Publicado en: 21 enero, 2017

Noticias Uruguayas 19 enero 2017

Por Colectivo Noticias Uruguayas

Uruguay: Represión predictadura: 80 personas fueron asesinadas por el Estado – Listado de Muertos y Asesinados entre 1968 y 1972 // Repercusiones del fallo de Roma en Uruguay

Combate de La Plata Por: Ernesto Che Guevara // Hace 56 años la CIA asesinaba al líder anticolonialista Patrice Lumumba // Festejan 7 años de la fundación del Estado Plurinacional de Bolivia // La Gran Coalición de socialistas y conservadores brinda un nuevo aval al ‘TTIP canadiense’ en la Eurocámara // La gran estafa del CETA, TTIP y TISA // El Constitucional alemán da luz verde al partido neonazi NPD // Estado español: El Golem antiterrorista // Más de 1500 kilómetros de marcha para denunciar la dispersión de los presos independentistas galegos // Argentina: La CTA Autónoma repudia la represión y respalda la lucha de los trabajadores gráficos despedidos por el grupo Clarin // Un puesto de trabajo menos cada 7 horas en prensa //Uruguay: Represión predictadura: 80 personas fueron asesinadas por el Estado – Listado de Muertos y Asesinados entre 1968 y 1972 // Repercusiones del fallo de Roma en Uruguay

URUGUAY
Informe de la Secretaria de Derechos Humanos

Represión predictadura: 80 personas fueron asesinadas por el Estado

Un informe de la Secretaria de Derechos Humanos para el Pasado Reciente (SDH) revela detalles de la magnitud del proceso represivo impulsado por el Estado, en el período previo al golpe de Estado.
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Por Mauricio Pérez Miércoles 18 de enero de 2017 – CARAS Y CARETAS
Entre el 13 de junio de 1968 y el 27 de junio de 1973, en la previa al golpe de Estado, 80 personas murieron y tres fueron desaparecidas a manos de los servicios represivos del Estado o por acciones de grupos parapoliciales. Así lo establece un trabajo del equipo de historiadores de la Secretaria de Derechos Humanos para el Pasado Reciente (SDH) de Presidencia de la República.
El trabajo implica una ampliación de la investigación histórica sobre la Dictadura. En este caso, se centra en el período llamado de “crisis de la democracia y el Estado de Derecho”, y en especial sobre “el fenómeno del asesinato por razones políticas o muertes atribuibles a la responsabilidad del Estado a través de la intervención de sus organismos militares y policiales especializados en la represión institucional así como a través de la conformación de una para-estatalidad represiva y clandestina con su secuela de víctimas”, señala el informe.
La investigación revela que en la previa al quiebre institucional se registraron 80 fallecidos (74 hombres y seis mujeres) y tres desaparecidos por responsabilidad y/o aquiescencia del Estado uruguayo. Los desaparecidos fueron Abel Ayala, Héctor Castagnetto y Roberto Gomensoro Josman. De esta forma, se llega a un total de 204 fallecidos y 193 desaparecidos entre 13 de junio de 1968 y el 1º de marzo de 1985, señala.
La mayoría de las muertes (53) se produjeron en 1972. Se trata de un año clave de la represión pre-dictadura. En 1971, el Poder Ejecutivo le encomendó la lucha antisubversiva a las Fuerzas Armadas y creó los institutos que se encargarían de la tarea (como el Esmaco), lo que se consolidó en 1972 con la declaración del Estado de guerra interno y la suspensión de las garantías individuales (se extendía el plazo para presentar a los detenidos ante un juez y se habilitó los allanamientos nocturnos, entre otras medidas). Esto intensificó la represión que se desarrolló durante las Medidas Prontas de Seguridad.
Asimismo, se establece que 50 muertes se produjeron en una acción represiva del Estado, entendido como muertes ocurridas en procedimientos de detención, en operativos contra grupos políticos o por acción de los grupos paraestatales. Además, se registraron diez muertes en actos de represión contra el movimiento estudiantil o sindical, cinco muertes en enfrentamientos y cuatro en circunstancias que no se pudieron clasificar.
Además, se constataron once muertes en centros de detención, lo que implica un cambio con lo que ocurrió durante la dictadura, cuando la mayoría de las muertes se produjeron en prisión. Entre 1968 y 1973, estas muertes ocurrieron en unidades militares -o centros clandestinos de detención-, antes de que las personas fueron “blanqueadas”, dijeron fuentes de la SDH a Caras y Caretas Portal. También se constató una importante presencia de jóvenes entre los muertos: 53 tenían entre 20 y 34 años, siete tenían entre 15 y 19 años y uno de los fallecidos era menor de 14 años.
En esta línea, se confirmó que la amplia mayoría de los fallecidos eran integrantes del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T), que era el grupo más activos en la lucha armada. También se computan los ocho asesinados en la Seccional 20 del Partido Comunista (PCU) y la muerte de militantes del OPR 33, así como varios casos de militantes estudiantes. Entre estos últimos se señalan los casos de Liber Arce, Hugo De los Santos e Ibero Gutiérrez, entre otros.
El informe también contabiliza la muerte de Francisco Chocho, militante del Partido Nacional, quien fue detenido el 14 de octubre de 1972, en Maldonado, durante una redada de las Fuerzas Conjuntas y trasladado al Batallón de Ingenieros Nº 4; murió a causa de las torturas y su cuerpo fue entregado a su hijo, que era un militar de carrera.
También se registra la muerte de seis personas, sin militancia política, en situaciones confusas, que tienen su trasfondo en los controles de los servicios represivos en el contexto de aplicación de las MPS. Este fue el caso, por ejemplo, de Juan Gilberto Moreira, quien según la cronología publicada en el libro “La Subversión” de la Junta de Comandantes en Jefe, es muerto por no acatar la orden policial de alto.
En este sentido, fuentes de la SDH explicaron a Caras y Caretas Portal, que el informe pretende aportar elementos para entender “un periodo, como los años previos al golpe de Estado, lleno de acontecimientos políticos importantes” y en el que se verifica un proceso de profundización de la crisis política del país, iniciándose un camino de transformaciones autoritarias y violencia política desde el propio Estado.
Acceda a estadísticas del informe de la Secretaria de Derechos Humanos: Cuadros+de+Asesinados+Politicos+entre+1968-1973
Acceda al listado de muertos y asesinados políticos: Listado de Muertos y Asesinados entre 1968 y 1972

