Noticias Uruguayas 14 diciembre 2015
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URUGUAY
TRANSPORTE
Trabajadores del transporte interdepartamental de pasajeros paralizarían sus actividades en reclamo de negociación salarial
Los trabajadores de las empresas de transporte interdepartamental de pasajeros no descartan la instrumentación de medidas de lucha en los próximos días, las cuales implicarían la paralización de actividades si no existen novedades para concretar nuevas instancias de negociación en el marco de los Consejos de Salarios.
13 de diciembre de 2015 a las 20:15 hs – LR 21
El dirigente Juan Arellano dijo al Informativo de la Asociación de Radios del Interior que los trabajadores podrían reunirse la semana que viene “para evaluar los próximos pasos a dar” en caso de no haber novedades, tras el rechazo por parte del gremio del preacuerdo alcanzado con la patronal.
“Si no hay voluntad de llegar a negociar, los trabajadores harán un análisis de la situación y veremos qué pasos seguir” aseguró Arellano.
Días pasados la asamblea de trabajadores del transporte interdepartamental rechazó el preacuerdo que sus dirigentes habían alcanzado con el gobierno.
Lamentable
El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, dijo que es lamentable que por tercera vez el sindicato dé marcha atrás con acuerdos logrados en la negociación.
“Tendremos que ver cómo evoluciona la situación, pero son hechos que nos deben llevar a todos los uruguayos, y a los trabajadores en particular a una reflexión. Los acuerdos son para cumplirse, y esto de alguna manera daña lo que son algunas de las bases de la negociación colectiva”, dijo Murro en su momento.
“Así como hemos cuestionado a otras empresas que violan los acuerdos, en este caso nos preocupa que acuerdos que se logran luego de mucho trabajo y esfuerzo de todas las partes tengan esta situación, que en este sector del transporte interdepartamental de personas, afecta a la población, por lo tanto hacemos un llamado a la reflexión y veremos lo que podremos hacer en los próximos días”, agregó el secretario de Estado.
medida sindical
Barreras levantadas en el peaje de Pando
Se trata de una acción de protesta en el marco de las negociaciones por los Consejos de Salarios. Los trabajadores alegan que no hay avances en la negociación y que de persistir la situación, podrían extender la medida a otros peajes el próximo fin de semana.
Del lunes al viernes, trabajarán con normalidad, pero las barreras del peaje podrían volver a levantarse el próximo fin de semana, afectando así la recaudación de la empresa en el inicio de la temporada de verano y cuando miles de personas viajan a las playas.
Entre otros reclamos, además del salario, también pretenden mejorar las condiciones de las licencias y la continuidad de empleados que ingresan durante la temporada.
Escuela rural Nº 209, en la localidad de Cañada Grande, Canelones. Foto: Pablo Nogueira (archivo, julio de 2008)
Otros campos
FUM rechaza decisión de Primaria de quitarle especificidad al centro de formación de maestros rurales.
“La educación rural uruguaya vive sus horas más críticas. Salvo el nefasto paréntesis de la dictadura, se trata del momento más difícil de su historia en las últimas décadas”, comienza diciendo una carta firmada por “Maestros rurales en defensa de la escuela rural uruguaya”, y desde el título se señala “indignación y dolor”. “De esta manera el CAF pierde la inscripción institucional relacionada con la educación rural que desde su creación en la década del 50 siempre tuvo. Inscripción que sólo le fuera quitada durante algunos años en la dictadura para ser recuperada luego por los maestros rurales en la reapertura democrática en 1985”, expresa.
La misiva fue entregada ayer a las autoridades del CEIP por parte de los representantes de la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM), en medio de una larga reunión en la que éste fue el tema más discutido. Pero en paralelo, la carta sigue girando y reuniendo la adhesión de educadores uruguayos y extranjeros, a partir de los diversos vínculos que ha cosechado en estos últimos años el CAF, que además de cursos de formación y perfeccionamiento de maestros rurales, organiza encuentros departamentales, coloquios, seminarios internacionales, actividades de extensión de la Universidad de la República, una tecnicatura en Producción Agropecuaria Familiar con UTU, y un fluido intercambio con la Red de Mujeres Rurales, la Red Nacional de Semillas Criollas y Nativas y la Comisión Nacional de Fomento Rural.
