Noticias Uruguayas 18 febrero 2017
Comando Barneix amenazó con asesinar a jerarcas, magistrados y activistas de DD.HH
Un grupo autodenominado “Comando Barneix” (que toma el nombre del general fallecido Pedro Barneix) amenazó con asesinar a tres personas, de una lista de 13 jerarcas, magistrados y activistas de derechos humanos, si continúan las actuaciones judiciales contra los militares que cometieron delitos de lesa humanidad en dictadura.
A través de un correo electrónico enviado por medio de una plataforma que protege al emisor, el “Comando Barneix” amenazó a 13 jerarcas, magistrados y activistas, si es que continúan las acciones judiciales contra militares, según informó Brecha.
La lista de personas amenazadas por el comando la integran: El ministro de Defensa, Jorge Menéndez, el fiscal general de la Nación, Jorge Díaz, la ex fiscal Mirtha Guianze, la profesora y ex vicecanciller, Belela Herrera, los abogados Óscar López Goldaracena, Pablo Chargoñía, Juan Errandonea, Federico Álvarez Petraglia, Juan Fagúndez y Hebe Martínez Burlé, el jurista francés Louis Joinet, el activista brasileño Jair Kirshke y la investigadora italiana Francesca Lessa.
Mensaje
El comando expresa en su mensaje que “el suicidio del general Pedro Barneix no quedará impune, no se aceptará ningún suicidio más por injustos procesamientos. Por cada suicidio de ahora en más, mataremos a tres elegidos azarosamente de la lista”.
El caso está a cargo de la fiscal Mónica ferrero y la jueza Julia Staricco.
Barneix, junto al general Carlos Díaz, fueron integrantes de una comisión interna del Ejército a la que el presidente Tabaré Vázquez, durante su primer mandato (2005-2010), le encomendó investigar el destino de los detenidos desaparecidos en dictadura (1973-1985).
La jueza Beatriz Larrieu procesó en septiembre de 2015 a Barneix por el delito de “homicidio político de Aldo Perrini”, ocurrido en 1974. Cuando un Policía llegó al domicilio de Barneix el militar se pegó un tiro en la cabeza.
En la actualidad se investigan los archivos de inteligencia del Cuerpo de Fusileros Navales (FUSNA) y se creó una Comisión Investigadora en el ámbito parlamentario para indagar sobre espionaje militar en democracia, además de proseguir con la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos.
DICTADURA MILITAR
Autoridades recibieron amenazas por procesamientos a militares
Los amenazados
En septiembre de 2015, fue procesado por la jueza Beatriz Larrieu por el delito de homicidio político de Aldo Perrini, ocurrido en 1974, durante la dictadura cívico-militar. El abogado de la causa era López Goldaracena, quien también patrocinó la causa de los familiares de detenidos desaparecidos contra Gregorio Álvarez.
Cuando un policía llegó al lugar para conducirlo a la cárcel, Barneix, que estaba en compañía de su esposa, dijo que se cambiaría las chancletas por unos zapatos. Fue a su dormitorio y se pegó un tiro en la cabeza.
Chargoñía es abogado del Observatorio Luz Ibarburu, en el que trabaja junto a Krischke en el seguimiento de causas penales vinculadas a los delitos cometidos en la dictadura.
La italiana Lessa, investigadora de la Universidad de Oxford que también ha llevado a cabo trabajos a través del Observatorio Luz Ibarburu, es autora del libro «¿Justicia o impunidad? Cuentas pendientes del Uruguay post-dictadura», editado por Debate.
Joinet ha denunciado en su país los delitos cometidos por militares durante la dictadura y participado de disertaciones en defensa de los derechos humanos en Uruguay.
Herrera, como funcionaria del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), ayudó a cientos de extranjeros que escapaban de la dictadura chilena de Augusto Pinochet e integró la Comisión Nacional Pro Referéndum, para revocar la Ley de Caducidad.
Martínez Burlé fue la abogada que presentó la denuncia por la que luego fue encarcelado Juan María Bordaberry.
Fagúndez representó a Jorge Zabalza en en una denuncia presentada en 2012 contra decenas de militares retirados y en actividad por las torturas físicas y psicológicas a las que fue sometido en 15 centros de detención desde 1972 hasta 1985.
