Noticias Uruguayas 17 marzo 2017

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URUGUAY

CONFLICTO EN SUSPENSO

Sindicato de Ancap en lucha en defensa de su servicio médico – Una concurrida asamblea resolvió en votación dividida tregua de 30 días.

17Mar
AFUSEC

Gremio denunció que están en riesgo cientos de empleos en el sector cemento. Foto: F. Flores
El sindicato de Ancap decidió ayer, en una muy concurrida asamblea y en una votación que evidenció divisiones internas, abrir un compás de espera de 30 días en sus medidas de protesta que están afectando a la refinería de La Teja y que se realizan en reclamo de mayores remuneraciones para los trabajadores que hacen el mantenimiento de esas instalaciones, en protesta por la intención del gobierno de eliminar el servicio médico de la empresa y contra la fuerte reestructura del negocio del pórtland. No obstante, todo indica que la situación conflictiva puede replantearse en breve
Durante cuatro horas se debatió con vehemencia en una asamblea, a la que concurrieron 560 sindicalistas y que se realizó en el Platense Patín Club. Terminó con 337 votos favorables a abrir un compás de espera contra 195 que respaldaron una moción que suponía declarar ya un conflicto, no realizar horas extras y no trabajar más de ocho horas diarias en la refinería de La Teja (con lo que se enlentecerían más las ya demoradas tareas de mantenimiento en sus instalaciones). Hubo 32 abstenciones.
El secretario general del gremio, Gerardo Rodríguez, que impulsó la moción que finalmente ganó, argumentó que declarar ya un conflicto “solo favorecería a la derecha” y “algún sector de la izquierda” que impulsan la libre importación de combustibles.
Otros dirigentes que argumentaron a favor de esa moción admitieron e incorporaron como argumento al debate que parte de la opinión pública tiene hoy una visión negativa de Ancap debido a las abultadas pérdidas que ha sufrido.
Una sindicalista que habló sobre el final de la asamblea señaló que “los medios de comunicación están contra las empresas públicas” y admitió que “nos critican por los sueldos”. Otro sostuvo que Ancap “está en el candelero” y que no se puede “hacer el caldo gordo” a quienes la critican. Agregó que ya se sabe a nivel público que las tareas de mantenimiento en La Teja solamente han avanzado 4%. El grupo “moderado” deslizó críticas también a un grupo de trabajadores que, desoyendo decisiones del Consejo Federal del Sindicato, adoptaron medidas que enlentecieron esos trabajos en La Teja.
Pero aun los sindicalistas que defendían una postura más “moderada” criticaron con dureza al directorio de Ancap y advirtieron que puede haber conflicto si el 1° de abril Ancap cesa el contrato de 42 vigilantes que cumplen funciones en la planta de cemento del ente de Paysandú y de 18 trabajadores de una cooperativa social que se desempeñan allí.
La división de cemento perdió US$ 207 millones en la última década. En 2016 su rojo fue US$ 25 millones. Ancap quiere equilibrar sus resultados en 2018 mediante el abatimiento de costos pero en 2017 seguiría perdiendo dinero.
El vicepresidente del sindicato, Salvador Sproveri, llevó la voz cantante de quienes argumentaron a favor de declarar ya un conflicto. Sostuvo que “estamos quedando sin médicos” en el servicio de salud de la empresa y que el sindicato propuso que este siga existiendo a través de una fundación, pero que la posibilidad fue rechazada por el asesor del Ministerio de Economía, Martín Vallcorba y por el representante del Ministerio de Salud en la Junta Nacional de Salud, Arturo Echevarría. Según este dirigente, después de que se desmantele el servicio médico y la división de cemento se dejaría de refinar en La Teja “y nos quedamos sin laburo”.
Sproveri dijo que el servicio médico de Ancap fue creado en la década de los 50 del siglo pasado a impulsos de funcionarios como uno de apellido Váz-quez y que en 2017 “otro Váz-quez, hijo de aquel compañero, es uno de los que está impulsando el cierre de este servicio”, en obvia alusión al presidente de la República.
La propuesta del sindicato apunta a crear una fundación integrada por representantes del directorio de Ancap, de los trabajadores y pasivos y por un delegado de la Facultad de Medicina. Pero, según Sproveri, los representantes del Poder Ejecutivo no quieren que Ancap tenga ninguna participación en la administración del servicio. El sindicato pretendía que Ancap asigne anualmente un monto en ningún caso menor a los costos actuales y a las prestaciones que hoy da el servicio. Un decreto del 6 junio pasado estableció que los actuales servicios no se podrían extender más allá del 30 de junio de este año. Hoy el servicio tiene 3.200 usuarios entre activos y pasivos de Ancap. Fue creado en julio de 1956 y puso énfasis en problemas de salud como la gastritis, las inflamaciones del hígado y las alteraciones en la sangre.

