Noticias Uruguayas 15 julio 2019

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EEUU busca revivir el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) en Venezuela // AN en desacato pretende ingresar a Venezuela en el TIAR // El TIAR: un tratado «herido de muerte» que no podría aplicarse en Venezuela // La OEA: esa cosa tan fea // «El imperialismo mundial está en su fase definitivamente agónica» // El impacto adverso de una invasión a Venezuela sobre el imperio y sus aliados // Vida, pasión y… pronta muerte del Grupo de Lima // URUGUAY: Gerardo Rodríguez (presidente de la Federación Ancap): “Quieren arrebatarnos lo conquistado en derechos y libertades sindicales” // El Poder Judicial de In-justicia por Jorge Zabalza

 

 

URUGUAY

Fernando Ferreira (FOEB): “En medio de las negociaciones bajaron la cortina”

Viernes, 12 Julio 2019 11:00 – PORTAL PIT-CNT

En un contexto laboral complejo y con niveles considerados “preocupantes” en materia de desocupación en el departamento de Salto, la empresa distribuidora de los productos Cofuesa (ex Urreta) cerró su depósito y envió a todos sus trabajadores al seguro de desempleo. Si bien hay prevista una instancia de diálogo para el próximo 22 de julio, en el ámbito de la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB) no es optimista sobre lo que pueda suceder en esa instancia, como consecuencia de los hechos consumados que la empresa ya impuso. Incluso no se descarta que en dicha instancia la empresa concrete oficialmente los despidos de los 11 trabajadores.
En diálogo con el Portal del PIT-CNT, el presidente de la FOEB, Fernando Ferreira, explicó que el anuncio sorprendió a los trabajadores porque se encontraban en pleno proceso de negociación. “En medio de las negociaciones y dentro del marco de acuerdo de los 45 días la empresa bajó la cortina, le otorgó la distribución a otra empresa y enviaron a todos los trabajadores al seguro de paro”. Así las cosas, Ferreira lamentó que en este momento y de manera imprevista “once familias estén sin trabajo” y adelantó que desde la Foeb se mantendrán conversaciones con el Instituto Nacional del Cooperativismo y con otros actores “para que estos trabajadores puedan formar una cooperativa y desarrollar su trabajo de distribución con algunas otras empresas de Salto”. Al respecto, Ferreira admitió que los índices de desocupación en el departamento “son preocupantes” y según cifras que maneja la FOEB, el desempleo ronda el 20% “aunque cuando uno camina por la ciudad eso no se nota, hay mucho movimiento aunque tal vez se deba a que en Argentina también están de vacaciones” y eso haya contribuido al arribo de turistas. “La ciudad de Salto no parece estar en crisis” aseguró. “No parece una ciudad caída ni mucho menos, la imagen que nos llevamos nosotros es de una ciudad dinámica con el sector gastronómico funcionando muy bien y mucha gente en las calles”.
Por último, el presidente de la FOEB adelantó al Portal que más allá de las escasas expectativas depositadas en la próxima instancia que se llevará a cabo en la Dinatra, la Federación continuará desarrollando las gestiones para encontrar una vía laboral cooperativa alternativa para los trabajadores que hoy se encuentran en el seguro de desempleo.

 

 


Con el presidente de la Federación Ancap

Gerardo Rodríguez: “Quieren arrebatarnos lo conquistado en derechos y libertades sindicales”

El presidente de la Federación Ancap, Gerardo Rodríguez, advirtió que “los trabajadores somos la variable de ajuste” y “el desafío más grande de la clase obrera en estos momentos es fortalecer la organización”, agregó en entrevista con Caras y Caretas.