Decepción de la delegación uruguaya en Roma por fallo sobre Plan Cóndor

18Ene

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La delegación uruguaya recibió con sentimientos encontrados el fallo de la Justicia italiana que condenó ayer con cadena perpetua al excanciller Juan Carlos Blanco, pero absolvió a los restantes trece acusados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar (1973-1985).
De esa manera, uno de los principales objetivos de los familiares de desaparecidos, la declaración de culpabilidad para el militar Jorge Tróccoli, no pudo concretarse. La absolución para el capitán retirado uruguayo que reside en Italia fue el sinsabor más fuerte que padeció la delegación que se encontraba en Roma a la espera de la decisión de la III Corte Penal. Luego de conocido el fallo, algunos familiares ya comenzaron a hablar de apelar la sentencia.
“La parte (de la sentencia) sobre los absueltos es vergonzosa. La tristeza fue grande, nos cayó como un pedazo de hielo. Vi llorar a abogados nuestros”, dijo a El Observador Aurora Meloni, una de las querellantes por el asesinato de su marido Daniel Banfi, ocurrida en Buenos Aires en 1974.
Los 14 imputados uruguayos eran Blanco, Tróccoli, Gregorio Álvarez —muerto el 28 de diciembre de 2016—, José Arab, José Gavazzo, Juan Carlos Larcebeau, Pedro Mato, Luis Alfredo Maurente, Ricardo Medina, Ernesto Ramas, José Lima, Jorge Silveira Quesada, Ernesto Soca y Gilberto Vázquez. Casi todos ellos están presos en Uruguay
En total la fiscalía Italiana inculpó a 27 uniformados uruguayos, chilenos, bolivianos y peruanos por sus implicancias en el Plan Cóndor, a través del cual se asesinó y se hizo desaparecer a 42 jóvenes de izquierda, entre ellos 20 italianos, durante las décadas de 1970 y 1980.
En el caso de los uruguayos, si bien la delegación en Roma se sintió conforme por la condena de Blanco no pudo ocultar la desazón por las absoluciones.
Después de más de 10 años de investigación, ayer se dio a conocer el fallo en Roma sobre el Plan Cóndor.
El vicepresidente, Raúl Sendic, transmitió ayer por la tarde la sensación que había en Roma y en diálogo con Radio Uruguay, el jerarca afirmó sentirse “defraudado” por la resolución judicial italiana.
Igualmente, dijo que de todos modos sentía la “tranquilidad de que el Estado uruguayo dio los pasos necesarios” y añadió que no estaba en condiciones de juzgar los elementos que evaluó el tribunal italiano.
En tanto, sobre la condena de Blanco, Meloni indicó que el fiscal italiano quería culpar a los que tuvieron cargos de mayor responsabilidad durante la dictadura y la aplicación del Plan Cóndor.
“En ese sentido, creo que hubo una sentencia justa. Esa es la primera lectura; no puedo oscurecer una parte de lo que esta sentencia de la corte italiana emitió y que alcanza un objetivo que yo me puse en 1999 cuando empecé con otros familiares este proceso en Italia”, dijo.
Sin embargo, fue terminante sobre la otra parte del fallo. “Fue una sentencia superficial. Se podía haber hecho un análisis y una sentencia diferente. Esta gente fue procesada y condenada en Uruguay y por eso es vergonzoso. Sobre lo de Tróccoli no quiero pronunciarme porque me desconcertó”, afirmó.
La justicia italiana decidió condenar a cadena perpetua al canciller de la dictadura Juan Carlos Blanco.
Meloni expresó que la III Corte Penal tiene hasta 90 días para informar sobre las razones que tuvo para dictaminar el fallo.
Al respecto del caso de Tróccoli y el resto de los absueltos, expresó que el fallo es apelable y por ese motivo “habría que formar un grupo de abogados que se encargara de las apelaciones que hay que hacer”. “Hay que apelar y seguir trabajando. Queríamos memoria, verdad y justicia; pero lo queríamos en serio”, insistió.
A su vez, Cristina Mihura, viuda del desaparecido ítalo —uruguayo Armando Arnone Hernández, comentó a la agencia AFP no tener palabras para “comentar una sentencia como ésta”.
“Después de una lucha tan larga los jueces no han reconocido la responsabilidad individual de los imputados. Un criterio muy discutible. Vamos a presentar un recurso”. afirmó.

