Noticias Uruguayas 20 diciembre 2015

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URUGUAY

Conflictos en vísperas de las fiestas

Municipales en pie de guerra

Un fin de año conflictivo para Intendencias de Montevideo, Canelones, Rocha y Soriano.
Canelones: los municipales sindicalizados se concentraron frente a la IMC. Foto: Archivo.
19 dic 2015 – El País uy
Cuando falta una semana para que los uruguayos comiencen a celebrar las fiestas tradicionales de fin de año, arrecian los conflictos en varios departamentos donde los gremios municipales y los guardavidas —en el caso de Rocha— no han logrado acuerdos en las negociaciones salariales para incorporar al presupuesto quinquenal.
Ayer, en la Ruta Interbalnearia, el sindicato Adeom de Canelones quemó cubiertas y entorpeció el tránsito de salida de autos hacia el Este a la altura de Atlántida, repartiendo volantes para informar sobre el conflicto.
De mañana, la Intendencia de Canelones había emitido un comunicado anunciando que retiraba «todas las iniciativas planteadas al gremio» y se limitaría a fijar «las pautas salariales establecidas por el Poder Ejecutivo, que implica el mantenimiento del salario real».
Esta reacción de la comuna canaria se adoptó luego de que el sindicato ocupara los municipios de Pando y de Atlántida, y llevara a cabo otras acciones que la Intendencia criticó en el comunicado.
«En horas recientes» —informó— «camiones municipales, contratados con el dinero de los contribuyentes, y afectados a la recolección de residuos fueron atacados y dañados con piedras y «miguelitos» (puntas que se usan para pinchar los neumáticos). La comuna ya realizó la denuncia policial».
También acusó a la dirigencia sindical de usar en este conflicto parte de las 2.500 horas mensuales de que disponen para actividades gremiales (como asambleas) para evitar que se les descuenten los paros.
El conflicto lleva ya unos 10 días. Entre el jueves 10 de diciembre y el viernes 11, Adeom Canelones realizó un paro de 24 horas, que afectó todas las áreas de la administración, no solo limpieza.
Inmediatamente después, la comuna canaria contrató a una empresa privada para realizar un servicio de recolección de emergencia en la Costa de Oro y en las ciudades de Canelones, Santa Lucía, Los Cerrillos y los municipios del noreste y santoral.
Adeom reclama un salario mínimo de $ 22.500 (en la actualidad es de $ 16.700) y pide no extender el régimen laboral de cinco a seis días semanales, como pretende el gobierno departamental.
Ayer los municipales cortaron el acceso a la cantera Pérez en las Piedras, de donde la comuna saca balasto, e hicieron una «aplaudida» en la Intendencia: la primera que realizan a una administración del Frente Amplio, dijo el secretario general de Adeom, Diego Alfonzo.

Rocha.

Mientras tanto, en medio de un conflicto con los guardavidas, la Intendencia de Rocha abrió un llamado para contratar 25 pilotos de motos náuticas y 25 auxiliares en enfermería para «desarrollar tareas en las playas del departamento» hasta el 27 de marzo de 2016. El salario es de $ 55.000 nominales y el período de contratación es de tres meses.
El horario de trabajo será de 10:00 a 19:00 horas, todos los días de contrato. El llamado tiene como fecha límite el 24 de diciembre.
Cuando se apresta a inaugurar la temporada el próximo 22 de diciembre, en coincidencia con la inauguración del puente de Garzón, la Intendencia de Rocha no contará con servicios de guardavidas en las playas hasta el 1° de enero.
Los 133 guardavidas rochenses iniciaron una negociación con la Intendencia a mediados de año, cuando Aníbal Pereyra se hizo cargo de la comuna. Reclaman un trabajo estable durante 12 meses y ser presupuestado. También buscan un convenio que incluya una «descripción de tareas», algo que impediría a la Intendencia trasladarlos a otras dependencias cuando, por razones físicas o de edad, no puedan cumplir con el servicio.
Hasta ahora cobraban un salario de $ 34.000 nominales durante siete meses, aunque solo cumplen su tarea específica en los tres meses de la temporada.

Rescates.

En la última temporada, los guardavidas de Rocha —que tienen 180 kilómetros de costa— realizaron 388 rescates directos, según datos de la asociación que los nuclea.
«El llamado (de la Intendencia) es un desastre», aseguró Horacio Speroni, presidente de la Asociación de Guardavidas de Rocha (AGR).
«Las motos de agua no sirven; si nos las dieran no las querríamos. No ayudan en la tarea de los guardavidas. No va a funcionar. Imagínese tener la playa llena de gente y entrar con un jet-sky», dijo Speroni.

Soriano.

El sindicato de municipales de Soriano ocupa edificios en Mercedes y no deja descargar la basura. Las medidas sindicales se mantienen hasta el lunes, día en que la asamblea resolverá si se retoma la negociación o endurece el conflicto.
«El ejecutivo propuso un aumento de 75 pesos para los peones y los grados más altos solo recibirían 125 pesos», indicó a El País, Martín Herling, secretario de Adeom Soriano.
Pretenden que el salario mínimo, que hoy está en $ 14.800, llegue a $ 20.000.
De 7:00 a 13:00 horas ocuparon las oficinas de Tránsito y en la tarde el sindicato decidió trasladarse hasta el vertedero donde al cierre de esta edición había impedido la descarga de seis camiones recolectores que quedaron estacionados con la carga de residuos urbanos.
«No los dejamos entrar y así nos quedaremos hasta que vengan a desalojarnos. Los camiones están llenos y no tienen donde descargar», aseguró Herling a El País. Explicó que la negociación con el intendente Agustín Bascou «está cortada».

