Publicado en: 19 enero, 2017

Noticias Uruguayas 18 enero 2017

Por Colectivo Noticias Uruguayas

Uruguay: Italia condena a menos de un tercio de los imputados por los crímenes del Plan Cóndor en Uruguay // Excanciller Blanco fue el único condenado a cadena perpetua Plan Cóndor: fallo absolutorio genera fuerte rechazo

Claves del anticapitalismo y el antimperialismo hoy por Fernando Martínez Heredia // Obama, preocupado porque se confía más en Rusia que en EE.UU. // Indulta Obama al preso político puertorriqueño Oscar López Rivera encarcelado desde hace 36 años // Estado español: Podemos eres tú (feliz cumpleaños) por Pablo Iglesias // La CUP pide al Govern que pase «de las palabras a los hechos» y ponga fecha al referéndum // Activistas logran frenar el desalojo de Verónica y sus cuatro hijos en Madrid // Argentina: Otra vez, la Patagonia rebelde por Osvaldo Bayer // Violenta represión contra trabajadores gráficos en Buenos Aires – solidaridad y repudio en las redes sociales // Uruguay: Italia condena a menos de un tercio de los imputados por los crímenes del Plan Cóndor en Uruguay // Excanciller Blanco fue el único condenado a cadena perpetua Plan Cóndor: fallo absolutorio genera fuerte rechazo

 

 

