Publicado en: 17 octubre, 2015

Noticias Uruguayas 17 octubre 2015

Por Colectivo Noticias Uruguayas

Uruguay – Azucena no es una flor por Samuel Blixen // Funcionarios ocupan el Pasteur // La pobreza afecta al 22% de la población afrouruguaya

Las multinacionales quieren que el TTIP les dé carta blanca para privatizar agua, sanidad o educación // Más de 1.300 organizaciones convocan una manifestación contra la pobreza y la desigualdad // “Si Rusia consigue eliminar al Estado Islámico, EEUU quedará derrotado a ojos del mundo” // Portugal – pacto Bloque y PS para echar a la derecha del gobierno // España – Otegi, el preso que podría convertirse en lehendakari // Los medios y la batalla por la democracia en América Latina por Atilio Boron // México – Condena Comité de ONU a México por torturas de militares // Protestas contra tratado TPP // Chile Mejor sin TPP: “Bachelet dice que el tratado es bueno, pero el país ignora a qué se refiere” // Uruguay – Azucena no es una flor por Samuel Blixen // Funcionarios ocupan el Pasteur // La pobreza afecta al 22% de la población afrouruguaya

URUGUAY

Dossier del Blog El Muerto

Azucena no es una flor

15 octubre 2015

por Sanuel Blixen

El ex ministro José Bayardi eclipsa, con una abundante producción de cartas, desmentidos y entrevistas, el episodio de la incautación de un archivo militar. Ahora arremete contra la ex ministra Berrutti y revela, insólitamente, los nombres de dos civiles dedicados a tareas de inteligencia, a quienes acusa de mantener un “grupo paralelo” en el Ministerio de Defensa.

Después de acusar al autor de este artículo de mentir, de inventar sucesos y de dejarse “instrumentalizar”, el ex ministro de Defensa Nacional José Bayardi arremetió ahora contra la ex ministra Azucena Berrutti y reveló que dos antiguos asesores de Berrutti, y dos coroneles, mantuvieron durante años una estructura paralela de inteligencia que recién fue “desmantelada” en 2013.