9 julio, 2019 – CARAS Y CARETAS

¿Cuáles diría que son hoy las principales preocupaciones de la central obrera, a 53 años de su fundación?
La ofensiva de la derecha en la región y las últimas denuncias que han planteado las organizaciones empresariales ante la Organización Internacional del Trabajo son algunas de ellas. La derecha viene por todo en momentos en que hay un contexto internacional en el que los productos nacionales registran menores precios y que se ha reducido la inversión extranjera directa porque las tasas de retorno son menores. En este marco de enlentecimiento, los trabajadores somos la variable de ajuste y quieren arrebatarnos todo lo conquistado en materia de derechos y libertades sindicales, así como en materia de negociación colectiva.
¿Qué expectativa tiene el Pit-Cnt en relación al próximo gobierno?
Puedo hablar en forma personal. Creo que es muy importante el signo del próximo gobierno, ya que tenemos una vulnerabilidad muy grande porque en el caso de la Federación Ancap, la derecha está impulsando la caída del monopolio de los combustibles, en contra de la voluntad popular. Y esa herramienta que plantean como una vía para rebajar los combustibles no es real. En otro momento han tratado de privatizarla, como intentaron hacer con otras empresas públicas. Y en los años 2001 y 2002 intentaron ir por la asociación, que era una especie de privatización encubierta, pero se encontraron con la muralla del sindicato y de la población. Hoy existe un nuevo embate de parte del neoliberalismo para lograr la caída del monopolio y la privatización del ente. Pero también en un escenario de triunfo de la izquierda vamos a tener dificultades, por lo que el desafío más grande de la clase obrera en estos momentos es fortalecer la organización, para poder resistir los embates que vengan.
¿Cómo es hoy la relación del sindicato de Ancap con las autoridades del ente?
Este es sin dudas el peor momento de nuestro relacionamiento; se ha deteriorado mucho y prácticamente no hay diálogo. Lo que está sucediendo ahora, con la aplicación de descuentos al amparo de la ordenanza 401, nos ha dificultado encontrar los caminos de encuentro. Les hemos propuesto una especie de autorregulación de conflictos, pero no se ha logrado un marco de acuerdo. En función de la actividad que desarrollamos -el manejo de los combustibles-, deberíamos tener condiciones para asegurar el suministro y los servicios estratégicos del país, como es el caso de la conectividad, el aeropuerto, el turismo o los sectores productivos e incluso la población en general.
Lo hemos dicho recurrentemente, nosotros no buscamos desabastecer al país, pero también debemos tener la posibilidad de realizar un conjunto de medidas que no sean pasibles de una sanción por parte de las autoridades. En forma arbitraria y discriminatoria, nos han aplicado sanciones sin tomar en cuenta que los trabajadores lo único que hicieron fue negarse a realizar determinadas tareas. Es algo que no podemos aceptar bajo ningún concepto.


EL PODER JUDICIAL DE IN-JUSTICIA

por Jorge Zabalza

Un montón de gente fue a solidarizarse con Mariana Mota el 15 de febrero de 2013, era unánime el rechazo a la maniobra de trasladarla a un juzgado civil para enlentecer decenas de procesos por delitos de lesa humanidad.

La concentración venía siendo muy tranquila hasta que los supremos del poder judicial se espantaron con la indignación que había provocado su arbitrariedad y pidieron a la policía que desalojara el sagrado recinto. Ni lerdos ni perezosos, los milicos se colocaron sus escafandras y chalecos antibala y comenzaron el operativo “empujón” con palos y escudos.

A nadie le gusta que le metan la pesada, por muy institucional que sea, menos todavía cuando se supone que se está en el templo de la justicia. Se dejaron oír desafinados coros con viejas consignas y hubo forcejeos, nada de fuerza ni violencia, reconoció después la jueza Graciela Merialdo. Finalmente, aplastadas por el muro de plástico y rostros pétreos, la gente terminó yéndose, de mala gana, por cierto, pero el edificio quedó “despejado”, como dicen en las series policiales.

El fiscal Gustavo Zubía eligió arbitrariamente a siete manifestantes de un total de 300 y los acusó judicialmente: Irma Leites, Patricia Borda, Aníbal Varela, Eduardo, Diego y Álvaro Jaume y Jorge Zabalza. ¡Qué puntería la del fiscal! Se trataba de criminalizar la manifestación de solidaridad y de desalentar la lucha por Verdad y Justicia.

En realidad, Zubía actuaba con el respaldo de la Suprema Corte, en particular de Jorge Ruibal Pino, presidente del egregio cuerpo, quien afirmó que la Suprema sería la muralla donde se detendría la lucha por juzgar los crímenes de lesa humanidad. Con su muralla para violar el derecho internacional, Ruibal prejuzgaba inocentes a los acusados de asesinato, desaparición forzosa, violación o tortura. Ruibal, además, había actuado como encubridor en el caso de los cadáveres que llegaban a la costa de Colonia luego de arrojados por los famosos vuelos. ¿Qué justicia podíamos esperar de una Suprema presidida por tamaño atorrante?