URUGUAY

Miércoles 18 • Enero • 2017

Consternados, rabiosos

El silencio que acompañó la lectura del fallo por parte de la presidenta de la Tercera Corte de Asís de Roma, Evelina Canale, siguió luego de que la Corte se retiró. Ningún grito, muy pocas lágrimas. Una rabia contenida, una indignación feroz, una incredulidad dolida atravesaban las caras de los muchos uruguayos presentes. Mirtha Guianze, palidísima, se esforzaba por hablar, pero las palabras casi no salían; en voz bajísima dijo a la diaria que no comprendía la sentencia y que esperaba que hubiera posibilidad de apelar: “Está absuelta la mayor parte de los uruguayos que en Uruguay fueron condenados, y son casos sobre los que teníamos muchísimas pruebas”, dijo. “No comprendo”, fue lo único que pudo decir pocos segundos después de la lectura de la sentencia. El vicepresidente Raúl Sendic, opaco, con la cara contraída, quedó en medio de la gente de la embajada de Uruguay en Roma, igualmente angustiada. No quiso dar declaraciones en los momentos sucesivos a la sentencia y se encerró con el abogado de la República Oriental del Uruguay, Fabio Maria Galiani, en una sala contigua, para acordar una declaración para la numerosa prensa, italiana y extranjera, que se hizo presente el último día del juicio. Los fiscales Giancarlo Capaldo y Tiziana Cugini salieron del Aula mudos, sin hacer declaraciones. Francesco Guzzo, abogado del ex marino prófugo en Italia Jorge Néstor Tróccoli, guardaba las hojas del expediente dentro de su maletín, visiblemente satisfecho: “Todavía no he hablado con mi asistido y, claramente, estamos contentos”, dijo antes de salir.
De los 33 imputados durante el juicio del Plan Cóndor en Roma, de los cuales seis fallecieron en el curso del procedimiento, sólo ocho resultaron condenados: los chilenos Hernán Jerónimo Ramírez Ramírez y Rafael Ahumada Valderrama; los bolivianos Luis García Meza Tejada y Luis Arce Gómez; los peruanos Francisco Morales-Bermúdez Cerruti, Pedro Richter Prada y Germán Ruiz Figueroa; y el uruguayo Juan Carlos Blanco. Todos los otros, la mayor parte uruguayos, fueron absueltos. Y una vez más se precisa recordar los nombres de esas personas que la Justicia italiana declaró inocentes: los chilenos Pedro Octavio Espinoza Bravo, Daniel Aguirre Mora, Carlos Luco Astroza, Orlando Moreno Vásquez, Manuel Abraham Vásquez Chauan; el peruano Martín Martínez Garay y, finalmente, los uruguayos José Ricardo Arab Fernández, José Horacio Nino Gavazzo Pereira, Juan Carlos Larcebeau Aguirregaray, Pedro Antonio Mato Narbondo, Luis Alfredo Maurente Mata, Ricardo José Medina Blanco, Ernesto Avelino Ramas Pereira, José Sande Lima, Jorge Alberto Silveira Quesada, Ernesto Soca, Jorge Néstor Tróccoli Fernández, Gilberto Vázquez Bissio y Ricardo Eliseo Chávez Domínguez.
Aurora Meloni, esposa de Daniel Banfi, asesinado en Buenos Aires en 1974, agregaba a su emoción por la condena de Juan Carlos Blanco, condenado por la muerte de su esposo, el dolor y la incredulidad por las muchas absoluciones: “La condena de Blanco fue justa y era lo que esperábamos después de 42 años, no sólo por Daniel, sino porque con él perdieron la vida otras dos personas que están siempre presentes: Guillermo Jabif y Luis Latronica. Esta condena sirve mucho por mis hijas, que ahora tienen justicia, porque no tuvieron a su padre. Pero sobre la absolución de las otras personas estoy muy apenada y prefiero no hablar”.
Mientras la sala empezaba a vaciarse y los abogados intercambiaban opiniones y sacaban cuentas de condenados y absueltos, Cristina Mihura, que desde hace 40 años lucha para saber el paradero de Bernardo Arnone, su esposo, trataba de entender lo que había pasado y qué “faltas” podían explicar este resultado: “Me siento mal, me siento muy mal. Hemos luchado tanto, y ellos son culpables. Nosotros no pudimos llevar elementos suficientes para poder probar lo específico y las responsabilidades directas. Es como si la Corte hubiese reconocido la existencia del Plan Cóndor, y condenó sólo a los que tenían responsabilidades. Creo que tenemos elementos para apelar, y lo vamos a hacer. Estoy muy sorprendida por la decisión de la Corte”. Su abogado, Paolo Sodani, dijo que le parecía increíble que no se hubieran tomado en cuenta las muchísimas pruebas que había en contra de Gavazzo y Arab.
Era tan fuerte y visible el dolor y el desaliento de los uruguayos presentes -en su mayoría, familiares y amigos de las víctimas, que viajaron a Roma en algunos casos desde muy lejos- que los chilenos, que obtuvieron justicia, no lograban festejar. María Paz Venturelli -hija de Omar, desaparecido en 1973-, quien tuvo que enfrentar hace seis años la absolución de Alfonso Podlech del homicidio de su padre, logró que fuera reconocida la culpabilidad de Ramírez Ramírez, uno de los seis imputados en ese juicio por la muerte de Venturelli: “Estoy contenta porque por lo menos a uno lo condenaron. Ramírez Ramírez era el general de la provincia de Cautín. Lo que pasó hoy es que reconocieron la responsabilidad de los jefes en la cadena de mando. Los demás que estaban imputados para mi caso son unos carniceros que están vivos y libres y no los condenaron porque no hay la relación directa en la jerarquía. Para mi caso, es la primera condena. Algo es algo. Todavía falta”.
Los policías del tribunal empezaron a pedir con fuerza que la gente saliera del Aula, y el aire helado de Roma golpeó a los grupos de personas que se iban tristemente. Al pasillo abierto entre las dos aulas salió para dar su declaración el vicepresidente de Uruguay, Sendic: “El Estado uruguayo estuvo al lado de los familiares y las víctimas. Las violaciones a los derechos humanos coordinadas entre los gobiernos represivos han sido demostradas en distintos tribunales y juicios. En relación a la sentencia de hoy, es evidente que esperábamos otra cosa y que nos sentimos defraudados, pero respetamos la separación entre poderes. Esta era una posibilidad y sabíamos que podía ocurrir. Yo no juzgo al tribunal por esta sentencia; soy el vicepresidente de Uruguay y tengo responsabilidades institucionales. Nos queda la tranquilidad de haber hecho todo lo que teníamos que hacer: haber presentado pruebas y testimonios, haber apoyado a los familiares. Entiendo el dolor de los familiares, un dolor acumulado a lo largo de los años. Conozco la situación porque me tocó vivirla de cerca, por lo tanto entiendo la indignación”. A mitad de su declaración, Sendic fue interrumpido por María Victoria Moyano, hija de María Asunción Artigas y Freddy Moyano, que cuestionó la política de derechos humanos del Estado uruguayo y soltó toda su rabia y su decepción: “Tengo todo el derecho a cuestionar al gobierno de Uruguay. Estamos acá porque en Uruguay los juicios no existen. Me declararon ciudadana ilustre por ser hija de desaparecidos y lo más perverso es que en Uruguay no puedo iniciar un juicio a los asesinos de mis padres, porque hay ley de impunidad. Es una vergüenza”.
Los abogados recuperaron sus togas, armaron sus maletas y empezaron a salir, casi todos con la mismas explicaciones ante una sentencia de este tipo: “No fue probada la responsabilidad respecto a hechos específicos, mientras que sí se condenaron las posiciones apicales, porque se reconoció la existencia del Plan Cóndor”, dijo Alessia Liistro, que llevó las causas de Stamponi (Argentina) y Gómez Rosano (Uruguay), mientras que Arturo Salerni, que representaba los casos de Recagno, Bellizzi, Río Casas, Moyano (Uruguay), Montiglio y AFDD (Chile), Stamponi, Campiglia (Argentina) y ASOFAMD (Bolivia), expresó su sorpresa por la falta de condena para Tróccoli: “En su caso había muchas pruebas y, encima, además, una autorreivindicación de los hechos. Espero que la Fiscalía decida apelar; nosotros vamos a acompañar”.
El abogado Galiani, que representó a la República Oriental del Uruguay y a la parte civil Soledad Dossetti, mostró, al salir del Tribunal, toda su indignación con una sentencia que consideró injusta: “En estos nueve años hicimos de todo para contribuir en este juicio, y nuestra contribución fue decisiva. La del Estado uruguayo no fue una participación formal; hemos llevado pruebas y hechos. La sentencia es fruto de una gestión del juicio que no fue eficaz. Varias veces la presidenta de la Corte lo dijo, e invitó a la Fiscalía a retomar el hilo del juicio y a llevar pruebas. En toda mi experiencia nunca vi en Italia una absolución frente a un compendio probatorio como este. Con el vicepresidente acordamos tomar un poco más de tiempo para reflexionar y no tomar decisiones temerarias”. Interrogado por la diaria sobre la polémica que surgió durante el juicio con la ex fiscal uruguaya Guianze, Galiani dijo que no habló con ella. Relató, en cambio, que, aunque todavía no haya hablado con Dossetti, cree que apelarán en contra de Tróccoli.
Cuando ya casi todos se habían ido, Moyano, su tío Dardo y otros pocos seguían en las afueras del Tribunal, entre el estacionamiento y la carretera. Ya la noche había caído en Roma, y ella clavó sus ojos negros en los de los presentes y contó su verdad y su lucha: “Me parece que la sentencia no muestra la realidad. Nadie puede decir que esto no existió. Yo nací en un centro clandestino, y decir que Tróccoli no es responsable porque no fue él directamente el que apretó el gatillo es absurdo. Me voy completamente indignada de que se fortalezca ese personaje. Uruguay tiene un problema importante por la vigencia de las leyes de impunidad. Esto no termina acá, vamos a seguir adelante mientras nuestros padres no tengan justicia y nuestros hermanos no recuperen su identidad. La indignación no se convierte en derrota. Me voy más fortalecida”.

