Noticias Uruguayas 18 abril 2015

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Chile: se vuelven a abrir las «grandes alamedas» como dijo Allente // Más de 180.000 personas marcharon en todo Chile para exigir que educación deje de ser un privilegio y, contra la corrupción // Todos a la Bastilla……Ahora // Letras que fue y es Eduardo Galeano (varios artículos de Galeano) // Detienen en España al ex ministro de Aznar y ex director del FMI Rodrigo Rato por diversos delitos // Venezuela:Este domingo más de 180 países ratificarán su apoyo // Uruguay: sigue creciendo el escándalo del TISA

 

URUGUAY

Fernando Gambera habló con Caras y Caretas Portal

TISA: PIT CNT desmintió a Almagro

La Central Sindical calificó de “falsas” las afirmaciones del ex canciller, reafirmó su posición contraria al acuerdo y anunció que estará incluido en su reivindicaciones.

abr 16, 2015  Publicado en CARAS Y CARETAS

El excanciller de la República y actual secretario general de la OEA, Luis Almagro, declaró este miércoles que el PIT-CNT estaba informado sobre las negociaciones del Acuerdo de Liberalización del Comercio de Servicio conocido como TISA y además que “participó y aportó información”.
Contrariamente a lo que se ha viene señalando Almagro dijo que las negociaciones demandaron un largo período de tiempo. Enfatizó que en las negociaciones se consideraron todas las propuestas de la Central Obrera.

El PIT-CNT respondió a estos dichos del ex ministro Almagro. Una resolución de Mesa Representativa rechazó “enfáticamente” estás declaraciones a las que calificó de “falsas”.

Ratificando su “más profundo rechazo” a que el gobierno mantenga su intención de seguir avanzando en estas negociaciones.
El integrante del Secretariado Ejecutivo de la Central, Fernando Gambera, dijo a Caras y Caretas Portal que los trabajadores se enteraron de las negociaciones por intermedio de la Internacional de Servicios Públicos en 2014, organización sindical internacional que integra.
Según contó Gambera a partir de la advertencia de la IPS, el PIT-CNT tomó conocimiento sobre los potenciales peligros y riesgos que se corren al ingresar a estos formatos de tratados.

El trabajador del sector de la banca lamentó que la central sindical deba salir a explicar a partir de estos dichos del ex-canciller, cuando en realidad según enfatizó: “El Poder Ejecutivo tendría que explicarle a la gente lo del TISA”.

Gambera señaló además que en varias ocasiones se reunieron con Cancillería, donde siempre se marcó la postura de rechazo al Acuerdo de Liberalización del Comercio de Servicio.
El sindicalista señaló que en caso de suscribir este tratado se daría marcha atrás en los logros sanitarios alcanzados. Puso como ejemplo el juicio en el que el país está enfrentado a la multinacional tabacalera Philip Morris. Gambera enfatizó que en caso de firmar el tratado Uruguay quedaría condicionado sensiblemente.

Además vaticinó que sí el país pretende la regulación de las bebidas alcohólicas, el tratado impediría la aplicación efectiva del la norma.
Aseguró que este tema se incorpora a la plataforma de la Central y formará parte de todas las acciones presentes y futuras, en el entendido de que estos acuerdos atentan y configuran pérdida de soberanía y patrimonio, poniendo en serio riesgo la continuidad de todos los procesos de desarrollo en materia de servicios que se han llevado adelante.

Agradeciendo por reuniones e información

Almagro mostró comunicación del PIT CNT

Almagro mostró correo del PIT CNT en el que le agradecen la apertura y manifestó que “no permitirá que nadie le ponga la menor mancha encima”.

