Publicado en: 10 octubre, 2015

Noticias Uruguayas 10 octubre 2015

Por Colectivo Noticias Uruguayas

Uruguay: Jorge Zabalza en Acto 8 de Octubre (VIDEOS) // (archivos militares) Alta tensión por Samuel Blixen // PIT-CNT aprobó plan de acción

Cameron justifica ataques con bombas atómicas “en ciertas circunstancias” // “Al perder su hegemonía, EE.UU. intenta parar a Rusia y China y cambiar el orden en América Latina” // “Si hoy existe el Estado Islámico, es porque dejó de existir el Estado de Irak” // Asesinato de John F. Kennedy: jefe de la CIA fue parte de la conspiración // Palestinos e israelíes, en pie de guerra: ¿Qué ha provocado esta nueva ‘intifada’? // Masiva protesta en Bruselas contra las políticas capitalistas // España:Parlamento vasco: «el Pueblo Vasco es un sujeto político con derecho a decidir» // Carmena:se planean acciones contra fondos buitre // Paraguay:Mi vecino, el torturador // Chile:Mapuches concretan primera ocupación de tierras urbanas // Argentina: ¿Cuál es el reclamo de los ex conscriptos que están en Plaza de Mayo? // Uruguay: Jorge Zabalza en Acto 8 de Octubre (VIDEOS) // (archivos militares) Alta tensión por Samuel Blixen // PIT-CNT aprobó plan de acción

 

URUGUAY

DANIEL VIGLIETTI RECIBIÓ EL PREMIO NOEL NICOLA EN CASA DE LAS AMÉRICAS, LA HABANA. EL GALARDÓN SE LE OTORGA A AQUELLAS TROVADORAS Y TROVADORES CUYA OBRA Y CONSECUENCIA CULTURAL HAN DEJADO UNA HUELLA IMBORRABLE EN LOS PUEBLOS LATINOAMERICANOS. DANIEL LO RECIBIÓ DE SILVIO RODRÍGUEZ, SU HERMANO Y AMIGO. – Jorge Zabalza

 

Dossier del Blog el Muerto

Jorge Zabalza en Acto Aniversario por Che y los caídos en Pando – 8 octubre 2015

Habla: Jorge Zabalza
Con la poesía de Miguel Ángel “Cristo” Olivera y la música de Ezequiel Fascioli
Realizado en Local de ADEOM, Canelones 1330
Videos de Pablo Marrero Resonando

Videos: Jorge Zabalza – Acto por el Che y los caídos en Pando-, 08-10-2015 / Montevideo – Uruguay

Estimad@s compañer@s, van los videos del gran acto de ayer por el Che y los caídos en Pando. Solo me faltan subir los videos que están en el celular de William Yohai con la filmación de la poesía de Miguel Ángel “Cristo” Olivera y la música de Ezequiel Fascioli, pues me quedé sin espacio en la tarjeta de memoria de la cámara para continuar con toda la filmación. Ni bien los obtenga los subo al canal y los comparto.

Videos:

Jorge Zabalza – por el Che y los caídos en Pando-, 08-10-2015 (primera parte)

Jorge Zabalza – por el Che y los caídos en Pando-, 08-10-2015 (segunda parte)

Jorge Zabalza – por el Che y los caídos en Pando-, 08-10-2015 (tercera parte)

8 de octubre

por el Che y los caídos en Pando

Habla: Jorge Zabalza

Con la poesía de Miguel Ángel “Cristo” Olivera y la música de Ezequiel Fascioli

Realizado en Local de ADEOM, Canelones 1330

Montevideo – Uruguay

Abrazo

Pablo Marrero


 

 

