Noticias Uruguayas 17 julio 2016

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URUGUAY

Según PIT-CNT, un millón de trabajadores acataron el paro

Publicado el Viernes 15 julio de 2016 , 6:04am – La República uy

“Créanme que no hay cosas más emocionantes que ver la terminal del Cerro vacía”, afirmó el presidente Pereira.

Pereira dijo que se luchará para cambiar pautas salariales y advirtió movilización “gigantesca” para el segundo semestre.
La poca cantidad de gente en las calles, los pocos comercios abiertos sin clientes y el servicio de emergencia de ómnibus transitando con un menguado pasaje, parecieron darle la razón al presidente del PIT-CNT Fernando Pereira, quien estimó que un millón de trabajadores se adhirió al paro general de 24 horas de ayer.
Sobre una de las principales razones que impulsaron la medida, las pautas salariales fijadas por el Gobierno en el Consejo de Salarios, puso énfasis en afirmar que se hará lo posible porque el gobierno modifique las pautas salariales para evitar pérdida de salario real. De lo contrario, advirtió que los trabajadores tienen prevista una “movilización gigantesca” el segundo semestre de este año, “los trabajadores movilizados consiguen cosas”, expresó.
“Créanme que no hay cosas más emocionantes que ver la terminal del Cerro vacía”, comenzó diciendo el presidente del PIT-CNT, en conferencia de prensa.
Pereira recordó que a pesar de los “avances” logrados con los gobiernos del Frente Amplio, “hay 500 mil trabajadores que cobran menos de $ 15 mil”. Agregó; “no hay un jubilado, un trabajador o un estudiante que no esté caliente con las medidas de gobierno”.
El PIT-CNT asegura que las pautas salariales de hoy dejarán el salario por debajo de la inflación. Aunque el Gobierno afirma que no se ha registrado pérdida de salario real, la central obrera ha presentado un informe donde se advierte de 11 sectores que ya han sufrido pérdida de salario real. “Parar 24 horas no es un deporte, es para cambiar la realidad. La pauta es peor que la del año pasado. No hace falta ser economista para saber que va a haber pérdida del salario real”.
Pereira indicó que la medida de paro es un llamado de atención para seguir adelante con las conquistas que los trabajadores han tenido en los últimos años. “Tampoco estamos dispuestos a volver atrás”, concluyó el presidente del PIT-CNT.
No es un deseo de volver a la derecha
Por su parte el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, apuntó que la postura crítica de la central obrera ante las medidas del gobierno no debe interpretarse como un deseo de volver “a la derecha”. Se trata de advertir a la izquierda cuando se aleja de los trabajadores. “Cuando el gobierno se va para la derecha actuamos firme para poner las cosas en sus ejes”, afirmó.
“Este paro convoca a la buena onda, a dar una señal”, dijo.
Sobre las pautas salariales, aseguró que “no es el salario el que puede explicar el desempleo”.
Abdala ha dicho que estas pautas salariales “para nosotros son peores este año que a los del 2015 y, por sobre todas las cosas, no han resistido la prueba de la realidad.
El gobierno presentó sus criterios previendo una inflación descendente a fin de cuidar el empleo y la inflación”. Agregó que “nosotros sabemos que el salario no es el responsable del desempleo ni de la inflación. Tan es así que a un año de presentados estos criterios nos encontramos con que, lamentablemente, hay más de 35.000 puestos de trabajo perdidos.
Y en ese mismo periodo de un año la inflación no ha sido controlada y nos encontramos que está más cerca de un 11%. Por lo tanto reclamamos que se cambien los criterios, a fin de poder defender el poder de compra del salario real de los trabajadores. La consigna que tenemos es que ‘Si a los trabajadores nos va bien, al pueblo le va bien’.
Le va bien a los jubilados que ajustan en base al Índice Medio de Salarios (IMS). También le va bien a los pequeños productores agropecuarios, comerciantes e industriales. Quienes ven su suerte asociada a la suerte del mercado interno”.
Además recordó que la plataforma del paro es amplia y que tiene entre sus principales punto “la necesidad de crear un Consejo Superior de Trabajo, en el cual se analicen las políticas públicas a fin de generar puestos de trabajo de calidad.
La inversión del Estado debe servir para contribuir a la generación de políticas contra cíclicas. A esto se le suma el reclamo de que se abran caminos de superación de los salarios de hambre que todavía se siguen pagando en el mundo del trabajo”, sostuvo.
En la conferencia también estuvieron presentes la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu), la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) y la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam).
Trancazo en Tres Cruces
Durante el paro la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte, trancó la salida de ómnibus interdepartamentales desde Tres Cruces. La medida se debió a que según el gremio los trabajadores son presionados para trabajar. Según Juan Arellano, dirigente del gremio la decisión de realizar el bloqueo se tomó porque en los últimos paros “se presionó a mucha gente sindicalizada para que trabajara esos días, en respuesta a eso es que nosotros hicimos presencia acá.
Llaman a los trabajadores para forzarlos a trabajar, a trabajadores sindicalizados”. Agregó que “hemos tenido denuncia de trabajadores que los han amenazado que si no trabajan los dejan colgados 2 o 3 días, colgado le decimos nosotros a no trabajar 3, 4 días. Al cobrar por kilómetro para nosotros es muy grande el perjuicio”, explicó. Sobre las 15 horas la medida se levantó porque se entendió que el objetivo estaba cumplido. Los servicios se normalizaron sobre las cero hora.