Abatidos

Por su parte, la presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Mirtha Guianze, que también se encontraba en Italia espeando el fallo, dijo a Telenoche que los familiares estaban “muy abatidos” por el fallo, ya que esperaban un resultado diferente.
A su vez, el integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT (también presente en Roma) Fernando Gambera señaló a El Observador que por un lado la sentencia fue un reconocimiento a la existencia de “un plan coordinado entre las dictaduras para la desaparición forzada de personas”.
Pero, sostuvo, por otro lado el jurado italiano “no pudo entender que los militares uruguayos actuaban al estilo de una patota y con autonomía en sus acciones y, por tanto, no pueden ser declarados sin responsabilidad”.
El dirigente sostuvo que el caso de Tróccoli fue el que más “movilizó” a los familiares de desaparecidos.
“Seguramente haya una apelación”, dijo Gambera. El representante de la central uruguaya de trabajadores afirmó igualmente que la sentencia fue “un paso histórico importante”. “La lucha continúa, habrá que seguir aportando elementos que demuestren que los militares eran una patota”, agregó.
Las investigaciones sobre el Plan Cóndor comenzaron hace más de una década y estuvieron a cargo del fiscal italiano Giancarlo Capaldo.
Durante ese proceso desfilaron por los tribunales romanos unos 70 testigos uruguayos. Ayer, la sentencia terminó condenando a Blanco. Los demás condenados fueron dos bolivianos, tres peruanos y dos chilenos.
Blanco, que ejerció como canciller de la dictadura militar entre 1972 y 1976, fue procesado en 2002 en Uruguay por la desaparición y muerte de Elena Quinteros y condenado en 2010 a 20 años de prisión por homicidio muy especialmente agravado. En febrero de 2012 un tribunal confirmó la condena de Blanco.
Se trató del primer uruguayo en ser enviado a la cárcel por los crímenes perpetrados por el régimen militar.
Desde 2011 Blanco sigue con su proceso judicial en libertad provisional.
En ese momento, la Justicia cambió la carátula de la imputación a “coautoría de homicidio especialmente agravado”.