 

desde Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos expresaron que es difícil de entender y según informó Telemundo (La Tele) lo atribuyeron a presiones de diferente índole: “Algo raro tiene que haber pasado”, expresaron desde la asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos.
“Hay tristeza. Queda una tristeza que no hay caso. Estamos a veces negativos con este asunto porque estamos esperando que la Justicia aparezca.
Pienso que las presiones existen en todas las áreas de las vidas de los países. Hasta los gobernantes más poderosos han sufrido presiones.
Hacer todo ese barullo para decir que son inocentes… porque si no los llevan presos, son inocentes. Las lecturas son bien sencillas. Algo raro tiene que haber pasado”.

La justicia italiana desestimó el pedido de prisión para el exagente de inteligencia Jorge Néstor Tróccoli y para otros 12 exfuncionarios de la dictadura (1973-1985), acusados por su participación de personas en el llamado Plan Cóndor, que coordinó la represión en Sudamérica durante los años 70 y 80.
El único procesado de la causa que se tramitó en Roma es el excanciller de la dictadura uruguaya Juan Carlos Blanco, a quien condenaron a cadena perpetua.
La ex fiscal Mirtha Guianze, integrante del directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos, criticó el fallo y anunció que apelará.
“Es una sorpresa, no esperábamos este resultado. Ha sido condenado a cadena perpetua Juan Carlos Blanco por los mismos delitos que imputaban a los demás, por desaparición forzada y muerte de uruguayos y fueron absueltos por no encontrarse culpables del delito de homcidio, está prescripto el delito de secuestro de personas. No tiene fundamentos, esto va a ser objeto de apelación. Queremos conocer los fundamentos del fallo que se van a dar a conocer dentro de un mes” expresó Guianze a Telemundo (La Tele).