PARO GENERAL

Abdala: «Cuando el gobierno se va para la derecha, actuamos firmes»

Se realiza el paro general de 24 horas convocado por el Pit-Cnt. “Cerca de un millón de trabajadores se han adherido y en cualquier parte esto es mucho”, dijo el presidente de la central sindical, Fernando Pereira.
Foto: Fernando Ponzzetto.
jue jul 14 2016 14:52 – El País uy

El presidente Tabaré Vázquez enfrenta hoy el primer paro general de 24 horas de su segunda administración.
El Pit-Cnt le auguró una conflictividad «gigantesca» si no modifica los lineamientos que planteó para la ronda de Consejo de Salarios que se desarrollará en la segunda mitad del año.
Antes de comenzar la oratoria, los trabajadores repartieron impresiones que detallaban las propuestas que la central sindical presenta al gobierno. Entre otros temas, los documentos incluyen el de los incrementos presupuestales que el gobierno quiere posponer para 2017, las modificaciones a los líneamientos salariales, la evolución del salario real, políticas de empleo y de inversión pública, y los acuerdos de precios.
“No hay cosa más emocionante que ver la terminal del Cerro vacía”, comenzó diciendo el presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, en alusión a que Montevideo está evidentemente mucho menos transitada que un día normal.
Y también en la terminal de Tres Cruces se ve una situación similar, pero con la diferencia que los trabajadores bloquearon la entrada. Y así lo harán el resto del día. Según informa El Observador, no salen ómnibus desde la terminal. Desde la Torre de Control informaron que los arribos se están dando con normalidad.
«Logramos duplicar la adhesión al paro”, dijo Pereira en la oratoria, y agregó que “cerca de un millón de trabajadores se han adherido y en cualquier parte esto es mucho”.
“No es solo un paro del movimiento sindical, sino del movimiento popular”, señaló el dirigente. Y añadió que “recibimos una nota del rector de la Udelar apoyando los planteos” realizados al gobierno. “Algunos creerán que es una sorpresa, pero es la academia comprometida con la clase obrera”.
Pereira dijo además: “Vamos hacia el socialismo. Es largo el camino pero vamos para ahí (…) “Parar 24 horas no es un deporte, es para cambiar la realidad. La pauta es peor que la del año pasado”, sostuvo. Y agregó que «no hace falta ser economista para saber que va a haber pérdida del salario real».
«Los sindicatos se están preparando para el segundo semestre hacer movilizaciones si no hay cambios en las pautas», dijo.
El dirigente sostuvo además que «a un paro de un millón de personas no se lo tapa con una buena noticia», haciendo alusión a la posibilidad de que UPM invierta en una nueva planta de celulosa en Uruguay.
Pereira dijo que una nueva planta podría «generar varios miles de puestos de trabajo» y que es una buena noticia «si efectivamente se va a cuidar el medio ambiente, y esto implica tener mas herramientas para verificarlo y si como se nos ha dicho va a haber negociaciones previas con el movimiento sindical y los sindicatos involucrados y si va significar el desarrollo de carreteras y del ferrocarril uruguayo».
Si es así, «es una buena noticia y nosotros a las buenas noticias las aplaudimos», señaló, destacando que siempre y cuando «los insumos que compren esas empresas sena nacionales (…) es una pelea que también hay que dar, pero a priori es una buena noticia».
«No hay jubilado ni trabajador ni estudiante que no esté caliente», siguió Pereira.
Y mencionó, por ejemplo, que «a pesar de los avances que hemos tenido en 11 años» aún hay 500.000 trabajadores que cobran menos de $15.000 y unos 120.000 jubilados que ganan $8.700.
