Noticias Uruguayas 11 noviembre 2014

Los rufianes del FMI//Tony Blair recibió miles de dólares de una petrolera saudita//Imputan a hermana del Rey de España por corrupción//La ‘Casa Blanca’ de Peña Nieto: ¿De donde salió esta mansión de 7 millones de dólares?//Pepsi y Apple cerraron acuerdos secretos con Luxemburgo para evadir impuestos//Ignacio Ramonet: Otro mundo es posible//1,6 millones de catalanes votan por la independencia//México:Termina la marcha de 7 días por los 43 desaparecidos tras violentas protestas//»El Estado actual no le sirve a la sociedad»//El Facebook de Peña Nieto se inunda de comentarios que exigen su dimisión//En Chile, el Estado, sus Instituciones y los sectores dominantes no respetan los derechos humanos //Uruguay:Videos del homenaje a Raúl “Bebe” Sendic en la Argentina//ZUR:¿Hacia la izquierda o hacia dónde?

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URUGUAY

RESPALDO

COFE respalda a funcionarios registrales y convoca a sus filiales a marchar hacia el Ministerio de Economía

La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) expresó su respaldo a la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) que reclaman una partida de 26% para aumentos salariales, establecida en el Presupuesto vigente desde 2011. A la vez convocan a una marcha hacia el Ministerio de Economía y Finanzas.

20 de noviembre de 2014 a las 23:20 hs

 
COFE expresó su respaldo a la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay AFJU.

El Consejo directivo de COFE resolvió manifestar su “respaldo total” al gremio de funcionarios registrales.
Asimismo, COFE resolvió convocar a sus filiales a una marcha junto con el gremio de funcionarios registrales hacia la sede del Ministerio de Economía, la cual se realizará el próximo miércoles, siempre y cuando el Poder Ejecutivo no brinde una solución.
En ese marco, el secretario general de COFE, José López, expresó a Espectador.com que “cada sindicato definirá cuál es la modalidad que entiende conveniente para asegurar una amplia participación, por lo que pueden haber paros parciales”.

El conflicto

La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay decidió este miércoles en asamblea, declararse en conflicto.
Además, determinó que instrumentalizará “nuevas medidas” si antes del miércoles próximo no obtiene respuesta del Ejecutivo respecto al pago de ajustes salariales adeudados desde 2011.
El reclamo se refiere a un ajuste del 26% retroactivo a 2011 ya que en el Presupuesto quinquenal quedaron “enganchados” junto a varios sindicatos y magistrados del Poder Judicial a un aumento otorgado a los ministros para equiparar su sueldo al de los legisladores.
Por su parte, el presidente de la República, José Mujica, aseguró este jueves que la voluntad del gobierno es “cumplir con los ajustes salariales adeudados desde 2011 a los funcionarios judiciales”.

Sin embargo, el máximo mandatario advirtió que no se dejará “intimidar” porque el reclamo se realice en un momento electoral.
Decisión 2014 – ACTUALIDAD

