Noticias Uruguayas 18 mayo 2015
URUGUAY
El Círculo
Sandro Soba, que hoy tiene 47 años, tenía 8, su hermano Leonardo 6 y su hermana Tania 3, cuando en la tarde del 26 de setiembre de 1976 una banda de militares argentinos y uruguayos invadieron su vivienda en la localidad de Haedo, en la provincia de Buenos Aires…
Sandro Soba / Foto: Juanjo Castell
por Daniel Gatti
Editor de Mundo
Sandro Soba, que hoy tiene 47 años, tenía 8, su hermano Leonardo 6 y su hermana Tania 3, cuando en la tarde del 26 de setiembre de 1976 una banda de militares argentinos y uruguayos invadieron su vivienda en la localidad de Haedo, en la provincia de Buenos Aires. A los fondos de la casa funcionaba una imprenta, de lo poco que quedaba en pie del ya diezmado Pvp. Su padre Adalberto trabajaba en ella y en el local estaban ese día otros dos militantes de ese partido. Muchos años después, por algunas fotografías que le mostraron durante un juicio en Argentina, Sandro los reconocería como Juan Pablo Errandonea y Raúl Tejera. A Juan Pablo, que apenas llegaba a los 20, lo identificó por sus grandes lentes, que fue lo primero que le partieron los milicos cuando arrasaron con la casa; y a Tejera lo ubicó como “el compañero más grande que estaba allí. Le golpearon la cara contra el marco de la puerta y me acuerdo bien de cómo sangraba”, dice. Esa tarde de hace 39 años a los Soba les llevaron un regalo. Así se lo anunciaron los militares a la madre de Sandro, María Elena Laguna. “Venga a ver lo que le trajimos”, le dijeron, y la llevaron al fondo de la casa. Envuelto en una frazada, desnudo, ensangrentado y empapado, allí estaba Adalberto Soba. Sandro también lo vio porque corrió detrás de la madre. “Me acuerdo de la vieja gritando ‘miren lo que le hicieron’, y discutiendo con los milicos. Me acuerdo del viejo reventado, con signos de picana, totalmente torturado. Me acuerdo de mis hermanos llorando, de Leonardo pidiendo leche y llorando.” Se acuerda de que en determinado momento, para calmarlos, los milicos de la patota les dieron helados. Vieron pasar por la calle a un heladero y les compraron varios. Casi que los obligaron a tomarlos.
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Adalberto Soba, “Plomito”, había sido detenido en la calle pocas horas antes, en la mañana del 26 de setiembre, junto a Alberto “Pocho” Mechoso, dirigente del Pvp. Había nacido 32 años antes, era de La Teja, trabajador “friyero”, de los frigoríficos, y textil. Había pasado por las diversas estructuras “de masas” de la Federación Anarquista Uruguaya y por su brazo armado, la Opr 33. En 1973, como muchos otros militantes de esa organización “requeridos” por las Fuerzas Conjuntas, partió hacia Buenos Aires, acompañado por su familia. Dos años después participó en el congreso fundacional del Pvp. “Sólo él militaba. Mi madre no, mi viejo le había dicho que era mejor que no lo hiciera, por su seguridad y por la nuestra”, cuenta Sandro. Dice que del padre recuerda imágenes sueltas, “como fotografías”. Las últimas son las de aquella tarde en su casa de Haedo y de poco después, en Automotores Orletti, donde los llevó la patota comandada por José Nino Gavazzo y en la que también estaba, entre otros, Manuel Cordero. “Yo no me acuerdo de las caras de ellos, las bloqueé, supongo, pero mi vieja los reconoció por las fotos. Con Gavazzo se gritó muchas veces.”
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Al chupadero clandestino del barrio de Flores, pegado a las vías del ferrocarril, los llevaron de inmediato a Adalberto, a María Elena, a Sandro, a Leonardo, a Tania, a Juan Pablo Errandonea, a Raúl Tejera. A María Elena y a los tres niños los tiraron en un cuadrado de autos, en la planta baja del local. Se les juntaron luego los hermanos Anatole y Victoria Julien Grisonas, él de 3 años, ella de 1, cuyos padres, Roger y Victoria, habían sido secuestrados el mismo 26. “Los Julien estuvieron un solo día. Eran bastante más chicos, y lloraban mucho.” Sandro recuerda la cortina metálica del local, la escalera de madera, un tanque, recuerda el sonido del ferrocarril y sobre todo los gritos que venían del piso de arriba. “Un día –o una noche, no te dabas cuenta del tiempo allí– me escabullí hacia el primer piso, los milicos no me vieron y me tiré por la escalera. Había una puerta entreabierta y vi a cantidad de gente semidesnuda, todos sentados contra la pared. Después más nada, supongo que alguno de los milicos me habrá agarrado y me habrá bajado. No sé, pero de esa foto no me olvido, de los compañeros tirados contra la pared, del estado en que estaban.”
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Unos días después Gavazzo le comunica a María Elena que ella y sus hijos van a ser llevados a Montevideo. “La veo todavía a ella gritando y protestando, diciéndole que no nos íbamos nada si antes no veíamos a mi viejo. No sé cuánto tiempo habrá pasado así, discutiendo con ellos. Al final Gavazzo accedió y nos trajeron al viejo.” Sandro guarda esa última y terrorífica “fotografía” de él con Adalberto grabada en la retina. “Habremos estado unas dos horas juntos. El viejo casi no podía hablar, le salía pus de los ojos, tenía heridas en todo el cuerpo, pedía agua todo el tiempo.” Algunas cosas le pudo decir Adalberto a su hijo: que estudiara, que ayudara a su madre y a sus hermanitos, que él era el mayor. Sandro lo tomó como “un mandato”.
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Sandro llegó a Montevideo junto a sus hermanos y su madre. Los trajeron Gavazzo y Ricardo Arab, en un vuelo comercial de Pluna. De ese viaje recuerda la rampa del avión y poco más. Del aeropuerto de Carrasco los llevaron a la casona clandestina de Punta Gorda, por un par de días, quizá tres. Una noche a él y a Tania los dejaron en la casa de su bisabuela materna. “Hicieron sonar las palmas delante de la puerta, y cuando salió mi bisabuela los milicos se fueron.”
Su madre y su hermano llegaron a la casa un día después. “Leonardo no podía despegarse de la vieja. Se pasaba llorando”, dice Sandro, y piensa que tal vez fue eso, los llantos de su hermano, los que salvaron a María Elena. Y que si a ellos mismos no los mataron, sobre todo en Buenos Aires, fue por su edad. “Éramos demasiado chicos para que nos hicieran algo”, cree.
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En el mismo avión que trajo de vuelta a los Soba iban también Alberto Mechoso, hijo de “Pocho”, de 6 años, su hermana Beatriz, apenas mayor, y la madre de ambos, Beatriz Castellonese. Gavazzo y Arab se hicieron pasar por maridos de las dos mujeres. Alberto ha testimoniado varias veces que Gavazzo lo amenazó allí mismo con matarlo si “contaba algo”. “Decía que confiaba en que mi madre no hablara nunca, pero que no tenía confianza en nosotros, en los niños. Decía que yo era igual que mi viejo.” Alberto se despidió de su padre en otra casa de militantes del Pvp copada por la banda de secuestradores a la que él, Beatriz y su madre fueron llevados por los militares. Tirado en una cama, torturado y sin fuerzas, Pocho le dijo a su hijo sustancialmente lo mismo que Adalberto a Sandro: que cuidara de su hermana y de su madre, que estudiara y trabajara, que fuera buen tipo.
El cuerpo de Alberto Mechoso Méndez apareció fondeado en un tonel con cemento en Buenos Aires, junto al de Marcelo Gelman, hijo del poeta Juan Gelman. Fue identificado en 2012 y simbólicamente enterrado en el Cerro.
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—¿Quedaron en banda cuando los dejaron en lo de tu bisabuela?