El desahogo incontrolado del doctor Bayardi es una consecuencia directa de la incautación de un archivo con documentos militares que el coronel Elmar Castiglioni –recientemente fallecido– guardaba en su residencia particular. Ese archivo, ubicado a comienzos de octubre gracias a un allanamiento ordenado por la jueza penal de 7° turno Beatriz Larrieu, debería haberse incautado en marzo de 2008. Hace nueve meses Brecha dio a conocer la existencia de un operativo de contrainteligencia que fue abortado cuando la ministra Berrutti abandonó el ministerio y su sucesor Bayardi decidió congelar ese y otros asuntos relacionados con las tareas de inteligencia. En ese informe de Brecha se señalaba que dos coroneles y dos civiles eran responsables de ese operativo, que estaba en conocimiento de la ministra y del comandante del Ejército.
Ni la ex ministra, ni el general Rosales, ni los asesores desmintieron la información brindada por Brecha; el doctor Bayardi, en cambio, afirmó que no había congelado ningún operativo porque nunca nadie le informó de su existencia. Ahora el doctor Bayardi también desmiente la información sobre la entrevista que la doctora Berrutti y su asesor mantuvieron con el presidente Tabaré Vázquez, a quien informaron sobre la existencia de aquel operativo, su importancia –tanto en lo que refiere a la búsqueda de archivos de la dictadura como al compromiso de oficiales en dicha búsqueda– y la delicada situación en que quedaban los dos coroneles.
En una entrevista concedida a Radio Uruguay, Bayardi calificó ese tramo del informe de Brecha como “una novela” y fundamentó la falsedad de la información en el hecho de que el presidente Vázquez no tomó ninguna medida contra él por su inacción. “Suponer que no hace nada (frente a la inacción) es no saber quién es Vázquez”, dijo el ex ministro. El desmentido oblicuo no modifica la certeza de este semanario sobre la veracidad de las fuentes que aportaron esa información; es más, Brecha omitió, al mencionar aquella reunión con Vázquez, algunos pormenores de la conversación que menoscababan personalmente al doctor Bayardi; de haberlo hecho, aquella entrevista se habría transformado en una “novela psicológica”.
Hasta el miércoles 14 Bayardi centraba sus baterías en este periodista, y entre sus argumentos figuraba una original interpretación de unas declaraciones de la doctora Berrutti a La Diaria. Según Bayardi, la ex ministra negó la existencia de aquel operativo de inteligencia, cuando en realidad lo que dijo Berrutti fue que desconocía el lugar en el que estaba la documentación. En una lectura sesgada, Bayardi pasa por alto algunas afirmaciones de Berrutti, a saber: “tenemos que seguir trabajando para ver dónde está (la parte del archivo aún no ubicada). Hay un hecho: yo me fui y la cosa se paró. Yo tuve que dejar el ministerio y después no pasó más nada. Para saber cuáles son las razones habría que preguntarle a las personas”.
Quizás ofuscado por las palabras de la ex ministra, el doctor Bayardi introdujo nuevos elementos en la controversia. En un almuerzo compartido con dos periodistas del programa Rompkbzas, Carlos Peláez y Daniel Figares, el doctor Bayardi comentó (siempre según la versión que los colegas emitieron por radio, versión de la que no corresponde dudar, dado el rigor de estos profesionales): “Tuve desencuentros con la doctora Berrutti, pero le tengo mucho aprecio”, y sin venir a cuento recordó el episodio de la destitución del teniente general Carlos Díaz, comandante del Ejército, en octubre de 2006, a raíz de una reunión que había mantenido, junto con los generales Miguel Dalmao y Pedro Aguerre, con el ex presidente Julio María Sanguine­tti y el ex ministro de Defensa Yamandú Fau. La destitución de Díaz y el arresto de los dos generales se fundamentaron en que ningún oficial en actividad puede mantener contactos con políticos sin el consentimiento del ministro. Bayardi, para quien el general Díaz fue “el más leal de los comandantes en jefe”, sugirió que la medida fue adoptada por Berrutti aprovechando que el presidente Vázquez estaba “en otras actividades”, y que fue aconsejada por el entonces senador José Korzeniak. Bayardi se preguntó por qué la ministra no había tomado medidas cuando Díaz se reunió con frenteamplistas y blancos.
Los coletazos de aquel operativo de inteligencia parecen no tener fin. Después de todo, Brecha no estaba tan desinformada en enero de este año: los documentos efectivamente habían sido robados, estaban en poder de un coronel y ocultos en una casa particular; la incautación se produjo por un allanamiento, tal cual estaba programado, sólo que siete años después, y por disposición de una jueza. El doctor Bayardi sigue afirmando que nunca nadie le dijo nada y que no estaba enterado, aunque admitió a los periodistas de Rompkbzas que “mucha gente lo sabía”. Es extraño que el ministro no supiera lo que llegó a saber un oscuro periodista afecto a las novelas. Y después de todo (aunque parezca un trabalenguas): ¿cómo sabía que mucha gente sabía, si él no sabía?
El doctor Bayardi fue más allá. En su conversación con Figares y Peláez el ex ministro reveló que en el ministerio funcionó un grupo, integrado por civiles y militares, que buscaba los archivos y que fue “desmantelado” (tal la palabra que usó en su conversación con los periodistas) en 2013. Bayardi no tuvo empacho en identificar a los civiles: Augusto Gregori y Javier Vázquez, precisamente los dos asesores de Berrutti que manejaban los asuntos de inteligencia. Bayardi no mencionó a los dos coroneles, pero las fuentes de Brecha indican que ellos eran precisamente los que participaban del operativo de contrainteligencia.
La insinuación de Bayardi sobre la existencia de un grupo “paralelo” (para designarlo de alguna manera) es de suma gravedad. Quizás el doctor Bayardi también desmienta las palabras de la ministra Berrutti en el momento de dejar el ministerio: “Para todas las cuestiones de frontera y de inteligencia, hablá con Augusto”; cuyo contrato y el de Jaime Vázquez debían renovarse, según acordaron el ministro entrante y la ministra saliente. Pero los contratos no fueron renovados, de modo que Gregori y Jaime Vázquez, al integrar “un grupo”, tal como señaló Bayardi, de hecho estaban manteniendo una relación ilegal con dos coroneles del Ejército. La no renovación de los contratos implicaba, de hecho, congelar el trabajo de contrainteligencia que se venía montando contra el coronel Castiglioni.

La controversia sobre el papel jugado por el ex ministro Bayardi debería ser un aspecto secundario frente al hecho de que, finalmente, fue ubicada la documentación que, según la doctora Berrutti, “arrojará luz sobre todo el proceso de integración del Plan Cóndor y sobre situaciones que derivaron en la muerte o desaparición de ciudadanos”. Ello se conocerá cuando un equipo de historiadores, encabezado por Isabel Wschebor, analice el contenido de las 60 cajas incautadas en el domicilio del coronel Castiglioni y brinde un informe preliminar a la jueza Larrieu. Pero aun en este aspecto el ex ministro introdujo sombras: en la línea de conjeturas adelantadas por ciertas fuentes militares del diario El Observador, el doctor Bayardi también ha sugerido que el archivo incautado en la casa de Castiglioni puede tener “elementos plantados”, con lo que se apresura a tender un gran manto de duda, descalificando a priori documentos buscados desde hace 30 años.