Si los jueces hacen paro, los fiscales acompañarán la medida

Mujica dijo ayer que no se “dejará intimidar” por el momento electoral

+ – 21.11.2014, 05:00 hs Texto:El Observador
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Si los jueces deciden realizar el paro, los fiscales los apoyarán y también es probable que se sumen los restantes gremios de actuarios y funcionarios, dijeron a El Observador integrantes de los cuatro gremios del Poder Judicial. El presidente José Mujica manifestó la intención del gobierno de pagar la deuda pero dijo que se hará “en la medida en que sea posible”.
“Yo no me voy a dejar intimidar por las elecciones pero la voluntad nuestra es cumplir y espero que de la otra parte haya entendimiento. Primero lo tengo que hablar con la Corte de Justicia, porque sería un chiste de mal gusto que se enterara por la prensa”, añadió el mandatario.
“Los problemas de plata se arreglan con plata. Nunca dijimos que no. Pero es tal la madeja de enganches en la historia del país que estamos pormenorizando”, expresó.
El conflicto se arrastra desde 2011 y los jueces tienen a su favor dos sentencias de inconstitucionalidad de leyes aprobadas (en 2011 y 2012) con defectos con las que reclaman un aumento salarial del 26%. Cada uno de los cuatro gremios presentó recursos de inconstitucionalidad que ganó y ahora tramitan el juicio de cobro de pesos. Como el gobierno, ya sabe que perderá esos juicios, quiere encontrar una solución.
El problema es que no está claro a cuánto asciende el monto de la deuda. Mientras que el secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, estimó que la deuda es de US$ 60 millones por año, por lo que llegaría a US$ 240 millones en los cuatro años que lleva el conflicto, un informe del Poder Judicial fija la deuda en la mitad.
Ese informe al que accedió El Observador, elaborado por la División Contaduría del Poder Judicial, estimó la deuda salarial en US$ 30 millones por año. El informe estipuló las retribuciones en los siete escalafones –jueces, defensores públicos, profesionales equiparados, directores generales, especializado, funcionarios– en US$ 2,5 millones mensuales, entre abril de 2011 y julio de 2014.
Esta cifra solo abarca los salarios del Poder Judicial, de todos modos conforman el grupo más grande dentro de los que reclaman, ya que son 4.700 cargos de un total de 6.300 que reclaman. Esa cifra incluye a los 21 ministros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Corte Electoral y Tribunal de Cuentas, los funcionarios del Ministerio Público y Fiscal y los registrales, todos cargos equiparados al Poder Judicial.
El ministro de Trabajo y Seguridad Social, José Bayardi, dijo ayer en Telebuendía que el conflicto es “de difícil solución”, porque no se cuenta con el dinero para hacer frente al pago de la retroactividad.
“Hoy no está el dinero para sacarlo y pagar. No hay ninguna probabilidad de que salga el dinero ahora. En todo caso habrá que acordar una vía racional en la que se pueda hacer frente a eso”, dijo.
Con respecto a la posibilidad de que se decrete la esencialidad del servicio judicial si hay huelga, el ministro aseguró que la Suprema Corte de Justicia se encargará de hacer el pedido si entiende que es necesario y en ese caso desde el ministerio lo analizarían.
Juan Castillo en contra del paro
El vicepresidente del Frente Amplio, y exdirigente sindical del PIT-CNT, Juan Castillo, dijo que no comparte el paro de jueces. En entrevista con el programa Quién es quién, de Diamante FM, dijo que “no están dadas las condiciones para que  el movimiento sindical apoye una demanda de este tipo”, en relación a la propuesta de los magistrados.
“Nunca ocurrió en la historia del Uruguay. Se está innovando. Parece que los jueces no han encontrado momento más oportuno para hacer sentir su reclamo que previo a una campaña electoral”, afirmó.
Agregó que es “dudoso” el momento elegido para amenazar con un paro, previo a las elecciones aunque descartó que lo hagan con un sentido partidario.
Castillo cuestionó también la medida por tratarse de salarios altos. “No estamos hablando de sectores del comercio, seguridad o servicios que ganen 15 mil o 20 mil pesos, estamos hablando de sectores que pasan las tres cifras”, señaló. Y afirmó que hay que buscarle una salida y negociar. “Hay que colocar arriba de la mesa una dosis de raciocinio”, indicó. l