—Prácticamente sí. No teníamos un mango, mi vieja tuvo que salir a laburar prácticamente enseguida. Pero lo peor no fue eso.
Acaso lo peor fue el silencio que rodeó a los Soba durante años. El que imponía “la situación” –la dictadura– y el que se autoimponían la madre y la bisabuela.
O acaso también, dice Sandro, el miedo a olvidar las imágenes que le quedaban de su padre. Sandro debió repetir cuarto de escuela, el año que cursó tras su llegada a Uruguay, porque se quedaba dormido en clase después del recreo. No podía seguir a la maestra, se perdía, porque de noche no pegaba un ojo: “Pensaba que si me dormía se me iban a ir las imágenes que guardaba del viejo”, esas últimas de la casa y de Orletti y también las otras, “las lindas”.
Cada hermano reaccionó de manera distinta. “Leonardo dice que no se acuerda de nada, pero en aquellos primeros tiempos cada vez que escuchaba una sirena, fuera de un patrullero o una ambulancia, salía corriendo y se encerraba. Estaba todo el tiempo aterrado. Mi hermana Tania vivió intentando olvidar. Nunca pudo creer en nadie, desconfiaba de todo y de todos.” Madre de cuatro hijos, Tania murió en 2006, a los 33 años, de un cáncer. Con diferencia de un par de días moría también Quica Salvia, la madre de Juan Pablo Errandonea, a los 80 y pico de años, una de las primeras “madres”. Quica no había encontrado a su hijo, como Tania no había encontrado a su padre. En otra entrevista, preguntado sobre esa coincidencia acaso banal, Sandro evocaba un círculo.
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Periódicamente, “los milicos le recordaban a mi vieja su presencia. Caían por casa en patrulleros o en autos particulares, la amenazaban, a veces la llevaban a Jefatura. Le metían miedo”. En ese tiempo ni María Elena ni su abuela les hablaban a los niños de lo que le pudo haber ocurrido a Adalberto. “Cuando preguntábamos nos decían que probablemente estuviera preso.” Con esa idea fue creciendo Sandro, y también Tania y Leonardo: que algún día, tal vez, cuando los presos fueran liberados, podrían reencontrarse con su padre. Nunca habló “del tema” con nadie, ni con sus amigos, ni en la escuela, ni en el liceo, ni en la Utu, ni con sus compañeros de trabajo.
El 14 de marzo de 1985 Sandro fue a apostarse a Luis Batlle Berres, a tres cuadras de su casa. Por la mañana comenzaban a liberar por tandas a los últimos presos políticos, y por esa calle pasaban los vehículos que los trasladaban y se apiñaba la gente para verlos pasar y saludarlos. Estuvo todo el día, y su padre no apareció. “Obviamente no estaba preso. Le preguntamos a mi vieja y nos dijo que tal vez hubiera quedado detenido en Buenos Aires. Yo allí empecé a dudar.” No era que su madre les mintiera, dice Sandro. No sabía. Lo empezó a saber cuando, ya en democracia, “escuchó testimonios, se conectó con compañeros, preguntó”.
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Se enteró, por ejemplo, de lo que en la jerga de los secuestradores significaba “traslado”. Y recordó que allá en Orletti un guardia le había comentado a otro sobre Adalberto: “Éste va para traslado”. “La vieja lo había tomado literalmente, pensaba que se lo habían llevado a otro lugar.”
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Una vez, en Argentina, Adalberto y María Elena discutieron sobre la posibilidad de exiliarse. Ya había caído el grueso de la dirección del Pvp, el clima era literalmente de terror y María Elena tenía un pariente que había logrado refugiarse en la embajada sueca. Adalberto lo descartó de plano, cuenta Sandro que le contó su madre. “Decía que no se iría mientras hubiera compañeros en manos de los milicos, y en todo caso que no se iría por la libre.”
No recuerda Sandro si fue por esos días o antes que cierta vez María Elena le descubrió a Adalberto la pastilla de cianuro que muchos militantes llevaban consigo. “El viejo le dijo que era de rigor, que había una consigna de evitarse sufrimientos en la tortura y no cantar a los compañeros, pero que él no la tomaría porque significaba dejarnos solos a nosotros. Y porque siempre estaba la posibilidad de la fuga.” Después de todo, el propio Plomito se había escabullido en las narices mismas de tiras y policías en 1970, en Montevideo, “haciéndose chiquito” en un ascensor de la Jefatura, filtrándose y escapando hacia la calle.1
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A pesar de no saber, de no tener conciencia todavía de que su padre era, él también, un desaparecido, Sandro participó desde muy chico, 10 u 11 años, en las caminatas que alrededor de la plaza Libertad hacían todos los viernes por la tarde, casi que en total soledad, las “viejas” de la asociación de Familiares. Se quedaba a un costado, junto a alguna conocida, y miraba.
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Sandro nunca pudo sostener el cartel con la foto de su padre en las marchas de los 20 de mayo. “Me pesa mucho tenerla en las manos. No porque sea pesada, claro.” La foto la llevó su madre. Y ahora, si no la lleva su hermano, deja que lo haga otro. Él marcha adelante.
Por un tiempo integró la agrupación Hijos. Era uno de los mayores, y fue allí que por primera vez planteó, entre “pares”, “lo que sentía, lo que me pasaba por la cabeza”. “Nunca fui a un psicólogo”, dice sonriendo y poniendo cara de “qué boludo”. Con sus hijos (tiene dos, hoy de 14 y 23 años) tampoco habla “directamente del tema. Ellos se fueron enterando por los diarios. Cuando me preguntan les contesto. Son cosas que te quedan ahí, no sabés si esas cosas dramáticas las podés contar. Yo no fui ni soy de sentarme y contarles. Preferí ayudarlos a que estudien, decirles que ayuden a su madre”, dice, casi que repitiendo las palabras de su propio padre.
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Ellos, sus hijos, piensa Sandro, “se tienen que preguntar por qué luchaban los que fueron desaparecidos. No se los puedo resolver yo, pero en esta sociedad, donde los políticos no han ayudado a construir esa memoria, se hace bravo. Hay una responsabilidad de todos los gobiernos en que no se haya sabido la verdad ni haya habido justicia. Hubo pequeños avances con los gobiernos del Frente Amplio, pero los mayores logros en este tema vinieron de los familiares o de las organizaciones sociales. O de sentencias internacionales”. Algunos “políticos”, recuerda, de este como de otros gobiernos, han incluso bloqueado las investigaciones, negándose a facilitar el acceso a los archivos, a los cuarteles para excavar. “No se ha logrado romper con esa impunidad. Apenas hay un puñado de militares en la cárcel y el resto allí está, por las calles. Cuando se habla de que el tema se resolverá cuando ‘los actores’ se mueran tampoco se ayuda en nada. Al contrario.”
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Sandro Soba trabaja actualmente en la secretaría de Deportes de la Intendencia de Montevideo. Se considera un militante social y desde hace unos años también un militante político, en el Pvp. “Un día hice el clic que me llevó de lo uno a lo otro”, cuenta. Cree que las marchas del 20 de mayo son la manifestación social y política más importante de este país, “constante, insistente”, pero le parece que con el tiempo debería ir cambiando de carácter. No tanto hacerse “ruidosa” (“el silencio es una de sus características y para modificar eso habría que convencer a mucha gente”), sino “abarcar otros temas, abarcar los derechos humanos de hoy: la vivienda, la tierra, la alimentación, un salario digno. Para mí sería como cerrar el círculo”.
Obviamente
Como todo el mundo, Sandro Soba tiene muletillas al hablar. Las suyas son los “mente”: totalmente, obligadamente. Y sobre todo obviamente. A lo largo de la charla la repitió infinidad de veces, tantas que llamó la atención. Porque si algo obvio hay en este tema es la ausencia absoluta de obviedad. La propia situación de entrevistador-entrevistado, en este caso, podría haber sido una antiobviedad. Podría haberse dado la inversa, que el uno fuera el otro y viceversa. Acaso en esa misma colchoneta infecta de Orletti en que a Sandro y a sus hermanos y a su madre les trajeron a Adalberto podría haber estado tirado, un mes antes, o dos, o algunas semanas, Gerardo Gatti. Con el mismo destino de traslado.
