Noticias Uruguayas 14 agosto 2016

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URUGUAY

Andrade: “Vamos a convocar a un movimiento nacional por el trabajo”

Andrade: “Vamos a convocar a un movimiento nacional por el trabajo”

LA REPÚBLICA
El Presidente del Sunca, Óscar Andrade, dialogó con LA REPÚBLICA sobre el resultado de las elecciones en el Sunca y dijo que vio una confirmación del trabajo de la última década: el no parar de crecer en cuanto a su representación en el espectro del trabajo nacional.
La elección del 2008 fue de trabajadores importantes, en la que participó la misma cantidad de compañeros que ahora, y además de crecimiento de la industria, indicó. La elección récord fue la del año 2013, momento de más alta actividad en la historia de la construcción, cercana a los 28 mil trabajadores. “Le damos mucho valor porque se desarrolla en momento de reflujo de la industria, cuando siempre se debe dar importancia los grados de organización”, expresó Andrade y agregó que la construcción ha tenido históricamente ciclos dados por auge y caída de la actividad acompañados por el desempeño económico del país: cuando el país tiene un mayor crecimiento económico la construcción incrementa su actividad; lo mismo cuando hay una caída en la actividad económica la construcción acompaña esos ciclos. Para el exdiputado del Partido Comunista las dificultades para mantener esos momentos de caída fueron un enorme desafío para los trabajadores. “En este caso, lo que demuestra el Congreso es cómo las elecciones que el grado de presencia de la organización se mantiene y nos da una enorme confianza para los desafíos futuros como el eje estratégico y la defensa de las conquistas en la negociación colectiva”, agregó.
Óscar Andrade dijo que están abocados a tres grandes desafíos. En primer lugar, a la defensa del trabajo. “Ahora estamos en Lavalleja reunidos con los compañeros de Ancap para organizar una acción común con los trabajadores del plenario nacional en defensa de que se sostenga el plan de inversiones previsto en la planta, en defensa de la industria”, expresó.
Un segundo criterio -que es histórico para el campo popular- es que, en momentos de desaceleración de la economía ajustarse a los criterios populares. “Hay varias formas de hacerlo, una es recortando inversión pública y políticas sociales; otra adoptando recortes salariales”, dijo Andrade.
Para el mandatario llegar a un convenio colectivo es mucho más que salario y categoría, “para nosotros se incorpora la negociación profesional, los temas de salud laboral, la asignación de tareas, los temas de desarrollo de la industria, la informalidad y sus grados, es decir, que son mucho más amplios que salario y categoría”.
Lo que el Congreso y el Sindicato estableció -y en ello fue muy claro- es que la actual orientación salarial es imposible sobre esa base prosperar los acuerdos colectivos. “He dado varios ejemplos de porqué esto es así; la política salarial marca tres escenarios: uno, es el de un sector que estuviera en crecimiento –para ser considerado así tendría que tener un desempeño por encima de 4 puntos de crecimiento por año- y tiene establecido para los próximos dos años ajustes en el entorno del 4% semestral, con una inflación de 11%. No nos parece sensato que si hay un sector en crecimiento tenga un comportamiento salarial a la baja. Para los sectores en dificultades, la pauta salarial, es decir, los componentes del ajuste no garantizan siquiera el mantenimiento del salario. La ausencia de correctivo anual con una inflación en alza es suicida. Y el esquema de fórmula salarial establece como única posibilidad ajustes salariales que sean semestrales, para los gremios que vienen negociando convenios y ya en el primer día del convenio reciben todo el aumento del año les genera un deterioro en la posibilidad de aumento del salario real”.
Es decir, fundamentamos que el esquema que se plantea como tope para la negociación colectiva “hace imposible llegar a acuerdos colectivos. Por esto debemos buscar fórmulas alternativas. Convocaremos a las partes, a fines de agosto pretendemos llegar a una asamblea general, seguramente masiva, respalde no solo la convocatoria de un movimiento nacional por el trabajo, o una gran acción general que ponga como centro al trabajo, sino que respalde este planteo del sindicato que hizo el Congreso lleguemos a un acuerdo razonable, que implica cambiar estos criterios que están puesto sobre la mesa. Si hace un año, cuando fueron presentadas estas fórmulas salariales, el fundamento de que los ajustes iban a ser decrecientes año a año, era de que la inflación iba a caer y que por ello cada año el porcentaje de ajuste iba a ser menor, y tenemos que en la inflación subió en vez de bajar y mantenemos los ajustes decrecientes “estamos yendo en contra de la lógica”.
Pérdida de puestos de trabajo
