Publicado en: 10 mayo, 2017

Noticias Uruguayas 10 mayo 2017

Por Colectivo Noticias Uruguayas

Uruguay: Profesores de Secundaria realizarán paros zonales del 30 de mayo al 1º de junio // Estudiantes ocupan sede de Magisterio

La historia se repite: ¿Invadirá EEUU a Venezuela? // Gobierno de Venezuela revela planes de la oposición para atacar base aérea y Guardia Nacional // Presidente Maduro: “Hemos actuado con toda prudencia porque están buscando una matazón en Venezuela” // Papa Francisco afirma que una parte de la oposición no quiere el diálogo // Rusia celebra el Día de la Victoria en más de 400 ciudades y pueblos de Rusia // El gran desfile militar del Día de la Victoria en el corazón de Rusia (VIDEO, FOTOS) // El Regimiento Inmortal desfila por el centro de Moscú // Chile: Estudiantes marchan por el #FinALaDeuda y advierten a Bachelet que aún puede “enmendar su rumbo” – 250 mil manifestantes a nivel nacional // Estudiante herido de gravedad por represión // Uruguay: Profesores de Secundaria realizarán paros zonales del 30 de mayo al 1º de junio // Estudiantes ocupan sede de Magisterio

URUGUAY

Profesores de Secundaria realizarán paros zonales del 30 de mayo al 1º de junio por mayor presupuesto

La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (FENAPES) realizará paros zonales entre el 30 de mayo y el 1° de junio, en reclamo de mayor presupuesto, en el marco de la discusión de la próxima Rendición de Cuentas.

FENAPES II

La Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU) informó, en conferencia de prensa, su plataforma reivindicativa en el marco de la discusión presupuestal.
En tal sentido, la CSEU reclama la convocatoria a los ámbitos de negociación, e insiste en la necesidad de otorgar un mayor presupuesto para la educación.
Reclaman nuevos cargos docentes, administrativos y de servicio, y también mejoras en la infraestructura de los locales de estudio.
El dirigente de la FENAPES, José Olivera, se refirió a la importancia de que el Gobierno “cumpla con el compromiso de otorgar el 6% de Producto Bruto Interno (PBI) para la educación”, a lo cual -dijo- “hay que agregarle un 1% del PBI destinado a investigación y desarrollo”.
“Si se toma en cuenta el aumento presupuestal de los dos últimos años, la aguja se ha movido muy poco, en un 0,4% en el mejor de los casos de aumento del PBI, por tanto cumplir con este compromiso implicará que desde el 2018 al 2020 el Ejecutivo tenga que hacer un esfuerzo importante”, dijo Olivera a Subrayado.
Asimismo, los sindicatos de la enseñanza reclaman incrementos en los salarios básicos.
A raíz de que el ingreso promedio de ANEP es de 26.200 pesos nominales, el reclamo es llevarlo a 36.000 pesos para docentes grado 1 y administrativos con 20 y 40 horas semanales de trabajo.

Paro de docentes

Por su parte, la FENAPES estableció realizar paros regionales de actividades, los días 30 y 31 de mayo y 1º de junio.
Sin embargo, la CSEU no convoca a tomar medidas de lucha. En tal sentido, la secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM), Elbia Pereira, aclaró -en declaraciones a Montevideo Portal- que los paros zonales abarcan exclusivamente a FENAPES y no a los restantes sindicatos que integran la CSEU.


El edificio de los Institutos Normales de Formación, ubicados en Montevideo, fueron ocupados en la mañana de ayer “por tiempo indeterminado” por los estudiantes del Centro de Estudiantes de Primera Infancia (CEPI) y del Centro de Estudiantes de Magisterio (CEM).
Estos reclaman el 6% del PIB (Producto Interno Bruto) para la educación pública y más cantidad de becas para estudiantes de la carrera de maestro de Primera Infancia.
Su plataforma reivindicativa también incluye la asignación de más docentes en todos los grados, ya que este año más de 900 personas no pudieron inscribirse debido a los cupos insuficientes y porque no hay lugares de práctica para aquellos que cursan el tercer año de la carrera.