 

  Martes 13 de octubre de 2015 –

Archivo Castiglioni: Bayardi negó que haya “trancado” investigación y advirtió que puede estar “infectado”

El exministro de Defensa José Bayardi negó que supiera de la existencia del archivo que se incautó en el domicilio del coronel Elmar Castiglioni y rechazó que en su gestión se haya frenado esa investigación. Se enteró en 2015, siete años después, remarcó y advirtió sobre la posibilidad de que alguien haya “plantado” elementos.

El exministro de Defensa contestó las versiones periodísticas que le atribuyen haber trancado un proceso en que venía el Ministerio de Defensa encabezado por Azucena Berruti. En ese sentido, destacó que, tal como llegó a publicar en Búsqueda, “lejos de haber echado para atrás” se profundizó “bastante”.

El decreto que subordina Inteligencia a la estructura del mando del Ministerio es muy posterior a él, remarcó y criticó las versiones periodísticas que lo relacionan con esa normativa. “Lo peor que hay para un periodista es dejarse instrumentalizar”.

“No tuve en ningún momento conocimiento de que había oficiales que estaban investigando a otro coronel. No lo supe yo cuando era subsecretario y Berrutti se fue y tampoco lo sabía” afirmó en entrevista con De Diez a Doce. 

¿Elementos “plantados”?

Bayardi remarcó la importancia de que los técnicos que analicen los archivos conozcan el pasado reciente y “hayan seguido toda la secuencia”.
Puede haber cosas que hayan sido plantadas, advirtió y explicó: “quiere decir que hechos que no fueron registrados (…) hayan sido inventados o manipulados y estén incorporados como parte de un archivo que puede estar infectado”.


Dossier del Blog El Muerto

Funcionarios ocupan el Pasteur

FFSP tiene previsto ocupar Traumatología (26/10) y Hosp.Español (30/10). Si no hay avances evalúan intervenir en Pereira Rossell e interior.

Los funcionarios de Salud Pública comenzaron este jueves a ocupar distintos centros de salud del Estado (ASSE).
Ya ocupan parte del hospital Pasteur y el laboratorio Dorrego de Salud Pública, lo que puede afectar la producción de medicamentos para este sector.
Además, si no obtienen las mejoras que reclaman en el Presupuesto, planean ocupar Traumatología, el Hospital Español, varios centros de salud del interior del país e incluso el Hospital Pereira Rossell.
El sindicato reclama una mesa de negociación con ASSE, el Ministerio de Salud Pública y senadores del Frente Amplio.
Estos últimos tienen ahora la potestad de modificar el proyecto de ley de Presupuesto que aprobó la Cámara de Diputados y por eso los funcionarios de salud pública quieren reunirse con ellos.
Entre otras cosas reclaman “un salario de ingreso de $ 22.000 para el escalafón más bajo” que es de administrativo y por el cual hoy se paga “$ 13.000”, explicó a Subrayado Martín Viasotti, presidente de la Comisión Interna del Pasteur, ocupado desde las seis de la mañana del jueves.
Además piden “mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones para la atención de los usuarios y terminar con el proceso de tercerización”. Quieren “igual remuneración para igual función”, agregó el dirigente sindical.
En el Pasteur son 60 los funcionarios que ocupan la farmacia, el archivo de historias clínicas, el sector recaudaciones, la policlínica y los pedidos de consultas.

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Cartelera


Dossier del Blog El Muerto

Se discutió el Presupuesto

martes, 13 de octubre de 2015

La votación terminó a los gritos y fue necesario un cuarto intermedio, cuando el diputado nacionalista Pablo Abdala afirmó que “los coletazos de la dictadura aún pesan en algunos legisladores”, y agregó que no se iba a alcanzar la reinserción definitiva de las Fuerzas Armadas en la sociedad hasta que no volvamos a sentir orgullo por el Ejército”.
El frenteamplista José Querejeta le gritó: “¡Sos un demagogo, Abdala!”, a lo cual éste le respondió: ¡callate la boca…!”
 De acuerdo con el plan original del gobierno, este año se suprimirían 734 vacantes en el Ejército, 215 en la Armada, 135 en la Fuerza Aérea y 11 en la Dinacie (inteligencia del Estado). En las Fuerzas Armadas hay unos 20.000 miembros del personal subalterno
Otra vez Semproni 

