Noticias Uruguayas 11 noviembre 2016
Informe regional sobre el Plan Cóndor hace duras críticas a las respuestas judiciales de Uruguay
El informe identifica 23 causas judiciales en el marco de este plan, de las cuales la mayoría (13) han ocurrido en Uruguay. 11 ya concluyeron, tres se encuentran en etapa de juicio y otras nueve en investigación. Hasta el momento se ha condenado a 43 personas, mientras que 77 todavía están siendo juzgadas.
Obstáculos
Entre los obstáculos para llevar adelante las investigaciones del Plan Cóndor, el informe destaca que en algunos países, entre los que menciona a Uruguay, existe una “legislación procesal inadecuada”, con “códigos penales destinados a sancionar delitos comunes”, pero no “delitos sistemáticos”. En ese marco, se cuestiona que “los tipos penales a disposición de los operadores judiciales son insuficientes para englobar acabadamente crímenes de una naturaleza tan compleja”. También se critica el papel que se les da a las víctimas, que “tienen que aportar prueba, pero luego no pueden tener un papel activo en las causas en Uruguay, donde no existe la figura de querellante como en Argentina”.
Otro punto jurídico controvertido de Uruguay es la tipificación de los crímenes, ya que si bien “los delitos de desaparición forzada y de tortura existen en la legislación nacional desde 2006”, la Suprema Corte de Justicia “ha desestimado en todos los casos el pedido de tipificación del crimen de desaparición forzada, utilizando las calificaciones de privación de libertad o de homicidio”, lo que también pone arriba de la mesa el debate acerca de la prescripción de estos delitos.
Entre otras dificultades, también se enumera la “falta de continuidad y comunicación” en las investigaciones, por ejemplo, cuando un nuevo juez asume una causa ya avanzada, lo que “implica en la práctica un reinicio de la investigación”. También mencionan que el “difícil acceso a los archivos”, la dispersión de las pruebas y las “demoras prolongadas en la tramitación de exhortos internacionales” enlentecen las investigaciones. Se habla además de la “falta de especialización y capacitación” de los funcionarios públicos, especialmente en el sistema judicial uruguayo, en el que actualmente no hay “investigadores, ni fiscalías especializadas, sino que son los mismos funcionarios que atienden delitos comunes los que investigan casos de crímenes contra la humanidad”. No obstante, el informe destaca que el Poder Ejecutivo envió una ley para crear una fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
Pasos a seguir
Finalmente, se realizan tres recomendaciones de políticas públicas para “agilizar la investigación” y también el “juzgamiento de los delitos del Plan Cóndor en el futuro cercano”. Una de ellas es la creación de “equipos multidisciplinarios dedicados a investigar las causas de derechos humanos”, que podrían actuar dentro de los juzgados o de otros operadores judiciales, como las fiscalías. Se sugiere que estos equipos cuenten con historiadores, analistas de archivos, psicólogos, asistentes sociales, antropólogos, médicos forenses y traductores.
También se recomienda “establecer una base de datos o repositorio, a nivel regional”, con información sobre el plan. Esta base de datos contendría “documentos e información probatoria, testimonios e información de los archivos producida en cada Estado que participó” en el Plan Cóndor. La idea es que pueda ser utilizada en los procesos judiciales en curso, para evitar las demoras propias del trámite de los exhortos. El texto incluso cuenta con un anexo en el que se presupuesta esta base de datos, estimando su costo en entre 38.000 y 40.000 dólares.
Por último, el informe propone “generar circuitos más ágiles de transmisión de la información”, con medidas como, por ejemplo, “reducir el tiempo de tramitación de los pedidos de asistencia jurídica internacional vía exhortos”, enmendar los memorandos de entendimiento entre los países para agilizar el intercambio de documentación, y redactar nuevos convenios de cooperación judicial para que jueces y fiscales puedan intercambiar documentación sin tener que recurrir a los exhortos.