COFE Convocó a una movilización en apoyo a registrales

Gobierno y el Frente la emprenden contra jueces

Sin una salida al conflicto salarial con el Poder Judicial y los registrales, el ministro Bayardi criticó que los organismos afectados no advirtiera el asunto en su momento, y el vice del FA, Juan Castillo, sembró dudas sobre el reclamo de los jueces.
Funcionarios se reunieron el miércoles para evaluar el conflicto. Foto: L.Carreño.
vie nov 21 2014 El País uy
El conflicto salarial con el Poder Judicial y los registrales tiende a agravarse a nueve días del balotaje, y desde el oficialismo ahora se lanzan críticas hacia los organismos implicados por no haber advertido la dificultad derivada de las normas de «enganche» en las remuneraciones, que considerando a todos los sectores afectados, implican un aumento de US$ 60 millones por año en el presupuesto.
El conflicto, que está afectado el funcionamiento del Poder Judicial debido a medidas de los distintos gremios, puede derivar en el primer paro de jueces de la historia. Además, COFE apoyará la movilización que realizarán los funcionarios registrales el miércoles 26.
El ministro de Trabajo, José Bayardi, dijo que «no es entendible» que los responsables de la previsión presupuestal del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas y el Tribunal lo Contencioso Administrativo no hayan advertido, en el marco de sus comparecencias al Parlamento durante la discusión del Presupuesto que entró en vigencia el 1° de enero de 2011, implicaba un aumento salarial en esos organismos cuyos fondos no estaban previstos.
«No puedo creer que no lo hayan visto», dijo Bayardi ayer a El País. El ministro, que entonces se desempeñaba como diputado, cree que lo más factible es que los asesores presupuestales detectaron la situación y «decidieron callarse hasta después de que estuviera promulgada la ley de Presupuesto».
«Debió haber habido alguien que vio lo que iba a pasar y decidió no advertirlo para luego hacer el reclamo. No puedo creer que no lo hayan visto», insistió Bayardi, quien recalcó que era claro que el «espíritu» del Poder Ejecutivo era aumentar los salarios únicamente de los ministros y subsecretarios del Poder Ejecutivo.
Bayardi también admitió que el gobierno debió ser «más claro y específico» en la redacción de la norma para evitar el conflicto. Y dijo que «no hay chance» presupuestal de pagar todo lo adeudado en este período por lo que habrá que «negociar» cuándo se comienza a liquidar con el aumento y también la deuda retroactiva.
En tanto, el presidente José Mujica dijo ayer: «Yo no me voy a dejar intimidar por las elecciones, pero la voluntad nuestra es cumplir y espero que de la otra parte haya entendimiento». «Iremos cumpliendo en la medida que sea posible», añadió el mandatario en entrevista con radio Montecarlo.

«Dudoso».

Por su parte, el vicepresidente del Frente Amplio, Juan Castillo, opinó que es «dudoso» que los jueces «hagan público» su reclamo «a unos días de las elecciones», aunque aclaró que no tiene elementos para afirmar que actúan con intencionalidad política.
«Los jueces no han encontrado momento más oportuno que previo a la campaña electoral para reclamar. No estamos hablando de un sector del comercio que están cobrando salarios de $15.000. Estamos hablando de sectores que pasan a veces las tres cifras de salarios», dijo Castillo en el programa Quién es Quién.
«No creo que estén dadas las condiciones para que el movimiento sindical sea solidario con una demanda de este tipo. Hay que negociar. Lo que estoy seguro es que se busca una salida y hay que colocar una dosis de raciocinio arriba de la mesa», expresó Castillo.

Movilización.

En tanto, el Consejo Ejecutivo de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) decidió ayer acompañar la movilización que prevén llevar a cabo los funcionarios del Registro Civil y de la Dirección General de Registros el próximo miércoles 26, en el marco del conflicto salarial con el Poder Ejecutivo que también involucra a los cuatro gremios del Poder Judicial: jueces, funcionarios, actuarios y defensores de oficio.
«Nosotros nos sentimos parte de este conflicto y como hay filiales nuestras (registrales y funcionarios de fiscalías) que están reclamando algo justo, tenemos que acompañar», dijo a El País el secretario general de COFE, José Lorenzo López.
El sindicalista indicó que por un problema de plazos no fue posible promover un paro y por esa razón se decidió convocar a una movilización para el miércoles 26, día en que prevén manifestarse los funcionarios de los registros públicos.
Ese día, en el horario de la movilización, «seguramente va a haber alguna distorsión» en los servicios públicos, dijo López. «Exigimos al Poder Ejecutivo que cumpla el compromiso que asumió de definir una fecha para comenzar a pagar con el aumento para luego comenzar a negociar todo lo retroactivo», añadió el sindicalista, quien reconoció que es un conflicto «complicado».
Por otro lado, López dijo que COFE no tomó en cuenta la cercanía de la movilización con el balotaje, que se realizará el domingo 30. «Cuando el gobierno pidió flexibilizar las medidas gremiales, los sindicatos que representamos accedieron para intentar buscar una salida. Entonces, esto no tiene nada que con un paro político sino que el tema se está dilatando mucho más de lo previsto», afirmó el dirigente.
El conflicto salarial afecta desde hace más de un mes el funcionamiento del Registro Civil, la Dirección de Registros y las fiscalías, órganos que dependen del Ministerio de Educación y Cultura.
El Poder Judicial también ha visto afectado su funcionamiento debido a medidas gremiales de los actuarios y funcionarios. La Asociación de Magistrados dio plazo hasta el lunes para obtener una respuesta del gobierno, ya que en caso contrario los jueces activarán acciones sindicales que pueden llegar al paro de actividades.
Hoy también evaluarán el conflicto los defensores de oficio del Poder Judicial.