“No me dieron pelota”

Cuando se pasó a discutir sobre el artículo 144 que suprimía las vacantes, el oficialista Semproni anunció que no votaría con su partido porque en caso de reducir la cantidad de efectivos militares, “hay que hacerlo con razonabilidad, profesionalidad. Esto es arbitrario”, dijo.
“Presenté una propuesta en la comisión y no me dieron pelota, ni la consideraron. Primero no voto porque la supresión de vacantes de la manera que se hace es falta de análisis y estudio. ¿Quién decidió cuantas vacantes? Segundo, porque esas vacantes se suprimen en soldados de primera. Son las personas a las cuales recurrimos cuando hay necesidades en beneficio de la sociedad. Tercero, el aumento que se le da a los que se quedan es irrisorio, de $ 1.500 por mes. Es arbitraria la supresión, no comparto que sea solo con los rangos de soldado, sino que miremos toda le estructura”, argumentó.
Semproni explicó a El País que “el mandato de disciplina partidaria debe ser para los legisladores que son de la estructura orgánica. Yo fui electo por el Frente. No integro la estructura orgánica del Frente y no por mi voluntad, sino porque me lo negaron”.
Pobre gente

Sueldos de asesores y nueva secretaría de medio ambiente

Uno de los puntos de mayor rispidez del debate presupuestal se produjo cuando se analizó un artículo por el cual se fijan nuevas retribuciones para los asesores de los ministros, que llevan su salario a unos $ 100.000.
Según la oposición, este gasto insumirá unos US$ 4 millones para 2016, de acuerdo con lo que informó a los legisladores la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC).