Críticas.

Una sindicalista propuso ocupar las oficinas centrales de Ancap y otro recordó que las 40 trabajadoras de cooperativas sociales que limpiaban las áreas verdes de la planta sanducera de Ancap y cuyos servicios fueron discontinuados, cobraban solamente $ 15.000 mensuales.
Un militante jubilado que dijo haberse afiliado al sindicato de Ancap en 1959 sostuvo que “el grupo de Astori” impulsa para Ancap políticas similares a la de los partidos tradicionales. Se escucharon también frases como “este es un gobierno de derecha y va en contra de los trabajadores”. Otro sindicalista dijo que “este directorio no lo puso la derecha sino Tabaré” y otro cuestionó que haya gremialistas que terminan integrando el directorio de Ancap, en alusión seguramente al caso del exdirector Juan Gómez. Otros pidieron que para las obras públicas deba comprarse obligatoriamente cemento Ancap y denunciaron que la reestructuración de esa división pone en riesgo 400 empleos.

Ya debieron enlentecerse mucho obras en la refinería.

El sindicato de Ancap había decidido no trabajar más de ocho horas diarias en la parada técnica de la refinería de La Teja. Si bien en la asamblea de ayer se decidió volver a un régimen de 12 horas, Ancap le comunicó al sindicato el pasado 7 de marzo que debió reprogramar con las empresas contratistas sus tareas. Por ese motivo, ya no podría volver al régimen de 12 horas “más allá de los esfuerzos que se puedan realizar para flexibilizar dicha decisión”, según un memorándum del Ministerio de Trabajo que pidió a las dos partes “no innovar” en este tema.
Los trabajos en la refinería deben realizarse cada cinco años y llevan a que Ancap deba importar combustible refinado. Las distintas medidas sindicales han llevado a que los trabajos solamente hayan avanzado 4% y no 25% como estaba previsto a esta altura del año. Esto llevará a que las obras no puedan estar terminadas el 1° de junio, como era intención de Ancap, lo que genera un perjuicio millonario en dólares a la empresa. El sindicato reclama una remuneración mayor por los trabajos y también hizo planteos en materia de seguridad.
En los trabajos participan 1.300 personas contratadas y 600 trabajadores de la plantilla de Ancap (que es de unas 2.820 personas). Los trabajos comenzaron el 20 de febrero pasado.
Con datos de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) El País calculó que en 2016 Uruguay se habría ahorrado US$ 427 millones si hubiese importado combustible, 9,6% más que en 2015.

http://www.elpais.com.uy/informacion/sindicato-ancap-lucha-defensa-servicio.html


Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida no obtuvo comentarios en su presentación por la ley de riego

17Mar

AFUSEC


La Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida concurrió ayer a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Senadores para dar su visión respecto de la ley de riego con destino agrario, presentada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. La ley busca fomentar el desarrollo del riego y permitir, entre otras innovaciones, que inversores externos financien obras para riego. Según dijo a la diaria Carmen Sosa, integrante de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, cuando expusieron los motivos por los que están en contra del proyecto -entienden que “mercantiliza” el agua, que viola el artículo 47 de la Constitución y que tendrá impactos negativos en la calidad del agua, “ya contaminada”-, los integrantes de la comisión no obtuvieron comentarios de los legisladores. “Nos dijeron que ya habían aprobado artículo por artículo y que no nos habían llamado antes porque estaban en receso; que entendían nuestra preocupación pero que tenían que ver otros aspectos, de incentivo a la producción nacional”, afirmó Sosa, quien dijo que solicitarán una audiencia a la comisión que trate el proyecto en la Cámara de Diputados. “Esta ley plantea como única opción de recepción de agua el embalse en represas, y esto no es así: hay otras menos nocivas para la calidad. Tampoco hay un estudio exhaustivo de cuánto falta de agua en el país y en qué épocas esto es un problema”, agregó.
https://ladiaria.com.uy/articulo/2017/3/comision-nacional-en-defensa-del-agua-y-de-la-vida-no-obtuvo-comentarios-en-su-presentacion-por-la-ley-de-riego/