«Impericia» que costará US$ 126:

«Toda esta situación de los enganches de los sueldos de magistrados con ministros, de funcionarios con magistrados, de funcionarios de registros, etcétera, fue consecuencia de la impericia del gobierno», dijo el candidato a vicepresidente por el Partido Nacional, Jorge Larrañaga. Agregó que «todo este lío» que implica a más de 5.600 funcionarios «le va a costar más de US$ 126 millones a todos los uruguayos», según cálculos del economista Alberto Sayagués, asesor del candidato a vicepresidente nacionalista.
Larrañaga, entrevistado el miércoles en el programa Código País de Canal 12, no descartó la posibilidad de que la oposición tome acciones legislativas por este tema, debido a que «es algo importante».
En tanto, el candidato a presidente por el Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, expresó: «Con la impericia, la negligencia, yo he insistido siempre el cumplimiento del artículo 25 de la Constitución, que es que cuando mediara dolo o culpa grave en la acción de gobierno se puede repetir patrimonialmente sobre el jerarca». El presidenciable afirmó que al tratarse de un conflicto generado por una norma presupuestal, el responsable es el Poder Ejecutivo.

Alerta. Sindicato sostiene que la mutualista pierde US$ 1 millón por mes

Por déficit, el gobierno avala que Casa de Galicia despida médicos

Con el aval del gobierno, Casa de Galicia planea despedir, si no se jubilan de forma voluntaria, a 55 médicos que tienen más de 65 años. Los gremios de la salud salieron a denunciar la situación, alertaron corrupción y pidieron la renuncia del gerente.
La mutualista está en crisis y pretende achicar gastos con despidos.
CARLOS TAPIAvie nov 21 2014 El País uy
Casa de Galicia tiene capacidad para más de 100.000 socios, pero cuenta con menos de 60.000, y padece un déficit mensual del 7%, según reconoció a El País el gerente de proyecto y vocero de la mutualista, Rafael Amexis. Este, además, aseguró que la salida de todo el personal médico y no médico de la institución que tenga 65 años o más, es una de noventa medidas aconsejadas por la consultora CPA Ferrere, que servirán para salvar a la mutualista.
La semana pasada hubo una reunión en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) con un representante de esta cartera y otros dos del Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), donde estos le expresaron a un delegado de Casa de Galicia su conformidad con el plan de despedir a los funcionarios a fin de bajar costos. Así lo confirmaron Amexis y el médico de la mutualista y miembro del Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ), Julio Sanguinetti.
Tanto el SAQ como el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) salieron al cruce del plan de Casa de Galicia. El primero advirtió «problemas de gestión», mientras el segundo habló de «corrupción» en la gerencia de la empresa.
«Pedimos la renuncia de las autoridades de Casa de Galicia y de su gerente general (José Manuel Mouriño) por no saber encontrar una salida viable a la situación que enfrenta la mutualista; solo piensan en el despido de los funcionarios», criticó el presidente del SMU, Julio Trostchansky, en declaraciones a El País. E insistió: «pedimos que todas las autoridades se vayan y dejen paso a gente más capaz; queremos que Casa de Galicia sea gobernada por gente que la pueda liberar de la corrupción».
El SMU, además, advirtió que la mutualista también planea bajar los salarios de todos los médicos y no médicos, menores de 65 años, que decidan seguir trabajando. Trostchansky señaló que el sindicato médico que él lidera rechaza estas medidas, y que en caso de que la empresa siga adelante con su plan está dispuesto a pedir una instancia de negociación en la órbita del MTSS.
Sanguinetti, en tanto, sostuvo a El País que Casa de Galicia pretende pagar la mitad de la indemnización a los trabajadores que pretende despedir. «Quieren pagar tres meses en vez de seis como dicta la ley y eso es ilegal», criticó.
Sobre este punto, Amexis manifestó que el pago de «los tres meses es un plan de gratificación para los médicos que tengan la voluntad de jubilarse, desvinculándose de la institución de manera voluntaria». Y añadió: «para los que no quieran vamos a pagar lo que marca la ley. No vamos a salir de la legalidad en este caso».