Frente interno

Reducción de vacantes militares y pasaje de Caminera a la Republicana no se aprobaron por voto contrario de tres diputados del FA.
Luego de la aprobación en general de la Ley de Presupuesto, en una sesión que terminó en la madrugada de ayer, la Cámara de Representantes retomó en la mañana la votación del articulado. La aprobación de los primeros 115 artículos transcurrió sin mayores sobresaltos, ya que la bancada del Frente Amplio (FA) se mantuvo sin fisuras e impuso los 50 votos que le dan la mayoría simple, y en algunos casos contó con el apoyo de alguno de los otros partidos. Incluso, durante el tratamiento de las disposiciones generales y del inciso 2, correspondiente a Presidencia, hubo votaciones que superaron los 90 votos. En otros casos el FA fue acompañado sólo por el Partido Nacional (PN) o sólo por el Partido Colorado (PC), el Partido Independiente (PI) o incluso por el diputado de Unidad Popular (UP), Eduardo Rubio. Por ejemplo, la creación de la Secretaría Nacional del Deporte fue apoyada sólo por el FA, mientras que la asignación de 50 millones de pesos al fortalecimiento de la “formación de nivel terciario en educación física”, después de una rectificación pedida por el PC, obtuvo un apoyo unánime.
Pero al comenzar el tratamiento del inciso correspondiente al Ministerio de Defensa Nacional (MDN), y luego de que se presentara cómo se iba a proceder a la votación, comenzó un largo debate acerca de las Fuerzas Armadas, las políticas en materia de defensa nacional y los recursos asignados, que, tal como se había anunciado, culminó con la votación negativa del último artículo del inciso, que disponía aumentos para los grados más bajos del personal militar subalterno, financiados a partir de la reducción de 50% de las vacantes en el grado de soldado de primera o sus equivalentes.
En esa votación el FA perdió tres votos y sólo recibió el apoyo de Rubio, por lo que el artículo consiguió 48 votos en 99 y no se aprobó. Darío Pérez y Sergio Mier (ambos de la Liga Federal Frenteamplista, LFF), y Víctor Semproni (Congreso Frenteamplista) desobedecieron la decisión de la bancada del FA de votar en bloque todos los artículos. Posteriormente, un sustitutivo propuesto por el PC que mantenía los aumentos otorgados tal como venían en el Presupuesto, pero suprimiendo los dos párrafos que proponían la financiación mediante la reducción de las vacantes, tampoco consiguió ser aprobado, pero obtuvo 45 votos. Iván Posada explicó que el PI no acompañó el sustitutivo porque no se estableció “la fuente de financiamiento”, mientras que Pérez, Mier y Semproni tampoco lo apoyaron, pero no fundamentaron la razón.
Por lo tanto, los aumentos de 800 pesos para los cabos de primera, 1.000 pesos para los de segunda, 1.500 pesos para los soldados de primera y 2.000 pesos para los aprendices quedaron sin efecto.
Antes de la votación Mier advirtió que desde Santa Clara de Olimar, departamento de Treinta y Tres, le estaban llegando mensajes de los vecinos del lugar, alarmados por el anuncio del cierre de la unidad militar local, realizado por los propios oficiales del cuartel. Sin embargo, Carlos Rodríguez (Movimiento de Participación Popular, MPP) aclaró que “no va a ser cerrada ninguna unidad militar” y afirmó que “ésta no es la primera vez que en un Presupuesto se otorgan partidas fijas de aumento para el personal de militar de menor grado financiadas con vacantes”, recordando que durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle (PN) se suprimieron 6.000. También recordó que en el Presupuesto de 2010 el Poder Ejecutivo fue facultado para suprimir cargos vacantes del personal subalterno durante todo el período.
Después de que se rompió la unidad de la bancada del FA, el coordinador, Carlos Varela (Asamblea Uruguay), pidió un cuarto intermedio, después del cual aseguró que había hablado con el subsecretario del MDN, Jorge Menéndez, y aseguró otra vez que “no hay ninguna decisión de cerrar alguna unidad militar”. “Nos preocupa mucho que algunos oficiales estén diciendo algo que es falso, y vamos a buscar a los responsables de generar una conmoción”, agregó. Luego, reafirmó la voluntad política del FA de otorgar el aumento y se mostró esperanzado de que en el Senado se encuentre la forma de hacerlo. Tanto el grupo de Semproni como la LFF carecen de bancas en esa cámara.
Por su parte, el nacionalista Jorge Gandini (Alianza Nacional, AN) también manifestó la voluntad del PN de buscar “los mecanismos y los recursos” para dar el aumento que ayer quedó trunco. “Hemos dejado de manifiesto que somos partidarios de aumentar los salarios de las Fuerzas Armadas. Queda la instancia de discusión de 45 días en el Senado”, dijo también el colorado Germán Cardoso (Vamos Uruguay). El frenteamplista Daniel Caggiani (MPP) especificó que entre los 20.110 efectivos del personal subalterno -2.700 cabos, 4.055 cabos de segunda, 13.139 soldados y 219 aprendices- “ninguno de ellos va a recibir el aumento”.
En el debate previo hubo una discusión en la que el diputado del PN Gustavo Penadés (Todos hacia Adelante) insistió con que el presupuesto otorgado hace “imposible sostener la capacidad operativa” del MDN y criticó la compra de tres helicópteros por parte del Ministerio del Interior (MI). Penadés se preguntó por qué no se entrega los aparatos a la Fuerza Aérea para que los opere en apoyo del MI.
El blanco Gonzalo Novales (AN) aseguró que en siete u ocho años “van a a desaparecer la mitad de los cuarteles” que “están en el interior” y dijo que Semproni había demostrado en el ámbito de comisión las “más de 40 funciones que realizan las Fuerzas Armadas, que no son la guerra ni las militares”. “No quiero que este Parlamento sea el verdugo de esas Fuerzas Armadas”, expresó.
Desde el FA, Óscar Andrade (Partido Comunista) criticó al PN porque cuando fue gobierno disminuyó las vacantes militares en un período en que “había mayor desempleo del que hay ahora”. “Las Fuerzas Armadas estaban sobredimensionadas, y están sobredimensionadas, en comparación con la cantidad de habitantes del país”, expresó Andrade, quien defendió que “nunca aumentó tanto el salario de los militares” como durante los períodos de gobierno del FA. También advirtió que se debe debatir en algún momento la situación de la Caja Militar y por qué los oficiales se jubilan con 100% de su salario, y afirmó que “hay que repartir la torta también hacia adentro” del MDN.
No pasa la Caminera

Sobre el final de la noche se votó el articulado correspondiente al MI, con acuerdos bastante amplios, salvo en relación con el artículo 177, que estableció el pasaje de la Policía Caminera a la Guardia Republicana, ya que nuevamente los diputados del FA Mier, Pérez y Semproni no acompañaron al resto de los diputados de su partido por la positiva. Diputados frenteamplistas como Gabriela Barreiro (Partido Socialista), Martín Couto (Ir) y Carlos Coitiño (Partido por la Victoria del Pueblo) explicaron que pese a que no estaban de acuerdo con el artículo votaron afirmativamente por la resolución de la mayoría de la bancada del FA, reivindicando la unidad de acción. Los partidos de la oposición tampoco respaldaron este artículo.

