Ninguna política pública de los gobiernos de izquierda ha sido menos progresista que lo hecho en las áreas de seguridad y criminalidad. No se mantuvo lo afirmado cuando se era oposición. No se tuvo solidez ideológica, creatividad o valentía para enfrentar a la opinión pública crecientemente alienada, a la prensa depredadora y a la derecha conservadora. La izquierda ha sido erosionada por teorías criminológicas inspiradas en las derechas, alimentada por la prensa, actores políticos y opinión pública. Anotemos algunas explicaciones y algunas líneas de salida para esta terrible situación.

Uno. El juego democrático cotidiano entre partidos hace difícil mantener el perfil ideológico enunciado a priori. Tampoco es fácil implementar medidas que necesitan de burocracias con otras lealtades, otros valores, inercias y culturas organizacionales, que pueden enfrentar o demorar decisiones.

Dos. La izquierda parece ignorar que, desde mediados de los ochenta, los implementadores de los designios de la geopolítica neoimperial no son ya los militares –como lo fueron durante la Doctrina de la Seguridad Nacional en tiempos de Guerra Fría, Plan Cóndor y dictaduras–, sino las policías y guardias nacionales como ejecutores de la nueva Doctrina de Conflictos de Baja Intensidad. Ésta elige como blanco de fichaje y control social problemas que pueden ser atribuidos especialmente a los más jóvenes. Para ello, con la alianza de la prensa y políticos derechistas, se magnifica, dramatiza y estigmatiza sida, drogas, criminalidad joven y subculturas juveniles. Con tal pretexto bajan las defensas democráticas de la sociedad, eliminando libertades, garantías y derechos sociales, sustituyéndolas por clamores paranoicos e inocuos sobre seguridad.

Tres. Los contenidos de ‘seguridad’ e ‘inseguridad’ se deslizan semánticamente hacia la cantidad y calidad de la criminalidad e infraccionalidad. Se vuelven sinónimos, y por ello símbolos de condensación de las múltiples inseguridades de la vida urbana moderna, más allá de sus supuestas causas y síntomas. Esto lleva a que policías y ministerios del Interior monopolicen diagnósticos y terapias sobre problemas que son multidisciplinarios, multiinstitucionales, multiministeriales y tanto ejecutivos como legislativos y judiciales. Jamás habrá soluciones si los diagnósticos y terapias son monopolizados por ministerios del Interior, como supermanes de mano de hierro.

Cuatro. Las policías saben de prácticas operativas pero no de criminología ni de relaciones entre infraccionalidad y criminalidad con economía, cultura y sociedad. Porque no lo estudiaron con gente competente y porque no tienen capital cultural suficiente como para asimilarlo si tuvieran quién se los enseñase. Cuando la prensa interroga a policías sobre temas de ‘inseguridad’ reproducen reduccionismos simplistas y poco informados científicamente. Los medios entonces ayudan a empobrecer la capacidad analítica de la opinión pública y de los políticos, a pauperizar diagnósticos y a despotenciar soluciones para los problemas sociales.

Cinco. Tan malo como todo este proceso práctico es el deterioro del nivel de justificación de las prácticas. Porque esa ‘ejecutivización’, ‘policialización’ y ‘mediatización’ del imaginario público va acompañada de una contaminación académica y política de los conceptos sobre cuya base se diagnostica, se intentan soluciones y se conforman opinión pública y sentido común. Hasta mediados de los años setenta, la llamada ‘reforma criminológica’ fue una conjunción de teorías científicas y progresistas sobre la criminalidad y conceptos vinculados. Pero los ascensos conservadores de Reagan y Thatcher dieron origen, financiación e instrumentalidad a una serie de teorías neoliberales, conservadoras y de derecha o ´tercera vía’ que configuraron una regresión llamada ‘contrarreforma criminológica’. Estas teorías provocaron una atemorizada retracción de las criminologías progresistas que comenzaron con el trágico ‘realismo criminológico de izquierdas’, coyuntura histórica de los años 80 en Europa, que se reiteró en América Latina y se vive en el Uruguay de hoy. De ahí la importancia de no permitir que monopolicen la opinión pública y la política mediante su predominio en la prensa y en los sondeos de opinión. Hay que trabajar con base en las teorías de la ‘reforma’ y la criminología crítica (con énfasis en abolicionismo, garantismo y minimalismo), y evitar las de la ‘contrarreforma’ y el ‘realismo de izquierda’.

Uno. No hacerle coro a la vulgaridad histórica del crecimiento de la violencia. Los institutos internacionales que estudian esto dicen que antes no existían los registros que hay hoy para comparar, y que lo que hay con seguridad es mucho mayor publicidad, magnificación, dramatización y estigmatización de los chivos expiatorios elegidos para atribuirles causa fácil a los complejos problemas tan temidos. Hace mucho que se sabe que la sensación térmica de inseguridad es mucho mayor y creciente respecto de la criminalidad, que responde a otras causas que ella, y que produce ilegitimidad política y miedo fascistizante, irracional e inductor de infelicidad.

Dos. Los objetivos utópicos pero que pueden guiar hoy a las políticas serían: despolicialización de la seguridad, desjudicialización de los conflictos, despenalización de conductas ilegítimas, desinstitucionalización de penas y castigos. Debe además reformularse un análisis histórico del papel de las policías y su relación con el centralismo estatal.

Tres. No debe olvidarse la función de liderazgo que los políticos deben ejercer; venciendo la tentación populista y demagógica que supone el facilismo poco informado de creerse que la soberanía popular implica aceptar cualquier ignorancia técnica inducida. El imperio progresivo de los medios de comunicación en el imaginario colectivo amerita su denuncia y no un equivocado servilismo a sus introyectados conceptos e imágenes.

Cuatro. Es necesario castigar, no sólo a los criminales, sino a los criminógenos (a los que no dan el empleo que pueden, no pagan lo que pueden, hacen trabajar en tareas que no son las que pagan, echan a los tres meses para no pagar seguridad social ni aumentos, negrean psíquicamente), que siembran las semillas de las que saldrán los frustrados, deprivados relativos, necesitados y urgidos agresivos que les sacarán los ojos. Hay doctrinas penales que afirman que el Estado no puede ejercer su pretensión punitiva contra algunos si antes no cumplió con sus deberes de satisfacción de derechos humanos, ciudadanos, políticos, sociales y económicos a su respecto. No olvidar, por lo tanto, que los lumpen, lumpen-consumistas, subproletarios, o underclass, son más víctimas de la sociedad que victimarios. ¿Cómo pueden gobiernos progresistas, de izquierda, ponerse sistemática y públicamente del lado de los explotadores y no de los explotados? Por ejemplo, expulsando a quienes los necesitan de los espacios públicos, o expulsando a gente que se gana su vida en los semáforos en lugar de controlar a los que se aprovechan y molestan.

Cinco. A no mentir: ni la inseguridad ni la criminalidad pueden ‘erradicarse’. Y mucho menos ‘ya’. Porque obedecen a múltiples factores y porque hay que ‘aguantar’ hoy y aprender a no sembrar más lo que nos ha hecho cosechar lo que ahora lamentamos. Responden a múltiples factores profundamente enraizados en el pasado, que tendrán consecuencias casi inevitables hoy y mañana. Ni siquiera haciendo todo bien hoy se podrá estar seguro de que los efectos de desigualdades, injusticias, inequidades, negreos y ninguneos, materiales y afectivos, se eliminen. Es tarea de todos.

El Muerto