- Fugas, de Samuel Blixen, Montevideo, Trilce, 2004.
Nulas y sin ningún valor para siempre
viernes, 17 de abril de 2015
La aprobación de la Declaración del Estado de Guerra Interno el 15 de abril de 1972 por parte del Parlamento marcó el comienzo de una
nueva fase de la escalada represiva en Uruguay. El asalto a la Seccional 20 del Partido Comunista en la noche del domingo 16 fue una señal premonitoria de los tiempos oscuros que se avecinaban en el país.
Mediante la creación de un mecanismo no previsto en Constitución vigente, a instancias del Poder Ejecutivo presidido por Juan María Bordaberry, se suspendieron las garantías individuales y se consagró la intervención de la Justicia Militar desplazando al Poder Judicial de sus cometidos. Inicialmente lo fue para el juzgamiento de las personas que fueran detenidas por las Fuerzas Conjuntas en su plan de aniquilamiento y destrucción de los grupos armados aunque posteriormente se extendería a toda la oposición.
Las fuerzas armadas y la policía política, supeditada operativamente a ellas, obtuvieron una autorización tácita para institucionalizar y potenciar al máximo nivel las torturas a los detenidos que ya se practicaban en forma habitual.
El desplazamiento del Poder Judicial para juzgar a los detenidos supuso una gravísima alteración del orden institucional y del estado de Derecho. La justicia militar, una instancia prevista para juzgar exclusivamente a los miembros de las fuerzas armadas, no era un órgano autónomo e independiente. Era una instancia administrativa supeditada jerárquicamente a los mandos militares que ya planificaban el golpe de Estado desde mucho tiempo atrás, como ha quedado documentado.
La intervención de la Justicia Militar supuso la eliminación de las disposiciones constitucionales para detener a las personas: semiplena prueba, in fragranti delito o por orden escrita del juez competente. Además eliminó los plazos legales para la comparecencia ante un juez de los detenidos.
El empleo de la Justicia Militar fue un atropello a la institucionalidad democrática, al Estado de derecho, al sistema republicano de gobierno. Pretendió darle un manto de legalidad al plan represivo de quienes se apropiarían del Estado y lo gobernarían hasta el 1º de marzo de 1985.
La detención masiva de ciudadanos, incluyendo menores y adolescentes, la aplicación de torturas en forma sistemática y metódica, la prisión prolongada en terribles condiciones de reclusión, fue la metodología deliberadamente seleccionada en Uruguay para destruir a las organizaciones políticas, sindicales, gremiales, culturales o individualmente, que se oponían al proyecto de país que se implementó en el marco de una estrategia continental de dominación diseñada en EEUU.
Con escasas excepciones, los más de 6.000 ciudadanos puestos a disposición de los tribunales militares desde el 15 de abril de 1972, fueron torturados brutalmente: plantones durante días, semanas y meses, encapuchados y atados, privados del sueño, de alimentación y atención médica, sin contacto con sus familiares o el mundo exterior, desaparecidos, sometidos a palizas y golpizas constantes y permanentes, a sesiones de submarino, de tacho, choques eléctricos, colgadas y cuanta bestialidad se les ocurriera a los ejecutores de tales interrogatorios, incluyendo los abusos sexuales y las violaciones.
Los jueces sumariantes de la Justicia Militar integraban los equipos de interrogatorios. En promedio, los detenidos en Uruguay, durante el terrorismo de Estado, permanecieron incomunicados 100 días antes de ser sometidos ante un juez formal, sin asistencia legal de ningún tipo. Todas las declaraciones de los sometidos a la Justicia Militar fueron realizadas en las salas de tortura que funcionaban en todos los cuarteles y centros represivos de la policía en todo el país.
Todos los procesados por la justicia militar, incluidos menores de edad, lo fueron en base a testimonios propios o de terceros obtenidos en sesiones de tortura. En una sociedad democrática, libre de los valores y de la cultura propia de la impunidad, dichas declaraciones son nulas y sin ningún valor para siempre. Son testimonios documentales del horror que padecieron miles de compatriotas. Todas las personas que comparecieron ante tribunales militares sufrieron gravísimas violaciones a sus derechos humanos y son víctimas directas del terrorismo de Estado.
Sólo mentes enfermas de terrorismo estatal pueden invocar dichas actas y confesiones para intentar desacreditar públicamente a un ciudadano. O ciudadana.
Opinando Nº 4 – Año 4 – Viernes 17 de abril de 2015
Propuesta del Pit Cnt sobre DDHH
EN RESPUESTA A LA SOLICITUD DEL PRESIDENTE VÁZQUEZ
Portal Caras y Caretas – miércoles, 18 de marzo de 2015
El Secretariado Ejecutivo del PIT CNT envió una carta al presidente Tabaré Vázquez acercándole una serie de propuestas para el trabajo del gobierno en relación al tema de los Derechos Humanos. La central reconoce los avances en la materia de los gobiernos frenteamplistas al tiempo que reclama el cumplimiento de las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La misiva de la central obrera señala responde a la solicitud que el presidente Vázquez hizo en su discurso por cadena nacional el pasado 1º de marzo, horas después de haber asumido la primera magistratura.
Según explican los trabajadores, en este documento, sintetizan en esta propuesta la “larga experiencia reclamando en los últimos treinta y cinco años justicia ante los tribunales nacionales y extranjeros”. Y argumentan que ello les ha permitido detectar “los graves problemas que afectaron y aún afectan” a la Justicia.
Al reconocer los avances de los gobiernos del Frente Amplio, el PIT CNT cuestionó la organización que se dio el Estado “para responsabilizar penalmente a los terroristas” que actuaron en su nombre. Reclamando que “una política que desestructurara la impunidad, no debe ubicarse sus causas solamente en los aspectos jurídicos. También tiene que ver con aspectos de orden estructural e institucional”.
Por esto se señala que estos aspectos “no deben continuar recayendo en las espaldas de la sociedad civil y de las víctimas, sino que deben ser encaradas y resueltas por el Estado”, por estar dentro de sus deberes.
“No es una tarea que deba descansar sobre una suerte de Comisión Ad-oc integrada por la sociedad civil”, enfatiza el documento.
Dentro de la solicitud del movimiento sindical se enumera una serie de ítems que integrarían un plan de derechos humanos vinculado a los hechos del pasado reciente que cumpla con las obligaciones que estableció la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el Estado uruguayo y que fuera recogido en el informe de Pablo de Greiffl el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las garantías de no repetición.
Entre las medidas administrativas reclamadas están: “Designar en los Ministerio de Defensa Nacional, Interior y Relaciones Exteriores (y en todos aquellos que se considere necesario) un funcionario responsable al que se dotara de las facultades y los medios necesarios (materiales y humanos) para recabar toda la documentación de interés en esta materia, El mismo será responsable de responder en tiempo y forma todos los pedidos de información, documentación y colaboración que le sea solicitada ya sea de otros poderes del Estado y otros organismos con responsabilidad en el tratamiento de estos temas. (En especial del Sistema Judicial y el Equipo Especial Auxiliar de la Justicia en Crímenes de Terrorismo de Estado del Ministerio del Interior, cuando corresponda). Dicho funcionario podrá así mismo solicitar información, documentación y colaboración a los distintos Ministerios si fuera necesario a los efectos de complementar su trabajo.
El no cumplimiento de estas obligaciones, la negligencia y la obstrucción serán consideradas faltas graves administrativas y en su caso de corresponder serán pasibles de ser denunciadas penalmente”.