A tribunales

El senador de la lista 711 Marcos Otheguy, quien ejerce la conducción del FA junto al socialista Yerú Pardiñas y la comunista Laura Cassartelli, dijo a la diaria que el Secretariado Ejecutivo de la coalición de izquierda estudiará el lunes la postura adoptada por Semproni y la LFF. Consideró que Semproni maneja un “argumento engañoso”, porque por más que “no esté integrado formalmente al FA”, está “sujeto a la disciplina” porque “el FA le habilitó el lema para que se presentara” a las elecciones. “Si hay una decisión de la bancada, los diputados están sujetos a la disciplina”, remarcó Otheguy. Tanto la actitud de Semproni como de la LFF “están en contra de los estatutos del FA” y, por lo tanto, “ameritan, sin duda, el pasaje al Tribunal de Conducta Política”.

Andrade dijo que respeta la posición de estos grupos, pero consideró que “como señal no es lo mejor”. De todos modos, acotó que “conviene no hacer tragedias”, porque el FA “ha tenido muchos momentos de discusiones internas que llevaron a dejar en condición compleja su unidad de acción”. El diputado del Partido Socialista Gonzalo Civila tuiteó que “el quiebre de la unidad de acción” debe llamar “a una profunda reflexión”. “Nos demanda a su vez un trabajo de articulación y síntesis para recomponerla y garantizarla en el futuro”, agregó.

Sebastián Sabini (MPP) escribió: “Duele perder en sala las mayorías que ganamos en la calle. La unidad política es nuestra única gran fuerza”. Darío Pérez dijo ayer, después de votar negativamente el pasaje de la Caminera, que “reivindica la rebeldía”.


Los gráficos de Gabriel “Saracho” Carbajales


Se dijo cuando la crisis interna en agosto // renuncia de Xavier
LA SENADORA Y POLITÓLOGA CONDENÓ LA DECISIÓN DEL PLENARIO DEL FA

Moreira: “El FA podría volverse prescindible”

Publicado el Lunes 10 agosto de 2015 , 5:00am – La República uy

La senadora Constanza Moreira opinó en su cuenta de Twitter que “los grupos chicos del Frente Amplio” estuvieron en contra de la renuncia de Mónica Xavier y que “es increíble que una mayoría simple no entienda que acaba de partir el Frente Amplio en dos”. En tal línea, sentenció que “hoy se abre un nuevo cuarto intermedio” y que “los que sienten que ganaron una pulseada, deberán llamarse a reflexión sobre qué Frente Amplio quieren”.

Para Moreira, “quienes viven la votación del Plenario como una incomprensión profunda de lo que requiere el Frente en el futuro, deben tener paciencia y responsabilidad”. La senadora recalcó que “el gobierno seguirá actuando, el Plenario discutiendo y los ediles legislando, pero necesitamos un Frente fuerte, que conduzca”.

Desde su perfil de politóloga, la líder de Casa Grande opinó que “el Frente Amplio podría cometer el error de volverse prescindible para cualquier gobierno” y “si no se quiere esto, menuda reflexión deberá hacer”.
Días atrás, Moreira había opinado en la red social que “se reconoce a Tabaré Vázquez y a José Mujica por la victoria de octubre, pero también la fuerza política le debe un gran reconocimiento a Xavier por dicho triunfo”.
La senadora apuntó además que “presionar a un Presidente legítimamente elegido en comicios abiertos, donde les ganó ampliamente a sus competidores, para que a treinta meses de su mandato renuncie a la Presidencia, deja al FA mal parado”. Tal como opinó, eso implicó “desconocer la voluntad popular de miles de frenteamplistas que se pronunciaron democráticamente en las urnas y es contraproducente para el funcionamiento de la fuerza política”.
“El FA está hoy en su laberinto”, sentenció, explicando que se trata de un laberinto “en que los procedimientos importan más que la sustancia de las cosas. O los procedimientos sirven de “excusa” para tomar decisiones sustantivas, sin que parezcan tales”. “Se les sustrae a la gente, en nombre de los procedimientos, lo que en verdad está en juego. Y ocultar el alma de los hechos, decía Onetti, es la peor forma de traicionar a la verdad”, finalizó.
“Hay que predicar con el ejemplo”
“Si los partidos políticos son la base de la democracia, los primeros que deben pasar el test democrático son ellos mismos. Prediquemos con el ejemplo, compañeros”, había pedido Moreira en la previa de la votación.
Para la senadora, “gobiernos electos deben ser reemplazados por gobiernos electos” y “si el Frente abre la participación, no la puede cerrar después”. “Para quienes queremos un FA fuerte, activo, crítico y lleno de vida, este sábado se escribió un capítulo de la historia”, manifestó.