En cuanto a las medidas para paliar la pérdida de puestos de trabajo, Andrade explicó que primero, la construcción está por encima del promedio histórico, está por debajo del récord de actividad como la del 2013-14, pero a lo largo de la historia la industria de la construcción tuvo entre 35 y 40 mil trabajadores; “que hoy esté en 47 o 48 mil trabajadores no debería ser un elemento de drama mundial”.
Si bien las dos cosas son ciertas, “nos preocupa la industria y por ello vamos a convocar a un movimiento nacional por el trabajo que tiene tres ejes: el primero, fundamentar el porqué de la importancia de la obra pública y esto tiene que ver con la industria que más puestos de trabajo genera en relación a cada peso que se invierte; es una industria que tiene facilidad para colocarse a nivel nacional, tiene fuertes encadenamientos productivos (el 80% de los insumos que utiliza son nacionales, por lo que mueve a buena parte de la industria siderúrgica, del plástico, canteras, balastreras, cerámicas, impacta en el hormigón fabricado y prefabricado, aserraderos, etc. Miramos la construcción como compleja”, indicó. En tercer lugar, para ingresar a la industria se requiere mayor calificación, por lo que tiene la posibilidad de absorber puestos de trabajo de otras ramas de actividad que puedan estar en dificultades.
Además, según Andrade, la construcción tiene un fuerte impacto respecto al mercado interno, dinamiza la economía porque lo que se invierte en salario en la construcción moviliza comercios, servicios y transporte. También, hay otra parte importante de los puestos de trabajos indirectos que genera y además de que lo que se construye se necesita, ya sea infraestructura social o infraestructura productiva. Un segundo eje: medidas de donde financiar una campaña de este tipo, “nosotros trabajamos tanto con unas serie de propuestas en línea que colocó el Cuesta-Duarte en términos de que las obras de infraestructura tenga una participación mayor de los sectores que deterioran la infraestructura para permitir ampliar el impacto de este tipo de emprendimiento en criterio de “quien rompe, paga”. “El impuesto a la renta de la actividad empresarial debe ser un impuesto a la renta gradual y no plano, porque parece que con la misma justicia tributaria con la que el salario es tratado en el sentido de que, a mayor nivel salarial mensual, mayor porcentaje de aporte, ese mismo criterio lo coloquemos para la renta empresarial”.
Asimismo Andrade dijo que les parece que hay que trabajar con el impuesto al patrimonio, con la lógica prevista a la cuota a los depósitos del exterior. Un tercer costado es tratar de ver la eficiencia a la inversión pública, los mecanismos de controles en el sentido del registro de empresas habilitadas en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y ver cómo se vincula el registro de empresas infractoras creado por la ley de Trazabilidad en la Rendición de Cuentas del 2009 con este otro instrumento a los efectos de que tengamos la mayor eficiencia en la inversión pública.
“Nosotros creemos sí que hay que colocar un eje sobre el trabajo y la inversión pero que este eje no puede ser colocado en una receta que ha demostrado ser nefasta para el país. Pensar que va lograr mayor calidad de puestos de trabajo y desarrollo del trabajo sobre la base de la voga salarial. En este plano estamos tratando de convocar no solamente a gremios, sino a la reflexión del conjunto de nuestro pueblo”, expresó.
“Vamos a seguir empujando”
Andrade está convencido de su decisión de haber dejado la banca: “la decisión desde aquel lugar de transitar la militancia, no es una decisión de principios. Pero sí, estoy convencido que operé según mis convicciones de que en un momento donde estas cosas se definen el mejor lugar para construir juntos para que el pueblo uruguayo avance es desde mi sindicato. No vamos a sustituir tareas que son mensualmente colectivas decenas de miles pero sí ayudar con lo que tengamos a que logremos el mejor escenario posible”.
“Lo que tratamos de hacer en el Parlamento es el máximo esfuerzo por colocar en la agenda parlamentaria temas que hace muchos años estábamos intentando que se tratara. Es posible que en este mes se vote la ley que promueve la inclusión y el empleo para las personas con discapacidad. Desde el año 2007 que estamos tratando de trabajar en una normativa que vinculara a que los derechos al trabajo de las personas con discapacidad tienen que ser en todas las actividades económicas -no solo en la pública-. La inclusión es una tarea de toda la sociedad”.
Probablemente este año también “estemos aprobando una ley de bolsas de trabajo para que el ingreso al trabajo en la obra pública sea por sorteo para evitar la discriminación”.
“Creemos que, modestamente en los temas que nos comprometimos, por lo menos en tratar de darle alcance parlamentario están ahí, en discusión y con posibilidad de aprobar. Vamos a seguir empujando desde acá”, sentenció Oscar Andrade.

