Publicado en: 15 enero, 2019

Noticias Uruguayas 15 enero 2019

Por Colectivo Noticias Uruguayas

URUGUAY: Brecha: Pruebas contra Miguel Sofía en la justicia por Walter Pernas // Testimonio clave reafirma responsabilidad de Bardesio y Sofía por Samuel Blixen // “Miguel Sofía atentó contra Wilson” Escrito por Juan Raúl Ferreira

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URUGUAY

por Walter Pernas
9 enero, 2019

El “pituco” del Escuadrón

Pruebas contra Miguel Sofía en la justicia.
La investigación de los crímenes del Escuadrón de la Muerte avanza sobre el brazo civil de la organización parapolicial y paramilitar. El indagado más comprometido es Miguel Sofía, un millonario empresario de la comunicación, otrora integrante de la jup y del Comando Caza Tupamaros.
Las pruebas contra “José” –ese era el alias de Miguel Sofía en el Escuadrón de la Muerte– son variadas: abundan los testimonios que lo involucran en acciones ilegales de la Juventud Uruguaya de Pie (jup), y otros cualitativamente muy importantes –por tratarse de sus ex cómplices– lo señalan como uno de los civiles operativos en casos de atentado y desaparición forzada de personas. A la vez, declaraciones de un ex legislador lo vinculan a actividades delictivas en la época represiva predictadura, en tanto que el acopio de información de prensa de los años sesenta y setenta ayuda a armar el rompecabezas del Escuadrón, en el cual Sofía encastra como pieza importante.
La declaración brindada a los tupamaros por el ex fotógrafo policial Nelson Bardesio –mientras estuvo secuestrado en 1972 en la denominada “Cárcel del Pueblo”– es particularmente reveladora. Bardesio, un integrante del Escuadrón de la Muerte que ahora se encuentra detenido en Argentina bajo proceso de extradición hacia Uruguay, describió con lujo de detalles cómo se realizó en agosto de 1971 el secuestro y desaparición forzada del estudiante Héctor Castagnetto. En ese testimonio sostuvo que Sofía participó del secuestro, tortura y desaparición del joven.
“A primera hora de la mañana llegaron los dos funcionarios en compañía de Miguel Sofía, a quien llamaban José y que había sido presentado por (Pedro) Crosas en el ministerio como su principal ayudante. Por comentarios en el ministerio, sé que José pertenecía a la jup; al igual que Crosas, parecía tener gran confianza con el subsecretario Acosta y Lara, concurriendo asiduamente al despacho de éste. Al llegar José y los dos funcionarios, Delega y yo nos fuimos, quedando Freitas* en la casa de la calle Araucana”, declaró Bardesio. En esa casa fue torturado Castagnetto, y luego su cuerpo entregado al capitán Nader para que lo tirara al mar. El ex fotógrafo policial dijo también: “Por lo que sé, el Comando Caza Tupamaros está integrado por Crosas, Sofía, el oficial inspector Freitas  como enlace, Delega y los dos funcionarios entrenados en Brasil. De éstos, cuyos nombres no recuerdo, sé que pasaron al Departamento 5. Crosas y José (apodo de Sofía) desaparecieron pocos días después de lo de Castagnetto, y tras cobrar una gruesa suma de dinero en el ministerio dijeron que viajaban a Brasil, pero a José lo vi en Montevideo al día siguiente de las elecciones festejando el triunfo” (véase Brecha, 24-VIII-08).
A pesar de que Bardesio intentó luego desmentir su versión señalando que había declarado bajo “apremios psicológicos”, unos días antes había señalado a legisladores y representantes del gobierno que era verdad lo que había contado a los tupamaros. Uno de los que estuvo en esa reunión, en representación de Wilson Ferreira Aldunate, fue su hijo Juan Raúl. El ex legislador confirmó la semana pasada a la justicia que Bardesio admitió en esa reunión que era real lo que había declarado a los tupamaros y que por eso si lo entregaban a la Policía era hombre muerto.