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Miércoles 18 • Enero • 2017

Repercusiones del fallo de Roma en Uruguay

“Estamos desolados”, dijo a la diaria desde Roma Mirtha Guianze, presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, horas después de que se conociera el fallo que absolvió a los 14 represores uruguayos y condenó con cadena perpetua al ex canciller de la dictadura Juan Carlos Blanco. Guianze estaba reunida con delegaciones del resto de los países involucrados en el juicio, que coincidían en que “es disparatado todo el sentido del fallo” y que fue “un mazazo que nadie esperaba”. Si bien todavía no se conocen los fundamentos del fallo, según Guianze, “se estableció responsabilidad solamente a los capos, a los jerarcas y por los homicidios, que es el único delito que no prescribe acá. A los demás dijeron que tenían secuestros de personas, y ese delito sí prescribe. Los jurados populares no entendieron, o no se les supo hacer entender, que los grupos de tareas actuaban como patotas, no como habitualmente procede una jerarquía; que podían torturar prisioneros y que se podían pasar y que se les murieran, y que esto no significaba que tuvieran una orden”.
En el caso de Jorge Tróccoli, el único represor uruguayo que se presentó en el juicio, y sobre el que había más expectativas de que fuera procesado, Guianze dice que “está claro que tenía autonomía para proceder, y eso no está comprendido en esta decisión”. El ingeniero Martín Ponce de León -que también declaró en Roma- argumenta en el mismo sentido. Ponce de León era dirigente de los Grupos de Acción Unificadora en los tiempos en que Tróccoli era responsable de Inteligencia del destacamento de Fusileros Navales (Fusna), y dijo a la diaria: “Tróccoli tuvo un rol clave en los episodios de finales del año 77, cuando desaparecieron más de 15 compañeros de nuestra organización, y allí no sólo era el responsable de Inteligencia del Fusna, sino que además quedó a cargo de todas las operaciones, por orden directa del Comando de la Armada; trabajó en cooperación con el Servicio de Información de Defensa y siguió trabajando varios años en la Argentina. Hasta obtuvo calificaciones absolutamente favorables de los propios jefes de la nefasta Escuela de Mecánica de la Armada; eso está documentado, y él mismo ha escrito sobre esto y ha dicho que no actuaba por órdenes, sino por convicción”.
Para Ponce de León el fallo es, “por decir poco, decepcionante”. Para Raúl Olivera, integrante de la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, que también participó en el juicio, “constituye un gran signo de interrogación cuál es el fundamento de esa absolución generalizada para la parte operativa, y la condena a Blanco como actor mediático o responsable desde el punto de su ubicación en la estructura del Estado dictatorial”. Lo mismo pasó con el resto de los países; todos tenían cargo de gobierno, dice. Para Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, en palabras de su vocero, Nilo Patiño, el fallo “cayó como un balde de agua fría, no sólo sobre nosotros, sino también sobre todas las organizaciones de derechos humanos”. Sin embargo, “queda claro que esto no borra los crímenes que han cometido ni implica que los absuelven porque son inocentes. Para nosotros es un tropezón, pero nos han pasado cosas mucho peores, y nos vamos a levantar”, aunque “nos hubiera gustado que Tróccoli fuera preso”.
Visiones
Según Olivera, “hay un cuerpo probatorio que ha sido avalado por la Justicia uruguaya con los procesamientos, y también en Argentina con los juicios que se han dado, por lo que se esperaba que esta causa, que llevó muchos años de investigación por parte de la fiscalía, y acumuló los conocimientos y las nuevas pruebas que fueron apareciendo durante estos años, se resolviera de otra manera”. Sin embargo, “otra cosa que hay que poner en debate es la estrategia jurídica del abogado uruguayo”, que “no se conoce”: “Ni cuando fui a declarar pude conocerla”. Para Olivera, “el Estado se involucró hace muy poco tiempo en este tema, fundamentalmente para tratar de enmendar un error que cometió el embajador uruguayo en Italia en aquel momento con la extradición de Tróccoli”. Dice que siempre han reclamado más compromiso del Estado “para aportar la información”, ya que “las víctimas ya dimos todo lo que tenemos, nuestros testimonios, nuestro recuerdo y nuestra visión de cómo se dio el terrorismo de Estado”. Explica que “el terrorismo de Estado no fue orquestado por Blanco, sino por todo un aparato del Estado, que tuvo sus directivas y que tiene que tener la información”. Patiño está de acuerdo en que el Estado debería estar mucho más comprometido con el tema: “Es el tercer gobierno del Frente [Amplio] y recién pudimos tener acceso a los archivos hace poco”. Sin embargo, afirma que “es el primer período de gobierno en el que realmente hay apoyo para investigar y no para cerrar los casos, una apertura, y en ese sentido la saludamos. Es una actitud tardía, pero más vale tarde que nunca”. Olivera dice que con el paso que dio el Estado de ir al juicio en Italia, y las palabras del vicepresidente Raúl Sendic en cuanto al compromiso de seguir con el tema, esperan que en las nuevas instancias de apelación el Estado uruguayo tenga un rol más activo.
Para el historiador Aldo Marchesi, que ha estudiado el proceso regional de represión política, es necesario relativizar los alcances de este juicio: “Este es un juicio más; ha habido muchos juicios en relación a las causas Cóndor, y se enmarcan en una estrategia que se viene haciendo por parte del movimiento de derechos humanos del Cono Sur desde los años 80, por lo que no necesariamente hay que depositar expectativas supremas en cada caso, y quizás eso se hizo un poco en Uruguay respecto a este”. Considera que el resultado “no debe hacer perder una visión más general”: “El fallo plantea que existió crimen y condena el crimen; eso es algo que también tendría que ser relevante. Es importante que a nivel internacional una vez más se demuestre que la Operación Condor existió, que hubo violaciones a los derechos humanos, y desaparecidos italianos. Se constata que desaparecieron; la discusión es más bien penal”.
Patiño cree que “el juicio fue muy importante como noticia, para difundir no sólo acá, sino en todo el mundo, la búsqueda de la verdad”, pero “seguimos sosteniendo que son crímenes que se cometieron acá, cometidos por uruguayos, y deberían ser juzgados acá”. Ponce de León dice que el fallo es “un golpe”, pero lo importante es que “no podemos ni debemos aceptar que ganen el silencio y el ocultamiento”. El gran problema que tiene Uruguay, dice, es que “a 30 años de recuperación de la democracia todavía no se sepa qué pasó con los compatriotas desaparecidos ni dónde están sus restos”, algo “humanamente inaceptable”. Hasta “la propia ley de impunidad establecía la obligación del Poder Ejecutivo de seguir investigando el tema de los desaparecidos”, remarca, por lo que “no hay nada que habilite a que este tema no sea un tema sobre el cual se siga trabajando y peleando” y “se cumpla con la obligación ética, elemental y humana de dar una explicación a las familias”.