Miércoles 10 • Agosto • 2016

Se les fue la mano

Argentina y Uruguay eran los menos respetuosos de los DDHH en dictadura, según documentos desclasificados de EEUU.

Cuando el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, visitó Argentina en marzo de este año, prometió que desclasificaría documentos de la época de la dictadura referentes al vecino país, y así lo hizo. El gobierno de Estados Unidos publicó este lunes 1.078 páginas de documentos confidenciales, mayormente de 1977 a 1983, que hacen referencia a Argentina, pero también a otros países, entre ellos Uruguay.
En términos generales, los documentos ilustran un momento complejo de la relación entre Estados Unidos y Argentina -calificada de “calle empedrada” en algunos de los escritos-, sobre todo durante los años 1977 y 1978, cuando el país del norte pretendía que Argentina adoptara otra posición en materia de derechos humanos (DDHH). Estados Unidos entendía que el “combate al terrorismo” de la dictadura de ese país estaba “fuera de control”, según señalaban, y se hacía necesario “solucionar el problema de los DDHH”, pero sin “ofender gratuitamente a Argentina”. Los documentos dan cuenta de los apoyos económicos de Estados Unidos a los países de América Latina y registran el apoyo económico y militar de la dictadura argentina al golpe de Estado en Bolivia en 1980. Señalan que la dictadura argentina no sólo perseguía a las organizaciones consideradas “terroristas”, sino a cualquier militante político de izquierda, o a cualquier persona que ejerciera cualquier forma de resistencia al régimen. Los informes del gobierno estadounidense mencionan los métodos de tortura utilizados contra los prisioneros, como el submarino, la picana, la violación, arrancarles los dientes, uñas y ojos, castrarlos, quemarles con ácido el cuerpo. También informan que a los detenidos se les suministraba una droga denominada Ketalar, que causaba pérdida de conciencia, para arrojarlos al mar.
Hay referencias específicas a la relación de Estados Unidos con los países del Cono Sur. En un memorando del Consejo de Seguridad Nacional firmado por Robert Pastor, fechado el 9 de agosto de 1978, un subtítulo se cuestiona si Estados Unidos está ganando o perdiendo en el Cono Sur. “Por un período corto, a comienzos de 1977, los países del Cono Sur -liderados por Brasil pero incluyendo a Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay- trataron de establecer un bloque para confrontar nuestra política de DDHH. Debido a que esos gobiernos tenían una desconfianza entre ellos mayor que su desprecio por el presidente [de Estados Unidos, Jimmy] Carter, el movimiento no prosperó”, indica Pastor en el documento.
En un escrito se da cuenta de la supresión de algunas ayudas económicas a los gobiernos militares del Cono Sur, entre ellos el de Uruguay, por la situación en materia de DDHH. En un memorando del 11 de febrero de 1977, firmado por Pastor, este se muestra de acuerdo en suprimir la asistencia en materia de seguridad a Uruguay y en reducir a la mitad la destinada a Argentina. “Teniendo en cuenta que Argentina y Uruguay tienen los dos peores registros en materia de DDHH de todas las naciones de América Latina que reciben asistencia en seguridad, no creo que sea particularmente difícil justificar estos recortes en oposición a otros”, alega Pastor. En otro documento, fechado el 17 de marzo de 1977 y firmado por Pastor, se indica que “Guatemala y El Salvador han seguido el camino trazado por Brasil, Argentina, Uruguay y Chile en renunciar a la ayuda militar de Estados Unidos por la forma en que esa ayuda se ligó a la situación de los DDHH”.
Estados Unidos da cuenta de la perplejidad de Uruguay ante la repentina preocupación del país del Norte por los DDHH, en un memorando del Consejo de Seguridad Nacional fechado el 7 de marzo de 1977. “Uruguay no entiende muy bien por qué hoy Estados Unidos lo está atacando por sus violaciones a los DDHH, cuando unos años atrás alentaba a los uruguayos a suprimir toda forma de subversión. Están especialmente confundidos porque la situación de los DDHH en su país ha mejorado definitivamente en el último año”, señala el escrito.
Otro memorando dirigido al presidente Carter, escrito por el consejero de Seguridad Nacional Zbigniew Brzezinski y fechado el 28 de octubre de 1977, apunta a preparar al presidente para los encuentros bilaterales que mantendría con los responsables de las dictaduras del Cono Sur. Allí el consejero señala su parecer respecto de que algunos países, entre ellos Uruguay, tienen una “impresión inadecuada” de las preocupaciones de Estados Unidos en materia de DDHH. “Aparentemente Pinochet [Chile], Stroessner [Paraguay] y Méndez [Uruguay] sienten que nosotros estamos de acuerdo con ellos en relación a que sus países son víctimas de propaganda incorrecta y con motivos políticos, y que la política de DDHH que se está implementando en su nombre [en el de Carter] realmente no refleja sus puntos de vista [los de Carter]”, indica el escrito. También recomienda al presidente, en su futuro encuentro con el dictador uruguayo Aparicio Méndez, dejarle en claro la dificultad de estrechar relaciones con Uruguay debido a la situación de los DDHH, y la percepción del gobierno de Estados Unidos de que se trata de una buena decisión la instalación de una comisión de información para cooperar con la embajada de ese país.
En otro memorando del mismo estilo y con los mismos actores, pero fechado el 8 de setiembre de 1977, Brzezinski plasma su optimismo pronosticando hechos que no se concretaron: “Consideramos que el presidente Méndez sacará ventaja de su encuentro con usted para anunciar los primeros grandes movimientos de Uruguay en materia de DDHH. Esto incluiría la liberación de algunos prisioneros, la divulgación de nombres y cargos de presos políticos, y el anuncio de acciones disciplinarias contra los militares y policías involucrados en abusos a los DDHH. Porque esto representa el primer paso que toma un gobierno que previamente se había negado a reconocer que tenía presos políticos, es significativo”. “Debemos reforzar esta decisión, haciéndole saber a Méndez que la comunidad internacional juzgará el desempeño del gobierno uruguayo no por sus palabras sino por sus actos”, agrega.
El consejero estadounidense revela que oficiales uruguayos cercanos a Méndez le dijeron que Méndez consideraba que Estados Unidos debería hacer algo para devolverles el favor de haber apoyado el Tratado sobre el Canal de Panamá y para recompensarlo por los avances que estaba haciendo en materia de DDHH. Que quería “recibir” y no solamente “dar”.
Los textos desclasificados el lunes están disponibles en la página en internet de la Oficina del Director de la Inteligencia Nacional de Estados Unidos. El gobierno de ese país anunció que seguirá publicando documentos en los próximos 18 meses. La mayoría de los textos desclasificados el lunes proviene de la biblioteca Jimmy Carter en Atlanta, Georgia, donde funcionan los Archivos Nacionales y Administración de Documentos de Estados Unidos.
Natalia Uval

united for evolution
Redistribución, United for Revolution.