Los gráficos de Gabriel “Saracho” Carbajales


Integración regional

Uruguay: ¿Modelo de participación popular?

Martes 6 de octubre de 2015, por La olla TV – ACTA/CTA – Argentina
Entrevistamos al fiscal uruguayo Enrique Viana acerca de los procesos de consulta en el país hermano. En su larga trayectoria, Viana ha llevado adelante significativas causas relacionadas con los bienes comunes.
Fue una de las pocas voces que se alzó en contra de la instalación de la papelera Botnia. Asimismo, este año, solicitó una medida cautelar a la Suprema Corte de Justicia que impida que Aratirí firme contrato con el Estado hasta que la Corte no se pronuncie sobre la inconstitucionalidad de la ley de minería, ya que denuncia, el “proyecto Aratirí significará escalas de destrucción y contaminación difíciles de imaginar”. Sin embargo su pedido fue negado. Asimismo, se ha pronunciado a través de una demanda en defensa de la soberanía nacional y la república contra el Ministerio de Relaciones Exteriores por su participación en las negociaciones del TISA (Trade in Services  Agreement).
En este sentido, no sólo destacó que este acuerdo se realiza en forma secreta, “lo que la vuelve en primer lugar antidemocrática”, sino que destacó que las cláusulas de blindaje, de estabilidad, de seguridad jurídica o de congelamiento del derecho y también las cláusulas de  prórroga de jurisdicción “entrañaría para la República Oriental del Uruguay múltiples condicionamientos de la voluntad de sus tres poderes… significaría permitir el atentado contra la soberanía nacional y la república y con más la violación del axioma de igualdad ante la ley”.
-Hay una idea o sensación de que Uruguay es un ejemplo como país que utiliza la consulta popular asiduamente para diversas temáticas. ¿Es correcta esta percepción?
- Comparativamente, si uno mira las constituciones de todo Sudamérica, es probable que sí. Se resalta siempre a Venezuela y a Uruguay como países que tienen previsiones constitucionales de lo que normalmente se llama democracia directa.
Pero en el caso de Uruguay, del que puedo hablar, no es así. Nosotros tenemos una constitución más bien rígida, que cuesta mucho modificar. Tiene cuatro procedimientos con un denominador común y es que finalmente tiene que pronunciarse la ciudadanía, y así ha ocurrido a lo largo de la historia desde 1830. Dentro de esas previsiones, está lo que se llama el plebiscito constitucional, que puede ser promovido por un conjunto determinado de ciudadanos quienes pueden promover una reforma constitucional e iniciar así un procedimiento que luego termina también con un pronunciamiento final de la ciudadanía.
Lo otro que tenemos es un mecanismo de referéndum revocatorio, por el cual un conjunto de ciudadanos pueden promover la revocación de una ley, salvo de las leyes tributarias y ha ocurrido en algunas oportunidades, con distintos resultados. Y después existen algunos mecanismos de iniciativas departamental.
En los hechos quizás deberíamos tener más mecanismos de consultas o de democracia directa. Hoy las exigencias de los tiempos actuales a mi juicio hacen pensar que la constitución debería tener más posibilidades de que la ciudadanía ejerza la democracia directa y que se puedan someter con mayor facilidad y mayor número de asuntos a consultas de la ciudadanía.
–O sea que el pueblo no puede impulsar normas o nuevas leyes.
- No, la única nueva norma que puede impulsar es una modificación a la constitución. La más conocida tal vez es la reforma del agua, aprobada en el 2004 por un 66 por ciento de la ciudadanía, que fue la que la impulsó. Allí se incorporó una protección muy especial del agua que ya estaba prevista a nivel legal, pero se elevó a nivel Constitucional, con una adhesión muy importante de la ciudadanía.
-¿Que tipo de organización hace falta para poder promover un plebiscito? ¿Cuáles son los requisitos?
- Para promover un plebiscito para modificar la constitución, se requiere una iniciativa del 10 por ciento de los ciudadanos inscritos en el Registro Cívico Nacional, que tiene que presentar un proyecto articulado que luego se eleva al presidente de la asamblea general, debiendo ser sometido a una decisión popular.
Para el otro mecanismo, del referendo revocatorio, se requiere un 25 por ciento del total de inscritos habilitados para votar y tienen que interponer esa revocación dentro del plazo de un año de la promulgación  de esa ley.
-La primer consulta popular en Uruguay fue en 1917, es decir que estamos a punto de cumplir 100 años. Se pude decir que hay una tradición de consultar al pueblo que no se da en nuestro país. ¿De dónde viene esa tradición uruguaya de apelar a la consulta popular?