Estudiantes de magisterio ocuparon centro por carencias en carrera de primera infancia

La ocupación, que comenzó ayer a las 8.00, está enmarcada en el conflicto del Centro de Estudiantes de Primera Infancia (CEPI), una carrera que comenzó a cursarse en 2013- 2014. Comenzó siendo una tecnicatura de dos años, con el título de Asistente Técnico en Primera Infancia, pero en 2015 se aprobó la continuación de la carrera a cuatro años, con el título de Maestro en Primera Infancia. La ocupación también cuenta con el respaldo por el Centro de Estudiantes de Magisterio.
Uno de los reclamos que los estudiantes consideran más urgentes consiste en que todavía no comenzaron las clases ni las prácticas docentes de la generación que está en tercer año. Si bien está en marcha un concurso para designar a los docentes de las materias que faltan, las carpetas no han sido analizadas todavía, y el proceso sigue en curso, por lo que no han sido designados los docentes. Tampoco fueron establecidos los centros educativos en donde los estudiantes harán las prácticas, tres veces por semana.
En su plataforma reivindicativa, el CEPI cuestiona también la cantidad de cupos para cursar la carrera (hay entre 300 y 400 en todo el país), lo que implicó, aseguran en su comunicado, que 900 personas quedaran fuera de la carrera, y también consideran insuficientes las becas que se otorgan a los estudiantes. Por otra parte, señalan que, más allá de la situación que viven los estudiantes de tercer año, “faltan docentes en todos los grados de la carrera”, y reclaman que se cuente con el 6% del Producto Interno Bruto para la educación.
En la tarde de ayer los estudiantes recibieron una nota del Consejo de Formación en Educación (CFE), que anoche fue analizada en asamblea y que ofrece la instalación de un ámbito de diálogo. Camila Amaro, referente del CEPI, explicó a la diaria que aunque la nota del CFE “no resuelve las cosas que estamos planteando”, van a proponer concretar la instancia de diálogo “con día y hora confirmados”, y hoy volverán analizar en asamblea si continúan con la medida “de acuerdo a lo que responde” el CFE.

De: Asociación Amigas y Amigos del Museo de la Memoria <amigosmume1@gmail.com>
Fecha: 9 de mayo de 2017, 5:42
Asunto: Recibimos y difundimos: Memoria de violencias en el Zorrilla

Recibimos y difundimos:
MEMORIA DE VIOLENCIAS EN EL ZORRILLA
Por iniciativa de estudiantes, docentes y trabajadores no docentes se realizará un acto de reconocimiento a todas las personas que sufrieron la represión y violencia de Estado y hayan integrado alguna generación del Liceo Juan Zorrilla de San Martín, Nº4 de la ciudad de Montevideo,
En el mismo se colocará una placa que dice:
EN HOMENAJE AL COMPROMISO DE LOS Y LAS ESTUDIANTES, DOCENTES Y
FUNCIONARIOS DEL ZORRILLA VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DE ESTADO

NUNCA MÁS DICTADURA
G.E.Z.   A.T.E.S.   FE.NA.PES.   P.I.T.- C.N.T.
Resulta oportuno aprovechar esta acción para abrir una ventana de aproximación a la magnitud y variedad de formas que tuvo la transformación de Uruguay en un estado terrorista.
Para esa finalidad creemos pertinente convocar a personas que hayan transitado el liceo Zorrilla como estudiantes, docentes o funcionarias y que, durante los años sesenta, setenta y ochenta hayan sufrido alguna forma de violencia institucional.
Pensamos necesario abarcar desde las aparentemente inocuas formas de sanción administrativa hasta aquellas situaciones que privaron de la vida a personas.
Quienes fuimos parte de esas generaciones tenemos impresa en nuestra memoria la experiencia de la violencia de Estado como un continuo, que llega a su mayor potencial de daño como consecuencia del acostumbramiento colectivo a progresivas limitaciones de libertades y derechos, abusos del poder, y la sustitución de la deliberación democrática ciudadana por la violencia y el terror.
En esta ocasión queremos compartir esa conciencia nuestra y por ello convocamos a que todos y todas quienes se sientan representados en alguna experiencia de violencia estatal y haya concurrido al liceo Zorrilla en los años referidos, haga llegar su nombre y la circunstancia que le tocó enfrentar.
En particular apelamos a los familiares y amigos de aquellos compañeros asesinados o detenidos desaparecidos nos hagan llegar sus nombres y datos particulares.
El acto será el el día 19 de mayo a la hora 13 en el liceo Zorrilla.
Desde ya muchas gracias