La Cordillera de los Antes y los héroes de la mano de yeso

por Ricardo Viscardi

1a. quincena, agosto 2016
Un colega trasandino me solicitó, en la inminencia de una actividad académica en la Universidad de Playa Ancha (Valparaíso), información con vistas a la difusión en aquel país de la situación universitaria en el Uruguay. El momento no puede ser más propicio, ya que el punto crítico de la votación de esta Rendición de Cuentas (actualización anual del presupuesto nacional) ha sido la educación y particularmente la cuestión universitaria. Esta situación contrasta con la del precedente año 2015, cuando por estas fechas se discutía el Presupuesto Nacional para el período de gobierno en curso (2015-2019). En aquel momento me encontraba también allende la Cordillera de los Andes, participando en Santiago de un Seminario Internacional sobre Privatización de la Enseñanza Pública. Durante ese seminario se anunció que el presidente Vázquez había decretado la esencialidad (coerción laboral bajo sanción penal) de la educación primaria y secundaria en el Uruguay, ante la ingente movilización del magisterio y del profesorado que temían, como terminó por suceder, la reiteración de las políticas educativas -no exclusivamente presupuestales- llevadas adelante por el precedente gobierno de Mujica.
Aunque en el correr del presente año la polémica se focalizó sobre la Universidad de la República, el debate mediático cundió en torno a las exoneraciones impositivas con que se benefician las donaciones empresariales a las universidades privadas, a raíz de la propuesta de eliminar ese financiamiento indirecto presentada por la diputada Macarena Gelman. La opinión pública no se movilizó, paradójicamente, como efecto del debate acerca de la situación, las perspectivas y la significación de la universidad pública, sino por el contrario, como reacción ante una quita al financiamiento indirecto por el Estado de las universidades privadas (las empresas ven exonerados sus gravámenes impositivos en un 83%).1
Podría suponerse que tal como ocurrió desde los años 90′, también en esta coyuntura presupuestal de la educación la derecha neoliberal ganaría todas las discusiones y perdería todas las elecciones, pero este no fue el caso. Aunque la prensa de derecha (que como en toda Latinoamérica al presente, es lo medular de la derecha) dirigiera todas sus baterías contra el “perjuicio a la libertad de educación” e incluso “la discriminación contra los modestos estudiantes becados por las universidades privadas”, la esmirriada prensa de izquierda, los portales de noticias menos involucrados partidariamente y finalmente las redes sociales hicieron pesar los argumentos propios de la educación pública: no discrimina por clientela y es libre académicamente, no forma empresarios sino universitarios.
La significación de este debate es menos ideológica de lo que parece en primera instancia, porque aunque se juegan posiciones públicas, la amplitud y el peso de la cuestión del financiamiento de la educación privada (a expensas de la pública) en el debate sobre la misma educación pública, subraya el lugar que ocupa la educación en la arquitectura social del Uruguay. La irradiación social de la educación nunca es neutra con relación a la condición pública, en cuanto oficia como matriz histórica de la secularización, proporciona la clave que desarticula el fundamento teológico de la soberanía y consolida el efecto en retorno de la soberanía estatal hacia el pueblo.
Esta significación medular para la democracia moderna se encuentra sobredimensionada, en un país como el Uruguay, por la ausencia de escalas de mercado que liberen al tenue capital nacional de la férula estatal, al tiempo que provee, ante la presión de un vecindario regional poderoso, la cohesión de creencias suficiente para resistir la desagregación por influjos fronterizos. De ahí que la educación uruguaya se articule, aún más verticalmente que en la mayor parte de los contextos modernos, con la reproducción ideológica y la orientación política. ¿Cómo podría ser de otro modo en un país pautado por una magra pertenencia religiosa de la población y una significativa hegemonía del sistema de partidos sobre el devenir institucional?
Elegir la educación es elegir un lugar en la sociedad, todo lugar social puede encontrarse, en el Uruguay, fuertemente condicionado por la orientación ideológica y política de la educación. Este ámbito requerido y estratégico a la vez en razón de la problemática nacional, corresponde a un eje que se asocia a la tradición universal de la educación pública. De ahí que las universidades privadas dependan del financiamiento público y que incluso el liderazgo partidario de la derecha conservadora promueva la “integración y cooperación” entre la educación pública y la privada: no forman parte en efecto, en el marco histórico de la educación nacional, sino de una misma configuración social amenazada por las escalas de acumulación económica de la región y vinculadas por una tradición ideológica laica.
Esta significación política de la educación en el Uruguay nos explica, si se vuelve sobre el plano coyuntural del análisis, que el debate público sobre el financiamiento de la educación se haya centrado sobre la quita parcial de los beneficios que reciben las instituciones privadas y no sobre los cometidos propios de la universidad pública. Se trata, en efecto, de una ofensiva en favor de la educación pública fuertemente resistida por sectores vinculados institucional e ideológicamente a la universidades privadas. Esto conllevó la defensa de la educación pública en el escenario parlamentario donde se dirimía la asignación presupuestal. En particular centró los focos de la atención mediática sobre Macarena Gelman, joven diputada del Frente Amplio que recibió sobre su persona, como lo reseñó con acierto Soledad Platero, toda suerte de invectivas, cargadas ante todo de un desprecio social que proviene del más ramplón narcisismo económico.2
La interpretación inmediata de la iniciativa de la joven diputada supondría que corresponde a un posicionamiento de su sector partidario dentro del Frente Amplio. Esta interpretación se encuentra en contradicción con el apoyo que el mismo sector ha dado a la candidatura a la presidencia del Frente Amplio de Alejandro Sánchez, suficientemente investido por José Mujica incluso antes de haberse sufragado a su favor, como para emprender gestiones destinadas a disuadir la actitud rebelde de un sector de los diputados frenteamplistas.3 Cuatro diputados -que no pertenecen al sector de Macarena Gelman- se negaban en efecto, a votar los recortes a todo incremento para la educación pública propuestos por el Poder Ejecutivo, renuencia que amenazaba con privar a la norma presupuestal de la mayoría requerida en la votación parlamentaria (finalmente en Diputados se votó a favor de 860 millones de pesos contra la quita de 1500 propuesta por el gobierno).
El apoyo que el sector de Macarena Gelman (Ir) dió a Alejandro Sánchez en su postulación a la presidencia del Frente Amplio se sustentó en “razones generacionales”, o sea, en la emergencia de un sector de jóvenes frenteamplistas que renovarían la impronta política de ese frente partidario.4 Marcelo Pereira sostiene desde las páginas de La Diaria, órgano que dirige, una perspectiva análoga, en cuanto argumenta que la posterior victoria de Javier Miranda sobre Alejandro Sánchez en los comicios internos del Frente Amplio trasunta la movilización de un electorado ajeno a los aparatos partidarios. Este electorado traduciría un estado de ánimo diferente entre los militantes de la coalición, pero además, señalaría el fin de la hegemonía de los partidos y sectores organizados. Aunque el director de La Diaria no lo afirma sin ambages, puede inferirse de su comentario que prevé la consiguiente configuración de un movimiento genéricamente vinculado al frenteamplismo como tal.
