Noticias Uruguayas 17 noviembre 2016
URUGUAY
Paro parcial y movilización hacia el MEF
Conflicto judicial entra “en zona compleja”
Los funcionarios del Poder Judicial paralizarán este miércoles sus actividades, en reclamo de que el Poder Ejecutivo libere el dinero para pagar la condena que los favoreció.
La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (Afju) realizará este miércoles un paro de actividades en todo el país, con movilización en Montevideo, en reclamo el pago de la condena judicial contra el Estado, en el marco del litigio por el “desenganche” de sus salarios. El gremio afirma que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aún no transfirió el dinero para que se haga efectivo el pago.
Los funcionarios judiciales paralizarán sus actividades entre las 14:00 y las 16:00 horas, con una concentración en la Plaza Libertad y posterior marcha a la sede del MEF. Se movilizarán bajo la consigna “Las sentencias judiciales deben cumplirse. Basta de dilatorias”, en reclamo a que el Estado libere los fondos para hacer efectivo el pago del proceso de liquidación de sentencia del litigio civil, que favoreció a unos 3.700 funcionarios y actuarios judiciales.
El fallo del Tribunal de Apelaciones en lo Civil (TAC) de 3º Turno -que no fue apelado por la Suprema Corte de Justicia- amparó el reclamo de los trabajadores y estableció una “condena a futuro”, esto es, la obligación del Estado de ajustar sus salarios en un 26%. En base a este fallo, los trabajadores iniciaron un proceso de liquidación de sentencia. El proceso terminó con un acuerdo entre las partes, que fue avalado por la Sede.
En este contexto, la jueza Civil de 19º Turno, Gabriela Rodríguez, ordenó al MEF a depositar unos 937 millones de pesos (unos 31 millones de dólares) en una cuenta del Banco República, a nombre de la Suprema Corte de Justicia-Retribuciones Personales, de forma de hacer frente al pago de la condena. Pero el pago aún no se efectivizó y la deuda no fue saldada.
En este sentido, el secretario General de AFJU, Carlos Fessler, afirmó que “desde esa fecha hasta ahora ninguna autoridad de gobierno nos ha comunicado nada sobre el pago de esa deuda”. A esto se suma que la Corte solicitó un crédito al gobierno para hacer efectivo el pago de otras deudas, que “tampoco” tuvieron respuesta del Poder Ejecutivo.
“Se ha entrado en una zona compleja, ya que no se está cumpliendo con las sentencias estipuladas por la justicia”, dijo Fessler, al portal web del Pit-Cnt. “En estos momentos el gobierno está cuestionando el Estado de Derecho. Se puede decir que hasta ahora no existía una sentencia firme, sin embargo hoy el juicio ha finalizado y nos encontramos que el que no está cumpliendo con la sentencia es el Poder Ejecutivo”, afirmó Fessler.
En este sentido, el dirigente afirmó que tiempo atrás se solicitó una reunión con el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, quien le pidió tiempo para brindarles una respuesta, pero desde entonces “tampoco hemos obtenido ninguna contestación”. Por este motivo, Fessler valoró como “compleja” la situación que está viviendo el Poder Judicial
En una conferencia de prensa que tuvo lugar el lunes 14, Fessler también había cuestionado la actitud del gobierno: “Los trabajadores judiciales nos declaramos en estado de alerta ante el avasallamiento del Estado, el desconocimiento de los derechos de los trabajadores y el incumplimiento de la sentencia judicial”.
Martes 15 • Noviembre • 2016
Funcionarios judiciales se declaran “en estado de alerta”
La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) parará mañana entre las 14.00 y las 16.00 en todo el país. En Montevideo los trabajadores se concentrarán en la Plaza Libertad y marcharán hacia el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con la consigna “Las sentencias deben cumplirse. Basta de dilatorias”; en el interior del país leerán sus reivindicaciones en las puertas de las sedes judiciales o en lugares públicos, dijeron a la diaria Elba Rama, secretaria de organización de AFJU, y Pablo Piquinela, secretario de asuntos gremiales. “Los trabajadores judiciales nos declaramos en estado de alerta ante el avasallamiento del Estado, el desconocimiento de los derechos de los trabajadores y el incumplimiento de la sentencia judicial”, transmitió ayer Carlos Fessler, secretario general de AFJU en conferencia de prensa.
El reclamo se originó luego de que el presupuesto 2010-2014 equiparó al sueldo de los senadores el salario de los ministros de Estado y, por tanto, el de los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Los legisladores no tuvieron en cuenta las normas que rigen la escala salarial del Poder Judicial, que establecen que el aumento salarial de los jerarcas máximos obliga a un incremento en todos los escalafones.