El archivo incautado

8 de octubre 2015

por Samuel Blixen

No hubo que revolver mucho, el viernes 2, cuando la jueza Beatriz Larrieu, el fiscal Carlos Negro y un grupo de policías especializados iniciaron el allanamiento del domicilio del fallecido coronel Elmar Castiglioni en busca de un archivo militar oculto. Entre las primeras cosas que se encontraron había dos abultadas carpetas grises, a modo de expedientes rotulados a mano. “Fernández Huidobro”, decían con trazos gruesos. Por alguna razón, fácil de imaginar, el ex oficial de inteligencia, ex director del Calen, había recopilado una considerable información sobre el ministro de Defensa Nacional, cuyo contenido, seguramente, fue alimentado con los documentos referidos al ex tupamaro que estaban en el archivo militar incautado en ese allanamiento. Después, en las ocho horas que duró el procedimiento judicial, los magistrados ubicaron decenas de cajas con miles de hojas impresas que corresponden, verosímilmente, al archivo microfilmado del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (Ocoa) cuya versión “depurada” fue ubicada en 2008 por la entonces ministra de Defensa Nacional Azucena Berrutti. A vuelo de pájaro, los magistrados confirmaron que algunos de los documentos incautados eran los originales de las microfilmaciones. Con cierta ingenuidad, la dueña de casa, viuda del coronel, quiso restar importancia al hallazgo. “Mi marido tenía toda la información en su cabeza. Estos papeles no son nada, estuve a punto de quemarlos.”

El coronel Elmar Castiglioni era un hombre temido en las Fuerzas Armadas. El temor se originaba en la voluminosa información que manejaba, secreta o reservada, tanto de la época de la dictadura como de períodos más recientes. Por cuenta de otros, o estimulado por otros, Castiglioni era depositario de un archivo –uno de los tantos de origen militar, aún no ubicados– con material sensible. Pero, además, el temor surgía de la manera en que el coronel hacía uso de esa información, para presionar, para generar situaciones, para operar políticamente, para crear coyunturas en su propio beneficio o del grupo con el que mantenía afinidades, tanto en la organización Foro Libertad y Concordia como en la cárcel de Domingo Arena, donde están recluidos algunos de los más notorios oficiales del Sid y el Ocoa. La existencia de las carpetas con información sobre el ministro de Defensa podría confirmar el montaje de uno de esos operativos políticos. La incógnita se despejará cuando la jueza Larrieu y el fiscal Negro analicen su contenido, pero en todo caso revela que esos “juegos de inteligencia” pueden tener como objetivo a los más altos funcionarios del gobierno.

El rumor, al menos en el ámbito del Ejército, de que el coronel Castiglioni ocultaba información de archivos militares era algo más que una simple presunción. Esos insistentes rumores fluyeron hacia el despacho de la ministra Berrutti, en el momento en que se realizaban las consultas con los mandos superiores para impulsar una reestructura de los servicios de inteligencia del Estado. Básicamente, la idea consistía en reducir de 250 a 100 los efectivos de inteligencia, de los cuales 80 serían profesionales, preferentemente de nivel terciario, tanto militares como civiles, y los 20 restantes personal militar operativo. Para entonces, dos asistentes de Berrutti impulsaban la reestructura, y otros dos habían sido contratados para la tarea de digitalizar los documentos microfilmados que la ministra había ubicado en las dependencias de inteligencia que funcionaban en el antiguo cuartel del Centro General de Instrucción para Oficiales de Reserva (Cgior).

Una de las primeras tareas de esa nueva estructura incipiente fue determinar el grado de veracidad de aquellos rumores que daban cuenta de la ubicación de uno de los archivos escondidos. La doctora Berrutti, consultada el lunes 5 por La Diaria, explicó que una tarea prioritaria de su gestión era ubicar la parte que faltaba del archivo del ex Cgior. Dijo que la información apuntaba a un coronel, pero que ella no sabía quién era. “No era tan fácil”, explicó a La Diaria. Sin embargo confirmó que el contenido de los documentos incautados el viernes 2 “arrojará luz sobre todo el proceso de integración al Plan Cóndor” y sobre las “situaciones que derivaron en la muerte o desaparición de ciudadanos del país”.

