Noticias Uruguayas 19 mayo 2016
URUGUAY
“Desde la recuperación institucional en 1985 hasta ahora, hemos tropezado con las mil y una piedras que nos han puesto los sucesivos gobiernos.
Ninguno ha hecho las transformaciones ni ha tomado las decisiones necesarias para dar un vuelco total en este tema. Las causas judiciales se empantanan (algunas llevan hasta 30 años tramitándose), la búsqueda de restos no avanzan y las amenazas, intimidaciones, robos, a las personas que trabajan en el tema, han sido una constante.
En relación a las FFAA, no aceptamos que integren el diálogo social. Además de no estar habilitadas por la constitución para opinar como cuerpo sobre los destinos del país, tampoco valoramos como buenas las intenciones de este gesto, pues genera la idea de que el pasado no cuenta. Mientras continúen sin dar la información que poseen, sin hacer una autocrítica profunda asumiendo sus responsabilidades, las FFAA moralmente no tienen lugar en una sociedad a la que han perseguido, torturado, asesinado y desaparecido en el pasado. Su silencio cómplice, su falta de reconocimiento sincero de lo horroroso de sus crímenes nos habla de cómo continúan formando a las nuevas generaciones de militares y los descalifica totalmente como presuntos educadores en valores de nuestra juventud.” (De la Convocatoria de Familiares de Desaparecidos a la 21a MARCHA DEL SILENCIO)
Caminaremos nuevamente el viernes 20 a las 19hs desde Rivera y Jackson hasta la Plaza Libertad.
Cada 20 de mayo es un día muy especial para los familiares de desaparecidos, para los compañeros y compañeras ex presos políticos, sus familias y amigos, para los Hijos, los familiares de asesinados. Es un día de encuentro y memoria donde todos ellos están muy presentes, un día en que redoblamos nuestro compromiso por encontrarlos, por buscar la verdad, por enjuiciar a sus verdugos. Pero, gracias a las múltiples luchas colectivas de estos años, por la memoria, por los juicios, por la verdad, ya es un día especial para todos los uruguayos, dentro del país y fuera de él.
Este año se harán actos, homenajes y marchas en la casi totalidad de los departamentos, pero también en Argentina, Chile, Paris… y seguramente en algún otro rincón de encuentro de exilio.
El pronunciamiento de cada 20 de mayo recoge el resultado de las múltiples iniciativas por todo el país: de trabajadores, estudiantes, docentes, familias, organizaciones, desplegados día a día bajo las banderas de Memoria, Verdad, Justicia y Nunca Más terrorismo de Estado. La lucha será siempre contra la impunidad de los crímenes del terrorismo de Estado y su ocultamiento hasta el presente.
Entre otros hechos aberrantes, en 2016 se están cumpliendo 40 años de la desaparición de Manuel Liberoff, 40 años de la desaparición de los 22 compañeros que fueron traídos de Argentina en el conocido como Segundo Vuelo (primero negado y después confirmado en el informe de la Fuerza Aérea de 2005), 40 años del secuestro y desaparición de la maestra Elena Quinteros desde la embajada de Venezuela, y 40 años de los asesinatos de Zelmar Michellini, Héctor Gutiérrez Ruiz, William Whitelaw y Rosario Barredo.
Precisamente, hemos incorporado en nuestra consigna la frase “Ellos en nosotros” como homenaje a Michellini, Gutiérrez Ruiz, Whitelaw y Barredo, haciéndonos solidarios con la consigna de la Fundación Zelmar Michellini cumplidos 40 años de sus asesinatos en Buenos Aires, que también es la medida de la impunidad intolerable en que se mantienen los hechos.
También se cumplen 45 años, o sea aun en democracia, de la desaparición de Abel Adán Ayala Álvez, primer uruguayo que inicia la larga lista.
Por eso hacemos especial hincapié en que Madres y Familiares continúa con la campaña en busca de datos que conduzcan al hallazgo de las personas que el terrorismo de estado hizo desaparecer y a la confirmación de la identidad de sus captores. Si alguien sabe algo, ya es tiempo de comunicarlo.
Desde la recuperación institucional en 1985 hasta ahora, hemos tropezado con las mil y una piedras que nos han puesto los sucesivos gobiernos.