El CEIP argumenta en la resolución que el IFS promueve la formación permanente de 4.000 maestros de todas las áreas y regiones, y que el consejo reafirmó en febrero de 2015 “que existe un único marco curricular y didáctico a impulsar tanto en las escuelas urbanas como rurales”. Menciona que se busca consolidar el IFS e incorporar a él todas las actividades de formación (ha solicitado el reconocimiento de los cursos al Consejo de Formación en Educación) y que la integración del programa de las escuelas rurales y urbanas “favorece el intercambio de experiencias, recursos y capacidades disponibles en las distintas áreas, especialidades, medios y regiones como forma de fortalecer una pedagogía nacional a partir de la reflexión de sus docentes”. El texto habla de “jerarquizar y socializar el acumulado histórico-pedagógico del CAF, preservando sus cometidos específicos, compartiendo sus recursos y la riqueza de sus experiencias en el conjunto de actividades del IFS”.
De ahora en más, “los eventos tradicionales del CAF” deben contar con el apoyo del IFS, y también con su aval. Según la resolución, el DER mantendrá las competencias relacionadas con el desarrollo de actividades específicas en el CAF y la planificación de formaciones dirigidas a docentes del área rural, pero siempre en acuerdo y en coordinación con el IFS.
Sin saber
La carta indica que la disposición del CEIP es “de carácter autoritario e inconsulto” y que fue tomada “de espaldas y sin requerir opinión técnica” de la FUM, de la Asamblea Técnico Docente, del DER ni de la Inspección Técnica, máxima autoridad técnica de Primaria, y que todos esos órganos tuvieron conocimiento de la resolución una vez que estaba publicada. El texto detalla que en los últimos años el CAF apuntó “a una alta especialización académica sobre la especificidad pedagógica y rural”.
“La primera señal de alarma y preocupación para los maestros rurales ocurrió a principios de junio cuando el consejero maestro Héctor Florit anunció por primera vez que el CAF pasaría al IFS”, rememora la carta. Sin embargo, a partir de una reunión que mantuvieron el 9 de junio el director del DER, Limber Santos, y Florit, el consejero “se comprometió a que esto no sucedería” y se acordó que el CAF seguiría en la órbita del DER y que coordinaría con el IFS los cursos de formación permanente de maestros rurales. La carta afirma que ese compromiso fue “ratificado en presencia y a petición del presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública”, Wilson Netto.
Según los maestros rurales, “la segunda señal de alarma” apareció cuando se supo que para el llamado a ocupar el cargo de dirección del CAF, el CEIP estaba manejando el requisito de que quien concursara fuera inspector, puesto al que no acceden los directores rurales, urbanos, ni ningún integrante del DER, lo que “supondría transitar por el camino de desvinculación paulatina de la institución respecto a lo rural y la educación rural”, afirman. Por ese punto, específicamente, fue que la FUM se reunió con las autoridades del CEIP el lunes 30 de noviembre, para plantear su desacuerdo; al día siguiente, el CEIP firmó la resolución.
La carta de los maestros concluye en tres reivindicaciones: que el CAF continúe en la órbita del DER; que en los cursos de formación permanente el DER realice “estrechas coordinaciones” con el IFS; y que el llamado a la dirección del CAF “se realice sobre bases abiertas que posibiliten su acceso a los directores con experiencia en escuela rural”.
Al terminar la reunión de ayer Elbia Pereira, dirigente de la FUM, afirmó en diálogo con la diaria que los consejeros aseguraron que mantendrían la decisión. El viernes se reunirá el Secretariado Ejecutivo de la FUM para resolver los pasos a seguir: “El apoyo es total a los maestros rurales en todo el país, a la función del DER, a los compañeros que han llevado a una política de ruralidad”.
De preocupados y okupantes
Publicado por el Blog El Muerto
Informe anual 2015 de SERPAJ
Viernes 11 • Diciembre • 2015
Datos abiertos
Serpaj pide que documentación del grupo por Verdad y Justicia esté a disposición de investigaciones.
La organización realiza un recuento de varias situaciones en las que considera que el ministro actuó en contra de las investigaciones de los delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. En el artículo se destacan dos opiniones de Fernández Huidobro contra fallos y procedimientos judiciales en torno a estos temas, en particular el procesamiento de Miguel Dalmao por el asesinato de la militante comunista Nibia Sabalsagaray y la defensa de la inocencia de José Gavazzo y Juan Carlos Gómez por el asesinato de Roberto Gomensoro. Además, Serpaj señala que en setiembre de 2012, el ministro impidió que la jueza Mariana Motta y siete testigos ingresaran al Batallón Nº 13 para realizar una inspección.