El proceso movimentista en el Frente Amplio es posterior a la dictadura (antes la denominación de “independientes” identificaba mayoritariamente a partidarios solapados de la guerrilla) y se vincula a una distancia creciente con los aparatos partidarios. Se trata de un proceso universal que marca el alejamiento creciente de la militancia respecto a los aparatos de Estado, como consecuencia indirecta de la socialización mediática y la consiguiente desafectación de la índole presencial de las estructuras institucionales. Se genera una tensión entre movimientos y redes por un lado y aparatos partidarios por el otro, que refleja de forma privilegiada el ocaso de la política electoralista, como lo comenta oportunamente Rancière respecto al actual movimiento contra la Ley del Trabajo en Francia.5
Si a ese proceso universal le sumamos la vertical caída del electorado en los comicios internos del Frente Amplio (primero pasó de 220.000 votantes a 170.000 y en esta tercera elección cayó a 92.500), el proceso no parece indicar una radicalización, sino por el contrario una liquefacción simultánea de las estructuras partidarias y de los sectores movimentistas dentro de los partidos. Esta es la conclusión a la que apunta la encuesta de opinión desarrolla por Bottinelli, quien destaca una significativa observación social: los que abandonan el Frente Amplio son los militantes de la primera hora y los hijos de hogares frenteamplistas.6 Esta tendencia confirmaría que lejos de la percepción que desarrolla Pereira de un “movimiento transversal”, por el cual “algo está cambiando en el Frente Amplio”, lo que sucede es que sectores más tibios ideológicamente y capturados por un compromiso ante todo institucional, en el que se identifica de forma ingenua lo público con lo partidario, encuentran un espacio tan oportuno como oportunista dentro del Frente Amplio. Esta tendencia lejos de confirmar el sueño de una “proliferación de la generación del 83’” -que identificó en aquel momento a los movimentos sociales con el Frente Amplio, está marcando el ascenso de un frentamplismo movimentista sí, pero más en el sentido del “sociolismo” que en el del socialismo. La victoria de Javier Miranda, apoyado por el sector más conservador del Frente Amplio -en particular el Frente Líber Seregni, con el que tiene desde ya una deuda de candidatura, parece representar más un movimiento de edulcoración estatista del frentismo que un movimiento vinculado a una energía movimentista de las bases.
En vez de encontrarse, como el viajero que se dirige a Chile desde la llanura argentina, con la abrupta mole de la Cordillera de los Andes, quien busque explicar la radicalización del debate sobre la educación pública por el proceso interno al Frente Amplio, se encontrará ante una inmensa Cordillera de los Antes. ¿Será necesario recordar las invectivas contra las maestras, los profesores y los universitarios por parte de Mujica? ¿No es Alejandro Sánchez una figura promovida por el propio Mujica, como lo fue en su momento el ahora descartable ex-canciller Almagro? ¿O será necesario recordar el apaleamiento y la posterior criminalización mediática de los estudiantes que ocupaban el Codicen a fines del año pasado? ¿Alguien olvidó que la actual ministra de educación consideró a un frentamplista -incluso ex-miembro de su propia cartera ministerial- que osó cuestionarla como “apenas un maestro de 6o año de escuela resentido”? ¿Y el “Plan Ceibal”, que iba a aportar una “revolución pedagógica” y terminó siendo tan importante, según su principal protagonista, como “contar con agua corriente” en los edificios escolares?
Quizás la partidocracia imperante e infusa en el Uruguay dificulta la percepción del dinamismo que cunde en favor de la educación pública, incluso a través de la propuesta que sostuvo Macarena Gelman y votaron sus compañeros de bancada, en cuanto proviene ante todo de los protagonistas del propio proceso educativo. Se repite al presente, por parte de los funcionarios de la Universidad de la República, un gesto que desde 2013 puso en vilo y escandalizó a la moral partidocrática uruguaya: la propuesta de denunciar públicamente a los diputados frenteamplistas que votaran este presupuesto para la educación tal como lo propuso el gobierno.7 La denuncia consitió, en aquel entonces, en proponer que los diputados y senadores perciban el mismo salario que los educadores, acompañada de la publicación de las respectivas escalas de salarios. Mientras la movilización del profesorado de secundaria se mantiene en los mismos términos, la asociación de docentes de la Universidad de la República anunció que una vez llevada la situación al límite y contra su designio, entraría en huelga, declaración que por lo moderado no deja de contrastar con la anterior desmovilización ideológica del mismo sector, ante los que muchos consideraban aún “un gobierno de compañeros”.
También el movimiento de la educación pública ha encontrado una conducción, quizás allí donde muchos no lo esperaban (quien redacta estas líneas tampoco, corrresponde decirlo). Una vez asumido el rectorado de la Universidad de la República a mediados de 2014, Roberto Markarián cuestionó sucesivamente el “Sistema Nacional de Competitividad” (es decir, la integración de la universidad en el empresismo mercadocrático),8 el Plan Google-Ceibal (es decir, la entrega del acerbo informativo de la educación nacional a una empresa privada)9 y las presiones políticas sobre los miembros universitarios de la Comisión del Patrimonio (para que adoptaran resoluciones de contenido religioso).10 Quizás a ese perfil autónomo se debe que la universidad se haya visto retirar, por el Ministerio de Economía, todos los incrementos previstos para 2017, que ahora el Parlamento parece optar por restituirle parcialmente (el Senado aún no se pronunció). Quizás también esta quita fallida haya sido bien estigmatizada por el rector Markarián cuando se refirió a esa actitud considerándola de “pequeñez”.11
Para leer los efectos en el gobierno y en el partido que lo apoya en el parlamento, quizás convenga considerar cierto arrojo del contragobierno que proviene de “obreros y estudiantes unidos y adelante”, antes que votaciones parlamentarias protagonizadas por héroes de la mano de yeso.
1Cuestión de pesos” Montevideo Portal (01/08/16) http://www.montevideo.com.uy/auc.aspx?316009
2Platero, S. “Los resentidos de siempre” La Diaria (05/08/16) http://ladiaria.com.uy/articulo/2016/8/los-resentidos-de-siempre/
3Gobierno y el FA buscan deshacer el “enredo” de la Rendición” El Observador (29/07/16) http://www.elobservador.com.uy/gobierno-y-el-fa-buscan-deshacer-el-enredo-la-rendicion-n948111
4Lugar para todos” La Diaria (12/04/16) http://ladiaria.com.uy/articulo/2016/4/lugar-para-todos/
5“Entrevista a Jacques Rancière realizada por Joseph Confraveux” Boletín No 9 de Universidades en Cyberdemocracia, http://entre-dos.org/node/169
6Bottinelli: Novick sociológicamente es un partido político” El Observador (01/08/16) http://www.elobservadortv.uy/video/8823601-bottinelli-novick-sociologicamente-es-un-partido-politico
7Trabajadores de UdelaR se suman a los paros y las ocupaciones” El Observador (29/07/16) http://www.elobservador.com.uy/trabajadores-la-udelar-se-suman-los-paros-y-las-ocupaciones-n948329
8Objeto de estudio” La Diaria (13/04/16) http://ladiaria.com.uy/articulo/2016/4/objeto-de-estudio/
10Pittaluga, J. “Renuncian tres integrantes de la Comisión del Patrimonio tras una “sesión caliente” por instalación de la Virgen en la Rambla” Búsqueda (17-30/03/16) http://www.busqueda.com.uy/nota/renuncian-tres-integrantes-de-la-comision-de-patrimonio-tras-una-sesion-caliente-por
11Markarián apunto al gobierno: recorte es “actitud de pequeñez” El Observador (09/07/16) http://www.elobservador.com.uy/markarian-apunto-al-gobierno-recorte-es-actitud-pequenez-n938828