abr 17, 2015 CARAS Y CARETAS

Tras la resolución de la mesa política del PIT CNT que calificó de falsos los dichos del ex canciller y actual secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. Entre otras cuestiones la Central niega que el jerarca los haya hecho partícipes de la negociación.
Almagro elevó la apuesta en la polémica por la negociación del TISA e hizo público un mail que el PIT-CNT le envió cuando aún era ministro, en febrero de este año.
Allí según la comunicación exhibida por el diplomático el PIT CNT hace una serie de consideraciones sobre la negociación del acuerdo internacional de comercio y servicios que la central sindical rechaza.
Visiblemente contrariado por la situación Almagro volvió a asegurar que el PIT CNT estaba al tanto del asunto. Como argumento Almagro exhibió el correo en el que el PIT-CNT le agradece a Almagro por permitirle participar.
En una rueda de prensa concedida en la noche de este jueves Almagro dijo: “Ustedes pueden ver que con fecha 6 de febrero un email con membrete del PIT-CNT y de Redes; en el mismo se dice: ‘Sr. ministro de Relaciones Exteriores Luis Almagro, cumplió con su promerde nuestra mayor consideración: en el marco de la inminente incorporación de nuestro país a las negociaciones del Trade In Services Agreement (TISA) y a raíz de diversos encuentros sobre el particular mantenidos con el Sr. ministro, hacemos llegar nuestras consideraciones”. Y el último párrafo señala: “Reconocemos la apertura que ha tenido el Ministerio en las últimas semanas para dialogar sobre este asunto’”.
Almagro se ocupó en explicitar que: “Esto es para aclarar esto y para que puedan seguir creyendo en lo que estoy diciendo. Porque verdaderamente estas cosas molestan en lo que uno más cuida y en lo único que tengo que es mi cédula de identidad. No puedo permitir que nadie le ponga la menor mancha encima, bajo ningún concepto. De ninguna forma”, concluyó el diplomático.

Todos mienten y falsean los hechos. Lo cierto es que el TISA será la lápida para la soberanía de Uruguay, y además, va a llevar  al país a lo que se ha visto con México por ejemplo, como resultado de similares «tratados» con el imperio. El PIT/CNT debería desmentir a Almagro, sino quedaría claro que han compartido un proceso secreto, a espaldas del pueblo, con TODO el FA. En esto están comprometidos los dos gobiernos del FA y TODOS LOS SECTORES DEL FA. Ha llegado la hora de que todos hablen claro tanto sobre si sabían o no, y en caso de haberlo sabido explicar las razones de haberlo ocultado, así como hacer público los términos del tratado en discusión y que han ocultado.
TISA

Danilo Astori asegura que Uruguay no puede perder la posibilidad de avanzar en la firma del TISA

El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, aseguró que Uruguay no puede perder la posibilidad de avanzar en la firma del Acuerdo en Comercio de Servicios (Trade in Services Agreement, TISA) un tratado internacional integrado por 24 países, incluido EE.UU y la Unión Europea.

16 de abril de 2015 a las 01:43 hs Actualizado a las 01:46 hs LR21

El gobierno y el PIT-CNT se han visto enfrentados por la participación de Uruguay en el acuerdo.

En las últimas horas Astori se pronunció sobre la importancia de que Uruguay participe del Acuerdo en Comercio de Servicios (TIFA por sus siglas en inglés).
El TISA es un tratado internacional que ha sido suscrito por la Unión Europea y EE.UU, dicho acuerdo promueve la liberalización  del comercio de servicios tales como la banca o el transporte.
“El TISA es un tipo de encuentro muy especial donde los países tienen intereses ofensivos, pero también defensivos”, aclaró el ministro Astori.
Explicó que entre los intereses ofensivos se destaca el hecho de “encontrar espacio para los sectores que le interesan al país sigan exportando, como por ejemplo las tecnologías de la información que cuadriplicó sus exportaciones en diez años y tiene un mercado fundamental adonde dirige el 40% de sus ventas y ese mercado son los Estados Unidos”.
Agregó que “esos son los intereses ofensivos que al país le importa defender”.
Astori advirtió que el TISA también permite “tener intereses defensivos y decir que en determinada área de la actividad al país no le interesan los acuerdos”.
“Tiene esa característica defensiva, por eso no podemos dejar perder esta posibilidad de avanzar en este servicio”, remarcó el secretario de Estado.
El jerarca de gobierno manifestó que las ventas de servicios “han venido creciendo más que la de bienes”, y que “4.000 millones de dólares ingresan al país por la exportación de servicios globales”.

Polémicas

En las últimas horas el gobierno y el PIT-CNT se han visto enfrentados por la participación de Uruguay en el acuerdo.
El ex canciller y secretario general de las Organizaciones de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, dijo -en declaraciones a El Espectador- que “el PIT-CNT sabía de las negociaciones del TISA”.
“El PIT-CNT no sólo estaba informado sobre las negociaciones del acuerdo comercial TISA, sino que participó y aportó información”, aseguró Almagro.
También explicó que las negociaciones por el TISA “demandaron un largo período, y Estados Unidos fue el último que dio el visto bueno a Uruguay para entrar en la negociación”.
No obstante ello, el dirigente del PIT-CNT, Fernando Gambera, manifestó -también a El Espectador- que la central sindical se enteró “a través de la Internacional de Servicios Públicos en setiembre de 2014 y a partir en entonces la gremial de trabajadores mantuvo varias reuniones con la Cancillería para informarse sobre el acuerdo”.
Gambera remarcó que la postura del PIT-CNT “siempre ha sido de desacuerdo con el TISA”.

