Noticias Uruguayas 15 marzo 2017

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¿Golpe de Estado a la vista en Washington? Assange asegura que quieren cambiar a Trump por Pence // La Justicia de EEUU bloquea el nuevo veto migratorio de Trump // Senadores de EE.UU. exigen investigar a Obama por supuesta intromisión electoral en otros países // Elecciones en Holanda 2017 Los holandeses se rebelan contra el discurso xenófobo de Wilders // Estado español: Andalucía califica los delitos del franquismo como «crímenes contra la humanidad» // Pablo Iglesias explica en un clarificador vídeo qué es ‘la trama’: los intereses comunes de políticos y empresarios // Argentina: Argentina: el pueblo vuelve a la carga…sin dirigentes por José Steinsleger // Gremios docentes universitarios anunciarán medidas de fuerza conjunta // Jornada Provincial de Lucha: La CTA Autónoma movilizará a la Casa de Gobierno // Uruguay: Ordenaron el cierre de fronteras y la captura del coronel Eduardo Ferro // Paro de 24 horas en Ancap este jueves por asamblea

 

URUGUAY

DICTADURA

Ordenaron el cierre de fronteras y la captura del coronel Eduardo Ferro

Es investigado por la desaparición de Óscar Tassino en 1977. También es señalado como el responsable del espionaje en democracia a políticos a fines de los años ’80.
Eduardo Ferro. Foto: Captura Subrayado.
mié mar 15 2017 08:50 El Paìs uy
El coronel retirado Eduardo Ferro permanece prófugo luego de que la jueza penal de 10º Turno, Dolores Sánchez, ordenara el pasado lunes el cierre de fronteras y su captura, en el marco de la investigación por el secuestro y desaparición del militante comunista Óscar Tassino en 1977, según informara Subrayado.
Ferro tenía que comparecer en dos audiencias, pero nunca se presentó. La Policía lo buscó, pero no pudo ser localizado. El juicio por la desaparición de Tassino comenzó en 1985 pero fue comprendido dentro de la ley de caducidad, motivo por el que se dejó de investigar hasta 2011, cuando se reinició.
Según los testimonios recogidos por La Diaria, Tassino había sido secuestrado el 19 de julio de 1977 en una casa ubicada en Máximo Tajes 6632, para luego ser trasladado al centro clandestino de detención y tortura La Tablada o “300 Carlos”. En esta misma causa es indagado Jorge «Pajarito» Silveira, quien cumple prisión en la cárcel de Domingo Arena.
El Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) emitió el pasado lunes un comunicado en el que informó que Ferro también es investigado “en el secuestro y torturas” de Lilián Celiberti y Universindo Rodriguez.

Espionaje.

Ferro fue señalado por el semanario Brecha en febrero de este año como el principal responsable del espionaje militar a partidos políticos, sindicales y organizaciones sociales entre los años 1988 y 1991, basado en documentos de la Dirección General de Información de Defensa (DGID) encontrados tras el allanamiento a la casa del coronel Elmar Castiglioni.

En la DGID, el militar ocupaba el cargo de jefe del Departamento III. Según Brecha, Ferro era asociado con un oficial denominado “Guillermo” que ordenaba y observaba las tareas de los “manipuladores” que atendían a los “agentes”, dos figuras de la  red de espionaje que habían montado los militares en plena democracia.