La crisis.

Desde el SAQ sostienen que Casa de Galicia tiene un déficit de 24 millones de dólares al año y que hoy por hoy está perdiendo un millón de dólares por mes. Amexis se limitó a decir que el déficit es de un 7%, no dio detalles sobre los números redondos, pero sostuvo que «es mucho menos que lo que dice» el sindicato.
De todas formas, el vocero de la institución sí reconoció que la empresa, de la mano del plan ideado por la consultora a quien contrató, busca generar un ahorro de unos 24 millones de pesos al mes (poco menos de un millón de dólares) y que el despido de los médicos de mayor edad le significa 5 millones de pesos menos de gastos mensuales.
«Hay que entender que son solo 55 médicos, cuando en Casa de Galicia hay unos 1.000», insistió Amexis, quien explicó que «son médicos que cumplieron una etapa» y que «es necesario un recambio generacional». Por otra parte, señaló que la empresa tomará más medidas, entre ellas la ampliación de algunas áreas con la esperanza de recibir más usuarios cuando se abra el corralito mutual.
Sanguinetti, que tiene más de 65 años, es uno de los médicos que debería dejar su cargo, denunció falta de lealtad por parte de la empresa. «Estuvimos 2 años sin cobrar en la anterior crisis de Casa de Galicia y ahora nos hacen esto», se quejó.
El representante del SAQ también denunció que el pasado viernes la dirección de Casa de Galicia «les pidió a varios médicos que se tomen desde el lunes los días de licencia que les quedan» y que «esos médicos ya no van a volver a la institución».
La empresa les dará hasta el 1° de diciembre a los mayores de 65 años tiempo para renunciar, si no ese día los despedirá.

«Deberían mejorar ingresos por Fonasa»

El gerente de proyecto de Casa de Galicia, Rafael Amexis, sostuvo a El País que el pago por cápitas establecido por el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), no es suficiente para las mutualistas.
«Este es un reclamo recurrente de todas las instituciones del servicio de salud, que decimos que la cápita no es para tirar manteca al techo. Estas deberían ser ajustadas para mejorar los ingresos que perciben las instituciones desde el Fondo Nacional de Salud (Fonasa). Este es un viejo reclamo que a todas las instituciones se les pasa por la cabeza frecuentemente. Lo que pagan está muy justo para los costos del sistema», sostuvo Amexis.
Sobre la denuncia del Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ) que sostuvo que la situación actual de la mutualista se debe a «endémicos problemas de gestión», el gerente precisó que «no se gastó mal la plata ni se aprovecharon mal los ingresos», sino que la dificultad «estuvo asociada a una población de afiliados diferente al resto del mercado por estar en el norte de Montevideo».

Versiones.

Amexis, por otra parte, señaló que el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) estaba al tanto del plan de la mutualista de jubilar a ciertos funcionarios y que «avaló ese plan» cuando le fue comunicado en una reunión; sin embargo, desde el gremio, sostienen que esto no es verdad y que jamás avaló que se despide, jubile o se bajen los salarios a los funcionarios.
«Eso que dicen es una mentira absoluta. Es parte de esta situación de desconocimiento que tienen las autoridades de la institución y por eso es que estamos autorizando la renuncia; las únicas palabras que dijimos fueron que no aceptábamos ninguna rebaja salarial ni ninguna pérdida laboral y que ellos eran los culpables de la situación que tiene Casa de Galicia», advirtió el presidente del SMU, Julio Trostchansky.