«Solo es posible modificar la realidad si el movimiento sindical se mantiene unido», sostuvo, «y logra establecer alianzas con organizaciones y sectores y si conversamos mano a mano con los uruguayos, no importa el partido. No vamos a renunciar a luchar», agregó.
El sindicalista dijo que desde la central no es que no «analicen la realidad». Y mencionó que analizan y conocen lo que sucede tanto de Venezuela, como de Argentina, China y Brasil: «Como lo vemos es que planteamos una pauta para empatar, para que cuando el país crezca pelear por un aumento».
«El capital no tiene corazón ni alma, pero sí el movimiento sindical», opinó.
Por su parte, Marcelo Abdala, secretario general de la central, dijo que «este paro ya no es Pit-Cnt», ya que «acá está la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu), Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (Feuu), cooperativo de viviendas».
Abdala sostuvo que «el socialismo es el objetivo de la clase obrera» y que «hay quien se atreve a cuestionar la democracia obrera y sindical y cómo es que tomamos las decisiones».
«Esta es una decisión del país frente a la crisis del capitalismo y la contraofensiva de la derecha», señaló, y explicó que se plantea que se realice un plan contracíclico con inversión de empresas públicas, mejora salarial y compra pública de productos nacionales.
El dirigente agregó que hay una «necesidad imperiosa de que haya una señal hacia las grandes mayorías y ajustes en la ronda (…) es increíble cómo aparece con nuevos ropajes lo que pensamos que solo iban a decir los economistas neoliberales».
«No es el salario lo que explica la inflación», dijo, «y si incide ¿no será que con estas pautas ya deberíamos haber observado una rebaja de precios?».
Abdala dijo que se toma como una «mala palabra» el control de precios. «Hay que barajar de nuevo», aseguró.
En un pasaje de su discurso, Abdala destacó la resolución tomada ayer por la bancada del Frente Amplio, en la que entre otras cosas la mayoría de los sectores plantearon sus intenciones de no postergar un año los gastos destinados a la ANEP y la Udelar.
«Cuando el gobierno se va para la derecha actuamos firmes para poner las cosas en sus ejes», añadió, a lo que le siguió un pronunciado aplauso por parte de los presentes.
«Queremos señales concretas, que no se posterguen gastos que cambien las pautas salariales», dijo.
Por parte de la Feuu, uno de sus representantes tomó la palabra y criticó los recortes salariales ya acordados, asegurando que es algo que “viola derechos”.
De la Onajpu, habló Daniel Baldassari, quien señaló que quieren que “la jubilación mínima aumente porque si permitimos que el ajuste no contemple el aumento del costo de vida vamos a llegar al año que viene con una jubilación mínima deprimida y no queremos que nuestros viejos vuelvan a niveles de pobreza a la cual fueron sometidos por años”.
Baldassari sostuvo que hay unos 200.000 jubilados que cobran $10.000 y que el 70% de los jubilados cobran menos de $20.000. Y anunció que el próximo 4 de agosto los jubilados de todo el país harán una movilización por diferentes reivindicaciones. Ese día el acto central se realizará en Montevideo.

«El paro más grande en años».

El dirigente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB), Richard Read, dijo hoy que el paro general de 24 horas que ya está en marcha es «el más grande en años» y que además de ser convocado por los salarios, también es por la «calentura de la gente con el gobierno».
Y menciona algunos temas como por ejemplo las pautas salariales, el conflicto entre la ministra de Educación María Julia Muñoz y los gremios de docentes, la disconformidad que generó el anuncio del aumento de $200 a las jubilaciones mínimas o el déficit de Ancap.