Lo que la ex ministra llama “el faltante” de las microfilmaciones es, precisamente, toda la documentación que se refiere a las actuaciones de los militares y los informes sobre los operativos que derivaron en detenciones, muertes y desapariciones. Además de los “huecos” y “saltos” que evidenciaban las microfilmaciones, un indicio de que el archivo había sido “depurado” es precisamente la comprobación de que no hay ningún documento que involucre directamente a los oficiales actuantes o a los superiores que ordenaron dichos operativos.

En el despacho de la ministra se acumularon indicios sobre la identidad del coronel que supuestamente había “robado” lo que faltaba del archivo. Un grupo de oficiales tomó a su cargo el trabajo de contrainteligencia y comenzó a realizar seguimientos al coronel Castiglioni y a montar una vigilancia de su domicilio de la calle Luis Alberto de Herrera. Castiglioni detectó esa vigilancia y realizó una denuncia judicial.

En enero de 2008 estaba todo pronto para realizar un allanamiento, a cargo de dos coroneles. El general Rosales, comandante del Ejército, estaba al tanto del operativo. En esas circunstancias, Azucena Berrutti renunció. “Yo tuve que dejar el ministerio”, dijo Berrutti a La Diaria, sin explicar qué eventos la obligaron a tomar esa medida imprevista. “Hay un hecho, me fui y la cosa se paró, no pasó más nada”, agregó. Indicó que “para saber cuáles son las razones habría que preguntar a las personas. Incluso al actual ministro. ¿Por qué no hace nada? Porque si él hubiera querido, para él hubiera sido, pienso yo, muy sencillo. A lo mejor hay razones importantes que uno no conoce”.

Azucena Berrutti fue sustituida por el entonces subsecretario, José Bayardi. En el despacho ministerial, como confirma la ex ministra, el operativo de contrainteligencia estaba a la espera de una decisión. Bayardi optó por congelar el episodio, con lo que de alguna manera quedaron en evidencia los coroneles responsables de la investigación. “Eran oficiales de alta graduación que se involucraron en la defensa de la institucionalidad, de los derechos humanos y de la verdad”, comentó una fuente a Brecha, quien aventura que Bayardi debe de haber manejado razones políticas para tomar esa decisión. Sin embargo, Bayardi desmintió a Brecha, en enero pasado, cuando en un informe que dio cuenta de ese trabajo de ubicación del archivo se consignaba la negativa del entonces ministro a autorizar el allanamiento. El ex ministro afirmó, en una carta dirigida a este semanario,1 que nunca tuvo conocimiento de un expediente de contrainteligencia, afirmación que contiene una porción de verdad, porque no había un expediente, aunque sí había sido debidamente informado de la situación, que prefirió ignorar. Berrutti, por su parte, lo confirma al señalar que habría que preguntar el porqué a los que vinieron después de ella. Un último intento de defender la actuación del ex ministro de la Vertiente Artiguista estuvo a cargo del ex senador Enrique Rubio, quien, después del allanamiento, escribió en Twitter: “La verdad que si no aportan algo probatorio distinto a lo afirmado por Bayardi, otro gallo cantará ¡y no va a gustar!”, lo que parece una amenaza en la dirección de Berrutti.

Bayardi no sólo detuvo ese operativo; también congeló la reestructura de la inteligencia del Estado y se abstuvo de recontratar a aquellos civiles que estaban realizando el trabajo de digitalización de las microfilmaciones, cuando el paso siguiente era comenzar a analizar la documentación y establecer las relaciones y vínculos que permitirían obtener nueva información. Esa tarea no fue realizada hasta el momento.