El gobierno uruguayo, el Frente Amplio y organizaciones de Derechos Humanos en Uruguay, se mostraron sorprendidos y “defraudados” por el fallo del Tribunal de Roma que absolvió a 11 militares y un expolicía uruguayos, imputados por el Plan Cóndor –la represión emprendida en las décadas de los 70 y 80- y condenó al excanciller Juan Carlos Blanco a cadena perpetua.
Organizaciones como la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos adelantaron su disposición a apelar el polémico fallo.
Tras nueve años de juicio, el Tribunal condenó ayer a cadena perpetua a 8 de los 27 imputados inicialmente por la muerte de una veintena de ítalo-latinoamericanos en el marco del Plan Cóndor, incluido Blanco y siete militares de Bolivia, Chile y Perú.
Además de Blanco, purgarán condena por el resto de sus días, los chilenos Hernán Jerónimo Ramírez y Rafael Ahumada Valderrama, los bolivianos Luis García Meza y Luis Arce Gómez y los peruanos Francisco Morales Bermúdez (expresidente), Pedro Richter Prada y Germán Ruiz Figueroa.
En la derivación más polémica del juicio en Roma, el Tribunal absolvió a los militares uruguayos José Ricardo Arab Fernández, Nino José Horacio Gavazzo, Juan Carlos Larcebeau, Pedro Antonio Mato Narbondo, Luis Alfredo Maurente, Ernesto Avelino Ramas Pereira, José Sande Lima, Jorge Alberto Silveira, Ernesto Soca, Jorge Néstor Tróccoli, Gilberto Vázquez Bissio y Ricardo Eliseo Chávez (ya lo había hecho antes) y al expolicía Ricardo José Medina Blanco.
Tomó la misma decisión respecto de los chilenos Pedro Octavio Espinoza Bravo, Daniel Aguirre Mora, Carlos Luco Astroza, Orlando Moreno Vásquez y Manuel Abraham Vásquez Chauan, así como respecto al peruano Martín Martínez Garay. La Fiscalía de Roma había pedido en octubre la cadena perpetua para todos ellos (excepto para el uruguayo Chávez).
Rechazo en Uruguay
Organizaciones de derechos humanos, como Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos se reunirán con los demandantes y abogados para estudiar la posible apelación al fallo que absolvió a 13 de los 14 uruguayos acusados de participar del Plan Cóndor. Solamente el canciller de la dictadura, Juan Carlos Blanco, fue condenado a cadena perpetua. Para conocer los fundamentos de la sentencia habrá que esperar unos 30 días. La Asociación de Familiares de Desaparecidos no ocultó su desazón con el fallo.
“Ahora, estamos esperando una reunión con la gente que fue a Roma y los abogados para ver como sigue esto y evaluar jurídicamente la situación”, dijo a LA REPÚBLICA, Nilo Patiño, vocero de Familiares. Agregó que “esto no borra los crímenes cometidos, aunque para nosotros es como un tropezón, como muchos de los que tuvimos, pero vamos a seguir.
Hay que recordar que el juicio de Roma se empieza por el tema de Tróccoli, que no fue enjuiciado en Uruguay, una cosa que se la debemos al embajador Abin que presentó tarde el pedido de extradición. Tróccoli era más del 90% de lo que importaba porque el resto ya está condenado en Uruguay. Este caso, era más bien un efecto simbólico, además fue algo que se trabajó durante mucho tiempo, fueron nueve años con mucho esfuerzo, pero vamos a seguir”, subrayó Patiño.
“Hay mucha desazón porque el dictamen no colma las expectativas, por lo tanto está ese sentimiento de angustia, pero a su vez la idea de que es posible apelar el fallo y revertir el resultado adverso está.
Además la convicción de que la lucha por verdad y justicia seguirá y que los responsables seguirán siendo objeto de seguimiento penal para que se haga justicia”, dijo por su parte a LA REPÚBLICA, Felipe Michelini, coordinador del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia. Sobre el caso particular de Tróccoli que está libre en Italia, Michelini dijo que “El caso de Tróccoli amerita un estudio particular pero hay que esperar los fundamentos de la sentencia”, indicó.
El vicepresidente Raúl Sendic, que viajó a Roma en representación del Estado uruguayo, parte querellante en el juicio al igual que el Frente Amplio, expresó su sorpresa por la absolución de Tróccoli y los otros militares uruguayos, y dijo que en las próximas horas evaluarán con los Familiares de Detenidos y Desaparecidos los pasos a seguir. Sendic dijo que se sintieron defraudados ante la decisión del Tribunal y que se coordinará con los familiares los pasos a seguir.
El vicepresidente afirmó que siente la “tranquilidad de que el Estado uruguayo dio los pasos necesarios”, pero se expresó “defraudado por la decisión”. Asimismo aclaró que no está en condiciones de juzgar los elementos que evaluó el Tribunal porque “no tengo juicios sobre qué evaluación hizo el Tribunal”.
“Vamos a seguir trabajando para asegurar el conocimiento de la verdad y la búsqueda de la justicia”, dijo el vicepresidente. Sendic aseguró que si bien se aguardaba un pronunciamiento diferente por parte del tribunal su decisión no es cuestionable. “Estamos defraudados por el pronunciamiento pero no estamos en condiciones, ni es nuestra voluntad, cuestionar o criticar al tribunal, porque tendrá sus elementos, sus motivos, para haber llegado a esta conclusión”, dijo.