Otro de los episodios data de diciembre de ese mismo año, cuando ante un pedido de la Justicia de citación de 13 militares, Fernández Huidobro respondió que no podía ubicar a 12 de ellos porque “no sabía si estaban vivos o muertos”. La organización detalla también que cuando hace un año el Ministerio de Defensa Nacional informó que de 237 oficios que el Poder Judicial le solicitó, respondieron 211, “el trabajo del Observatorio Luz Ibarburu muestra que la mayoría de la información brindada se recibió con demora (hasta más de un año), en muchos casos se respondió de manera incompleta y en otros directamente se negó la información”.
En relación a las medidas que se tomaron en el actual mandato de Tabaré Vázquez, Serpaj considera que la creación del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (GTVJ) y de la Unidad Especializada en DDHH de la Fiscalía son “medidas proactivas”, aunque advierten que en ambos casos “los resultados han sido dispares”. La organización plantea que “sería saludable” que los archivos y documentos en los que trabaja el GTVJ “prontamente” estén a disposición de las investigaciones de la Justicia. De los hechos ocurridos en 2015, la organización destaca la sentencia de la jueza Beatriz Larrieu, que condenó al general retirado Pedro Barneix -que al saber el fallo se suicidó- por el homicido de Aldo Perrini, y la incautación de unas 60 cajas con documentos de la casa del fallecido coronel Elmar Castiglioni.
En sociedad
En la presentación del informe, el representante de la Comisión de DDHH de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) Felipe Berruti evaluó que en Uruguay hay una “pérdida de centralidad” de la política en la vida cotidiana, especialmente en la de los jóvenes, y que hay que recuperarla “en clave de DDHH”. Berruti lamentó que en Uruguay la resolución de los casos por la desaparición de personas pueda esperar 40 años, pero se reclame que los hurtos deban ser resueltos inmediatamente. El integrante de la FEUU dijo que la última dictadura “silenció a la militancia” y que la salida democrática “sólo quitó una parte de la mordaza” porque las organizaciones “se fueron acostumbrando a participar e intervenir en forma tutelada”. Consideró que es necesario “disputar” el sentido común y la racionalidad en torno a la participación social y es necesario también “conectar con otra gente”, no sólo con los militantes.
La docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación Alma Bolón se refirió a lo ocurrido en el año en materia de educación, porque desde Serpaj no pudieron lograr que se incluyera un artículo sobre la temática en el informe. Bolón criticó los episodios de la declaración de esencialidad del gobierno y el desalojo de los estudiantes de secundaria que ocuparon el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, de la que destacó la ausencia de legisladores. Bolón también habló de la posterior “criminalización de la protesta” y sostuvo que el hecho de que la Policía vaya a buscar militantes a sus casas le parece más peligroso “que los palazos”.
La integrante de Serpaj Mariana Mosteiro habló de la política de seguridad en Uruguay, a la que describió como generadora de una “inflación punitiva” para satisfacer “la necesidad de identificar al sujeto peligroso”. Mosteiro criticó que la Ley de Faltas penalice a quienes duermen en la calle y dijo que ese tipo de políticas entran en contradicción con el discurso inclusivo de la ampliación de derechos. Además, señaló que desde Serpaj consideran que el delito es “un conflicto social” que “no se soluciona en el sistema penal”, al tiempo que criticó la Ley de Procedimiento Policial, de la que dijo que “marca un giro” en la política del Frente Amplio en la materia. Mosteiro planteó que la Policía “tiene que entender que el sujeto que va a intervenir es un sujeto de derecho” y no necesariamente un sujeto peligroso.
El periodista Raúl Zibechi habló de un aumento de la represión estatal en toda la región, incluso en países donde hay gobiernos calificados de progresistas. Zibechi planteó que “nos debemos un debate sereno sobre el modelo extractivo”, en el que las políticas sociales no son suficientes para terminar con la exclusión. También sostuvo que el hecho de que en algunas escuelas haya que dividir en recreo en tres partes para que los niños no se agredan “es un espejo de la sociedad”, mientras que pidió que al poner límites “no se criminalice a los jóvenes rebeldes”.