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos
Nicaragua 1332 apto. 205, CP 11.800 – Montevideo, Uruguay
Tel./Fax: +598 2 929 16 25
www.desaparecidos.org.uy
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20 de Mayo 2017
22° Marcha del Silencio
“Impunidad.
Responsabilidad del Estado.
Ayer y Hoy.”
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DIVULGADO POR NESTOR DURANTE

 


Jorge Tiscornia (d) asiste a la comisión investidadora de actividades de inteligencia del Estado, ayer, en el edificio anexo del Palacio Legislativo. Foto: Andrés Cuenca

Jorge Tiscornia (d) asiste a la comisión investidadora de actividades de inteligencia del Estado, ayer, en el edificio anexo del Palacio Legislativo. Foto: Andrés Cuenca

Documentos de archivos confirman espionaje en democracia

La comisión que investiga los “posibles actos de inteligencia de Estado” desde 1985 a la fecha recibió ayer a Jorge Tiscornia y María del Carmen Martínez, dos de las personas que fueron designadas para la digitalización del “archivo Berrutti”, encontrado en 2007, durante la gestión de Azucena Berrutti como ministra de Defensa Nacional, en una dependencia de su cartera.
El diputado comunista Gerardo Núñez aseguró que, sin haber hecho un análisis “demasiado profundo” de la información, “se puede asegurar que el espionaje en democracia es abundante”, y que este archivo, sumando los documentos hallados en la casa del coronel (r) Elmar Castiglioni, abarca desde 1985 hasta 2002. El espionaje, aseguró, estaba focalizado en partidos políticos y “fundamentalmente en partidos de izquierda”, como el Movimiento de Participación Popular, el Partido por la Victoria del Pueblo y el Partido Comunista del Uruguay.
Según Núñez, las tareas de espionaje “dependían directamente de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas al más alto nivel”. “Cuando se comienza a hacer la microfilmación de los archivos, fue autorizada por militares de rangos en algunos casos muy importantes, como [el general] Pedro Barneix. No digo que cuando se autorizó esto estuviera él al frente de las operaciones, pero seguramente conocía este tipo de prácticas porque era uno de los que autorizaban la microfilmación”, sostuvo.
El diputado dijo que se está pensando en que todos los insumos de esta investigadora puedan ser utilizados por la comisión especial que legislará sobre los servicios de inteligencia, en particular para el caso de los militares. “Faltó control de los servicios de inteligencia, sobre todo de los militares”, aseguró.
En tanto, el diputado del Partido Independiente Iván Posada dijo que los contenidos de la documentación no le sorprenden, en la medida en que “los relatos de lo que decían los archivos” incluían ese tipo de información. “El espionaje en democracia me parece fuera de discusión, y ahora hay que establecer las responsabilidades”, dijo.
Entre los próximos convocados a la comisión estarán todas las autoridades del Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa Nacional desde 1985 hasta la fecha, que deberán responder si tenían conocimiento de estas actividades de espionaje. Además, el diputado independiente dijo que posiblemente el paso siguiente sea citar a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas durante este período. “Hay por delante un arduo trabajo”, resumió.

El legislador nacionalista explicó que las municiones de punta hueca “que habitualmente tienen eliminada la cubierta dura en el extremo de la bala o el cono o semiesfera de la punta trunca, llamadas comúnmente balas explosivas, ‘dum-dum’, tienen un efecto devastador en quien recibe un impacto de ellas”.
Su característica origina que el uso de estas municiones de punta hueca sean prohibidas por las convenciones de derecho internacional humanitario, como las Convenciones de Ginebra.
“Estas convenciones establecen dos ámbitos de protección (a personas, y relativo a los medios y a los métodos empleados), por lo que se prohíben aquellos medios y métodos que causen sufrimientos innecesarios”, dice García.