Este intrincado y desconcertante proceso tuvo, siete años después, un resultado inesperado. Fue la justicia la que decidió allanar el domicilio del coronel Castiglioni, acción que evitaron cuatro ministros de Defensa. El disparador fue el fallecimiento del coronel de 61 años. Quienes sabían –y eran muchos, civiles y militares– de los indicios que apuntaban a Castiglioni, se preguntaron qué pasaría ahora con toda esa documentación que quedaba huérfana de custodio. En esas circunstancias, semanas después del fallecimiento, el actual secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Cultura, Javier Miranda, elevó a la jueza Beatriz Larrieu un escrito en el que denunciaba que documentación oculta en poder del coronel Castiglioni podía contener información sobre la detención, tortura y asesinato de su padre, el escribano Fernando Miranda, cuyos restos fueron ubicados en diciembre de 2005 en los predios del Batallón 13 de Infantería. Aunque la jueza aún tenía pendiente la firma del secretario Miranda ratificando anteriores declaraciones aportadas en su calidad de testigo, se incorporó el escrito al expediente y se dio curso al allanamiento.

La incautación de las decenas de cajas con material militar secreto supone un gran salto en la búsqueda de documentación que permita avanzar en el esclarecimiento de los asesinatos y las torturas. Una prueba del valor de la documentación incautada es la descacharrante crónica publicada por El Observador, con base en declaraciones de varios ex oficiales, cuyo objetivo es minimizar la importancia de los documentos (“es muy poco probable que la información requisada tenga datos relevantes que contribuyan a averiguar el destino de los desaparecidos durante la dictadura militar”) o desviar la atención (“lo que sí quedó en esa repartición, y hoy está provocando cierta preocupación, son los nombres de los informantes, algunos de los cuales son personas allegadas a la izquierda, cuya tarea, en ciertos casos, no terminó con el fin de la dictadura sino que continúa hasta el presente”).

Hay, por un lado, una confesión patente en esos ex oficiales: ¿cómo saben lo que hay o no en esos documentos, a menos que ellos también los tengan o los hayan visto? Y además, un invento disparatado: la documentación sobre los informantes había sido incautada antes, en las microfilmaciones. En la Secretaría del Pasado Reciente se puso a recaudo un rollo, el rollo número 8, que rezaba, precisamente: “Informantes”.

1.     Cabe aclarar que la carta que Bayardi asegura haber enviado vía mail a Brecha para ser publicada nunca llegó a la redacción ni a la dirección de correo electrónico del director. Es política del semanario publicar siempre las respuestas enviadas por personas aludidas en nuestras notas. Este caso no sería la excepción, y por tanto queremos dejar en claro que si no publicamos el texto en su momento fue porque jamás supimos de su existencia.


Bayardi  congeló los archivos

Publicado por el Blog El Muerto

Procesamiento y clasificación de documentos

Historiadores analizarán el “archivo Castiglioni”

Documentos incautados en el domicilio del militar serán analizados por dos historiadores de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, en coordinación con integrantes del Poder Judicial.