Las críticas internacionales al acuerdo surgieron a raíz de la información clasificada de Wikileaks en junio de 2014.

Nulas y sin ningún valor para siempre

viernes, 17 de abril de 2015

La aprobación de la Declaración del Estado de Guerra Interno el 15 de abril de 1972 por parte del Parlamento marcó el comienzo de una nueva fase de  la escalada represiva en Uruguay. El asalto a la Seccional 20 del Partido Comunista en la noche del domingo 16 fue una señal premonitoria de los tiempos oscuros que se avecinaban en  el país.

Mediante la  creación de un mecanismo no previsto en Constitución vigente, a instancias del Poder Ejecutivo presidido por Juan María Bordaberry, se suspendieron las  garantías individuales y se consagró la intervención de la Justicia Militar desplazando al Poder Judicial de sus cometidos. Inicialmente  lo fue para el juzgamiento de las personas que fueran detenidas por las Fuerzas  Conjuntas en su plan de aniquilamiento y destrucción de los grupos armados aunque posteriormente se extendería a toda la oposición.

Las fuerzas armadas y la policía política, supeditada operativamente a ellas, obtuvieron una autorización tácita para institucionalizar y potenciar al máximo nivel las torturas a los detenidos que ya se practicaban en forma habitual.

El desplazamiento del Poder Judicial para juzgar a los detenidos supuso una  gravísima  alteración del orden institucional y del  estado de Derecho. La justicia militar, una instancia prevista para juzgar exclusivamente  a  los miembros de las fuerzas armadas, no  era un órgano autónomo e independiente. Era una instancia administrativa supeditada jerárquicamente  a  los mandos militares que ya planificaban el golpe de Estado desde mucho tiempo atrás, como ha quedado documentado.

La intervención de la Justicia Militar supuso la eliminación de las disposiciones constitucionales para detener a las personas: semiplena prueba, in fragranti delito o por orden escrita del juez competente. Además eliminó los plazos legales para la comparecencia ante un juez de los detenidos.

El empleo de la Justicia Militar fue un atropello a la institucionalidad democrática, al Estado de derecho, al sistema republicano de gobierno. Pretendió  darle un manto de legalidad al plan represivo de quienes se apropiarían  del Estado y lo gobernarían hasta el 1º de marzo de 1985.

La detención masiva de ciudadanos, incluyendo menores y adolescentes, la aplicación de torturas en forma sistemática y metódica, la prisión prolongada  en terribles condiciones de reclusión, fue la metodología deliberadamente seleccionada en Uruguay para destruir a las organizaciones políticas, sindicales, gremiales, culturales o individualmente, que se oponían al proyecto de país que se implementó  en el marco de una estrategia continental de dominación diseñada en EEUU.

Con escasas excepciones, los más de  6.000 ciudadanos  puestos a disposición de los tribunales militares desde el 15 de abril de 1972, fueron torturados brutalmente: plantones durante  días, semanas y meses, encapuchados y atados, privados del sueño, de alimentación y atención médica, sin contacto con sus familiares o el mundo exterior, desaparecidos, sometidos a palizas y  golpizas constantes y permanentes, a sesiones de submarino, de tacho, choques eléctricos, colgadas y cuanta bestialidad se les ocurriera a los ejecutores de tales interrogatorios, incluyendo los abusos sexuales y las violaciones.

Los jueces sumariantes de la Justicia Militar integraban los equipos de interrogatorios.  En promedio, los detenidos en Uruguay, durante el terrorismo de Estado, permanecieron incomunicados 100 días antes de ser sometidos ante un juez formal, sin asistencia legal de ningún tipo. Todas las declaraciones de los sometidos a la Justicia Militar fueron realizadas en las salas de tortura que funcionaban en todos los cuarteles y centros represivos de la policía en todo el país.