Entre 3.500 y 3.700 funcionarios judiciales iniciaron un juicio para cobrar el aumento, que en algunos casos llega a ser de 26%. La sentencia, dictada en marzo de este año por el Juzgado Civil de 19º Turno, fue favorable para los funcionarios y obligó a pagar a los demandantes lo adeudado entre diciembre de 2012 y el 31 de marzo de 2016. La SCJ remitió una nota al MEF solicitándole los créditos para cumplir con la sentencia. Los trabajadores no han tenido respuesta del Poder Ejecutivo acerca de cuándo y cómo cumplirá con el pago; por eso paran mañana.
El 20 de octubre, la AFJU y la Asociación de Actuarios Judiciales se reunieron con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro; esperaban, también, hablar con autoridades del MEF, que no concurrieron. Murro les prometió que en 15 días mantendrían otra reunión, puesto que el presidente Tabaré Vázquez estaba en China por esos días. El plazo ya venció, y los funcionarios denuncian “falta de voluntad” del MEF para cumplir la sentencia. “No se presentó al ámbito convocado y no responde a los oficios de la SCJ. Ni desde el punto de vista de la negociación con los trabajadores ni desde el punto de vista formal legal el MEF ha dado respuestas. La deuda fue reconocida legalmente. Tenemos los mismos deberes, y los mismos derechos que todos los trabajadores para pelear por sus reclamos y lo que consideramos que es justo”, explicó Rama. La deuda con esos 3.700 trabajadores es de unos 34 millones de dólares, dijo Fessler. Además, la sentencia de marzo contenía una “condena a futuro” en la que se ordenó cumplir con la adecuación salarial pautada en la ley; esta condena abarca a todos los funcionarios judiciales, que son alrededor de 4.500, y no sólo a los que hicieron juicio. “Es lo que comunicó la SCJ y que abarca a todos los funcionarios, porque es la forma en que se sigue respetando la porcentualidad de las escalas salariales”, explicó Rama.
Defensa del trabajo
Suatt: Si se regula este tipo de trabajo perdemos derechos laborales
El Suatt convocó este miércoles un paro para protestar contra el proyecto regulatorio presentado por la IM de Uber y aplicaciones similares; defienden que regularlas supone garantizar la precarización de su trabajo.
Este miércoles el Sindicato Único de Automóviles con Transporte y Telefonista (Suatt) ha convocado un paro a las 16 horas en rechazo del proyecto regulatorio, presentado por la Intendencia de Montevideo (IM), para regular Uber y aplicaciones similares. Los taxistas se movilizarán hasta la Junta Departamental, que es quien tratará el tema de regulación de las aplicaciones de transporte.
El dirigente del Suatt, Antonio Diez, declaró en entrevista con Caras y Caretas Portal que “la asamblea de trabajadores se declaró en contra de que se regule cualquier tipo de de aplicación. Si hay un marco regulatorio no sólo van a seguir funcionando las que están ahora ilegalmente, sino que van a aparecer más, afectando en definitiva a nuestro trabajo”.
Según Diez, los trabajadores del taxi se han visto sometidos a una suerte precarización desde la llegada de Uber. “Ha bajando muchísimo el trabajo, se nota en la calle y el salario ha bajado casi 40 por ciento. Y de masificarse este tipo de negocios, ya sean regulados o no regulados, va a afectar al medio del trabajador y al trabajo mismo”, señaló.
“Si se regula este tipo de trabajo se pierden varios derechos laborales y lo peor sería que las empresas que están reguladas y que cumplen con su reglamentación, y con los derechos de los trabajadores tomen la modalidad de estas empresas que solo hacen una unipersonal y despiden o toman gente a su antojo”, explicó Diez.
Por todo ello, desde el Suatt tratarán de dialogar con la Junta Departamental, pero no planean apoyar ningún tipo de proyecto regulatorio. “Vamos a dejar clara nuestra posición de que no estamos a favor. De cualquier forma, cualquier intento de regulación debe tener la afectación de la otra parte”, concluyó el sindicalista.