Publicado por Ricardo Viscardi

Privadas recibieron $52 millones más que la Udelar en donaciones

Las Universidades privadas recibieron donaciones por $ 141.520.028 entre 2012 y 2015.
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10 agosto, 2016 CARAS Y CARETAS

Las cinco universidades privadas que están habilitadas en nuestro país, reciben donaciones sustancialmente superiores a las que perciben las 9 facultades públicas en un mismo período.
La Udelar recibió casi unos $ 52 millones de pesos menos que las cinco universidades privadas, entre 2012 y 2015, por concepto de donaciones.
El Instituto Universitario Claeh, la Universidad Católica, la de la Empresa, la Universidad de Montevideo y la ORT recibieron al cierre del año 2015 unos $44.137.898, según publica el diario La República.
Las Universidades privadas recibieron donaciones por $ 141.520.028 mientras que las públicas un total de $ 88.752.078 en igual período.
De estos montos, las empresas son exoneradas por un 83% en sus obligaciones de IRAE. Ese 83% es el del que se hace cargo el Estado uruguayo.

Trabajadores de educación privada apoyan retiro de exoneraciones

Los trabajadores de la educación privada respaldan la iniciativa del Frente Amplio.
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9 agosto, 2016 CARAS Y CARETAS
Funcionarios y docentes de la enseñanza privada respaldaron la intención de retirar las exoneraciones para las empresas que donan a las universidades. Para los trabajadores la idea “no representa un atentado contra la libertad de enseñanza”.
Mediante una declaración, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada (Sintep) señaló la “inequidad” con el sector público por la exoneración de aportes patronales de la que gozan los privados.
Señala el Sintep que las exoneraciones a las donaciones son “una ínfima parte del subsidio global con el que se benefician las entidades privadas de enseñanza”, ya que la mayor parte del beneficio se da a través de la exoneración de impuestos departamentales, nacionales y los aportes al Banco de Previsión Social y el Fonasa.
Agregan que hay “una evidente inequidad” con la enseñanza pública, que está obligada a aportar a la seguridad social. “Mientras la enseñanza pública aporta un mínimo de 19,5% de aporte patronal al BPS, más un 5% de aporte al Fonasa, las empresas privadas en general lo hacen a un promedio de 7,5%”.
Para el Sintep asegura la quita de exoneraciones a las empresas que donan a las instituciones privadas “no representa un atentado a la libertad de enseñanza ni tampoco un acto discriminatorio” porque “nadie impide que las donaciones se sigan realizando”.
Cuestionan que el debate “asumió un perfil muy sesgado” porque contempla las quejas de las instituciones privadas pero “desconoce la sistemáticas denuncias sindicales sobre la precarización laboral y las prácticas de persecución anti-sindical que se vivencia en muchas instituciones privadas de enseñanza”.
“Nos llama poderosamente la atención como muchos parlamentarios han salido a defender las regalías de las empresas y se olvidan de los trabajadores y sus legítimos reclamos”, subrayan.

miércoles, 10 de agosto de 2016

NI NI (NI QUIERE NI PUEDE)

por José Luis Perera

(publicado esta semana en Semanario VOCES)

Los cambios en las orientaciones de los partidos polítcos son infrecuentes. En la mayoría de los casos, los elementos fundamentales del funcionamiento político interno -de la cultura política interna- inhiben transformaciones bruscas y profundas. Para que los partidos políticos se transformen, son necesarios los líderes, o las circunstancias (determinados acontecimientos o crisis) que lo favorezcan. Por poner algún ejemplo: las sucesivas derrotas y la aparición de un líder como Tony Blair hicieron posible la reconstrucción del Partido Laborista británico, así como las circunstancias polítcas y un Felipe González hicieron posible la reconstrucción del PSOE en España.
No parece que eso pueda estar ocurriendo en nuestro país con el Frente Amplio. Viene de obtener el gobierno por tercera vez consecutiva y con mayoría parlamentaria, el gobierno no ha tenido mayores problemas ni con la oposición ni con las disidencias internas (más para la tribuna que otra cosa), y no se ven en el horizonte dificultades políticas importantes, más allá de la crisis económica que muy posiblemente se siga agravando, y este podría ser su talón de Aquiles.
En cuanto a un liderazgo que posibilitara esas transformaciones, el novel presidente surgido de las internas, Javier Miranda, no parece tener ese perfil (el tiempo lo dirá).
El panorama para la fuerza política de gobierno sigue incambiado, y las internas no arrojaron cambios significativos, más allá de la baja contundente en la cantidad de votantes (en 2006 participaron 222.795 adherentes, en 2012 se perdieron 53 mil votos, llegando apenas a los 170 mil, y en esta última vuelve a mostrar un abrupto descenso de casi 80 mil votantes. Las correlaciones internas permanecen prácticamente incambiadas en lo que tiene que ver con el Plenario Nacional, y el FLS cuenta ahora, además del manejo exclusivo de la economía (desde el año 2005), con la presidencia del FA.
En este sentido podría decirse que las fuerzas más conservadoras (del presidente hacia abajo) siguen acaparando los puestos de dirección, pero esto tampoco es demasiado novedoso y viene sucediendo lenta pero sostenidamente desde antes de acceder al gobierno. Recordemos que en plena campaña electoral el propio Vázquez reconoció que él puede ser más conservador que Lacalle Pou, y que “el FA es conservador, aunque no tanto como el Herrerismo”.
El Frente Amplio ya no es hoy el partido de masas que era puesto que su militancia -si bien sigue siendo la más importante- se ha reducido drásticamente y aquello de coalición y movimiento ya es una simple etiqueta que no tiene sustento en la realidad. Las decisiones más importantes son tomadas por las cúpulas dirigentes y no han tenido problema alguno en desconocer las resolucines tomadas por los organismos máximos de la fuerza política (integrados mayoritariamente, en teoría, por el denominado movimiento).
Recordemos por ejemplo cuando en el primer gobierno del FA se comenzó a negociar un TLC con los EEUU a pesar de que el Congreso (órgano máximo) había definido exactamente lo contrario; o cuando el Congreso decide el retiro de las tropas de Haití pero el gobierno las sigue enviando; o cuando dos Plenarios consecutivos resuelven la anulación de la ley de impunidad y Mujica y Astori van al parlamento a decirles a sus legisladores que no lo hagan.
Esto nos lleva a otra cuestión. Como dijimos, no se ven las condiciones para que el FA tenga una transformación importante en su funcionamiento interno o en su relación con el gobierno y las organizaciones sociales. Pero lo que es claro, es que la mayoría de los sectores y dirigentes tampoco quieren ninguna transformación que les quite sus pequeñas cuotas de poder. Los sectores más pequeños y de más tradición militante seguramente desearían una mayor participación popular que les permitiera manejar mayores cuotas de poder de decisión en la estructura interna, pero para ello no requieren de ningún cambio de esa estructura. Lo que necesitan es un viraje del gobierno hacia la izquierda que entusiasme y genere mayor participación (su conservadurismo es una fuerza centrífuga que constantemente aleja a los militantes más de izquierda), y eso es impensable en un gobierno de este FA.
Y los sectores de menor incidencia a nivel de las bases por el contrario, quisieran modificaciones que quitaran protagonismo a los comités (los pocos que van quedando) y sus delegados, pero no tendrían suficiente correlación de fuerzas a la interna para siquiera planteárselo como posibilidad. Este estado de situación deja las cosas tal como están, por lo que no deberían esperarse mayores novedades.
El dilema de hierro del FA en algún momento fue continuar por el camino de parecerse cada día más a los partidos tradicionales (un partido conservador más, partido de ideas), o retornar a sus raíces de izquierda antiimperialista, antioligárquica, antilatifundista. El segundo camino, más allá de que algunos grupos lo reivindiquen como la razón de su permanencia en la coalición, es un imposible, y sostener esa teoría es una zanahoria para incautos (que los sigue habiendo).
El Frente Amplio es un NINI (ni puede ni quiere cambiar); continuará inconmovible (no nos moverán) porque su único objetivo, en la actualidad, es ganar elecciones y permanecer en el gobierno. Y eso no parece estar en cuestión más allá de lo que digan las encuestas. Siempre habrá algún susto para despertar al mamado.
Publicado por José Luis Perera