Parte del relato de Bardesio fue reafirmado, con matices, por el oficial retirado Pedro Walter Freitas en entrevista con Brecha. Freitas no involucra a Sofía en el caso Castagnetto –dice que no ve las caras de los individuos que participan además de Bardesio–, pero lo describe como un “pituco” que entraba y salía del despacho del subsecretario del Interior, Armando Acosta y Lara –en momentos en que en esas oficinas funcionaba la organización parapolicial–, y que iba acompañado por un paraguayo (véase Brecha 8-VIII-08).
Además, el ex comisario jefe del Departamento de Inteligencia y Enlace, Alejandro Otero, declaró que de acuerdo a lo que supo mientras estuvo en el edificio de la Jefatura de Policía, Sofía era uno de los que tenía “licencia” para entrar y salir de las oficinas de la misión estadounidense y del Ministerio del Interior, tanto como Bardesio.
PRENSA REVELADORA. Todos señalan la vinculación de Sofía con la jup, aunque el propio indagado lo negó ante la justicia. Brecha ubicó un ejemplar de la revista Cuestión, fechada el 10 de junio de 1971, en la que se revelan decenas de nombres de integrantes de la jup y las relaciones de esta organización con el Ministerio del Interior y el Escuadrón de la Muerte. En un artículo, el periodista E L Mokossian señala: “La jup comenzó a cobrar vuelo y sentirse materialmente apoyada en fecha que coincide, muy sintomáticamente, con la asunción al Ministerio del Interior del doctor (Santiago) De Brum Carbajal. Suspicaces observadores políticos coincidieron en señalar por entonces (enero del 71) que desde la propia secretaría de Estado se alentaba la creación de una fuerza parapolicial, financiada, armada y entrenada por la propia Policía. No pasó más que de versión oficiosa pero parecía tener algunos fundamentos. En efecto, las relaciones jup-De Brum debieron ser sumamente estrechas cuando el ministro, durante uno de sus múltiples anuncios del finalmente implantado Registro de Vecindad, indicó que serían los jóvenes de pie, junto a la Policía, los encargados de llevar a la práctica el censo que (vaya coincidencia) tiene como patrón el implantado por las huestes del nazismo en la Alemania de Hitler. Y recientemente, en su discurso del 4 de mayo por cadena de radio y televisión, fue el propio ministro del pachequismo quien se encargó de dar aliento a los grupos fascistas de la jup que pocos días antes habían sido responsables de balear a estudiantes del liceo Bauzá, ocupar ése y otros centros de estudios y promover la situación caótica que da pie a la Interventora de Secundaria para clausurar más de una decena de liceos, suspender alumnos y profesores y promover la detención de varios centenares de éstos”.
El periodista señala que “los jóvenes de pie apenas son un puñado en los distintos centros de estudios secundarios, y por lo tanto fácilmente identificables”. Así, sostiene que “en el liceo Varela fue individualizado y expulsado por actitudes antigremiales Miguel Sofía”.
SOFÍA HOY. Luego del golpe de Estado, Sofía cumplió funciones como diplomático. Fue jefe de la sección de pasaportes de Relaciones Exteriores y funcionario de confianza en la Embajada de Uruguay en Estados Unidos, cuando el embajador era Jorge Pacheco. Terminó expulsado de ese país –según consta oficialmente– por robar en un supermercado. No obstante, el ex legislador Juan Raúl Ferreira hace otra lectura sobre este personaje involucrado en un atentado contra Wilson (véase nota aparte).
La dictadura le regaló a Sofía una radio, a la que llamó Emisora del Plata; cuando sus cuentas crecieron fundó el Grupo del Plata, y adquirió otras varias radios, las que acaba de vender a un grupo mexicano en un negocio millonario. Actualmente es el dueño de Sistemas de Comunicaciones, “la única empresa designada como representante y distribuidora autorizada de Motorola Inc en el sector Soluciones para el Comercio, Industria y Gobierno” para Uruguay. De hecho, es un proveedor habitual del Estado en equipamiento de radios para comunicación interna. Los tiempos de la jup y del Escuadrón han pasado, y Sofía pretende ocultarlos, pero próximamente deberá enfrentar a la justicia, con alto riesgo de terminar en la cárcel.
* Se refiere a Pedro Walter Freitas (véase Brecha 8-VIII-08).