Choque.

En septiembre el gobierno celebró la integración de la Intendencias al sistema de negociación bajo la mediación del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, el conflicto municipal en Lavalleja, que incluyó varias ocupaciones, puso en el escenario las condiciones del choque que se venía.
El jueves, los doce intendentes blancos resolvieron «bajarse» de la negociación y seguir el camino de las rondas bilaterales. La decisión cayó mal en los sindicatos y el gobierno. Daniel Urquiola, presidente de la Federación de Municipales, aseguró que esta decisión puede aportar más «leña al fuego» y generar nuevos conflictos.

Los pagos chicos bajo el rigor de los gremios.

Los sindicatos municipales presionan a los gobiernos departamentales para que sus reclamos sean atendidos en el Presupuesto Quinquenal. Por eso motivo, los sindicalizados de Canelones, Rocha, Montevideo, Lavalleja y Soriano están movilizados y tomando medidas de fuerza que incluyen paros, ocupaciones, huelgas de hambre y cortes de ruta. Los efectos de las acciones se pueden apreciar en el rápido deterioro de servicios básicos como limpieza y recolección de residuos. También se han visto afectadas varias vías de tránsito y rutas.

Ocupación: «una guarangada».

El conflicto en la Intendencia de Montevideo tiene un breve impasse hasta el lunes, cuando se celebrará una reunión en el Ministerio de Trabajo con el intendente Daniel Martínez y delegados de Adeom. Ese día, desde las 10:00 horas, todos los servicios de la IMM estarán suspendidos mientras dure la reunión. Ayer, Martínez dijo en El Espectador que la ocupación que llevó a cabo el sindicato el miércoles en la comuna fue «una guarangada y una falta de respeto». El jerarca dijo que el aumento salarial por «compromiso de gestión» en base a medición de resultados, puede generar resistencias.

Dos niños salvados durante el día libre.

En estos días de altas temperaturas los vecinos y primeros turistas comienzan a disfrutar de los balnearios oceánicos de Rocha. Hasta el 1° de enero no habrá servicio de guardavidas y los rescates quedan a cargo de los usuarios de las playas.
El jueves pasado, en la playa «El Barco» cercana a la Fortaleza de Santa Teresa dos niños jugaban en el agua cuando de pronto los tomó una «corriente de retorno». Casi de inmediato se empezaron a hundir y se produjo una escena de pánico en la costa, la gente gritaba y nadie sabía qué hacer.
Ese día los niños tuvieron suerte. En la playa estaba uno de los guardavidas rochenses tomando mate con su familia.
Tomó su tabla de surf, abandonó el mate y logró rescatar a los dos niños y devolverlos sanos a la playa.
El funcionario, ahora desocupado, pidió no ser identificado y afirmó que la clave del éxito de los guardavidas es el conocimiento del lugar y en particular del comportamiento del mar.
«Las playas de Rocha son muy particulares, hay días tranquilos y días que se generan corrientes que terminan provocando accidentes de manera constante», afirmó el rescatista.
Cada temporada estival (de diciembre a marzo) los rescatistas de Rocha participan en cientos de intervenciones directas en las playas, a esto se suma la tarea cotidiana de señalizar la playa.

Reclaman discutir el presupuesto

Ocuparon municipios de Atlántida y Pando

Adeom Canelones se encuentra en conflicto en reclamo de mejoras salariales,
Canelones
Caras y Caretas – dic 18, 2015
Funcionarios municipales de Canelones se encuentran en conflicto por mejoras salariales y ocuparon las instalaciones de los municipios de Pando y Atlántida.
Las ocupaciones son por tiempo indeterminado.
Según señalaron voceros de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom-Canelones), el sindicato quiere discutir con el intendente Yamandú Orsi las condiciones del nuevo presupuesto quinquenal. Aseguran que el jefe comunal afirmó que solo habrá ajustes salariales por el IPC.
Hasta el momento las autoridades municipales no han solicitado el desalojo de los edificios ocupados.

 

El convenio tiene una vigencia de dos años

Profesores de Secundaria aprobaron convenio salarial

Los profesores aprobaron por 118 votos a 114 el convenio salarial y dieron por finalizado el conflicto.
Profes
Caras y Caretas – dic 19, 2015
Apenas cuatro votos alcanzaron para que la asamblea de la Federación de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) aprobara la firma del convenio salarial con el gobierno. Las 54 filiales de todo el país pusieron a discusión la propuesta realizada por el Poder Ejecutivo, la que fue aprobada por 118 votos a 114.
El convenio tendrá dos años de duración y establece un ajuste salarial por inflación anual más un 3,5% de incremento real. Ademá aumenta las partidas por presentismo y elimina los topes a los salarios de grados más altos.
Semanas atrás la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM) había firmado el acuerdo por lo que el único gremio que resta hacerlo es la Asociación de Funcionarios de UTU (Afutu) que se reunirá el próximo martes.

En ajustada votación profesores aceptaron propuesta del gobierno

Diciembre 19, 2015 19:18 – El Observador
Sindicato de Fenapes firmará convenio por dos años con 3,5% de incremento real

N.GARRIDO

En una apretada votación, la asamblea de la Federación de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), aprobó este sábado la firma del convenio salarial con el gobierno. Por algo más de dos horas, 54 filiales representativas de todo el país pusieron a discusión la última propuesta realizada por el Poder Ejecutivo, que terminó aprobándose con 118 votos a favor y 114 en contra.’