PUBLICADO POR EL BLOG EL MUERTO

 

Declaración de CRYSOL

Jueves, 11 de agosto de 2016
Especialmente el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial La Asamblea General Ordinaria de CRYSOL (Asociación de ex¬ presas y ex presos políticos de Uruguay), reunida en el día de la fecha, resuelve:

Instar a los poderes del Estado, especialmente al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial, a dar cumplimiento irrestricto y sin más dilatorias de ningún tipo, a los deberes emanados de la responsabilidad del Estado Uruguayo, en la comisión de múltiples crímenes de lesa humanidad en el pasado reciente. Esta Asamblea entiende que, los tres poderes del Estado, deben asumir públicamente su responsabilidad por tales crímenes y, a la vez, en ceremonia oficial, ofrecer un pedido público de disculpas, a las víctimas, a los familiares y a la ciudadanía toda, por las graves violaciones a las normas internacionales de Derechos Humanos llevadas a cabo por el terrorismo de Estado en Uruguay. Sin perjuicio de lo anterior, el Estado Uruguayo está obligado a dar cumplimiento, sin excepción, a todas las acciones y medidas de carácter legislativo, administrativo y judicial, que garanticen una rápida dilucidación de los hechos delictivos, de sus circunstancias, a la identificación de las autoridades, funcionarios militares y civiles involucrados, así como los medios y procedimientos empleados en las acciones criminales señaladas.

El coronel (r)Pedro Mato asesino de Luis Batalla en 1972 gozando de su impunidad

La eternización de los juicios es intolerable

A su vez, esta Asamblea General Ordinaria, considera que corresponde al Poder Judicial, la adopción de las medidas y procedimientos efectivos, que eviten la eternización de las actuaciones judiciales. Esta eternización redunda, en los hechos, en una virtual denegación de justicia a las víctimas, a sus familiares y a una inaceptable impunidad de los responsables de graves crímenes de lesa humanidad. Impunidad que se prolonga cuando se otorgan injustificadamente beneficios de reclusión inaceptables para la comunidad internacional.

Preocupa asimismo a esta Asamblea, el largo período de tiempo transcurrido hasta la fecha, sin que se hayan ultimado los procedimientos para poner a disposición de las víctimas y de los poderes públicos, la totalidad del acervo documental y archivológico, en poder del Estado, imprescindible para la probanza de crímenes graves contra la Humanidad.

Resulta imperiosa la pronta puesta a punto de la necesaria coordinación de las investigaciones, entre los distintos órganos idóneos, bajo la supervisión y dirección de los Jueces competentes y de la Fiscalía actuante, como forma de hacer más efectivo y eficiente, el esclarecimiento de los hechos relativos a los crímenes del terrorismo de Estado.

Por otra parte esta Asamblea aprueba y saluda, todas las iniciativas que las diversas organizaciones sociales han emprendido para promover el avance de la Justicia. En particular saluda los esfuerzos realizados a través del Observatorio Luz Ibarburu, en el patrocinio de las causas y el aporte de elementos relevantes para las mismas.

Mantener viva la memoria colectiva

A juicio de la Asamblea, son de vital importancia todas las acciones tendientes a la conservación efectiva de la Memoria colectiva sobre el pasado reciente, a la preservación de los sitios en los que se cometieron todo tipo de crímenes contra la dignidad humana, así como aquellos que revisten importancia, desde el punto de vista testimonial, de los actos heroicos de la resistencia popular al terrorismo de Estado. En este sentido la labor desarrollada por la Comisión Especial de la ley 18.596, con integración y participación de representantes del Poder Ejecutivo, de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y Crysol, es valorada en toda su importancia, especialmente en lo atinente a la señalización de aquellos lugares utilizados como centros clandestinos de detención, tortura, secuestro, violaciones y asesinatos, bajo la dictadura reciente.

Sin embargo, esta Asamblea manifiesta su profundo rechazo, a la absoluta falta de muestras de constricción y de arrepentimiento, que notorios agentes del terrorismo de Estado, tanto civiles como militares, exhiben impúdicamente ante la ciudadanía, en diversas instancias de carácter público o mediático. Es más, resulta cada vez más evidente y preocupante su obstaculización de las actuaciones judiciales a plena vista de la SCJ, su enérgica defensa de un sistema jubilatorio privilegiado que posibilita que prófugos de la justicia y procesados con condena firme cobren jubilaciones y pensiones propias del primer mundo mientras 120.000 jubilados y pensionistas sobreviven con $ 9.150.- y la sociedad toda debe destinar 400 millones de dólares para solventar su déficit anualmente.