Miércoles 16 • Noviembre • 2016
Paro y asamblea del SUNCA
El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA) realizará hoy una Asamblea General Nacional, por lo que detendrá las tareas en todo el país. En Montevideo el paro comenzará a las 12.00 y terminará al final de la jornada, mientras que en el resto de los departamentos se adaptará “de acuerdo a su realidad”, según expresa un comunicado emitido ayer por ese sindicato. El mensaje añade que se realizará una concentración desde las 13.00 horas en la plaza Isabel de Castilla, ubicada en Avenida del Libertador y La Paz, y se marchará por esa avenida hasta la plaza 1º de Mayo, donde se desarrollará la asamblea a partir de las 14.00. Vale recordar que la negociación colectiva del sector en los Consejos de Salarios está trancada debido al desacuerdo del SUNCA con las pautas salariales que había fijado el Poder Ejecutivo, pero desde el viernes, tras un acuerdo en el Consejo Superior Tripartito, el período para los ajustes salariales se flexibilizó, lo que podría llevar a destrabar la situación.
Martes 15 • Noviembre • 2016
Tren de costado
“Van quedando cada vez menos detalles por ajustar”, sostuvo ayer el presidente Tabaré Vázquez, en referencia a las conversaciones entre el gobierno y la empresa finlandesa UPM para la instalación de una segunda planta de celulosa en Uruguay. Luego del Consejo de Ministros realizado en Santa Clara de Olimar, departamento de Treinta y Tres, Vázquez afirmó que las negociaciones con la pastera avanzan “más rápido” de lo que él pensaba, y ofreció el apoyo del gobierno nacional “a todos los departamentos que precisen ayuda, porque es una obra fundamental para el futuro del país”. Uno de los temas pendientes, acotó el presidente, es la conexión férrea entre los departamentos de Durazno y Montevideo.
Este es un punto conflictivo, que se está analizando en un grupo de trabajo integrado por representantes de la comuna capitalina, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y la Administración de los Ferrocarriles del Estado (AFE), según informó a la diaria el coordinador de gabinete de la Intendencia de Montevideo (IM), Ramón Méndez, y confirmó el titular del MTOP, Víctor Rossi. “Se estableció un equipo con técnicos de la intendencia, alguno del ministerio, en consulta con técnicos ferroviarios, para analizar el problema de los pasos a nivel”, explicó Rossi, y agregó que algo similar se va a hacer con la Intendencia de Canelones.
Dos opciones
Dijo que se tomará como base el trazado del ferrocarril existente, y que se reconstruirán las vías férreas con material de alto nivel de resistencia. En ese ámbito se analizan también los efectos que tendrá el aumento de la circulación de trenes en la trama urbana.
Se manejan dos opciones para la salida de la producción de UPM, en caso de que se instale la planta sobre el río Negro. Una, el puerto de Puntas de Sayago; la otra, el puerto de Montevideo, en una zona cercana al muelle C. El puerto de Capurro se descartó porque la Administración Nacional de Puertos (ANP) tiene proyectado instalar allí un puerto pesquero, y no hay profundidad suficiente, dijo a la diaria el vicepresidente de la ANP, Juan José Domínguez.
Rossi no quiso opinar sobre qué opción sería la más conveniente y dijo que se está “lejos de esa discusión”. “Estamos analizando cuáles son las obras necesarias para que pueda instalarse UPM en Uruguay, evaluando las rutas que tenemos que arreglar, analizando las alternativas en el puerto de Montevideo. Estamos analizando también características técnicas y el costo de la vía férrea. En la historia de Uruguay nunca se hizo algo de estas características; tenemos que ser cuidadosos, prudentes”, alegó el ministro.
Rossi no quiso opinar sobre qué opción sería la más conveniente y dijo que se está “lejos de esa discusión”. “Estamos analizando cuáles son las obras necesarias para que pueda instalarse UPM en Uruguay, evaluando las rutas que tenemos que arreglar, analizando las alternativas en el puerto de Montevideo. Estamos analizando también características técnicas y el costo de la vía férrea. En la historia de Uruguay nunca se hizo algo de estas características; tenemos que ser cuidadosos, prudentes”, alegó el ministro.
Problema de tiempo
La ANP, en tanto, tiene “gran interés” en que la carga de UPM salga por el puerto de Montevideo, si bien Domínguez acotó que puede no ser lo “ideal” en términos de circulación urbana. De todos modos, el vicepresidente de la ANP afirmó que si la carga de la pastera sale por el puerto esto puede servir a los planes estratégicos del organismo. Consideró, por otra parte, que el puerto de Montevideo es la opción más viable por una cuestión costos y de tiempos, porque es el único puerto del país que podría estar listo para sacar la carga a fines de 2019 o principios de 2020, como quiere UPM. “En Puntas de Sayago habría que hacer terribles inversiones en el puerto; no lo veo, teniendo en cuenta los tiempos”, estimó Domínguez. Dijo que desde el punto de vista de la trama urbana, sacar la producción por el puerto de Montevideo “no es lo ideal ni mucho menos: lo ideal es Puntas de Sayago”, pero que se trata de “un problema de tiempo”.