Dudosa expulsión de Estados Unidos

Sofía involucrado en atentado contra Wilson

El ex senador Juan Raúl Ferreira declaró ante la justicia que en 1972 el integrante del Escuadrón de la Muerte Miguel Sofía estuvo involucrado en un atentado contra su padre, el líder blanco Wilson Ferreira Aldunate. El ex legislador sostuvo también que él fue amenazado de muerte en 1978, en Washington, y que unos diez días después sospechosamente Sofía fue expulsado de Estados Unidos.
Consultado por Brecha, Juan Raúl Ferreira relató los hechos: “Nosotros vivíamos en el séptimo piso de avenida Brasil 3136. El 28 de enero de 1972, en pleno período de escrutinio inconcluso,* Wilson habla desde el balcón del primer piso, donde vivían los Amorín Zorrilla, una familia muy amiga de la nuestra.
La manifestación fue reprimida con gases lacrimógenos y con agua, el propio Wilson fue volteado por los que llamábamos los ‘guanacos’ de aquella época. Pocos días después –pudo ser el 31– se reciben amenazas de muerte en nuestro apartamento del séptimo piso. Yo bajo al primer piso a contarle a mi amiga Inés Amorín. Ella estaba estudiando de espaldas al balcón, que aún tenía las balconeras de Wilson. Le conté de los hechos, y en determinado momento ella se recuesta hacia adelante, sobre la mesa donde estaban sus libros, y el respaldo de su silla queda agujereado por un balazo: se salvó por casualidad.
En ese episodio, donde intervino la justicia civil, todos los involucrados eran de la jup, y entre ellos el señor Miguel Sofía. Los indagados declararon que se trataba de problemas de noviazgos, y cosas personales, pero los hechos objetivos son los que narré. Una de estas personas terminó procesada –no recuerdo cuál– pero por un delito menor, quizá tenencia ilícita de armas”.
Además Ferreira relató que unos años después, viviendo exiliado en Estados Unidos, comenzó a recibir amenazas de muerte. A pedido de Wilson realizó la denuncia ante la Policía Metropolitana de Washington, y ese organismo la trasladó al fbi.
“El 30 de junio de 1978 sale en el Washington Post y en 200 periódicos de Estados Unidos una columna del periodista Jack Anderson, conocido por su buena información de fuentes investigativas. El título del artículo fue: ‘Exiliado latino teme por su vida’, y cuenta, basado en fuentes investigativas, que la Policía Metropolitana interceptó los llamados telefónicos del señor Ferreira. Según está publicado, uno de los investigadores le dijo al periodista: ‘Tenemos la esperanza de identificar exactamente el número desde donde se están recibiendo estas amenazas (…) creemos que deben estar viniendo de la misión militar de Uruguay en Washington’. Al terminar la nota, el periodista señala que ‘la policía dijo con ironía: definitivamente no queremos otro caso Letelier en Washington’. Al pie de la página, el periodista señaló: ‘El portavoz del Departamento de Estado nos dijo que han tomado nota de estas amenazas y han hecho todo lo posible para notificar por las vías diplomáticas apropiadas a las autoridades de seguridad los pasos a tomar’. Y luego el funcionario señala, según la nota, que además de esa acción ‘no hay otra cosa que el secretario de Estado pueda hacer más allá de rezar’. Yo era muy gurí, y no le di la trascendencia a esas palabras, pero muchos años después fui embajadar, y me di cuenta de que esa declaración del Departamento de Estado, que involucra a un gobierno con el que tiene relaciones diplomáticas, y que dice que el secretario de Estado va a rezar, es un lenguaje diplomático muy fuerte.
Unos días después, quizás algunas semanas después, el señor Sofía, que era secretario de prensa de la Embajada de Uruguay en Washington, fue declarado persona non grata, y él declaró que había sido por robar quesos en un supermercado. Yo, sin juzgarlo, digo que ese hecho de la expulsión de Sofía de Estados Unidos se da pocos días después de las declaraciones de la Policía Metropolitana de Washington y del Departamento de Estado estadounidense”.
Ferreira se enteró luego de una nueva situación que involucra a Sofía, y que aumenta sus suspicacias: “Posteriormente a su expulsión, Sofía fue designado por el régimen dictatorial como funcionario de confianza de la embajada uruguaya en Taiwán. En viaje a Taiwán –en la época en que no existía la ‘visa de tránsito’, y si uno quería ir a Estados Unidos viajaba sin tener que declarar qué iba a hacer–, Sofía tenía previsto hacer escala en San Francisco, pero el Departamento de Estado de Estados Unidos no lo dejó embarcar. Sofía tuvo que viajar a Taiwán por Europa”.
* Las elecciones de noviembre de 1971 aún no tenían ganador. Luego, en febrero de 1972, la Corte Electoral proclamaría a Juan María Bordaberry como presidente. Los blancos denunciaron fraude.