Ninguno ha hecho las transformaciones ni ha tomado las decisiones necesarias para dar un vuelco total en este tema. Las causas judiciales se empantanan (algunas llevan hasta 30 años tramitándose), la búsqueda de restos no avanzan y las amenazas, intimidaciones, robos, a las personas que trabajan en el tema, han sido una constante.
Para Madres y Familiares, lo ocurrido con el Giaf no es nuevo, ya que las amenazas han sido permanentes en estos más de 10 años de excavaciones. Es así que se ha fotografiado ostensiblemente a testigos cuando entraban a un cuartel, se ha amenazado a soldados que estuvieron dispuestos a declarar en alguna causa, en su momento se amenazó a los antropólogos cuando sacaban los restos de Julio Castro, y también se ha robado las computadoras de jueces, fiscales y abogados relacionados con la temática. Por eso se habla de impunidad de ayer y de hoy. Esto sin contar los traslados de jueces ordenados por la Suprema Corte; así como cambios de fiscales que se tomaron en serio su labor de investigación y juzgamiento de las denuncias que estaban en su poder.
En relación a las FFAA, no aceptamos que integren el diálogo social. Además de no estar habilitadas por la constitución para opinar como cuerpo sobre los destinos del país, tampoco valoramos como buenas las intenciones de este gesto, pues genera la idea de que el pasado no cuenta. Mientras continúen sin dar la información que poseen, sin hacer una autocrítica profunda asumiendo sus responsabilidades, las FFAA moralmente no tienen lugar en una sociedad a la que han perseguido, torturado, asesinado y desaparecido en el pasado. Su silencio cómplice, su falta de reconocimiento sincero de lo horroroso de sus crímenes nos habla de cómo continúan formando a las nuevas generaciones de militares y los descalifica totalmente como presuntos educadores en valores de nuestra juventud.
Continuaremos año tras año marchando juntos, recordando que nuestros familiares desaparecidos están con nosotros cada 20 de mayo, y todos los días del año.
Esa memoria que nos pertenece como pueblo, como sociedad, es el verdadero sostén de estas banderas, nos ayuda a estar alertas frente a nuevos y diferentes atropellos o abusos de poder y hace posible tener la esperanza de un país mejor.
Este viernes 20 de mayo a partir de la 19hs marcharemos juntos bajo la consigna
Ellos en nosotros
Contra la impunidad de ayer y de hoy Verdad y Justicia
Montevideo, 19 de mayo de 2016
Se cumple la 21ª marcha del silencio, a 45 años del primer desaparecido
Familiares de desaparecidos preocupados por amenazas
Publicado el Miércoles 18 mayo de 2016 , 6:01am – La República uy
En mayo de 1996 fue la convocatoria pública de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos (Famidesa) y otras organizaciones a la primera Marcha del Silencio.
Este viernes 20 de mayo se cumplirá la 21ª Marcha del Silencio, en esta oportunidad bajo la consigna: “Ellos en nosotros. Contra la impunidad de ayer y de hoy. Verdad y justicia”.
Este año tiene un marco especial la multitudinaria marcha por el hurto y amenazas al Grupo de Investigación en Arqueología Forense del Uruguay (GIAF) y porque se cumplen 45 años del primer desaparecido en Uruguay y 40 años de los asesinatos, aún impunes, del senador Zelmar Michellini, el diputado y presidente de la cámara de representantes, Héctor Gutiérrez Ruiz, de Rosario Barredo y William Whitelaw, así como el secuestro y la desaparición del Manuel Liberoff ocurridos un 20 de Mayo de 1976 en Argentina en el marco del terrorista Plan Cóndor.
Elena Zaffaroni, integrante de Famidesa dijo en diálogo con LA REPÚBLICA que a raíz de este hecho se han ido enterando que no han sido las únicas amenazas contra quienes investigan los crímenes de lesa humanidad de la dictadura y buscan a los desaparecidos.
“Se busca interrumpir el trabajo y las amenazas han ocurrido todos estos años. Jueces y fiscales que les han robado computadoras, abogados amenazados, algunos casos han surgido ahora a raíz de esto y en varios no se ha denunciado y nosotros creemos que ha sido un error”, apuntó Zaffaroni. Agregó que “el robo de GIAF nos empieza a inquietar que no haya resultados aún, por el momento estamos a la espera de la investigación”, indicó.