Reconoció abusos contra ex presos políticos

Militar es indagado por “torturas”

ESCUDO PORDER JUDICIAL
La Justicia decidió investigar al militar Asencio Lucero, luego de que reconociera la aplicación de plantones, submarino seco y húmedo, picana y tortura psicológica contra ex presos políticos, durante la dictadura. Se formó una pieza presumarial para analizar sus dichos y dilucidar eventuales responsabilidades penales. Se podría tipificar el delito de “torturas”.
PUBLICADO  en CARAS Y CARETAS

La jueza Penal de 16º Turno, Julia Staricco, dispuso la apertura de una indagatoria penal contra el capitán (r) Asencio Lucero, luego de que el militar reconociera la aplicación de torturas (plantones, submarino seco y húmedo, picana y tortura psicológica) contra los presos políticos, durante la última dictadura.
La magistrada resolvió, a pedido de la fiscal Diana Salvo, que se instruya un expediente presumarial contra el militar, para dilucidar si sus dichos pueden acarrear responsabilidades penales en su contra. En este sentido, de confirmarse la veracidad de sus dichos, el militar podría ser imputado por un delito de “torturas”, una tipificación que aún no fue utilizada en el marco de los procesos por graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
Lucero, ex encargado de Inteligencia (S2) en el Regimiento de Caballería N° 9, declaró el pasado 1º de octubre ante la jueza Staricco y la fiscal adjunta Silvia Nipoli, en el marco de la indagatoria penal por la denuncia colectiva por torturas y delitos sexuales presentada por un grupo de ex presas políticas, en octubre de 2011.
Durante la audiencia, el militar reconoció la aplicación de diversas formas de tortura contra ex presos políticos en las unidades militares, y brindó detalles sobre las mismas, en lo que representa el primer reconocimiento explícito de estas prácticas por parte de un militar. Lucero se refirió a la existencia de plantones, submarino seco y húmedo, picana y tortura psicológica, y admitió que una de las prácticas contra las mujeres era “la desnudez” forzada.
Sin embargo, Lucero intentó minimizar lo que sucedió. “La tortura no era tal como se describe” en la actualidad por los ex presos políticos, dijo. Además, afirmó que eran “desbordes” producto del contexto, aunque no se trató de una práctica aislada. “Era un sistema, nadie daba la orden (…) yo tenía que conseguir información. El Estado estaba involucrado en un problema tan grande que no se controlaba. Los interrogatorios es hacían en equipo de tres personas, normalmente las mismas”, afirmó. Además, dejo en evidencia que había médicos que participaban de la tortura, ya que estos eran quienes daban “la última palabra” para “seguir el interrogatorio”.
Tras conocer las declaraciones del militar, la fiscal Salvo solicitó que se formara una pieza separada para investigar sus dichos, lo que fue aceptado por la jueza Staricco. Esta pieza será remitida a la Fiscalía para analizar eventuales responsabilidades penales y puede derivar en un pedido de procesamiento por el delito de “torturas”, o delitos similares, ya que se trataría de una “confesión” por parte del militar. Sería la primera imputación por “torturas” por los crímenes cometidos por agentes del Estado durante la dictadura.
Empero, esto requiere un estudio global del expediente, ya que la confesión per se no es una prueba suficiente para formular una imputación contra una persona, explicaron fuentes judiciales a Caras y Caretas Portal. La confesión requiere que existan otras medidas probatorias que certifique la veracidad de las mismas, agregaron las fuentes. Por este motivo, se intentará contrastar sus dichos con las declaraciones vertidas por otros militares y ex presos políticos en la causa.