Para el vicepresidente, la Justicia italiana “usó un criterio piramidal donde condenó a cadena perpetua a los principales jefes pero absolvió a los brazos ejecutores en el caso de Uruguay, Bolivia y Chile”. Recordó que el Estado uruguayo, conjuntamente con el italiano, se presentó como parte civil demandante contra un grupo de militares de varios países acusados de violaciones a los derechos humanos.
No influye para militares procesados en Uruguay
Por su parte, la directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), la exfiscal Mirtha Guianze, quien también viajó a Roma a asistir a la lectura del fallo, dijo no entender los argumentos de la Justicia para absolver a Tróccoli y a los otros militares. Sobre la absolución de Jorge Tróccoli manifestó que si bien fue absuelto, “sigue en el proceso ya que hay instancias de apelación”, En cuanto a la situación procesal de los militares uruguayos en Uruguay, no influye para nada”, señaló.
“No esperábamos este resultado porque es incomprensible”, señaló. La exfiscal dijo que el excanciller Juan Carlos Blanco, único condenado a cadena perpetua, fue condenado “por el mismo delito que se imputaba a los demás”.
Consultada por Radio Uruguay apenas conocido el fallo, Guianze señaló que algunos de los imputados de otros países que había en la causa fueron condenados este martes sin que hubiera “prueba tan abundante” como la que había contra los uruguayos. “Ha sido condenado a cadena perpetua Juan Carlos Blanco por los mismos delitos que imputaban a los demás, por desaparición forzada y muerte de uruguayos y fueron absueltos por no encontrarse culpables del delito de homicidio, está prescripto el delito de secuestro de personas.
No tiene fundamentos, esto va a ser objeto de apelación. Queremos conocer los fundamentos del fallo que se van a dar a conocer dentro de un mes”, apuntó la exfiscal. “En Italia no prescribe el delito de homicidio”, dijo Guianze y agregó que la Justicia italiana dictó el fallo sobre los militares involucrados en el Plan Cóndor señalando responsable a Juan Carlos Blanco pero “no se le imputó homicidios a otros”.
Según su interpretación, el Tribunal entendió que los demás militares acusados, entre ellos varios uruguayos, serían responsables del delito de secuestro, pero esto prescribió.
“¿Qué podía hacer una persona que tenía a su cargo un detenido; necesitaba una orden?”, se preguntó Guianze. “Acá sabemos cómo se procedía y sabemos cómo se procedía en todo el Plan Cóndor”, agregó.
En tanto el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda escribió en las redes sociales: “Ninguna sentencia puede negar el pasado. La lucha continúa”.
La condena a 27 personas y la absolución a Tróccoli
La Operación Cóndor fue ideada por el general chileno y dictador Augusto Pinochet que coordinó la represión en las décadas de 1970 y 1980 de los regímenes dictatoriales de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.
Ayer la III Corte Penal del Tribunal de Roma absolvió a los 13 de los 14 uruguayos para los que la fiscalía de Roma había pedido cadena perpetua por su presunta participación en el Plan Cóndor. En total la fiscalía Italiana imputó a 27 uniformados uruguayos, chilenos, bolivianos y peruanos, acusados de asesinar y de desaparecer a 42 jóvenes, entre ellos 20 italianos. Entre los imputados hay dos de nacionalidad boliviana, siete chilenos, cuatro peruanos y 14 uruguayos.
Los uruguayos son Gregorio Álvarez, quien murió el pasado 28 de diciembre, José Arab, Juan Carlos Blanco, José “Nino” Gavazzo, Juan Carlos Larcebeay, Pedro Mato, Luis Alfredo Maurente, Ricardo Medina, Ernesto Ramas, José Lima, Jorge Silveira Quesada, Ernesto Soca y Gilberto Vázquez.
Juan Carlos Blanco de 82 años, ministro de Relaciones Exteriores entre 1972 y 1976, cumple una pena en Uruguay por los asesinatos de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, del matrimonio de refugiados políticos, exmilitantes del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw, y del asesinato y posterior desaparición de la maestra Elena Quinteros, fue el único uruguayo condenado a cadena perpetua.
El exmarino Jorge Tróccoli fue el único de los imputados que se apersonó en el juicio donde fue finalmente absuelto. El exmilitar está en libertad en Italia desde 2007, cuando se escapó de la Justicia uruguaya que quería su extradición. El otro militar que está en libertad es Mato.
La situación de Tróccoli y “la política de desaparición”
Tróccoli no estuvo en la instancia judicial pero sí lo hizo su abogado, Alfonso Domingo Scarano, que en declaraciones a la prensa celebró el fallo pero aseguró que lo esperaban, pues la Fiscalía, a su juicio, “no ha aportado ninguna prueba que demuestra” su culpabilidad.