ES LA HORA

Pereira: “Sindicatos se están preparando para una movilización gigantesca”

El presidente del Pit-Cnt Fernando Pereira, afirmó que los sindicatos se están preparando para una movilización gigantesca para el segundo semestre. Sostuvo que es la forma de lograr conquistas.
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14 julio, 2016 CARAS Y CARETAS
“Detrás de la lucha el movimiento sindical siempre coloca ideas y después ve cuáles son las medidas tácticas para llevarlas adelante”, comenzó diciendo el presidente de la Central, Fernando Pereira, para explicar por qué para los trabajadores “parar 24 horas no es un deporte”.
El paro, según dijo, es una medida que tiene por objetivo cambiar la realidad: “Una de las cosas que queremos cambiar es la pauta salarial que el gobierno ha colocado para esta ronda del consejo de salarios, que es muy negativa para los intereses de los trabajadores”.
Para el dirigente, esta pauta es peor que la del 2015 porque “se esperaba una inflación decreciente y el año pasado los sectores considerados con alta actividad (4 % de crecimiento) pautaban 10 %; los sectores medios, donde se agrupan la mayor cantidad del sector privado, ajustaban 8,5 %; y los sectores en problemas, un 7 % . Ahora todos vamos a bajar un punto. El sector dinámico va a pasar a un 9 %, el medio a un 7,5 % y los que están en problemas a un 6 %. Con una inflación de 11 % no se precisa ser economista para saber que vamos a perder salario”, afirmó Pereira, e inmediatamente se quejó porque “no podemos modificar la pauta”. Ante esa realidad, afirmó: “Lo que no vamos a dejar es de pelear para modificarla. Vamos a utilizar todos los instrumentos que estén a nuestro alcance”.
Pereira también aseguró que “si no se modifica es evidente que los sindicatos se están preparando para una movilización gigantesca en el segundo semestre”.
Según el presidente de la Central, “el pueblo movilizado conquista cosas y logra cambios”. Puso como ejemplo al sector doméstico: “Las personas que eran denominadas en Uruguay ‘la que ayuda en mi casa’, firmaron su cuarto convenio colectivo. Entonces se trata de que el Poder Ejecutivo entienda que estamos planteando mantener el salario”.
Para los trabajadores organizados, el salario se mantiene a través de dos vías: “Que se utilicen los nominales del año pasado y que se ponga un correctivo en el final de cada año”, indicó.Movilización sindical

Pit-Cnt: Paro “histórico” en varios departamentos

El acatamiento al paro general alcanzó niveles “históricos” en varios departamentos; también hubo importantes movilizaciones.
14 julio, 2016

La adhesión al paro general de este jueves alcanzó niveles “históricos” en varios departamentos del país, según afirmó el secretario del Interior del Pit-Cnt, Ricardo Cajias, a Caras y Caretas Portal. En varios departamentos también se registraron altos niveles de participación en las movilizaciones de la central de trabajadores.
Cajias afirmó que los datos primarios recibidos por el Pit-Cnt reflejan que este “ha sido el paro con mayor acatamiento” de los últimos años, superando el que se realizó en agosto de 2015. Ese alto nivel de acatamiento se constató en varios departamentos, como Salto, Cerro Largo, San José, Rocha, Artigas, Durazno y Paysandú.
“En algunos casos, como Cerro Largo, Salto y San José el paro alcanzó niveles de participación que hace muchísimos años no se veía. En Salto había cuatro cuadras, y en San José afirman que fue la movilización más grande desde la salida de la dictadura”, afirmó Cajias. También existió una alta participación en Colonia.
En este sentido, Cajias explicó que además de las reivindicaciones de índole nacional, en cada departamento existieron reivindicaciones locales. En el caso de Artigas, uno de los temas fue la crítica a la decisión de la Junta Departamental de aumentar un 80% las partidas de gastos para los ediles cuando a los funcionarios municipales se les otorgó un aumento de sólo el 1%. Al tiempo que en Salto, existía preocupación por la situación de los trabajadores rurales, principales vinculados con la cosecha de naranjas y arándanos.
Asimismo, en varios departamentos la plataforma también incluyó el aumento de los índices de desocupación. Esos fueron los casos de Durazno -donde la desocupación “aumento en forma importante”- y de Colonia -en este caso vinculado con la disminución de la actividad lechera-. Ese alto nivel de desocupación también afectó los departamentos de Artigas y Maldonado, pero en ambos casos parecen referirse a situaciones de índole coyuntural, afirmó Cajias.