Miércoles 15 • Marzo • 2017

Se busca

La jueza Penal de 10º Turno, Dolores Sánchez, libró el lunes una orden de captura nacional e internacional para el coronel Eduardo Ferro, después de que este indagado en la causa que investiga el secuestro y la desaparición de Óscar Tassino Astiazu no fuera ubicado por la Policía para ser conducido a declarar ante la magistrada. Según fuentes de la diaria, la Policía intentó ubicarlo en su último domicilio conocido, en la zona de Pinares, en Maldonado, pero el militar retirado no estaba o “se escondió”. El juicio se inició en 1985, pero quedó comprendido dentro de la ley de caducidad; fue reiniciado el 27 de noviembre de 2011. Según los testimonios aportados a la causa, Tassino fue secuestrado el 19 de julio de 1977 en una casa ubicada en Máximo Tajes 6632 y luego llevado al centro clandestino de detención y tortura La Tablada o “300 Carlos”.
El abogado del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) Martín Fernández explicó a la diaria que Sánchez pidió la conducción de Ferro debido a que “no se había presentado a una audiencia anterior”. “En ese momento Ielsur pidió las medidas cautelares de cierre de fronteras y de conducción, la fiscalía estuvo de acuerdo y la jueza también. Eso se tenía que efectivizar el lunes, pero Ferro no se presentó y no fue ubicado en los lugares habituales, y por consiguiente la doctora Sánchez decretó una orden de captura nacional e internacional”, agregó el representante legal de los denunciantes. Fernández contó que Ferro había comparecido anteriormente sólo por escrito, “presentando recursos de inconstitucionalidad y prescripción, que son los que presentan las defensas de los militares en este tipo de expedientes, y por ese motivo este expediente se había retrasado en su diligenciamiento cerca de dos años”. Pero Ferro nunca se presentó personalmente a declarar. El otro indagado en la causa, Jorge Pajarito Silveira, sí acudió cuando le tocó declarar, también conducido, pero porque está cumpliendo condena en la cárcel de Domingo Arena.
El mismo lunes, Ielsur emitió un comunicado en el que informa que, además de la causa citada, Ferro es investigado también “en el secuestro y torturas” de Lilián Celiberti y Universindo Rodriguez, “entre otras”. Ielsur “exige a las autoridades policiales correspondientes la máxima diligencia y esfuerzo para la ubicación, detención y conducción del Coronel (r) Eduardo Ferro ante los estrados judiciales para que sea juzgado de acuerdo con las garantías del estado de derecho” y recuerda “a las autoridades” la condena de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado uruguayo en el caso Gelman, “teniendo presente además, que han pasado más de 40 años sin que se le brinde a las familias de las víctimas de terrorismo de Estado respuesta a sus casos trágicos”.
Según pudo saber la diaria, Ferro se afincó en la zona de Pinares en la década de los 90, comenzó a trabajar en la seguridad del lujoso hotel Las Dunas y terminó como gerente del establecimiento. Durante unos años había “desaparecido”, pero “hace un par de años volvió” al departamento, confió una fuente local. En mayo de 2011, la Coordinadora Verdad y Justicia de Maldonado y la Plenaria Memoria y Justicia realizaron un escrache en su casa de Pinares. Ahora el militar retirado es buscado por Interpol para ser conducido ante la jueza Sánchez.
El espía de la democracia
Ferro fue el responsable del espionaje militar a partidos políticos, sindicales y organizaciones sociales entre 1988 y 1991, según publicó Brecha (24/02/16) de acuerdo a la documentación de la Dirección General de Información de Defensa (DGID) a la que accedió el semanario, y que actualmente es analizada en una comisión investigadora de la Cámara de Diputados. El archivo de inteligencia militar fue encontrado en un allanamiento a la casa del coronel Elmar Castiglioni. Según Brecha, Ferro fue designado jefe del Departamento III de la DGID, lo que está consignado en su legajo personal, un documento oficial de la Comisión Calificadora del Personal Superior de las Armas del Ejército. La nota del semanario también asocia a Ferro con un oficial denominado “Guillermo” que, según la documentación sobre los informes de los espías de la DGID, ordenaba y observaba las tareas de los “manipuladores” que atendían a los “agentes”, dos figuras de la compleja red de espionaje que habían montado los militares en plena democracia.

Miércoles 15 • Marzo • 2017
Acto por la declaración del Día del Ex Preso Político, ayer, en el Memorial de los Desaparecidos. Foto: Andrés Cuenca
Acto por la declaración del Día del Ex Preso Político, ayer, en el Memorial de los Desaparecidos. Foto: Andrés Cuenca

Se celebró ayer el Día del ex Preso Político

“Que la justicia investigue y los jueces juzguen” fue la consigna para conmemorar el Día de la ex y del ex Preso Político, que se celebró ayer en el Memorial de los Detenidos Desaparecidos, en el Cerro de Montevideo. Se cumplirán 32 años de la liberación de los últimos presos políticos de la dictadura, y fue el primer 14 de marzo que contó con el reconocimiento oficial del Estado uruguayo como día del ex preso político; así lo declaró en febrero la Comisión Especial para dar cumplimiento a la Ley 18.596.
La actividad fue organizada por Crysol, que en su proclama insistió en que corresponde al Poder Judicial investigar y sancionar “las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el período de terrorismo de Estado”, así como ordenar las excavaciones en predios militares. También pidió avanzar con las más de 200 causas impulsadas por las víctimas, y calificó de “inconcebible” que “no haya un solo procesado por torturas ni por abusos sexuales recontra probados e incluso admitidos”. Reclamó a la Suprema Corte de Justicia no tolerar “las maniobras dilatorias” y “garantizar que no haya más prisiones domiciliarias injustificadas para criminales como [Ernesto] Ramas y [José] Gavazzo, involucrados personalmente en la desaparición de decenas de ciudadanos”. Catalogó como un “grave error” que ni el PIT-CNT ni Crysol integren el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia. Entre otros puntos, pidieron someter a Tribunales de Honor a todos los militares procesados para que sean apartados de las Fuerzas Armadas y pierdan todos los beneficios, y que se modifique la ley jubilatoria de las Fuerzas Armadas por la cual 1.573 oficiales retirados reciben jubilaciones, aun estando procesados o prófugos.