Tróccoli fue miembro de los servicios de inteligencia S2 del Fusna, el cuerpo de fusileros navales, durante la dictadura. Su defensa no niega que haya estado en operativos, pero alega “obediencia debida” ya que “no podía hacer nada frente a las decisiones de sus superiores”.
Sin embargo, la justicia tiene en cuenta lo que el mismo Tróccoli contó en su libro, “La ira de Leviatán”, una tesis escrita por el marino en 1998 para la licenciatura en Antropología.
Tróccoli llama a las desapariciones y asesinatos de lesa humanidad como “una política de desaparición en acuerdo con la orden del Ejecutivo Argentino de aniquilar la guerrilla”. Ahora Tróccoli tiene la nacionalidad italiana desde 2002 y en la actualidad reside en Marina di Camerota, una pequeña localidad de la provincia de Salerno, en el sur de Italia. La Justicia uruguaya trató de juzgarle en 2007, pero entonces ya había fugado del país hacia Italia.
Ese año la Fiscalía de Roma emitió 146 órdenes de arresto entre ellos para Tróccoli, acusado del asesinato de italianos latinoamericanos en el marco del Plan Cóndor. En diciembre de 2007 ingresó en una prisión italiana como medida preventiva, hasta que dos meses después, en febrero de 2008, un Tribunal de Roma dictaminó su excarcelación al no ver pruebas suficientes para proseguir con el encarcelamiento.
Amparándose en el derecho internacional, Italia no le extraditó, aunque no impidió el juicio por el asesinado de varios italianos latinoamericanos y por el de una veintena de uruguayos.
Victoria Moyano: fallo “vergonzoso”
Victoria Moyano, hija de dos uruguayos desaparecidos, se mostró indignada con el fallo de la justicia al que calificó de “vergonzoso”. Presente en Roma en el momento de la lectura de la sentencia, la joven descargó su malestar una vez concluida la audiencia. En diálogo con los medios, recordó que nació hace 39 años en cautiverio, en el centro clandestino de detención conocido como El Pozo de Banfield (Buenos Aires) y que sus padres siguen desaparecidos.
Victoria es hija de María Asunción Artigas y Alfredo Moyano, que eran militantes relacionados con los Grupos de Acción Unificadora (GAU) y refugiados políticos en la República Argentina. Ambos fueron secuestrados en 1977 y desaparecidos en 1978. Los operativos contra los militantes del GAU exiliados en Argentina eran llevados a cabo por Fusileros Navales (Fusna) de la marina uruguaya y de la ESMA (de la Marina argentina) y que finalizaron con la desaparición de la mayoría de sus integrantes, luego de su traslado clandestino hacia Uruguay.
“Me voy completamente indignada. Mis padres están desaparecidos. Yo nací en un centro clandestino, tengo 39 años y Tróccoli va a salir libre. Yo no sé dónde están mis padres. Esto es una vergüenza. Quiero repetir que veníamos a buscar condena porque en Uruguay no hay condena a los genocidas. Nos vamos como vinimos”, afirmó. Moyano planteó que si quieren pruebas “yo soy una prueba viviente” y “mis padres están desaparecidos”.
“Este señor (en relación a Tróccoli) era parte del sistema represivo. No puede ser que nos vayamos así. Voy a seguir peleando como lo hago desde que encontré mi identidad; tengo 39 años (pero) hay jóvenes que como yo hasta el día de hoy no tienen identidad como me pasó a mí; voy a seguir denunciando y luchando como lo hemos hecho todos estos años”, afirmó.
Moyano había declarado en esta causa como testigo y querellante, al igual que otros familiares de desaparecidos, denunciando un plan sistemático de robo de bebés nacidos en la clandestinidad. También mencionó cómo las fuerzas uruguayas en coordinación con las argentinas visitaban los centros clandestinos donde había detenidos uruguayos, habiendo testigos que pueden ratificar estos hechos.
Actos de justicia póstuma
Dos desaparecidos argentinos con doble nacionalidad italiana, Horacio Campiglia y Lorenzo Ismael Viñas, obtuvieron un postrer acto de justicia al condenar a cadena perpetua un tribunal italiano a seis militares (dos bolivianos y cuatro peruanos) considerados responsables de sus asesinatos en el marco del juicio por el Plan Cóndor en Roma. Ambos habían sido detenidos en Brasil.
La condena comprendió al ex presidente boliviano Luis García Meza y su ministro del Interior, Luis Arce Gómez. Los peruanos enviados a prisión por vida fueron Martín Martínez Garay, Francisco Morales Bermúdez, Pedro Richter Prada y Germán Ruiz Figueroa.
Otro argentino, Luis Stamponi, y su madre lograron una justicia póstuma. En sus casos, el acusado era precisamente el excanciller uruguayo Juan Carlos Blanco. Stamponi, compañero del Che, había sido atrapado en Bolivia y trasladado a Buenos Aires, a la cárcel clandestina Automotores Orletti.
Los otros dos ítalo-argentinos en la lista de desaparecidos en este proceso son Alejandro Logoluso y Dora Landi, que habían sido secuestrados en Paraguay. No hubo condenas en estos casos porque sus verdugos murieron de muerte natural.