En el segundo punto se señala que “se debe facultar a que los distintos ministerios y organismos públicos remitan al Equipo Especial Auxiliar de la Justicia en Crímenes de Terrorismo de Estado del Ministerio del Interior toda información recabada a los efectos del cumplimiento de sus cometidos. Y en caso de corresponder a la Unidad Especializada en Crímenes de Terrorismo de Estado de la fiscalía (que debe crearse)”.
En cuanto a los recursos para el cumplimiento de la ley: “Dotar al Equipo Especial Auxiliar de la Justicia en Crímenes de Terrorismo de Estado del Ministerio del Interior y a la Unidad Especializadas en Crímenes de terrorismo de Estado de las Fiscalías, de expertos en investigación criminalística y todas aquellas especialidades que fueran necesarias para el adecuado cumplimiento de sus funciones”.
Y gestionar ante el Poder Judicial el “descongestionamiento de aquellas sedes penales que tengan una cantidad de causas que por su número o complejidad sea necesario a los efectos de avanzar en la investigación y eventual establecimiento de responsabilidades”.
A nivel de las fiscalías penales “tomar las medidas administrativas que correspondan a los efectos de descongestionar aquellos turnos que tengan un número de causas o que por la complejidad de las mismas, sea necesario a los efectos de avanzar en la investigación y eventual establecimiento de responsabilidades”.
Además reclaman la atención a las víctimas mediante servicio de acompañamiento establecido por convenio con la Universidad de la República.
El PIT CNT reclama que el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia evalué “el eficaz cumplimiento de las medidas dispuestas e informará al Poder Ejecutivo”.
Se pide que el Ministerio de Educación y Cultura realice un relevamiento de los exhortos tramitados al extranjero relativo a estos temas, de manera tal que todas las sedes penales puedan disponer de ellos en caso de ser necesarios y ya se encuentren en nuestro país.
Ya que según argumentan en algunas causas de violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco del terrorismo de Estado y de la coordinación represiva del Plan Cóndor, como parte de las investigaciones y las pruebas, se hace necesario contar con expedientes e información que se han sustanciado en la justicia de la región.
Por lo expuesto los trabajadores piden “rever aquellas disposiciones que constituyen trabas y demoras en el proceso de justicia y contar con lo solicitado precedentemente”.
Luego se establece un grupo de medidas legislativas se solicita:
“Dar trámite urgente al desglose del Proyecto de reforma de la Fiscalía Nacional del artículo que faculta al Fiscal de Corte la creación de Unidades Especializadas, mediante un agregado al artículo 7 del Decreto ley 15.365 que faculte crear, modificar y/o suprimir unidades especializadas centralizadas en las materias que entienda pertinente, que desempeñan funciones en las áreas de asesoramiento, análisis, coordinación, capacitación, elaboración y difusión de las mismas”.
“Establecer por ley la Unidad Especial del Ministerio del Interior. Modificación de las leyes preparatorias de acuerdo a las recomendaciones de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo”.
Además los trabajadores piden “tomar el ejemplo de la Argentina sobre los diversos programas vinculados con la asistencia y acompañamiento de los testigos y/o presuntas víctimas que deban prestar declaración testimonial en el marco de causas vinculadas con delitos de lesa humanidad”.
Entre las medidas presupuestales se reclaman además:
“Dotar de recursos presupuestales a la Unidad Especial del Ministerio del Interior”.
Además “dotar de recursos presupuestales a la Unidad especializada en crímenes de terrorismo de Estado de la Fiscalía”.
Reclama además “recursos necesarios para atender el Servicio de acompañamiento a las víctimas de Terrorismo de Estado”.
Finalmente la comunicación establece que no se ignora la importancia del mensaje institucional dado por el Poder Ejecutivo que “constituye un compromiso que asume el actual gobierno en un tema que no se ha resuelto”.
Y remarca que estas propuestas “no se contraponen” a la instalación del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia anunciado el pasado 13 de febrero y que “tampoco constituyen directa o indirectamente un cuestionamiento” a su integración.
A CONTINUACIÓN LA TRANSCRIPCIÓN DEL TEXTO PRESENTADO POR EL PIT CNT AL PRESIDENTE VÀZQUEZ:
Sr PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
Dr. Tabaré VAZQUEZ
PRESENTE:
De nuestra mayor consideración.
El 1º de marzo al dirigirse por cadena de radio y televisión a la ciudadanía, Ud. expresó que impulsaría un Grupo de Trabajo integrado por diversas personas de la sociedad civil para encarar un proceso de Verdad y Justicia sobre nuestro pasado reciente. Y exhorto a que: “Aquellas personas u organizaciones que crean tener una propuesta mejor que la que hemos anunciado, por favor, que la presenten formalmente a Presidencia de la República para su debida consideración”.
Atento a ello y al compromiso que hemos mantenido a lo largo de nuestra historia para resolver adecuadamente las secuelas del accionar ilegal del Estado en el pasado reciente, el movimiento sindical le traslada a Usted, algunas propuestas atendiendo a lo solicitado en la oportunidad antes mencionada.
Las mismas recogen y sintetizan nuestra larga experiencia reclamando en los últimos treinta y cinco años justicia ante los tribunales nacionales y extranjeros. En diversas oportunidades comparecimos ante los Tribunales de la República Argentina, de España y de Italia, además de comparecer ante diversos organismos internacionales. En el escenario de nuestro sistema judicial, desde el Observatorio Luz Ibarburu venimos realizando, conjuntamente con otras organizaciones de la sociedad civil, el seguimiento de más de dos centenares de causas radicadas a lo largo y ancho del país y el patrocinio directo en más de tres decenas de ellas. Ello nos a permitido, detectar los graves problemas que afectaron y aún afectan al proceso de justicia en nuestro país, y sobre esas dificultades hemos trabajado desde hace mucho tiempo para superarlas, ya sea reclamando y/o proponiendo medidas concretas.
Es desde esa experiencia que nos consideramos con la autoridad indiscutible para afirmar, que el Estado uruguayo a los efectos de dar cumplimiento a sus obligaciones emergentes del derecho internacional de los derechos humanos, deberá necesariamente tomar urgentemente un conjunto de medidas administrativas, legislativas y presupuestales de acuerdo a los estándares internacionales establecidos por los organismos de supervisión. Y que esas obligaciones no deben ni pueden seguir siendo sostenidas desde la sociedad civil.
Esas medidas, que reiteramos deben tomar el Estado en forma urgente, tienen que estar en consonancia con el cumplimiento en tiempo y forma de la sentencia de la Corte IDH y referirse a todos los delitos cometidos en el marco del Terrorismo de Estado.
En el pasado dictatorial y en el periodo de autoritarismo estatal que lo precedió, el Estado uruguayo supo organizarse para aplicar sus políticas terroristas. Posteriormente en los primeros gobiernos democráticos, el Estado supo organizarse para aplicar y sostener políticas de impunidad. Los dos gobiernos que precedieron al que Ud. hoy preside, aunque tuvo notoriamente políticas que se diferenciaron a los anteriores, el Estado no se organizó adecuada y coherentemente para responsabilizar penalmente a los terroristas de Estado.
El hecho de no haber tenido el Estado uruguayo una política que desestructurara la impunidad, no debe ubicarse sus causas solamente en los aspectos jurídicos. También tiene que ver con aspectos de orden estructural e institucional. Aspectos estos que no deben continuar recayendo en las espaldas de la sociedad civil y de las víctimas, sino que deben ser encaradas y resueltas por el Estado, ya que. la tarea de investigar sigue siendo parte de los deberes del Estado. No es una tarea que deba descansar sobre una suerte de Comisión Ad-hoc integrada por la sociedad civil.
El movimiento sindical, las organizaciones de la sociedad civil y las víctimas, vamos a seguir reclamando a su gobierno lo que le hemos reclamado a todos los gobiernos anteriores: Un plan de derechos humanos vinculado a los hechos del pasado reciente que cumpla con las obligaciones que le estableció al Estado uruguayo la sentencia de la Corte IDH y que fuera recogido en el informe de Pablo de Greiffl el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las garantías de no repetición.