Paro de 24 horas en Ancap este jueves por asamblea

Los funcionarios reclaman una empresa “estatal y pública” y defienden el servicio médico.
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Miércoles 15 de marzo de 2017 – Caras y Caretas
Las actividades de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (Ancap) se verán paralizadas este jueves a consecuencia de un paro de 24 horas dispuesto por el sindicato para realizar una asamblea.
A partir de las 9 horas, en las instalaciones del Platense Patín Club de Montevideo -Juan Paullier 1757- los funcionarios de todos los sectores del organismo evaluarán las respuestas del Poder Ejecutivo en el marco de negociaciones tripartitas.
El presidente de la Federación Ancap (Fancap),  Edwin Villegas, se desarrolló una instancia de negociación en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en se analizará la reestructura de la industria cementera -ámbito del que también participa el Sindicato Único de la Construcción  y Anexos (Sunca)-, la situación que afecta a más de 40 trabajadores que fueron despedidos en Paysandú de cooperativas sociales, y servicios médicos.
Sostuvo, en diálogo con el Portal del Pit-Cnt, que los trabajadores se han parado desde la lógica “contraria a las privatizaciones” y en defensa de una empresa “Ancap estatal y pública”.
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El jueves se paralizarán las tareas a partir de las 9 de la mañana en área metropolitana y desde las 00:00 en plantas del interior, para asistir a la asamblea general nacional.
Fancap levanta una plataforma por una empresa “estatal y pública”, en defensa del servicio médico, la industria cementera y los puestos de trabajo.
Contrapropuesta al Poder Ejecutivo

Funcionarios judiciales analizan afectar la implementación del futuro CPP

El gremio de funcionarios judiciales presentará una contrapropuesta al Poder Ejecutivo en procura de lograr una solución consensuada al largo conflicto salarial en el sector.
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Miércoles 15 de marzo de 2017 – Caras y Caretas

La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) le entregará una contrapropuesta al Poder Ejecutivo, para destrabar -al menos en parte- el largo conflicto salarial en el sector. La misma implica que se utilicen los créditos previstos en la propuesta que fue rechazada para lograr la adecuación salarial del 21,6% que se prevé en los fallos judiciales a su favor, afirmó el secretario general de AFJU, Eduardo Silveira, en diálogo con la prensa.
El gremio de funcionarios judiciales decidió, el 8 de febrero, rechazar una propuesta de acuerdo transaccional planteada por el gobierno, en que se establecía el pago del 70% de la deuda contraída con los trabajadores y una readecuación salarial del 15,76%. La AFJU decidió, días después, presentar una contrapropuesta para destrabar la situación. Esta implica utilizar los fondos ofrecidos en el acuerdo transaccional para lograr la inmediata adecuación salarial de todos los trabajadores.
Para esto, se convocó un paro de actividades a partir de las 14:30 horas para los Juzgados de Montevideo y de 24 horas para las sedes del interior, para que los trabajadores participen en una “Marcha Nacional” hasta el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para acompañar la presentación de la propuesta. “La decisión es llevar una contrapropuesta, no ir con las manos vacías y entregar una idea que puede ser un camino de salida a este conflicto”, expresó Silveira.
El dirigente afirmó que la idea es que se cumpla con la sentencia en cuanto a la adecuación salarial a futuro y, posteriormente, abrir una instancia de negociación en relación a la deuda contraída en estos años. “Sobre la deuda se puede abrir una instancia de diálogo, con respecto a la adecuación nos mantenemos en el 21,6% que es lo que manda la sentencia”, expresó
En este sentido, señaló que ninguno de los colectivos que aceptaron el acuerdo transaccional con el Poder Ejecutivo tenía sentencia firme, y que los trabajadores están firmes en reclamar el aumento, algo que no sucede con los trabajadores. “Los funcionarios judiciales tenemos dos sentencias que son inapelables, que están firmes”, afirmó Silveira. “La propuesta del gobierno para la gente fue insuficiente, la rechazó contundentemente”, insistió.
El dirigente dijo no saber “cuál será la respuesta”. “Si el Poder Ejecutivo mañana plantea un camino distinto lo analizaremos”, pero la idea es “que se resuelva esto lo antes posible”. En este contexto, dijo que no se descarta que, en caso de que el conflicto se extienda, afectar la implementación del futuro Código del Proceso Penal.
“Es una posibilidad. La estamos evaluando con un grupo de compañeros, hay propuestas de ese tipo. Pero queremos expresar que no es el objetivo de los trabajadores judiciales que las cosas no funcionen. Sabemos que el CPP tiene algunas dificultades para su implementación, que está costando un poco en algunos temas, pero es una propuesta que está arriba de la mesa y es una posibilidad de que el CPP se paralice”, afirmó
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