Caras y Caretas – oct 9 , 2015
La jueza Penal de 7º Turno, Beatriz Larrieu, dispuso este viernes que los documentos incautados en el domicilio del coronel (r) Elmar Castiglioni, ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado, sean procesados y clasificados por expertos en la materia, de forma de dilucidar la utilidad de los mismos en materia de investigación de causas relativas a violación de derechos humanos durante la última dictadura.
El allanamiento en el domicilio de Castiglioni (hoy fallecido) se efectuó el viernes 2 de octubre, entre las 9:30 y las 14:00 horas, en el marco de la indagatoria penal por el homicidio del escribano Fernando Miranda, cuyos restos fueron hallados en diciembre de 2005, el Batallón de Infantería Nº 13. El procedimiento contó con la participación de la jueza Larrieu, el fiscal Carlos Negro, la abogada Rossana Gavazzo, en representación de la familia Castiglioni, así como de personal policial y de un perito experto en el análisis de documentos.
Las autoridades procedieron a incautar unas 60 cajas con documentos, cuyo valor histórico aún se desconoce, aunque se estima que puede contener algunos cuyo contenido sea “relevante” para dilucidar los hechos ocurridos durante la dictadura. En este marco, “estando la documentación incautada por este Juzgado en las presentes actuaciones presumariales, se dispondrá que dicho análisis sea llevado a cabo por técnicos en la materia, quienes actuarán bajo la más estricta reserva, en calidad de peritos a disposición de estos obrados y con informes periódicos a la sede”, señala la resolución a la que accedió Caras y Caretas Portal.
En este sentido, la jueza dispuso que se proceda al “procesamiento, clasificación y análisis de la documentación incautada”, de forma de “relevar aquella documentación que sea útil a las investigaciones de violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante el período dictatorial en nuestro país, que se siguen en ésta o en cualquier otra sede judicial”, según la resolución.
Para realizar esta tarea, la jueza designó al Archivo Judicial Proveniente de la Justicia Militar (Ajprojumi) del Poder Judicial. Asimismo, se solicitó a la Secretaria de la Presidencia de la República que se disponga la participación de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente “en dicha tarea”, mediante la designación de dos historiadores para el análisis de la documentos. Estos “actuarán en coordinación con Ajprojumi, a disposición de esta sede judicial y bajo la más estricta reserva”, estableció la jueza.
De esta forma, la magistrada dispuso que Ajprojumi “deberá elaborar, en coordinación con los peritos de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, un plan de trabajo que presentará ante la sede, así como informes periódicos de los resultados obtenidos”, y se solicitó a la Secretaria que los nombres de los peritos designados sean presentados “a la brevedad” ante la Sede.

Fabio María Galiani, abogado de Uruguay en el juicio en Italia por la Operación Cóndor, durante la “Cátedra magisterial sobre el seguimiento del Plan Cóndor”, ayer, en el Palacio Legislativo.

 


Más vale tarde

Abogado uruguayo en juicio en Italia por Plan Cóndor reclamó adaptación del orden jurídico interno al Estatuto de Roma.

Fabio María Galiani es el abogado que representa a Uruguay en la causa en Roma por el Plan Cóndor. También representa al Colegio de Abogados de la capital italiana ante la Corte Penal Internacional. En el marco de una actividad organizada por la organización Parlamentarios para la Acción Global y la presidencia de la Cámara de Representantes por los 30 años de democracia en Uruguay, ayer Galiani ofreció una “Cátedra magisterial sobre el seguimiento del Plan Cóndor” en el Parlamento uruguayo. Resumió que el juicio en Roma busca demostrar la coordinación de la represión, y recordó que comenzó en los años 80, principalmente ligado a la nacionalidad italiana de muchas de las víctimas del terrorismo de Estado de las dictaduras sudamericanas de esos años. En un principio los indagados fueron 140, y actualmente el juicio está pendiente contra 16 uruguayos, 11 chilenos, cuatro peruanos y dos bolivianos.
Galiani señaló que los casos de Argentina, Brasil y Paraguay fueron separados de la causa principal por “defectos” en la cooperación de autoridades judiciales de esos países. Por ejemplo, el viernes de la semana que viene se realizará la audiencia específica sobre el caso brasileño.
El abogado también se refirió al caso del militar retirado Jorge Tróccoli, del que dijo que “se escapó” a Italia mientras era juzgado en Uruguay. Ante esa situación, Uruguay solicitó su extradición, pero Italia la negó, basándose en un acuerdo entre ambos países, que data de fines del siglo XIX y que prohíbe la extradición de personas entre ambos países. El acuerdo también obliga a que ante una solicitud de extradición, el país en el que se encuentra la persona en cuestión debe iniciar un proceso judicial contra ella. El abogado remarcó que “juzgar” no implica abrir un proceso penal y dejarlo abierto “por décadas”, ni desarrollarlo en forma “superficial”.
Explicó que Uruguay pidió la extradición de Tróccoli por crímenes contra la humanidad y desaparición de personas, pero fue tomado por la Justicia italiana como homicidio y secuestro, porque en ese país la tortura y los crímenes contra la humanidad no son considerados delitos. El abogado dijo en forma irónica que Tróccoli declaró: “No hice nada malo, sólo torturé”. Además, destacó la actitud del Estado uruguayo, que intervino en la causa como parte civil, gesto que interpretó como un intento de acercamiento a las familias de las víctimas y, a la vez, como una forma de deslindarse de lo ocurrido durante el terrorismo de Estado. Galiani destacó que también se constituyeron como parte el Frente Amplio y la presidencia del Consejo de Ministros.
Agregó que hay más de 20.000 páginas de documentos presentados por organismos del Estado, principalmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente y la Institución Nacional de Derechos Humanos, pero también por organizaciones de familiares de víctimas y particulares.
El abogado también llamó a priorizar “la adaptación” del orden jurídico interno uruguayo al Estatuto de la Corte Penal Internacional, también conocido como Estatuto de Roma. “Las tragedias y los actos deshumanos deben ser llamados por su nombre y no impresos falsamente en la historia y en las actas de los procesos como hechos distintos y de menor gravedad”, reclamó.
Uruguay incorporó en 2002 el Estatuto de Roma a su legislación interna y aprobó enmiendas y acuerdos adicionales posteriores, referidos al mismo estatuto, pero esa incorporación no siempre se toma en consideración en los fallos judiciales.