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Italia condena a menos de un tercio de los imputados por los crímenes del Plan Cóndor en Uruguay

El Tribunal absuelve al exmilitar Troccoli, acusado de la muerte y desaparición de italianos latinoamericanos y una veintena de uruguayos en las décadas de 1970 y 1980. De los 146 imputados inicialmente, la lista se reduce a 27 por las trabas burocráticas de los Estados.

Italia condena a menos de un tercio de los imputados en el Plan Cóndor. REUTERS
Italia condena a menos de un tercio de los imputados en el Plan Cóndor. REUTERS
ROMA.- El Tribunal de Roma ha condenado este martes a cadena perpetua a ocho exmilitares de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay por la muerte de una veintena de italo-latinoamericanos en la época del Plan Cóndor, la represión emprendida entre las décadas de los 70 y los 80.

De los 27 imputados, han sido condenados los chilenos Hernán Jerónimo Ramírez y Rafael Ahumada Valderrama; el uruguayo Juan Carlos Blanco; los bolivianos Luis García Meza y Luis Arce Gómez; y los peruanos Francisco Morales Bermúdez, Pedro Richter Prada y Germán Ruiz Figueroa.

La Justicia italiana ha absuelto a los chilenos Pedro Octavio Espinoza Bravo, Daniel Aguirre Mora, Carlos Luco Astroza, Orlando Moreno Vásquez y Manuel Abraham Vásquez Chauan, así como al peruano Martín Martínez Garay.

Ha tomado la misma decisión con los uruguayos José Ricardo Arab Fernández, Nino José Horacio Gavazzo, Juan Carlos Larcebeau, Pedro Antonio Mato Narbondo, Luis Alfredo Maurente, Ricardo José Medina Blanco, Ernesto Avelino Ramas Pereira, José Sande Lima, Jorge Alberto Silveira, Ernesto Soca, Jorge Néstor Troccoli, Gilberto Vázquez Bissio y Ricardo Eliseo Chávez.
La Fiscalía de Roma había reclamado en octubre la cadena perpetua para todos ellos (excepto para el uruguayo Chávez), al acusarles de matar y hacer desaparecer a una veintena de italo-latinoamericanos en el marco del Plan Cóndor.
La Operación Cóndor fue ideada por el general chileno Augusto Pinochet y coordinó la represión de la oposición política en las décadas de 1970 y 1980 por parte sobre todo de los regímenes dictatoriales de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.
Un informe de la CIA estadounidense, en el que se basa la acusación en el caso del fiscal italiano Giancarlo Capaldo, precisa que Perú y Ecuador se convirtieron en miembros de ese plan a finales de los años 80.

Italia condena a menos de un tercio de los imputados en el Plan Cóndor. REUTERS
Italia condena a menos de un tercio de los imputados en el Plan Cóndor. REUTERS

El exmilitar Troccoli, absuelto

El Tribunal de Roma ha absuelto al exmilitar uruguayo Jorge Néstor Fernández Troccoli, acusado de la muerte y desaparición de italianos latinoamericanos y uruguayos en el marco del Plan Cóndor y único de los 27 imputados que reside en Italia.