En cuanto a las más de 300 denuncias recibidas por la campaña lanzada sobre datos que se pudieran aportar sobre el destino de detenidos desaparecidos, Zaffaroni explicó que “hay muchas que no son precisas y otros datos que la gente del GIAF dicen que no tienen lógica. Nosotros trasladamos todas las denuncias y dejamos en suspenso las que no tienen ningún tipo de datos que ayuden”, explicó la integrante de Famidesa.
Sobre la Comisión por Verdad y Justicia creada en 2015 por el presidente Tabaré Vázquez, indicó que “es un grupo de gente sumamente heterogénea, muy buena gente que está tratando de impulsar esto. Las cosas a organizar y clasificar son muchas, sentimos que va lento, lo importante es la colaboración y el acceso a los datos que se tienen, eso es positivo, todavía se está en una parte formal del trabajo”.
Zaffaroni explicó también que Famidesa reclama que se abran archivos aún desconocidos. “Hay muchos archivos de las Fuerzas Armadas a los que todavía nadie accedió. La comisión está haciendo todos sus esfuerzos, tal vez quisiéramos acciones y decisiones que no le competen a este grupo y que son y deberían ser más políticas”.
Puntualmente sobre la marcha del próximo viernes apuntó: “Es una marcha como todos los 20 y que cada año tiene un punto especial. La consigna es “ellos son nosotros” que tiene mucho que ver con el momento y los 45 años del primer desaparecido. Como cada 20 marchamos y luchamos contra la impunidad que se mantiene”, dijo Zaffaroni.
Asimismo destacó que la marcha se realizará en todos los departamentos del país y en el exterior también.
Juez espera peritajes
El juez Eduardo Pereira que investiga el hurto ocurrido en el laboratorio del Grupo de Investigaciones en Arqueología Forense (GIAF) sobre detenidos desaparecidos en dictadura, dijo a LA REPÚBLICA que se trabaja consolidando varias líneas de investigación.
El magistrado espera recibir en su despacho peritajes solicitados a organismos públicos y podría citar a declarar a su despacho a varias personas. El magistrado no quiso dar a conocer esas líneas de investigación para no obstaculizar el trabajo que lleva adelante su sede penal y el Ministerio del Interior a través de la Dirección General de Información e Inteligencia y la Policía Técnica.
“La semana que viene podría fijar alguna audiencia. Hay varias hipótesis que se manejan y se preparan líneas de investigación. Espero algunos peritajes que solicité a organismos públicos”, explicó el magistrado.
Jornada de oración y participación de la marcha
“Otro 20 de mayo nos encuentra con la necesidad de compartir un tiempo para reflexionar, orar, rezar, estar juntos por memoria, verdad y justicia”, dice un comunicado de la Iglesia Católica. “Compartiremos una reflexión junto al Pastor metodista Ademar Olivera y al prebistero católico Adolfo Amexeira.
Tendremos un tiempo de música junto al Pastor Heber Cardozo y a Leonardo Goday. La celebración se realizará a las 17:45 hs como preparación y apoyo a la 21ª Marcha por la Memoria en Obsur- Parroquia Universitaria (J.E. Rodó 1727).
El PIT-CNT ante la 21a Marcha del Silencio y el mensaje de los sectores fascistas
El secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, reflexionó en nombre de la central sobre el significado histórico de la Marcha del Silencio, la actual coyuntura de amenazas y ataques a quienes trabajan en busca de la verdad y convocó a una participación “masiva” este viernes 20 de mayo, bajo la consigna “Ellos en nosotros, contra la impunidad de ayer y de hoy, Verdad y Justicia”.
Abdala consideró imprescindible demostrarle “a los sectores fascistas” responsables de los hechos de la Facultad de Humanidades “que tengan bien claro que con la firmeza de los trabajadores y el pueblo, van a seguir en lucha por profundizar la democracia, en busca de la verdad, la justicia, contra la impunidad”.