El convenio que será firmado en los próximos días tendrá dos años de duración y entre otros puntos, prevé un ajuste salarial que contempla la inflación anual más un 3,5% de incremento real. En diálogo con El Observador, el dirigente de Fenapes, Marcelo Suárez, destacó que el convenio «cubre inequidades», aumenta las partidas por presentismo y elimina los topes a los salarios docentes de grados más altos.

Además, destacó que los docentes ayudantes de preparador y adscriptos «cobrarán las horas que realmente trabajan».La nueva propuesta del gobierno introdujo cambios en la redacción de tres artículos, entre los que se destaca el de la cláusula de paz. En la primera propuesta se proponía una cláusula de paz, por la cual los sindicatos se comprometían «a no realizar acciones que contradigan lo pactado», hasta el 1º de abril de 2017.

La nueva redacción cambia «lo pactado» por «lo establecido en el presente convenio».
Del mismo modo, indicaba que quedaban «excluidos del alcance de esta cláusula la adhesión a medidas sindicales convocadas con carácter general por el PIT-CNT o en forma simultánea por todas las ramas del sector público».

En este párrafo, la nueva propuesta agrega como excepciones las convocatorias realizadas por la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza (CSEU) y aclara que están fuera de lo acordado aquellas movilizaciones «ajenas a lo convenido».

Esas aclaraciones se consideran «positivas» porque dejan claro que de acordar con el Ejecutivo, los sindicatos podrán movilizarse por cualquier otro motivo que no sea el salarial.
El único sindicato docente que resta por pronunciarse es el de la Asociación de Funcionarios de UTU (Afutu) que sesionará el próximo martes 22. Las filiales proclives a acordar son las del interior, pero en el caso de los docentes de Montevideo no hay ambiente para hacerlo, porque se entiende que los cambios introducidos son mínimos.

El rechazo se centra en el artículo que crea la comisión para fijar metas y que se considera debe ser eliminado. El plazo fijado para acordar por el Poder Ejecutivo es el 31 de diciembre. Después de esa fecha el único incremento que recibirán será el ajuste anual por inflación.

La primera que había resuelto firmar el convenio había sido la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM) a fin de noviembre. Aunque la propuesta del gobierno no contempla todas sus reivindicaciones, se entendió que era peor dejar a todos los maestros –también los que no están afiliados– sin aumento.

La encrucijada

Desde la OPP hasta la Alcaldía, pasando por Alur y Colonización, se repiensa el futuro de Bella Unión. Mientras la empresa estatal llega a su tope productivo y los ex trabajadores de Green Frozen buscan alternativas al cierre, los freeshops se mantienen a resguardo de la crisis brasileña y una nueva generación se pone al frente de UTAA, relanzando principios fundacionales. Conflictiva y compleja, la ciudad sin duda está viva.

31 - Alur
Empaquetado de azúcar en la planta de Alur. Foto: Juan Manuel Ramos.