La sentencia de Troccoli era muy esperada al ser el único de los 27 imputados que reside en Italia, al contar con la doble nacionalidad y escapar de la Justicia de su país en 2007. Troccoli no acudió a la vista, pero sí lo hizo su abogado, Alfonso Domingo Scarano, que en declaraciones ha celebrado el fallo pero ha asegurado que lo esperaban, pues la Fiscalía, a su juicio, “no ha aportado ninguna prueba que demuestra” su culpabilidad.

Fernández Troccoli (Montevideo, 1947) es un exmilitar uruguayo que fue miembro de los servicios de inteligencia S2 del FUSNA, el cuerpo de fusileros navales, durante la dictadura uruguaya (1973-1985). Cuenta con la nacionalidad italiana desde 2002 y en la actualidad reside en Marina di Camerota, una pequeña localidad de la provincia de Salerno, en el sur de Italia.

La Justicia uruguaya trató de juzgarle en 2007, pero entonces ya había salido del país y residía en Italia. Ese año la Fiscalía de Roma emitió 146 órdenes de arresto para 61 argentinos, 7 bolivianos, 13 brasileños, 22 chilenos, 7 paraguayos, 4 peruanos y 32 uruguayos, entre ellos Fernández Troccoli, al acusarles del asesinato de italianos latinoamericanos en el marco del Plan Cóndor.

En diciembre de 2007 Fernández Troccoli ingresó en una prisión italiana como medida preventiva, hasta que dos meses después, en febrero de 2008, un Tribunal de Roma dictaminó su excarcelación al no ver pruebas suficientes para proseguir con el encarcelamiento. Su excarcelación definitiva se produjo en abril de 2008 y, dado que cuenta con la nacionalidad italiana, las autoridades de Roma no permitieron su extradición a Uruguay.

Ateniéndose al derecho internacional, Italia no le extraditó, pero sí le ha juzgado por el asesinato de varios italianos latinoamericanos y por el de una veintena de uruguayos durante el Plan Cóndor, en las décadas de 1970 y 1980.

Pese a que en un principio los imputados ascendían a 146 personas vinculadas con los regímenes militares de los citados países, la lista final se ha visto reducida a 27, a causa de las trabas burocráticas de los Estados a la hora de tramitar las imputaciones y por la muerte de algunos acusados, todos de avanzada edad.

Funcionarios del Varela en conflicto, reclaman pago de sueldos atrasados

El caso del Varela se suma al de otros colegios y crea un panorama complicado para el comienzo de las clases.
Funcionarios del Varela reclaman soluciones durante la crisis de enero de 2016. Foto: Dante Fernández.
Funcionarios del Varela reclaman soluciones durante la crisis de enero de 2016. Foto: Dante Fernández.
Martes 17 de enero de 2017 – Caras y Caretas
Pese a las medidas adoptadas para sanear su situación económica, el Colegio Nacional José Pedro Varela mantiene dificultades financieras que se traducen en la falta de pago a los funcionarios y la reducción de personal. Por esta razón los trabajadores se encuentran en conflicto.
Esta situación se suma a los hechos registrados en los colegios Elbio Fernández, Sagrada Familia y Cervantes, donde hubo despidos por razones sindicales, conformando, en opinión del dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la educación Privada (Sintep), Sergio Sommaruga, un “panorama difícil” para el comienzo de los cursos.
Mientras tanto, el núcleo sindical del Varela, señala que “sucesivamente se han violado los acuerdos de pago realizados”, al punto que a la fecha “se nos debe la totalidad del salario del mes de diciembre, sin fecha para el cobro”. Además la empresa adeuda el 35% del salario de enero y el 50% del salario vacacional de 2015. “Asimismo no pudimos hacer uso de la licencia anual correspondiente al 2016 por el impago del salario vacacional”, subrayan.
Sommaruga dijo a Caras y Caretas Portal que el colegio estuvo al borde del cierre al comienzos de 2016, crisis que sorteó gracias a una reestructura. No obstante ha perdido unos 250 alumnos con la consiguiente supresión de grupos y reducción de personal.
Ante la falta de pago, los funcionarios del Varela continúan en conflicto y “exigimos a la Sociedad Uruguaya de Enseñanza el cobro en fecha de los salarios y una conducción responsable de la institución”.
Todo este panorama puede “complicar el comienzo de los cursos”, sentenció Sommaruga, aunque recordó que será la Mesa Representativa del sindicato la que tenga la última palabra.
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