De ese modo, se rompen las garantías judiciales, favoreciéndose a la corrupción”, afirma el escrito.


¡Un Uruguay Natural es un Uruguay sin transgénicos!

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Petitioning Presidente Dr.Tabare Vázquez

Prohiban el uso de glifosato en el Uruguay

Somos un grupo de ciudadanos preocupados por el uso indiscriminado de químicos agrotóxicos en nuestra agua, aire y comida.  En Uruguay se sigue utilizando el Glifosato sin límites. Este agrotóxico fue declarado por la…

Prohiban el uso de glifosato en el Uruguay

¡Un Uruguay Natural es un Uruguay sin transgénicos! started this petition to Secretaria General Presidente Dr.Tabare Vázquez and 3 others

Somos un grupo de ciudadanos preocupados por el uso indiscriminado de químicos agrotóxicos en nuestra agua, aire y comida.  En Uruguay se sigue utilizando el Glifosato sin límites. Este agrotóxico fue declarado por la Organización Mundial de la Salud como cancerígeno. Fue prohibido en Europa, y muchos países de América, recientemente Colombia se sumó.
El glifosato es actualmente uno de los agrotóxicos más extendidos en la agricultura, y fue desarrollado y patentado por la gigante Monsanto. Lo peor, es que se ha detectado que este herbicida se encuentra en los alimentos, el agua y en el aire después de ser pulverizado.
Existen pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en los humanos, además su peligrosidad para nuestra salud es altísima. En nuestro país, pobladores rurales, agricultores y trabajadores han denunciado por años las consecuencias en su salud producidas por el glifosato. Hoy nos hacemos eco de su voz reclamando más que nunca su prohibición.
¿Por qué continuar usando un producto que tanto daño hace a nuestra salud? Si bien, son conocidos los fuertes intereses económicos detrás de este mortal negocio, es necesario tomar cartas en el asunto, y poner por encima la salud de los uruguayos, y no dejarnos avasallar por el poder de estas multinacionales. Nuestros representantes son los que deben mediar a nuestro favor.
Firma y comparte esta petición para que seamos miles las voces que nos alcemos en contra del uso del glifosato. La prohibición del glifosato es más necesaria que nunca.

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COMITÉ DEL FRENTE AMPLIO DE URUGUAY EN MÉXICO POR LA IZQUIERDA

ANTE LA ESCALADA IMPERIALISTA EN AMÉRICA LATINA

En estos días la República Bolivariana de Venezuela es acosada por un descarado intervencionismo del imperialismo yanqui, en una de las etapas más belicistas y agresivas de la historia, impuesta por el gobierno fascista, racista y xenófobo de Donald Trump y  cuya política exterior es encabezada por uno de los más grandes magnates del petróleo como lo es Rex Tillerson, con evidentes intereses corporativos, que pretende convertir a ese país en un abominable protectorado de Estados Unidos con el fin de apoderarse de las mayores reservas del mundo de ese energético, entre otros valiosos recursos naturales.

Desde el comienzo de la revolución bolivariana, el imperialismo ejerce un acoso permanente  en conjunción con las oligarquías local e internacional con el objetivo de desestabilizar el país, tomando la forma de guerras económica, financiera, mediática y diplomática, y ahora en forma explícita con amenazas de golpes de estado e invasiones militares,

A esta agresión imperialista,  se acoplan sumisamente los gobiernos de derecha de los países representantes de las oligarquías de nuestro continente agrupados en el Grupo de Lima. (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú)

Por otra parte, debemos  reconocer un cambio positivo en la política exterior del gobierno uruguayo con respecto a Venezuela. En primer lugar Uruguay no aceptó integrase al grupo de Lima. En segundo lugar, es importante destacar lo expresado en estos días por el subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ariel Bergamino: “los problemas de los venezolanos los tienen que resolver los venezolanos”. Si bien Uruguay no es “indiferente”, respeta la autonomía de cada país y ayuda a crear los ámbitos para que esa sociedad resuelva sus discrepancias a través del diálogo.

Aclaró que Uruguay no comparte la decisión del Grupo de Lima, del cual no participa, de excluir de la Cumbre de las Américas al presidente venezolano Nicolás Maduro.

Bergamino reconoció que las elecciones presidenciales convocadas por el gobierno venezolano para el 22 de abril se dan en “un momento difícil y complicado”. El número dos de la cancillería dijo que confía en que la sociedad venezolana superará esta situación a través del “diálogo, el respeto y la paz”.

Para concluir, creemos importante difundir la siguiente declaración del Partido Comunista de Uruguay sobre el tema, con la cual coincidimos plenamente y  apoyamos en todos sus términos.

COMITÉ DEL FRENTE AMPLIO DE URUGUAY EN MÉXICO POR LA IZQUIERDA

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