BRECHA , 3 diciembre 2015
Autor: Florencia Cremonese y Salvador Neves
La desprotección e incertidumbre de los pobladores de Bella Unión vuelve a sentirse, como lo hizo cuando se fundió la madre de sus industrias, Calnu, o cuando el hambre invadió el barrio Las Láminas, hace una década. Y no sólo eso vuelve a sentirse, también revive en buena parte de la población uruguaya la sensación de que la canilla de dinero estatal está siempre derramando en esa zona, sin contraprestación alguna. Los pobladores lo perciben: “sabemos que todo el país piensa que en Bella Unión se nos regala plata pero no es tan así”, lamenta Catalina de Moura, sindicalista de Green Frozen, empresa de congelado y packing de hortalizas que hace un año dejó de producir (véase recuadro).
En los últimos tiempos el foco de ese derrame se puso sobre el emprendimiento energético Alcoholes del Uruguay (Alur), creado como consecuencia del rescate de la histórica azucarera local Calnú por parte del Estado, a través de la financiación y jurisdicción de Ancap. La empresa estatal tiene su objeto en la producción energética (biocombustible y electricidad), y en una mínima proporción, en la producción alimentaria (particularmente azúcar de mesa y raciones para animales).
La empresa, cuestionada por el alto precio del etanol comparado con la región, ha trabajado en el aumento de la rentabilidad y de su facturación, que pasó de ser 24 millones de dólares en 2009 a 207 millones de dólares en 2014. Según Ruben Barboza, presidente de Alur y vicepresidente de Ancap, a pesar del crecimiento, la queja todavía tiene sustento. Reunido con la prensa en Bella Unión, sostuvo que “Uruguay desarrolló una ley de biocombustibles y no previó a ciencia cierta cómo financiarla, esa es la realidad. Tenemos una paramétrica que determina el precio de los combustibles y surge del acuerdo entre Ancap y el Ministerio de Economía, y creemos que el reconocimiento de costos en esa paramétrica no está acorde a la realidad. Para hacerla corta, Ancap termina financiando la diferencia que hay entre lo que el Poder Ejecutivo reconoce en esa paramétrica y lo que tenemos que hacer por ley. De hecho, Ancap ya está pagando más de lo que debería, por lo que ese ajuste lo tenemos que trabajar”.
Más allá del costo para el Estado, es innegable el beneficio que resulta de la instalación de Alur para todos los departamentos en que está instalada en la actualidad, y específicamente en Bella Unión: de sus 12 mil pobladores, más de 2 mil están ocupados directa e indirectamente por la empresa, llegando a picos de 2.700 trabajadores durante la zafra, que progresivamente ha alcanzado períodos de duración más largos, logrando en 2015 siete meses de actividad.
El rendimiento de toneladas por hectárea es uno de los motivos del aumento de rentabilidad, y “pretendemos que siga creciendo”, explicó a Brecha Humberto Graña, gerente de la Unidad de Negocios Caña de Azúcar, Sorgo y Derivados. Hasta el momento el promedio de rendimiento es de 60 toneladas de caña por hectárea, en un clima en el que las condiciones no son las ideales para este cultivo, pero que comparándolo con los rendimientos de Brasil que oscilan entre 65 y 80 toneladas por hectárea, no son nada despreciables.
La planta ubicada a 16 quilómetros de la ciudad de Bella Unión cuenta con una tecnología muy cuidadosa del medio ambiente, que a partir de diferentes procesos genera jugo de caña para producir luego azúcar de mesa –que casi no se produce porque mayoritariamente se importa–, levadura con la que se obtiene etanol, y bagazo, un residuo de la caña que mediante su quema genera energía térmica que se traduce en aproximadamente diez megavatios de energía eléctrica, que equivalen al consumo total de la ciudad de Bella Unión. Cerca de seis megavatios son utilizados durante el proceso productivo y el resto es vendido a Ute.
El proceso por el que se generan energías renovables que disminuyen la emisión de gases de efecto invernadero, es también ecológico en su producción, durante la cual se reciclan los propios subproductos de la caña. Entre ellos destaca la vinaza, un líquido resultante de la destilación, que Alur procesa y obsequia a los productores que la utilizan como fertilizante por sus altos contenidos de potasio que de otra manera deberían adquirir de terceros para mantener altos niveles de crecimiento. “Por ahora es gratis, si se cobrará en algún momento habrá que evaluarlo”, sostuvo Graña, que agregó que no es ése el único residuo que se reutiliza. “También se usa la ceniza de la quema y la cachaza, dos residuos sólidos que mezclados forman un compost que también se brinda a los productores, y un tercer producto que es el agua del lavado de caña que se reutiliza para el riego enriquecido por la materia orgánica obtenida en el proceso.”
En ese marco de crecimiento sostenido, Barboza anunció, en el evento de cierre de la zafra 2015, que la empresa alcanzó un “tope productivo” de procesamiento de 500 mil toneladas anuales de caña. En instancias previas de diálogo con la prensa, explicó que “llegamos al límite, lo que es bueno y malo”, ya que para muchos pobladores de Bella Unión que necesitan trabajo debido al cierre de Green Frozen y otros emprendimientos productivos, la esperanza de encontrar en Alur una solución no es una opción. A su vez el tope implica la efectivización de una meta trazada por la empresa, que no es más que una convención, que tiene detrás posiblemente motivos económicos y políticos, puesto que observando los datos de producción histórica de caña hubo mayor volumen de hectáreas en épocas de Calnu. Sea por mantener una política de austeridad de recursos o porque la planta no está apta para el procesamiento de volúmenes mayores, lo que es un hecho es la necesidad de encontrar alternativas a la caña que satisfagan la demanda de trabajo, y en eso se encuentra el gobierno, con el apoyo especial de Alur y de una comisión interinstitucional convocada por la Opp, que pretende encontrar una actividad en la zona que sea rentable y viable.
AYUDA MEMORIA. Puede que alguna vez se olvide por qué el barrio más norteño de Bella Unión decidió llamarse Las Láminas. “Los ranchitos se hacían con las láminas que resultan de descortezar los eucaliptus y que los aserraderos regalaban”, recordó a Brecha la pediatra María Elena Curbelo, la misma que en 2004 denunció que en este barrio los niños se alimentaban con pasto y la mortalidad infantil duplicaba la departamental y cuadriplicaba la nacional.
Buena parte de las 200 familias que lo habitan llegaron del pueblo Las Piedras (hoy integrado a Bella Unión por la expansión de la ciudad). En los noventa, cuando la cosecha de caña se fue reduciendo hasta llegar a la tercera parte de su dimensión habitual, y con esto la cantidad de jornales trabajados por los cortadores de caña, “los peludos” de Las Piedras fueron vendiendo sus cosas. Al final le llegó el turno a sus casas. Entonces levantaron, del otro lado de la ruta 3, el “asentamiento” de Las Láminas.
Ahora la construcción del barrio “está en la recta final: estamos con las calles, veredas, cunetas”, explicó Cona, referente del vecindario que trabaja también en el instituto de rehabilitación de niños discapacitados Retoño de Lucha y Sueños, conducido por la doctora Curbelo e instalado también en Las Láminas.