Desde hace varios meses se están investigando los archivos de inteligencia del FUSNA y se instaló una comisión parlamentaria para investigar el espionaje militar en democracia, con Menéndez y Díaz al frente de la cartera de Defensa y la Fiscalía General de la Nación, respectivamente.
La jueza penal de 16º Turno Julia Staricco investiga desde hace días el origen de una amenaza “de muerte” a trece personas por parte de un supuesto “comando Barneix” a través de un correo electrónico. Entre los amenazados están el ministro de Defensa Jorge Menéndez, según informó ayer el semanario Búsqueda.
Según pudo saber LA REPÚBLICA, además figuran los nombres de varios abogados, jueces y exmagistrados que tuvieron relación con causas de violaciones a los derechos humanos en los que militares fueron juzgados. Ayer, en conferencia de prensa convocada por la Fiscalía sobre el traslado por razones de salud de la fiscal de Crimen Organizado María de los Ángeles Camiño, Díaz confirmó que, días pasados, recibió dos correos electrónicos similares en los que aparecía su nombre así como el de otras personas.
Leyó su contenido y agregó que por el momento la situación no amerita tomar alguna medida adicional en materia de seguridad. Agregó que ya había dado cuenta de este hecho a la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) Policial y a la Justicia. El fiscal de Corte estaba citado ayer por la jueza por este tema pero la audiencia debió posponerse.
El correo electrónico llegó días pasados a distintos medios de comunicación, entre ellos al portal del diario LA REPÚBLICA, que de inmediato se contactó con el Ministerio del Interior. Se informó a este medio que el caso ya estaba en conocimiento de las autoridades ministeriales y que se había dispuesto la apertura de una investigación.
El correo electrónico
El correo electrónico fue enviado por un supuesto “Comando Pedro Barneix”, creado en homenaje al general del Ejército quien en setiembre de 2015 se autoeliminó al enterarse que la Justicia lo había procesado por un caso de muerte por torturas del militante comunista Aldo Perrini en 1974.
Se señala en el comunicado que este “suicidio no quedará impune” y que “no se aceptará ningún suicidio más por injustos procesamientos”. Además, se advierte que “por cada suicidio de ahora en más, mataremos a tres elegidos azarosamente de la siguiente lista” (siguen los trece nombres) y agrega: “tenemos varios más, cuyos domicilios y hábitos ya tenemos relevados”.
“Rastreables”
Fuentes cercanas a la investigación confiaron a LA REPÚBLICA que el correo del “Comando Pedro Barneix” partió de un sitio web que plantea casillas de correo temporales: solo se guardan 60 minutos. No obstante, es probable que dicho sitio web esté intervenido.
El sitio ofrece una casilla “segura” en determinada dirección, pero en los “términos y condiciones” de uso se establecen una serie de prohibiciones en las que habrían caído los muchachos del supuesto “Comando Pedro Barneix”.
Una de las cláusulas establece que “este servicio prohíbe el envío de mensajes que contengan cualquier contenido acosado, abusivo, difamatorio, ofensivo, de mala fe, poco ético o ilegal”. La amenaza de muerte estaría implicada. Aun si hubiesen escrito desde un celular, tiene que bajar una aplicación. Por lo tanto, serían “rastreables”, aclararon las fuentes.
Mesa redonda sobre la sentencia de Roma evaluó el proceso
El abogado Arturo Salerni, defensor de las familias y agrupaciones Recagno, Bellizzi, Rio Casas, Moyano (Uruguay), Montiglio y AFDD (Chile), Stamponi, Campiglia (Argentina) y ASOFAMD (Bolivia) y miembro del comité directivo de la organización Progetto Diritti, destacó el carácter internacional del juicio y “el éxito que representa haber logrado que se realizara”. Luego de haber destacado la figura de María Bellizzi, madre de Andrés, desaparecido en 1977, que fue una de las primeras querellantes en Roma y que no obtuvo justicia debido a la muerte del imputado (Contreras Sepúlveda), Salerni habló de las dificultades de reconstrucción de los hechos, sobre todo en relación al plan probatorio, pero quiso subrayar que “el pedido de cadenas perpetuas es sostenido por pruebas, y la sentencia no debe cambiar el juicio sobre el proceso, que en Italia tiene varios grados”. Y aunque la sentencia pueda haber dejado un sabor amargo, Salerni subrayó que la Tercera Corte de Roma presidida por Evelina Canale “nos dijo que el Plan Cóndor existió”, y que “la sangre y la carne que llenaron este juicio tienen unos responsables”. El abogado miró hacia adelante, a las acciones que se tendrán que emprender, y empezó a razonar sobre los próximos meses: “Ahora tenemos el problema de poner nuevamente bajo la atención de los jueces las muchas pruebas que hemos acumulado y que deben ser nuevamente evaluadas, especialmente en relación a la parte uruguaya, y especialmente lo que se refiere a los acontecimientos de diciembre de 1977 y enero de 1978. Esa cuestión nos interesa particularmente por la presencia de Jorge Néstor Troccoli en Italia. Nosotros estamos convencidos de que él es responsable de la muerte y desaparición de decenas de personas”.