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS.
1.- Designar en los Ministerio de Defensa Nacional, Interior y Relaciones Exteriores (y en todos aquellos que se considere necesario) un funcionario responsable al que se dotara de las facultades y los medios necesarios (materiales y humanos) para recabar toda la documentación de interés en esta materia, El mismo será responsable de responder en tiempo y forma todos los pedidos de información, documentación y colaboración que le sea solicitada ya sea de otros poderes del Estado y otros organismos con responsabilidad en el tratamiento de estos temas. (En especial del Sistema Judicial y el Equipo Especial Auxiliar de la Justicia en Crímenes de Terrorismo de Estado del Ministerio del Interior, cuando corresponda). Dicho funcionario podrá así mismo solicitar información, documentación y colaboración a los distintos Ministerios si fuera necesario a los efectos de complementar su trabajo. El no cumplimiento de estas obligaciones, la negligencia y la obstrucción serán consideradas faltas graves administrativas y en su caso de corresponder serán pasibles de ser denunciadas penalmente.
2.-Facultar a que los distintos ministerios y/o organismos públicos remitan al Equipo Especial Auxiliar de la Justicia en Crímenes de Terrorismo de Estado del Ministerio del Interior toda información recabada a los efectos del cumplimiento de sus cometidos. Y en caso de corresponder a la Unidad Especializada en Crímenes de Terrorismo de Estado de la fiscalía ( a crearse).
3.- Dotar al Equipo Especial Auxiliar de la Justicia en Crímenes de Terrorismo de Estado del Ministerio del Interior y a la Unidad Especializadas en Crímenes de terrorismo de Estado de las Fiscalías, de expertos en investigación criminalística y todas aquellas especialidades que fueran necesarias para el adecuado cumplimiento de sus funciones.
4.- Gestionar ante el Poder Judicial el descongestionamiento de aquellas sedes penales que tengan una cantidad de causas que por su número o complejidad sea necesario a los efectos de avanzar en la investigación y eventual establecimiento de responsabilidades.
5.- A nivel de las fiscalías penales tomar las medidas administrativas que correspondan a los efectos de descongestionar aquellos turnos que tengan un número de causas o que por la complejidad de las mismas, sea necesario a los efectos de avanzar en la investigación y eventual establecimiento de responsabilidades.
5.-Establecer mediante convenio con la UDELAR un Servicios de Acompañamiento a las Victimas.
6.- El Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia evaluará el eficaz cumplimiento de las medidas dispuestas e informará al Poder Ejecutivo.
7.- El Ministerio de Educación y Cultura realizara un relevamiento de los exhortos tramitados al extranjero relativo a estos temas, de manera tal que todas las sedes penales puedan disponer de ellos en caso de ser necesarios y ya se encuentren en nuestro país.
En algunas causas de violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco del terrorismo de Estado y de la coordinación represiva del Plan Cóndor, como parte de las investigaciones y las pruebas, se hace necesario contar con expedientes e información que se han sustanciado en la justicia de la región. En algunos casos, dado que no se han creado las unidades especiales a nivel de la fiscalía a que hacemos mención en otro punto de esta nota, se repiten las mismas solicitudes, y cuando no es así, se producen excesivas demoras que ponen en entredicho supuestos acuerdos de cooperación entre Uruguay y la Argentina. Cuando desde el Observatorio se ha buscado prestar colaboración ya sea para saber si lo que se solicita ya fue anteriormente enviado al país, o para agilitar su trámite, la repartición de este Ministerio encargada de dichos tramites manifiesta que no se puede brindarnos ninguna información.
Por lo expuesto se deberá rever aquellas disposiciones que constituyen trabas y demoras en el proceso de justicia y contar con lo solicitado precedentemente.
8.- Reglamentar la Ley 18.435 promulgada el 12/12/2008 que crea el Archivo Nacional de la Memoria y se proceda a integrar su Consejo Directivo de acuerdo a su artículo 5 literal c designando en él a un representante de una organización defensora de los derechos humanos.
MEDIDAS LEGISLATIVAS.
1.-Dar trámite urgente al desglose del Proyecto de reforma de la Fiscalía Nacional del artículo que faculta al Fiscal de Corte la creación de Unidades Especializadas, mediante un agregado al artículo 7 del Decreto ley 15.365 que faculte crear, modificar y/o suprimir unidades especializadas centralizadas en las materias que entienda pertinente, que desempeñan funciones en las áreas de asesoramiento, análisis, coordinación, capacitación, elaboración y difusión de las mismas.
En el apartado Nº 273 de le sentencia de la Corte IDH se establece que:. El Estado informó que se “ha elaborado un proyecto de ley por el cual se crean unidades especializadas en el Ministerio Público [y] en el Poder Judicial con jurisdicción para [participar] en „la investigación de denuncias de graves violaciones de derechos humanos‟”.
En reiteradas oportunidades a través del Observatorio Luz Ibarburu se requirió de la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación que se diera cumplimiento a dicha creación, ya que la misma constituiría una herramienta que ayudaría a que el proceso de justicia se cumpliera en forma eficaz y en plazos razonable,
2.-Establecer por ley la Unidad Especial del Ministerio del Interior.
3.-Modificacion de las leyes preparatorias de acuerdo a las recomendaciones de la INDHYDP.
4.- Tomar el ejemplo de la Argentina sobre los diversos programas vinculados con la asistencia y acompañamiento de los testigos y/o presuntas víctimas que deban prestar declaración testimonial en el marco de causas vinculadas con delitos de lesa humanidad.
MEDIDAS PRESUPUESTALES.
1.-Dotar de recursos presupuestales a la Unidad Especial del Ministerio del Interior.
2.- Dotar de recursos presupuestales a la Unidad especializada en crímenes de terrorismo de Estado de la Fiscalía.
3.- Dotar de los recursos necesarios para atender el Servicio de acompañamiento a las víctimas de Terrorismo de Estado.
Estas propuestas no se contraponen a la instalación del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia anunciado el pasado 13 de febrero,
Tampoco constituyen directa o indirectamente un cuestionamiento a su integración.
Tampoco ignoramos la importancia del mensaje institucional en tanto constituye un compromiso que asume el actual gobierno en un tema que no se ha resuelto.
Estas propuestas creemos que son funcionales al compromiso asumido el 1º de marzo y estamos convencidos que de ser tenidas en cuenta a la hora de establecer los mecanismos y responsabilidades correspondientes para el cumplimiento de los objetivos planteados, constituirán un importante avance. Y reiteramos no se trata de un cuestionamiento al profundo sentido simbólico que encarnan los nombres de las personas designadas.
Sin otro particular lo saludan.
Secretariado Ejecutivo del PIT/CNT
Los dirigentes del Partido Comunista ven con «buenos ojos» que Mujica sea el Presidente del Frente Amplio, o sea, que el partidario CONCRETO de la impunidad a los criminales de lesa humanidad y de liberar a los que él denomino «viejitos» que están presos, es decir los archicriminales probadamente responsables de los peores crímenes queden en libertad, sería el «líder» de la coalición. «Ven con buenos ojos» a quién llevó adelante como Presidente las negociaciones SECRETAS por el TISA que nos va a terminar de hundir y entregar lo que falta a las multinacionales y al imperio. «Ven con buenos ojos» que como Presidente del FA vaya a estar quién desde el gobierno fué un permanente acosador del movimiento sindical. No parecen ser muy buenos los ojos de los dirigentes del PC.
Pepe coloquios
Dirigentes comunistas ven con buenos ojos una candidatura de Mujica a la presidencia del FA.
En varias conversaciones que mantuvo tanto en su chacra de Rincón del Cerro como en el Senado, el ex presidente José Mujica hizo saber a algunos de sus allegados que está para “dar una mano” en el Frente Amplio (FA). Inicialmente, sus dichos fueron interpretados como una expresión de deseo de colaborar con la actual conducción encabezada por la socialista Mónica Xavier. Pero, con el tiempo, sus interlocutores descifraron el enigma: el ex presidente está dispuesto a que su nombre sea considerado por la estructura militante de la coalición de izquierda una vez que se abra el debate pendiente en la coalición sobre la continuidad de Xavier.