Reacciones políticas

Hay un denominador común en el espectro político partidario uruguayo: el fallo judicial en Roma por el Plan Cóndor no va en línea con las expectativas que se habían generado en la previa. Tanto desde el Frente Amplio (FA) como desde la oposición se mostraron sorprendidos tras conocer la sentencia de la presidenta de la III Corte Penal de Roma, Evelina Canale. El secretario político del FA, Gonzalo Reboledo, expresó a la diaria que “es objetivo que hubo delitos; estas personas estaban directamente implicadas con muchas de las situaciones que se los acusa”. Sobre la apelación del fallo, Reboledo dijo tener “esperanza de que se revierta”. O en otras palabras, según publicó en su cuenta de Twitter el presidente del FA, Javier Miranda: “Ninguna sentencia puede negar el pasado. La lucha continúa. #NuncaMás”. En sintonía con Reboledo, el senador y líder del Partido Independiente (PI), Pablo Mieres, sostuvo a este medio que se conoce la “responsabilidad de las personas que fueron incriminadas”, al tiempo que consideró que este fallo es un “revés para el Estado uruguayo”, y que “pudo haber algún problema con el aporte de pruebas que se entregó”. El diputado de Unidad Popular (UP), Eduardo Rubio, expresó: “todavía no lo puedo creer”. Si bien aclaró a la diaria que no siguió muy de cerca el caso, afirmó que se trata de una “cuestión inexplicable” que le impactó “negativamente”. “La impunidad tiene demasiada fuerza; tenemos que voltear ese muro de impunidad. Pienso que hay que apelar, no deberíamos quedarnos con los brazos cruzados y aceptando el fallo”, señaló el legislador. En tanto, el diputado nacionalista José Andrés Arocena dijo que si bien entre los culpables había gente que no conocía, “los casos de terrorismo de Estado no merecen amnistía”. Por su parte, el diputado colorado Adrián Peña también se mostró “sorprendido” con el resultado del juicio. “Sin tener demasiada información ni seguir el juicio de cerca, daba por descontado que iba a haber una sanción, más tratándose de delitos calificados de lesa humanidad, y esa también era la expectativa del gobierno”.

