Publicado en: 20 septiembre, 2017

Noticias Uruguayas 19 septiembre 2017

Por Colectivo Noticias Uruguayas

Uruguay: AEBU considera “insuficiente” la propuesta del BROU y siguen en conflicto

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URUGUAY
En la asamblea de este sábado, Arbizu afirmó que el Gobierno “lleva adelante un ajuste impuesto por organismos internacionales que tiene ligadas la privatización y el achique”. El orden del día estuvo marcado pues por los sectores más radicales, que rechazaron las mociones de los más moderados (listas 98 y 17), mientras que las de las lista 575, 810 y 1955 fueron aprobadas por mayoría.

AEBU considera “insuficiente” la propuesta del BROU y siguen en conflicto

Los empleados bancarios establecieron un plazo de diez días para entablar un entorno de negociación amenazando con dejar de hacer horas extras y dejar de asistir a cursos de capacitación.

Sede central del Banco República, en Ciudad Vieja. Foto: Wolfgang Krausse / Flickr

Sede central del Banco República, en Ciudad Vieja. Foto: Wolfgang Krausse / Flickr

 

La asamblea de trabajadores del Banco República (BROU) consideraron insuficiente la propuesta de la entidad presentada en el ámbito tripartito.
En la reunión entre los afilados a la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU), que se realizó el pasado sábado en el Platense Patín Club, se dispuso que “en el marco de la campaña pública de defensa de las empresas del Estado de la Mesa Coordinadora de Entes, impulsar un gran debate nacional sobre el rol y objetivos que debe cumplir el Banco de la República Oriental del Uruguay”.
Para AEBU, se debe continuar trabajando en el ámbito de negociación colectiva que funciona en el Ministerio de Trabajo, y es obligatorio seguir con el cumplimiento de la Ley de Negociación Colectiva.

Plazo para negociar

La asamblea estableció, por medio de una moción complementaria, que se debe instalar un nuevo ámbito tripartito de negociación en un plazo no mayor a 10 días. En caso de no ser así, amenazan “suspender las horas extras y todos los cursos de capacitación», al tiempo de convocar «una Junta de Delegados para definir los pasos a seguir”.
El conflicto parte de la decisión del BROU de cerrar algunas dependencias, fusionar 12 sedes del banco en Montevideo, y cerrar parcialmente (recortando horarios o días de funcionamiento) las sucursales de Solís, Aiguá, Colonia Miguelete, Rafael Perazza y José Pedro Varela. A pesar de que se ha negociado por casi dos meses, poco ha sido en lo que AEBU y el banco han coincidido.
En agosto, la entidad había presentado la propuesta de cerrar solo tres de las seis sucursales que tenían planeado originalmente, pero los empleados se mantienen inamovibles en que no se debe clausurar ninguna.
Tal como había declarado a la prensa en ese momento Matías Arbizu, representante de AEBU por la banca oficial, esa vez sí habían notado mejoras en las últimas propuestas del banco respecto a las presentadas anteriormente. Sin embargo, aún no eran del beneplácito de la asociación.
En la asamblea de este sábado, Arbizu afirmó que el Gobierno “lleva adelante un ajuste impuesto por organismos internacionales que tiene ligadas la privatización y el achique”. El orden del día estuvo marcado pues por los sectores más radicales, que rechazaron las mociones de los más moderados (listas 98 y 17), mientras que las de las lista 575, 810 y 1955 fueron aprobadas por mayoría.

Militares a cargo de Inteligencia entre 1985 y 1999 no asistieron a la investigadora sobre espionaje en democracia