Los gráficos de Gabriel «Saracho» Carbajales
Justicia dispuso excavaciones en predio militar
La jueza Letrada de Pando de 1º Turno, Isaura Tortora, dispuso el inicio de excavaciones en el predio del Grupo de Artillería de Defensa Antiaérea Nº1, ubicado en la localidad de Empalme Olmos, tras considerar como “probable” la existencia de enterramientos clandestinos durante la dictadura en esa unidad militar.
Tortora hizo lugar al dictamen del fiscal de Pando, Pablo Rivas, y ordenó el inicio de los trabajos arqueológicos en un área definida del predio militar. En forma anónima, se informó que en esa zona se habrían realizado cinco enterramientos clandestinos: “cuatro hombres y una mujer”. La magistrada dispuso que los trabajos se inicien el martes 15, sobre las 9:00 horas, según informó este sábado el diario La República.
La resolución fue notificada este viernes al abogado Óscar López Goldaracena, querellante en la causa. Ante esto, el abogado informó a la asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y a la Comisión por la Verdad y la Justicia, creada en la órbita de Presidencia de la República. También se notificó al equipo de antropólogos forenses de la Universidad de la República y al fiscal adjunto de Corte, Ariel Cancela, coordinador del grupo de fiscales en las causas de derechos humanos. La mgistrada también dispuso la notificación a la Presidencia de la República, que deberá coordinar con el Ministerio de Defensa el ingreso del equipo de antropólogos así como de la maquinaria necesaria para el inicio de las excavaciones, informó La República.
La información sobre los posibles enterramientos clandestinos en este predio militar llegó a la asociación de Madres y Familiares, como parte de la campaña de sensibilización organizada por este grupo, para que quienes tengan información sobre el destino de los detenidos desaparecidos aporte los datos en forma anónima.
Estos datos son coincidentes con un croquis que el propio López Goldaracena presentó ante la Justicia de Pando en 2008, sobre un presunto lugar de enterramiento clandestino en esa unidad militar. Ese croquis le fue dejado en forma anónima, por debajo de la puerta, pero brindaba datos concretos, referidos a la desaparición de “El Gordo Marcos” (Luis Eduardo Silveira), un militante del MLN, muerto en cautiverio.
Ese croquis, hecho a mano y en una hoja de cuaderno, se indicaban sitios de interés en la unidad militar cercano a la localidad conocida como “La Montañesa”. El mapa coincidía, a su vez, con testimonios de vecinos que señalaban que en ese lugar se habían producido enterramientos clandestinos durante la dictadura. En aquel momento, las excavaciones no tuvieron resultados positivos.
El expediente quedó abierto a la espera de nuevos datos, que fueron recibidos en las últimas semanas por un integrante de Madres y Familiares. Se trató de “siete u ocho” llamadas telefónicas que apuntaban al mismo sitio dentro del predio militar. Además, un informante anónimo que se entrevistó con Familiares, identificó el área sobre una fotografía aérea de la unidad militar. La nueva información fue cotejada con el plano recibido en 2008, encontrándose importantes coincidencias. Los sitios de interés se ubicarían a pocos metros de los lugares hasta donde se había llegado en la excavación anterior, informó La República.
por Hugo Bruschi en el Año contra la Impunidad.Los resultados electorales en Argentina y Venezuela, han despertado las alarmas también en este lado del Plata. Alarmas justificadas para los dueños de los sillones y las bancas. NO PARA EL MODELO DE GOBIERNO.
Si en Venezuela un cambio de conducción significará un giro a la derecha del que no albergamos dudas, ese peligro en el Uruguay no existe: Más a la derecha no sería aconsejable y el propio FMI, el BANCO MUNDIAL y hasta el propio Imperio se encargarían de frenarlo. El sistema tal cual está, funciona a las mil maravillas, sin grandes convulsiones, sin estallidos de bronca amenazante, sin grandes conflictos que alteren la Paz social. Lo poco que se vé, está dentro de los límites contemplados por el sistema y hasta en algunos casos, bien neutralizados con la complicidad de quienes dicen representar «los intereses de los trabajadores». Y cuando los versos y ciertos convenios aprobados a espaldas de la gran mayoría, siempre se puede echar mano a otros recursos, como bien pueden serlo el chantaje. O ACEPTAS LO QUE TE OFRECEMOS O TE DEJAMOS SIN LENTES Y SIN DIENTES. Este peligro lo correrán, aquellos que no se avengan a firmar el acuerdo de Paz.