“Por allá vienen las máquinas, ¿ven?”, señaló Cona.
También habló de algo invisible pero fundamental: ahora hay saneamiento. Las casas no son grandes pero sí bien construidas. Hay varios modelos y sobre todo, y tal como demandó el vecindario, no están pegadas una con otra, “como esas de Mevir”.
Pero costará olvidarse de donde se vino. Curbelo sostiene que Bella Unión tiene la proporción de niños discapacitados más alta del país.1 “Todavía no hay un estudio de por qué”, subrayó.
—¿Y usted qué causas imagina?
—Algo deben tener que ver los agrotóxicos. Es claro que hay secuelas de una desnutrición padecida por varias generaciones. Algunas discapacidades son por partos prematuros o cosas así que tienen que ver con una mamá mal alimentada y una desnutrición “genética”, digamos.
Por su parte, Cona repasó el camino que los llevó hasta acá, el esfuerzo y las discusiones de los vecinos y todo lo que hubo que hacer para que los compromisos verbales de las autoridades se transformaran en esta realidad. Su orgullo es visible.
Pero también está preocupada: “Se nos viene la hambruna de vuelta. Vos te das cuenta de tarde, a la hora de la merienda. Terminaron las clases y los chiquilines ya vienen con sus hermanitos y van sumando. Y es así. La zafra terminó. Cerró Calvinor y cerró ‘la Grin’. Para peor con todo lo que llovió no está habiendo trabajo en el riego y la construcción ya no es lo que era. Oís de gente que se está yendo a levantar galpones a Brasil. El hambre se siente, está apareciendo”.
—¿Hay un plan de contingencia?
—Creo que no, que esto se está negando, que todavía nadie ha asumido esto.
Pero algo hay. La gente del Retoño resolvió mantener abierto el merendero en enero y febrero.
TRADICIÓN Y RENOVACIÓN. Pocos quilómetros al sur de Bella Unión, al costado este de la ruta 3, está el campamento de las familias que, representadas por Utaa, demandan las 200 hectáreas que se ven enfrente. El predio pertenece a Colonización y está vacío hace seis meses.
Había llovido todo el día anterior. Esa madrugada escampaba pero el viento soplaba fuerte. La rueda se formó bajo un toldo, alrededor del fuego. La voz cantante fue la de Alexis, que historió: “El tema de la política de tierras de nuestra organización ya tiene 54 años de pelea.
Desde antes de 2005, los que estaban hablaban de un posible ingreso de los trabajadores a la tierra. Y en aquel tiempo de eso se hablaba poco. En Uruguay nadie tocaba el tema. Cuando se vio que la izquierda podía agarrar el gobierno, en el sindicato se formó la Comisión de Tierras. Los compañeros de entonces como Colacho’ Esteves o el ‘Gordo’ López, que ahora es alcalde, ocuparon lo que hoy es la Colonia 15 de Enero. Al mismo tiempo esta organización luchó para que lo que hoy es Alur y antes era Calnu quedase en manos del gobierno, en el entendido de que los trabajadores iban a tener una participación en la gobernancia del proyecto. Se empezó a obtener acceso a las tierras pero los trabajadores quedaron del lado de afuera de la fábrica. En 2010 se formó la segunda comisión y se obtuvo lo que hoy es la Colonia Raúl Sendic Antonaccio. En 2011 para tener impacto nacional ocupamos simbólicamente las tierras de un privado, Almeida, durante tres días. Nos sacaron y acampamos en Itacumbú un mes y medio. Ahí recuperamos tierras que Utaa había tenido y perdido por errores propios y errores del gobierno. Además armamos un proyecto de 90 páginas con fundamentos técnicos, tirando un poco hacia la diversificación productiva y lo dejamos ahí calladito. Eso terminó el año traspasado con la formación de la Colonia Helios Sarthou, en homenaje al abogado que nos representó tantas veces. Entonces formamos una nueva comisión de tierras con una visión completamente diferente de la que venía trabajando”.
—¿En qué es diferente?
—En todo… Nosotros estamos buscando que se hable a nivel nacional del concepto de reforma agraria. No sólo eso, sino que sea –como dice nuestra Carta Política– una reforma real y generosa.
—¿Qué quiere decir generosa?
—Por ejemplo, para la tierra que estamos demandando presentamos además un proyecto para 200 hectáreas que apuesta fuerte a la diversificación. De caña se plantean sólo siete hectáreas porque ya están plantadas. Después horticultura –en invernadero y a cielo abierto–, lechería, chanchería y la florería, que acá no se explota mucho. Y buscamos involucrar en él a los actores del gobierno que todavía no están presentes. Acá quien ha rentado los proyectos ha sido siempre Alur y nosotros vemos que hay que comprometer otros actores pues, así como venimos, la cosa se da de tal modo que los proyectos fracasan en un promedio de tres años. Nosotros proponemos por ejemplo conversar con el Mides para que los trabajadores que ingresan a la tierra tengan un salario mínimo durante el primer año mientras la producción se echa a andar. Queremos que estén también Ganadería y la Opp para que nos ayuden a encaminar la producción de los distintos rubros.
Después del mediodía el sol del norte ya empezó a hacer su trabajo. Al este de la ciudad, siguiendo la vía del tren se levantan nuevos asentamientos. Hay paredes de costaneros y techos de chapa pero también se ve preparar mezcla y pegar ticholos. El vecino de la esquina de la vía con la avenida Artigas fabrica bloques. Hace cuatro meses le compró el solar a uno que ocupó y se fue. Le parece, sí, que el asentamiento tiene una comisión pero no sabe bien.
“Pregunte enfrente.”
Enfrente se nos dice que sigamos la vía hasta ver un merendero. En el camino un cartel pegado a la pared de una vivienda ofrecía hamburguesas por 85 pesos, papas fritas por 15. Al fondo de la hilera de viviendas crece la caña. El volumen de la cumbia villera que llegaba desde alguna radio no alteraba el silencio de la siesta, pero sí lo hizo el motor de la señora moto que irrumpió detrás de los periodistas y se detuvo a su lado.
“Hace un par de años que asumí con otros compañeros la responsabilidad de llevar adelante Utaa y nosotros, volviendo a las viejas consignas, consideramos que el acceso a la vivienda es una parte de la salud del trabajador, así que estamos acá, apoyando –se explicó Erico, el conductor del vehículo.
Pero ellos no organizaron esta ocupación, fue espontánea: “Es la persona que está amontonada en la casa de los padres, al fondo de lo de algún familiar o adentro de la cocina de la casa de los padres, como hay algún caso, con todo lo que implica vivir en techo ajeno, que vos tenés que regirte por las normas del dueño de casa, que no podés criar a tus hijos a tu manera, tenerlos todo el día en la esquina para no entrar en conflicto con los que te dan donde vivir”.
—Qué se pretende acá? ¿Que la Alcaldía regularice la ocupación?
—Cada parte tiene que cumplir su función. Nosotros lo que vamos a hacer es alguna movida para que los que nosotros pusimos en el poder no se olviden de las condiciones en que están viviendo estos compañeros. Mirá de allá para acá. Las viviendas de la punta son del Plan Juntos, están hechas encima de la vía del tren. El Centro Caif está hecho en la vieja estación. Aquella partecita de allá (dice señalando media cuadra de viejas construcciones) tiene bastante más de treinta años.