El “empresario” sigue siendo titular del otorgamiento de 3 ondas de radio. ¿Cuándo le fueron entregadas? ¿Quién lo protegía para entrar y salir del país?

“Miguel Sofía atentó contra Wilson”

La detención de Miguel Sofía, el martes 8 de enero, en Montevideo, en plena vía pública, casi una década después de su requisitoria, abre nuevas interrogantes no solo sobre los crímenes del pasado reciente.
Juan Raúl Ferreira, ex integrante del Partido Nacional, actual dirigente del Espacio 609 del Frente Amplio, así lo refleja en esta columna exclusiva para LA REPÚBLICA en la que revela detalles inéditos del atentado a su padre Wilson Ferreira Aldunate en 1971 por parte del ex integrante del Escuadrón de la Muerte.
En memoria de
Manuel Ramos Filippini
Abel Ayala
Héctor Castagnetto
Íbero Gutiérrez
Habían pasado las elecciones de 1971 cuestionadas por el Directorio del Partido Nacional como fraudulenta. El segundo escrutinio pasaba a ser muy importante y estuvo cargado de incidentes. No se sabía entonces, lo que hoy surge de documentos desclasificados de los servicios de EEUU, de la fría planificación del fraude, con la colaboración de la entonces dictadura brasileña.
Mis padres se habían ido al interior y estaba solo en casa cuando empieza a sonar el teléfono: Amenazas de muerte. Poco después dos tiros hacen impacto en el edificio, disparados por Miguel Sofía. Ese atentado fue la primera, de una serie de agresiones contra Wilson.
Vivíamos en Av. Brasil 3136. En el séptimo piso. En el primero vivía una familia muy querida, la Amorín. Muchas veces Wilson, cuando había concentraciones, hablaba desde allí por un megáfono.
El largo balcón del primer piso del edificio conocido por sus ventanas octogonales, estaba embanderado de punta a punta por balconeras de Por la Patria. Muchagente creía que efectivamente allí vivía Wilson. Inesita Amorín salvó su vida de milagro.
La silla de comedor donde estaba sentada hasta segundos antes fue atravesada de lado a lado en el respaldo. Sé que durante mucho tiempo la conservaron con el agujero de una bala como reliquia.
El hermano mayor de Inesita siguió con una moto a Sofía, dimos cuenta a la Policía y fue detenido y puesto a disposición de la Justicia. Fue procesado pero de forma muy benigna. Ya vivíamos tiempos difíciles.
Consumado el fraude, en la Legislatura que podríamos llamar de transición a la dictadura, llega a varios parlamentarios -recuerdo entre ellos a mi padre, Zelmar Michelini y el Toba Gutiérrez Ruiz- la declaración de un policía que confesaba jugar un papel importante en los Escuadrones de la Muerte. En ella responsabiliza a Miguel Sofía, de varios de estos asesinatos, con nombre y detalles del modo de ejecución.
En su relato incluye la muerte o desaparición, de Manuel Ramos Fillippini (julio 1971), Abel Ayala (julio del 1971), Heber Castagnettoagosto 1971) y Ibero Gutiérrez (Febrero 1972). En su homenaje comparto estos recuerdos. El Parlamento en general, Wilson a la cabeza, reclaman que se entregue a Bardesio que dé testimonio ante la justicia y no bajo cautiverio. El MLN lleva a Gutiérrez Ruiz a hablar con él, ocasión en la que se ratifica de todos sus dichos. Pero seguía siendo un hombre en cautiverio.
Ahí el MLN decide entregar a Bardesio ponerlo de algún modo en manos de Wilson. Lo dejan en libertad en el Colegio donde yo cursaba preparatorios, en el despacho del desaparecido Padre José Aguerre S.J. Él me saca de clase, llamamos a mi padre. Una vez en el Seminario, papá se niega a hablar con Bardesio directamente y avisa al Toba, a Carlos Julio Pereyra y al Ministro de Educación y Cultura de la época, Julio María Sanguinetti.