Colocan placa de la memoria en la excárcel de Cabildo

El acto forma parte de las actividades para recuperar la memoria histórica.
carcel
Viernes 17 de marzo de 2017 CARAS Y CARETAS
Este viernes, a la hora 18.30, con la presencia del intendente de Montevideo, Daniel Martínez, se colocará una placa recordatoria en la ex cárcel de mujeres de Cabildo (Miguelete y Cabildo), local utilizado como centro de detención en la última dictadura cívico-militar.
La actividad forma parte del trabajo de la Comisión Especial de la Ley 18.596 del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) a efectos de recuperar la memoria histórica, instalando diversas placas recordatorias en locales que funcionaron como centros de detención.
Dicho acto contará, además del intendente Martínez, con la presencia de la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz; el ministro del Interior, Eduardo Bonomi; el alcalde del municipio B, Carlos Varela, y el Grupo Mujeres Ex Presas Políticas Cabildo, Maria Luz Osimani.
A su vez, se realizarán diversas actividades artísticas y culturales:
  • Danza y teatro Basta, coreografía e interpretación de Tamara Casa y María Sol Tonna.
  • Audiovisual Memorias, por Román Rodríguez Salgado, comunicador visual.
  • Recordando canciones, a cargo del Grupo de Ex Presas Políticas con apoyo musical de Ariel Pérez, del Taller Uruguayo de Música Popular.