 


Nacionalistas denuncian que Ministerio del Interior ingreso de “contrabando” 750.000 proyectiles

El senador del Partido Nacional (Todos) Javier García cuestionó que el Ministerio del Interior ingresó al país 750.000 proyectiles “sin autorización, de contrabando, luego de haber sido expresamente denegado su ingreso en aplicación de leyes vigentes, para seis meses después, mediante una insólita resolución presidencial, blanquear lo hecho”.

senador-garcía

El senador nacionalista remitió un pedido de informes a los ministerios del Interior, Defensa y Economía, para que le informen sobre el ingreso “ilegal” de municiones al territorio nacional.
En su pedido de informes, el legislador nacionalista expresa que el Ministerio del Interior “ingresó sin autorización, de contrabando, ilegalmente o luego de haber sido expresamente denegada su ingreso en aplicación de leyes vigentes, 750.000 proyectiles, para seis meses después, mediante una insólita resolución presidencial, blanquear lo hecho”.
García indica que de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 del Decreto Ley 10.415 de 1943, el Ministerio de Defensa Nacional es “la única autoridad competente para autorizar la importación de municiones y armas de fuego”.
Dicho Ministerio delegó en el Servicio de Material y Armamento (SMA) por decreto de 1993 la expedición de los certificados de importación.

Antecedentes

García recuerda que el 4 de diciembre de 2015 el Ministerio del Interior solicitó al SMA la expedición de dos certificados de importación: “uno para la importación de seis ítems, siendo el primero la cantidad de 750.000 municiones JSP 124 gr. calibre 9 x 19. Dicho ítem no fue autorizado por infringir lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Ley 10.415, autorizando los ítems dos a seis restantes. El segundo certificado solicitado era para la importación de pólvora y fulminantes”.
Asimismo, en mayo de 2016 el SMA expidió dos certificados: “Uno por los cinco ítems autorizados, el otro por los dos ítems solicitados. No se autorizó la importación del material prohibido que no fue incluido en ningún certificado”.
Días después, el Ministerio del Interior solicitó al SMA “la custodia para el traslado del material autorizado a importar, que ingresaría por la Aduana de la ciudad de Rivera”.
Se le autorizó la custodia del material de acuerdo con los dos permisos de importación emitidos.
A fines de mayo de 2016 “ingresó por Rivera el material autorizado en los dos certificados más el material prohibido que no constaba en ningún certificado. Se desconoce cuál fue el control que efectuó Aduanas de Rivera”, indica el legislador blanco.
García agregó que “para regularizar el ingreso ilícito, el Ministerio del Interior gestionó una autorización presidencial con fecha 8 de noviembre de 2016, que por excepción autoriza la importación del material prohibido, pero no menciona que el mismo ya estaba en el país desde hacía meses”.
El legislador nacionalista explicó que las municiones de punta hueca “que habitualmente tienen eliminada la cubierta dura en el extremo de la bala o el cono o semiesfera de la punta trunca, llamadas comúnmente balas explosivas, ‘dum-dum’, tienen un efecto devastador en quien recibe un impacto de ellas”.
Su característica origina que el uso de estas municiones de punta hueca sean prohibidas por las convenciones de derecho internacional humanitario, como las Convenciones de Ginebra.
“Estas convenciones establecen dos ámbitos de protección (a personas, y relativo a los medios y a los métodos empleados), por lo que se prohíben aquellos medios y métodos que causen sufrimientos innecesarios”, dice García.
Asegura que la prohibición legal de empleo de esos materiales “balas de punta hueca, o que se ensanchan o aplastan fácilmente en el cuerpo humano, justamente las que entraron ilegalmente al país, no admite excepciones, por lo que debe ser cumplida por toda autoridad de la República”.
Por tales motivos, dijo que “resulta sorprendente que invocando una excepción, una resolución presidencial (la identificada como I /430 de fecha 8 de noviembre de 2016) deje sin efecto la prohibición legal contenida en el artículo 14 del Decreto Ley 10.415, vulnerando además los elementales principios jurídicos, normas sobre derecho internacional humanitario y derechos humanos que la República ha adoptado”.
Con lo cual se expone al país “al reclamo de la comunidad internacional”. Reiteró que “una resolución presidencial autorizó lo que la Ley expresamente prohíbe”.
“Más sorprendente es que, sin autorización para la importación de las municiones JSP 124 gr. calibre 9 x 19, las mismas hayan ingresado al país y que la Aduanas no haya reparado en la falta de dicha aprobación para el ingreso del material controlado”, cuestiona.

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