Publicado en: 13 julio, 2017

Noticias Uruguayas 13 julio 2017

Por Colectivo Noticias Uruguayas

Uruguay: Mandos militares serían llamados a declarar por espionaje en democracia.

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URUGUAY

En noviembre del 2016, como consecuencia de la divulgación del llamado “archivo Castiglioni” que dejó en evidencia la impunidad con la que militares que continuó realizando espionaje después de la dictadura, se formó una Comisión Investigadora que está tras dichas actividades.
El archivo en cuestión tiene documentos oficiales, notas de Elmar Castiglioni (coronel fallecido) y registros de seguimiento y espionaje a dirigentes, partidos políticos y organizaciones, el cual está en manos del Poder Judicial y no así de la Comisión, que le ha solicitado a el archivo Castiglioni, pero que aun no se le facilitó. Lo que sí se encuentra en poder de la Comisión Investigadora son los “archivos Berruti”, que constan de documentos encontrados por la exministra de defensa, Azucena Berrutti y están en análisis, tanto de dicha Comisión como de la Universidad de la República para su análisis técnico.
“Nosotros tenemos el análisis de los archivos y es muy voluminosa, evidencia que tenemos para señalar que existió un trabajo muy fino de los servicios de inteligencia militar que espiaron, vigilaron de manera ilegal a los partidos políticos, sobre todo al Frente Amplio, y dentro del Frente Amplio al Partido Comunista y al MLN”, señaló a LA REPÚBLICA el diputado del Frente Amplio, Gerardo Núñez.
Han sido varios los exministros de Defensa e Interior que han pasado por la Comisión Investigadora, declarando ante de los hechos de los que niegan tener conocimiento. Entre otros, ya prestaron su testimonio, Raúl Iturria, Antonio Marchesano, Yamandú Fau, Juan Andrés Ramírez y Ángel María Gianola.
Desgraciadamente, y pese a que algunos se les presentó casos de espionaje bajo su mandato, no aportaron información que sirviera para el avance de la investigación. “Por ahora no han aparecido nuevos elementos”, dijo Núñez. “Hasta ahora no ha habido una respuesta de los exministros que diera cuenta de esas actividades. Todos han dicho desconocerlas, a pesar de que se hacían en los momentos en los que cada uno de ellos era el máximo responsable de las Fuerzas”, agregó.
Si bien el paso a seguir era la citación a los expresidentes por parte de los diputados, desde la fuerza política se entendió que de las declaraciones de los exministros no surge información. Por tanto, se evaluará en la Comisión Investigadora el llamado a los mandos militares de la época. “La idea es que cuando ya vayamos culminando la lista de exministros, vamos a proponer en primera instancia la citación de los mandos militares de cada período histórico que estamos analizando”, dijo el diputado del PCU. “Si no había responsabilidades políticas según señalan los exministros, vayamos a los mandos militares concretamente, que tienen para decirnos los jefes de direcciones de Inteligencia de cada momento”, concluyó Gerardo Núñez.
Respecto al “Archivo Berrutti”, por cuestiones de cuidar a quienes fueron víctimas de espionaje, existe un compromiso de reserva entre la Comisión Investigadora y la Cámara de Diputados. “La investigación es sobre los que espiaron, no sobre los que fueron víctimas. Tenemos mucho camino por delante”, dijo Luis Puig.
Expresidentes
Una vez que la Comisión Investigadora reciba a todos los exministros de Defensa e Interior, además de los jefes de Inteligencia y también los mandos militares de la época, se propondrá convocar a los expresidentes de la República. La iniciativa fue anunciada por el diputado del Frente Amplio Gerardo Núñez.

PUBLICADO EN EL BLOG EL MUERTO

 


La inacción del Poder Ejecutivo

Jun 7, 2017

El abogado Pablo Chargoñia, reconocido por su actividad en relación a las violaciones de los derechos humanos, dijo a Fuerte y Claro que la inasistencia del Estado uruguayo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “tiene una dimensión dramática” y que el documento enviado por el Gobierno a modo de explicación es “bochornoso”. Además, opinó que el Grupo por Verdad y Justicia, consolidado por el presidente de la República, Tabaré Vázquez, “no está funcionando”.

https://www.dropbox.com/s/yu0o3ohut31kuiy/Fuerte_y_Claro_-170606-Entrevista_a_Pablo_Chargonia.mp3

A fines de mayo de este año, la CIDH expresó “preocupación” y “sorpresa” por la ausencia del Estado uruguayo en las audiencias en donde se presentaron dos denuncias realizadas por organizaciones civiles.
Una de ellas se trató del planteo de más de 130 organizaciones que reclamaron mayor transparencia en el proceso de selección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Y la otra, proveniente del Observatorio Luz Ibarburu, alertó por el estancamiento de 300 causas judiciales sobre violaciones a los derechos humanos, y por las amenazas de muerte del llamado Comando Barneix.

Respecto a la no concurrencia del Estado uruguayo a estas audiencias, Chargoñia aseguró: “Cada vez que se intenta de explicar la no asistencia, la omisión del Estado se torna más dramática. Si era grave la omisión estas explicaciones son peores”.

Y aseguró: “Hubiera sido más sencillo, desde el punto de vista intelectual y político, asistir y leer el informe, que escribir ese comunicado bochornoso”.

El abogado explicó que el sistema interamericano de protección de los derechos humanos tiene dos órganos importantes; la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, un órgano jurisdiccional. A su vez, la Comisión es un órgano creado por la Convención Americana de Derechos Humanos y constituye un órgano de la OEA.