En diálogo con el Portal del PIT-CNT, Abdala sostuvo que desde la “perspectiva de la lucha popular es pertinente utilizar el arma de la memoria, porque desde un punto de vista histórico los hechos que hoy conmemoramos como reclamos de verdad, justicia, memoria y nunca más, el 20 de mayo hacen parte de otra etapa histórica de América Latina, de una anterior contraofensiva del imperialismo y las clases dominantes contra los procesos de acumulación de fuerzas en el continente, que no solamente erradicaron la democracia, que no solamente vieron una respuesta digna de los trabajadores y el pueblo, particularmente con la Huelga General, sino que esa dictadura del capital financiero se desplegó en el marco del terrorismo de estado con el cual pagamos un precio altísimo de los mejores hijos de nuestras patrias de América Latina y del Uruguay en particular”.
El secretario general del PIT-CNT subrayó el hecho “cuando decimos que es pertinente la memoria porque en condiciones históricas bien diferentes, hoy también se viene desarrollando una contraofensiva del imperialismo y la derecha continental, distinta está claro, con una táctica diferente, pero con el mismo contenido de tratar de frenar los avances populares”.
Abdala recordó que Uruguay además, “específicamente el 20 de mayo debe dar un mensaje rotundo de una presencia masiva de nuestro pueblo en la perspectiva de que los sectores fascistas, los interesados en que predomine la mentira, la injusticia, la desmemoria y que son los responsables de distintas amenazas, de los hechos de la Facultad de Humanidades, tengan bien claro que la firmeza de los trabajadores y el pueblo van a seguir en lucha por profundizar la democracia y que como parte de ese proceso, la verdad, la justicia, la batalla contra la impunidad va a seguir presente siempre en la cabeza y en el corazón de nuestro pueblo.
Por eso junto a las madres y familiares de detenidos desaparecidos nuestro Pit-Cnt hace una convocatoria a que el viernes en forma masiva nuestro pueblo participe en la marcha del 20 de mayo”.
Militantes en las calles
“Lo que están haciendo casi doscientos militantes por los barrios, pegando carteles, pintando, convocando a la Marcha del Silencio, es un trabajo de compromiso, de amor, de militancia por transformar la sociedad, en última instancia partimos de la memoria pero nuestros sueños están ubicados en construir una sociedad más justa, sin explotación, sin discriminación, sin formas de las diversas formas de opresión que existen en esta sociedad y tenemos confianza en que el pueblo uruguayo encontrará el camino”.
El Observatorio Luz Ibarburu apuesta al «fortalecimiento de los DDHH en la sociedad civil»
Raúl Olivera es el responsable, en nombre del PIT-CNT, del Observatorio Luz Ibarburu y participa junto a representantes de varias organizaciones en el seguimiento de las denuncias penales por violación a los Derechos Humanos (DDHH).
En 2012 el PIT-CNT le traslada a las organizaciones sociales la necesidad de crear un Observatorio en torno a los DDHH. Se llega a un acuerdo con muchas de estas organizaciones y se forma un red. «En 2011 se crea una base de datos en torno a las causas penales. El tiempo llevó a que ello no alcanzara y por eso se creó el Observatorio. Esto fue producto de dos transformaciones básica, la primera era que no alcanzaba con mirar lo que pasaba en el Poder Judicial y que teníamos que convertirnos en parte litigante, para ello había que contar con abogados y representar causas. Teníamos que lograr una actividad que nos involucrara cada vez más con las causas. El segundo argumento era que si no actuábamos de esta forma nos convertíamos en cómplices de la impunidad. Este planteo se le realiza a la dirección del PIT-CNT. La central resuelve aumentar en algo los aportes de los sindicatos únicos y federaciones a fin de contar con un fondo que nos permitiera contratar a un abogado», recordó el responsable de este organismo.
Olivera informó que hoy el Observatorio tiene el apoyo de 16 organizaciones uruguayas, cuenta con una especie de presidencia colectiva de honor integrada por Belela Herrera, Alejandro Artucio y el maestro Miguel Soler. A esto se le suma un equipo integrado por todos los abogados que desde 1985 y hasta ahora tuvieron algo que ver con las causas de los DDHH, en lo que se ha convertido en una especie de Consejo Asesor. A nivel internacional también existe una especie de Consejo Asesor que integran juristas prestigiosos a nivel mundial. En los últimos tiempos se ha convertido en una activa colaboradora una profesora de la Universidad de Oxford, la politóloga Francesca Lessa, de nacionalidad italiana. Ella junto a una socióloga norteamericana y una argentina fueron quienes brindaron los primeros elementos para armar el Observatorio.