—En los asentamientos siempre aparecen especuladores.
—Ahí viene lo que digo de que cada parte tiene que cumplir su función. Como sindicato nosotros defendemos el paquete. Y vienen entreverados. Pero nosotros no somos quiénes para decir: “Usted es un vivo bárbaro. Toque de acá”. Ahí tiene que venir el Estado.
—También se señala que se ocupan lugares en los que no hay servicios y después es muy caro llevarlos hasta donde se ocupó.
—Nosotros acá tenemos un paquete muy bien vendible. Tres cuadras más allá de la avenida Artigas no hay saneamiento. Acá tenemos agua potable, luz eléctrica y saneamiento.
—¿Hubo un cambio en Utaa?
—Yo no soy de tirar tierra. La gente de acá sabe. Nosotros lo que quisimos fue volver a los principios del sindicato. Después, bueno, con defectos y virtudes el sindicato llega a la edad que tiene hoy. Si bien hubo un tiempo en que se desbalanceó, agradecemos lo que recibimos pero sabemos que la lucha no termina acá.
—¿Acá dónde?
—El precio del trabajo, las condiciones, eso sería un parámetro normal. Después la lucha por la tierra, generar fuentes de trabajo, generar los mecanismos para una verdadera reforma agraria, como lo estamos haciendo ahora, es a lo que apuntaba este sindicato hace más de cincuenta años.
El merendero está un poco más adelante. Está siendo levantado en lo que era el jardín de la casa de Erico. “Decidimos levantarlo por la falta de trabajo que va a haber”, explicó el muchacho. “Hoy tenemos 1.400 trabajadores que están parados y más de la mitad no tienen seguro de paro.” 2
“¿Ven allá?”, dice Erico, apuntando discretamente una amplia casa levantada prolijamente con tablas de obra.
—Ese muchacho andaba en malos pasos. Ahora que consiguió su terreno mirá la casa que hizo para su familia. Es la libertad que da tener un terreno. Siendo zafrales y todo se están levantando preciosas casitas. Dejaron de pagar un alquiler. Ahora tienen 5 mil pesos más por mes.
En el año son 60 mil pesos. El que ya está acostumbrado a trabajar con eso compra el material y se construye. Es esa libertad.
EL CENTRO. Pero Bella Unión también tiene centro y casco urbano, y de una punta a la otra, desde la vía hasta el puerto, casi que sólo se oye hablar en castellano. ¿Por qué? Denis Aurrecochea, representante de los trabajadores de free shops, explicó a Brecha que, como el paisaje se inclina hacia el río Uruguay, así la gente y la cultura que crea esta triple frontera.
“A Barra de Quaraí vas a hacer el surtido. Pero Bella Unión es como la bisagra. Para la gente de Quaraí somos el centro. Para los argentinos de Monte Caseros, que está en frente, somos los free shops y una etapa en el camino a las termas”, graficó. Por lo demás casi todo se arregla en Salto. Eso sí, de Artigas, la capital departamental, viene la mayoría de los docentes. Si llueve mucho no pueden, porque tres de los puentes por donde corre la ruta 30 –que une Bella Unión a la capital– se inundan “de nada” y buena parte de los niños y los adolescentes quedan sin tener que hacer.
La frontera argentina relativiza aquí la dependencia de la clientela brasileña. Denis explicó que los free shops de esta ciudad no tienen gente en el seguro de paro salvo uno, pero éste tal vez por razones propias: “la crisis se podrá venir igual, pero si no tenés mercadería, la estás llamando”, analizó. “Ayer fue feriado argentino y se trabajó todo el día, con cola en la caja, desde que abrió el negocio hasta el final”, ejemplificó, y su expectativa es que diciembre sea bueno y que el resto del verano tenga sus picos.
La organización de los trabajadores del comercio es reciente en Bella Unión, pero sólo el sindicato de free shops tiene 80 afiliados. Acaban de tener un conflicto importante por el despido de un delegado sindical y Denis siente que para la ciudad todavía es un poco extraño este sindicalismo sin machete.
Esta es una sociedad compleja. El trabajador narra que lo que sucedió en los noventa en Las Piedras se repite a menor escala cada verano, en cada “zafra seca”: “Muchas veces el peludo tiene que vender la tele, la motito, el auto brasileño que se había podido comprar. Pero si el peludo vende es porque alguien compra”.
Algo parecido explicó porque sí nomás, el portero del Municipio. Hace años, contó, que en el supermercado de enfrente (donde los productos uruguayos salen lo mismo o más que en Montevideo) ya no paran aquellos “cachilos a los que se le caía una puerta. Te lo digo yo que estoy acá”, enfatizó: “todos los días se empadronan uno o dos cero quilómetro”.
“En el tema productivo tenemos un problema”, arrancó diciendo en cambio su jefe, el alcalde Luis Carlos López, injusta y unánimemente conocido como el “Gordo”. La “zafra seca” siempre fue difícil y él no precisa que se lo cuenten porque siempre cortó caña, pero ahora además de Calvinor falta Green Frozen para balancear los malos meses. También hay problemas derivados del crecimiento. Ahora Bella Unión debe tener más de 20 mil habitantes y la mitad de la ciudad no tiene saneamiento. Muchas calles están destruidas. López aseguró también que hay 2.400 personas sin vivienda y que está trabajando para formar una cartera de tierras municipal con objeto de brindar alguna solución a ese problema. “En el centro hay mucho baldío de privados que sólo sirve para juntar basura”, señaló. “También tenemos el problema de la erosión sobre el río Uruguay. Una deuda que nos dejó Salto Grande: cuando cierran las compuertas se nos inunda la costa y el agua se la va comiendo. Salto Grande, creemos, debe preocuparse por esto. Estamos trabajando junto a Monte Caseros en eso.”
Para enfrentar los desafíos planteados López cuenta con varias barajas. Para empezar fue electo con el 61 por ciento de los votos y varias fuentes consideran que, a pesar de ser de un partido distinto al del intendente, las relaciones con la capital mejorarán. La Opp asignó 56 millones de pesos para ser invertidos directamente en las alcaldías y se les admite un margen mayor de autonomía (aunque no tanta como la que disfrutan Monte Caseros y la Barra del Quaraí). Y está lo que define como la “gran esperanza”, que es la propuesta de un puente binacional sobre el Uruguay que está promoviendo en alianza con Monte Caseros y cuyos estudios de factibilidad ya están en curso. Una de las oportunidades más claras que el puente abriría sería la de un incremento del turismo. Bella Unión tiene aguas termales. Falta mucho para “poner en valor” desde este punto de vista a la ciudad, pero López no se conforma con ver a argentinos y brasileños pasar de largo hacia el Arapey. Por otra parte, “la ciudad argentina también puede ser un mercado para nuestros productos agrícolas”. Falta ver si el gobierno de Mauricio Macri apoyará la cosa como sí la apoyaba el de su predecesora.
1.     La investigación más exhaustiva disponible es la “Encuesta longitudinal de protección social” (Montevideo, BPS, 2015) pero no permite corroborar la afirmación de Curbelo ya que describe la discapacidad a nivel nacional. 2.     Los cortadores generan seguro cada un año y medio.