Una vez que todos ellos estaban allí, Toba y yo vamos y venimos desde donde están reunidos todos con Wilson despacho de por medio, hasta la sala donde está Bardesio. Finalmente se decide no entregarlo a las fuerzas policiales y se llama al Ministro de Defensa Gral. Enrique Magnani. Él se lo lleva en custodia con el compromiso de no entregarlo a la Policíaantes de que declare ante la Justicia.
El episodio termina en un duro enfrentamiento en el Senado entre el Ministro Magnani y Wilson, porque sí fue entregado ala Policía y desapareció de inmediato, y con él los testimonios directos sobre Miguel Sofía.
Poco después de los asesinatos del Zelmar Michelini y el Toba Gutiérrez Ruiz en Buenos Aires, Wilson declara en el Congreso de Estados Unidos y al otro día en una sala de Prensa dependiente de la ONU, enfrente al edificio principal (777UN Plaza NY).
Allí ingresan dos periodistas (vivos ambos), uno de ellos Miguel Sofía en representación de un importante diario uruguayo. Más allá de las alteraciones a lo que dijo Wilson, que el diario publica en Montevideo, en determinado momento, comienzan a gritar que Toba y Zelmar eran subversivos, pretenden disolver la conferencia y son desalojados por la seguridad de la ONU.
Tras haberme separado de mis padres, que parten rumbo a Londres, me radico en EE.UU. a muy pocos meses de las tragedias de Buenos Aires. Por entonces Jack Anderson publica una noticia alarmante en el Washington Post y en los más de 40 diarios en EEUU y casi otro tanto en otros países que reproducían su columna sindicada.
Escribe Anderson (en ese momento el periodista más afamado de EEUU) que “fuentes investigativas vinculadas al FBI” le informan que están tras las pistas de un posible atentado contra mí. El hecho de que esa misma mañana dos agentes del FBI me hayan entrevistado en presencia del Reverendo Joe Eldridge (quien vive aún en Washington) me lo hubieran informado oficialmente, no hizo que el impacto de leerlo fuera menor.
Un día me avisan que estoy fuera de peligro y ese mismo día Miguel Sofía, Secretario de Prensa de la Misión de las FFAA en EEUU, fue declarado persona non grata por el gobierno norteamericano. Meses más tarde, procura viajar a Taiwan y, al hacer escala técnica en EEUU, es detenido y deportado a Montevideo nuevamente. El diario Excélsior de México publica una nota de su corresponsal Graziano Pascale desde Montevideo dando cuenta de la repercusión en Uruguay de la noticia de Anderson.
Es decir que el corresponsal de un importante matutino era también funcionario de la agregaduría militar de la Embajadade Uruguay en Washington.
Retornada la democracia, Bardesio es detenido en Buenos Aires y se le concede la extradición. La Jueza Penal Dra. Eustaquio y el Fiscal Dr. Hugo Gómez me citan a declarar en el caso Bardesio y sale el tema de Miguel Sofía. En esos días se convierte en prófugo. Su defensor por entonces era el Dr. Langón hoy fallecido) quien me cita varias veces a declarar procurando encontrar alguna contradicción, hasta que la propia jueza considera que se me está citando sin preguntarme nada nuevo.
El martes 8, Sofía es detenido en Montevideo por Interpol. La prensa sigue hablando de “empresario” por ser titular del otorgamiento de 3 ondas de radio. ¿Cuándo le fueron entregadas? ¿Quién lo protegía para entrar y salir del país? Su detención remueve recuerdos muy amargos, y deja sin respuesta a nuevas interrogantes.
por Samuel Blixen
9 enero, 2019