 

La lucha por el presupuesto y la privatización de la educación

por Brisa De Giacomi
viernes, 9 de octubre de 2015

En medio de un conflicto por la educación que ha ido escalando, y que incluyó multitudinarias marchas, tomas y represión policial, el Congreso uruguayo discute el presupuesto quinquenal que tiene en el centro del debate la partida destinada a la educación. Todo indica que no se logrará el 6% del PBI que reclaman docentes y estudiantes.

Desde hace más de dos meses, Uruguay está movilizado por la discusión del presupuesto quinquenal, el cual tiene como principal punto de debate el financiamiento destinado para la educación. Esto ha llevado a diversas movilizaciones de los gremios docentes -tanto del nivel primario, secundario y terciario- y de estudiantes, con apoyo de la central sindical PIT-CNT, lo cual generó diversas reacciones del Gobierno, que lejos está de promover la negociación como medio para alcanzar acuerdos.

A pesar de que se sabía que la lucha presupuestal en la educación iba a ser un punto de tensión para el gobierno -en la campaña el presidente Tabaré Vázquez aseguró que se dedicaría el 6% del PBI a la educación y ahora apenas propone el 4,7% para 2017-, el Poder Ejecutivo recién presentó su propuesta a mediados de agosto, imposibilitando negociar con tiempo y tranquilidad. A la vez, han centrado su accionar en la represión de la movilización en lugar de priorizar espacios de intercambio.

Manipulación discursiva en relación a las demandas

Las demandas presentadas por docentes y estudiantes son amplias y trascienden el aspecto salarial. Que desde los medios sólo se destaquen las demandas salariales tiene un sentido de realidad, ya que los salarios consumen gran parte del presupuesto de la educación, pero a su vez tiene un sentido estratégico al presentar el problema como un conflicto de intereses que atañe a los docentes como trabajadores y no a la educación en general.

Es así como una de las estrategias que ha utilizado el gobierno para contrarrestar el conflicto es presentar a los docentes como irresponsables que priorizan sus demandas corporativas a las necesidades colectivas, quitándoles horas de clase a niños y adolescente.

Pero al especificar el salario docente no sólo se omiten las horas de planificación, salidas comunitarias, etc, que se trabajan y no se pagan, sino que al comparar los salarios docentes con los de otros países, los resultados no son muy alentadores. Según datos de la encuestas Pisa 2012, un docente de educación media gana en promedio el 123% del PBI per cápita, mientras que en Uruguay dicho guarismo es de un 78%.
Los salarios de los profesores en relación con el PBI ubican al país en el puesto 47 de los 53 países relevados.