Lessa estuvo en nuestro país durante tres meses y durante ese tiempo participó en las reuniones del Observatorio. En determinado momento planteo la necesidad de avanzar en el tema DDHH y para ello habría que conseguir una ayuda internacional. Luego de algunas gestiones y de redactar una propuesta concreta de trabajo se logró conseguir una ayuda internacional. La propuesta consistía de armar un equipo de abogados, el cual está encabezado por Pablo Chargoñia.
Lentamente se avanza en DDHH
Olivera reconoció que «muy lentamente se ha avanzado en el tema de DDHH». Hoy el Observatorio está patrocinando directamente unas 50 causas judiciales.
Objetivos
El Observatorio Luz Ibarburo es una herramienta para interactuar con el objetivo de contribuir para que el Estado no continúe violando el derecho a la tutela judicial de las víctimas, poniendo obstáculos de modo tal que inhabilita el ejercicio pleno de sus derechos.
Investigar y condenar a quienes cometieron los crímenes de lesa humanidad junto a otras acciones son signos necesarios e imprescindibles para las garantías de no repetición que una sociedad debe tener para la consolidación de sistemas democráticos plenos.
Se plantea el Observatorio como necesario «promover y fortalecer las posibles acciones y recursos que, por derecho propio, le corresponde a cada una de las víctimas, exigiéndole al Estado que garantice su acceso y el ejercicio pleno de las mismas. Por eso hemos impulsado la creación de un Equipo Especial -auxiliar de la justicia- que colabore directamente con los operadores del sistema judicial, en la investigación de crímenes cometidos en el marco del terrorismo de Estado».
Trayectoria
Olivera hasta 1998 integró la Mesa Representativa del PIT-CNT, si bien antes de la huelga general, producto del golpe de Estado cívico – militar realizado en 1973, ya formaba parte de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT). Cuando a fines de la dictadura se forma el Plenario Intersindical de Trabajadores (PIT) participa de la Mesa Coordinadora en representación de los trabajadores de las empresas procesadoras de pescado y en lo que en ese momento se llamaba Asociaciones Profesionales. Se debe recordar que el 21 de mayo de 1981 con la firma en ese momento del militar y ministro de Trabajo y Seguridad Social, Néstor Bolentini, el gobierno de facto aprueba la Ley 15.137 llamada de Asociaciones Profesionales. A partir de este espacio que no tiene más remedio que crear la dictadura se comienza a reorganizar «legalmente» el movimiento sindical.
Una vez reconquistada la democracia es restituido a AFE y en representación de la Unión Ferroviaria (UF) comienza a participar de la Mesa Representativa de lo que ya se había convertido en el PIT-CNT. Al ser redistribuido y dejar de pertenecer a AFE pasa al trabajar en el Poder Judicial, por lo que participa en la central sindical en representación de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU). La jubilación aparece en 1998 y a partir de ese momento se dedica a trabajar en el área de los DDHH, en ese año el PIT-CNT crea la Secretaría de DDHH y por eso sigue vinculado estrechamente al movimiento sindical.
Siempre se supo: la acusación de “asonada” contra algunos militantes sociales elegidos a dedo por las fuerzas represivas del Ministro Bonomi entre los centenares que habían concurrido a manifestar su simpatía con la Jueza Mariana Mota ilegalmente echada de su cargo por su investigación de los crímenes de lesa humanidad, fué inconstitucional. Fué un intento de criminalizar la solidaridad y un atropello a los DDHH, fué un fallo político.
Por mayoría de 3 a 2, la Corte consideró que esta tipificación infringe los principios de legalidad y de proporcionalidad, por cuanto “no establece de un modo claro y preciso, en qué consiste” el ilícito que se pretende reprimir, lo que coloca a esta disposición “fuera del marco constitucional”. “Allí es donde finca el riesgo que para los derechos de las personas apareja tal indefinición”, señala el fallo.
“Nadie pueda ser castigado por una conducta que no se encuentre previamente establecida en la ley penal en forma clara, nítida, estricta y precisa, para quien actúa, para las autoridades en general y para quienes tienen a su cargo la tarea de juzgar en particular, es un principio constitucional básico de amparo que la norma aplicada, en su primera hipótesis, irrespeta”, señaló la Corte.