Green Frozen

Buscando alternativas

Catalina De Moura es dirigente del sindicato de trabajadores de la empresa de congelado y packing de hortalizas Green Frozen y junto con Diego Von Giovani, presidente de la agrupación, recibieron a Brecha al finalizar una clase del curso de Gestión de Empresas, que les brinda Inefop como requisito para obtener el seguro de desempleo. “Nos ha ayudado mucho para bajar nuestro proyecto a tierra”, comentó Catalina al tiempo que el profesor juntaba los útiles de escritorio.

“Grin”, como todos le dicen en el pueblo, produjo hasta el 31 de octubre del año pasado, y desde entonces sus casi 150 trabajadores viven del seguro de desempleo. “En Bella Unión no hay trabajo, sólo dos personas del colectivo están empleadas y se tuvieron que mudar de departamento.”

Los trabajadores, que ocuparon la planta entre febrero y octubre de este año, fueron desalojados luego de una negociación que tuvo como condición el previo inventario detallado de los bienes con los que contaba la empresa, garantía de los créditos laborales que aún se les adeudan, y en el que destacaban 380 toneladas de alimento con un valor de mercado de 600 mil dólares, que fueron perdidos luego de que el 30 de octubre la empresa decidiera apagar la sala de máquinas.

“Cuidamos la mercadería durante ocho meses; tuvimos durante las 24 horas la sala de máquinas controlada por técnicos, y ellos en menos de quince días perdieron eso que era un bien suyo y nuestra garantía”. La empresa, que alegó condiciones de funcionamiento peligrosas en la sala de máquinas, fue, a criterio de los trabajadores, “irresponsable”, ya que incluso con la falta de mantenimiento con la que venía desde que asumió su propiedad el argentino Jorge Rottemberg, hace nueve años, la cámara no ameritaba apagarse si estaba cuidada, sentenciaron.

La empresa solicitó a la justicia aprobación para rematar la mercadería por 200 mil dólares el día antes de apagar la sala de máquinas, pero por un problema administrativo el comunicado llegó a manos de la jueza diez días después de bajada la palanca.

Las responsabilidades tampoco están del todo claras ya que las depositarias del embargo previo al desalojo fueron tres trabajadoras que en ese momento aún no habían sido despedidas, y luego del desalojo la empresa solicitó a la justicia el cambio de depositario, transfiriendo todas las obligaciones al empresario santafesino Gerardo Gunzel, quien presidió Green Frozen hasta 2013.

Los trabajadores no aceptaron el cambio y sería sobre las tres trabajadoras y Rottemberg que recaería la responsabilidad de la disminución sufrida por los bienes embargados, y la potencial ruina de la cámara de frío provocada por el alimento, ya en estado de putrefacción, que aún no se ha sacado de las instalaciones.

El proyecto de los trabajadores de “Grin” implica cooperativizarse y a través del Fondes volver a poner en el mercado a Calagua, con productos nacionales. “El problema es que si alguien no obliga a la empresa a que saque eso que se está pudriendo, la cámara no va a estar apta para volver a trabajar con ella, y menos en la conservación de alimentos que tienen condiciones sanitarias especiales”, explicó el líder sindical.