Los siete fuimos conducidos e interrogados por el comisario Mieres al Departamento de Operaciones Espaciales. El fiscal gritó “atentado”, pero la jueza Merialdo nos procesó sin prisión por haber participado en “la reunión tumultuaria que afectó el bien jurídico orden político interno del Estado”, es decir, un delito de asonada. La jueza entendió que con “gritos e injurias” se impidió durante tres horas que los supremos celebraran la audiencia pública en que se designaba a Mariana Mota y otros jueces en nuevos cargos.

Los doctores Juan Fagúndez, Gustavo Salles, María de le la Fuente y Gonzalo Galíndez, abogados defensores de las víctimas de la arbitrariedad judicial, apelaron el auto de procesamiento por considerarlo inconstitucional. El 28 de abril del 2015, dos años y pico después de los hechos, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional el fallo que nos procesaba. Caso cerrado.

No estaba tan cerrado, sin embargo. El súper fiscal Zubía volvió a la carga y exigió que se nos procesara por los mismos hechos que ya habíamos sido procesados, pero, esta vez, por el delito de Atentando Agravado. Entendía que habíamos actuado con violencia y que, para preservar a la sociedad, debíamos ir a prisión.

El nuevo expediente prosiguió su recorrido y fue a parar al Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4° Turno. Finalmente, Ángel Cal Shaban, José Balcaldi y Daniel Tapié se avinieron a la acusación de Zubía y, a seis años y cuatro meses de manifestar solidaridad con la doctora Mota, nos procesó sin prisión por atentado, cuatro de los procesados en calidad de autores y dos como cómplices. El séptimo caso debía correr por cuerda separada.

Los fundamentos de la división entre cómplices y autores permanecen en las sombras de las disquisiciones jurídicas de Cal Shaban, redactor del escrito que nos enviaron mediante el cedulón N° 722/2019 IUE 94-35/2013, donde nos comunicaban que nos habían procesado dos veces por los mismos hechos. El Tribunal de 4° Turno fue creado el 23 de abril de 2011 por la Suprema de Ruibal Pino. El periodista, investigador y luchador Roger Rodríguez historió la forma en que el tribunal se puso mano a la obra y, a los pocos meses de creado, modificaron de dos fallos judiciales trascendentales. En primer lugar, decretaron la libertad del coronel Walter Gulla por el asesinato en prisión del compañero Horacio Ramos y, en segundo término, declararon inocente a Gregorio Álvarez, el hiper dictador, por el asesinato del compañero Roberto Luzardo, cometido en el Hospital Militar. El Tribunal de Cal Shabán fue creado como un adoquín muy importante de la gran muralla protectora del terrorismo de estado.

Como el grupo de abogados defensores llevará el caso a Casación, los supremos tendrán la última palabra. ¿Qué podemos esperar de la “muralla”? Con toda seguridad, el máximo órgano judicial ratificará el laudo del Tribunal, al fin y al cabo, es la “Suprema Corte de In-Justicia” como solía decir el inolvidable Daniel Viglietti

La cruzada de Zubía habrá alcanzado su objetivo, continuación del espíritu con que se dio el golpe del 27 de junio de 1973. De todas maneras, continuará su lucha denodada por un sistema carcelario de castigo y venganza, que deje a un lado la rehabilitación social de los privados de libertad. Su postura revela las características del horizonte político que persigue, un sistema basado en la autoridad vertical y uniformada, en el obedezco y mando, en esa rigidez disciplinaria que propugnaba la dictadura para domar al pueblo trabajador.

A medio siglo del terrorismo de estado -que comenzó antes del golpe de 1973- continúa la lucha por Verdad y Justicia. Pese a los pronósticos de que la lucha llegaría a su fin con la muerte de verdugos y víctimas, la han hecho suya la generación de los biznietos, y bajo agua como el último 20 de mayo. El procesamiento de siete de los cientos de luchadores es apenas una escaramuza de esa gran batalla y un botoncito de muestra de lo que se viene.

 

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