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Viernes 13 • Enero • 2017

Cainfo: proyecto de ley de inteligencia puede ser un “retroceso” en los estándares de acceso a la información pública

Si bien el proyecto de ley que envió el gobierno al Parlamento sobre la creación del Sistema Nacional de Inteligencia establece “garantías” contra el uso indebido de la recolección de la información y su tratamiento, también cuenta con regulaciones que “pueden considerarse un retroceso en los estándares de protección al derecho de acceso a la información pública”, establecido en la Ley 18.381 y su decreto reglamentario 232/2010. Estas son algunas de las conclusiones de un informe preliminar sobre el proyecto, elaborado por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), una organización no gubernamental dedicada a la libertad de expresión, el derecho a la información y la participación ciudadana.
“Toda regulación de servicios del Estado que por su naturaleza pueda manejar o crear información secreta o reservada debe darse por ley y ser precisa en el alcance de sus definiciones. Es bueno entonces el propósito general del proyecto”, comienza sosteniendo el informe. Luego agrega que los “principios” que se señalan en el artículo 5º (“jerarquía”, “eficacia”, “especificidad” y “juridicidad”), sumados a las limitaciones que el proyecto establece para los organismos de inteligencia, también significan una “garantía” contra “el uso indebido de la recolección y tratamiento de la información”. El informe incluso destaca como positivas otras cláusulas de “control institucional”, como la “intervención preceptiva del Poder Judicial cuando pueda verse afectada la libertad y privacidad de los ciudadanos”, el “control interno del Sistema Nacional de Inteligencia” y también los establecidos por el Poder Legislativo, mediante una comisión especial bicameral de la Asamblea General.
Sin embargo, el documento de Cainfo observa que en algunos aspectos la norma puede ser considerada un “retroceso” en los estándares de protección al derecho de acceso a la información. Por ejemplo, se señala que el artículo 29 del proyecto permite reservar información “sin fundamentar razones de interés público ni ponderar la prueba de daño”, algo que no se permite en la ley actual de acceso a la Información Pública ni en su decreto reglamentario. “Más allá de que la reserva sea de corte legal y por tanto admisible para modificar las disposiciones de la Ley 18.381, es una disposición regresiva desde una perspectiva de derechos”, argumenta, ya que “establece una reserva genérica que puede permitir incluir en la misma información que estrictamente no provoque daño su divulgación y pueda ser de interés público”.
Una situación similar también se presenta con el artículo 32, que exime a los órganos de inteligencia de los controles de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), que es el organismo encargado de velar por el cumplimiento de este derecho. “Se deberían mantener en pleno las garantías establecidas por la Ley 18.381 contra la posibilidad de abuso, incluido el escrutinio oportuno, pleno, accesible y efectivo de la validez de las restricciones por una autoridad de supervisión como es la UAIP”, indica el informe. No obstante, también se destaca que el proyecto sí mantiene la posibilidad de una revisión judicial sobre acceso a la información pública en este organismo.
Limitación
El documento de Cainfo cuestiona que para los organismos que integran el Sistema Nacional de Inteligencia se extienda el plazo por el que una información puede ser clasificada como reservada, de 15 a 25 años. “El plazo establecido por la Ley 18.381 es de 15 años, tiempo que ya resulta excesivo en el Derecho Comparado. Esta disposición no está tampoco debidamente fundada y motivada ni se demuestra la existencia de elementos objetivos que permitan determinar una expectativa razonable de un daño al interés público protegido”, dice el informe de Cainfo, que sostiene que se trata de una “limitación que no puede ser admitida si no se justifica debidamente el interés público afectado”.
Violación
Por último, Cainfo sostiene que el proyecto de ley sería una “buena oportunidad” para introducir el concepto de “divulgación responsable de la información o la figura del Whistleblower”. Esto es algo que ha ocurrido en varios casos en Estados Unidos. La organización sostiene que, por un lado, el artículo 35 del proyecto establece que no se puede invocar el carácter reservado de la información cuando esta refiera a violaciones de los derechos humanos o sea relevante para prevenir o investigar violaciones a estos derechos. Esto, se argumenta en el informe, “estaría abriendo la puerta para que un funcionario pudiera denunciar acciones internas de Inteligencia que están yendo contra los derechos humanos”. Sin embargo, el artículo siguiente “abre la posibilidad de sancionar con falta gravísima y destitución al funcionario” en “casos de violación de las normas legales y reglamentarias referidas a la clasificación y a la revelación inapropiada de información”. Según Cainfo, varios países han introducido esta figura con el objetivo de “eximir de responsabilidad” a los funcionarios de una agencia gubernamental que “publican información sobre acciones ilegales” de esta. La organización sostiene que este instrumento contribuiría a “impulsar la transparencia ante abusos e ilegalidades”.
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