La Comisión de la Cámara de Representantes que investiga “los posibles actos de inteligencia de Estado, violatorios de la normativa legal y constitucional, llevados a cabo por personal policial o militar desde 1985 hasta la fecha” se creó a fines de noviembre de 2016 y en lo que va de 2017 vio desfilar a la mayoría de los ex ministros de Defensa Nacional e Interior que ejercieron durante el período investigado. Pero no arrojó mucha luz sobre el asunto, porque casi todos dijeron que no tenían conocimiento de las actividades de espionaje.
Así las cosas, ayer parecía que iba a ser el día en el que al fin iban a dilucidar algunas responsabilidades sobre el espionaje que muestran los miles de documentos del “archivo Berrutti”, ya que habían sido convocados varios de los directores de Inteligencia desde 1985 hasta la actualidad. Sin embargo, de los siete citados, cuatro no llegaron ni a asomarse por la Avenida de las Leyes, donde descansa el edificio anexo del Palacio Legislativo, y son justo los más importantes, los que estuvieron a cargo de los servicios desde 1985 hasta 1999, el período sobre el que la comisión maneja más información de actividades ilegales. Las ausencias causaron malestar en algunos integrantes de la comisión, por eso, según supo la diaria, hoy plantearán que el tema sea tratado en la Cámara de Diputados como “asunto político”, porque entienden que es “un comportamiento grave de desconocimiento del Parlamento” por parte de las personas que se negaron a asistir a la comisión, más allá de que no están obligados por ley a hacerlo.
A saber, los que no concurrieron fueron los generales retirados Mario Aguerrondo, Juan Antonio Zerpa, Francisco Wins y Daniel Legnani. Sí comparecieron ante la comisión el contralmirante retirado Manuel Burgos y el vicealmirante retirado Carlos Giani. Ambos estuvieron a cargo de Inteligencia en distintos períodos de la primera década del 2000, y ambos se negaron a hablar con la prensa a la salida de la comisión. De todos modos, según supo la diaria, no aportaron novedades relevantes. Por otro lado, el contralmirante retirado Óscar Otero no asistió, pero, en principio, lo haría.
la diaria intentó comunicarse con los militares que no comparecieron. Zerpa dijo, secamente, que no iba a hacer ningún tipo de declaraciones, y cortó. En cambio Wins, que fue director de Inteligencia entre 1998 y 2000, indicó que no concurrió debido a “problemas personales”. Agregó que estrictamente lo que le llegó no es una citación sino una “invitación”, y que en principio no tiene nada para decir porque no sabe “a qué se refiere” la invitación, ya que “no se explicita”. la diaria le señaló que el motivo de lo investigado está en el nombre de la investigadora, y contestó: “En ese sentido, no tengo nada para decir. Concretamente, durante mi gestión no hubo nada irregular; al contrario, se hizo la transformación de la Dirección General de Información de Defensa en Dirección Nacional de Inteligencia. En realidad, lo que se hizo durante mi gestión fue profesionalizar el servicio dentro de las posibilidades que había y tratar de proyectarlo hacia una institución útil en beneficio del Estado. Así que no tengo otra cosa para decir”, finalizó.

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Cámara de diputados. Foto: Pablo Vignali (archivo, agosto de 2016)

Cámara de Diputados criticó a ex directores de Inteligencia que no asistieron a comisión investigadora sobre espionaje en democracia

La Cámara de Representantes aprobó ayer una declaración en la que cuestiona a los cuatro ex directores de Inteligencia de las Fuerzas Armadas que el 11 de setiembre no acudieron a la comisión de esa cámara que investiga el espionaje realizado en democracia por parte del Estado.
“Los ex Directores Juan A. Zerpa, Daniel Legnani, Mario Aguerrondo y Francisco Wins, comunicaron individualmente su negativa a concurrir a la Comisión para brindar su testimonio”, empieza la declaración, que luego afirma que la actitud de estos ex directores de inteligencia “constituye un impedimento formal para el análisis y la investigación cometida por la Cámara de Representantes a esta Comisión”. “La imposibilidad de contar con los testimonios de quienes han dirigido los servicios, impide conocer su funcionamiento, la forma en que ejercieron su responsabilidad y las órdenes y directivas que dictaron. La negativa a concurrir a las citaciones de la Comisión Investigadora muestra el desinterés en contribuir a la transparencia y el conocimiento de los hechos, sus responsables y ejecutores”, asegura la declaración.
Luego se sostiene que “esta actitud pretende desconocer al parlamento y el cometido encomendado” a la comisión, “queriendo amputar la posibilidad de que el pueblo uruguayo conozca las razones de por qué se desarrolló Espionaje Militar en Democracia”.
La declaración culmina asegurando que las pruebas que maneja la comisión aseguran, con una “contundencia irrefutable”, que existió espionaje ilegal entre 1986 y 1999, una actividad que es violatoria de la Constitución y de las leyes, “coincidiendo con el período en que los ex militares citados anteriormente fueron directores de Inteligencia Militar”.
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