Confirmaciones y sospechas judiciales

Testimonio clave reafirma responsabilidad de Bardesio y Sofía.
Tres declaraciones que describen la estructura y las acciones del denominado Escuadrón de la Muerte resultan confirmatorias –periodística y penalmente– de las operaciones perpetradas por agentes policiales, militares y civiles (incluso integrantes del propio gobierno de la época) en predictadura. Los testimonios pertenecen a ex integrantes de la organización: dos de ellos son conocidos (los de Nelson Mario Benítez y Nelson Bardesio), pero recientemente se agregó un tercero, el de un ex funcionario policial que compareció ante la justicia penal.
En realidad, las declaraciones de este último fueron formuladas hace dos años y medio, en el marco de un interrogatorio, entonces a cargo del juez Pablo Eguren, que no refleja profundidad ni agudeza ante un testigo evidentemente dispuesto a revelar información.
Sin embargo, las escuetas declaraciones del interrogado –apenas dos carillas– involucran seriamente a Bardesio y al ahora empresario Miguel Sofía, sobre quien pesan sospechas de una eventual fuga, puesto que acaba de vender sus empresas de comunicación y se ha mostrado preocupado por su situación en distintas oportunidades y ante diversos testigos, según constató Brecha.
Fuentes consultadas por Brecha indicaron que el testigo clave es un ex funcionario policial que admitió la existencia de una organización dedicada a cometer violaciones a los derechos humanos; específicamente relató cómo Bardesio jugó un papel protagónico en la desaparición forzada de un joven que muy presumiblemente era Héctor Castagnetto.
Según la narración de Benítez ante el senador Juan Pablo Terra y el arquitecto Juan José Sostuyo, el 2 de marzo de 1972, y la del propio Bardesio ante los tupamaros durante su detención en la Cárcel del Pueblo, para el secuestro y tortura de Castagnetto se utilizaron dos casas: una en El Pinar –propiedad de Bardesio– y otra en la calle Araucana, en Carrasco, en la que residía el mentor paraguayo del Escuadrón, Alejandro Crossa Cuevas (véase en nota adjunta la declaración de Bardesio sobre el asesinato de Castagnetto).
INVOLUCRADOS. En aquel momento las declaraciones de Benítez fueron realizadas “antes de que hubiera ninguna manifestación relativa a confesiones o declaraciones que pudiera haber hecho el señor Bardesio”, según las palabras de Terra, registradas en la sesión del Senado del 7 y el 8 de junio de 1972. El testimonio de Benítez, además, fue ratificado en un acta notarial fechada el 2 de mayo de 1972: en el acto estuvieron, en calidad de testigos, los legisladores Daniel Sosa Díaz, Hugo Batalla, Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz y Guillermo García Costa.
Más de 33 años después, en 2005, las declaraciones del ex funcionario policial ubicado e interrogado por la justicia a pedido del Serpaj coinciden con el testimonio de Benítez ante los parlamentarios y de Bardesio ante los tupamaros. Pero, además, el interrogado admitió que formó parte del operativo. Según supo Brecha, el ex funcionario dijo que en la casa de El Pinar vio a un joven tirado en un rincón, al que luego trasladaron rumbo a Montevideo. También relató cómo Bardesio buscó comunicarse con “alguien de la marina” para culminar el crimen.
Los datos aportados por el interrogado también coinciden con las conclusiones a las que arribó en 2003 la Comisión para la Paz. En su informe oficial, ésta estableció haber encontrado “elementos de convicción coincidentes y relevantes que permiten concluir” que Castagnetto “fue llevado en primera instancia a un chalet del balneario El Pinar y posteriormente traído a una casita en Montevideo, en la calle Araucana, donde fue sometido a torturas; en la madrugada del día 18 de agosto de 1971, sobre la hora 1, fue trasladado a otro lugar y ejecutado. Su cuerpo –según la información recibida– fue tirado al Río de la Plata, en la zona del Cerro”. Sin embargo, la comisión no individualizó a los responsables. Pero otro informe oficial entregado en agosto de 2005 al presidente Tabaré Vázquez por parte de la Armada, sí aporta oficialmente un nombre: “29/4/1972: Según declaraciones del agente Bardesio secuestrado, el sujeto fue arrojado a la bahía por el capitán de navío Jorge Nader”, quien ha fallecido. Pero otros están vivos.
PIRÁN Y SOFÍA. Por ejemplo, el ex policía interrogado en sede penal sostuvo que Sofía integraba la organización –como antes lo habían señalado Benítez y Bardesio– y que estaba relacionado con un “paraguayo” (Crossa Cuevas).
En su declaración ante la justicia, Sofía negó su participación en el Escuadrón, ni siquiera aceptó haber participado en la jup. Pero admitió su vinculación con el ex subsecretario del Interior Armando Acosta y Lara, con Bardesio, con Crossa Cuevas y con el coronel Walter Machado (todos hombres clave del Escuadrón).
También fue interrogado Carlos Pirán, quien negó conocer a “ningún Escuadrón” así como la existencia de “torturas” en aquellos años. Pero Pirán dejó un flanco que el juez Eguren no profundizó: no supo explicar cómo llegaron a sus manos las actas parlamentarias en las que Bardesio supuestamente se desdice, y que fueron robadas del Palacio Legislativo. El ex gobernante colorado entregó a la sede penal una copia de las actas de la comisión investigadora sobre actividades terroristas, fechadas el 10 de junio de 1972, y que habían sido “extraviadas”.
Por otra parte, también declararon el inspector retirado Jorge Grau Saint-Laurent (activo participante en la formación del Escuadrón), Washington Grignoli y Pedro Mato, quienes también negaron su responsabilidad en esa organización.
El fiscal Ricardo Peciballe y la jueza Graciella Eustacchio pretenden interrogar a otros testigos y presuntos ex integrantes del Escuadrón, o a funcionarios eventualmente vinculados a la organización.
En calidad de testigos, la jueza se dipone a citar a los ex senadores Carlos Julio Pereyra y Guillermo García Costa. Y en algún momento también está prevista la declaración de Julio María Sanguinetti.
El delito que se persigue es el de desaparición forzada, que es imprescriptible. No obstante, si se considerara que el caso debe caratularse como homicidio muy especialmente agravado, el plazo de prescripción se cumpliría a mediados de 2009.