LA VIDRIERA IRRESPETUOSA

EL CLIENTE TIENE LA PALABRA……por Hugo Bruschi en el Año de la Dignidad»……..los que comen todos los días, no pueden entender nuestra política hacia los más necesitados», es el argumento que el Presidente acostumbra, para justificar el asistencialismo y que en muchos casos funciona como casi una culpa para todos aquellos que se atrevan a preguntar, hasta cuando podrá funcionar el mismo. Sin embargo y por más que se empeñen en defender estas políticas clientelistas,la realidad marcará que el rumbo elegido no tiene porvenir. Hasta cuando podrá un pais, asistir a una población indigente que crece día a día?Mientras las coyunturas económicas sean favorables, tal vez podamos seguir adelante. Pero que pasará cuando los tiempos no sean de bonanza? Nadie lo sabe y seguramente se echará mano al endeudamiento que crece y crece cada día y que nos ata a los organismos de crédito. La Vidriera cree que la cosa pasa por combatir la pobreza, crear fuentes de trabajo y dignificar al hombre y la mujer, en lugar de obligarlos a extender la mano suplicante. Estas políticas jamás sacarán a la gente de su pobreza, sino que lo único que alientan es la pasividad y la resignación. El asistencialismo es en sí mismo, una suerte de anestesia social que funciona precisamente para que las víctimas del sistema, se queden en sus casas, bien lejos de los que luchan por un salario y una vida digna. Y esto genera incluso, un enfrentamiento con otros sectores de la Sociedad.Basta mirar la problemática en la enseñanza para comprender estos fenómenos.Las familias carenciadas envían sus hijos a la escuela, porque allí por lo menos, desayunan o almuerzan. El día que los maestros deben hacer paro por sus reclamos salariales o de otra índole, pasan a ser sus enemigos e incluso se les agrede. Todo esto claro está, alentado por Mujica y su mujer quienes le hicieron saber al Pueblo, que los maestros no tienen derecho a aumento alguno, dado que trabajan 4 horas y además consumen en forma irresponsable. «No hay aumento que alcance» dijo la primera dama. Y estos sectores carenciados, son usados también como ejército de votantes. Un ejército que ante la amenaza de un cambio de gobierno, puede llegar a la desesperación y sus actos pueden resultar incontrolables. Esta gente defenderá estas asistencias con uñas y dientes, con una pasión digna de mejores causas. Pero ellos no las conocen,porque nunca les hablaron que la lucha tiene que ser otra. Por una Sociedad en donde la palabra caridad, no exista. Y todo esto es muy peligroso. Y tampoco es casual entonces, el apoyo recibido en los barrios más pobres, así como el apoyo que han recibido hombres procesados por actos de corrupción, sin la más mínima objección a los mismos. La sola insinuación a un cambio de gobierno, los lanza a las calles al apoyo irrestricto del Progreso ajeno, con un fanatismo que comienza a ser preocupante y nos traslada a otros escenarios y otros procesos.Pero estas políticas seguirán adelante, porque se han mostrado exitosas a la hora de las urnas. Para qué entonces erradicar la pobreza? Y estas políticas al igual que la marihuana, funcionan como sedantes que condenan a la gente a la pasividad. Para qué entonces crear fuentes de trabajo que dignifican al hombre y lo hagan sentirse útil? Para qué inducirlo a la toma de conciencia en un encuadre laboral, cuando lo podemos tener como cliente? Estas son las políticas preferidas por los gobiernos socialdemócratas y funcionan como amortiguadores de la lucha de clases y los conflictos sociales. Haciendo la salvedad, que Uruguay está en la esfera de los paises sub-desarrolados,de economías frágiles e inestables. Hasta cuando podremos contener a los pobres, es una pregunta que la Vidriera no puede responder. En cambio sí podemos afirmar, que por el momento los pobres siguen siendo un buen negocio.Cuando escribíamos estos puntos de vista, nos enteramos que en la propaganda con vistas al 30de noviembre, se mencionan en sendos spots publicitarios oficiales, con funcionarios gubernamentales en primera plana, todos los logros en materia de asistencia social. POR LAS DUDAS……..Y PARA QUE NO SE OLVIDEN AL MOMENTO DE VOTAR.

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