Todos los procesados por la justicia militar, incluidos menores de edad, lo fueron en base a testimonios propios o de terceros obtenidos en sesiones de tortura. En una sociedad democrática, libre de los valores y de la cultura propia de la impunidad, dichas declaraciones son nulas y sin ningún valor para siempre. Son testimonios documentales del horror que padecieron miles de compatriotas. Todas las personas que comparecieron ante tribunales militares sufrieron gravísimas violaciones a sus derechos humanos y son víctimas directas del terrorismo de Estado.

Sólo mentes enfermas de terrorismo estatal pueden invocar dichas actas y confesiones para intentar desacreditar públicamente a un ciudadano. O ciudadana.

Opinando Nº 4 – Año 4 – Viernes 17 de abril de 2015

Enviado por Nestor Durante

INDISCIPLINA PARTIDARIA, la columna de Honeir Sarthou: la vida está en otra parte

publicado a la‎(s)‎ hace 15 horas por Semanario Voces

En pocas semanas, las elecciones departamentales y municipales pondrán fin a la edición “2014-2015” del larguísimo ciclo electoral que nos infligimos los uruguayos cada cinco años.

Más de un año de campaña, fortunas invertidas en publicidad, el derroche de imágenes y el sonsonete de los “jingles” saturándonos los ojos y los oídos, actos, discursos, caravanas, la totalidad de la “clase política” dedicada a obtener o renovar sus cargos y sus cuotas de poder.

¿Eso es malo?

No es que en sí sea malo. Después de todo, vivimos en un sistema democrático. Si las campañas, los discursos, los programas y los escasos debates versaran sobre los asuntos centrales de la vida social y propusieran soluciones serias, difíciles, costosas y discutibles, como son en general  las verdaderas soluciones, seguramente el esfuerzo valdría la pena.

Pero eso no es lo que ocurre. De hecho, sobre los asuntos que más preocupan a la población (enseñanza,  seguridad pública, etc.) rara vez se hace algo más que anunciar soluciones mágicas, del tipo “reformaremos la enseñanza para asegurar una educación de calidad para todos y todas”, o “profesionalizaremos y dignificaremos a la policía para combatir con eficacia al delito”. Frases huecas, buenos deseos, adormecedora música de supermercado para endulzar y anestesiar a los votantes.

Los discursos electorales parecen referirse a un falso país, un país de utilería, apto para recibir soluciones de engrudo y papel pintado. Para confirmarlo, basta ver que durante esta campaña electoral estaban ocurriendo cosas como la negociación del ingreso de Uruguay al TISA, los incumplimientos de las empresas encargadas de la regasificadora y de otras obras públicas, situaciones intolerables en instituciones de salud pública, la contaminación del agua potable y la paralización del Poder Judicial, que desde hace casi seis meses  no practica la mayoría de las notificaciones.  Sin embargo, ninguno de esos temas fue seriamente abordado durante la campaña electoral. El oficialismo los ocultó, jugando a la reiteración machacona de sus supuestos logros, traducidos en estadísticas. Y la principal fuerza opositora guardó silencio porque se jugó a “la positiva”, a la imagen de niño bueno, de opositor de guante blanco. Resultado: nadie dijo la verdad sobre cosas que importan mucho y la campaña electoral versó sobre un país de fantasía.

Esta situación trasciende a los partidos políticos. Mejor dicho: es multipartidaria, porque involucra  a todos los partidos. Pero, ¿es culpa de los partidos?

Treinta años de vida formalmente democrática, desde la última dictadura, impondrían realizar alguna clase de balance sobre el tipo de democracia que tenemos y sobre su capacidad o incapacidad para abordar los problemas colectivos. Semejante balance excede las posibilidades de este artículo, pero eso no nos impide hacer algunas consideraciones primarias.

¿Qué cambios estructurales, profundos y sistémicos, ha realizado la democracia uruguaya en estos treinta años?

Entre los principales mencionaría algunas reformas realizadas por el gobierno de Luis Alberto Lacalle (por ejemplo, ley de puertos), la reforma de la seguridad social con la creación de las AFAPs durante el segundo gobierno de Sanguinetti , y las reformas tributaria y del sistema de salud durante los gobiernos del Frente Amplio.