Si bien Mujica partió ayer a Europa, antes de la presentación en sociedad del libro Una oveja negra al poder, de los periodistas Andrés Danza y Ernesto Tulbovitz, él mismo transmitió a colaboradores y allegados que una vez de regreso a Uruguay volverá a analizar el tema, explicaron fuentes políticas consultadas por la diaria. Varios dirigentes del Partido Comunista del Uruguay (PCU) dijeron incluso a la diaria que ven con buenos ojos la posibilidad de que el ex presidente sea candidato a la presidencia del FA, un lugar desde el que la coalición podría “sacar provecho” de su proyección internacional y sus contactos con fuerzas de izquierda a lo largo y ancho del globo, su “sentido crítico y aportes para la generación de pensamiento y reflexión en la izquierda” y para “contrabalancear” la hegemonía socialista en altos cargos de gobierno.
Hasta ahora, la eventualidad de una postulación de Mujica a la presidencia del FA no ha sido manejada en la orgánica del Movimiento de Participación Popular (MPP), donde, sin embargo, varios dirigentes reconocen que la posible candidatura del ex presidente Mujica sí se ha tratado en “conversaciones informales” en el PCU.
“El tema ha estado circulando”, reconoció a la diaria uno de los vicepresidentes del FA, Juan Castillo. El dirigente de la Vertiente Artiguista (VA) Enrique Rubio dijo a la diaria que si bien sabe que “se especula con la idea de postular a Mujica a la presidencia del FA”, aún “no se vio ninguna señal firme”. “El tema está en la vuelta, en una vuelta muy corta. He visto que se especula con esa idea”, insistió.
El resultado de las elecciones del domingo, que terminó de consolidar un escenario en el que las principales figuras (Tabaré Vázquez como presidente de la República, Xavier al frente del FA y Daniel Martínez como intendente electo de Montevideo) pertenecen o estuvieron estrechamente vinculadas al Partido Socialista (PS), llevó a que en varios sectores de la coalición volviera a plantearse la necesidad de una rotación de elencos en la presidencia de la fuerza política.
Esa pulsión se encuentra presente por lo menos en el MPP, el PCU y la lista 711 encabezada por Raúl Sendic (Compromiso Frenteamplista). En principio, el Frente Liber Seregni, la Liga Federal y los socialistas son proclives a que Xavier continúe en su cargo por un nuevo período. Algunos sectores, como Casa Grande, aún mantienen las naipes boca abajo, aunque su principal referente, la senadora Constanza Moreira, se mostró partidaria de que la próxima dirección “asegure algo de renovación generacional”.
Si bien el 7 de febrero un plenario nacional habilitó a la presidenta del FA a asumir su banca en el Senado, ese mismo organismo resolvió que, una vez pasadas las elecciones departamentales y municipales, se defina si se da carta blanca a Xavier para continuar ejerciendo ambos cargos a la vez.
Para ello, el plenario creó una comisión -con integración similar a la de la mesa política- que proponga la forma y la fecha de la elección de las nuevas autoridades partidarias, así como la conducción política del FA hasta tanto no asuma la nueva dirección, dado que el mandato de Xavier venció en enero: disposiciones internas establecieron que su presidencia se extendiera sólo durante 30 meses.
La comisión se reunió por primera vez ayer en la sede de la calle Colonia, pero debido a la ausencia de varios sectores y representantes de las bases se convocó a un nuevo encuentro para el martes. Sin embargo, varios delegados ante la comisión ya mostraron algunas cartas en “un primer peloteo”.
El representante de la Liga Federal, José Maldonado, por ejemplo, planteó la continuidad de Xavier hasta tanto se realicen nuevas elecciones. “Lo que dijimos es que Mónica siga hasta que haya nuevas elecciones”, explicó a la diaria.
En ese mismo sentido, el delegado socialista Manuel Núñez dijo a la diaria que “esa misma es la posición del PS”. La comisión presentará a fines de mes sus conclusiones sobre el tema a un plenario nacional.
En su informe, la comisión preparatoria deberá establecer si Xavier continúa en la presidencia del FA hasta que asuma una nueva conducción y, en caso de que la respuesta sea afirmativa, si puede seguir ejerciendo como legisladora. También deberá detenerse en cómo se elegirá a la nueva dirección: si mediante un congreso o mediante elecciones abiertas, como ya se hizo tres años atrás.
Ricardo Scagliola- La Diaria
Daniel Cordero y su hija Martina, en la peluquería de la cárcel de Punta de Rieles. Foto: Sandro Pereyra
El lado más débil
Los hijos de padres presos, un foco vulnerable y poco atendido en Uruguay.
Niño con padre preso suele ser niño pobre, niño trabajador, niño excluido. Se calcula que en Uruguay existen alrededor de 10.000 niños y adolescentes que tienen un referente privado de libertad. En un país donde la cantidad de presos se eleva, también lo hace la cantidad de niños que, quizá sin saber por qué ni hasta cuándo, tienen la certeza -a los seis, ocho, 11 años- de que su papá no va a venir.
No tenían cómo saberlo. Ni siquiera cuando la Policía les preguntó dónde estaba su padre, ni cuando a Fabián, de 12 años, le revisaron la mochila mientras salía de su casa. La presencia de un par de objetos -dentro de su hogar, dentro de aquel bolso- cambiaría, en un par de horas, su vida y la de su hermana. Sin embargo, en ese momento no tenían cómo saberlo.
Durante una mañana de 2012, y como parte de un operativo policial, la Policía encontró en ese bolso la evidencia que buscaba: dinero, marihuana, cocaína, pasta base, un arma de fuego. El hombre -su padre- era clasificador desde hacía diez años, y esa misma madrugada había aceptado, quizá sin preguntar demasiado, el pedido de un vecino de cuidarle el bolso. Ese mediodía, cuando Fabián y Natalia volvieron de estudiar, encontraron a su madre -que fallecería el año siguiente- y a su hermana llorando. Habían detenido a su padre. Tiempo después, se enterarían de que estaría tres años recluido en el penal de Libertad.
Natalia confiesa: “En mi casa todo cambió. En realidad, él era el eje. Él era el que salía, el que traía la plata, era todo. Cayó mi padre y la mochila me la puse yo, porque en realidad mi madre estaba enferma y mi hermano tenía 12 años. Todavía no había salido ni de la escuela. Fui yo la que subí al carro con mi madre, con tremendo riesgo, porque yo, siendo menor, no puedo ni siquiera tener el carné de hurgadora”.
Natalia dedicó el año siguiente a salvar una materia pendiente del liceo y a trabajar en la recolección. “Yo tenía que estar fuerte porque veía a mi madre llorar y yo no podía llorar. Yo tenía que hacer que ella se sintiera un poquito mejor; la enfermedad la estaba matando y todavía estaba mal por mi padre. O sea, yo tenía que estar fuerte para ella”.
De entrada
Uruguay es uno de los países de América Latina con tasas más altas de población recluida. De hecho, durante el período 1992-2011 se triplicó el número de personas privadas de libertad. Según el Censo Nacional de Reclusos de 2010, 63% de los presos censados tienen hijos. Sin embargo, no se sabe cuántos son, qué edades tienen ni cuál es su situación. Son niños y adolescentes que pueden estar a ciegas sobre la situación de sus referentes o que, por el contrario, pueden dominar el lenguaje jurídico, conocer la arquitectura de las prisiones, manejar los códigos carcelarios.