SCJ cambia y declara constitucional el delito de asonada
El sistema de Justicia imperante en Uruguay y la diversidad de criterios de los jueces –en virtud de su independencia técnica- hace que un mismo hecho pueda tener fallos contradictorios. Si bien no es algo habitual, es una situación que suele ocurrir en virtud de la interpretación que los magistrados tengan sobre una norma o por la valoración de los hechos o de la prueba presentada por las partes.
Este fue el caso de los recursos de inconstitucionalidad contra el delito de “asonada” presentados por los activistas procesados por la ocupación del edificio de la Suprema Corte de Justicia, el día del traslado de la jueza Mariana Mota a un Juzgado Civil. En efecto, en abril de 2015, una Corte integrada por ministros de Tribunal de Apelaciones declaró la inconstitucionalidad del delito de “asonada” en el recurso presentado por seis de ellos.
Por mayoría de 3 a 2, la Corte consideró que esta tipificación infringe los principios de legalidad y de proporcionalidad, por cuanto “no establece de un modo claro y preciso, en qué consiste” el ilícito que se pretende reprimir, lo que coloca a esta disposición “fuera del marco constitucional”. “Allí es donde finca el riesgo que para los derechos de las personas apareja tal indefinición”, señala el fallo.
“Nadie pueda ser castigado por una conducta que no se encuentre previamente establecida en la ley penal en forma clara, nítida, estricta y precisa, para quien actúa, para las autoridades en general y para quienes tienen a su cargo la tarea de juzgar en particular, es un principio constitucional básico de amparo que la norma aplicada, en su primera hipótesis, irrespeta”, señaló la Corte. La resolución contó con el voto favorable de los ministros Sergio Torres, Rolando Vomero y Graciela Gatti y las discordias de los ministros Luis Charles y Doris Morales.
El fallo benefició al ex militante del MLN-T, Jorge Zabalza, la militante de Plenaria, Memoria y Justicia, Irma Leites, el dirigente de Adeom Montevideo, Aníbal Varela, el ex preso político Álvaro Jaume y sus hijos, los ex jugadores de fútbol, Eduardo y Diego Jaume. En virtud de este fallo, la jueza Penal de 9º Turno, Blanca Rieiro, dispuso el archivo de la causa contra estas personas, fallo que fue apelado por el fiscal Gustavo Zubía.
En este contexto, la defensa de la otra procesada, la docente Patricia Borda, planteó un recurso de inconstitucionalidad, de forma de obtener un fallo en el mismo sentido y reclamar el archivo de la indagatoria. Empero, el retiro de la actividad judicial del ministro Vomero (al cumplir 70 años) implicó un cambio en la integración de la Corte y la designación –por sorteo- del ministro Julio Olivera Negrin. El resultado: la Corte integrada modificó su postura y declaró la constitucionalidad de este delito, lo que confirma el procesamiento de Borda por esta causa.
Argumentos de la Corte
Con el voto favorable de Charles, Morales y Olivera Negrin, la nueva Corte integrada consideró que “la necesaria protección de los derechos humanos tiene como denominador común el reconocimiento del valor de la dignidad del ser humano, resultando indispensable garantizar tanto los derechos como los deberes, los que lamentablemente muchas veces son olvidados”.
“Sin duda en todo ordenamiento jurídico se requiere el aseguramiento y la vigencia efectiva de los principios básicos que lo informan y sus garantías fundamentales, pero éstos pueden ser limitados en los casos que sea estrictamente necesario. Esto ocurre también con los derechos humanos, tales como la libertad de expresión y de reunión, los que se los puede limitar por razones de interés general”.
“Esto es lo que ocurre con el delito de Asonada, configura un límite a derechos fundamentales, pero responde al fin de asegurar la convivencia social. Es en este marco conceptual que la referida figura ilícita se armoniza con las disposiciones constitucionales”, señalaron los ministros de la mayoría.
De esta forma, la Corte consideró que el delito está definido en forma correcta y no violenta las normas constitucionales previstas en los artículos 29 ni 38 de la Constitución, que refieren a la libertad de expresión y de reunión de las personas. En este sentido, “no puede entenderse” que este tipo penal “limite la libertad de expresión, sino que lo penado es la reunión con las finalidades que la norma establece”.