El abogado Luca Ventrella, que representó en el juicio al Estado italiano, señaló el interés de Italia y la importancia de que se haya constituido en parte civil: “No tanto como representación del gobierno, sino como expresión de la comunidad nacional que reacciona y se indigna cuando los derechos humanos son pisoteados y violados en perjuicio de ciudadanos italianos, y también en cualquier parte del mundo”. Ventrella señaló el carácter histórico del juicio y de la sentencia: “Primer juicio en Europa en contra del Plan Cóndor; primera sentencia de condena para la toma del Palacio de la Moneda; primera vez que son condenados responsables de varios países”. Se detuvo en la relación entre derecho y verdad histórica, y detectó que a veces hay un desfasaje, porque el resultado de un juicio penal es la comprobación de responsabilidades personales, y lo que sabemos que pasó podría no ser probado para cada imputado.
Participaron también representantes de los estados nacionales de Bolivia y Chile y de la asociación 24 Marzo. La cónsul boliviana en Roma leyó un mensaje de Nila Heredia, esposa de Luis Stamponi, secuestrado en Bolivia y desaparecido en Argentina. El representante de la embajada chilena habló sobre los juicios en curso en Chile y el proceso de justicia transicional también en ese país.
En diciembre advertían irregularidades en Seccional Nº19
La madrugada del lunes seis de febrero la periodista de Caras y Caretas Isabel Prieto Fernández se dirigió a la Seccional Nº19 para obtener información sobre un femicidio cometido en Verdisol. El suboficial mayor Hugo Coyto se negó a brindar la información requerida y trató en forma inadecuada a la periodista. Esta no es la primera vez que la Seccional Nº19 se ve involucrada en hechos irregulares.
Un informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo – Mecanismo Nacional de Prevención (INDDHH- MNP) realizado en diciembre de 2016 ya evidenciaba graves faltas.
En el segundo semestre de 2016 se iniciaron los monitoreos a distintas seccionales policiales en el marco de lo establecido por el artículo 4 del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura. El equipo de la Institución fue dos veces, sin previo aviso, a la Seccional ubicada en la calle Carlos María Ramírez, en agosto y octubre.
En la primera visita realizada los funcionarios policiales aseguraron que el protocolo sobre violencia doméstica en los casos en los que hay policías involucrados “constituye un problema porque disminuye la cantidad de personal, ya que se procede al retiro del arma. En ese momento siete policías de la Seccional, en tres meses, estuvieron involucrados en casos de violencia doméstica o de género.
Sobre los registros, el informe asegura que cumplen con los estándares pertinentes, lo que no significa que las personas detenidas sean tratadas conforme a derecho. Con relación a la información sobre las denuncias la Institución afirma que es insuficiente, “los registros no se completan con precisión” o presentan errores, deficiencias y otros problemas graves. “Se pudo observar tachaduras y enmiendas en formularios o registros que dan cuenta de la falta de protocolos o reglas a fin de salvar errores u omisiones de una forma que brinde garantías suficientes”.
Durante la segunda visita fue efectuada y no fue posible acceder a todos los registros para ser analizados ya que estaban en una caja cerrada y “no se tenía prevista la forma en la que alguna persona tuviera la llave correspondiente para el acceso de un órgano de contralor”.
Entre las conclusiones del informen figura que la Seccional Nº 19 no cuenta con un equipo de mantenimiento ni de limpieza adecuado para las instalaciones; los registros existentes son básicos e insuficientes y no garantizan la adecuada intervención de los funcionarios policiales.