Justicia libró una orden de captura en su contra

Eduardo Ferro fugó de Uruguay el 15 de octubre de 2016

Era investigado por su participación en la desaparición de Óscar Tassino, no se presentó a declarar y la Justicia libró una orden de captura nacional e internacional en contra.
desaparecidos
Por Mauricio Pérez Jueves 16 de marzo de 2017 CARAS Y CARETAS
A fines de noviembre de 2016, efectivos de policías llegaron a una finca de Pinares (Maldonado) y preguntaron por el coronel (r) Eduardo Ferro. Los efectivos pretendían entregarle una citación judicial. La jueza Penal de 10º Turno, Dolores Sánchez, pretendía interrogarlo por el secuestro y desaparición del militante comunista Óscar Tassino, en 1977. Ferro era citado como indagado, por lo que debía comparecer con su abogado.
Los recibió su esposa, quien les dijo que su marido no estaba en el país. Les explicó que había viajado a Europa para participar en un evento internacional de karate, en su calidad de juez, y que volvería a fin de año, para pasar las fiestas con su familia. Los efectivos se retiraron e informaron a la jueza de la situación. La magistrada fijó una nueva audiencia para principios de marzo.
La esposa de Ferro concurrió al Centro Militar y solicitó la asesoría letrada que la institución brinda a los militares investigados por crímenes de la dictadura. Carlos Bustamente, el abogado que lo había patrocinado en otras causas, estaba fuera del país, por lo que los abogados del Centro Militar asumieron su defensa en la causa Tassino. Cuando en febrero llegó la nueva citación, los abogados intentaron comunicarse con él sin éxito. Cómo era de prever, Ferro no se presentó a la audiencia y los abogados del Centro Militar presentaron renuncia a su patrocinio.
En este marco, los abogados del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) -representantes de la familia Tassino en el proceso- solicitaron a la Sede la adopción de medidas cautelares para evitar su sustracción a la Justicia. La jueza Sánchez, en línea con la fiscal Mariela Luzzi, dispuso una orden de cierre de fronteras y la conducción del militar ante la Sede, para el 13 de marzo. Sin embargo, Ferro no fue encontrado en sus lugares habituales y volvió a no presentarse a la audiencia.
Por este motivo, la jueza Sánchez libró una orden de captura nacional e internacional en su contra para ubicar su paradero. En este sentido, la Dirección Nacional de Migraciones constató que Ferro salió de Uruguay el 15 de octubre de 2016 y nunca regresó, según dijeron fuentes del Ministerio del Interior a Caras y Caretas Portal. La única versión de la Policía es que habría viajado a Europa, pero en los hechos su paradero es desconocido. Es intensamente buscado por los servicios de Interpol.
¿Quien es Eduardo Ferro?
Eduardo Augusto Ferro Bizzozero ingresó al Ejército en 1964. Lo hizo como cadete en el arma de Ingenieros. Tres años después egresó como alférez y en 1970 ascendió a teniente segundo. Por esos años, Ferro realizó un curso en la Escuela de las Américas (School of Americas), en Panamá, institución en la que cientos de militares sudamericanos se formaron en el doctrina de la Seguridad Nacional.
Según una crónica del periodista Roger Rodríguez, en 1975, ya en dictadura, Ferro comenzó a desempeñar tareas en el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubersivas (OCOA) y en el centro clandestino de detención y torturas “300 Carlos”, ubicado en los fondos del Batallón Nº 13. Lo hacía bajo los alias de Oscar y Guillermo. Se trató de uno de los hombres más relevantes dentro del organigrama militar de la dictadura, con una fuerte influencia entre sus pares.
Entre 1988 y 1991, tras el retorno de la democracia, Ferro fue designado jefe del Departamento III de la Dirección General de Información de Defensa (DGID). Un artículo del semanario Brecha, vinculó a Ferro con el espionaje militar a partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales que quedó al descubierto con la aparición del archivo en poder del coronel (r) Elmar Castiglioni (hoy fallecido) y que dio mérito a la formación de una Comisión Investigadora en el Parlamento.
Al igual que varios de sus camaradas, tras su retiro se radicó en Maldonado, en la zona de Pinares. En 2004, comenzó a trabajar del Hotel Las Dunas de Manantiales como jefe de Vigilancia, aunque posteriormente asumió un cargo gerencial. Sin embargo, mantuvo una estrecha relación con sus camaradas y una activa participación en el Centro Militar.
El triunfo electoral del Frente Amplio implicó un cambio en la política en materia de investigación de los crímenes de la dictadura y varios militares fueron investigados, juzgados y condenados por violaciones a los derechos humanos. Ferro estuvo al frente de la “resistencia” ejercida por los efectivos castrenses, con una visión crítica de esas investigaciones; fue uno de los promotores del “Foro Libertad y Concordia”.
En ese rol concedió algunas entrevistas en las que señaló la necesidad de “dar vuelta la página”: “Algunas heridas están muy sanadas y en otras hay alguien a quien le interesa abrirlas de nuevo por distintos motivos. […] Seguimos arrastrando una mochila de gente interesada en que no avancemos. Llega un momento en que hay que dar la vuelta la página, ni vencidos ni vencedores y seguir adelante. La historia es muy profusa en ese sentido, tanto en Uruguay como en el mundo”, declaró.
Ferro tenía un interés directo en que las investigaciones se cerraran. Decenas de ex presos políticos lo sindicaban como uno de los militares más activos en la represión contra los grupos “sediciosos” en dictadura. Según esas denuncias, Ferro era uno de los cabecillas del “300 Carlos” y tuvo una activa participación en la casona de Punta Gorda.
Además, se lo señaló como partícipe en diversos operativos en la República Argentina y en la detención y secuestro en Brasil de los militares del PVP, Lilián Celiberti y Universindo Rodríguez, en el marco de la participación de los servicios uruguayos en el Plan Cóndor. Y también en el secuestro y desaparición de Tassino. Fue esta indagatoria judicial la que complicó su situación procesal. Y la que derivó en su fuga.
La historia de Tassino
Óscar Tassino era empleado de UTE, integraba el sindicato de la empresa (AUTE) y militaba en el Partido Comunista. En 1974 fue detenido y al ser liberado pasó a la clandestinidad. Volvió a ser detenido en julio de 1977, durante un operativo en una casa particular ubicada en Máximo Tajes 6632; Tassino vivía allí.
Según la ficha elaborada por el equipo de historiadores de la Secretaria de Derechos Humanos para el pasado reciente (SDH), “tres hombres de particular entraron corriendo a la finca, armados y a cara descubierta”. “Somos las Fuerzas Conjuntas, quédense quietos o los quemamos”, gritaron los hombres. Redujeron a sus ocupantes y montaron una “ratonera”. Tassino llegó una hora después. Fue dominado, tirado al piso y llevado a una pieza del fondo donde es castigado.
“Luego lo ingresan violentamente a la casa y al cabo de media hora se retiran con él en un auto Peugeot de color blanco”, señala la SDH. Tassino fue trasladado a dependencias militares. Fue recluido en el centro de detención “La Tablada”, dónde también operaba el OCOA. Hoy permanece desparecido. Los testimonios de la época apuntaron a la participación en ese operativo del ex militante comunista Ariel Ricci. También se señaló a los militares Ferro, Ernesto Ramas y Jorge “Pajarito” Silveira como participes del operativo.
En junio de 1985, tras el retorno de la democracia, la familia de Tassino presentó una denuncia penal por su secuestro y desaparición. La misma fue archivada en mayo de 1987, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Sin embargo, en setiembre de 2006, la familia de Tassino -representada por Ielsur- solicitó la reapertura de la indagatoria, amparados en “derecho a la verdad”. El juez Rolando Vomero (hoy jubilado) aceptó el planteo y dispuso el reinicio de las actuaciones.
Posteriormente, el caso fue removido del amparo de la Ley de Caducidad, por lo cual la Justicia apuntó a determinar la responsabilidad de militares en el secuestro y desaparición de Tassino. En este contexto, la Justicia dispuso la citación de varios militares, entre ellos, Ferro y Silveira. La indagatoria se paralizó ante los recursos de inconstitucionalidad y prescripción presentados por las respectivas defensas. Ninguno de estos recursos tuvo andamiento, por lo cual se reiteró la citación de los militares. Silveira fue conducido al Juzgado y declaró que no tenía conocimiento de los hechos. Ferro nunca se presentó.
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