Sanguinetti y el proceso

La denuncia

Con el patrocinio de Serpaj, Ana Castagnetto se presentó en junio de 2005 ante el Poder Judicial a solicitar que se investigue el destino de su hermano Héctor. La denuncia penal por desaparición forzada quedó en principio en manos del juez penal de 11º turno, Roberto Timbal, pero éste declinó actuar al entender que correspondía enviar la denuncia al juzgado que ya había entendido en esta causa en 1987. En aquel momento, el entonces diputado Nelson Rovira (Frente Amplio) había denunciado la desaparición de Héctor Castagnetto da Rosa y de Abel Ayala, y los homicidios de Antonio Ramos Filippini e Ibero Gutiérrez. Pero el gobierno de Julio María Sanguinetti mandó archivar el caso alegando que había sido alcanzado por la ley de caducidad.
En 2005 el caso fue derivado a la sede penal de 8º turno, a cargo de Eguren, e intervino la fiscal penal de primer turno, María del Huerto Martínez. No obstante, ambos cambiaron de oficinas –Eguren a una sede de lo contencioso administrativo y Martínez a la órbita civil–, y ahora el caso quedó a cargo de la jueza Graciela Eustacchio y del fiscal Ricardo Perciballe, que han decidido arrestar a Bardesio.

Inacción

Según consta en el expediente judicial, la dirección de Ituzaingó donde Brecha encontró a Bardesio figura en el expediente judicial desde hace un año y medio. No obstante, el juez Eguren no lo requirió.
Interpol Uruguay, en coordinación con su par argentina, obtuvo datos de la casa, de la esposa de Bardesio, e incluso de su auto: un Citröen C3 patente EQI 185, que siempre está parado a la vista de los peatones. Ahora, el fiscal Perciballe y la jueza Estacchio tomaron cartas en el asunto, y procuran encarcelar al ex represor.

 

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