Chargoñia señaló que en el ámbito de estas audiencias, lo que se suele hacer es intentar acercar a los Estados y a las víctimas. Y opinó: “La relevancia del ámbito, sumado a la relevancia de los temas planteados, hacen que la inasistencia del Estado uruguayo tenga una dimensión dramática, alimentada por un dato estadístico: nunca antes había ocurrido”.

Por otra parte, indicó que desde el Observatorio Luz Ibarburu existe una preocupación por la impunidad actual, y por vincular las amenazas que buscan perturbar la actividad de quienes buscan investigan, con las dificultades que el Estado uruguayo presenta hoy en lo que suele llamarse justicia transicional, que no es otra cosa que el juzgamiento e los crímenes cometidos por el aparato estatal.
“Vázquez es muy habilidoso al decir ‘estamos trabajando’. El tema es cómo se está trabajando”, expresó.

Dijo que en los juzgados hay funcionarios que se comprometen mucho y otros que tratan este tema rutinariamente, por lo que el reproche del Observatorio apunta a la falta de voluntad política para resolver estos problemas. “Se debería neutralizar a aquellos funcionarios insensibles y proteger a la víctima”, sostuvo.

En relación a las declaraciones realizadas por el antropólogo López Mazz, quien expresó que hay decisiones políticas que dificultan los hallazgos, Chargoñia comentó: “Esto confirma algunas de las preocupaciones que estamos viendo. Ese Grupo por Verdad y Justicia, no está funcionando”.

En este sentido, dijo que en el informe enviado por el Gobierno a la Comisión Interamericana no se menciona en absoluto a este grupo, “¿Quiere decir que admiten que no funciona?”, cuestionó el abogado.
Además, indicó que al no haber “claridad, transparencia, ni un plan de trabajo”, se generan “enormes dudas”.
“Hemos preguntado dónde se está trabajando en materia de indagatoria de búsqueda de restos y no hemos tenido una respuesta contundente”, manifestó.

Al preguntarle sobre el número estimado de represores que todavía continúan libres, Chargoñia dijo que resulta muy difícil afirmar una cantidad porque “la imputación sigue recayendo en lo que pudo ver o escuchar la victima mientras era torturada”.

Dijo que 200 individuos denunciados son los que se conforman “con esta fuente de información que es así de relativa”.

“El número es indeterminado y la falta de otras fuentes de información, hace que ese número deba ser aumentado”, concluyó.

Consultado sobre su opinión respecto a la expresión del pueblo sobre este tema, Chargoñia lamentó: “Yo tengo cierto pesimismo histórico respecto a los procesos de toma de conciencia. Me da la impresión que algunos conceptos que estamos tratando de instalar no terminan de instalarse”.

Y opinó: “Si no comprendemos que no se puede tratar de forma humillante y degradante a cualquier persona, entonces no entendimos nada. No estamos ganando una batalla ideológica”.

A su vez, dijo que los datos de la realidad muestras que existe un reclamo “punitivista” y “neofascista”, incluso asumido por la propia izquierda que acepta la creación de más cárceles “como reacción frente al conflicto social de la marginación”.
“Es importante que la gente tenga la convicción de que hay crímenes imprescriptibles e imperdonables, para trazar una frontera ética, política y jurídica que no se puede cruzar”, reflexionó Chargoñia.

Y concluyó: “Los crímenes cometidos por el aparato estatal -la desaparición forzada, la tortura sistemática, las ejecuciones- vuelven a sus autores enemigos de toda la humanidad, pero esto no tiene que ser un discurso porque sino no sirve para nada. Tiene que ser una comprensión cabal. Es la única forma de garantizar que no vuelvan ocurrir”.

 

 


DEFENSA DE BANCA PÚBLICA

AEBU manifestó “que ritmo acelerado de implementación de Ley de Inclusión Financiera afectó intereses y hábitos de los usuarios”

12Jul

AFUSEC

MONTEVIDEO (Uypress)- El Consejo Central de Aebu emitió un comunicado donde se pronuncia sobre la recolección de firmas contra la Ley de Inclusión Financiera, y la propuesta de reestructura del Banco de la República.


Aebu señala que desde siempre defendió la inclusión financiera, pero que “el proceso de implementación de la Inclusión Financiera ha avanzado, en algunos casos, a un ritmo demasiado acelerado, afectando negativamente los intereses y los hábitos de los usuarios”.

A juicio del Consejo Central del sindicato bancario, la inclusión financiera es “una buena herramienta para controlar y evitar la evasión en sus distintas formas, así como para fomentar la formalización de toda la actividad económica en el país”. Además, aclara que los trabajadores “nunca” se vieron beneficiados por delitos de fraude y evasión fiscal que afectaron al sistema financiero, sino que han sido “los primeros perjudicados”.

Para los bancarios, hay “deficiencias de gestión” que afectan la calidad de la atención a los usuarios, y ven “con preocupación la propuesta de reestructura que hizo pública el Directorio del Brou”, que incluye el cierre de agencias de la institución.

“En consonancia con nuestro postulado histórico en defensa de los bancos públicos, contribuiremos como trabajadores con nuestro aporte al proceso de fortalecimiento de instituciones públicas, como el Brou, que han sido y deben seguir siendo un puntal para el crecimiento y desarrollo de todos los uruguayos”, señala la nota.
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jwl

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