Publicado en: 15 marzo, 2017

Noticias Uruguayas 14 marzo 2017

Por Colectivo Noticias Uruguayas

Uruguay: Para la FUS “mercantilización” de la salud está detrás de estafa al Fonasa

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URUGUAY

Lunes 27 • Febrero • 2017

Concepción errónea

El miércoles 21 de febrero un fallo de la jueza de Soriano Pura Concepción Book impidió que una mujer de 24 años continuara con un proceso de interrupción del embarazo. Book dio lugar al pedido del progenitor. La mujer apeló dentro del plazo de tres días estipulados por la Justicia y ahora el hombre tiene tres días más para hacer sus descargos. Todo esto, con el feriado de Carnaval de por medio. Mientras tanto, el reloj sigue corriendo y después de las 12 semanas la mujer ya no podrá amparase en la Ley 18.987, de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
Lilián Abracinskas, directora de Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), dijo a la diaria que el fallo ignora la ley y pretende imponer un sistema de creencias. “Nadie debe interferir en la decisión de la mujer durante las 12 primeras semanas de gestación. No se puede interceder para obligarla a abortar ni tampoco para hacerle continuar el embarazo que no desea”.
El fallo se ampara en la Convención sobre los Derechos del Niño: “Se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad”. No obstante, según la legislación, el feto no es sujeto de derecho, por lo tanto tampoco se le puede asignar un abogado, como pretende el progenitor. Abracinskas señaló: “El sesgo de la jueza es obvio en el lenguaje que usa en su sentencia cuando habla de ‘niño’, cuando en realidad se trata de un embrión, cuando habla del ‘padre’, cuando en realidad se trata de un hombre que dejó embarazada a una mujer que no quiere ser madre, y cuando asigna un defensor de oficio al feto como si se tratara de una persona. ¿Cómo se va a comunicar con su defendido? No tiene sentido”.
Otra de las consideraciones de Book fue que “no se presentó historia clínica donde deben de surgir determinadas constancias médicas de todo lo actuado que la ley le exige”. Sin embargo, la directora de la ONG afirmó que “no es verdad que [la jueza] pueda controlar el estado de las historias clínicas, y nadie puede valorar si corresponde o no la interrupción del embarazo”.
La sentencia expone a la mujer al escarnio público citando en forma textual los motivos por los que quiere interrumpir su embarazo; del varón, en cambio, dice que “utilizó todos los medios posibles para que [la mujer] depusiera su actitud” y afirma que se hará cargo del hijo.
Leonel Briozzo, ginecólogo y ex subsecretario de Salud, suscribió una declaración de la organización Iniciativas Sanitarias que afirma que no es verdad que el derecho internacional diga que la persona humana comienza en el momento de la fecundación del óvulo por el espermatozoide. Considera que la sentencia es “verdaderamente inhumana”. Briozzo sostiene que el fallo propone “que la mujer sea un envase inerte del crecimiento de un embrión, que al nacer supuestamente daría al supuesto progenitor”. “¿Cómo es posible que alguien piense y escriba esto y diga que se basa en el derecho y las leyes?”, cuestiona. La organización pide la destitución de la jueza e insta a la autoridad sanitaria a asegurar la interrupción del embarazo por parte del prestador, “so pena de que caiga en Omisión de asistencia”.
Entre la espada y la pared
Después de varios días de controversias, y cuando el caso ya había tomado estado público, la joven dijo a Telenoche que se siente ultrajada. De espaldas a la cámara, para resguardar la poca privacidad que le queda, agregó: “Soy una persona sola e independiente, y no cuento con apoyo económico de nadie. No tengo una pensión alimenticia formal. Tengo un hijo. Gano 22.000 pesos o 23.000, y con los descuentos es mucho menos. Uno tiene un millón de motivos y tiene que andar explicando en público […] Todo el mundo decide sobre tu vida, menos vos”.
Del otro lado de la balanza
La iglesia católica también se pronunció sobre el caso. El arzobispo de Montevideo, cardenal Daniel Sturla, dijo a El País: “Por supuesto que estoy de acuerdo con que se trate de salvar la vida del niño. Entiendo que esa criatura tiene el derecho principal, que es el derecho a la vida. Pero también entiendo que es un caso que hay que tratar con sumo respeto y delicadeza, porque creo que ninguna madre toma una decisión de esa naturaleza sin que viva un drama existencial muy profundo”.
La Asociación de Magistrados del Uruguay apoya la resolución de Book. En un comunicado señala: “Los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo”.
No retroceder
El Partido Socialista (PS) emitió un comunicado en el que expresa “indignación y preocupación” por la decisión “sin fundamento jurídico” de Book. “Los argumentos hoy esgrimidos por la decisora no son nuevos, los escuchamos reiteradamente durante décadas siendo analizados y discutidos en profundidad”, agrega el PS. Apunta que la Ley 18.987 “ha logrado progresivamente que Uruguay no registre muertes maternas por aborto inseguro” y que la realidad actual “dista mucho de los tiempos en que el único camino era la clandestinidad y el riesgo que debía correr una mujer para interrumpir el embarazo”. El PS exige a la Justicia “dar el más ágil trámite” para “evitar que se vulneren los derechos de esta ciudadana” y reclama que no se haga “retroceder a la sociedad uruguaya”.

 

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