ACADÉMICOS

Paro general: Rector de la Universidad envió apoyo al Pit-Cnt

El presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, dijo que la central de trabajadores recibió una nota de apoyo de parte del rector de la Universidad de la República, Roberto Markarian.
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14 julio, 2016CARAS Y CARETAS
En la oratoria brindada en la sede del Pit-Cnt, el presidente de la central de trabajadores comunicó que habían recibido una nota del rector de la Universidad de la República (Udelar), Roberto Markarian, expresando el apoyo al paro general: “Hemos recibido una nota del rector de la Universidad de la República apoyando los planteos del movimiento sindical. A algunos les parecerá una sorpresa, sorpresa sería que la Universidad no se comprometiera con la clase obrera. Esta es la misma universidad de Maggiolo, de Invernizzi, es la misma universidad de la salida de la dictadura”, afirmó Pereira, y agregó: “Es la academia comprometida con la clase obrera y el pueblo”.
Correspondió el gesto de Markarian enviándole un saludo a él y haciéndolo extensivo “a los trabajadores docentes y no docentes, a los estudiantes universitarios, a todos miembros por una vía u otra de nuestra clase obrera en su más amplia expresión, no sólo al movimientos sindical organizado, sino a todos aquellos núcleos sociales que pelean por construir una patria distinta”, sostuvo.

Los gráficos de Gabriel «Saracho» Carbajales

EN EL MÓDULO 12 DEL COMPLEJO CARCELARIO (COMCAR, URUGUAY) EL PROGRESISMO INSTALÓ UN RÉGIMEN DE AISLAMIENTO SEMEJANTE AL EMPLEADO POR EL TERRORISMO DE ESTADO CON LOS LLAMADOS ‘REHENES’ O EN LA FAMOSA ‘ISLA’ DEL PENAL DE LIBERTAD. (‘LA DIARIA’, 15/07/15) SIN NINGÚNA POTESTAD LEGAL, LA AUTORIDAD CARCELARIA AÑADE UNA FORMA DE TORTURA FÍSICA Y SICOLÓGICA A LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD DETERMINADA POR EL JUEZ PENAL. SOMETE LOS RECLUSOS A LA PRIVACIÓN DE RELACIONES HUMANAS Y A LA PRIVACIÓN SENSORIAL, LOS EMPUJA A LA LOCURA Y EL SUICIDIO. LOS SEÑORES EDUARDO BONOMI Y JORGE VÁZQUEZ SON RESPONSABLES POR APLICAR ESTE MODO DE TORTURA. EL PODER JUDICIAL Y EL PARLAMENTO SON RESPONSABLES POR CONSENTIR EN SILENCIO. – Jorge Zabalza