Una demanda que ha pasado desapercibida es la mejora en infraestructura, que responde al diagnóstico de la existencia de muchos centros que no cubren las condiciones mínimas de estudio y trabajo, siendo edificios inadecuados y en mal estado; a la vez que los grupos superpoblados son muestra de la necesidad de construir nuevos centros educativos que permitan una mejor atención a los estudiantes.

Otro punto central de las demandas es la necesidad de aumentar el personal docente y no docente y la creación de nuevos cargos, como ser el aumento y mejora de los equipos multidisciplinarios que permitan atender las diversas necesidades que presenta actualmente el sistema educativo.

Finalmente, se reclama el trabajo conjunto de los diferentes entes relacionados con la educación para pensar mejoras en el sistema educativo que permitan resolver problemas vinculados a la cuestionada calidad académica y desigualdad educativa, que se expresan en una alta deserción estudiantil, principalmente en secundaria y en zonas de bajos ingresos, acompañado de una pérdida de confianza en el sistema educativo público.

En estos momentos, el presupuesto quinquenal está en debate en el Parlamento. Una lectura primaria de los distintos proyectos y su comparación dice que en los próximos dos años (2016-2017), lo que el Gobierno entiende por “gasto educativo” pasará del 4,51% del PBI en este 2015 a un 4,7% en 2017; es decir, muy lejos el 6% del PBI que reclama la comunidad educativa. Es claro, entonces, que una gran parte de las demandas docentes quedarán por el camino, en particular la creación de cargos y la construcción de nuevos edificios.

Del decreto de esencialidad al desalojo represivo del Codicen

Ante la ola de huelgas docentes y marchas, el 26 de agosto se decretó la “esencialidad” para los servicios educativos de todos los niveles. Es decir, que los docentes debían deponer el paro y acudir a dar clase “por decreto”, algo que no sucedía desde el retorno a la democracia. Este hecho no sólo interrumpió las negociaciones que venían realizándose entre los sindicatos educativos y el gobierno, sino que dividió al sistema político entre quienes apoyaron la medida y quienes la rechazaron, a la vez que impulsó una de las marchas en defensa de la educación pública más multitudinarias en el país en los últimos años.

Luego de cinco días, y debido a la presión tanto sindical como política, el decreto de esencialidad fue levantado, pero dejó como secuela un ámbito de negociación fracturado caracterizado por la desconfianza entre los diversos actores que venían participando del mismo.
Casi un mes después, el 22 de setiembre, la policía desalojó violentamente a estudiantes secundarios que mantenía ocupada la sede del Consejo Directivo Central (Codicen). Estudiantes, docentes y grupos sindicales que estaban esa noche custodiando la entrada al Codicen denunciaron el uso de fuerza desmedido.

Este hecho derivó en el procesamiento sin prisión de hasta hoy nueve personas, entre ellas diversos dirigentes sindicales, quienes denuncian arrestos irregulares que se realizaron sin orden judicial y por policías vestidos de civil.

Ambos hechos generaron el rechazo de los diferentes sindicatos de la educación y del PIT-CNT, quienes denunciaron la judicialización y criminalización de la protesta. El desalojo del Codicen desvío el tema central de debate en relación al presupuesto.

¿Y ahora qué?

El presupuesto finalmente se va a aprobar y todo indica que no será alcanzando el 6% reclamado para la educación. El conflicto deja un espacio de negociación totalmente fracturado, con un Gobierno que elije enfrentarse a los sindicatos en lugar de buscar acuerdos, lo cual demostró desde el inicio con el nombramiento de María Julia Muñoz como titular del Ministerio de Educación y Cultura con el objetivo de “lidiar” con los “gremios complicados”. Y un conglomerado de sindicatos con un conjunto de demandas que aún no alcanzan un nivel de agregación y que tienden a establecerse más en términos de negación que prepositivos.

