Noticias Uruguayas 2 marzo 2019

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URUGUAY

CIDH expresa preocupación por “falta de investigación” sobre Comando Barneix

Para la comisión, las amenazas “pueden aumentar el riesgo” de que queden impunes los casos de violaciones de derechos humanos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos, expresó ayer en un comunicado su “preocupación” por la “falta de investigación” sobre las amenazas de muerte perpetradas por el grupo autodenominado Comando Barneix “en contra de autoridades, operadores de justicia y personas defensoras de derechos humanos que actuaron en el proceso de causas judiciales relativas a graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura en Uruguay”. Por lo tanto, la CIDH “urge al Estado a realizar investigaciones diligentes y de conformidad con los estándares en la materia”.
En el comunicado se consigna que el 13 de febrero de 2019 un grupo formado por las personas amenazadas y por el Observatorio Luz Ibarburu denunciaron, entre otras cosas, “la falta de avances a la investigación sobre los responsables por las intimidaciones, así como la ausencia de respuestas de la Presidencia de la República a sus solicitudes de informaciones sobre el caso”. Además, la CIDH destacó la “especial gravedad” de estas amenazas, porque considera que “pueden aumentar el riesgo de que queden en impunidad los casos relacionados con violaciones de derechos humanos en Uruguay, además de que pueden menoscabar la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado encargadas de administrar e impartir justicia”.
“El Estado tiene el deber de investigar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en la dictadura uruguaya. La falta de las investigaciones diligentes vulnera a los derechos a la verdad, justicia y reparación”, señala el comunicado, firmado por la comisionada Antonia Urrejola.

CIDH

Comunicado de Prensa

CIDH expresa preocupación por falta de investigación a amenazas contra operadores de justicia involucrados en casos sobre graves violaciones a derechos humanos durante la dictadura en Uruguay

27 de febrero de 2019

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   Datos de contacto
María Isabel Rivero
Oficina de Prensa y Comunicación de la CIDH
Tel: +1 (202) 370-9000
mrivero@oas.org
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Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por falta de investigación respecto de las amenazas de muerte perpetradas por el grupo autodenominado Comando Barneix en contra de autoridades, operadores de justicia y personas defensoras de derechos humanos que actuaron en el proceso de causas judiciales relativas a graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura en Uruguay. En ese sentido, la Comisión urge al Estado a realizar investigaciones diligentes y de conformidad con los estándares en la materia.
De conformidad con información pública de 13 de febrero de 2019 –a dos años de las amenazas de muerte recibidas–, un grupo formado por las personas amenazadas y por el Observatorio Luz Ibarburu denunciaron, entre otras cuestiones, la falta de avances a la investigación sobre los responsables por las intimidaciones, así como la ausencia de respuestas de la presidencia de la República a sus solicitudes de informaciones sobre el caso.
Al respecto, mediante comunicado de 1 de marzo de 2017, la Comisión condenó las amenazas dirigidas a autoridades, operadores de justicia y personas defensoras de derechos humanos que actuaron de alguna manera en casos de violaciones a derechos humanos durante la dictadura. Dichas amenazas hacían mención al suicidio del general Pedro Barneix, quien se habría quitado la vida cuando la policía llegó para detenerlo por el supuesto delito de homicidio político de Aldo Perrini, ocurrido en 1974. En las intimidaciones también se afirmaba que a cada nuevo suicidio de militares y procesamientos por crímenes de la dictadura, serían asesinadas tres personas indicadas en una lista. Entre las personas amenazadas se encontraban el actual ministro de Defensa de Uruguay, fiscales, exfiscales, abogados, personas vinculadas al Observatorio Luz Ibarburu, y una investigadora italiana vinculada con la temática.
Por su parte, la Comisión ha destacado la especial gravedad de estas amenazas, al considerar que pueden aumentar el riesgo de que queden en impunidad los casos relacionados con violaciones de derechos humanos en Uruguay, además de que pueden menoscabar la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado encargadas de administrar e impartir justicia. En este contexto, la CIDH urge al Estado desarrollar investigaciones prontas, exhaustivas y diligentes de las amenazas, estableciendo las responsabilidades materiales e intelectuales y sancionando a los responsables. Además, la CIDH insta al Estado a adoptar de manera inmediata las medidas que sean necesarias para garantizar la vida y la integridad de este grupo de personas.
“El Estado tiene el deber de investigar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en la dictadura uruguaya. La falta de las investigaciones diligentes vulnera a los derechos a la verdad, justicia y reparación” afirmó la Comisionada Antonia Urrejola, Relatora para el país y para la Relatoría sobre Memoria, Verdad y Justicia. “Además, la ausencia de dichas investigaciones menoscaba la confianza a las instituciones de justicia”, señaló.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