Estos niños y adolescentes, para encontrarse con sus padres, deben adaptarse a la dinámica de las visitas. A los horarios. A la revisación. A qué se puede llevar y de qué forma. A cómo se puede ir vestido. Hay colores prohibidos: negro, verde, azul y blanco, por ser los que utiliza el personal de la cárcel. Natalia, poco antes de que liberaran a su padre, contaba: “Yo voy con la misma remera y el mismo jean, porque sabés que con eso no te dicen nada, entonces ¿para qué te vas a estar cambiando?”. Actualmente la presencia de escáneres agiliza mucho el proceso de revisación. “Antes quedábamos como Dios te trajo al mundo y te revisaban todo”, cuenta.
En muchas ocasiones, visitar la cárcel implica largos traslados, esfuerzos económicos y/o pérdida de clases. Al llegar, los niños se suelen encontrar con instalaciones que no están preparadas para recibirlos, con climas violentos y, en ciertos casos, con malos tratos. Para varios, el recuerdo de la cárcel se podría resumir con un par de imágenes: los alambres, los gritos, un galpón enorme o un patio chico, las mesas y los bancos de hormigón, un baño en muy malas condiciones.
Tristeza, miedo y asco
Lucía, de 14 años, se enteró tres veces, y en distintas circunstancias, de que su padre estaba preso. La última vez fue hace más de cinco años. Su madre cortó el teléfono y, con palabras que intentaron sonar infantiles, le contó la noticia. “Estaba haciendo los deberes. Rompí los cuadernos, rompí todo. Después la maestra me dijo que las cosas de casa tenían que quedar en casa, que no me la agarrara con las cosas de la escuela. Pero una maestra tiene que imaginar que si te dicen algo así y estás con algo, te quema, te calienta. Lo vas a romper, obviamente”.
Lucía tenía nueve años cuando descubrió a qué se dedicaba su padre. Un día escuchó cuando contaba que había salido a robar: “No entendía nada. Yo no sabía lo que era salir a robar, pero me quedé con la palabra. Después fui y les pregunté a mis compañeros y como son más avivados que yo, me dijeron”.
Se podrían contar un par de cosas sobre Lucía. Que tiene el pelo lacio. Que su madre murió hace tres años. Que llora casi todos los días. Que se adivina su necesidad de desahogarse. La necesidad, también, de saber el porqué. “Cuando tenía 11 años, le pregunté por qué salía a robar. Le hice un montón de preguntas y mi padre me dijo que yo era chica, que no me metiera, todas esas cosas”.
Hoy en día, si alguien le pregunta por su padre, suele decir la verdad: confiesa que está en la cárcel. Si alguien le pregunta el porqué, suele mentir. Le cuesta confesar, porque todas las palabras para decirlo suenan mal, que su padre está preso por homicidio. Existen distintas versiones sobre lo que ocurrió y los rumores circulan, distintos y terribles, por su familia y por su barrio. Ella misma, después de no verlo durante años, le preguntó por qué lo había hecho. “Yo le sacaba el tema a cada rato y mi padre me decía: ‘Vamos a hablar de otra cosa, de tus estudios’. ‘No, yo no quiero hablar de los estudios, quiero hablar de eso’”. Lucía es categórica: asegura que su padre actuó de formas que a ella no le gustan. Confiesa que aunque pueda sonar extraño, no quiere que lo liberen.
“¿Cómo te llevabas con él antes y cómo te llevas ahora?”, preguntó la diaria. “Antes me llevaba bien, a full. Pero ahora es medio raro. Es una persona a la que, como quien dice, no conozco. Hacía más de cinco años que no lo veía, desde que era chica. [Durante la visita] mi padre me decía: ‘¿Por qué no me abrazás?’. ‘Ay, sí, lo que pasa que estoy en otra’ [le contestaba], pero no, es como que me daba… no te puedo decir asco, pero cosa… como que es una gente extraña la que me está abrazando”. Por último, la pregunta obvia: ¿qué sensaciones tenés al visitar la cárcel? En un salón vacío, y antes de irse, Lucía va a responder: “Me da asco, como miedo y ganas de llorar. Cuando estoy ahí me dan esas tres: tristeza, miedo y asco”.
Sin protocolo
Están aquellos niños a los que intentaron ocultarles la verdad, a los que les pueden haber dicho: tu papá viajó, se enfermó, se fue, está trabajando. También están los otros: los que habrán sentido algo similar al miedo o al desconcierto mientras la Policía se llevaba a uno de sus padres, mientras presenciaban el allanamiento de su casa, la violencia policial.
Lucía calcula que tendría seis años cuando escuchó los gritos desde el cuarto. Fue a ver qué pasaba y se encontró a su padre tirado en el suelo. A su madre, un policía la tenía agarrada del cuello. “Yo vi todo, entonces me fui para el cuarto, me senté y me quedé como paralizada. Podía escuchar lo que seguían diciendo, pero no me quería mover. Estaba nerviosa, no sabía qué hacer”. En la actualidad, Uruguay no cuenta con protocolos que indiquen cómo deberían actuar los policías en el caso de que, durante el arresto, se encuentren presentes niños o adolescentes.
Cuando ocupaba un cargo de asesora del Ministerio del Interior (MI), la futura presidenta del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, Gabriela Fulco, fue una de las precursoras en buscar medidas para proteger a los hijos de padres presos. El año pasado, el MI, junto con Naciones Unidas-Uruguay, publicó una primera agenda de recomendaciones, Hacia la protección integral de hijos/as de personas privadas de libertad. El documento propone diversas medidas, como facilitar medios de transporte para las visitas, promover espacios amigables para los niños, capacitar al personal carcelario y sensibilizar sobre el tema en la comunidad. Además, con el objetivo de planear dispositivos de protección, se creó una mesa interinstitucional en la que participan organizaciones del sector público, como el MI, el Ministerio de Desarrollo Social, la Administración Nacional de Educación Pública, el Ministerio de Salud Pública y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), y que cuenta también con representantes de la sociedad civil como, por ejemplo, la ONG Gurises Unidos.
Fulco asegura que apenas ocurre una detención se debería activar un sistema de protección que defina, entre otras cuestiones, las tenencias provisorias “para que eso no quede librado al azar del momento: que el vecino se lleva a un niño, que el tío se lleva a otro. Entra a tallar también la escuela, porque en muchos de estos casos, en los que hay un impacto, un golpe emocional, el niño deja de concurrir. Los controles pediátricos, por lo general, también se interrumpen”. Agrega que en numerosos casos “los hermanos son separados entre sí, no hay una actuación muy afinada por parte del sistema de justicia, porque a veces se dan tenencias que no correspondería haber dado a familiares que nunca estuvieron con esos niños o a personas que no están en condiciones de tenerlos”. “En fin, es un gran foco de desprotección”, resume.
Por otro lado, Gurises Unidos publicó en 2014 la investigación Invisibles: ¿hasta cuándo? Una primera aproximación a la vida y derechos de niñas, niños y adolescentes con referentes adultos encarcelados en América Latina y el Caribe. Esta investigación, sin precedentes en Uruguay, estudia los casos de Uruguay, Brasil, República Dominicana y Nicaragua.
Lía Fernández, psicóloga de Gurises Unidos, opina sobre los principales retos de esta mesa interinstitucional: “Yo creo que el gran desafío tiene que ver con integrar y articular dos agendas -que es lo que estamos tratando de hacer con esta mesa-: la agenda de seguridad ciudadana con la agenda de niñez. Definitivamente, se pueden pensar acciones conjuntas para abordar las diferentes dimensiones que esto implica. Es una situación de vulnerabilidad que implica que diferentes actores asuman diferentes responsabilidades”. Considera que el mayor desafío de las políticas sociales en Uruguay es lograr un trabajo articulado entre los diferentes actores. “Hoy por hoy, no podemos hablar de falta de programas. Los desafíos están puestos en la dificultad de articular, de hacer cuestiones más transversales”.
La casa del abuelo
Es temprano. En la parada de ómnibus esperan las mujeres junto a sus hijos. Entre ellos, y en el suelo, se ven bolsas repletas en las que se adivinan los paquetes de comida: los bizcochos, las tortas, las pizzas, las galletas. El ómnibus para y todos suben. Durante el trayecto de seis minutos algunas mujeres conversan. Una niña chica apoya la boca sobre la ventanilla y la babea. Del otro lado se abre el descampado, ancho y amarillento, que antecede a la cárcel de Punta de Rieles.