Y Argentina que mensaje nos deja? Bueno, por este lado tampoco hay motivo de preocupación y el progresismo ya ha acomodado el cuerpo. Tabaré y su Combo ya aplaudieron el triunfo «impecable» del Amigo Macri y un nuevo idilio sensibilizará ambas márgenes del río, con la audiencia de las mejores telenovelas. El diario El País y El Observador ya nos han informado de un cambio en las relaciones con el vecino país y todos coinciden en que fuimos «injustamente sancionados por el gobierno de Cristina». Todo indica pues, que se avecina un tiempo muy favorable para los intereses de nuestro país y su gente. Dónde radica entonces el motivo de alarma anunciado al principio?
Esta alarma nada tiene que ver con Argentina, nada que ver con Venezuela. La preocupación progresista tiene más que ver con sus propios manejos, sus disputas internas y sus jodas, que con un ejemplo externo que pueda tener efectos negativos de futuro. En el Uruguay todo marcha bien y no hay marcha atrás. Volver a Blancos o Colorados? Jamás, «estos son malos, pero aquellos son peores» nos han dicho incluso, gente que en el pasado fue tildada – por error seguramente – de radicales. O sea que el mal menor se ha impuesto y nada parece amenazar su existencia. Y de aquí en más, todo se reducirá a una lucha interna por los cargos y las posiciones, y esa sí que promete ser «cruel y mucha». Nadie quiere quedar afuera. De este modo no resulta extraño entonces, contemplar como oficialistas y ex-oficialistas se tiran con cartas y declaraciones, amigos de ayer se han convertido en enemigos del hoy, pero todo dentro de los marcos naturales, de lo que una anciana aferrada a su silla, definió como la «diversidad». Y dentro de esa diversidad mencionada, la hinchada eligirá sus preferencias en coloridos espectáculos donde acudirán con sus banderas y globitos militantes. Tendremos para todos los gustos, desde los que quieren cambiar el rumbo – nueva versión de aquél «giro a la izquierda», hasta los que hablan de Socialismo y revoluciones. Todo para que el negocio siga funcionando. SI TENDRÁN QUE APRENDER LOS VENEZOLANOS Y LOS ARGENTINOS DE NUESTROS MUCHACHOS ORIENTALES. APRENDER O CAMBIAR DE PUEBLOS, CLARO ESTÁ.
“El Poder Ejecutivo compró El Guardián en las narices del Legislativo y se conoció por una filtración de la prensa.”
“La ofensiva que ha tomado Uruguay con El Guardián ha sido inusual. Retrocedió muchos pasos y sigue haciéndolo con su ocultamiento bajo la excusa de la seguridad nacional, que muchos gobiernos vienen utilizando.”
Fabrizio Scrollini, investigador y presidente de Data Uruguay, y David Bogado, especialista en vigilancia electrónica, ayer durante la entrevista. Foto: Alessandro Maradei
Todos estos cables negros
Para especialista en vigilancia electrónica, el gobierno uruguayo “retrocedió muchos pasos” con El Guardián.
La semana pasada, el Ministerio del Interior (MI) acordó con la Fiscalía y el Poder Judicial un protocolo de uso del software El Guardián, que no conformó a algunas organizaciones civiles. Mañana a las 10.00, siete expertos de Uruguay y la región participarán en el evento “Privacidad y vigilancia en la era digital: nuevos desafíos”, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. la diaria conversó con los especialistas Fabrizio Scrollini, presidente de la organización Datos Abiertos, Transparencia y Acceso a la Información (DATA), y el paraguayo David Bogado, de Fundación Fronteras Electrónicas (EFF, por sus siglas en inglés), organización con sede en Estados Unidos, sobre cómo nos vigilan en todo el continente y qué podemos hacer al respecto.
David Bogado (DB): -La ofensiva que ha tomado Uruguay con El Guardián ha sido inusual. Retrocedió muchos pasos y sigue haciéndolo con su ocultamiento bajo la excusa de la seguridad nacional, que muchos gobiernos vienen utilizando. Si la sociedad civil toma los pasos correctos, tal vez pueda contestarle a la clase dirigente que cuantos más secretos haya, más tentación hay de usar estos sistemas de forma alejada de la legalidad.
-Hay debates sobre vigilancia electrónica en casi toda la región.