No. 045/19

Fiscal solicita procesamiento de cinco ex militares por secuestro de hermanos Julien

El fiscal penal de Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, solicitó el enjuiciamiento y prisión de los ex militares José Nino Gavazzo, Ricardo Arab, Gilberto Vázquez, Luis Maurente y Jorge Silveira, por el secuestro y traslado a Chile en 1976 de los niños Anatole y Victoria Julien. Asimismo, pidió la extradición de Manuel Cordero, recluido en Argentina.

democracia3 DICTADURA 27 de febrero de 2019, 17:58hs – LR21
La Fiscalía General de la Nación informó que el fiscal Perciballe solicitó el enjuiciamiento y prisión de los ex militares Gavazzo, Arab, Vázquez, Maurente y Silveira por considerar que cometieron dos delitos de: “privación de libertad, en concurrencia fuera de la reiteración, con dos delitos de supresión de estado civil y dos delitos de abandono de niños”.
Además pidió el arresto preventivo de Cordero, para extraditarlo desde Argentina, por entender que actuó en los mismos delitos.
Se trata del secuestro y traslado a Chile en 1976 de los niños Anatole y Victoria Julien.
Las actuaciones se iniciaron el 19 de marzo del 2009 cuando se puso en conocimiento de la Justicia las circunstancias de la detención de la pareja compuesta por Roger Julien y Victoria Grisonas (padres de Anotole y Victoria) y el traslado clandestino de sus hijos Antatole y Victoria desde Argentina a Uruguay y luego desde nuestro país hacia Chile, en el marco del Plan Cóndor de coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur.
Asimismo, ha quedado acreditado que los niños Anatole (de tres años y medio) y Victoria (de un año) fueron trasladados como se denunció por oficiales uruguayos pertenecientes al Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) y del Servicio de Información de Defensa (SID).

El caso

En la madrugada del 26 de setiembre de 1976, tropas apoyadas por un tanque de guerra rodearon una vivienda de la calle Mitre.
Dos policías femeninas se hicieron cargo de los niños.
El padre de los menores murió en el procedimiento, pero su cuerpo nunca apareció.
Mientras que la madre fue trasladada junto con sus hijos a Automotores Orletti, donde comandos uruguayos la torturaron.
Anatole y Victoria fueron vistos por varios testigos en Orletti junto con otra niña secuestrada, Mariana Zaffaroni.
Los dos niños fueron trasladados a Montevideo a fines de octubre de 1976 y permanecieron en la sede del Servicio de Información de Defensa, de bulevar Artigas y Palmar.
A fines de noviembre de 1976 fueron embarcados en un avión de línea hacia Chile, donde fueron abandonados en Valparaiso.
Una vez que la situación de los hermanos tomó estado público, fueron internados en una Casa Cuna de Playa Ancha, donde permanecieron por un lapso de tres años.
En el año 1980 fueron adoptados por un matrimonio chileno que les brindó los apellidos.

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos

Colocación de placa en la Seccional 3ra. de Policía de Carmelo

 

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