Crímenes de la dictadura

Se derrumbó la muralla

Desde mediados de 2015, la Suprema Corte de Justicia ha rechazado todos y cada uno de los recursos presentados por efectivos militares investigados por delitos de la dictadura. Los jueces están habilitados a continuar con los juicios.
justicia
16 julio, 2016 – CARAS Y CARETAS
Por Mauricio Pérez
La Ley de Caducidad se constituyó en un obstáculo insalvable para la investigación penal de los crímenes de la dictadura. Por ese motivo, el período de vigencia de la misma no puede computarse dentro del plazo de prescripción de los delitos cometidos en ese lapso y los jueces deben seguir adelante con la investigación. Con base en este argumento, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ha rechazado, en forma sistemática, los incidentes de prescripción interpuestos por funcionarios militares de la época citados en causas que aún se tramitan en los tribunales uruguayos.
No se trata de un argumento novedoso, ya que su primera mención por parte de la Justicia uruguaya data de 2006. El juez Penal de 1er Turno, Juan Carlos Fernández Lecchini, fue el primero en utilizar esta tesis, al habilitar la extradición de varios militares a la República Argentina por crímenes del Plan Cóndor. Pero fue el Tribunal de Apelaciones en lo Penal (TAP) de 1er Turno –integrado por los ministros Rolando Vomero (hoy retirado), Ángel Reyes y Sergio Torres– el que sentó las bases de esta tesis jurídica.
Ahora la tesis fue ratificada por el máximo órgano del Poder Judicial al habilitar la continuidad de la indagatoria penal por la muerte de Nuble Donato Yic, un militante comunista fallecido en 1975 dentro de un predio militar. “La vigencia de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado significó un claro obstáculo insuperable (irresistible) para el ejercicio de la acción penal por parte de su titular, el Ministerio Público”.
“Ello, por cuanto el ámbito preciso para la investigación, resolución, imputación y reproche a los responsables de hechos de naturaleza delictiva es, únicamente, la justicia penal que funciona en la órbita del Poder Judicial”. “Lo único cierto es que, durante la vigencia de la Ley de Caducidad, el Ministerio Público se vio impedido de ejercer su poder-deber de acción”, expresó la Corte. Y el caso deberá investigarse.
El desmoronamiento
Octubre de 2009 no fue un mes cualquiera para la Justicia uruguaya. Faltaban menos de diez días para la elección nacional, pero por algunas horas la atención se centró en los escritorios del Palacio Piria, sede de la Corte. Por unanimidad, el máximo órgano del Poder Judicial cambió la postura adoptada en los años 80 y declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad. Se consideró que la norma violentaba el principio de separación de Poderes y otros preceptos básicos del Estado de Derecho.
Parecía que se abría un nuevo tiempo en la investigación de estos crímenes, pero en apenas unos meses todo cambió. Primero, la Corte rechazó –en fallo dividido– tipificar el delito de desaparición forzada y, de paso, desestimó la tesis de la imprescriptibilidad de estos crímenes. Después –también por mayoría– declaró la inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3 de la Ley 18.831, mediante la cual el Parlamento, con votos del Frente Amplio, pretendió anular los efectos de la Ley de Caducidad y consagrar la imprescriptibilidad de los delitos de la dictadura cuando se cernía el riesgo de la prescripción de todas las causas.
Esos fallos parecían poner punto final a la investigación de los crímenes de ese período. Ni siquiera el decreto –firmado por el entonces presidente José Mujica– que excluyó todos los casos del amparo de la Ley de Caducidad parecía tener efecto. Incluso algunas causas fueron archivadas. Pero la tesis esgrimida por el TAP de 1er Turno comenzó a cambiar la historia.
La Sala habilitó la continuidad de los procesos penales por las muertes de Walter Arteche y Gilberto Coghlan en el entendido de que “al justo impedido no le corre término”, ya que durante la vigencia de la Ley de Caducidad “ni las víctimas ni el titular de la acción pública estuvieron en plenas condiciones de perseguir los delitos” cometidos en la dictadura. Varios jueces y dos tribunales se sumaron a esta tesis; algunos otros –así como la mayoría de los fiscales– continuaron promoviendo la imprescriptibilidad.
Lentamente las causas siguieron avanzando, pero los abogados de los militares –preferentemente los servicios jurídicos del Centro Militar– plantearon un último recurso: la casación ante la Corte, por una eventual prescripción de los ilícitos. Alegaron que si eran delitos comunes, habían prescripto, como máximo, el 1º de noviembre de 2011, y que continuar la indagatoria penal implicaba una violación de los principios de legalidad y de irretroactividad de la ley penal. Los ministros de Corte tenían la palabra.
Causas archivadas
En noviembre de 2014, los militares obtuvieron un fallo importante a su favor. El TAP de 2º Turno –con el voto de los ministros William Corujo, José Balcaldi y Daniel Tapié– amparó la tesis de la prescripción y dispuso el archivo de la indagatoria penal contra dos militares por la desaparición de Eduardo Arigón, en 1977. La Sala –la misma que sentó la base jurídica con la cual la SCJ rechazó la imprescriptibilidad de los delitos de la dictadura– sólo habilitó continuar el proceso contra Jorge Pajarito Silveira porque, al estar condenado en otros casos, no podía recibir este beneficio.