- Creo que un motivo ha sido el tener una Constitución originalmente muy rígida, muy difícil de modificar. Recién se consigue por prácticamente un siglo de guerras civiles entre básicamente dos partidos que se formaron ya en 1830. Como fin de esas guerras se dan ciertas modificaciones. Aún así es insuficiente.
Si bien han existido todas esas posibilidades de modificar la constitución, eso no quiere decir que la constitución sea fácil de modificar y hoy entramos en una situación más compleja: como es muy difícil modificar la constitución y es muy difícil convencer a la ciudadanía que hay que modificarla, estamos dictando leyes que esquivan la constitución o evitan el cumplimiento de la misma. Eluden el rigor que tiene.
Hay una intención de, por vía legislativa, eludir la voluntad de la ciudadanía que sí está impuesta en la constitución y eludirla por la simple vía de la democracia representativa. Hay una suerte de enfrentamiento entre la democracia representativa, que quiere resolver todos los problemas por la ley, enfrentada a una democracia directa que necesariamente tiene que manifestarse a través de una modificación de la constitución.
Estamos viviendo esos tiempos, y más aun cuando existen poderosos intereses económicos que quieren imponer determinadas reglas y les resulta mucho mas fácil acordar con la democracia legislativa, con los gobernantes de turno, que arreglar para favorecer sus intereses que con toda la ciudadanía o con el pueblo.
-¿Hay en Uruguay presencia de organización popular tendiente a una mayor democratización?
- Hoy hay una situación de mucha quietud, de mucha inercia, quizás porque no se ha instalado en la ciudadanía la necesidad de utilizar mecanismos de democracia directa.
Los temas ambientales, que hoy acucian, son muy importantes. Por ejemplo en Uruguay estamos viviendo una hipótesis de pérdida definitiva del agua potable, siendo que la constitución dice que el acceso al agua potable es un derecho humano. Sin embargo, no hay una movilización de la ciudadanía. No se ha planteado la necesidad de que la democracia directa permita evitar los atropellos que se pueden estar desarrollando a espaldas de la ciudadanía.
En el 2004 cuando se aprobó la última reforma constitucional, iniciativa de la propia ciudadanía, sí se instaló en la gente la necesidad de esa reforma y tuvo un caluroso apoyo. No quiere decir que se haya cumplido, la reforma se dictó y hasta el día de hoy se está incumpliendo, por ejemplo con esto del agua potable. Hoy no veo el interés de la ciudadanía ante la posibilidad de manifestarse directamente. Tampoco hay una promoción de los partidos políticos ni de los representantes más significativos.
No hay una promoción para alentar formas de democracia directa, para mejorarlas, hacerlas más accesibles, no se observa eso. Yo lo emparento con poderosos intereses económicos que prefieren arreglar con unos pocos que tener que dialogar o debatir con el resto de la ciudadanía.
-Hace poco realizó una demanda en defensa de la soberanía nacional y la república contra el Ministerio de Relaciones Exteriores por su participación en las negociaciones del TISA…
- Tratamos de hacer dos cosas: una, pedir información, sabiendo que el propio acuerdo, la propia participación de la negociación en el auerdo por parte de Uruguay ha estado tapada por varios velos y todo indica que es una negociación secreta.
Nosotros pretendemos que el Ministerio de Relaciones Exteriores informe a un juzgado qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo y se está negociando. Es muy difícil que esto se haga, porque estas negociaciones tienen mecanismos de cerrojo que impiden el acceso a la información, pero más que nada con esta primera intimación lo que queremos es advertir a las autoridades y a la ciudadanía, que si nos introducimos en estos acuerdos -y con el sólo hecho de ser secretos- estamos incurriendo en mecanismos antidemocráticos, impidiéndole a la ciudadanía que conozca cómo el Estado está condicionando sus voluntad frente a poderosos intereses económicos.
Sabemos, porque ya hemos tenido experiencia, que estos acuerdos como el Tisa tienen feroces condicionamientos nada menos que de la voluntad soberana del Estado, prácticamente casi todos ellos cuentan con las cláusulas de blindaje o de congelamiento de derecho que le impiden al Estado modificar a futuro el derecho sobre todo si ese derecho pude perjudicar o los intereses económicos pueden verse perjudicados. Tienen derecho a reclamaciones, con aplicaciones de derechos ajenos al origen democrático. Todo eso, que es el condicionamiento de la voluntad que supone este acuerdo, es lo que nosotros tratamos de advertir nuevamente a los Gobernantes y a la ciudadanía. Son pasos dados hacia la extinción de un Estado como Estado Nación.
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