DB: -Es un tema regional. En Brasil está la iniciativa legislativa llamada PL Espião, que establece que si uno quiere comentar en un portal de noticias tiene que estar registrado con su documento de identidad, y que cualquier discurso de difamación o calumnia tiene que ser borrado de internet. El proyecto está redactado de forma arbitraria, y queda a interpretación del juez cuándo se aplica. En Perú está la “ley stalker [acosadora]”, que guarda la geolocalización de los teléfonos aunque no estén transmitiendo. El fundamento es combatir los secuestros y las llamadas extorsivas que hay desde las cárceles. Después del escándalo mediático que generó se presentó un proyecto de modificación, que está en debate. En Paraguay se rechazó el proyecto Pyrawebs -bautizado por quienes estaban en contra en base a los piragüés, los espías infiltrados de la dictadura de Alfredo Stroessner-, que el Parlamento rechazó. Con una orden arbitraria el Estado accedería a los datos de conexión del usuario, aunque no se lo esté investigando. El objetivo era combatir el terrorismo y la pedofilia; pero guardar todas las comunicaciones, cómo y desde dónde se conectan los usuarios y qué webs visitan, con la excusa de que eventualmente alguien cometa un crimen, es una violación al derecho de la privacidad. Las compañías iban a guardar todos los metadatos, sin notificar a la persona y para todos los delitos (no como el contrapeso que tiene Chile, en donde se aplica a delitos con penas de más de cinco años).
-En Argentina se propuso algo similar.
DB: -El proyecto argentino establecía que un comentario en una red social, una página web o un blog se puede calificar de discriminatorio, también según la definición de un juez, y el moderador del sitio web tendría responsabilidad penal sobre los contenidos que se publiquen, lo que atenta contra la libertad de expresión.
-¿Por qué los Estados no se asesoran con especialistas de la sociedad civil antes de tomar estas medidas?
Fabrizio Scrollini (FS): -En general los temas de seguridad se trabajan puertas adentro, lo cual en las lógicas de gobierno abierto no tiene sentido. Una democracia tiene que combatir el delito, pero no de cualquier forma. Ha habido pocos foros públicos a nivel comparado donde Estado y sociedad civil pudieran debatir con franqueza; en países como los nórdicos se discuten con más madurez.
Lo de El Guardián es gravísimo. Que haya un decreto reservado es una instauración de las normas secretas, la base de la negación de la sociedad de derecho. Si bien se ha mejorado mucho en el acceso a la información pública, en Uruguay hay aún un nivel de opacidad.
-¿Es paradójico que muchas de estas medidas provengan de gobiernos progresistas?
FS: -Es raro, pero estas libertades civiles son un eje transversal a la izquierda y la derecha. Que el Parlamento haya formado recién la Comisión de Seguridad es alarmante, porque durante diez años hemos descuidado estos temas. El Poder Ejecutivo compró El Guardián en las narices del Legislativo y se conoció por una filtración de la prensa. El protocolo que firmó el MI establece que la Justicia no interactúa directamente con el software; lo bueno es que establece que haya reportes a la Suprema Corte de Justicia, pero debería ser información pública. Hay que regular mejor para que no se den casos, por ejemplo, de que alguien quiera espiar al noviecito de la sobrina. Para el año que viene, DATA también tiene una agenda de investigación sobre fenómenos del ámbito privado: la venta de artefactos que no están regulados y que permiten acciones de vigilancia.
-Este año hubo una discusión sobre los peligros de un acuerdo entre Google y el Plan Ceibal.
DB: -Puede haber riesgos. Las aplicaciones educativas de Google para Estados Unidos generan perfiles de usuarios para poner publicidad, algo que los términos de Google garantizaban que no pasaría. La información se recolecta para, por ejemplo, poner publicidad sobre el shopping más cercano al colegio. Desde EFF hay una denuncia de que las aplicaciones educativas de Google pueden incluso enviar fotos de los chicos porque tienen acceso a las cámaras de las computadoras, y a los micrófonos. Es un “guardiancito”. Es importante que ese tratamiento de la información quede claro en el Plan Ceibal.
FS: -Yo no puedo pelearme con Google porque todo el mundo lo usa, pero surge la pregunta de si no deberíamos pagarle a la empresa por esas aplicaciones gratuitas, para poder exigir garantías a cambio.
-Hay una responsabilidad también por parte del usuario.
DB: -Nadie nos obliga a tener Facebook ni Twitter, pero hay que usar conexiones seguras, que nuestros navegadores tengan bloqueados los rastreadores y las cookies, estar atentos a la geolocalización. Además, nadie lee los términos y condiciones de los programas. Hay que tomarse el trabajo, como si fuera un contrato para comprar una casa.