La Sala afirmó que la Ley de Caducidad nunca fue un impedimento para investigar estos hechos y desestimó aplicar el principio de que “al justo impedido no le corre término”. “Parece innecesario aclarar que se trató de una norma dictada por el Parlamento Nacional y aplicada durante seis gobiernos democráticamente elegidos por los ciudadanos de la República y, por si ello fuera poco, en su momento dicha ley fue impugnada de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia y reiteradamente declarada constitucional por el Poder Judicial”.
“Siendo ello así, ¿cómo es posible que haya un impedido con justa causa cuando el supuesto impedimento no es otro que el cumplimiento de una ley vigente y de la Constitución de la República? Francamente no parece razonable el argumento, porque es negar el imperio del Estado de Derecho durante todo ese período de tiempo, lo que no es posible compartir porque sería un símil a lo que se sostuvo en relación a los años de la dictadura militar, en la que, sin hesitación, toda la jurisprudencia es conteste en que el impedimento fue manifiesto, pero la simple comparación resulta odiosa”, expresó la Sala.
“Podrá cuestionarse la discrecionalidad que la ley denominada de caducidad le otorgó al Poder Ejecutivo, aspecto que choca con la esencia de la independencia de los Poderes del Estado, tanto es así que en definitiva la Suprema Corte de Justicia finalmente la declaró inconstitucional en el año 2009, pero lo actuado previamente en los múltiples asuntos en los que la misma Suprema Corte de Justicia fue consultada y la declaró constitucional son totalmente válidos y ajustados a derecho en función del principio de legalidad ínsito en un Estado democrático, lo que generó derechos adquiridos”, valoró el TAP.
Otra mirada
Sin embargo, en diciembre de 2014, la Corte rechazó la prescripción del homicidio de Aldo Perrini. Lo hizo con los mismos argumentos que había utilizado un tiempo antes en el caso Ubagesner Chaves Sosa. En ambos casos, se entendió que la Ley de Caducidad fue un obstáculo para la investigación de los hechos, ya que impidió la actuación libre del Ministerio Público, por lo que el período en que estuvo vigente no podía computarse dentro del plazo de prescripción. En esos fallos, la Corte estableció que el análisis de la prescripción debía realizarse “caso a caso”.
Pero desde mediados de 2015, la Corte rechazó todos los planteos de prescripción y las excepciones de inconstitucionalidad contra la Ley 18.831, y habilitó la continuidad de todos los juicios contra militares. En general, los fallos estuvieron divididos: por un lado, los ministros Felipe Hounie, Ricardo Pérez Manrique y Jorge Larrieux; por el otro, los ministros Jorge Chediak y María Elena Martínez.
En cuanto a la prescripción, Hounie y Pérez Manrique apoyan la tesis de la imprescriptibilidad de estos delitos –por ser crímenes de lesa humanidad– al tiempo que Larrieux avaló la tesis de la Ley de Caducidad como un obstáculo para la investigación y planteó la necesidad de analizar “caso a caso”. En tanto, Chediak afirma que los delitos están prescriptos –en línea con la postura del exministro Julio César Chalar (hoy fallecido)–. Martínez se plegó varias veces a Chediak, pero también se pronunció por seguir adelante con la indagatoria, como, por ejemplo, en el caso de Nuble Yic.
En lo referido a la Ley 18.831, Hounie y Pérez Manrique defendieron su legalidad, al tiempo que Chediak y Martínez consideraron que era inconstitucional. En tanto, Larrieux se pronunció por el rechazo de los recursos, con base en motivos formales: los militares que litigaron no tenían legitimidad para hacerlo. De esta forma, mientras que entre 2011 y 2014 en varios casos se amparó la inconstitucionalidad de la norma, desde mediados de 2015 todos los recursos fueron rechazados.
La postura de Larrieux fue criticada por representantes del Centro Militar. Se alega que nunca fundamentó su cambio de postura y que esto fue central para la continuidad de los procesos. También se criticó la teoría del caso a caso: “No puede ser que no haya un criterio coherente (para definir la prescripción) y que para unos casos esté prescripto y para otros no”, dijeron fuentes del Centro Militar a Caras y Caretas.
Por su parte, el abogado Pablo Chargoñia representante del Observatorio Luz Ibarburu valoró el cambio en la Corte, pero cuestionó los tiempos en que se tramitan los procesos y que el Estado aún no adoptó una actitud proactiva para investigar. “El grueso de los casos está en etapa presumarial, en presumarios que están demorando demasiado tiempo, producto del cúmulo de excepciones y de la demora de los tribunales; esa demora es un éxito de la defensa”, dijo Chargoñia a este medio.
El abogado afirmó que actualmente existen unas 200 causas en trámite, pero en su mayoría están en una etapa de “aporte de pruebas, soportando la demora de todo el sistema” en su tramitación. “Esto se debió haber discutido hace años, pero la Ley de Caducidad impidió hacerlo. Discutirlo en 2016 tiene la situación dramática de que muchas de las víctimas y de los victimarios han fallecido. Y justicia demorada es justicia denegada”, valoró Chargoñia.
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