Es así que frente a un sistema educativo que demuestra graves falencias, expresadas en los altos guarismo de deserción estudiantil así como de repetición, baja calidad académica y desvalorización del sistema educativo público, el gobierno responde responsabilizando de todas las fallas a los docentes, degradando su función y proponiendo una gestión por resultados centrada en la medición de la productividad.

A la vez que desvaloriza al sistema público de educación impulsando medidas que tienden a la privatización de la enseñanza, ampliando las posibilidades para que las empresas educativas privadas participen del presupuesto estatal y ampliando la cobertura de las mismas, por ejemplo, implementando el sistema de vouchers que anunció el presidente. Se perciben así un conjunto de medidas desagregadas que parecerían tender más a la desarticulación de la educación pública que a buscar soluciones para sus problemas.

Del otro lado, un conjunto de sindicatos que a pesar de presentar diversas demandas no parecen tener propuestas concretas para revertir la desvalorización del sistema educativo, o al menos no parecen ser eficientes en difundir sus demandas en términos generales más allá del aspecto salarial, para que los demás actores de la comunidad educativa, – padres, estudiantes, vecinos, etc- sean partícipes en la construcción de las mismas.

Brisa De Giacomi

Publicado por Refundación Comunista de Uruguay


 

LA VIDRIERA IRRESPETUOSA

Adivina, adivinador, quien será el ganador?
por Hugo Bruschi en el Año contra la Impunidad

Las últimas noticias en materia de archivos que piden salir a la superficie, viene despertando curiosidad en la población ansiosa de saber quien se hará acreedor al “EL ORTIBA DE ORO”. Se trata de un merecido galardón que la imaginación popular piensa otorgar a quien reuna los méritos suficientes, entre tantos postulantes al cetro. Y en esos archivos están esos antecedentes. De ahí la espectativa.

La tarea no será sencilla, se habla de 60 cajas debidamente guardadas por un ciudadano recientemente fallecido, que nos privó durante muchos años de conocer el nombre o los nombres, de quienes trabajando desde el anonimato, hicieron méritos más que suficientes para hacerse del galardón. La justicia tarda pero llega, suelen decir por ahí….y si así fuera, al final conoceremos el nombre de los aspirantes. Sólo deberemos confiar, en que quienes tengan la delicada tarea de desenpolvar los datos, lo proporcionen. De lo contrario todo quedará librado al campo de las especulaciones y rumores no siempre cercanos a la realidad. Pero sean cuales fueran los resultados de esas lecturas, el Pueblo ya tiene su candidato y es bueno que lo vayan sabiendo. El Pueblo tiene olfato, oido y vé más allá de los archivos. Y más acá también, dado que si en esos archivos se encuentra el pasado del candidato, el Pueblo analiza el presente que no es menos importante. El ganador tendrá que ser un ortiba de antes y después. Qué valor podría tener una ortibeada de hace 40 años, si no es consecuente? Qué le podría importar a los jóvenes un ortiba jubilado?

Hubo un tiempo en este país, en donde el ortiba no estaba bien visto y su tarea era condenada. Por suerte esos tiempos han quedado atrás, como recuerdo de una época donde reinaba la intolerancia. Hoy día esa función está incorporada a la actividad pública y remunerada como corresponde. Qué sería de la tarea policial sin el ortiba correspondiente?

Por todas estas reflexiones, recomendamos al jurado tener en cuenta pasado y presente. A buen ortibador pocas palabras bastan………Como quiera que sea y al margen del resultado, el Pueblo coronará a su ortibador como corresponde. Si Ud. conoce a un ortiba por insignificante que parezca, no dude en enviar su foja de servicio al jurado, todavía está a tiempo. Por aquello de que “nunca es tarde cuando la ortibeada es buena”.

Vivimos en democracia y entre sus virtudes tenemos aquella de que todos tenemos las mismas oportunidades y garantías, y que además todos seremos iguales ante la ley. Por ello será de capital importancia, que los aspirantes puedan competir en igualdad de condiciones y de este modo “EL ORTIBA DE ORO” estará en buenas manos….

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