“La norma no impide la protesta social, ni la crítica a la autoridad, puesto que lo sancionado es la reunión con fines de perturbación de ciertas celebraciones o reuniones públicas, con gritos, injurias o amenazas, de lo que se deriva que no se sanciona la libre expresión del pensamiento”, expresó la Corte. “La disposición en análisis no determina un menoscabo del derecho a manifestar y por consiguiente la libertad de expresión, pues en el tipo penal se ingresa como elemento la reunión con las finalidades expresadas por la norma, no la expresión del pensamiento, que no aparece como condición de la existencia de la figura en análisis”, agrega el fallo.
“Se entiende que la norma cuestionada no ataca la libertad de expresión, en tanto que lo que se castiga penalmente, es la reunión de por lo menos cuatro personas con las finalidades especificadas en la figura”. “Por lo tanto, la libre comunicación de pensamientos no se ve afectada”, aunque “si el derecho de reunión”, pero dentro de los marcos que establece la ley.
“Debe tenerse en cuenta que el propio artículo de la Carta, inmediatamente luego de garantizar el derecho a la reunión pacífica y sin armas dice que: ‘El ejercicio de este derecho no podrá ser desconocido por ninguna autoridad de la República sino en virtud de una Ley y solamente cuando se oponga a la salud, la seguridad y el orden público’. Esto deja en evidencia que se trata de un derecho limitable”, afirma la Corte.
“Tampoco se violentan los principios de razonabilidad y proporcionalidad, en atención a que el ilícito referido se castiga con una de las penas más benignas de nuestra legislación penal, con límites punitivos que permiten la excarcelación provisional”. “La existencia de otros medios idóneos para la prevención de los hechos que pudieran alterar la paz pública, no torna ‘innecesaria’ o ‘irracional’ la prevención de la referida conducta como delito con la finalidad de que si aquella ‘muralla de contención social’ se ve superada, entra en acción el derecho penal como ‘última ratio’ en defensa de un bien jurídico tan preciado”.
“La relevancia del bien jurídico protegido justifica racionalmente la adopción de tal tutela penal, máxime si se tiene presente que la ‘paz pública’ es una de las piedras angulares de una convivencia armónica, protectora de los derechos de cada uno de los integrantes de la sociedad, pero también tolerante y respetuosa con el libre ejercicio del derecho de los demás”, concluyó la Corte.
CONTRA PRIVATIZACIÓN
Clasificadores de residuos se concentrarán frente al Mides
Publicado el Miércoles 18 mayo de 2016 , 6:00am – La República uy
Junto a Jorge Ramada, González adelantó que habrá una movilización el 24 a las 13.00 horas, cuando se concentrarán frente al Mides. El carro vende en depósito y el depósito paga un precio, pero los clasificadores quieren poder colocar directamente en la planta y eliminar la intermediación. ¿Por qué no abrimos las plantas para los carros que puedan llegar a la planta?, se preguntaron.
Además, denunciaron que sufren represión sindical por parte de las organizaciones que manejan las plantas y enmarcaron en esa situación un despido reciente.
La sociedad no admite que los recolectores son trabajadores que deberían estar cubiertos con beneficios sociales y tiene una actitud de: “Que se arreglen como puedan”, lamentaron. Al carrero que sale en las peores condiciones debería reconocérsele ese trabajo como se hace en otros países, opinaron. El fin de semana se realizó el tercer encuentro de clasificadores, adonde llegaron personas de 14 departamentos, dijeron y agregaron que hay unos 10.000 clasificadores en todo el país.
Del encuentro surgió la necesidad de un censo nacional y de una ley que regule la actividad.
ACTIVIDAD PORTUARIA A LA BAJA
Paro del transporte de carga afecta la actividad portuaria
Caras y Caretas – may 17, 2016
Cuarenta y ocho trabajadores de Forestec, empresa que trabaja para UPM y Montes del Plata, fueron despedidos, lo que motivó un paro del Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines (Sutcra) para la jornada de este martes.
Según un comunicado distribuido por el gremio, la medida se toma en “el marco de un incumplimiento general por parte de las empresas y sus obligaciones laborales”.
Se debe tener en cuenta que también se verá afectado el abastecimiento de estaciones de servicio.
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