Si se analizan las constantes de esas reformas, no costará mucho descubir que todas ellas han recurrido a la privatización y/o han beneficiado a intereses económicos poderosos nacionales o transnacionales. El carácter privatizador de las reformas de Lacalle padre está fuera de cuestión. Lo mismo puede decirse de la reforma jubilatoria de Sanguinetti (la de las AFAPs), perjudicial para quienes hoy aspiran a jubilarse y beneficiosa para una cantidad de instituciones financieras (las AFAPs y las aseguradoras) que operan bajo el derecho privado. Tampoco puede  negarse que la reforma del sistema de salud se basó en una enorme transferencia de afiliados y de recursos al sistema privado de salud. Respecto a la reforma tributaria, no yo, sino los técnicos y asesores del PIT-CNT y la Red de Economistas de Izquierda, han señalado que implica porcentualmente un alivio de la carga tributaria del sector empresarial  y un aumento de la carga tributaria del sector asalariado.

Cabe preguntarse: ¿existió antes  o existe ahora una fuerte demanda popular por la privatización de actividades o por la exoneración de impuestos y la transferencia de recursos al sector empresarial privado? ¿Cómo se explica esa línea constante de la democracia uruguaya? ¿Cómo se la concilia con los reiterados pronunciamientos plebiscitarios antiprivatizadores que ha hecho el cuerpo electoral en los últimos treinta años cuando ha sido consultado? ¿De quién es la voluntad que cumple el sistema político cuando adopta ese tipo de medidas?

Las respuestas a esas preguntas no son fáciles. Quizá haya que considerar que el sistema político uruguayo opera en el marco de un cierto vacío de voluntad de la sociedad uruguaya. Un vacío o hueco de la voluntad ciudadana que puede traducirse en el vago mandato de “hagan algo” para resolver tal o cual problema, pero que no define qué se debe hacer. Eso tiene importantes consecuencias. Por un lado, hace posible que lleguen al poder político personas sin ideas claras respecto de qué hacer.  Por otro, deja a los representantes políticos las manos demasiado libres para seguir los consejos de quienes sí tienen claro lo que les conviene.

Lo que quiero decir es que la centralidad y la responsabilidad asignadas al sistema político por la sociedad uruguaya probablemente sean excesivas.  El sistema democrático representativo, es decir fundado en la noción de representación política, sólo puede funcionar bien si existe una ciudadanía fuerte, informada y clara en su voluntad.  De lo contrario, sus representantes se vuelven poleas sueltas, sin dirección ni engranaje adecuado con ningún proyecto político populary se vuelven vulnerables a los intereses y consejos interesados de empresarios y tecnócratas nacionales e internacionales.

Algo anda mal en nosotros si elegimos como representantes a modestos recolectores de votos, artesanos de la política, y esperamos de ellos liderazgos mesiánicos e iluminados. Sólo muy de cuando en cuando, la democracia produce el tipo de dirigentes capaces de concebir un proyecto de futuro y de obtener los apoyos políticos para llevarlo a cabo.  Esa clase de líderes puede, a la vez, crear un sueño colectivo, seducir con él a sus conciudadanos y ejecutarlo. Pero, reitero, eso ocurre muy rara vez. La vida ordinaria, en democracia, requiere de una ciudadanía que asuma su cuota de responsabilidad, que se forme, se informe, discuta y decida. Si no lo hace –si no lo hacemos- , si nos limitamos a votar y a mirar televisión, ocurre lo que nos está ocurriendo: los representantes políticos terminan guiándose por sus propios intereses o, peor aún, por los intereses de quienes tienen los medios para convencerlos, engañarlos, adularlos o comprarlos.

La síntesis de todo esto es que padecemos un “déficit de ciudadanía”. Somos víctimas de la ilusión de que es posible guiarse en la vida política por la fe, votando a una imagen que nos es simpática y confiando en que el elegido sabrá qué hacer. Pero la democracia republicana exige mucho más a sus ciudadanos.

Quizá muchos hemos elegido mal el campo de lucha y esperamos de la política partidaria y electoral lo que no puede darnos.  Tal vez la lucha que debemos dar no se juegue en el campo electoral, sino en el cultural. Porque la ciudadanía es un asunto cultural. Para percibirlo, basta ver los resultados del sistema educativo, los contenidos de la televisión, la mentira convertida en herramienta política, la violencia en la calle, la agresividad en las redes sociales.

Cuestionar lo que se nos dice desde el poder, leer, informarnos, pensar sin prejuicios y discutir, tal vez sean tareas ciudadanas en las que nos vaya la vida.

 

 

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