Instalarán placa conmemorativa en Boiso Lanza
Culminó ayer la XVII Convención de la FEUU
El viernes, algunos delegados de la FEUU se acercaron también a la jornada del PIT-CNT y aprovecharon para sacarse una foto con Dilma Rousseff, con la bandera de la federación desplegada. “Manifestamos solidaridad por el proceso que se está dando en Brasil: impulsmos dentro de la Universidad la postura de rechazar el golpe de Estado en Brasil, en el entendido de que es una propuesta legal pero ilegítima a todas luces; al no haber habido crimen de responsabilidad, abiertamente, es un golpe”, fundamentó Mañana.
Ese día, además, se votó el reglamento general de la convención. Se dividió en tres talleres en torno a los ejes de coyuntura nacional e internacional, universidad, y organización de la FEUU. En cada uno de ellos, los convencionales electos de los distintos centros de estudiantes presentaron documentos para discutir y generar relatorías que el fin de semana que viene, en los plenarios, se votarán como líneas de trabajo para los próximos dos años. El primero, donde hubo “posturas muy encontradas”, según Mañana, se centró en “las condiciones del capitalismo en la sociedad que tenemos a nivel mundial y, particularmente, en nuestra región”; el segundo giró en torno al rectorado de Rodrigo Arocena, y las posturas en contra, a favor y de apoyo crítico a la segunda reforma universitaria que impulsó; el tercero, que se llevó a cabo ayer, fue una revisión del funcionamiento interno de la organización y un repaso de la campaña de impulso de la FEUU al proyecto de ley que envió al Parlamento sobre derechos de autor y acceso a los materiales de estudio.
En todo el fin de semana participaron 150 estudiantes -más que los que asistieron a la convención pasada-, lo que Mañana evalúa como una participación “muy nutrida” para las discusiones internas de la federación. “Es un avance cualitativo y saludable, porque la convención es más rica cuantos más estudiantes participen”, afirmó.
La larga sombra de Guantánamo
Jihad Diyab, sirio, llegó a Uruguay junto a otros cinco expresos tras pasar 12 en la cárcel estadounidense en virtud de un acuerdo algo oscuro entre Washington y Montevideo. Ha permanecido más de dos meses en huelga de hambre para reclamar unas promesas que nunca se cumplieron.
“Hemos ofrecido nuestra hospitalidad para seres humanos que sufrían un atroz secuestro”, explicaba el entonces presidente uruguayo José Mujica. Pocos meses antes Barack Obama había pedido “ayuda” para ir vaciando el campo de detención montado en tierra cubana en 2002 por su predecesor George W Bush y Uruguay había sido de los primeros en responder al llamamiento.
Después se sabría que su estatuto en Uruguay era producto de un acuerdo privado con Estados Unidos que hacía que la ONU no les reconociera la condición de refugiados y que los obligaba a permanecer en el país por un lapso de dos años. Nada raro. Era la misma condición que Washington fija, hasta hoy, a todos los países que han aceptado recibir a expresos de Guantánamo. Lo raro era que el gobierno uruguayo no lo reconociera.
Cuando se entrevistó, en la propia cárcel instalada en territorio cubano, con los seis candidatos al refugio, el enviado especial de José Mujica se había comprometido a traerles a sus familias, a brindarles atención médica y psicológica, formación en lengua española y un dinero mensual suficientemente digno durante un período que vence en febrero próximo. Pocas de esas promesas se cumplieron. La mayor asistencia que “los seis” recibieron llegó sobre todo de la solidaridad de organizaciones sociales e individuos aislado. Además, en la mayor parte de los casos sus familias nunca llegaron.
Diyab es, de las casi 800 personas que pasaron por la cárcel estadounidense una de las que más resistencia presentó a sus carceleros, recurriendo al único método de protesta al que podía recurrir: la huelga de hambre. “Nunca lo hice para morir sino para tener la sensación de ser un hombre libre”, explicó al poco tiempo de llegar a Uruguay. En 2014, Diyab inició un juicio a Estados Unidos por la alimentación forzosa a que fue sometido durante su huelga de hambre. Washington no se lo perdona.