Hay cárceles que se imponen como una especie de monstruo, como un bloque cerrado de jaulas y de gritos. Punta de Rieles, en cambio, es una cárcel de seguridad mínima que alberga alrededor de 600 presos. A simple vista parece una pequeña ciudad: hay, por ejemplo, un par de almacenes, una confitería y una huerta. A los reclusos se les permite circular libremente por el centro. Adentro no hay policías, sólo operadores sociales -civiles-, sin armas. Punta de Rieles se alimenta, como la mayoría de las cárceles, de hombres de ciertos barrios: barrios excluidos, periféricos.
Si un extraño camina por el interior de esta cárcel, si se anima y se adentra, si lo hace bajo el sol del mediodía, va a ser movido por diferentes sensaciones. Sin embargo, nada -absolutamente nada- se va a parecer al miedo. Quizá sí reconozca el patrón, quizá sí reflexione sobre lo que hay detrás de aquello que se repite porque, después de todo, sólo se ven caras de hombres jóvenes, caras de hombres jóvenes y pobres que se reiteran como imágenes de un sueño recurrente. En ese momento, entre todas esas caras -jóvenes y pobres- se destaca una: la de un padre que sostiene a su bebé mientras la mira y la besa.
Es miércoles. Es día de visita. Las familias se acomodan en los galpones, alrededor de las mesas. Hoy no se ve demasiado movimiento, pero dentro de unos días esos espacios van a estar desbordantes. Para festejar el Día de la Madre los reclusos van a invitar a sus familias, van a organizar actividades musicales, van a preparar un asado, un sorteo, una torta gigante. Ese día, durante un par de horas, la cárcel se va a llenar de niños con caras pintadas, de niños corriendo detrás de un par de globos o de una pelota de fútbol.
Wilmar tiene dos hijos. Está preso desde hace 14 años y hace cuatro que está en Punta de Rieles. “Cuando yo caí procesado [mis hijos] tenían seis y siete. Les pegó un poco en el momento. Yo al más chico estuve como dos años sin hablarle. En ese momento no se permitían los teléfonos en la cárcel. Se usaba nomás el teléfono de línea del penal, y cada vez que sentía mi voz se ponía a llorar”. La versión que tenían sus hijos era la de que él estaba trabajando. Cuando se enteraron de que estaba preso ya tenían 16 y 17 años. Cuando los volvió a ver, ya habían pasado más de diez años. “Eran muy pegados ellos conmigo. Al faltarles así, de una, fue algo chocante, más allá de que yo o la madre dijéramos que estaba trabajando. Fue una falta, fue de una que se separaron de mí. Éramos muy compañeros”. Hoy sus hijos tienen 20 y 21 años y viven en Buenos Aires. Dos de sus nietas han ido a la cárcel a visitarlo. “No llegaron a entender. Aparte, yo las sacaba al almacén, a la confitería. No se daban cuenta de lo que era el entorno. Es más, la más grande pedía para quedarse en la casa del abuelo. Lloraba cuando se iba”.
La mayoría de la población carcelaria está compuesta por hombres. No obstante, en Uruguay hay cerca de 650 mujeres que se encuentran privadas de libertad. Alrededor de 30 están recluidas en El Molino, un centro que funciona desde 2010 y en donde pueden vivir con sus hijos -con uno solo- hasta que éstos cumplan cuatro años.
Cuando un hombre es detenido, las primeras afectadas son las mujeres, ya que deben hacerse cargo, muchas veces ellas solas, del cuidado de la familia. Sin embargo, en el caso de que sea la madre quien va a prisión, un porcentaje muy pequeño de los niños queda a cargo de sus papás. En muchos casos la tenencia recae en abuelos, tíos, hermanos o incluso en el INAU.
Ser otro
Antonio aparece con el delantal rojo. Tiene 36 años y desde los 19 está privado de libertad. Sus delitos son atentados contra la Policía e intento de fuga. Antonio es el encargado del primer almacén de la cárcel de Punta de Rieles. Mantiene una relación con su mujer desde hace 17 años y tiene dos hijos con ella, que concibió mientras estaba preso: una niña de 13 y un varón de nueve.
Asegura que su hija ya no quiere visitarlo debido a lo intimidada que se sintió por las últimas revisaciones. La comunicación que mantienen actualmente es por teléfono. Antonio asume el efecto que su ausencia provoca en su hijo menor: “Lo tengo en manos de psicólogo y de un foniatra, porque tiene problemas hasta en el habla. Es muy agresivo. ¿Cómo te puedo decir? Es excelente de inteligente, pero la conducta de él en la escuela le baja la nota un disparate”. Principalmente, lo crían sus abuelos. “Sinceramente me saco el sombrero. Son religiosos, testigos de Jehová, pero a la misma vez me los están criando a full”. Reconoce que ponerle límites es difícil: la madre casi nunca está porque trabaja de lunes a sábado y cuando llega, cansada, se ocupa de la casa y de la comida. “Tampoco le puedo echar en cara a mi señora, porque es la que está manteniendo a _full _ a los gurises. Materialmente los tiene bien”.
Niño con padre preso puede ser niño herido, niño retraído o niño violento. Se pueden distinguir dos reacciones típicas: el niño o adolescente se aísla, se repliega, se retrae; o, al contrario, se junta con pares para quienes tener un padre encarcelado es normal o, incluso, es motivo de orgullo. En ambos casos, se activan procesos de exclusión que dejan a esos niños en una situación de gran vulnerabilidad.
En ciertas ocasiones, el contacto con los hijos funciona como un motor de cambio para los que están privados de libertad. Antonio cuenta que su hija le da consejos desde hace años: “[Me dice] que no quiere que yo salga y vuelva a lo mismo. Que no me quiere ver nunca más en una cárcel. Mismo me dice: ‘Si hoy o mañana vos salís y vas a hacer algo que te lleve a la cárcel, olvidate que tenés hija, y le voy a decir a mi hermano que se olvide que tiene padre’”.
Antonio considera que los niños que tienen un referente preso tendrían que contar con el compromiso de su familia, pero también con el apoyo de toda la sociedad, que debería buscar formas -a veces muy simples- de ayudarlos. “El varón, por ejemplo, me pide que quiere ir a jugar al fútbol, que quiere ir a entrenar. Le gusta el fútbol, pero no tengo con quién mandarlo. No estoy yo, la madre no puede y el abuelo tiene 80 y pico de años, sólo los cuida en la casa”.
Riesgos económicos, distancias familiares, en muchos casos la obligación de comenzar a trabajar o cuidar de sus hermanos, problemas en la escuela o el liceo, quedar a cargo de una institución, son algunas de las situaciones que viven o pueden vivir Natalia, Fabián, Lucía o cualquier niño o joven que tenga un padre o una madre presa. Organizaciones internacionales como Naciones Unidas recomiendan que antes de dictar sentencia se identifique si las personas culpables tienen niños o niñas a su cargo y que se tome en cuenta el impacto que la sentencia tendría sobre ellos.
Todos los días, una gran cantidad de niños y adolescentes, en silencio, sufren las consecuencias de delitos que no cometieron. Otros días, también puede ocurrir lo contrario: que un niño se mueva hacia un lugar más iluminado, como el hijo de Antonio cuando, a fin de año, vea a su padre liberado. En un par de meses -por primera vez-, va a ver la cara de su padre sobre otros fondos. Ya no sobre las paredes gastadas de los galpones, sobre el patio conocido de la cárcel, sino que va a descubrir la cara de su padre como algo nuevo; la cara de su padre entre las paredes de su casa, delante de su escuela, su cara, al fin, sobre el verde desprolijo de la canchita de fútbol.
Rafaela Lahore – La Diaria