La marca es otro de los temas en cuestión. Calagua, reconocida regionalmente, fue una de las adquisiciones del argentino Rottemberg, pero fue vendida a otra sociedad anónima llamada Ritalmar (de la que Rottemberg también es accionista) poco después de la adquisición de la empresa. En 2013, luego de conflictos entre la empresa y el gobierno por deudas que ambas partes se adjudicaron, la marca fue vendida a una off shore, que según el boletín de Propiedad Industrial Nº 179 de 2014 pertenece a Manorville Investment Corporation, domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas.

Si bien la compra de Green Frozen se efectuó en 2006, el empresario no cumplió obligaciones de pago con el Estado, lo que podría generar reclamos de derechos, y es lo que pretenden los trabajadores, aunque según informaron tienen datos de que a partir del 10 de diciembre Calagua volvería al mercado nacional con productos importados y envasados bajo esa marca en diferentes partes del mundo. Más allá de lo que suceda con la marca, desde el sindicato se encuentran esperando los resultados de un estudio de viabilidad de su emprendimiento que efectuó el técnico Alejandro Vieira a pedido de la Opp.

Desde Utaa, plantean también la voluntad de adquirir un predio de Colonización para la explotación hortícola colectiva, que podría coordinadamente trabajar con la continuación de “Grin”. El ministro Tabaré Aguerre había descartado esta posibilidad, planteando que resucitar el proyecto hortícola que había significado Green Frozen era inviable. “Nosotros también tenemos técnicos y dicen que la tierra es apta” había afirmado Alexis en el campamento de Utaa. En la misma línea pareció opinar el presidente de Alur y vicepresidente de Ancap, Ruben Barboza, en la rueda de prensa del viernes. “Hoy la tecnología soluciona casi todo. Si hay agua, lo otro se soluciona”, explicó, y destacó la voluntad de favorecer la reconversión de los trabajadores de la zona.
“Pero Alur, regida por Ancap, no puede hacerse cargo de Green Frozen, ni de otros proyectos que se encuentran en problemas, porque no está entre sus competencias”, se atajó ante la expectativa bastante extendida en Bella Unión de que el Estado, así como se hizo cargo de Calnu, asuma personería en Calvinor y Calagua. Para Jacqueline Gómez, presidenta del Instituto Nacional de Colonización, el problema no es la tierra, sino la escala. Gómez considera que hay espacio para la horticultura en la zona y la actividad forma parte de la batería de rubros que integran los planes de diversificación para las colonias del norte, pero para satisfacer más bien la demanda local.
Entre tanto la ciudad espera el resultado de la comisión interministerial propuesta por la Opp. Hay versiones que apuntan a que la cría de ganado ovino sería uno de los aspectos centrales del esperado proyecto, que también incluiría apuestas a la citricultura y el turismo.

Con el asesor de la dirección de Alur, Darío Rodríguez

Valor y precio

Las repercusiones de un proyecto industrial de grandes dimensiones como es Alur son difíciles de medir y, luego de varios años de vida, la inquietud sobre los efectos que podría haber causado implicaron la necesidad de evaluar los resultados para generar nuevas políticas de trabajo o continuar con las actuales.

En diálogo con Brecha, Darío Rodríguez, asesor técnico de la dirección de la empresa, explicó los resultados de un estudio realizado entre noviembre del 2014 y julio del 2015, en el que se evaluaron cinco indicadores en lo referente al impacto ambiental y socioeconómico de la planta de Bella Unión. El estudio que llevó a cabo el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) de España, luego de concursar en un llamado de la Dirección de Energía, concluyó con resultados positivos.

En lo que a indicadores medioambientales refiere se eligieron dos: balance energético y emisión de gases de efecto invernadero, que fueron medidos a través de la consideración del ciclo de vida, que “es el análisis de todo lo que entra y sale en un determinado sistema, desde la producción del fertilizante para la caña en el país de origen y el camino que hace hasta Uruguay, hasta la quema del etanol en los motores”.

En lo que respecta a emisión de gases de efecto invernadero se concluyó que cada litro de nafta que se remplaza por bioetanol emite un 66 por ciento menos de gases de este tipo. Los resultados en balance energético también fueron buenos: “aunque siempre se decía que Alur consumía más energía de la que generaba, en la planta de Bella Unión se produce siete veces más energía de la que se consume” , explicó el técnico precisando que la cuenta incluye desde el combustible de los tractores en el campo hasta gasto de energía del trabajador.

En lo referente a empleo el saldo fue de un promedio de 2 mil trabajadores directos e indirectos ocupados durante todo el año,1 a los que hay que sumar más de 300 inducidos, que son aquellos no vinculados a la actividad productiva pero que existen gracias a ella, como puede ser el de la cajera de un supermercado que tiene trabajo gracias a que el productor de caña cobró un dinero que gastará en alimentos.

El resultado de restar a estas externalidades positivas el valor de las negativas (por ejemplo el de los empleos que perdió Azucarlito por la presencia de su competidor) arrojó un saldo positivo de 30 pesos por cada litro de etanol producido.

Ese dólar por litro que se gana en beneficios sociales y ambientales no forma parte, por cierto, de las planillas que analiza la Comisión Investigadora de Ancap, pero el debate ciudadano merece contar con el dato.
1. Alur ocupa directamente 2.400 trabajadores, pero sólo durante la zafra (de mayo a noviembre).

 

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