La promesa de la reunificación familiar en Montevideo nunca se concretó. Y si se hubiera concretado él no hubiera podido mantener a esposa, hijos y madre. Semiinválido, imposibilitado para trabajar y con un pobre manejo del español, los 500 dólares mensuales que recibe en uno de los países más caros de América Latina le hubieran sido imposibles para ofrecerles una vida digna. Sus cinco ex compañeros de cautiverio acamparon entre abril y mayo de 2015 en las afueras de la embajada estadounidense para reclamar que Washington se hiciera cargo de su sustento y asumiera su responsabilidad por los 12 años de vida que les habían robado. “Es un problema uruguayo”, respondieron los representantes estadounidenses.
En junio pasado, sin avisar a sus allegados y tras pasar parte del mes del ramadán en el norte de Uruguay, Diyab cruzó la frontera seca con Brasil, consiguió dinero para atravesar el enorme país en autobús y, con unos pocos pertrechos y una bolsa de medicamentos, llegó a Venezuela. Pensó ─así se lo habían dicho─ que en Caracas le sería más fácil agenciarse asistencia para acercarse a Turquía, país en el que están instalados su mujer y sus hijos. Durante las semanas en que nada se supo de él, la prensa regional tejió todo tipo de historias sobre el díscolo y errante sirio que podría intentar vincularse a grupos yihadistas para cometer algún atentado durante los Juegos Olímpicos.
Estando detenido en Caracas, nada más enterarse de que sería deportado, Diyab inició una huelga de hambre que prosiguió tras regresar a Montevideo. A comienzos de septiembre dejó de ingerir líquidos durante diez días, lo que le condujo al coma. Reanimado en un hospital, aceptó interrumpir su medida cuando la cancillería uruguaya le prometió que intercedería ante terceros países (incluido Estados Unidos) para encontrarle un nuevo destino.
Tras el fracaso de las gestiones (Qatar, Turquía, Líbano habrían respondido que no lo aceptaban), el sirio retomó, el 3 de octubre, la huelga seca. Dos días después elevó un recurso de habeas data ante la Comisión de Refugiados de Uruguay. Pidió, entre otras cosas, que se le diera copia del acuerdo firmado en Guantánamo entre representantes de los gobiernos de Montevideo y Washington y que la cancillería local le comunicara con precisión qué gestiones estaba llevando a cabo para encontrarle un nuevo país y las respuestas recibidas. Si esas informaciones le eran brindadas, aceptaba levantar la protesta. Algunas le fueron entregadas. No la copia del acuerdo, del que, según Cancillería, “no hay existencia física”.
Durante los mismos días, un integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo solicitó al papa Francisco que intercediera. El prelado argentino habría aceptado. El 22 de octubre, Jihad Diyab cesó su huelga de hambre, 68 días después de haberla comenzado. Había recibido una propuesta para instalarse en un tercer país, que el propio sirio ha mantenido hasta ahora en secreto. Lo único que se sabe es que no le ha llegado como consecuencia de gestiones oficiales sino desde “gente solidaria”, según ha comunicado el entorno del refugiado sirio.
El pasado viernes se conocieron por primera vez declaraciones de la familia de Diyab. Su mujer, Yusra al Hasne, Ahmad, su hijo menor, y un primo de Ahmad que no se identificó, conversaron en Estambul, donde están instalados desde hace dos años, con el semanario uruguayo Brecha y contaron lo que han padecido durante estos 14 años, desde que Jihad fue detenido, en 2002, hasta ahora. La sensación que tienen es que Estados Unidos continúa manejando sus vidas. Que los países de acogida de los ex presos de Guantánamo terminan atados de pies y manos y que pocas cosas pueden controlar. Ignoran por qué no pudieron concretar la reunificación familiar en Montevideo. Siempre hubo impedimentos formales, “casualidades”, “malos entendidos” que lo hicieron imposible.
“Estamos totalmente preparados para el viaje a Uruguay, pero no lo aceptan, no aceptan darnos el visado, desde el principio. Quién lo anula, no lo sabemos. Puede que sea Uruguay, puede que sea Estados Unidos”, dijo uno de ellos. De lo que sí están seguros es que si Estados Unidos hubiera movido un dedo Jihad podría haber encontrado refugio en un tercer país: Qatar, Líbano, Turquía, cualquiera. “¿Hasta cuándo se quedará la pesadilla de Guantánamo en nuestras vidas? Queremos que acabe», concluía Yurna al Hasne.