Cortando todo
En setiembre la IM elaboró un informe crítico sobre el impacto que tendría en la capital del país la infraestructura asociada a la llegada de la producción de UPM. El informe, al que accedió la diaria y cuyas conclusiones fueron publicadas en primera instancia por el semanario Búsqueda el jueves 10, hace un estudio comparativo sobre dos eventuales locaciones del puerto por el que UPM sacaría su producción: Capurro (el mismo trazado que llega al puerto de Montevideo) y Puntas de Sayago.
A juzgar por ese informe, la salida de la producción por el puerto de Montevideo afectaría “en forma importante la calidad paisajística de la ciudad y la compatibilidad ambiental” y determinaría una pérdida de conectividad urbana, ya que se cortaría la continuidad vial en grandes sectores. Además, el recorrido de las vías férreas para llegar al puerto interferiría “en forma importante en el tránsito urbano, por calles cortadas y pasos a desnivel en zonas urbanas, disminuyendo significativamente el nivel de servicio de las vías de tránsito”. Por lo tanto, el informe concluye que esta locación “se contrapone con el ordenamiento territorial definido en la normativa departamental”, “inviabiliza el Proyecto de la Cinta de Borde Capurro-Bella Vista” e “imposibilita la relación y acceso de la ciudadanía con un extenso sector de la bahía”. En este caso, además, la infraestructura a desarrollar, tanto terrestre como marítima, beneficia sólo a UPM.
Como contrapartida, esta locación supone un menor costo de inversión inicial, si bien luego el costo de mantener el dragado en ese punto será más alto.
Barreras
La salida de la producción por Puntas de Sayago no interfiere con el tránsito urbano, según señala el informe, y “actuará como barrera física contra la expansión urbana, ya que se localiza en el límite entre el suelo suburbano y el suelo rural”. Habrá menos trenes entrando a la trama urbana y se podrá hacer un mayor aprovechamiento de la infraestructura para operadores logísticos y el cluster naval. También constituye “una oportunidad para desarrollar el polo logístico de la ANP, descongestionando el recinto portuario de Montevideo”. El informe concluye que este trazado se ajusta a los principios rectores del Plan Estratégico MVD 2030 y a los lineamientos de ordenamiento de las Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, porque supone un “sistema de movilidad eficiente y sustentable”, el “desplazamiento hacia áreas periféricas de las actividades que generan importante movimiento de carga, minimizando los conflictos con la ciudad, en particular en lo referente al acceso al puerto de Montevideo”, la generación de una barrera para evitar la expansión urbana hacia el suelo rural y la mejora del vínculo de grandes infraestructuras con la ciudad y el territorio.
La desventaja de esta locación es que la inversión tiene un costo mayor. En los dos casos habrá que construir pasos a desnivel -en el caso de Puntas de Sayago se requieren, además, tres puentes- y efectuar expropiaciones. Si el puerto se localiza en Capurro, deberá concretarse el realojo del asentamiento Cívicos.
En una nota firmada por el director del Departamento de Movilidad de la IM, Pablo Inthamoussu, que consta en el informe, se alerta sobre los impactos que implicaría la llegada de la producción de UPM a Capurro, que, se calcula, se haría en trenes de un largo aproximado de 500 metros, a velocidades de 60 kilómetros y con una frecuencia diaria de ocho trenes en cada sentido de circulación.
Profundas consecuencias
El informe concluye que habrá un incremento de 80% en la circulación por las vías férreas, que se construirán siguiendo el trazado actual. “Las configuraciones actuales de las intersecciones dominadas en una inmensa mayoría por cruces a nivel (95% aproximadamente) debería eliminarse, imponiendo la toma de decisión entre las dos opciones posibles: cierre de calles o cruces a desnivel”, indica Inthamoussu. Agrega que la opción de cierre de calles “significa una pérdida de los niveles de servicio de las vías afectadas y consiguientemente de la conectividad urbana de vastos sectores”, mientras que los cruces a desnivel, “que en ningún caso serían menos de seis en zona urbana”, si bien no impactan en los aspectos señalados, “suelen ocasionar otro tipo de impactos urbanos, territoriales, sociales y ambientales que deberán ser valorados por las áreas respectivas”. “Dar viabilidad a este modelo operacional significaría la consolidación de una brecha entre uno y otro lado de la trama urbana, de profundas consecuencias para la movilidad urbana y para la ciudad toda”, concluye el director del Departamento de Movilidad de la Intendencia capitalina.