El Poder Ejecutivo, especialmente, está involucrado y debe actuar

Es por esto que, esta Asamblea estima necesario profundizar las medidas que, al margen de lo dispuesto por la Justicia, contribuyan a combatir la impunidad y garantizar la no repetición de los actos criminales señalados. El Poder Ejecutivo, especialmente, está involucrado y debe actuar.

Es urgente e imperioso conformar tribunales de Honor para relevar de su calidad militar a todos aquellos funcionarios militares, en actividad o retiro, que han sido condenados, con sentencia firme, por crímenes cometidos bajo el régimen del terrorismo de Estado.

Asimismo, el Estado debe aplicar a todos aquellos funcionarios y jerarcas, de la pasada dictadura, autores de crímenes comprobados, lo preceptuado en el Artículo 25 de la Constitución de la República Oriental del Uruguay.

Este artículo establece que Cuando el daño ocasionado por el Estado haya sido causado por sus funcionarios, en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de ese ejercicio, en caso de haber obrado con culpa grave o dolo, el órgano público correspondiente, podrá repetir contra ellos, lo que hubiere pagado en reparación.”

En lo concerniente a las indagaciones y búsqueda de la verdad sobre el destino y paradero de nuestras compañeras y compañeros mantenidos en condición de detenidos desaparecidos, esta Asamblea General Ordinaria de CRYSOL ratifica su apoyo a Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y manifiesta su rechazo a toda acción o inacción, con consecuencias dilatorias para la inmediata restitución de los mismos al seno de nuestra sociedad y el de sus familiares.

La desaparición forzada un crimen de lesa humanidad

Tal como lo señala La Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas la práctica sistemática de la desaparición forzada de personas constituye un crimen de lesa humanidad. Dicho delito será considerado como continuado o permanente, mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima. Por lo mismo, la acción penal derivada de la desaparición forzada de personas y la pena que se imponga judicialmente al responsable de la misma, no estarán sujetas a prescripción.”

Este Instrumento Internacional, vigente y vinculante para nuestro País, establece claramente las obligaciones del Estado Uruguayo y, en particular del Poder Judicial, en el esclarecimiento de los hechos y en la sanción a los responsables de la detención, tortura y desaparición de nuestras compañeras y compañeros.

La mencionada Convención pone en claro que, la entidad de los crímenes de desaparición forzada, corresponde a la categoría de crímenes contra la Humanidad y que, como tales, deben ser juzgados y sentenciados sus autores, cómplices y promotores.

Pone también de manifiesto, que este tipo de delitos no prescriben, por lo cual son perseguibles judicialmente en todo momento, actual o futuro.

En particular establece que, por su naturaleza, la desaparición forzada de personas es un crimen permanente, que se continúa cometiendo al día de hoy, en tanto no aparezcan las víctimas o las evidencias de su destino ulterior.

Esto implica que, tales crímenes, quedan comprendidos por todos los tratados ratificados por nuestro País, así como por todas las leyes de más recientes aprobación, puesto que los mismos continúan cometiéndose con posterioridad a la adopción y entrada en vigor, de tales instrumentos.

Por otra parte, y sin perjuicio del reconocimiento de los avances comprobados, la Asamblea considera que las dilatorias para la aprobación de una ley que corrija las insuficiencias de las leyes 18.033 y 18.596, constituyen un verdadero obstáculo, al proceso de reparación integral a las víctimas de graves violaciones de las normas internacionales de los Derechos Humanos.

A juicio de esta Asamblea, las demoras en la adopción de los correctivos aludidos, evidencian una clara y preocupante falta de voluntad política para implementar a cabalidad la normativa de DDHH.

Una nueva ley de reparación es imprescindible

En el transcurso de los casi diez años desde la promulgación de la ley 18.033, diversos actores y autoridades Nacionales e Internacionales, han señalado al Estado Uruguayo, con fundada precisión, la obligación de adoptar medidas que garanticen plenamente el derecho de las víctimas a una justa Reparación Integral, acorde a los estándares aprobados por la Comunidad Internacional y que aborde los aspectos sanitarios y de salud aún no completamente satisfechos, incumpliendo las normas nacionales vigentes.

La Asamblea General de las Naciones Unidas a través de la Resolución 60/147 del 16 de Diciembre de 2005, establece que Una reparación adecuada, efectiva y rápida tiene por finalidad promover la justicia, remediando las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o las violaciones graves del derecho internacional humanitario…”

Por su parte, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), en su informe REPARACIONES del 6 de Diciembre de 2012 señala: “La Institución…, entiende necesario recomendar a las autoridades competentes, la adecuación de la legislación nacional en materia de reparación de graves violaciones a los derechos humanos (leyes 18.033 y 18.596) a las obligaciones internacionales, de modo que redunden en una adecuada y mayor protección de los derechos humanos de las personas afectadas.”

También Pablo de Greiff, Relator Especial de las Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición en Uruguay, manifestó expresamente: “Si bien estas disposiciones legales representan medidas importantes para el reconocimiento de las víctimas y buscan reparar el daño sufrido, persisten importantes vacíos y dificultades que afectan el derecho de las víctimas a una reparación integral. El Relator Especial reitera las recomendaciones de la INDDHH en la materia, las cuales siguen vigentes

A todo esto es posible agregar las observaciones de la Comisión Internacional de Juristas que también coinciden en señalar las graves carencias de las leyes 18.033 y 18.596, así como la necesidad de su adecuación.

Finalmente, esta Asamblea General Ordinaria saluda a los más de 1.000 asociados que mes a mes ayudan y contribuyen a fortalecer a Crysol, llama a todas las ex presas y ex presos políticos a seguir movilizados y demandando justicia y hace un llamado a toda la sociedad uruguaya a reafirmar los valores de la Democracia, la Justicia y el estado de Derecho.

Convocamos a redoblar los esfuerzos y la militancia para alcanzar la Verdad, la Memoria, la Justicia, las garantías de nunca más terrorismo de Estado y la más absoluta y completa erradicación de la impunidad en nuestro País.

Asamblea General Ordinaria de CRYSOL

Montevideo, 4 de Agosto de 2016

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